Cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución emblemática del ‘excepcional’ régimen de política social costarricense -solidaria y universal- entró en crisis financiera en el 2011, se volvió aún más crítica la ya difícil incorporación social de la población inmigrante nicaragüense en Costa Rica. Ante el deterioro general de los servicios sociales, existe la percepción de que las y los inmigrantes están amenazando la disponibilidad de empleos y servicios sociales para la población nacional y con ello voces que abogan por limitar los derechos sociales y el acceso a las prestaciones sociales a estas poblaciones inmigrantes. Este ensayo analiza la reacción política del Estado, específicamente si ha optado por limitar el acceso a servicios de salud de las personas inmigrantes. En una discusión sobre ciudadanía, universalismo y derechos sociales, se argumenta que se desplazan responsabilidades de control migratorio a instituciones de la política social, y que se ha dado a la CCSS un papel central para un control migratorio interno. Así, el principio de universalismo del régimen de política social costarricense no necesariamente se aplica a una parte de la población inmigrante, tanto irregular como regular.