En América Latina, desde inicios de los años ochenta del pasado siglo y hasta los albores del siglo XXI, el neoliberalismo se instituye como nuevo régimen económico. De la mano de las reformas económicas, este sistema propició la instauración de un modelo de regulación social con nuevos patrones de integración y legitimación que marcaron la orientación y el desarrollo de las políticas públicas, en general, y de las de lucha contra la pobreza, en particular.

Comenzaron a desarrollarse programas alimentarios, de asistencia al empleo, de transferencia de ingresos, de mejoramiento de hábitat, etc., con lineamientos muy similares, sin afectar sustancialmente la realidad social latinoamericana caracterizada por altos niveles de pobreza en un contexto de extrema desigualdad social. Además de debates sobre aspectos técnicos involucrados en el diseño de los programas y servicios sociales, la orientación de estos programas –consistentes con las instrucciones de los organismos multilaterales de crédito– reavivó la discusión acerca de la dimensión política de la acción social, en términos de la estrategia de desarrollo y de las relaciones Estado-mercado-sociedad. Este debate es particularmente importante en la actual coyuntura política latinoamericana, sobre todo para examinar las alternativas viables de lucha contra la pobreza que surgen en los intentos de cambiar las relaciones Estadomercado- sociedad que se han configurado en la etapa neoliberal.