El diagnóstico crítico sobre las consecuencias del sistema político económico instalado en Chile durante la dictadura militar de Pinochet parece consolidarse después de varias décadas de funcionamiento del modelo. Comienza a tomar fuerza a partir de las movilizaciones sociales ocurridas entre el 2006 y el 2011, y hoy muchos afirman la inauguración de un nuevo ciclo político, uno auspicioso para las demandas de millones de chilenos y chilenas que vieron cómo las conquistas sociales alcanzadas durante el siglo veinte por amplios sectores de la sociedad chilena, fueron abolidas y los derechos de las nuevas generaciones, conculcados. Hoy se abre la posibilidad de construir una nueva carta constitucional y de avanzar hacia una democracia efectiva que incluya a todos los sectores de la sociedad chilena. Sin embargo, el diagnóstico también es claro en afirmar que la inauguración de este ciclo no depende únicamente del sistema político que cree la nueva constitución, sino que principalmente del tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo. Este tránsito será demandante para todos los actores de la sociedad y especialmente para las organizaciones y los movimientos sociales, puesto que frente a la posibilidad también se abre un espacio de enorme disputa entre las clases que se han beneficiado del modelo por décadas, concentrando grandes cuotas de poder político y económico, y la gran mayoría de los chilenos y chilenas que han sufrido la desigualdad y la injusticia, asumiendo la mayor parte del riesgo por el crecimiento económico del país.