Las reformas económicas emprendidas en la década de los años ochenta incluyeron al sector rural. Después de un largo periodo de fuertes y crecientes cambios en su componente agropecuario -que culminaron con el llamado Sistema Alimentario Mexicano aplicado durante 1980-1981- el Estado redujo sus intervenciones. Éstas se profundizaron en la década de los noventa a partir, entre otras, de modificaciones constitucionales relacionadas con los derechos de propiedad de la tierra ejidal, de la reducción del crédito público y del desmantelamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Con esto último se fueron eliminando los precios de garantía a los productores de cultivos básicos (principalmente granos y oleaginosas), las actividades de esa institución relacionadas con su comercialización, acopio y procesamiento, así como la infraestructura correspondiente. El proceso de reformas culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciado en enero de 1994 y con la eliminación del subsidio a la tortilla el año siguiente. El TLCAN incluyó la liberalización comercial de los alimentos procesados y no procesados, algunos de los cuales los considerados sensibles como el trigo, frijol, maíz y leche se liberalizaron paulatinamente en un periodo de 15 años.