En este sentido, el informe aborda los desafíos a la libertad de expresión a partir de tres líneas de análisis. Por una parte, en el marco de la crisis de violencias que enfrenta el país desde hace poco más de una década, se revisa la persistencia de las agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en donde particularmente el homicidio se convierte en un recurso cada vez más utilizado para generar miedo y autocensura. Por otra parte, las zonas de silencio, las cuales surgen a partir del control territorial y de información por parte de la delincuencia organizada, pero también por las relaciones de corrupción y complicidad de ésta con actores políticos y empresariales a nivel local. Estas dos primeras líneas de análisis se abordan a partir de los datos que reflejan la Encuesta sobre seguridad y ejercicio de la libertad de expresión en México 2019, implementada a nivel nacional durante este año. Adicionalmente, la ineficacia de las instituciones, en donde el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección en adelante), así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), son instituciones diseñadas federalmente, mientras que las agresiones tienen una fuerte carga local. ¿Qué tan sensible a la localidad es el diseño institucional? El Informe propone examinar las condiciones institucionales del gobierno federal para atender las agresiones y delitos contra la libertad de expresión, con base en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI) implementada por el CASEDE en 2019.