COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN

¿Y después de la violencia que queda?

Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú

María Eugenia Ulfe Young

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La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los investigadores de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa Regional de Becas de CLACSO.

Este libro presenta las investigaciones que los autores realizaron en el marco del concurso de proyectos para investigadores de iniciación a la investigación sobre Violencias, seguridad y construcción de ciudadanía en América Latina y el Caribe organizado por el Programa Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Los contenidos de este libro han sido evaluados por un especialista externo a la institución en un proceso de revisión por pares.

Ulfe Young, María Eugenia
           Y después de la violencia que queda? víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el
Perú . -1 a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2013.
           E-Book. – (Becas de Investigación / Bettina Levy)
           ISBN 978-987-1891-63-4
           1. Derechos Humanos. 2. Historia Política del Perú . I. Título

CDD 323.85

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Víctimas / Ciudadanía / Conflicto armado interno / CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación /Asociaciones / Comunidades campesinas / Estado / Memoria / Política de identidad / Perú

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Marcelo Giardino

Primera edición

¿Y después de la violencia que queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú (Buenos Aires: CU\CS0, junio de 2013)

ISBN 978-987-1891-63-4

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723,

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Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.blblloteca.clacso.edu.ar>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones Incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

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Lista de acrónimos

ANFASEP Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos del Perú

APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos

CAD Comité de Autodefensa

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

CNCVT Consejo Nacional de Calificación para Víctimas del Terrorismo

COMISEDH Comisión de Derechos Humanos

CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación

CMAN Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional

CR Consejo de Reparaciones

DIRCOTE Dirección Contra el Terrorismo

EPAF Equipo Peruano de Antropología Forense

ICTJ International Center for Transitional Justice

PCP-SL Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso

PIR Plan Integral de Reparaciones de la CVR

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

RUV Registro Único de Víctimas

3

Introducción[1][2]

“Cuando me fui de inmediato, lo separamos de lo que había

hecho guardar, cuando estuvimos terminando de separar

mis animales, se presentaron en mi estancia y mataron dos

carneros para comer, y ni en pedazo me dieron y sacaron las

300 ovejas del corral de mi madre y se llevaron a la granja

comunal diciendo que nosotros ya no éramos dueños de

nuestros animales y no me dejaron ni hablar, pese que les

estuve explicando que yo no tenía estancia propia y que

cuidaba los animales de mis padres porque era pobre aunque

sea que me dejen los míos que son de 50 animales, ahí doña

Segundina (pastora de la familia) me dijo: ¿qué vamos a

hacer? ¿dónde para nosotros va haber justicia o algo? me

dijo mientras yo lloraba cargada de mi hijo, pese a que estaba

llorando mi hijo de hambre no me dieron nada de comida, y se

llevaron todo absolutamente todo y hasta ahora no me dieron

ni vaca ni nada, ni por lo que he servido a ellos me dieron.”

Envenciana Huancahuari, testimonio brindado a la Comisión

de la Verdad y Reconciliación, 2003.

Leí su testimonio en el Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo. La había buscado en Ayacucho a través de distintas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. Había buscado su nombre también en el Registro Único de Víctimas para confirmar que tenía el nombre correcto hasta que accidentalmente encontré a su hija en Santiago de Lucanamarca. Ella trabajaba cuidando las habitaciones en el hostal del Municipio. Le pregunté cómo podía contactar a su madre y me dio un número de teléfono celular al cual llamar en Ayacucho. La crudeza de su testimonio, su deseo de justicia y su narración sobre su condición de huérfana, de hija de juramento, de mujer, de viuda, de víctima había despertado en mí esa necesidad de tener que conocerla y recoger su propia voz. Así llegué a Envenciana. Su historia y la de otras personas recogidas en Lucanamarca, Ayacucho y Lima dan vida a esta etnografía. El objetivo de esta investigación es estudiar el significado de ser o sentirse víctima en el Perú después del conflicto armado interno. Más que una investigación sobre la condición de víctima en el Perú post Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) lo que aquí se presenta es una reflexión antropológica sobre ciudadanía, memoria y las políticas de reconocimiento que parten desde las víctimas rurales, campesinas y andinas del conflicto armado interno y cómo estas se encuentran (¿o desencuentran?) con las políticas públicas que nacen del Estado y que deberían repararlas de forma integral. Esta etnografía se centra en el sujeto, en sus historias personales, y no así en la dimensión colectiva de la comunidad.

¿Cómo se define la víctima en esas condiciones? ¿Dónde queda el ciudadano? ¿Quién se inscribe en el Registro Único de Víctimas o RUV? ¿Cómo caracteriza el RUV a la víctima del conflicto armado interno? ¿Qué es ser o sentirse víctima en el Perú post-Comisión de la Verdad y Reconciliación, es decir en un periodo de justicia tran-sicional y de entrega de reparaciones o compensaciones por parte del Estado?

Este estudio parte de una comunidad campesina como Santiago de Lucanamarca (provincia de Huancasancos, departamento de Aya-cucho) y considera las relaciones que sus pobladores sostienen con el Estado a través de instancias que se crearon para compensarlos por ser víctimas del conflicto armado interno. Así la etnografía toma también como objeto de estudio el Consejo de Reparaciones (la entidad del Estado encargada del RUV) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN, encargada de ejecutar las reparaciones), sus oficinas tanto en Ayacucho como los órganos centrales que se encuentran en Lima.

Uno de las más graves constataciones que dejó el Informe Final de la CVR es que el Estado no se encontraba presente (o como sostiene Degregori tuvo una presencia débil e ineficaz)[3] en muchos lugares donde se dio el conflicto armado interno y Ayacucho no fue la excepción. El centralismo heredado desde la colonia agravó la distancia no sólo geográfica sino sobre todo cultural. En el momento que se dieron los hechos del 3 de abril de 1983, Santiago de Lucanamarca no era una comunidad ni distrito aislado en el país. Desde que pobladores de la comunidad comenzaron a emigrar a la capital del departamento de Ayacucho y a ciudades en la costa, se establecieron asociaciones de residentes fuera de la localidad y estas comenzaron a articular demandas de la población. Además, el proceso de distritalización se realiza tempranamente en 1965. Tenían, lo que Degregori (1993) considera una “débil” presencia del Estado y esta se limitaba a contar con algunas instituciones como el colegio, el municipio, el registro civil, el juzgado de paz (que como representación comunal sirve de intermedio con el poder judicial del Estado).

Pero, “contar con presencia del Estado” resultaba de procesos y logros de los propios pobladores, como fue el caso del colegio secundario “Augusto Salazar Bondi” en Santiago de Lucanamarca. Para lo cual se organizaron comisiones con autoridades y representantes de la comunidad que emprendían largos viajes desde la comunidad hasta la capital. Un estudio de Ponciano del Pino (manuscrito 2011) muestra un proceso similar en Uchuraccay (alturas de Huanta, Ayacucho).

A nivel de la comunidad se tenía el reconocimiento y la titulación de las tierras reapropiadas en el marco de la Reforma Agraria de 1969.[4] Pero la violencia irrumpió en 1980 dejando procesos truncos, como la discusión sobre el estatuto de la comunidad[5] (que recién se dio en el 2011) y generó el quiebre de la vida social. El alcalde actual de Lucanamarca lo explica diciendo que la violencia dejó envidia y desconfianza entre sus paisanos[6]. En palabras de la ONG Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que desde el 2002 inicia un trabajo ininterrumpido en la zona, es la ruptura de la institucionalidad política en la comunidad (de ahí el proyecto reciente sobre fortalecimiento del tejido social). Yes que víctima no es solamente el sufriente que ha perdido un familiar, sino el cuerpo social en su conjunto que queda resquebrajado, así como también las bases del contrato social partidas después de tanta violencia. De ahí la necesidad de ampliar la condición para incluir al conjunto de la comunidad y también para trazar tenuemente los bordes de esta investigación.

Hay una dimensión local del conflicto que falta aun estudiarse y es lo que pretende realizarse en esta investigación. Es importante preguntarse qué piensan las poblaciones locales sobre reconciliación, reparaciones y ciudadanía. En un estudio del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) (2012)[7], se encuentra que no hay mucho interés local en estos temas. Las mayores preocupaciones van por temas de desarrollo y reconocimiento ciudadano. Se remarca mucho el deseo de poblaciones en comunidades que anhelan pasar de ser víctimas a ser ciudadanos con derechos y los procesos de recuperación de su memoria para la reconstrucción del tejido social, que quedó partido y hasta enfrentado por la violencia. Esto obedece a aquello que Huber (2011) denomina como periodo “posclasista”, que está caracterizado por una politización de la cultura en términos de políticas de identidad. En las últimas décadas, la idea de clase se ha desarticulado como eje político, permitiendo que surjan demandas de corte más cultural que económico. En palabras del autor, son “grupos constituidos en torno a identidades que antes eran escondidas, oprimidas o negadas – el género, la raza, la etnicidad, la religión, la orientación sexual o la pertenencia a un determinado territorio- comenzaron a demandar reconocimiento y participación en la distribución de los recursos del Estado”. (Huber, 2011: 101)

Emerge un sentido de identidad, un colectivo, a veces como sugiere Chatterjee (2008) amorfo y urgente como la sociedad política, otras articulado como la sociedad civil. Se produce un contexto diferente en el cual las demandas se articulan en torno al tema de la identidad cultural en un sentido más amplio y dinámico. Es este también el contexto actual en el cual, después de la CVR se ve el surgimiento de asociaciones de víctimas en el sentido de sociedad civil pero también de sociedad política, articuladas en torno a demandas que muchas veces no descansan ni se explican solamente por el conflicto armado interno, sino que como memorias relucientes, tienen una densidad histórica mayor y profunda. No se trata solamente de demandas que tienen un matiz cultural o étnico, sino que buscan reconocimientos de una ciudadanía trunca, perdida o desplazada. Es decir, demandas culturales por un lado, y demandas políticas, sociales, económicas, por otro lado. Considero que la idea de reconocimiento abarca estas dimensiones y por ello es tan compleja en su acercamiento como tema de estudio. Hay una poética (en el sentido de una dimensión discursiva de formación) y una política (descrita como una acción) de reconocimiento que es desarrollada por los sujetos y que se manifiesta a través de su vinculación con el Estado a través del programa de reparaciones.

Además, la condición de víctima genera un sentido de identidad y de pertenencia a un colectivo que puede ser incluso mayor que el de la propia comunidad. Uno de los aspectos que emerge en esta investigación es que el sujeto rural para poder acceder a sus derechos ciudadanos enmarcados en el programa de reparaciones logrará hacerlo formando parte de una asociación de víctimas, como ha sido el caso de Envenciana Huancahuari (epígrafe). Es decir, no puede realizarlo como un individuo que se acerca por propia voluntad a una entidad del Estado sino que tiene que hacerlo como parte de un grupo. Al mismo tiempo, en estas asociaciones de víctimas se observa que la identidad que ahí se edifica trasciende las fronteras étnicas, de género, de procedencia y de idioma del sujeto. Y, al mismo tiempo, es una condición que se enmarca bajo el amparo de la definición oficial como aquella que se propone en el perfil de víctima en la CVR y el Registro Único de Víctimas (RUV) en el Consejo de Reparaciones.

En este sentido, este estudio forma parte de una serie de nuevos trabajos que intenta investigar una “parte” de la larga historia de vínculos y relaciones que se establecen entre comunidades campesinas y el Estado. En el caso peruano, estas relaciones están marcadas por momentos específicos como han sido la inserción de la escuela, el reconocimiento de la comunidad, el reconocimiento del distrito, y la historia de violencia reciente. En Lucanamarca se tiene conciencia de la presencia del Estado a través de sus instituciones y de la relación que los migrantes y pobladores tienen con instancias de gobierno por iniciativa propia. Para el Estado, Lucanamarca emerge como lugar y como población en el momento de la masacre ocurrida el 3 de abril de 1983. Pero, incluso en 1983, las muertes ocurridas en Lucanamarca quedaron opacadas por la de los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay el 26 de enero del mismo año. Para investigar este último caso el gobierno del Presidente Fernando Belaúnde organizó una comisión investigadora que estuvo dirigida por el escritor Mario Vargas Llosa. El caso Lucanamarca aparece tres días después de lo ocurrido en una nota pequeña y con los datos aún inciertos[8]. Veremos que es recién con el trabajo realizado por el equipo de investigación de la CVR que Lucanamarca se convertirá en una memoria emblemática de la lucha de una población local contra Sendero Luminoso.

La memoria de la historia reciente de Lucanamarca está también marcada por los intentos de la población por recuperar su historicidad y esto pasa por narrar sus testimonios ante la CVR, por los reclamos de justicia y verdad y también por consideraciones, algunas simbólicas, que en este caso específico se remiten a la ceremonia pública de entierro de las víctimas ocurrida en el 2002 y a la producción audiovisual Lucanamarca (Cárdenas y Gálvez, 2006). Es en este contexto que se enmarcan las consideraciones que se generan a partir de reconocerse como víctimas del conflicto armado interno e inscribirse en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Reconocer/se como víctima del conflicto armado interno tiene implicancias sociales, étnicas, culturales y políticas. De un lado, el Informe final de la CVR propone un perfil de víctima (quechuaha-blante o, mejor dicho, no castellano-hablant: esto es indígena, joven, habitante de la sierra o de la selva, pobre). Este perfil traza las características étnicas y culturales de la víctima, pero sus demandas de identidad se yuxtaponen y traslapan con demandas políticas y sociales de forma más amplia. Y ahí la memoria y el reconocimiento, como aproximaciones teóricas y de reflexión nos ayudan en este estudio para mirar cómo, de un lado, desde las poblaciones se encuentran nuevas formas y mecanismos para vincularse institucio-nalmente con el Estado a partir del Registro Único de Víctimas. Y, por otro lado, siglos de centralismo, racismo, discriminación y exclusión marcan la forma cómo desde el Estado se mira y se trabaja con las poblaciones locales (del Pino 2011, Méndez 2011, Rénique 2004) y ahí es donde se hallan las escisiones, fragmentaciones y los procesos inacabados. Por ello, como narra una colaboradora cercana a la anterior secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)[9], en las instituciones del Estado las reparaciones se perciben como un programa de asistencia social.

A partir del caso lucanamarquino, esta investigación contribuye a reflexionar sobre la relación del Estado (peruano) con sus poblaciones locales, así como pensar de una forma inclusiva y amplia, la acción y la participación de los sujetos sociales en el conflicto armado interno y sus procesos de restitución simbólica y ciudadana, así como brindar ejemplos sobre procesos de reconciliación a nivel local. Además, esta investigación también contribuye teóricamente a entender cómo desde la sociedad política se articula y se genera un tipo distinto de agencia política (desde la noción de víctima e imbricado con la idea de reconocimiento) que permite el ejercicio de una forma diferente de ser ciudadano y ciudadana en el contexto de posguerra. Es decir, lo que debería ser interpretado como un derecho ciudadano que es la compensación se traduce en demandas que históricamente siempre se han realizado al Estado: como puede ser infraestructura, acceso a servicios educativos y de salud, comunicaciones, desarrollo local. En este sentido, uno de los principales hallazgos, en un nivel de política pública, de este estudio es que en el contexto peruano, las reparaciones se convierten en estrategias que ayudan a soliviantar la pobreza. No alcanzan su objetivo reparador de libertades y ciudadanía. Esto puede traducirse también como una lucha por dar voz y nombre a la memoria y su representación a través del lenguaje. La principal hipótesis de este estudio es que el vocablo “víctima” solamente se ha insertado como nomenclatura en el léxico del Estado pero no como política pública. Lo contrario se observa con la idea de pobreza. Ejemplo de ello son las campañas de lucha contra la pobreza y los programas de asistencia social que se tienen desde el Estado y se implementan en zonas de pobreza extrema como Lucanamarca.[10] Un elemento adicional es la precariedad de las instancias del Estado en poblaciones como Lucanamarca. Y ahí ONGs como COMISEDH son vistas por la población como una prolongación de lo que el Estado debería hacer (como por ejemplo obras públicas e infraestructura) y cuando no lo realizan, entonces son duramente criticados.

Sin otras vías, la víctima recurre a la memoria y a su representación como una forma de expresión. El periodo de la CVR (2001-2003) produjo una ebullición de la memoria (Gonzales, 2011; Milton, 2007; Ulfe, 2011). Desde la sociedad civil (sobre todo desde las ONG de derechos humanos) se aglutinan una serie de propuestas alrededor del tema de memoria como puede haber sido la construcción de casas de memoria, conmemoraciones y puestas en escena que se generaron desde el terreno cultural para mostrar, muchas veces, a la víctima y visibilizar su historia. Se daba una confluencia de víctimas y funcionarios de ONGs. Sin embargo, un cambio importante que se observa en estos últimos años es cómo al articularse el movimiento de derechos humanos alrededor del tema de la reparación (Scurrah y Bielich, 2011), la víctima recurre y busca su propia representación dejando el plano cultural para pasar al terreno de lo político, lo social y lo económico.

Las reparaciones se instalan en el terreno político (y esta es la segunda hipótesis de trabajo de esta investigación) y esto obliga a los afectados de la violencia a articular sus demandas en una cultura política en donde existe una gran distancia entre la norma que se gesta desde el Estado y la forma cómo esta se vive y se siente por las propias poblaciones. Son los sujetos sociales quienes dotan de sentido y significado a las acciones; son sus experiencias las que construyen los recuerdos; son sus narraciones las que muestran cómo estos sujetos buscan representarse a sí mismos y que no los representen o les otorguen una verdad diferente. Esto puede traducirse como una lucha por dar voz y nombre a la memoria y su representación a través del lenguaje, el cuerpo u otro medio de representación como puede ser el arte. El reconocimiento, la verdad, la memoria y la reparación se configuran como los nuevos dramas sociales que estructuran la vida de los afectados en una sociedad posconflicto (Bruner y Turner, 1986: 43). Es colocar la experiencia y la memoria de vivir en una sociedad posconflicto en circulación ubicando en el centro de estas vivencias el tema de la reparación, la memoria, la verdad y el reconocimiento y a partir de ellos, las nuevas formas cómo se ejerce ciudadanía. La reparación para estos grupos se establece como un nuevo canal para la ansiada ciudadanía: esto es, un mecanismo para su reconocimiento. Hay una agencia que nace a partir de la idea de víctima y que se transforma e impulsa a la población a seguir, a luchar por la verdad y por recuperarse o restituirse socialmente. Esta agencia se traduce en esas nuevas formas de ser ciudadano y de mirar desde el dolor y el margen de la sociedad, la nación y el Estado al que se aspira construir y formar parte. Aquí los proyectos de desarrollo entendidos en términos de mejoras en la infraestructura y el establecimiento de servicios públicos comienzan a tener otro sentido, que es colocarlos en el mapa nacional. Uno puede parafrasear a Hannah Arendt y repensar la idea de acción en términos de comenzar algo nuevo. Pero ese “comenzar de nuevo” tendrá también un significado en términos de una orientación de vida, es decir, en la forma de pensar del sujeto.

Esta transformación no es estática y uno de los puntos que se observa es que el vocablo y su sentido (la palabra víctima en sí) cambia en el tiempo: durante el tiempo de la violencia política eran considerados “desplazados” y ese era el vocablo utilizado para referirse a este grupo humano por las migraciones masivas que se sucedían desde el campo hacia las ciudades principales. Luego, y con la intención de no “victimizar” a este grupo, durante el periodo de trabajo de la CVR se utilizó el vocablo “afectados” -que sigue vigente, y que además, coadyuvó a construir una gradiente de “afectaciones” que se muestra en las consideraciones de quiénes son o no son víctimas del conflicto armado interno peruano. Y es debido al Programa Integral de Reparaciones que comienza a usarse la palabra “víctima”, que viene con una carga subjetiva y marginal muy marcada. Víctima en oposición a un perpetrador, cuando lo que veremos son zonas grises y fronteras que se cruzan.

LA METODOLOGÍA

Entiendo la etnografía como una investigación antropológica y un ejercicio político. Descrita como “estar ahí” (Geertz, 1983), la etnografía caracteriza el trabajo antropológico basado en el recojo de información en el mismo lugar (in situ). En esta investigación parto de un enfoque etnográfico, uso la etnografía como método y como producto o texto:

ETNOGRAFÍA COMO MÉTODO
I. EL CAMPO

La noción de campo ha sido cuestionada desde la antropología, ya que al mismo tiempo que define la acción de recojo de información, es la que brinda la experiencia de “ser antropólogos” y de producir conocimiento antropológico (Gupta y Ferguson, 1997). El campo cada vez es más desterritorializado y esta etnografía no es la excepción. Además, como Dennis Tedlock y Bruce Mannheim escriben: “una vez que la cultura es vista como emergiendo de una relación dialógica entonces es la etnografía que se revela surgiendo del fenómeno cultural (o intercultural), producida, reproducida, y revisada en los diálogos que se dan entre investigadores de campo y nativos”. (1995: 2). Esta es una etnografía multilocal que parte de una comunidad campesina, Santiago de Lucanamarca, y arriba a dos entidades del Estado, el Consejo de Reparaciones, órgano encargado del Registro Único de Víctimas y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de entregar las reparaciones.

II. LOS SUJETOS

Tomo a los sujetos sociales como agentes productores de historia y como agentes políticos que interactúan entre sí. En el mapa de actores se incluyen las instituciones estatales y las instituciones locales tales como la comunidad campesina o la asociación de víctimas. También es de suma importancia considerar a las ONG, en Lucanamarca trabaja COMISEDH institución que cumple un rol de articular a la comunidad con el Estado.

III. LAS HERRAMIENTAS

Dos corpus de información conforman el grueso del material recogido y que puede ser organizado en material de archivos y repertorios. Estos materiales dialogan con las notas de los cuadernos de campo, entrevistas adicionales a las realizadas por la CVR a las mismas personas y material recogido durante el trabajo de campo. Entiendo el material de archivo como las fuentes documentales encontradas en centros de documentación y los repertorios como las prácticas performáticas y visuales recogidas durante el trabajo de campo.

A continuación se presentan dos cuadros: el primero muestra la relación de entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, así como una breve descripción de la función de la persona, cargo o característica y la fecha y lugar de la entrevista; el segundo cuadro muestra la relación y explicación de los documentos (fuentes primarias) de leyes, decretos y reglamentos para la implementación del programa de reparaciones. Además, se incluye la relación de beneficiarios de las reparaciones económicas individuales en Lucanamarca.

ETNOGRAFÍA COMO PRODUCTO

Como producto, la etnografía está imbuida en un proceso político en el cual las unidades narrativas, las historias recopiladas y sus interpretaciones tienen un componente político. “Cuando el terror teje su camino en una comunidad”, escribe Kimberly Theidon sobre Ayacucho, “las palabras no son mera información -las palabras se convierten en armas y plantear una pregunta (en estas condiciones) significa que uno debe hacer algo con la respuesta.” (2002: 37-38; traducción propia). Uno no es el investigador que hace su trabajo a la distancia; tampoco es aquel que objetivamente deja de cuestionar ciertas acciones. Investigaciones sobre violencia y memoria enfrentan al investigador a la acción, a comprometerse con los sujetos sociales con quienes desarrolla el trabajo. Surge un problema ético y es qué hacer con la información recogida, cómo escribir sobre ella, ¿cómo escribir sobre vivencias personales que son tan complejas que muestran precisamente las zonas grises de un conflicto armado interno lleno de vaivenes, donde las víctimas se vuelven en ciertos momentos en victimarios y dónde el análisis debe dejar de polarizar para priorizar la polifonía de voces disonantes? Aquí se presentan cuestionamientos de orden metodológico: cómo abordar un estudio de violencia y memoria; cómo acercarse al sujeto herido; qué hacer luego con la información.

Entiendo el estudio de la memoria y la etnografía como un proceso dialógico en el cual participan distintos actores, eventos, objetos y discursos de maneras diferentes. En el proceso de revelar los restos de la sociedad peruana son mis propias memorias del periodo de violencia política las que son cuestionadas y contrastadas con aquellas expresadas por los pobladores, por ello aparezco en el texto como investigadora. El estudio de memoria y violencia requiere el compromiso ético y político del investigador, un compromiso que no puede ser dejado de lado al terminar la investigación. Se trabaja con temas muy sensibles, datos muy privados y es la población misma de Lucanamarca que reclama, además, se les devuelva los resultados de la investigación.

Como mandato, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no tuvo entre sus objetivos la judicialización de casos. Los nombres y los relatos recogidos en los testimonios y entrevistas a profundidad realizados por la Comisión son reales. Mi intención es mostrar la complejidad del proceso de reparación y recuperación de ciudadanía en una población posguerra en el Perú. Esta intencionalidad emerge en las historias seleccionadas como casos de estudio en el tercer capítulo y en la forma cómo ha sido diseñado el índice.

Este estudio considera cuatro estrategias de investigación:

1) Un estudio sobre violencia que parte del marco conceptual de la memoria y la agencia, debe considerar los sujetos como agentes, como productos y productores de historia. La memoria es acción cultural y acción política. Hay una intencionalidad en la forma como se construye el recuerdo de un periodo de violencia que se inscribe en la voluntad de no caer o repetir los mismos errores. Pero el tema de la memoria requiere enmarcarse en una densidad histórica más profunda que debe acompañarse de un rigor etnográñco y metodológico (incluye el trabajo de archivo y, en este caso, el conocimiento de la historia de la comunidad). Específicamente, propongo en el marco de lo que Partha Chatterjee propone como sociedad política, entender cómo se movilizan fuerzas desde grupos subalternos (víctimas = no ciudadanos) para negociar demandas sociales y reconocimientos de ciudadanía. Estos son grupos de interés con los cuales el Estado no negocia de la misma manera; más bien buscan influenciar en la forma como son gobernados.

2) La violencia deja huellas y heridas, y se convierte en un filtro a través del cual repensamos nuestras identidades (locales y colectivas). En esta investigación busco estudiar cómo una sociedad se enfrenta con este problema; cómo un grupo de individuos se debaten entre los recuerdos y una política estatal que parece promover la amnesia colectiva. Esto me lleva a considerar la producción etnográfica como una herramienta de ejercicio político en la cual negociamos significados. Pero aquí tenemos dos tipos de etnografía, podría decirse la clásica, realizada en una comunidad campesina, y la institucional, realizada con una entidad del Estado. ¿Cómo dialogan ambas etnografías en un estudio sobre ciudadanía? Aquí incorporo una dimensión más y es entender la idea de ciudadanía a partir del reconocimiento. Estas búsquedas y luchas por el reconocimiento se enmarcan en las muchas formas de recordar los eventos del pasado reciente que tiene la población, que es un tema que se tratará en el estudio.

3) Me interesa estudiar la polifonía de voces que construyen las narraciones de estos pobladores, tanto del campo ayacuchano como de quienes trabajan en el Consejo de Reparaciones y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Sostengo que no puede haber reconciliación con impunidad. Por ello es importante conocer cómo estos discursos y acciones contribuyen en la construcción de ciudadanía. Son éstos los que darán contenido a aquello que denomino reconocimiento.

4) Inserto esta última estrategia que ayuda a desarrollar la idea de que la memoria y la etnografía son dialógicas y parte en realidad de usar metodológicamente la memoria como estrategia de investigación. Tomo a Trouillot (1995) para señalar que hay una línea porosa que separa los eventos de sus relatos, testimonios o vivencias. Trouillot señala que el proceso histórico y las narraciones del proceso histórico se traslapan, se superponen complejizando así el análisis y su interpretación. En este sentido la historia se construye y recrea en múltiples espacios y lugares, no es solamente escrita ni solamente oral, ya que también es performativa y visual. Es producida y construida en momentos específicos (y de ahí la necesidad de contextua-lizar los eventos y sujetos sociales) y por sujetos concretos. La historia se compone de agentes, de actos y sujetos y las relaciones de poder que se establecen entre estos. Lo que interesa es conocer el proceso de producción histórica y las condiciones que hacen posible o que permiten que estas narrativas surjan y ahí las relaciones de poder que se establecen son claves.

Organización del texto

El primer capítulo trata sobre las historias de la comunidad, la masacre ocurrida el 3 de abril de 1983 y los eventos posteriores, así como el trabajo desarrollado por COMISEDH para la CVR y la apertura de una oficina en Lucanamarca. En el segundo capítulo se presenta el programa de reparaciones. Se trata de una descripción actualizada sobre el trabajo de registro o inscripción en el RUV, las reparaciones económicas individuales y colectivas y el proceso actual en el que se encuentra la CMAN y el Consejo de Reparaciones. Las experiencias sobre la reparación y la vida en Lucanamarca post-CVR estructuran el capítulo tercero. Ahí se detallan las motivaciones y las agendas personales y grupales sobre reconocimiento y ciudadanía y finalmente lo que para ellos es sentirse víctima del conflicto armado interno. Por último, en el capítulo cuarto se presentan reflexiones sobre la idea de ser y sentirse víctima en el Perú y el largo proceso de la reconciliación nacional. Aquí también se teoriza sobre las políticas de reconocimiento.

María Eugenia Ulfe Young es Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Doctora en Ciencias Humanas con mención en antropología de la Universidad George Washington, Washington DC, Estados Unidos (2005). Tiene una maestría en Artes de América, África y Oceanía de la Universidad de East Anglia (Sainsbury Research Centre), Norwich, Inglaterra (1995). Ha sido profesora en la Universidad George Washington (Washington DC). Actualmente es docente en el departamento de Ciencias Sociales y coordinadora de la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige junto con Ponciano del Pino el Grupo de Estudios de Memoria en el Instituto de Estudios Peruanos. Se especializa en temas de memoria, violencia, y cultura expresiva en Perú. Su correo electrónico es mulfe@pucp.edu.pe↵

Agradezco a Vera Lucía Ríos por su asistencia y su arduo trabajo durante el año 2011, periodo en el cual realizamos esta investigación de campo con el apoyo de CLACSO. Agradezco también a Ximena Málaga por las revisiones y correcciones de estilo al texto. Mis agradecimientos profundos a los pobladores de Lucanamarca y también a Carlos Iván Degregori, Jairo Rivas, Javier Torres, Jo Marie Burt, Héctor Gálvez, Cynthia Milton, Olga González, Gastón Garatea S.J., Pilar Coll, Rolando Ames, Julie Guillerot, Maricela Quispe, Félix Reátegui, Caroline Yezer, y mis amigos del Grupo Memoria, Ponciano del Pino, Tamia Portugal, Ricardo Caro, Rosa Vera, Sebastián Muñoz Nájar, José Carlos Agüero, Gabriel Salazar, Iván Ramírez y Carolina Garay. Sus comentarios nutren este estudio y se encuentran en muchas de las ideas aquí expuestas.↵

Algunos años atrás, Carlos Iván Degregori escribió que debido a la débil presencia del Estado en las provincias, y por la falta de integración de todas las diferentes poblaciones étnicas en un solo movimiento indígena nacional, una vasta mayoría de la población se apropia y, así, provee un sentido diferente al concepto de "Perú" (1993: 127).↵

Se aprovecha el contexto de la Reforma Agraria para recuperar las tierras que estaban administradas por la cofradía y otras que estaban en poder de dos familias de Huamanga. Pero no hubo una intervención efectiva del Estado en materia de contar con un proyecto de Reforma Agraria en la zona. Véase: Ríos (2012).↵

Como parte de las obligaciones de las comunidades campesinas para con el Estado instauradas en el primer periodo de gobierno de Fujimori.↵

Genaro Quincho, cuando se le pregunta sobre lo que dejó la violencia en Lucanamarca, señala: "Envidia. Falta decir, ¿Por qué no te has enfrentado? Tu familia hubiera estado recibiendo pues, tú cobarde no te has enfrenado o al final de cuenta has estado de acuerdo porque esos casos pasaron. Ellos eran selectivos. ¿Tú crees que masacraron así muy a la champa [sic] ? Un líder lucanamarquino, identificaron quiénes eran esos partidos, sus simpatizantes, quiénes son porque sino los líderes principales hubieran muerto y han muerto los adolescentes mayormente." (Lucanamarca, 29 de agosto de 2011)↵

El EPAF realizó un conjunto de estudios sobre memoria y violencia en tres comuni¬dades ayacuchanas (Sacsamarca, Colcabamba y Hualla). En estos estudios se revela que la memoria es usada en términos de justicia y también de reparación, entendida como reconocimiento.↵

"Terroristas victiman a 45 campesinos de Lucanamarca". El Comercio. Lima, 6 de abril, 1983, p.Al.↵

Entidad del Estado encargada de otorgar las reparaciones. Hasta el 2011 estuvo adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM). Desde el 2012 esta institución y el Consejo de Reparaciones pasan al Ministerio de Justicia, específicamente al Viceministerio de Derechos Humanos. Véase Ulfe y Chávez (2012).↵

Entre los programas de apoyo social del Estado que se encuentran presentes en Lucanamarca destacan el Vaso de Leche que es dar desayuno a menores de cinco años; Programa Juntos que es dar S/.100.00 a familias de escasos recursos y con hijos menores de cinco años. Como señala el ex alcalde Pastor Quincho: "no es que toda la presencia de algunas instituciones estatales haya hecho que la población no participe en su desarrollo, digamos, sino que algunos programas asistencialistas, como es el programa Juntos, Vaso de Leche, comedores populares, todo eso ¿no? Eso como le digo ha debilitado la participación de la comunidad en su conjunto en el desarrollo de la misma población ¿Por qué? Porque si una persona porque tiene hijo le dan 100 soles, ya no tiene necesidad de trabajar, ya no piensa seguir trabajando y los comedores populares, ya no piensa en cocinar, en cultivar, vaso de leche ya no piensa en preparar su desayuno porque va a municipalidad y recoge su dinero." (Ayacucho, 7 de octubre de 2011). Pastor Quincho critica la forma paternalista de ejecución de los programas sociales que rompen con la forma de organización y trabajo instalado en la comunidad. Desde la toma de gobierno de Ollanta Húmala se discute también la creación del Programa Pensión 65 para adultos mayores.↵

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Capítulo 1

 Historias de Lucanamarca

“Me llamo Teófanes Mlccahuamán Vüchez, soy como

persona en vivo y en directo, descendiente de los caciques

principales de Lucanamarca, de Cristóbal Mlccahuamán

y de Agustina Mlccahuamán. Fue en 1570 y en 1898,

esta astilla funciona ahora como personal de la Oficina

de Registro del Estado Civil de Lucanamarca y como

también Secretaria General de la Municipalidad distrital

de Lucanamarca, desempeñando también cargo adicional,

Tefe de la oficina de contravenciones del Estado… del

Estado peruano en incursión de rentas (…) al próximo año

prácticamente estaré cumpliendo pues 30 años al servicio

de esta comunidad, Lucanamarca y esto significa que el

pueblo de Lucanamarca me ha dado oportunidades.”

Teófanes Allcahuamán, Lucanamarca (entrevista

recogida en el 2002 por Héctor Gálvez para el

documental Lucanamarca).

En el momento en que se dieron los hechos del 3 de abril de 1983, Santiago de Lucanamarca no era una comunidad ni distrito aislados en el país. Desde que pobladores de la comunidad comenzaron a emigrar a la capital del departamento de Ayacucho y a ciudades en la costa a inicios del siglo XX, se establecieron asociaciones de residentes fuera de la localidad y estas comenzaron a articular demandas de la población. Tenían lo que Degregori (1993) considera una “débil” presencia del Estado que, como fue mencionado anteriormente, se limitaba a contar con algunas instituciones como el colegio, el municipio, el registro civil, el juzgado de paz (que como representación comunal sirve de intermedio con el poder judicial del Estado)[1]. Es decir, se trataba de una localidad alejada por las pobres vías de acceso y comunicación, pero no aislada. Pero, “contar con presencia del Estado” resultaba, como se verá en este capítulo, de procesos y logros de los propios pobladores. Pastor Quincho, tres veces alcalde de la localidad, y uno de los gestores y primer director del colegio Salazar Bondy de Lucanamarca, cuenta los viajes, los petitorios y las solicitudes que hicieron a la UGEL en Ayacucho y en Lima. Estos habían comenzado con las solicitudes desde inicios de 1980. Unas semanas después de la masacre, en abril de 1983, Pastor Quincho recibe la comunicación de la creación del colegio secundario. Así los jóvenes ya no tendrían que viajar hasta Huancasancos para asistir al conocido Colegio Los Andes. Quincho narra cómo Ananías Sumari le comunica la resolución de creación del colegio:

“Ahí está tu colegio. Tú mismo lo haces funcionar”. Y me reasigna como director del colegio. Me responsabiliza como gestor del colegio. “A ti no te falta nada, tú eres de la zona, no sé cómo haces funcionar. Si no haces funcionar este colegio se disuelve”. Llego a Lucanamarca y cojo la nómina de oficio y agarro los que hace 5 años atrás han salido. En una asamblea decimos este colegio se ha creado porque nosotros mismo hemos insistido. Y con una promoción de treinta y cinco (35) empezamos a funcionar. Se crea de Oficio el colegio pero no había infraestructura.

Santiago de Lucanamarca es un distrito desde 1965 y es una comunidad campesina que, como narra la presentación de Teófanes Allaccahua-man, puede trazar -con orgullo-

su historia hasta inicios del periodo colonial. A nivel de la comunidad se tenía el reconocimiento y la titulación de las tierras reapropiadas en el marco de la Reforma Agraria de 1969.[2] Cuando llega Sendero y se instala en la localidad desde 1982, los procesos comunales y de manejo y administración municipal se quedan truncos. La discusión sobre el nuevo Estatuto Comunal se dio en agosto de 2011.[3] La violencia es vivida de distintas maneras en la localidad. La élite local, fuerte por su posesión de ganados, pastizales y tierras de cultivo, se mantiene en la asunción de cargos públicos en estos años pero se debilita y ya no logra generar consensos a nivel local.

El alcalde actual de Lucanamarca lo explica señalando que la “violencia” -como se refieren cotidianamente al periodo del conflicto armado interno vivido en Perú entre 1980 y 2000—dejó “envidia y desconfianza entre sus paisanos”.[4] Hay una ruptura de la institucionalidad política y social en la localidad. Además, es importante señalar que muchos de los muertos eran personas notables en la vida política de la localidad, como los tres desaparecidos en Cangallo en 1984 y cuyos casos no aparecen en el Informe Final de la CVR. Como Rossel Huari-paúcar, encargado de la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Lucanamarca, dice: “los tres eran nuestras autoridades; eran personas notables. Nos duele mucho que han desaparecido”. (Lucanamarca, 4 de octubre de 2011). Estos jóvenes forman parte de la misma generación que aquella de los líderes senderistas asesinados en Lucanamarca. Ahí se perdió una generación de líderes y autoridades y hasta el momento se siente ese vacío en la conducción política y social de la localidad.

Sin embargo cuando uno hoy en día escucha el nombre Lucanamarca, este se asocia a muerte. Y ser de Lucanamarca, como dice Pastor Quincho, equivalía a ser identificado como “terruco”, que es la forma coloquial para referirse a senderista o miembro del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL). Esta es la historia de Lucanamarca.

Comunidad y municipio

La comunidad de Santiago de Lucanamarca está ubicada en el distrito de Lucanamarca, comprendido dentro de la provincia de Huancasan-cos a 3,400 msnm. El distrito limita con los distritos de Sarhua, Taulli y Sancos. Según el último censo del 2008 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2009, el distrito de Santiago de Lucanamarca, muestra una población de 2675 habitantes.

La comunidad de Lucanamarca ascendió a la categoría de distrito el 29 de enero de 1965 por la Ley N°15410 durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Una fotografía del ex Presidente Belaúnde llegando a caballo a Huancasancos se encuentra en la oficina del municipio. Belaúnde es también el presidente más recordado en esta zona del país, ya que Acción Popular, su partido, fue uno de los primeros en promover la Reforma Agraria (Heilman, 2010: 120-147). Es precisamente durante este periodo que la comunidad es reconocida como municipio distrital y como tal, el Estado reconoció como anexos de Lucanamarca a la comunidad de San José de Huarcaya, San Antonio de Julo, Santa Rosa de Ccocha, Asunción de Erpa y San Martín de Tío Pampa.[5]

Este cambio ha sido favorable para la comunidad en cuanto a reconocimiento por parte del Estado, pero ha traído consigo el debilitamiento de las autoridades comunales. En tanto las autoridades municipales son elegidas democráticamente por voto popular y son reconocidas como servidores del Estado, mientras que las autoridades comunales son elegidas en asamblea y representan la organización indígena y campesina que queda relegada. Es más, aquí queda pendiente un estudio más profundo sobre micropolítica del poder a nivel local ya que las tareas y funciones de las autoridades y el status de éstas es muy complejo a este nivel y muestra también las negociaciones y afiliaciones en tanto lo que está en juego es la identidad de la comunidad.

El debilitamiento de la comunidad se hace más notorio durante y luego del periodo de conflicto armado interno que coincide con el aumento de los presupuestos de los municipios locales.[6] En el periodo de la creación del municipio, la comunidad mostró su vigencia como órgano ejecutor activo. Era a través de la organización comunal que se realizaron trabajos de infraestructura y se coordinaba para las distintas celebraciones festivas. Una de las obras más recordadas fue la construcción de una trocha carrozable con destino a Huancasancos, obra para la que los lucanamarquinos trabajaron con sus propias manos y sin intervención del Estado. Fue por esa trocha que cabalgó el presidente Belaúnde en su primer mandato cuando arribó a Huancasancos. Pero la violencia acaba con una generación de varones que estaban destinados a guiar a la comunidad y servir en el municipio. Además los odios y rencores que se expresan en frases como “la envidia”, hacen que la gente pierda confianza entre sí. Es la metáfora de la organización como un cuerpo -en este caso, quebrado- que debería llevarnos a ampliar la noción de víctima para incluir ahí la organización social.

A partir de 1995 la organización comunal quedará aún más debilitada con el ingreso del presupuesto a los municipios. De alguna manera el epígrafe de este capítulo muestra cómo si bien el municipio existía como registro para el Estado, la organización comunal asumía las funciones del municipio y recibía un estipendio a través de FONCOMÚN. Pero esta relación cambia cuando el municipio empieza a tener un presupuesto asignado por el poder central. Comienza así un crecimiento paulatino del aparato estatal con más regidores que perciben un salario mientras que la organización comunal se mantendrá ad honorem. Además, este periodo coincide con el primer momento de la posguerra: en 1994 se retira el destacamento de la policía de Lucanamarca que había sido instalado en 1983, después de la masacre y se acentúan rivalidades entre familias por haber pertenecido a uno de los bandos del conflicto armado interno, sobre todo al lado de los senderistas.

Durante el trabajo de campo se encontró que la población reconoce también otros motivos por los cuales el sistema de organización comunal en la actualidad ya no opera de la misma forma. Dentro de estas, se reconocen tres justificaciones principales. Hemos mencionado ya dos de ellas, la primera es la desconfianza generada por el periodo de violencia, la segunda es el aumento de presupuesto que entra para el distrito y una tercera y de la cual nos ocuparemos a cabalidad en este estudio son los cambios que llegan luego del arribo de la CVR (2001-2003), investigación que marca un tiempo de reconciliación.

Precisamente será desde el 2002 que la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) instalará en Lu-canamarca una oficina que sirve de enlace con el Estado. Al conversar con los pobladores y preguntarles por los elementos que han alterado la organización comunal o que han hecho que la convivencia tome un rumbo distinto, las respuestas han resaltado en muchos casos los talleres de capacitación de autoridades, los talleres de empoderamiento de mujeres en torno a temas de violencia familiar, talleres a los niños sobre temas de derechos humanos, así como cuidados personales y cuidados de cultivos, entre otras actividades, que organizaba COMISEDH. Estas actividades son vistas por la mayoría de los entrevistados como negativas. Este rechazo puede deberse a que esta ONG no realiza obras materiales, es decir infraestructura, que es lo que en última instancia espera la población. Para los pobladores de Lucanamarca, COMISEDH no se comporta como enlace “real” con el Estado en tanto no se manifiesta como éste a través de obras concretas y visibles a corto plazo.

Es importante mencionar que en Lucanamarca y en general en la región de Ayacucho las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no llegan desde el periodo de trabajo de la CVR sino que varias llegaron durante el conflicto mismo, es decir desde la década de 1980. En el contexto post CVR puede observarse cómo estas organizaciones responderán a una agenda internacional aplicada en zonas post conflicto con temas de justicia transicional y dignificación simbólica y económica para las víctimas. Así, en Lucanamarca se observa cómo esta agenda influye en la construcción de espacios de memoria, en el recojo de historias y testimonios, en la construcción de monumentos y el establecimiento de fechas conmemorativas de los episodios más trágicos ocurridos en el lugar. Es decir, es un panorama de reparaciones simbólicas -que no es único ni exclusivo para Lucanamarca sino que puede extrapolarse a otras comunidades y regiones al menos del país (Yezer, 2007)- en el cual el sujeto víctima no tiene una acción o participación activa sino que se le relega al plano de un narrador de hechos que se organizan y se reivindican desde las ONG, y en el caso de la CVR desde el Estado. Se quiere dar “voz” a las víctimas para que narren sus historias pero las ONG y sus colaboradores quedan como los intermediarios de su discurso y de su acción. Foucault (2009) habla sobre un poder que

se irradia desde un centro y actúa en las personas disciplinando sus discursos, sus cuerpos y hasta sus miradas. El poder se canaliza a través de instituciones y se instala de una manera sutil en las personas. En el caso peruano el interés de las ONG era presentar estas otras voces en contraposición a una memoria oficial de lo sucedido en el Perú en la década de 1980. Pero son voces, son textos, documentales que no son producciones de los propios actores sino que se vuelven documentos que pasan por el filtro de la agenda de la organización no gubernamental.

Luego de este momento de intervención de las ONG de derechos humanos, el panorama en las comunidades se torna más participativo. Se buscará vincular a las víctimas en las actividades que realizan las instituciones. Así, desde 2009 en Lucanamarca se realizaron talleres participativos de liderazgo y actividades, como la implementación de pequeños biohuertos y granjas de cuyes y gallinas. Sin embargo, en este contexto las víctimas no tienen un rol tan activo, se sigue asumiendo un rol de protección y de cuidado por parte de las ONG que a su vez se enfrenta por la falta de interés y gratificación de la población por lo que se está haciendo. Es decir, mientras los pobladores están agotados de asistir a los talleres, los encargados de llevarlos a cabo sienten que su labor no es agradecida y mucho menos aprovechada. Es común escuchar por parte de los trabajadores de la ONG las quejas y las llamadas de atención que expresan los pobladores, sobre todo en momentos en los que están bajo efectos del alcohol.

Para Pastor Quincho la llegada de las ONG si ha sido importante porque considera que han logrado regular la venta de alcohol en el pueblo. En los talleres criticaban el maltrato infantil y el maltrato a la mujer, prácticas comunes en la comunidad. Pero COMISEDH se ha ido de Lucanamarca en mayo del 2012. Será interesante conocer cómo se desenvuelve la comunidad y el municipio sin su asesoría técnica ni impulso por recordar la masacre de 1983.

Lucanamarca en tiempos del conflicto armado interno

La entrada del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) a la comunidad no fue precipitada o agresiva. La ideología fue calando poco a poco a través de la educación. Eran los estudiantes que salían a otros distritos a estudiar y los profesores que venían de fuera los que empezaron a introducir la doctrina maoísta, marxista, leninista y “pensamiento Gonzalo”. Por estos años, los profesores gozaban de un alto prestigio dentro de las comunidades, esto se debía no sólo a la importancia que tenían sus cátedras sino a que también hacían de intermediarios entre el Estado y la comunidad. La escuela y la instrucción siempre han significado acceso al Estado letrado. En Lucanamarca, son los hijos de la élite local quienes accedieron a la educación. Lucanamarca no contaba con colegio secundario y muchos fueron a Huanacasancos, Cangallo, Huancapi o el mismo Ayacucho, por lo que mantenerlos fuera de casa implicaba grandes gastos económicos que no todas las familias podían afrontar.

En el distrito vecino de Huancasancos se encontraba el colegio Los Andes, uno de los principales centros de adoctrinamiento político del PCP-SL y parte del eje de desarrollo del Comité Zonal Central del PCP-SL (cfr. Informe final de la CVR, 2003). El colegio secundario Los Andes de Huancasancos se convirtió desde fines de los setenta en un bastión del PCP-SL. Ahí se dictaban clases y talleres enseñando la “filosofía” maoísta, marxista, leninista y “pensamiento Gonzalo”. Ahí enseñaba el profesor Juan López Liceras que luego tendrá un papel protagónico en el liderazgo senderista en la zona.

En Lucanamarca la presencia de la ideología senderista comienza a sentirse desde inicios de la década de 1980 y serán los estudiantes quienes propalarán la ideología. Era un discurso nuevo para la localidad. En las discusiones se manifestaban y discutían las diferencias que existían entre ricos y pobres, la desigualdad era un tema preponderante en Lucanamarca donde hasta hoy existe una élite muy fuerte. Los sen-deristas proponían la idea de un cambio en la estructura del Estado y una redistribución del poder y de los bienes. Es un discurso que al comienzo atrajo a muchas personas de la comunidad, sobre todo a los jóvenes que se sintieron llamados a trabajar para lograr estos fines.

En esta misma época la comunidad se encontraba muy alejada de la capital de la provincia por no contar con una carretera sino únicamente con una trocha carrozable la cual se deterioraba fuertemente con las lluvias. Tampoco contaba con un medio de comunicación ni con sistema de radio (Sarmiento 1998:53-54). Los estudiantes debían caminar grandes distancias para llegar al colegio.

Sarmiento sostiene la hipótesis de que el PCP-SL se establece en Lucanamarca dado que esta comunidad está en la cima de un cerro, y si uno se “sitúa en la cima tiene una visión controladora de toda la zona”. El autor sostiene también que la permanencia del PCP-SL en la comunidad se debe a que ésta se convirtió en un eje económico ya que salió de la tutela de Huancasancos y empezó a tener un vínculo más estrecho con la costa (Sarmiento 1998:55). Este vínculo se mantuvo hasta hoy, ya que una de las rutas actuales para llegar a Lucanamarca pasa a través de lea, que es una ciudad al sur de Lima, en la costa. El eje económico que describe Sarmiento provenía de una élite local fuerte que controlaba la tenencia de tierras para la agricultura y los pastos naturales para el ganado. Esta misma élite también ostentaba el poder político. Eran las autoridades a nivel interno de la comunidad y tenían un prestigio también a nivel de la zona; eran reconocidos como “ricos” por comuneros provenientes de las partes bajas del valle.

Cuentan en Lucanamarca que la llegada de PCP-SL se realiza de manera pacífica. Entran a la comunidad empezando a formar parte de ella. Además de los estudiantes, la ideología cala entre quienes tenían menos ganado y menos tierras. Para inicios de 1980 estas eran las familias que tenía un promedio de 0 y 15 hectáreas de terreno.

En el año 1982 militantes del PCP-SL procedentes de Huanca-sancos entraron a Santiago de Lucamanarca y nombraron a Olegario y a Wilber Curitumay como mandos en la región, convirtiendo así al distrito de Santiago de Lucanamarca en una “zona liberada”. Esto implicó que retiraran a las autoridades municipales y las autoridades de la comunidad; en su reemplazo instalaron a estos hermanos, que eran de la localidad, como líderes del Partido. El PCP-SL solía hacer esto para contar con aliados de poder en las localidades. Muchas veces estos mandos senderistas eran acompañados por personajes de fuera que servían de intermediarios con líderes que se encontraban en otras localidades. Los hermanos Curitumay eran estudiantes que estaban postulando a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y pertenecían a la Asociación de Residentes Lucanamar-quinos en la ciudad de Huamanga. Sin embargo, estos no llegaron a ingresar a la universidad. Entre los comentarios de los pobladores recogidos por la CVR se dice también que Olegario se mete en este grupo por resentimiento y frustración por no haber ingresado a la universidad. (Sarmiento 1998: 56-57; Informe final de la CVR, 2003). No hay una narración uniforme ni común sobre la presencia senderista en Lucanamarca. Es un “secreto”, parafraseando a Olga González (2011), del cual nadie da cuenta. En vez de describir cómo se vivía en ese tiempo, los pobladores pasan a narrar la masacre.

Hay varios eventos que se describen en el Informe final de la CVR y que conducen a que la población de Lucanamarca tome la decisión de capturar y asesinar a los líderes senderistas. Como se señala en el informe de Aronés, Koc y Cóndor (manuscrito: 43), los senderistas comenzaron a realizar arrasamientos’ de ganados, esto es tomar ganado de la comunidad, que luego repartían a las poblaciones de comunidades de las zonas bajas.[7] Como señalan testimonios de pobladores de la zona recogidos por la CVR:

“…repartían a otros pueblos… ¿por qué si era nuestro? (Eze-quiel Tacas, 50 años, Lucanamarca).”[8]

“Nos han succionado con carne, con leña, con todo. Nos han robado, no podíamos ni progresar. Cuando regresé, cuando me fui a la universidad, cuando me invitaron a estar aquí tenía futuro. Yo estudié docente cuando estaba autoridad allá por generación, en el Instituto Pedagógico de Huamanga. Nos han fracasado y muchos así se fracasaron. Ahora los ganados vendidos hasta en barato, muchos han vendido, han fiado, ¿han recuperado? Ya no, a mí (…) Nadies quería sembrar, nadies quería sembrar ganado acá.” (CVR, 2003)

Estas redistribuciones de ganado y los abusos que los líderes senderis-tas comienzan a cometer asesinando a líderes comunales precipitaron la reacción de la población local frente a Sendero.[9] Por ejemplo, la población de Sacsamarca se organiza para enfrentar a SL aprovechando los carnavales en febrero de 1983 para llevar a cabo su revuelta. El objetivo era lograr que los senderistas bailen y se emborrachen para que la población pueda atacar. En la noche cuando todos estaban embriagados, la población asesina a los dirigentes senderistas, encarcelan a los otros. Pero algunos dirigentes logran escapar a Sancos e informan al comité popular de esa localidad. Al día siguiente se movilizan y se reúnen en la plaza central de Sancos y marchan hacia Sacsamarca -capturan cerca de 40 personas y las someten a juicio popular. Sin embargo, una comisión de pobladores había pedido esa misma noche intervención del ejército que ya actuaba en la zona desde enero de 1983. Llegan los miembros del ejército, los senderistas se dispersan. Estaban dirigidos por Juan López Liceras (camarada Víctor) que se repliega con sus hombres en las punas. Luego bajan a Sancos pero no se imaginaron el ataque frontal de la población que los agarra a pedradas. Les quitan las armas y los asesinan. Al día siguiente llega el ejército y sella una relación formal con la comunidad nombrando en los cargos públicos a personas de confianza.

El historiador Steve Stern (2002) define “memoria emblemática” como una historia recordada por un hecho especifico y un grupo grande de personas para quienes tiene distintos significados. En este sentido, el levantamiento de Sacsamarca es importante para los pobladores de Lucanamarca que lo ven como una posibilidad para seguir e imitar. Al mismo tiempo, la CVR inscribe las rebeliones ocurridas en Sacsamarca, Huancasancos y Lucanamarca en una agenda de temas políticos más amplios. Las visibiliza y ahí también Lucanamarca se convierte en el caso emblemático porque además, y como se verá más adelante, es tomada como ejemplo para mostrar la violencia demencial de Sendero Luminoso. Nuevamente cuando el brazo político del PCP-SL pretende acceder como partido en el Jurado Nacional de Elecciones del Perú en el 2012 bajo el nombre de Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), aparece el caso Lucanamarca nombrado en distintos medios (Ulfe, 2012). Pero este nombrar es también un ejercicio de colonizar y petrificar el nombre con el hecho sin reconocer la historia de lucha del pueblo frente a Sendero Luminoso.

Es también por esta visibilidad que tiene el caso que tomo Lucanamarca como el lugar para realizar esta investigación. Es una población donde hubo un estudio a profundidad de la CVR, se realizaron exhumaciones y devoluciones de cuerpos con entierros simbólicos en los que participa el presidente Alejandro Toledo, se realiza una misa en la capital, se narra los hechos en un documental, y el caso sirve para la sentencia de los líderes senderistas. Se dispone de información sobre la población, lo sucedido y la localidad pero esto también implica un reto metodológico ya que se trata de individuos que están cansados de “ser entrevistados” porque han brindado sus testimonios ante la CVR y organizaciones de derechos humanos.

Todos los entrevistados en Lucanamarca se refieren o cuentan una parte de lo sucedido el 3 de abril de 1983. En base al informe de la CVR, al manuscrito de Aronés, Cóndor y Koc, y a varias entrevistas realizadas elaboro este recuento de los hechos:

El 24 de febrero de 1983 la patrulla del ejército incursiona de manera sorpresiva en Lucanamarca. Los senderistas presentes en la localidad se repliegan. Hubo un enfrentamiento y muere un importante mando senderista, el camarada Nelson. Una vez controlada la situación, el Ejército nombra nuevas autoridades en la zona. Así es que Lucanamarca decide enfrentarse a Sendero Luminoso y capturar al líder senderista. El 22 de marzo de 1983 el camarada Óscar (Olegario Curitumay) es conducido a la plaza central. Aquí hay distintas versiones: unos dicen que hubo una asamblea comunal para decidir qué hacer con él (pero no hay registros escritos). Otros sostienen que los antiguos colaboradores de Óscar deciden terminar con su vida.

La muerte de Óscar deviene en la venganza del PCP-SL y marca el fin de la breve historia de este en la zona. Ese año hubo fenómeno del Niño y no había sido buen año para los pastos. Dos semanas más tarde, el 3 de abril de 1983 el PCP-SL entra a la comunidad de Lucanamarca desde las partes altas asesinando un total de 69 comuneros, que fueron las personas que encontraron a su paso. Hubo entre ellos mujeres, niños y ancianos. En este hecho participan integrantes de la “masa movilizada” de las comunidades bajas del río Pampas. Algunos se salvaron, como se verá más adelante. La imagen de uno de ellos, Edmundo Camana, se convertirá años después en una de las fotografías emblemáticas de la exposición Yuyanapaq Para Recordar, que acompañó el informe final de la CVR.[10]

Un niño da la voz de alerta de la llegada del ejército. Los senderis-tas se repliegan. El ejército llega al tercer día al mando del general Clemente Noel, jefe del comando conjunto político militar de Ayacucho. El estudio a profundidad de la CVR indica que el operativo senderista contra Lucanamarca estuvo al mando del cuadro senderista Hildebrando Pérez Huarancca, un conocido escritor peruano. Esta acción, como describe el propio Abimael Guzmán en la “Entrevista del siglo” (entrevista realizada al líder senderista en la clandestinidad en 1988 y que publicada en El Diario, el órgano oficial del PCP-SL), fue planificada por la Dirección Central del PCP-SL, que estaba bajo su mando. El caso de Lucanamarca será de gran importancia para la CVR puesto que formará parte del juicio que se le seguirá al líder senderista y su posterior sentencia.[11]

Como dice el estudio a profundidad que realiza la CVR para la zona, este episodio marca un punto de inflexión en el proceso de la violencia política basado en la represión hacia las poblaciones que se deciden enfrentar a Sendero, a lo que se le denomina la política de arrasamiento. Lucanamarca se vuelve un estudio importante para la CVR porque marca el inicio de una serie de sublevaciones de poblaciones locales frente a Sendero Luminoso.

Sin embargo, el caso de la matanza de Lucanamarca se ve mediáticamente opacado por el caso del asesinato a los periodistas en Uchu-raccay (norte de Ayacucho), que tuvo lugar el 26 de enero del mismo año. Como ya se mencionó, en periódicos de Lima de 1983 las noticias que aparecen no muestran claridad sobre el número de muertos. Es mucho después de la masacre que se sabe con certeza el número exacto de víctimas fatales.

“No sé, cuándo a veces decimos, cuando tenemos faltas está bien, qué castigaban a la gente que cometían alguna falta, se emborrachaban, pegaban o robaban” (Ponciano Huaripaúcar, CVR, 2002)

En el 2002 la llegada de la CVR trajo muchos cambios a la comunidad. Es el segundo lugar en el que se realizan exhumaciones como parte del proceso de investigación. Los cuerpos exhumados recibieron un entierro digno en una ceremonia en la que estuvo el presidente Alejandro Toledo y un gran grupo de representantes del Estado, haciendo de ésta una ceremonia cívica.

Las investigaciones de la Comisión son apoyadas por COMISE-DH. Esta institución junto con la fiscalía acompaña todo el proceso de intervención en la comunidad. Son trabajadores, muchos de ellos voluntarios, los que recogen las entrevistas en esta zona y los que toman un registro de las víctimas. La ONG también fue la encargada de realizar un informe narrativo sobre la matanza, para este tomaron en cuenta los hechos relatados en las entrevistas y tuvieron que hacer una selección de las que serían más adelante las 69 víctimas. Es según sus investigaciones y su criterio que se establece el número de víctimas fatales de este evento. Ya que si bien hubo víctimas que fallecieron en distintas circunstancias y momentos, estas no formaron parte del total de las víctimas del 3 de abril. Como veremos más adelante este categorización también es complicada y trae conflictos y rivalidades en la comunidad. Por ejemplo, mientras atendíamos una asamblea comunal en la que se debatía el tema del Estatuto Comunal una de las quejas de un grupo de comuneros era el porqué conmemorar sólo a las víctimas de 3 de abril y no a las del 17 de febrero, fecha en la que también fueron asesinados dos líderes comunales.

El proceso de exhumación y entrega de cuerpos contó con una documentación visual de todo el proceso. Los directores de cine, Héctor Gálvez y Carlos Cárdenas, frecuentaron la zona desde los inicios del trabajo de la CVR, hasta la entrega oficial de los cuerpos. El producto de este minucioso trabajo con entrevistas y acompañamiento de la población en el proceso dio como resultado un documental titulado “Luca-namarca”. Este documental narra la historia de la masacre recogiendo las percepciones de los pobladores sobre lo ocurrido.

El documental se convierte así en una suerte de reparación simbólica. El director de cine, Héctor Gálvez, nos contó que luego de la proyección de la película en la comunidad una señora se acercó al hermano del líder senderista y le pidió disculpas por todo lo que la comunidad había hecho contra él y su familia. En estos casos vemos como estas representaciones pueden servir también para que la población tenga otra mirada de lo que ocurrió y sirva hasta cierto punto para generar en algunos niveles una micro-reconciliación.

Las consecuencias inmediatas no son lo único que generó el documental, sino que este también se ha convertido en un material importante para la comunidad, tanto para los comuneros como para los residentes de Lima y Huamanga. Estos grupos tienen presente el material cuando se trata de hablar de la comunidad o de rememorar el 3 de abril. Se organizan proyecciones del video en fecha importantes como la conmemoración del 3 de abril.

Comisedh

La ONG Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) acompañó todo el proceso de recojo y sistematización de información de la CVR, pero al terminar su trabajo en el 2004 su director firmó un acuerdo con el municipio de Lucanamarca (cuando Pastor Quincho estaba de alcalde) para quedarse a trabajar en la localidad. Durante este tiempo se organizó la “Asociación de Víctimas de la Masacre del 3 de abril de 1983′. En esta se inscribieron como miembros a la mayoría de la población quienes durante un tiempo trabajaron en metas conjuntas con la ONG. La ONG consiguió financiamiento internacional de la cooperación alemana para donar un horno de pan para la comunidad. Supuestamente este sería utilizado para beneficio de todos y luego que se terminen los sacos de harina donados, lo único que tendían que poner sería los insumos. Para esto capacitaron a unos cuantos pobladores en la producción de pan y en el manejo del horno. Lamentablemente este horno se descompuso y no está en funcionamiento.

Luego de entregado el Informe final de la CVR en agosto de 2002, COMISEDH vuelve a Lucanamarca. Esta vez con un proyecto distinto: recoger historias orales y representaciones gráficas de lo que fue el periodo de violencia para la población lucanamarquina. Este proyecto duró dos años, entre el 2006 y el 2007 y ahí trabajaron los antropólogos ayacuchanos Edilberto Jiménez y Yovani Alfaro. Ellos no residían en la comunidad pero sí pasaban largas temporadas en ella y es gracias a su trabajo que se publicó el libro Lucanamarca: memorias de nuestro pueblo (Lima, 2007). En esta edición se combina el testimonio con el dibujo. Para esta publicación COMISEDH organizó un concurso de dibujo y pintura con los escolares a quienes les pidieron retratar el periodo del conflicto armado interno. Era un proyecto de recuperación de memorias y dignificación de las víctimas y que incluyó además de organizar la asociación, establecer la creación de una casa de memoria -que nunca llegó a funcionar.

Como parte de este proyecto, COMISEDH recibió un financiamiento especial de la cooperación alemana para el diseño de un monumento que conmemore a las víctimas. Edilberto Jiménez, quien es también artista (retablista)[12] es quien se encargó de llevarlo a cabo junto con Antonio Quincho (escultor, más adelante se narrará su historia). Pidieron autorización al presidente de la comunidad y al alcalde para definir el lugar dónde iría el monumento. En una conversación con Pastor Quincho este cuenta que se autoriza la construcción de dos monumentos: uno a un lado de la plaza para todos los caídos durante todo el periodo de violencia y en el que se incluyen también los nombres de los senderistas y otro monumento en Muylacruz, en la carretera Lucanamarca-Huancasancos, como recordatorio de los comuneros que fallecieron trabajando en la carretera.

Terminado este proyecto COMISEDH no perdió contacto con la comunidad, y con fondos de la Comunidad Europea inició un segundo gran proyecto: “Acciones para el fortalecimiento del tejido social, para la buena gobernanza y la promoción del desarrollo en el distrito de Santiago de Lucanamarca, Ayacucho”. Es con la ejecución de este proyecto que se han venido realizando diversos talleres de capacitación de líderes en las “Escuelas de líderes”, instalación de Fito-toldos y la promoción de la aprobación del Estatuto Comunal. Para esto se trabaja junto a la municipalidad, la junta comunal, las autoridades de los diversos anexos, las escuelas y la población en general.

COMISEDH se ha convertido casi en una autoridad en el pueblo, forma parte de todas las actividades ya sea brindando asesoría o participando en la toma de decisiones. Es también una organización que sirve de mediadora con el Estado en trámites de presupuesto partici-pativo y fue a través de esta institución que los pobladores lograron inscribirse en el Registro Único de Víctimas. Es también a través de COMISEDH que los pobladores reciben sus certificados y asesoría en el tema de reparaciones.

“En este caso, la presencia de la CVR (también últimamente la presencia de COMISEDH) apoya bastante más que a nada a que la comunidad siga organizado, conozca sus derechos, conozca sus deberes y que siga trabajando, siga apostando por el desarrollo de su pueblo pero todo esto también depende de la participación de la autoridad. Por ejemplo, yo le digo que COMISEDH en el 2004, la iniciativa de la municipalidad que se ha suscrito, se ha buscado alianzas estratégicas con otras instituciones estatales para que a través de ellos, con ayuda de ellos se pueda lograr más presupuesto más que nada y COMISEDH siempre a nivel de Lima, todavía con el doctor Pablo Rojas [director ejecutivo de COMISEDH], hemos llegado a todos los ministerios con mayor facilidad, a todos los ministerios del gobierno, al Congreso; hemos llegado gracias al apoyo de ellos y a firmar convenios pero esto tenía que ser a través de proyectos y yo cuando era alcalde llevaba mis proyectos de construcción de agua potable, de irrigación, de electrificación, etc., y decía ‘el pueblo necesita este servicio, entonces apóyenos’. Entonces, como digo, a nivel de ministerio de salud, de educación, se lograban esos convenios y una vez firmados los convenios solo era cuestión de hacer seguimiento y se ejecutaba pues ¿no?” (Pastor Quincho, Huamanga, 20 de agosto de 2011).

La presencia de COMISEDH se encuentra en todo nivel de toma de decisiones en la comunidad y el municipio. Hasta mayo del 2012 COMISEDH tuvo una pequeña oficina en el edificio del municipio que se mantenía abierta durante el día para que los pobladores se acerquen con sus consultas sobre todo en materia de reparaciones. COMISEDH no es vista como un programa más de asistencia social, lo cual traza una gran diferencia de lo que realiza el Estado en zonas rurales: no da dinero, no construye obras, más bien organiza talleres de capacitación de líderes, talleres con mujeres, que son criticados por las autoridades masculinas.

En un estudio reciente, Tamia Portugal (manuscrito, 2011) plantea que para los pobladores de Putis (Huanta, norte de Ayacucho), el periodo de conflicto armado interno a pesar de las muertes les significó “algo positivo” en términos de colocarlos en el mapa sociopolítico del Estado y ser potenciales beneficiarios de programas sociales y obras públicas. El reconocimiento para ellos pasa por una idea de desarrollo local a nivel de infraestructura y comunicaciones. Esto también se encuentra en Lucanamarca. Si bien el conflicto armado interno es percibido como un momento desastroso de su historia porque desarticula la organización y deja truncos procesos que estaban encaminados, además se rompe la confianza entre los mismos pobladores y entre la población y los foráneos, si se percibe el reconocimiento en términos de desarrollo individual que para su localidad. Un ejemplo de esto es que la población ve en el Estatuto de la comunidad que se aprobó en setiembre de 2011, una herramienta previa a la titulación individual de las tierras. Y esto también afectará la forma cómo se perciben las reparaciones.

Algunos años atrás, Carlos Iván Degregori escribió que debido a la débil presencia del Estado en las provincias, y por la falta de integración de todas las diferentes poblaciones étnicas en un solo movimiento indígena nacional, una vasta mayoría de la población se apropia y, así, provee un sentido diferente al concepto de "Perú" (1993: 127).↵

Se aprovecha el contexto de la Reforma Agraria para recuperar las tierras que estaban administradas por la cofradía y otras que estaban en poder de dos familias de Huamanga. Pero no hubo una intervención efectiva del Estado en materia de contar con un proyecto de Reforma Agraria en la zona.↵

Véase Ríos (20012). Como parte de las obligaciones de las comunidades campesinas para con el Estado instauradas en el primer periodo de gobierno de Fujimori.↵

Genaro Quincho también lo explica de la misma forma cuando se le pregunta sobre lo que dejó la violencia en Lucanamarca. Él dice: "Envidia. Falta decir '¿Por qué no te has enfrentado? Tu familia hubiera estado recibiendo pues, tú cobarde no te has enfrenado o al final de cuenta has estado de acuerdo porque esos casos pasaron'. Ellos eran selectivos. ¿Tú crees que masacraron así muy a la champa [sic]? Un líder lucanamarquino, identifi¬caron quiénes eran esos partidos, sus simpatizantes, quiénes son porque si no los líderes principales hubieran muerto y han muerto los adolescentes mayormente." (Lucanamarca, 29 de agosto de 2011).↵

Años más tarde, durante el segundo periodo de gobierno del mismo presidente, Huan¬casancos por Ley N° 23928 20 de setiembre de 1984 sería elevada a la categoría de pro¬vincia del departamento de Ayacucho conformada por los distritos de Sancos, Carapo, Sacsamarca y Santiago de Lucanamarca, logrando así su separación de la legislación de la provincia de Víctor Fajardo.↵

Véase el documento de trabajo de Hernández, Huber y Zúfiiga (2011).↵

Aquí hay varios puntos simbólicos en discusión: primero, es el enfrentamiento histórico en la zona del valle del río Pampas entre las comunidades de alturas como Lucanamarca que eran vistas como ricas frente a las comunidades del valle que eran descritas como "pobres". Segundo, estas condiciones se entremezclan también con condiciones raciales y étnicas.↵

Aronés, Koc, Cóndor, manuscrito, p. 43.↵

La reconstrucción de los hechos es tomada del informe final de la CVR (2003) y del es¬tudio a profundidad elaborado para la CVR por Aronés, Koc y Cóndor (manuscrito, 2002).↵

Caso del señor Celestino Ccente, cuyo verdadero nombre es Edmundo Camana. Sobre Yuyanapaq véase Poole y Rojas (2010) y Milton y Ulfe (2011).↵

El juicio (conocido también como Megaproceso) a Abimael Guzmán transcurrió entre setiembre de 2005 y julio de 2006 y concluye con cadena perpetua. En el 2006 un grupo vinculado a Sendero Luminoso publica en un portal de Internet un documento que forma parte de la defensa judicial a Guzmán. Este documento se titula "Breves notas aclarato¬rias acerca de los tergiversados hechos de Lucanamarca en la guerra popular del Perú". Véase, http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/Gonzalo/10_06_Lucanamarca.html. Visualizado el 16 de febrero de 2011. En este documento el PCP-SL insiste en que los asesinatos cometidos en Lucanamarca fueron un exceso.↵

Véase Jiménez, 2009.↵

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Capítulo 2

Instituciones y Estado: víctimas como pobres y las reparaciones como propuestas de desarrollo

Después de la caída del régimen fujimorista en el 2000 y durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua es que en el Perú se recupera el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos. En este periodo el Perú regresa a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ratifican importantes tratados internacionales (Guillerot y Magarrell, 2006: 22). En ese momento y bajo un pedido especial del entonces ministro de Justicia del Perú, Diego García Sayán, se plantea diseñar un “programa integral de reparaciones no dineradas” para 159 casos que en ese momento estaban en revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 4 de junio de 2001 se promulga el Decreto Supremo que crea la Comisión de la Verdad. Esta es ratificada por el entrante presidente, Alejando Toledo, quien modifica su nombre por Comisión de la Verdad y “Reconciliación” (CVR) y con ello un nuevo mandato (la reconciliación nacional). Pero también desde el Ejecutivo se llama “al Estado a atender la dimensión política de las reparaciones por medio de la creación de un programa”, que será el Programa Integral de Reparaciones, también conocido como PIR (Guillerot y Magarrell, 2006: 22)[1].

El Informe final de la CVR llega a conclusiones devastadoras: reconoce como principal perpetrador al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), se estima que el número total de víctimas es 69.280 personas y se elabora un perfil de víctima. Para esto último se resaltan cinco brechas insondables que afectan al Perú y que el PCP-SL usó y manipuló: la condición de pobreza y exclusión social de las víctimas; la violencia no afectó a todos por igual y hubo una brecha geográfica distinguiéndose algunos departamentos dónde la violencia fue más fuerte que en otros como ocurrió en Ayacucho, Junín, Huanca-velica, Apurímac y Huánuco; una brecha étnica-racial que muestra que el 75% de víctimas hablaba un idioma indígena y una brecha educativa basada en el 68% de las víctimas tienen un nivel educativo inferior a la educación secundaria o era analfabeta.

En agosto del 2003 el presidente de la CVR, Salomón Lerner Fe-bres, presentó al Estado y la sociedad peruana el Informe Final. En el último Tomo, de las conclusiones y recomendaciones, se propone un programa integral de reparaciones (Plan Integral de Reparaciones o PIR) como derecho y política de reconocimiento desde el Estado. En el 2004 se conforma la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que queda adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y que luego, en el 2012, pasa al Ministerio de Justicia. En octubre de 2005 la CMAN pasó al Ministerio de Justicia que dificultó cualquier trabajo “multisectorial” ya que el Ministerio de Justicia no tiene las competencias ni convocatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros (Guillerot y Magarrell, 2006: 64). Luego, en el 2006 vuelve a la Presidencia del Consejo de Ministros y actualmente, el 31 de diciembre del 2011, pasa al Ministerio de Justicia que ahora tiene como nombre Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esta comisión comienza el arduo proceso de plantear un Programa de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones se crea en el 2006 por la Resolución Ministerial 373-2006-PCM y entre sus tareas están las de diseñar un Plan Integral de Reparaciones (y su reglamento) y elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV). Precisamente es en el Informe Final de la CVR y como parte de la reflexión sobre las reparaciones, que se establece un perfil de víctima y se reconoce en su cifra final (69.280) a todas las víctimas del conflicto interno, sean estos representantes de las Fuerzas Armadas, policías, miembros de los grupos alzados en armas y población en general. Pero el RUV no considera víctimas a los miembros de las organizaciones subversivas.[2] Además, para efectos de Registro se establece una tipología de víctima: personas fallecidas, personas desaparecidas, miembros de las fuerzas del orden, integrantes de los comités de autodefensa y autoridades civiles, quienes sufrieron tortura, quienes sufrieron lesiones graves, quienes sufrieron violación sexual y familiares de las personas muertas y desaparecidas entre 1980 y 2000, que es el periodo de investigación de la CVR. Definidos así los criterios, las fronteras entre ser y no ser víctima son permeables, se excluye un sector importante del conflicto armado interno, y por último, el familiar o sufriente debe demostrar, mediante documentación precisa y muchas veces letrada, su condición de víctima. Además al establecer una tipología y definir un perfil de víctima, se crea una polaridad con la imagen del perpetrador.

En Lucanamarca las reparaciones siguen pendientes en la agenda de la comunidad, pero es también a propósito de esto que al tocarse el tema siguen saliendo a la luz conflictos que, por más que hayan sucedido casi tres décadas atrás, siguen manteniendo fraccionada a la comunidad, como el caso de un señor del anexo vecino de Tiopampa que acusa a una beneficiaría de las reparaciones de que su esposo no falleció por la masacre sino porque se desbarrancó ebrio.

La Ley del PIR incluye reparaciones en los ámbitos económicos, de salud, educación, vivienda y reparaciones simbólicas. A su vez, estas pueden ser de dos tipos, individuales y colectivas. Las colectivas no causan muchos problemas porque si bien es poco dinero, se realizan obras que son percibidas como obras del alcalde y sobre las cuales la población en muchos casos no tiene tanta capacidad de decisión. Se presenta un proyecto, que por lo general puede responder a lo que sería un proyecto modelo (como por ejemplo, la piscigranja local comunal, tractor o remolque, loza deportiva, entre otros) que es entregado por las autoridades y con la intervención de organismos de derechos humanos. Sin embargo, eso no responde siempre a las necesidades de la población, ya que se deja de lado por falta de capacitación en su uso o no le dan importancia a estos proyectos en la comunidad. La elaboración y el funcionamiento de estos proyectos demandan tiempo, no se tienen los conocimientos de uso y hay corrupción como malversación de fondos.

Las reparaciones individuales, en cambio, levantan mucha envidia, como dice Genaro Quincho indignado, “escucho a mi gente decir que las reparaciones no pueden ser para todo….”. Otros esperan cuando no saben si es que les corresponde o no, en momentos como este muchos llegan a la capital del distrito para preguntar si es que su certificado del RUV ha llegado o si es que ellos han salido seleccionados como beneficiarios. En esta parte es donde la CMAN se vuelve también un lugar de preguntas y de reclamos mucho más evidente que durante el 2009 y el 2010, años en los que se entregaron mas reparaciones colectivas. La gente pasa días enteros viajando para llegar a Huamanga a preguntar sobre su situación, esperando una respuesta a la pregunta que no sólo se resume a ¿en qué momento me darán mi dinero?, dinero que lamentablemente es el precio por la ausencia de un ser querido y que no es percibido en su dimensión de derechos.

En una encuesta realizada en diciembre de 2006 se pregunta a los entrevistados en Ayacucho sobre las razones principales que expliquen por qué sucedió la violencia en el Perú. Los entrevistados responden que las causas se encuentran primero en la pobreza (40,5%), segundo en la incapacidad del Estado para atender las demandas de la población (23,5%) y tercero, en los abusos e injusticias que sufría la población (20,6%) (Sulmont, 2007: 18). Ya en el 2006 en Ayacucho se considera que debe darse apoyo y reparación a las víctimas del conflicto armado interno (32,3%), que debe invertirse en el desarrollo de las zonas más pobres (23,8%) y que se investigue y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos (23,3%) (Sulmont, 2007: 24).

En el trabajo de recopilación de doctrina y jurisprudencia internacional sobre los conceptos de reparación, indemnización, prevención y víctima, Guillerot y Magarrell argumentan que hubo un desfase entre el trabajo realizado en el equipo de trabajo sobre secuelas, reparaciones y reconciliación que se organizó en la CVR y los testimonios recopilados in situ y aquellos brindados por las propias víctimas en las audiencias públicas (2006: 28). El grupo de trabajo se concentró en dos temas: secuelas y salud mental, y reparación y prevención. Las autoras consideran también que el equipo de trabajo de reparaciones vinculó el tema de reparaciones con “promoción del desarrollo” y no con una propuesta consensuada de lucha contra la pobreza y menos en relación con la violación de los derechos humanos.

Otro desfase o desacierto también puede verse en la forma como la CVR diseña su cuestionario/guía de preguntas donde siempre incluyeron una última pregunta sobre qué le pediría la población a la CVR. Leyendo las entrevistas recogidas por la CVR, notamos que todas terminan en pedidos que son sobre todo económicos, “queremos educación para nuestros hijos”, “que construyan carreteras”, “salud”.

A partir del 2003, en la última etapa de trabajo de la CVR, el tema de reparaciones se independiza. Se crea el Grupo sobre el Plan Integral de Reparaciones (GPIR) que parte de un estudio realizado por APRO-DEH e ICTJ en el periodo en que estas ONG acompañaron a la CVR, por ello es que la CVR sigue sus lincamientos[3] de trabajo para realizar el PIR del cual devino la Ley N° 28592 Plan Integral de Reparaciones cuyo objetivo fue: “Reparar y compensar la violación de los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno” (CVR, tomo IX, 2003: 147).

Uno de los puntos que más discusión suscitó fue el artículo 4 que como se mencionó anteriormente excluye de la condición de víctima a personas vinculadas a organizaciones subversivas. En una entrevista, Julie Guillerot mencionaba que no se puede negar la condición de víctima a un ciudadano por haberse involucrado en una organización terrorista. Menciona como ejemplo el caso Ashaninka cuya población fue secuestrada y enrolada a la fuerza por Sendero Luminoso y no por ello se les puede negar una reparación (Lima, 16 de diciembre de 2011).

Otro punto importante es la discusión sobre los potenciales “beneficiarios”, ya que no se debe restringir solamente a víctimas directas sino que se debería reconocer como beneficiario a los padres, hermanos, hijos, cónyuges, convivientes de la víctima.

Como ya se ha visto, el PIR de la CVR tuvo una importancia decisiva en la creación de la CMAN y el CR. Sin embargo, la CVR no tuvo consenso político en la reglamentación del PIR. Ahí el papel clave lo tuvo el movimiento de derechos humanos que asume el tema de reparaciones como la continuidad del trabajo de la CVR y concede la razón al conocido artículo 4 que excluye un grupo de actores involucrados en el conflicto armado interno (Guillerot y Magarrel, 2006; Scurrah y Bielich, 2011). Por lo que esto no ha sido una consecuencia lógica a las recomendaciones del Informe final de la CVR, sino que obedece a consensos o intentos para atenuar el problema con las fuerzas armadas y el gobierno de Alberto Fujimori, el cual todavía tenía presencia política durante el gobierno de Toledo y las discusiones que se tenían sobre el PIR.

El consejo de reparaciones y la comisión multisectorial de alto nivel

El diseño institucional que se eligió para la identificación de víctimas y la asignación de reparaciones se realiza a través del trabajo de dos entidades del Estado: el Consejo de Reparaciones y la Comisión Multi-sectorial de Alto Nivel.

El Consejo de Reparaciones identifica y registra a las víctimas dentro del padrón que es el Registro Único de Víctimas. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel se encarga de ejecutar las reparaciones y toman decisiones sobre el presupuesto. El mandato del Consejo de Reparaciones no es reparar sino elaborar el registro de víctimas. La lógica que está detrás del Consejo es que exista una instancia independiente de todo poder político que sea la encargada de identificar quiénes son las víctimas de la violencia. Esto fue iniciativa del aprista Jorge Del Castillo cuando era Premier y quien también propone los nombres para los comisionados que integrarían el Consejo. Este debía conformarse por siete miembros, como presidenta proponía a Sofía Macher, que ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estaba también la religiosa Pilar Coll (las dos primeras militantes de derechos humanos), Ramón Barúa, un empresario de éxito y Luzmila Chiricente, dirigente ashánink; dos ex jefes militares el general Fernández Dávila del Ejército Peruano y el vicealmirante Noriega de la Marina de Guerra del Perú y un general de la Policía Nacional llamado Danilo Guevara. El incluir a miembros de las Fuerzas Armadas fue una idea de Del Castillo porque la ley no dice nada sobre los requisitos de selección sino solo que sean personas de trayectoria ética, prestigio y legitimidad, identificados con la democracia y derechos humanos, de diferentes sectores de la sociedad y que las funciones serán ad honorem. Pilar Coll señala que una de las principales dificultades del Consejo es la coordinación y el llegar a acuerdos sobre las relaciones de víctimas que son “observadas”, es decir de nombres que aparecen en registros de la Dirección contra el Terrorismo y otras instancias en las cuales se les puede asociar con un pasado subversivo.

El objetivo principal del Consejo es identificar nominalmente a las víctimas para lo cual se utilizó diez registros preexistentes: el censo elaborado por la CVR, el Censo de Desplazados, denuncias de desaparición forzada, el censo de víctimas de Huancavelica, la relación de indultados de la Defensoría del Pueblo, reclamos que se han realizado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las relaciones de víctimas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los Comités de Autodefensa y el Censo Nacional de Calificación para Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, este universo de aproximadamente 285.000 personas y 5.660 centros poblados puede incrementarse. Las víctimas contarían con dos tipos de registro: como víctimas individuales directas y como víctimas individuales indirectas, familiares de fallecidos y desaparecidos. El segundo libro corresponde a centros poblados y comunidades, y grupos de personas desplazadas.

Las víctimas se identifican por quince tipos de afectación que para el RUV se agrupan en ocho: muertos, desaparecidos, desplazados, torturados, restricción de la libertad personal que abarca detención arbitraria, secuestro, prisión siendo inocente; violación y violencia sexual y lesiones y discapacidad, indocumentados. Las víctimas no pueden ser reparadas por pérdidas de bienes materiales. El tipo de requisitos que se evalúan varían de caso en caso pero se exige siempre el testimonio oral, un testigo que en muchos casos resulta en la persona del alcalde o presidente de la comunidad y si tienen acompañan el caso con noticias o material visual. Para casos de violación sexual basta con el testimonio de la víctima. En el caso de discapacidad solo puede hacerse con algún documento del Ministerio de Salud que certifique la discapacidad. Así para cada afectación se determinan distintos requisitos.

“El RUV no es solo el acopio de una serie de eventos. Es un registro del dolor, de la pena, de la vulneración de los derechos humanos de las personas. Por más profesional que sea uno, no está exento de sentir las emociones que todo eso produce. Las estrategias de salud mental fueron muy importantes, pero no por eso suficientes.” (Maricela Quispe, Lima, 27 de julio de 2011)

La segunda fuente de registro de víctimas es a través de solicitudes y para ello se establecieron dos estrategias. Una de ella fue con módulos en las localidades y la otra mediante campañas. Por el limitado presupuesto con que contó el Consejo se establecieron cinco módulos en cinco zonas afectadas como fueron Lima, Huanta, Satipo, Huamanga y Tingo María y se establecieron convenios con organizaciones locales para extender el registro a otras zonas a través de campañas:

“Logramos firmar convenios en Huanta, a nivel local, con el hospital. Para que el hospital pudiera atender a las personas que requerían de soporte emocional. Porque personas que están con trauma salen después de dar su testimonio, podíamos derivar para que sea atendida por un psicólogo. Además para que también estas personas violadas, torturadas, puedan tener un certificado y este se adjunte a su expediente. Logramos trabajar con directivos del hospital para elaborar una esquela que funcione de estas dos maneras. Esto nos permitió acopiar la información necesaria para que el caso presentado tenga una justificación. Lo ideal hubiese sido firmar un convenio a nivel regional. Pero no fue posible. Mucho entrampamiento en burocracia. Y temíamos que llegara a las víctimas. Pero también organismos de la sociedad civil como WIÑASTIN [ONG que trabaja temas de salud mental], que nos ha brindado el soporte emocional mediante reuniones mensuales de tal manera que el equipo se pudiera cargar de fuerzas.” (Maricela Quispe, Lima, 27 de julio de 2011)

Una vez que la ficha de la víctima se ha evaluado por los registradores y se ha corroborado información con las bases que se cuentan, la ficha pasa al Consejo. Los consejeros son los únicos que pueden decidir si un caso se integra al RUV o queda “en observación”. Tienen la potestad de detener los procesos de inscripción y pedir que se brinde más información. Después de esto el nombre se incluye en el listado oficial y se emiten los certificados. Una vez inscrita la víctima, sus datos pasan a la CMAN.

En Lucanamarca, lo que se hizo fue una campaña conducida por COMISEDH. En todos los grados de afectación en Lucanamarca hasta mediados del 2011 hay 281 personas inscritas, pero no todas tenían el certificado. No necesariamente todos viven en Lucanamarca, ahí residen 82 acreditados en el RUV y otros 177 familiares de víctimas.

Sobre el proceso, Maricela Quispe encarga del Consejo de Reparaciones en Ayacucho señala:

“En el mensaje que les dimos [a las víctimas] era claro, pero faltó una mayor difusión diseñada a nivel macro. Los registradores sabían que la primera información que tenían que dar era que el RUV les permitiera el reconocimiento como víctima y que mediante esa ley se les pudiera devolver esa dignidad que como ciudadano se les arrebató. Y hacer valer las condiciones de este proceso: que es el tema voluntario, que es la confidencialidad, que tiene carácter permanente… [Las víctimas] son [los] más pobres. No han mejorado su condición. Hay experiencias exitosas que han hecho residencia, que han salido de eso. La gran mayoría son más pobres, y aun más cargan con su dolor.” (Lima, 27 de julio de 2011)

Debido a la pobreza existente en muchas zonas del país cuando los registradores se acercaban para inscribir a las víctimas, el tema de la reparación económica perdía su sentido de devolución de dignidad y restitución de derechos y pasaba a verse como una forma de acceder a una ayuda económica.

El 16 de julio del 2011, el gobierno del presidente Alan García se encargó de poner una traba más a las víctimas y a la ejecución del plan de reparaciones en la forma del decreto DS-051-2011-PCM[4] que establecía como fecha límite para la inscripción de las víctimas el 31 de diciembre para aquellas víctimas que quieran ser reparadas económicamente. Esto se explicará con más detalle en el siguiente capítulo.

La mención a las víctimas por parte del presidente Ollanta Húmala en su primer discurso de 28 de julio de 2011 y el énfasis del expremier Salomón Lerner en el tema fueron un primer paso a pensar que el actual gobierno prestaría atención al tema tan descuidado en el gobierno anterior. A todo eso se le sumó el nombramiento de Isabel Coral como Secretaria ejecutiva de la CMAN. Durante el breve periodo de Coral se realizaron iniciativas como la de la fusión de estas dos entidades (CMAN y Consejo de Reparaciones), acción que aun se espera llegue a ser concretada. Desde el 16 de diciembre de 2011 la CMAN no tiene secretario/a ejecutiva y hasta hoy no se conoce que se esté trabajando en la elección de un representante.

“El nombramiento de la nueva jefa de la CMAN abre las expectativas de los organismos de derechos humanos por implemen-tar nuevas demandas y medidas en el consejo, actualmente parece que ambas instancias se van a fusionar” (Entrevista a Maricela Quispe, Lima, 27 de julio de 2011)

En sus escasos cinco meses de trabajo en la CMAN, Isabel Coral propuso incorporar la parte de memoria al tema de reparaciones e integrar el trabajo del Consejo de Reparaciones con aquel de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, así como ampliar el monto destinado a las víctimas por las reparaciones económicas individuales. Pero esto queda hasta el momento trunco.

Una vez que la víctima se inscribe en el RUV y su expediente pasa por todo el proceso de revisiones, el Consejo de Reparaciones emite un certificado de víctima. Este documento se convierte en una nueva forma de “inscripción” o documento de identidad del ciudadano. Este documento convierte a la persona en “víctima” y en potencial beneficiario de un programa de reparaciones. El certificado se convierte para muchos en una suerte de reparación simbólica ya que permite un acercamiento del Estado con sus ciudadanos marginados y para ello les otorga la credencial que los etiqueta como restos de ciudadanos. En un afán de dar vuelta a las cosas, son estos sujetos quienes conservan el certificado o “acreditación” ya que les permitirá acceder a un potencial programa de reparaciones.

Este documento es el eslabón que une el Consejo con la CMAN. Para la entrega de documentos, el Consejo realiza ceremonias públicas muy sentidas que como rituales de perdón sirven para que el funcionario del Consejo de Reparaciones, como representante del Estado, dignifique y reconozca a sus ciudadanos como sufrientes. Pero no opera como figura de espejo, el reconocimiento es unidireccional y vertical, va desde el Estado hacia abajo, o sea sus víctimas, pero no sirve para que a través de estos, el Estado se mire en sus faltas y agravios hacia la población civil.

Las ceremonias son eventos que se planean desde el Consejo de Reparaciones como formas de reparación simbólica. Se congrega a un grupo de víctimas como asistentes y se entregan los certificados con representantes del Estado. En una conversación con Jairo Rivas, secretario ejecutivo del Consejo en setiembre de 2011, explicaba que para él este es un momento de gran responsabilidad y tensión puesto que siente que está ahí como representante del Estado peruano. Tiene que controlar sus palabras que no implican “disculpas” públicas pero si un reconocimiento de la condición de víctima de sujeto.

Guillerot y Magarrell consideran que este programa toma como base el Informe elab¬orado por el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la Asociación ProDerechos Humanos (APRODEH), Parámetros para el diseño de un programa de reparacio¬nes en el Perú. Informe conjunto. Lima: ICTJ y APRODEH, 2002. Véase: http://ictj.org/ sites/default/files/ICTJ-Peru-Parametros-2002-Spanish.pdf↵

Ley N° 28592 Artículo 4.- Exclusiones: No son consideradas víctimas y por ende no son beneficiarios de los programas a que se refiere la presente Ley, los miembros de organi-zaciones subversivas. No son considerados beneficiarios aquellas víctimas que hubieran recibido reparaciones por otras decisiones o políticas de Estado. Las víctimas que no estén incluidas en el PIR y reclaman un derecho a reparación conservarán siempre su derecho a recurrir a la vía judicial.↵

Dimensión ética entendida como un "deber moral" ("soporte" y entendimiento) 2. Dimensión simbólica vista como "gestos y acciones" del Estado que busquen reconocer el daño y dignifiquen a la víctima ("reconciliación") 3. Dimensión jurídica en el sentido de reparar el daño y reconocimiento pleno de la ciudadanía de la víctima ("obligaciones del Estado"). Se asumen las reparaciones como una política nacional de Estado y por ello se diseña un Plan Integral que combine eficientemente los aspectos colectivos con los individuales, los simbólicos con las reparaciones económicas y materiales y que fomenten la reconciliación.↵

Establece el plazo de conclusión del Proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas y la oportunidad de otorgamiento de las reparaciones económicas.↵

6

Capítulo 3

 Las experiencias de la reparación

“El Estado no respondió como debía responder, los

atacó por todos lados, el pueblo fue una víctima del

Estado. Sin hacer un debido estudio, sin tener una

fuente de información atacaron a los pueblos, mataron

a mucha gente, los torturaron. La respuesta del

Estado no fue la que debió ser sino fue una respuesta

equivocada, fue una respuesta salvaje.”

Fiscal del Ministerio Público de Ayacucho,

Santiago de Lucanamarca, 4 de de octubre de 2011.

La fiscal arribó a Lucanamarca en la mañana del martes 3 de octubre de 2011. Ella es cercana al caso desde el 2003 cuando vino por vez primera para recoger testimonios de los sobrevivientes de la masacre del 3 de abril de 1983. En esa ocasión los testimonios se anexarían al mega-proceso que se llevaba a cabo contra Abimael Guzmán (líder) y la cúpula del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en el que uno de los casos era la masacre en Lucanamarca que él mismo reivindica en la entrevista a El Diario, órgano oficial del PCP-SL en 1988.[1]

Esta vez la fiscal volvía para recoger nuevamente las versiones de los testigos de la desaparición de tres autoridades de Lucanamarca ocurrida en Cangallo (Ayacucho) a fines de 1984.[2] La fiscal buscaba que los cinco testigos del caso que residen en Lucanamarca recuerden o identifiquen los nombres de los posibles culpables de la desaparición, pero esto veintisiete años después.

Hace algunos años, Johannes Fabián (2002) escribió que por la manera en la que se realiza la etnografía se dieron desencuentros estructurales que mostraban el propio etnocentrismo de quienes partían desde las grandes urbes hacia las zonas rurales para realizar sus investigaciones. El autor denominó a este “desfase” como la “negación de la simultaneidad”, en el sentido de que quienes eran percibidos como informantes al otro lado, eran presentados como parte de un grupo homogéneo (el ejemplo clásico, los trobiandeses), esto es, habitantes de un tiempo y un espacio anterior o diferente del de uno mismo. Son sujetos a quienes se les niega temporalidad e historicidad. Están como “en el pasado”. Se establece, de esta manera, una política del tiempo que permite la gesta de una relación de poder y dominación. Fabián lo plantea como reto para el desarrollo de una antropología contemporánea. Aquí lo uso para destacar cómo esa mirada evolucionista y decimonónica prima en las instituciones del Estado.

La historia de la desaparición de tres autoridades de Lucanamarca en Cangallo en 1984 tiene pasajes que requieren explicarse. La fiscal narra que hubo un problema de tierras entre dos de los desaparecidos y quien realiza la denuncia es un tío de ambos. Este tío ya residía en Ayacucho y realiza la denuncia en Cangallo. Los testigos que sobreviven recuerdan su partida de Lucanamarca y recuerdan también que una vez que brindaron sus declaraciones, las autoridades de Cangallo les dijeron que no se vayan del pueblo. Así las tres autoridades de Lucanamarca fueron a un hospedaje próximo a la plaza. Y después la historia se torna confusa. Algunos señalan que los sacaron del hospedaje y se los llevaron en una camioneta a la base militar. Los testigos dicen que siguieron la camioneta hasta la plaza pero, como señala la fiscal, la base se encontraba a un lado de la plaza. Otros dicen que coincidentemente al poco rato apareció un helicóptero. Todos creen que se los llevaron al cuartel militar Los Cabitos en Huamanga, lugar donde ocurrieron miles de desapariciones en los ochenta en Ayacucho.[3] La fiscal busca conocer si alguno de los sobrevivientes recuerda el rostro del jefe militar en Cangallo o su nombre completo.

Este caso también ilustra una de las más graves consecuencias del conflicto armado interno y es la ruptura organizativa de la comunidad. Fueron tres autoridades jóvenes de la comunidad que desaparecieron en 1984. Descritos como “grandes líderes”, la comunidad pierde con ellos una generación que estaba encaminada a dirigirla. Como Rossel Huaripaúcar los describe en su manifestación: “los tres eran nuestras autoridades; eran personas notables. Nos duele mucho que han desaparecido”. (Lucanamarca, 4 de octubre de 2011). Estos jóvenes forman parte de la misma generación que aquella de los líderes senderistas asesinados en Lucanamarca. Ahí se perdió una generación de líderes y autoridades y hasta el momento se siente ese vacío en la conducción política y social de la localidad.

En La memoria, la historia y el olvido, Paul Ricoeur (2004) en-fatiza que no se recuerda cualquier tipo de eventos, sino aquellos que dejan “marcas”, es decir, se recuerdan las vivencias que quedan en uno mismo. Son estas inscripciones que como cicatrices en el cuerpo se convierten en filtros a través de los cuales se vive la vida (Sanford, 2003). Ricoeur habla de una suerte de distanciamiento que se produce con el evento y que permite que, a través del lenguaje, la persona pueda dar sentido a ese recuerdo. En este sentido, el evento (en la forma de recuerdo) tiene una naturaleza tripartita ya que es acción, discurso e interpretación al mismo tiempo. Es decir, que se conforma de una base documental (ya sea como testimonio o fuente), explicativa (en la forma que adquiere la interpretación) y representativa (como acción significativa que se denota y connota y esto puede ser a través de un ritual). La discusión con la historia es que esta parte de que apriori la narración, fuente o interpretación del evento deben ser veraces. Pero ahí justamente entra el ejercicio de la memoria por buscar planos de reconocimiento y verosimilitud.

La violencia deja rastros, heridas que necesitan sanar. Las personas cansadas de no ser escuchadas buscan por otros caminos y maneras canalizar su dolor y sufrimiento. Uno de esos caminos es el arte, como los retablos (Ulfe, 2011) o las tablas de Sarhua (González, 2011) donde artistas andinos plasmaron sus experiencias y las de sus comunidades en grandes diseños visuales. Para Jelin (1998) el arte, la política y la memoria son mini-campos visitados, cruzados, imaginados y olvidados conscientemente, pero donde quien los usa busca representarse a sí mismo (en el sentido descrito por Veena Das). La memoria y sus canales son campos minados, como dice Jelin, ya que son materia de disputa y debate público. Durante el trabajo de la CVR se realizaron audiencias públicas precisamente para dignificar a la víctima negada de hablar sobre los espinosos y sangrientos hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Quienes ahí brindaron su testimonio se convirtieron en voces y representantes de otros y otras historias. Sintieron, como bien describen algunos, mucha ansiedad por ser lo más cercanos a la “verdad”.[4] Convertir el relato de una experiencia en una narración es algo mucho más complejo que exige urdir una trama con sentido. El testimonio es la representación oral de la experiencia que puede ser individual o representar un “yo” plural, colectivo. Como en toda representación se produce un intersticio, una tensión, algo que permanece incomunicable, inenarrable. Ningún lucanamarquino participó en las audiencias públicas. Sus testimonios fueron recogidos para el estudio a profundidad desarrollado por el equipo de investigación de la CVR en Lucanamarca.[5]

Fue a raíz de este estudio y en medio de grandes críticas de sectores conservadores sobre el trabajo realizado en la CVR, que los comisionados tomaron la decisión política de usar el caso Lucanamarca (como pasó a denominarse) en su campaña de difusión de casos.[6] Se trataba de un caso emblemático porque era la primera acción armada reconocida por Sendero Luminoso contra una población civil; porque, además, el equipo de la CVR contaba con el apoyo de la población; ya se habían realizado exhumaciones de las fosas comunes y resultaba idóneo para que la Comisión haga frente a las constantes denuncias que ellos estaban ahí

“para llevar a la cárcel a los militares. Entonces una masacre de Sendero venía como muy a pelo. Pero todo es una cadena. No es tampoco de que había tres masacres listas y escogimos esa porque era de Sendero, sino porque era una razón adicional a favor, porque ya estaba toda la investigación hecha vía esta relación con el pueblo. Y mi recuerdo general es que sí hubo una participación activa nuestra, nosotros asumimos la entrega de los cuerpos a las familias, entonces, recién llego al metro, eso era una propuesta mía o de la comisión de que valdría la pena hacer una representación del caso y que salga en el medio”. (Rolando Ames, Lima, 8 de febrero de 2011).

El Boletín sirvió para dar a conocer el caso a la opinión pública y de alguna forma se transformó en una restitución simbólica para las víctimas y de la localidad.[7] La investigación y recojo de testimonios de la CVR se dio a inicios del 2002 y la exhumación de restos en noviembre del 2002. La CVR cumplió con la entrega de cuerpos y en el verano del 2003 se realizó una conmemoración pública en la Iglesia de la Recoleta en el centro de Lima en homenaje de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados por tierra hasta Lucanamarca y hasta ahí acudió el Presidente Alejandro Toledo para acompañar a los sobrevivientes.[8]

Lucanamarca es de los pocos poblados andinos donde además de la conmemoración simbólica, las exhumaciones y entierros dignos,

se ha realizado una reparación económica colectiva y siete pobladores fueron sorteados para recibir una reparación económica individual. La inscripción en el Registro Único de Víctimas se dio de la mano de COMISEDH. Los primeros inscritos fueron los miembros de la Asociación de Víctimas de la Masacre del 3 de Abril de 1983. Se trata de una población con una gran mayoría de inscritos en el RUV esperando su reparación económica.

En este capítulo se analiza la experiencia de la reparación económica en su dimensión colectiva e individual y en la manera cómo ha sido percibida por los pobladores de Santiago de Lucanamarca. Se observa que entre la norma y la forma cómo esta se implementa hay una gran distancia. Varios autores resaltan la fragmentación y la escisión en la manera cómo se implementan las políticas públicas (Cotler 2001, Degregori, 2001, López 1998,)[9] y el caso de la reparación no es una excepción. Primero se discutirá lo que ha sido la construcción de una piscigranja como principal proyecto de la reparación económica colectiva. Y en la segunda parte, se presentarán casos donde se discutirá lo que se siente y espera para la reparación económica individual.

La pisci-granja como reparación económica colectiva

“En Huanzo los comuneros toman ron para pagarle a la laguna. Toman ron para que el cerro y la laguna no se molesten. Toman pequeños vasos e intercalan uno para ellos y otro para esparcirlo por la tierra. Esto lo hacen al costado de la casa del cuidador de la laguna llamado Ángel. Luego de eso preparan el pequeño bote para entrar a la parte de la laguna donde está su piscigranja de truchas. Al llegar empiezan a contarlas y alimentarlas. Permanecen cerca de una hora haciendo los arreglos necesarios. Nos cuentan que vienen cada vez que pueden, que por lo general lo hacen una o dos veces al mes. Ángel vive solo en la laguna. Tiene una estancia en una puna más arriba. De ahí trae leche y algunos otros insumos para su alimento diario. En camino a Huanzo vimos distintas estancias. En ninguna vimos muchos animales, pero sí era claro que los comuneros identificaban muy bien al dueño de la estancia. Pasamos por la estancia de un Curitumay. De ahí, la estancia que era de Cirilo, su primo. La estancia de Cirilo es muy extensa y entre los comentarios que hacían los comuneros escuchamos harta tierra tiene este viejo, de acá para abajo hasta el río . Avanzamos un par de kilómetros y yo pregunté de quién era esa estancia y me dijeron que seguía siendo de Cirilo y que él tenía hasta como para meter tractor y cultivar porque la zona era plana. Un poco más allá estaba la estancia de Eleodora Huancahuari.”

Notas de campo de Vera Lucía Ríos. Laguna de Huanzo, Lu-canamarca, 4 de octubre de 2011.

La reparación, en términos generales, se asume como un derecho de recuperación de ciudadanía y reconocimiento de las víctimas por parte del Estado. Así se percibe desde la CVR y así también aparece en el Decreto Supremo que establece la creación de un Programa de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno para el caso peruano. Pero no hay claridad sobre cómo llevar las reparaciones a cabo. Por ejemplo, en una reunión en la CMAN, una representante del equipo técnico de la secretaría ejecutiva narraba las dificultades que tenían para dialogar con los representantes del Ministerio de Economía para quienes la aprobación del presupuesto del año 2012 era suficiente para cubrir las necesidades de implementación del programa de reparaciones económicas.[10] Para los funcionarios del Ministerio de Economía es suficiente cubrir los “costos”. Es decir, “reparar” a la víctima del conflicto armado interno se convierte en un número en términos del presupuesto del Estado y no contiene su sentido de restitución ciudadana.[11]

Estas discusiones al interior de la comisión multisectorial muestran que no hay claridad sobre los objetivos de ejecución de un programa de reparaciones desde el propio Estado. Ya que mientras en CMAN, la renunciante secretaria ejecutiva Isabel Coral[12] salía en ceremonias públicas a pedir perdón en nombre del Estado[13], en la actualidad se observa que no hay mayor interés en continuar con el trabajo de inscripción en el Registro Único de Víctimas.[14]

En el 2007 y con un presupuesto de 30 millones de soles, la CMAN comienza con el programa de reparaciones económicas colectivas. Como el registro de víctimas era incipiente, toman como base la información que existía en el Censo para la Paz y en el Informe final de la CVR. Priorizar las reparaciones económicas colectivas fue una decisión política del entonces Presidente aprista Alan García Pérez ante la presión mediática de mostrar en sus primeros cien días de su segundo gobierno voluntad de resarcir los daños ocasionados durante su primer mandato (1985-1990), que coincide con un periodo álgido del conflicto armado interno.[15]

En la implementación de un programa de reparaciones económicas colectivas se tuvo que definir los lincamientos del programa. Esto es, si se llevaría a cabo con centros poblados, comunidades u organizaciones en zonas rurales y sobre las negociaciones que habrían de darse con las instituciones del Estado presentes en la localidad. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), instancia de quien depende la CMAN, se tenían varias alternativas en la forma cómo debía implementarse el programa, como cuenta Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la CMAN durante el periodo del segundo gobierno aprista:

“Entonces teníamos 3 alternativas. Se podía crear una unidad ejecutora aquí en PCM, que de alguna manera necesitaría un patrón centralista pero evidentemente con la idea de hacerlo mejor, de hacerlo directamente y a un costo alto en gasto corriente…. Se podía trabajar con gobiernos regionales que era una propuesta de la sociedad civil, que quería que se trabajara los Consejos Regionales de Reparación, espacios de incidencia que han logrado ellos, sobre todo en los periodos anteriores a los gobiernos regionales. Y tercero eran las municipalidades ejecutoras, que era algo que se había trabajado mucho con la Unión Europea. Para nosotros la rentabilidad social estaba en trabajar con gobiernos locales porque ellos no permitían racionalizar los gastos, ellos ponen el equipamiento, las instalaciones, el personal, los gastos de desplazamiento.” (Lima, 15 de marzo de 2011).

La CMAN opta por comenzar con el programa de reparaciones económicas colectivas en el primer trimestre del 2007. Se toma la decisión de trabajar con los gobiernos locales con los riesgos que implica la frágil institucionalidad y capacidad de convocatoria y como dice Aliaga, “un proceso de descentralización en donde se transfieren más que nada recursos, obligaciones, más que capacidades, pero era un riesgo necesario de correr, nadie le garantiza a uno que una unidad ejecutora propia con un gasto corriente elevado, con tantas denuncias de ineficiencia, públicas de corrupción.” (Lima, 15 de marzo de 2011).

El énfasis se pone en el trabajo colaborativo y en la participación que debe venir desde los gobiernos locales en el diseño de los proyectos que serían aprobados como reparaciones económicas colectivas. Sin embargo, en muchas municipalidades no se cuenta con especialistas que ayuden a la población a pensar en proyectos sostenibles. Con instituciones políticas frágiles, poca gente y escasos recursos no hay mucho que pueda hacerse.

“El alcalde dijo que deberían de hacer minka [Trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad] para la piscigran-ja. El lunes viene un ingeniero a capacitar a Ángel en el mantenimiento y cuidado de la piscigranja. A él le gustaría que el encargado fuera una familia, para que no esté una persona sola. No les conviene capacitar por poco tiempo. Sería bueno explotar su potencial turístico, por eso la alcaldía está ampliando la carretera hasta arriba. La piscigranja tiene más o menos 500 truchas. Para la carretera habían 230 mil (nuevos soles) y que se habían usado solo 100 mil nuevos soles. En el distrito no hay ninguna otra piscigranja. Quieren abastecer a la comunidad y a los anexos (venta) y a la provincia. En Huanzo hay dos lagunas. La piscigranja está en la primera laguna. La segunda laguna “no la han domesticado” por eso “los bota”. Lo que hace la laguna es olas para sacarte o si duermes al costado sueñas que te quiere matar. Ángel, el cuidador, se toma un vaso de ron todos los días para poder dormir. El alcalde dice que no cree que salga la reparación para este año. Dice que el presidente de la comunidad no tiene capacidad logística, por lo que queda en manos del municipio. En Paliza hay otra piscigranja particular. El dueño es Honorio García Yarihuamán. Maribel dice que la trucha de ahí no es tan rica y que el kilo está en 7 nuevos soles.”

Notas de campo de Vera Lucía Ríos. Laguna de Huanzo, Lu-canamarca, 4 de octubre de 2011.

Lucanamarca es una comunidad y distrito que se dedican mayoritaria-mente al pastoreo. Al ver la piscigranja en la Laguna de Huanzo, una de mis estudiantes se pregunta:

“¿Cómo es que los 143 mil nuevos soles correspondientes al monto de reparación colectiva se han disuelto en la elaboración de un proyecto de infraestructura pobre, que no ha traído ningún tipo de beneficio a la comunidad y mucho menos a las víctimas directas de la violencia?” (Leonor Lamas, 4 de octubre de 2011).

Hay un desfase, que Barrenechea (2010) también señala, y es el encuentro de una política pública débilmente implementada desde el Estado con una institución política local frágil y la ausencia crónica de “reparadores” en el espacio local.

Desde la CMAN se estableció que los beneficiarios de un programa de reparación económica colectiva tenían que negociar en asamblea comunal y con las autoridades respectivas, el proyecto que se imple-mentaría con el dinero recibido de la reparación (aproximadamente S/. 100 mil nuevos soles).[16] En Lucanamarca, la reparación económica colectiva se dio entre el 2007 y el 2008.

Hay dos antecedentes a este proyecto de piscigranja como reparación económica colectiva. Hubo a mediados del 2000 el intento de reparar a autoridades que hayan padecido durante el conflicto armado interno. En ese momento y por impulso de la CVR, Gualberto Tacas, alcalde en el momento de la masacre en 1983 y sobreviviente de la misma, recibió del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) una vivienda que edificó en su chacra en Sulcaray (a la entrada de Lucanamarca). Actualmente existen ahí cerca de 30 viviendas, que con techos de calamina roja donde se lee PAR, irrumpen en el paisaje para retratar un proyecto a medio hacer de reparación. El segundo antecedente fue impulsado por la ONG COMISEDH, quien con apoyo económico internacional abrió una panadería que serviría para generar recursos para la Asociación de Víctimas de Lucanamarca. Nunca he visto la panadería en funcionamiento.

A la fragilidad del sistema político local se debe aunar una precaria sociedad civil con una Asociación de Víctimas de la Masacre del 3 de Abril que solamente cuenta con un presidente y muy poca participación local. Se observa aquello que señalara Avila (2004) hace algunos años, y es que a lo largo del periodo de pacificación (esto es, desde 1992), se instaló en las provincias ayacuchanas una cultura política vertical, autoritaria y de participación débil. En los años noventa se creó una maquinaria estatal que funcionó como mecanismo de articulación “desde arriba”, “con una sociedad civil cada vez más fragmentada e indefinida”.[17] Se fundó desde entonces “un pacto híbrido entre ciudadanía y clientelaje” entre los campesinos y el Estado peruano. Mucho del espacio perdido por el Estado, fue ganado en Lucanamarca por la ONG COMISEDH. Son los miembros de la ONG quienes han impulsado, por ejemplo, el desarrollo de un Plan de Desarrollo Concertado para Lucanamarca donde se incluye poco el tema de las reparaciones. El tema formó parte de la discusión del Estatuto en términos simbólicos pero no como parte de una propuesta de participación política.[18] Lo cual también evidencia cómo la ONG coloca su propia agenda en la política local.

En Lucanamarca la reparación económica colectiva llega por iniciativa de COMISEDH y es recibida en el 2007. En el 2008 ya estuvo concluido el proyecto de la piscigranja. En los anexos de San Martín de Tío y San José de Huarcaya, donde los pobladores también han recibido reparación económica colectiva, se optó por la construcción de una casa comunal. Ciertamente el alcalde que impulsa la piscigranja tiene problemas de corrupción en la localidad.

El problema es que en Lucanamarca la piscigranja ha pasado a ser vista como “obra del alcalde”. Sucede aquello que ya O’Donnell (citado en Avila, 2004) percibía y es una confusión entre persona y personaje. No hay una consciencia sobre la posibilidad de que la reparación sea un derecho de restitución de ciudadanía. Tampoco hay un compromiso claro de participación de la población. La obra queda como proyecto de la alcaldía y por lo tanto son funcionarios del municipio quienes le dan mantenimiento -aunque sea visitándola y llevando comida para el vigilante y las truchas una vez al mes.

Pero esto no era lo que percibía Jesús Aliaga cuando era secretario ejecutivo de la CMAN. Para él, las reparaciones económicas colectivas tenían que implicar “un compromiso importante de parte de las autoridades locales”. Cuando nosotros empezamos este proceso, para comenzar, recuerdo que una persona me dijo, “en Ayacucho no se entienden lo de “reparaciones colectivas”, la gente piensa que es colectivo con el que todos se desplazan”, era un chiste, casi no se usaba el termino de reparaciones, era muy poco usado.” Además, agrega:

“ahora ya se ha asentado tanto que las autoridades locales saben que son reparaciones, la comunidades saben qué es una reparación colectiva. Hay una gran demanda de inclusión. Llegan todos los días solicitudes de pequeños pueblos que dicen ‘hemos sido castigados por la violencia, nos corresponden reparaciones colectiva, entonces quieren ser incorporados al proceso. Ese fue uno de los lincamientos, entonces trabajaremos con los gobiernos locales.” (Lima, 15 de marzo de 2012)

Al ser la piscigranja administrada por el municipio, y ser el alcalde quien tiene que estar al cuidado de las truchas y de la supervisión del vigilante, esta obra es percibida como parte de los proyectos de la alcaldía. Por ello también la población le critica directamente al alcalde que no distribuya o venda las truchas.[19] Desde el Estado se piensa la reparación colectiva como obra comunal que tiene que estar administrada por el gobierno comunal. Pero al pasar por el municipio (como es el caso de Lucanamarca), se queda como parte de la gestión del alcalde a la que nadie tiene acceso más que el alcalde. De ahí se generan comentarios como que el alcalde vende las truchas muy caras, y que el alcalde responde que hay una “plaga de aves que se comen las truchas”. Los desfases sobre el tema de la reparación económica colectiva provienen de distintas direcciones. Desde entidades del Estado alojadas en la CMAN, sobre todo desde aquellos funcionarios del Ministerio de Economía que deben trabajar el tema en términos de presupuesto, se opina que las reparaciones forman parte de un programa de asistencia social del Estado. Desde el municipio local que lo administra se transforma en una obra de la alcaldía y esto mismo se reproduce en la mirada y percepción de la población. La reparación económica colectiva queda reducida a un proyecto de desarrollo local. En ningún caso se la ve en su dimensión de derecho de las poblaciones que padecieron el conflicto armado interno.

Experiencias de la reparación económica individual

Con las reparaciones económicas individuales sucede más o menos lo mismo. Fue una voluntad política del anterior presidente aprista Alan García Pérez antes de terminar su mandato. El 16 de julio del 2011, esto es doce días antes de abandonar el cargo, emite el Decreto Supremo-051-2011-PCM. En este se establece un presupuesto de algo más de 3 millones de nuevos soles para la entrega de reparaciones económicas individuales. Dos fueron los grupos de pobladores beneficiados: adultos

mayores de 65 años que son padres o cónyuges y adultos de 80 a más años para los progenitores de sobrevivientes de víctimas de asesinato, desaparición, violación sexual o discapacidad por el terrorismo. Se fija el monto de 10 mil nuevos soles pero no se establece un reglamento para la entrega efectiva del dinero, y se realiza un “sorteo” entre la potencial población de victimas beneficiadas. Como resultado, 514 adultos mayores, siete de ellos, sobrevivientes de Lucanamarca, resultan beneficiados con este programa inicial.

Para la anterior secretaria ejecutiva de la CMAN, Isabel Coral, este Decreto Supremo se dio sin consultar con las organizaciones de víctimas estableciendo un monto, regla de distribución, criterios de priori-zación y hasta un plazo de determinación para sus beneficiarios (31 de diciembre de 2011). La CMAN solicitó la modificación de este Decreto Supremo por considerar que el monto era irrisorio como restitución de la vida de una persona y el sufrimiento de un sobreviviente. Además, la CMAN considera que no puede detenerse el periodo de identificación y determinación de los beneficiarios de la reparación. No es democrático que quienes se inscriban en el RUV después del 31 de diciembre de 2011 no puedan acceder a una reparación económica individual.

Aquí algunas de estas historias de Lucanamarca que muestran la complejidad del ser y sentirse víctimas y las dificultades en la im-plementación de un proceso de reparaciones económicas individuales.

Envenciana

“Salí temprano del hotel rumbo al mercado para comprar unas chaplas que llevarle a la señora Envenciana. Me abre la puerta su nuera y ella aparece desconfiada preguntándome si sería de alguna organización de derechos humanos. Luego me dice que como todavía no tiene 65 años no le ha tocado la reparación económica y que su vida desde la muerte de sus padres y esposo ha sido un ir y venir, sin casa, sin hogar, sin comunidad. Me pregunta si realmente ella tiene la posibilidad de recibir alguna compensación económica. No pude darle una respuesta certera.”

Notas de campo, Ayacucho, 9 de agosto de 2011

La historia de Envenciana está atada con el momento de la masacre del 3 de abril de 1983. Su madre era pastora de la señora María de la O Allaucca Tacas, casada con el viudo Zenón Curitumay. La señora María de la O toma a Envenciana como “hija de juramento”, es decir, asume su crianza como hija adoptada a través de una relación de compadrazgo.[20]El compadrazgo es una institución mediterránea que llega al Perú en el tiempo de la colonia española. Ha sido descrito como una forma de cooperación entre familias a través de la cual funciona la comunidad económica y políticamente mediante la reciprocidad, la redistribución y también el conflicto (cfr. Mayer y de la Cadena, 1989). Envenciana narra así cómo se convierte en hija de juramento:

“Mi papá y mi mamá eran pobres. Soy hija de pobres y cuando nazco mi mamá me abandona. Cuando estaba pequeñita papá abandonó a mi mamá. Cuando le abandonó mi papá, por capricho, mi mamá se metió con otro varón. Me abandonaron recién nacidos. María de la O me ha criado desde que he nacido.” (Ayacucho, 9 de agosto de 2011)

Por Allauca es que la señora María de la O recibe muchas propiedades, entre pastizales y ganado. Envenciana cuenta que no estudió en la escuela. Gran parte de la conversación transcurre en quechua, su idioma materno. Por momentos tenemos que recurrir a su nuera, que se encuentra presente en la conversación, para que nos ayude con la comunicación. Mi quechua es pobre. Cuenta Envenciana que se crió acompañando a su madre de juramento en la puna con el ganado. Los hijos de Zenón si estudiaron. Asistieron al Colegio Los Andes en Huan-casancos y algunos de ellos, como Olegario, intentaron estudiar en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Envenciana tenía quince años cuando su madre de juramento se casa con Zenón Curitumay. Al poco tiempo ella se casa con Gliserio Rojas con quien tiene tres hijos (Sócrates, Chayo y Amílcar). En algún momento se separa de Gliserio y tiene una hija. Gliserio a su vez se junta con la hermana de Envenciana con quien también tiene hijos.

De la manera cómo está estructurado el Registro Único de Víctimas, no permite que parientes relacionados con sujetos vinculados a los grupos alzados en armas puedan inscribirse. Si bien Envenciana no comparte los apellidos con sus medios hermanos, cuando Zenón Curitumay se casa con María de la O, asume también a Envenciana como hija de juramento. Zenón era padre de Honorio, Baldomero, Olegario y Nicanor. Con María de la O tuvo un hijo, Wilber (conocido también como “Curacha”), quien está desaparecido.

Su nombre aparece en el RUV como Envenciona Huancahuari Quispe y logra su inscripción a través de COMISEDH. Esta ONG es la que presenta el caso Lucanamarca ante la CVR para que sea “estudio a profundidad”. Elizabeth Castillo señala que cuando comienza el trabajo de la CVR, COMISEDH realizaba entrevistas en Huancasancos.[21] Así un equipo de la ONG ayacuchana llega a Lucanamarca y ahí se percatan de lo que había ocurrido y por los silencios ahí encontrados, es que eligen este caso para presentarlo ante la CVR. Lo que sigue es una decisión del equipo de investigación de la CVR de preparar un informe a nivel de historia regional que incluya Lucanamarca y los otros distritos de Huancasancos, como son Sacsamarca y Sancos. Son los tres distritos que se rebelan contra Sendero Luminoso y que son violentamente reprimidos. Además, está la decisión política de los comisionados de la CVR de tomar estos casos como ejemplo para contrarrestar la crítica que venía de grupos conservadores que equiparaban el trabajo de la CVR con el de una defensa o apología al terrorismo. Por eso también Lucanamarca se convierte en el primer caso que la CVR saca a la luz pública. Pero, en el caso de Lucanamarca hay un punto adicional, y es que ahí ya se han llevado varias investigaciones que van desde el trabajo realizado en COMISEDH, la CVR, como el actual llevado a cabo por varios estudios extranjeros y nacionales. ¿Cómo trabajar con una población que ya está cansada de responder preguntas sobre el mismo hecho? ¿Qué hacer para no recibir las mismas respuestas pre-establecidas, para salir de los consensos comunales? Eso se convierte en un reto pero también en un problema metodológico. Y esa desconfianza es comprensible en el caso de Envenciana.

La señora Envenciana tiene dos expedientes, que han sido anexados en el RUV. En uno ella aparece como esposa de Gliserio Rojas Quincho, asesinado por Sendero Luminoso en Lucanamarca en 1983 y en otro archivo ella figura como familiar (hija) de María de la O Allauca Tacas. Es básicamente por no compartir apellidos con los Curitumay que ella llega a inscribirse en el RUV. Pero otro familiar, por ejemplo, el señor Alejandro Curitumay Cuba, quien figura en varios expedientes como pariente no ha sido calificado, su expediente ha sido observado y por lo tanto no tiene inscripción en el RUV. Estas personas fueron inscritas en Lucanamarca, Envenciana lo habría realizado en algún momento durante el trabajo de COMISEDH para la CVR. Adicionalmente, el Consejo de Reparaciones llevó a cabo una campaña de registro en Lucanamarca durante el 2008. En esa ocasión se desarrolló lo que se conoce como “barrido” que es registrar a todas aquellas víctimas que no aparecen en los listados de la CVR. La mayoría de la población de Lucanamarca actualmente forma parte del RUV.[22] Pero, ¿qué significa esto en términos de reconocimiento ciudadano? ¿Hace esto ciudadanos con derechos a los lucanamarquinos? La situación es mucho más compleja.

Los testimonios de la señora Envenciana Huancahuari muestran dos discursos que se elaboran desde la comunidad sobre lo ocurrido en los primeros meses de 1983 y que llevan a la respuesta sangrienta de SL. Estas narraciones expresan negociaciones acerca de qué decir sobre la muerte de los Curitumay. Y aquí hablamos en plural porque no fue solamente Olegario quien fallece, sino también otros de sus hermanos, sus padres y miembros de la familia. Un relato es aquel brindado a la CVR por la mayoría de comuneros. El Informe final de la CVR enfatiza los hechos ocurridos el 3 de abril de 1983 y la organización de la comunidad para rebelarse contra Sendero como un mecanismo de defensa y protección de sus bienes y propiedades. Se hace hincapié en la reivindicación de Guzmán en la Entrevista del Siglo. En las entrevistas y testimonios revisados de la CVR se narran los hechos, solamente son las entrevistas de Honorio Curitumay y Envenciana Huancahuari que destacan la participación de la comunidad, pero a partir de la muerte de los padres. Hay algo impreciso sobre qué piensan sobre la muerte del hermano. Pero sí queda claro que lo que más les afecta es la muerte de los padres. Y estos testimonios no ocultan la responsabilidad de la comunidad en el asesinato de los padres y hermanos Curitumay y aparentemente de otros senderistas que también habrían sido asesinados antes y después del mes de marzo de 1983.

Existen dos hipótesis sobre los testimonios recogidos por parte de la CVR y que no permiten ver que se trató de una decisión comunal. La primera idea es que los investigadores de la CVR prestaron atención a los hechos del 3 de abril y querían una descripción acuciosa de estos y la otra, es que se toma una decisión comunal de centrar la culpa en Olegario como líder y representante de Sendero en la comunidad. Por ello los investigadores de la CVR se centran en la muerte de Olegario como el antecedente más importante antes de lo ocurrido el 3 de abril de 1983. Sin embargo, la represalia senderista habla de varios “camara-das” muertos. Honorio Curitumay señala que fueron nueve senderistas muertos en diferentes momentos, seis muertes ocurridas los días previos a la de su hermano y tres en los días posteriores. Estos muertos no aparecen más en la historia que narra la comunidad. La culpa del ingreso de Sendero a Lucanamarca se centra en Olegario y su familia. Sobre ellos recae el estigma y la marginación. Sin embargo, cuando uno está en Lucanamarca se percata que además de los casos de Honorio y Envenciana que son visiblemente discriminados en la comunidad, hay otros que viven bajo sombras -esto es, que no participan en las asambleas ni en las ceremonias públicas. Aquí hay un gran vacío y varios fallecidos que quedan en el olvido.

La segunda narración expresamente muestra que detrás de todas estas muertes hubo una serie de negociaciones tomadas por la comunidad en asamblea. Esto, sin embargo, no figura en las actas de las asambleas comunales. Es narrado por Envenciana Huancahuari y Honorio Curitumay. Al momento de los hechos de 1983, Honorio se encontraba en Lima. Es la señora Teobaldina Quincho (cuñada, esposa de Baldomero Curitumay) quien le dice expresamente que después de la muerte de Olegario, acusan al padre (Zenón Curitumay) de viajar a Vil-canchos para encontrar al otro hijo Wilber (alias Curacha) y programar la masacre. Wilber era reconocido como senderista y se encontraba en trabajo de proselitismo en Vilcanchos. Los padres estuvieron detenidos en la cárcel durante casi todo el mes de marzo de 1983. Después de la muerte de Olegario el 22 de marzo de 1983, los padres salen de la cárcel. El padre se va a su chacra y se rumorea que ha viajado a Vilcanchos a buscar a su hijo Curacha. Luego de la masacre, lo acusan de haber planeado con este la venganza de Sendero. Por eso el 4 de abril es tomado prisionero con su esposa y ambos son asesinados luego de una asamblea comunal, en el Consejo.

“… ese día domingo fue la masacre y el día lunes a mis padres lo habían matado la gente del pueblo, después de hacer una asamblea, solo al día siguiente fue haciendo asamblea que lo mataron a mis padres. A mi mamá la habían ahorcado a la pata de la banca del Consejo dentro del Consejo, y mi padre había demorado porque habrá demorado cuando lo llamaron. Uno por uno los había ahorcado llevándolos y a mi madre le había visto que había sido ahorcada y que todavía intentaba salvarse, y viendo eso había corrido mi padre a pedir auxilio. En eso alguien lo había adelantado, lo había golpeado con hacha, ese que lo golpeó es Teófilo X, que en la actualidad está vivo, me dicen que está en lea, los dos han escapado después de hacer eso y Timoteo Y lo había agarrado del brazo… ese Timoteo vive en el mismo pueblo, ese es todavía profesor, en eso dice que la población que estaba en la asamblea se había escapado con admiración. Ahí dice que mi padre estuvo tirado en la puerta de Consejo chorreando sangre.” (Envenciana Huancahuari, Centro de Información de la Defensoría del Pueblo, testimonio ante la CVR, 2002).

Envenciana describe en sus narraciones que la familia era perseguida incluso antes de las muertes. En algún momento vieron la posibilidad de mudarse a las chacras y después de la muerte de Olegario, todos los parientes fueron apresados y mediante “fiadores” es que salen de la cárcel. Envenciana señala que hasta una abuelita estuvo prisionera con ella. Después de la muerte de los padres, ella huye. En sus testimonios Envenciana brinda los nombres de gente que aun reside en el pueblo. Que está allí todavía y señala que luego de la muerte de sus padres ocurre el hecho que ella hasta ahora reclama: el despojo de sus tierras y propiedades.

“…cuando me fui de inmediato, lo separamos de lo que había hecho guardar, cuando estuvimos terminando de separar mis animales, se presentaron en mi estancia y mataron dos carneros para comer, y ni en pedazo me dieron y sacaron las 300 ovejas del corral de mi madre y se llevaron a la granja comunal diciendo que nosotros ya no éramos dueños de nuestros animales y no me dejaron ni hablar, pese que les estuve explicando que yo no tenía estancia propia y que cuidaba los animales de mis padres porque era pobre, que aunque sea que me dejen los míos que son 50 animales. Ahí doña Segundina (pastora de la familia) me dijo: qué vamos a hacer, dónde para nosotros va haber justicia o algo me dijo mientras yo lloraba cargada de mi hijo, pese a que estaba llorando mi hijo de hambre no me dieron nada de comida, y se llevaron todo, absolutamente todo, y hasta ahora no me dieron ni vaca ni nada, ni por lo que he servido a ellos me dieron.” (Centro de Información de la Defensoría del Pueblo, testimonio ante la CVR2002).

No están claros los años de la muerte de Curacha ni de Nicanor, los otros hermanos Curitumay que estuvieron en Sendero Luminoso. En nuestra conversación personal, Envenciana narra que sale de Lucana-marca después de la muerte de sus padres porque comienza a recibir muchas amenazas. Ella incluso llega a dejar una denuncia en Huan-capi y otra en Cangallo. Describe su vida como un “ir y venir”. Cuenta que luego de la muerte de sus padres de juramento se fue a vivir a lea donde trabajaba vendiendo “canchita” hasta que un señor que vendía ganado en Huamanga y la recordaba como hija de la señora María la encuentra y le dice que regrese a vivir a Huamanga. Su vida en Huamanga es igualmente dramática, sin casa ni lugar dónde residir, vive “arrimada” en casa de otros. Cuando la entrevisto me cuenta precisamente que tiene pronto que mudarse y que regresará a ENACE, que es un conjunto habitacional que formó parte de un plan estatal de viviendas a bajo costo.

En Huamanga ella se refugia en la ANFASEP. ANFASEP nace a inicios de los ochenta en Ayacucho. Es una organización fundada por la señora Angélica Mendoza e integrada mayoritariamente por mujeres quechuahablantes que buscaban a sus desaparecidos en los alrededores del Cuartel Los Cabitos (Tamayo, 2003).[23] Es la señora Angélica quien invita a Envenciana a formar parte de la asociación a la cual se incorpora en 1985 como la socia número 100. Envenciana participa de las reuniones mensuales y ha participado en vigilias, marchas y protestas conducidas por la asociación. Al formar parte de ANFASEP, Envenciana busca reparaciones económicas individuales porque no tiene cómo reintegrarse a la vida de la comunidad. Ella quedó waqcha sin familia ni parientes y exiliada de la vida social de la comunidad. Y aparentemente no es la única. La hija de Froilán Ruiz es otro caso similar. La desigualdad económica y de acceso a recursos en Lucanamarca es evidente. Hay una élite local que no deja que “otros” accedan a puesto políticos, por ejemplo.

Y personas como Envenciana no resultan beneficiadas, porque ella ya no es reconocida como parte de la comunidad. Por ello, ella continúa su búsqueda de reconocimiento por canales como ANFASEP. Estas asociaciones externas pero convocantes le ofrecen la posibilidad de mostrarse también como víctima. Y se inserta en la agenda de la asociación y comienza el proceso de inscripción en el RUV para lograr ser potencial beneficiaría de un programa de reparaciones económicas individuales.

“¿Hasta cuándo yo voy a esperar así? ¿así? ¿Hasta cuándo voy a mirar ese papel que he recibido? [mientras señala su certificado de inscripción]. Y ahora están recibiendo quienes no han caminado por eso. Los que han venido ahora de afuera, esos están empezando a recibir, pero no los que hemos caminado todavía. No sé cuál es la reparación. Unos dicen 5 mil, otros dicen 10 mil. No sé cuál es la cantidad. Pero no me resulta ni de mi esposo, ni de mi hermana, no me resulta [esa cantidad]. Ha hecho tanta perdición porque hubiera educado, hubiera tenido buenos intereses de mis hijos, de mi esposo, de mi hermana. Nos ha hecho abandonar todo, nuestro terreno. No hubiera dejado mi ganado. Con mi ganado, no importa llorando abrazado hubiera educado a mis hijos. No hubiera sido así. No me importa esa parte de mí. Ya hemos pedido más.”

Prosigue narrando las actividades relacionadas con la asociación:

“Hemos marchado a Lima. Hemos llegado a Lima. Ahí él Ques-quén [Velásquez Quesquén, Primer Ministro entre julio de 2009 hasta setiembre de 2010] nos ha firmado 120 mil [nuevos soles] y ahora nos han humillado con esos 10 milcieto [diez mil nuevos soles]. En su tiempo de él [primer gobierno de Alan García] ha habido esa muerte. Primero empezó con Belaúnde, con García, con él hubo la muerte. Y estando eso porqué ahora hacen esto para nosotros. Ha hecho un error. Este error tienen que reconocer. Nuestra pensión debe reconocernos. Nuestro abogado ha ido a Lima [se refiere a Yúber Alarcón, abogado de ANFASEP]. Estaremos yendo de vuelta con marcha a Lima. No vamos a estar conforme nunca, nunca. Del Estado no nos hemos prestado nada, ni ganado, ni terreno, nada. A la chacra en lea he ido a trabajar. Iba a las cosechas con mis hijos. Con eso he ayudado crecer a mis hijos, he educado a mis hijos. Esto no debe hacernos el Estado. Aunque vivo, aunque muerta sigo reclamando. Esa es mi vida. Quiero regresar. No tengo casa en mi pueblo. Puedo regresar a vivir en mi pueblo pero no tengo casa. Otros están aprovechando casas, otros están aprovechando llamas, ovejas…” (Envenciana, Ayacucho, 9 de agosto de 2011).

Sin embargo en Lucanamarca no se ve únicamente la discriminación a los familiares de los senderistas, sino que la misma comunidad está inmersa en un círculo vicioso de marginación y estigmatización tanto dentro como fuera de ella. Un ejemplo de esto es lo que cuenta Pastor Quincho en esta cita: “Los militares que te encontrabas algunos eran contemplativos o no. Te decían: tú eres de Lucanamarca, eres terruco, sólo que te has volteado y te has vuelto autoridad.” Esto se puede haber visto como un efecto de que la comunidad no haya sido ajena al discurso senderista sino que en un momento inicial participó o avaló esta ideología por lo que el estigma quedó sobre ellos como una suerte de marca imborrable de la cual están en constante búsqueda de eliminar para encontrar un verdadero reconocimiento de parte del Estado y de las autoridades.

Rolando Ames, en una conversación en la Universidad Católica en febrero de 2011, señala que “lo más complejo de la violencia, es la coexistencia posterior a la violencia de gente que había tomado partido por los dos lados en el mismo lugar, eso no ocurre en todas partes, pero ocurre en muchas, pero Lucanamarca es un caso ejemplar. Y yo creo que nosotros [comisionados] en eso si como comisión fuimos muy externos, creo que el límite de esas comisiones es que son de días de fuera”. Para Ames, el trabajo de una Comisión de la Verdad no debe quedar en el recuento de hechos y en sus recomendaciones, sino que debe dar pie para que continúe la judicialización de casos como parte de un proceso de justicia transicional. El problema que queda pendiente es el de casos como los de la señora Envenciana. ¿Cómo pueden recuperar sus vidas en comunidad? ¿Cómo restablecer los lazos sociales? Consideramos que esto último no puede hacerse solamente a través de procesos simbólicos de dignificación de víctimas ni reparaciones.[24]

Orfelinda

Directora y profesora de la escuela inicial de Lucanamarca, su padre, Antonio Quincho, fue sorteado para recibir una reparación económica individual -es uno de los siete beneficiados de Lucanamarca- pero falleció poco antes de enterarse de la noticia. Tenía 87 años. Antonio Quincho había estudiado escultura en la Escuela de Bellas Artes en Lima. Era pintor y escultor. Hacía retablos que vendía para las celebraciones de las herranzas o marcaciones de ganado vacuno. Él restauró la iglesia de Lucanamarca después de la masacre, ya que fue uno de los lugares donde encerraron y asesinaron a varios comuneros. También hizo las imágenes de las capillas que suben a la puna y la capilla en la cual se comienza la limpieza de acequias, que es una de las principales celebraciones del pueblo.

El antropólogo Renato Rosaldo (1989) tiene un clásico estudio sobre los ilongotes de Filipinas donde describe cómo canalizaban la rabia cortando las cabezas de sus enemigos. Es así como inicia su célebre estudio Verdad y Cultura para explicar un sentimiento tan humano como la aflicción y la rabia. Intenta encontrar una explicación a aquello que es reprochable, pero qué, como lo explica un cazador de cabezas, cortar la cabeza de la víctima es expurgar la pena. Al hacerlo, Rosaldo intenta dar “profundidad cultural” a la idea de muerte. Hasta que a él le sucede lo que los ilongotes narran con dolor y entiende aquello que describen como “un lugar donde llevar su rabia” (1989: 15). Ante la pérdida de su esposa, él mismo también tiene deseos de salir a cazar cabezas. En este momento se da cuenta que él como investigador escribe desde un lugar de enunciación, desde un momento histórico, un contexto, desde donde se establecen relaciones de poder. Él se vuelve un sujeto (re)ubicado en la investigación. Así es como intento explicar y dar sentido a aquello que me es inexplicable y es recoger en entrevistas externas la participación de Antonio Quincho en la toma de decisiones que llevaron a la muerte de los padres de Envenciana (padres también de Olegario Curitumay). Y esto lleva también a problematizar sobre la complejidad del tema de las reparaciones en un contexto como el peruano donde las fronteras entre ser víctima y victimario no son en blanco y negro como el mismo Programa de Reparaciones plantea. Las zonas grises abundan y este caso es una de ellas.

“Sentada en un salón de clase del colegio inicial de Lucana-marca escucho a la señora Orfelinda narrar sobre el asesinato de su hermano y culpar a un maestro de la primaria. Trabajan juntos, viven en la misma localidad. Al comienzo la relación era tensa y violenta pero poco a poco fueron trabajando formas de conversar y al menos, como ella misma dice, continuar con sus vidas. No habla de reconciliación ni perdón, pero sí de volver a construir los lazos sociales rotos. Lo mismo el alcalde del municipio. Para él la envidia y la falta de confianza son los principales problemas dejados por la violencia. Es difícil trabajar en comunidad porque ya nadie tiene confianza. Sigue Orfelinda narrando la muerte de su hermana, de su madre, de su pequeño de tres años. Viste de negro porque hace poco perdió también a su padre.”

Notas de campo. Lucanamarca, 5 de octubre de 2011.

Orfelinda describe a su padre como una figura notable en la comunidad, “un líder” que en algún momento fue presidente de la comunidad. Él es quien impulsa la crianza de truchas en la zona. Es más, ella narra cómo su padre trae las primeras truchas desde Huancayo y desde ahí, por tierra, las traen a Lucanamarca y sueltan en el río. De soltero, su padre estudió en Lima, en la Escuela de Bellas Artes y hasta gana una beca para estudiar en Italia. Pero en ese momento su abuelo le pide que regrese a Lucanamarca y le arregla un “matrimonio por concierto” con la joven Rosa María Paúcar. Con ella tuvo seis hijos. Ella falleció el día de la masacre. Estaba con dos de sus hijas, siete nietos y el yerno en su estancia de Ccocha cuando fueron asesinados por la columna senderis-ta que bajaba desde la puna hasta el pueblo. Ese día Antonio Quincho pierde a 10 familiares y días después participa en la toma de decisiones que determina la muerte de los padres de Envenciana. Como narra Orfelinda, un hermano es asesinado al poco tiempo en un incidente confuso en Lucanamarca. Ahora solamente quedan tres hijos. Antonio Quincho no volvió a casarse. Se dedicó a trabajar por su pueblo y a que sus hijos sobrevivientes estudien en Huamanga. Orfelinda ingresó para seguir la carrera de educación en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga pero de ahí se cambió a un Instituto donde se graduó de maestra. En Huamanga ella tuvo un hijo con un policía que es uno de los nietos que fallece el día de la masacre.

A través de COMISEDH su padre se inscribe en el RUV para recibir una compensación económica por la muerte de su esposa. Ella también está inscrita en el RUV por la muerte de su pequeño hijo. Al respecto Orfelinda dice lo siguiente: “Hace cuantos años esperamos. Recibes cuando tú tienes 68 para arriba. ¿Qué somos? Aunque nos dan los 10 mil, 20 mil… la hija de una madre, una hermana, un hijo, no tienen precio. He perdido diez miembros de mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi hijo.” (Lucanamarca, 10 de agosto de 2011).

Uno de los más graves problemas del Decreto Supremo 051 que fija quiénes serán los potenciales beneficiarios de una reparación económica individual, no cuenta con reglamento. Es decir, este brinda las pautas para la entrega de las reparaciones pero, por ejemplo, no determina qué sucede en el caso de que la víctima-beneficiaria fallezca. Antonio Quincho fallece en el tiempo que se hace público este Decreto y su nombre aparece en la primera relación de beneficiados. Orfelinda lo cuenta de la siguiente manera:

“Nuestro padre ha salido sorteado [para la reparación] y cómo es finado ya no le van a dar. Una orden cuando el padre muere pasa a los hijos o a su cónyuge. Mi papá ya es finado. Pero nosotros para obtener eso tenemos que tener de 68 años para arriba y si son profesionales no pueden percibir. Nosotros nos hemos educado. Sabes cómo es un padre, a veces no es como una madre. Somos 6 hermanos, 2 han muerto en masacre, y uno después. Ahora ya no sé cómo nos darán.” (Lucanamarca, 10 de agosto de 2011)

Por la rapidez con que se emitió el Decreto Supremo, éste no cuenta con un reglamento definido ni claro. Ni ella ni sus hermanos han podido recibir el dinero de la reparación de su padre. Al mismo tiempo, cabe la pregunta sobre la naturaleza de la reparación y la condición de víctima en sí.

A esto es necesario agregar que el tema de las reparaciones suscita enconos familiares. Por ejemplo, el señor Desiderio Tacas Vilca señala que una de las beneficiadas de la reparación económica individual logró inscribirse en el RUV por la muerte de su esposo, cuando este no falleció por la masacre sino porque se desbarrancó ebrio. Es decir, no es una víctima directa del conflicto armado interno. Es lo que se cataloga como un “falso positivo”.

Orfelinda se queja, dice que en la comunidad “Ya no hay los valores ni los principios, a lo mejor jóvenes de esa época han quedado traumados, se matan entre ellos, pelean entre ellos. Y todo después de la masacre, la violencia.” (Lucanamarca, 10 de agosto de 2011). Además están las rencillas entre los que se quedaron en el pueblo durante el periodo del conflicto armado interno y los que salieron. Por ejemplo, Orfelinda narra que es su hermana quien administra las tierras que eran de su padre. Su hermana es casada con un señor de Cangallo pero viven en Lucanamarca. Ellos casi no participan de las faenas (trabajos comunales o minkas). Orfelinda se describe como una comunera que no es muy activa porque no participa mucho de las faenas y señala que por eso “residentes [los migrantes que residen en Lima y Ayacucho] nos quieren invadir o expropiar. En mi casa mi hermana es la que administra nuestros bienes. Están alquilando o dejaron a los familiares. Hay una propiedad privada y comunal. Como no somos comuneros activos por no estar para las faenas.” (Lucanamarca, 10 de agosto de 2011).

Pero, a estos problemas se suman también aquellos que vienen con la instalación de programas de asistencia social como “Juntos”. Santiago de Lucanamarca es uno de los setenta distritos incluidos en la cobertura de la primera etapa del plan piloto del programa Juntos, creado en setiembre del 2005 durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo. Para aplicarlo se utiliza el método de Línea de Pobreza, que define el monto necesario con el cual una persona puede vivir de manera adecuada y se traza una línea: quienes alcanzan sus gastos mínimos son considerados “no pobres” y los demás, son descritos como “pobres”. Siguiendo este método el 88.7% de la población de la localidad es pobre y de ellos, cerca del 53.7% viven en extrema pobreza (tomado del Plan de Desarrollo Concertado para Lucanamarca, 2011). A través del Programa Juntos, el Estado entrega bimestralmente la suma de S/. 200 nuevos soles a las madres definidas como pobres según una muestra censal y los que tienen hijos menores de cinco años. Estas firman un convenio con el Estado por un periodo máximo de cuatro años, tiempo en el que se comprometen a tramitar documentos de identificación para ellas y sus hijos y asegurar el 85% de asistencia escolar para sus hijos, así como completar las vacunas y chequeos de salud para ellas. Además, mediante este programa, reciben paquetes de alimentos a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para sus hijos menores. Deben asistir a programas de sanidad de agua potable y a talleres de capacitación para el cuidado y desarrollo educativo de sus hijos. Juntos es descrito como un programa que les “exige” a las madres (Wilfredo Tacas, director del Colegio secundario).

El problema para las autoridades y para las familias que históricamente ostentan tierras en Lucanamarca es que cuando convocan para la celebración de una faena, se encuentran con que los pastores ya no quieren trabajar sino hay un pago de por medio. Esto concita conflicto entre la población que se siente beneficiada y quienes no forman parte del programa de asistencia social. Del mismo modo, las reparaciones económicas individuales están generando comentarios y conflictos similares. Los comentarios oscilan sobre quiénes han sido seleccionados en el programa de reparaciones hasta intereses personales de hijos que no ven a los padres y se aparecen al enterarse que serán beneficiario de una reparación económica.

Epifanía y benilda

“En casa de Epifanía se encuentra Benilda. Una tiene problemas de sordera y la otra tiene problemas de movilidad. Son personas mayores y están juntas. Han puesto sus habas a secar y las estaban comenzando a pelar. Para esto las sacuden y de ahí seleccionan las habas. Comenzamos a ayudarlas a limpiar y escoger las habas.”

Notas de campo. Lucanamarca 1 de octubre de 2011.

Los esposos de Epifanía y Benilda fallecieron en Muylacruz. Trabajaban en una faena comunal reparando la carretera cuando los sorprendió la cuadrilla de Sendero Luminoso. Ellas son cuñadas: Benilda se casó con el hermano de Epifanía. Ambas están inscritas en el RUV a través de COMISEDH por la muerte de sus esposos y han sido sorteadas para recibir una reparación económica individual. Ambas tienen más de 70 años de edad. Epifanía cuenta que tiene dos hijos y Benilda que tiene cinco hijos. Sus hijos viven en lea. Los hijos de Benilda también están inscritos en el RUV por la muerte de su padre pero no han recibido aun sus certificados. Epifanía no está segura de si sus hijos estén inscritos en el RUV.

Ninguna de las dos declaró ante la CVR. Benilda declaró antes ante COMISEDH por la muerte de su esposo pero en realidad como señala, fue más para que su hijo Moisés pudiera recibir algún tipo de apoyo económico. Es que Epifanía logró en el 2003 recibir apoyo del PAR para construir su casa y ella quería que Moisés también obtuviera una casa.

Ninguna de las dos es miembro de la Asociación de Víctimas de la Masacre del 3 de abril. Les pregunto en castellano, ¿qué sienten al ser sorteadas como beneficiarías de una reparación económica individual? En quechua comienzan a responder que tendrían que viajar a Ayacucho para cobrar su reparación y no tienen cómo hacerlo ya que sus hijos no viven con ellas. Tienen sentimientos encontrados. De un lado, señalan que están contentas, pero de otro lado, Benilda, por ejemplo, dice que “los restos [la mitad] es de sus hijos y lo que queda es para ella, para sus medicinas, para comer”. Quiere ver la forma de llegar a Huamanga para recibir su dinero y colocarlo en el banco para cualquier eventualidad. Ninguna de las dos tiene estancia, tierras ni animales.

Epifanía levanta su voz y dice que no está conforme con la cantidad de dinero de la reparación. Ella dice que al menos les deberían dar S/.30 mil nuevos soles. Comienzan a contar que solas han criado a sus hijos, que sus hijos no han podido terminar sus estudios. Epifanía, además, dice que se ha quedado “nerviosa” desde la masacre y fruto de ello le dio una parálisis que hasta el momento le impide desplazarse con facilidad. Cuenta que tiene serios problemas de salud y que el dinero no compensa el sufrimiento ni el tiempo.

Hace poco las han empadronado para el programa de asistencia social Pensión 65 que es un sistema de apoyo social para adultos mayores.

¿Por qué la idea y condición de víctima no logra ingresar cabalmente en las políticas ni en la discusión política del Estado? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo se les representa? ¿Cómo intervienen la etnicidad, la indianidad y el género en la construcción de esta idea de víctima? Estas son algunas de las preguntas que acompañaron la concepción de este proyecto. El contexto presentado por la CVR y el Programa Integral de Reparaciones configura el marco desde donde la acción y discurso de la víctima se establece. Este marco no permite las zonas grises, ya que define con claridad quiénes son considerados víctimas para el Estado y quiénes pueden ser potenciales beneficiarios de un programa de reparaciones. Hay una necesidad de restituir al individuo en sociedad después de un conflicto. La forma priorizada al inicio del trabajo de la CVR, por esta y por organizaciones de sociedad civil, fue la reparación simbólica. La agenda se concentró en levantar la memoria como acción política y ahí frases como “Nunca más”, “Para que no se repita”, “Un país que olvida su historia está condenado a repetirla” se volvieron importantes en la lucha por la verdad. Pero el tema de la memoria se concibió de una forma reducida, solo como accionar y discurso simbólico. No se vio el tema en su densidad histórica, tampoco en su injerencia política y menos en su heterogeneidad etnográfica.

¿Qué es ser y sentirse víctima? De la manera cómo se mira a la víctima desde las instituciones del Estado, la víctima se convierte en un rezago de la violencia. Es un resto pero que desde su propia mar-ginalidad también se construye como un sujeto que actúa y elabora sus propios discursos e imágenes. Pero son los ciudadanos quienes le ”sacan la vuelta” a la agenda de la memoria como reparación simbólica se reduce en el espacio público peruano a monumentos, museos y ceremonias de conmemoración, para a través de esa plataforma y de aquella que les brinda el programa de reparaciones, reposicionarse y encontrar como víctima, en su condición de afectados de la violencia, una forma diferente de acercarse al Estado y acceder, al menos, a algún tipo de beneficio público y ahí el reconocimiento se convierte en una política de identidad.

"Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contunden¬temente con una acción: Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de ochenta, eso es lo real y lo decimos, ahí hubo exceso... pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, y entendieron que estaban con otro tipo de combatientes del pueblo..." Abimael Guzmán sobre la masacre de Lucanamarca en la Entrevista del Siglo, El Diario, 1988: 40.↵

Los primos Mauro y Teodoro Huancahuari Matías y Ernesto Contreras Pianto. Ernesto Contreras era presidente de la comunidad en el momento de su desaparición.↵

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) tiene una propuesta para convertir el Cuartel Los Cabitos en un lugar de memoria para Ayacucho. Esta institución cuenta con un museo de memoria de la institución que es visitado por turistas nacionales y extranjeros en Ayacucho (Milton y Ulfe, 2011).↵

Por ejemplo, un hombre de 41 años, familiar de una persona desaparecida, manifestó después de una de las audiencias en Ayacucho: "Yo tenía más preocupación de cómo voy a hablar, por donde voy a empezar, y por donde voy a hacer, y cómo también, voy a decir de la actualidad en que estamos. Y mis paisanos, mis compoblanos, van a escuchar... Claro, me dijeron que estaba varias instituciones de los canales de televisión, y ha estado el periodismo y todos ellos ¿no? Pero mi preocupación era de cómo puedo lanzar mi ex¬presión, algo que puede quedar en bien del pueblo, y es por eso que gané las felicitaciones de los paisanos y varios me dijeron: 'Lo que has hablado está bien, muy bien', diciendo". Véase "El impacto de las audiencias públicas en los participantes" (www.cverdad.org.pe/ apublicas/audiencias/impacto.php)↵

Dirigido por el historiador Ponciano del Pino e integrado por los antropólogos Mariano Aronés y Nathalie Koc y la abogada Nori Cóndor.↵

Rolando Ames, sociólogo, que integró la CVR, en una conversación personal narró los entretelones que tuvieron al interior de la Comisión sobre si deberían o no preparar a la opinión pública. En sus palabras y respecto al Boletín de distribución gratuita que publicó la CVR sobre el caso Lucanamarca: "lo que sale al final es un mix entre el criterio de "No hay que salir" versus el criterio de "Si vale la pena ir dando..." Eso tiene que ver mucho con Lucanamarca, pues es el primer caso por el cual nosotros salimos..." (Lima, 8 de febrero de 2011). Este fue el único boletín que publicó la CVR y lo distribuyeron a finales del 2002. Después, como señala Ames, quedaron "atrapados en el debate público".↵

Pendiente queda un análisis de cómo la decisión política tomada en el equipo de investigación de la CVR tiene incidencia en la discusión pública sobre el conflicto ar¬mado interno. Actualmente se discute la inscripción del Movimiento por los Derechos Fundamentales (MOVADEF) en el Jurado Nacional de Elecciones como partido políti¬co. El MOVADEF es cercano ideológicamente a Sendero Luminoso. Incluso entre sus objetivos está la amnistía para su líder Abimael Guzmán. El caso Lucanamarca se utiliza políticamente en cada entrevista periodística o comentario de opinión político que se realiza sobre MOVADEF. Al respecto, véase: http://lamula.pe/2012/01/23/rosa-maria-palacios-el-olvido-es-la-mejor-arma-del-terrorismo-para-el-reclutamiento/ davo. También Ulfe (2012).↵

El documental Lucanamarca (Gálvez y Cárdenas, 2006) realiza un seguimiento com¬pleto al caso e incluye también imágenes del Mega-juicio a Abimael Guzmán, cuando sobrevivientes de la masacre del 3 de abril brindaron su testimonio ante la cúpula send-erista. Gualberto Tacas, alcalde de Lucanamarca y sobreviviente de la masacre, contó que cuando brindó su declaración en el megajuicio no sabía cuál de los que estaban sentados al frente era Abimael Guzmán. Lo cual también evidencia cuan jerárquico y autoritario era el movimiento senderista.↵

Cabe mencionar también el texto de Romeo Grompone, La escisión inevitable (2005) que introduce estos temas de las fracturas entre partidos políticos y movimientos sociales en el caso peruano.↵

Esta reunión se desarrolló el 20 de diciembre de 2011 en las instalaciones de la CMAN en Miraflores, Lima.↵

Badiou tiene un ensayo magistral sobre la ontología del ser y los números, en la cual plantea que "El Número no es un objeto, ni una objetividad. Es un gesto en el ser." (2001: 127). Contiene una parte homogénea y otra infinitamente diversa. Por ello "El Número es una forma del ser múltiple" (Ibidem). El número como un macrocuerpo que existe es una representación de algo, que puede ser una ecuación o un conjunto de cosas y seres. Pero somos los humanos quienes dotamos de significado a estos números.↵

Isabel Coral asume la secretaría ejecutiva de la CMAN en la segunda quincena de agosto de 2011 y renuncia en la primera quincena de diciembre del mismo año, luego de la renuncia del Primer Ministro Salomón Lerner. Esto describe la precariedad política de las instituciones públicas.↵

Isabel Coral: "Pido perdón en nombre del Estado Peruano". Véase: http://www. planintegraldereparaciones.gob.pe/index.php?option = com_content&view=article& id=112:isabel-coral-pido-perdon-a-nombre-del-estado-peruano-&catid=37:ultimas-noticias&Itemid=56.↵

La secretaría ejecutiva de la CMAN y la Defensoría del Pueblo han pedido la modifi¬cación del Decreto Supremo 0051-2011 PCM que establece un plazo para la inscripción en el RUV Tal como está planteado establece que las víctimas registradas hasta el 31 de diciembre de 2011 son potenciales beneficiarios de un programa de reparaciones integral, mientras quienes se inscribirían después de esa fecha solamente podrían acceder a las reparaciones simbólicas.↵

Alan García Pérez ha sido Presidente del Perú en dos oportunidades, entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011. Como narra el anterior secretario ejecutivo de la CMAN, Jesús Aliaga: "Yo recuerdo todavía un editorial de Augusto Alvarez Rodrich cuando todavía era director de Perú 21 sobre el Consejo de Reparaciones. Este editorializó con el titular de "Ceviche Mixto" refiriéndose que se había hecho un esfuerzo para encontrar verdades, tanto de activistas de derechos humanos y así como militares institucionalistas que tenían una hoja de vida intachable de derechos humanos, para tratar de juntar esas dos cuotas de verdad y darle viabilidad a un proceso que no de¬bía tener mitades partidas, y que en su opinión era la mejor decisión en los primeros 100 días de gobierno [se refiere a los primeros 100 días de gobierno de Alan García]. Instalamos el Consejo. La primera era recuperar la CMAN. Segundo, instalar el Con¬sejo y tercero encontrar el presupuesto. Creo que los procesos, la voluntad política se miden con el presupuesto, lo demás es discurso, entonces nosotros llegamos y no había presupuesto. Había un compromiso que estaba en la ley de presupuesto del 2006 de 15 millones que podrían dársenos si se encontraba, si se recuperaban recursos. El presupuesto público que se había formulado para el año 2007 no incluía ni una sola partida para reparaciones. Sí tuvo que ver la voluntad política en ese momento, con el permiso del Primer Ministro [Jorge del Castillo] y recuerdo que tuvimos una reunión con el Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso y logramos incluir 30 millones de soles para el 2007 de recursos ordinario." (Oficina de la CMAN, Miraflores, Lima, 15 de marzo de 2011).↵

Jesús Aliaga dice lo siguiente: "Se estableció que los beneficiarios tenían que elegir la obra en una reunión de asamblea comunal que contextualice el proceso de reparaciones, y en todas las asambleas comunales están en las actas que nos hacen llegar. Es la lectura del oficio con el cual el Presidente del Consejo de Ministros les dirige una manifestación a la comunidad, en la cual el Gobierno peruano acepta la afectación que ha sufrido du¬rante los años de violencia y que tiene un propósito de resarcimiento y, en el marco de ese proceso, la comunidad ha sido priorizada dentro del programa de reparaciones colectivas en el cual tiene el derecho de ejecutar un proyecto para la comunidad con un aporte máximo de 100 mil soles. Entonces ahí empieza todo, eligen sus proyectos, con un comité de gestión, que ahora lo llamamos comité de vigilancia comunitaria, porque en algunos lugares no existe o no esta tan firme la organización comunal. La comunidad puede ser Quispillaqta, que tienen diferentes anexos, que tienen un teniente gobernador, un juez de paz....entonces se elige un cuerpo directivo que debe acompañar todo el proceso y se ha puesto en los lineamientos que, como mínimo, una víctima directa tiene que liderar esa gestión y una mujer... eso es obligatorio" (Lima, 15 de marzo de 2012). Es decir, el comité de gestión también debe contemplar una política de inclusión de género.↵

Durante el periodo del conflicto armado interno las fuerzas armadas "encarnaron" al Estado y llevaron una política de represión y muerte. A partir de 1992, durante el proceso de pacificación, el Estado "llega" a zonas rurales a través de distintos programas de asistencia social, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -PRONAA, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social -FONCODES y el Programa de Apoyo al Repoblamiento -PAR. Esto aunado a la imagen del entonces Presidente Alberto Fujimori que llegaba en su helicóptero a inaugurar obras de infraestructura (mayoritariamente) establecieron una cultura política autoritaria, vertical, y que Carlos Iván Degregori (2001) calificaría como "antipolítica".↵

En la discusión del Estatuto las autoridades y comuneros reunidos mencionaron en re¬iteradas oportunidades la necesidad de construir un salón con imágenes de las víctimas. La discusión del Estatuto se dio en Lucanamarca el 27 de agosto de 2011.↵

Por ejemplo, Orfelinda Quincho dice "¿Acaso si quiera la comunidad ha probado una trucha? Se lo llevan a Huamanga, a la provincia. Y el ex alcalde sin una trucha ha dejado la piscigranja. Y el nuevo alcalde ha traído de vuelta las truchas." (Lucanamarca, 10 de agosto de 2011).↵

Muchos autores han estudiado el sistema de compadrazgo y la organización social en comunidades andinas peruanas. Entre otros se puede citar el estudio de Billie Jean Isbell, Para Defendernos (Lima: CBC, 2005) y Enrique Mayer y Ralph Bolton (editores), Parentesco y matrimonio en los Andes (Lima: PUCP, 1980).↵

Conversación realizada en Lucanamarca el 5 de mayo de 2011.↵

Conversación con Jairo Rivas (secretario del Consejo de Reparaciones) realizada en Lima en marzo de 2011 y con Elizabeth Castillo realizada en Lucanamarca el 5 de mayo de 2011.↵

ANFASEP cuenta con un Museo de la Memoria que retrata la memoria de la institución desde su fundación en 1983 (véase Milton y Ulfe, 2011).↵

Envenciana recibió su reparación económica individual durante el 2012. Ese mismo año ella participó en la ceremonia que dirigió el presidente Ollanta Húmala en Lucanamarca (11 de abril de 2012).↵

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Capítulo 4

Las políticas de reconocimiento como agencia política y políticas de identidad

“¿Cómo se conforma un espacio público donde el reconocimiento de las particularidades está acompañado de las seguridades de pertenecer y participar en un orden social-estatal estable y gratificante para sus miembros?” se pregunta Guillermo Nugent (1996: 15) para hablar sobre la experiencia del reconocimiento a través de dos metáforas, la lejanía y la cercanía y la escritura como ese “poder delgado” que traza jerarquías y ejerce autoridad en los espacios sociales. Nugent nos habla de que las jerarquías se forman de menos a más como resultado de esa paradoja histórica de la que somos fruto: que quien resulta ser visto como auténticamente peruano, es decir indio, es quien está en el lugar más ínfimo de los reconocimientos sociales y públicos (1996: 23). La normatividad del Estado ha sido construida siguiendo los preceptos del dominio del “poder delgado” y por lo tanto ha generado que la metáfora del alejamiento adquiera una presencia efectiva. Quienes se sienten más alejados no necesariamente son quienes viven más lejos, sino son quienes menos comprenden los mecanismos y los usos de la norma.

La idea de víctima fue instalada jurídicamente en el Informe final de la Comisión de la Verdad. Es a partir de esta nomenclatura que se establece que durante el conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y 2000 hubo víctimas y perpetradores. Si bien el Informe de la CVR reconoce al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso como el mayor victimario de este conflicto, en segundo lugar aparece el Estado peruano. En los testimonios ahondan relatos sobre sentimientos de lejanía y abandono. Son quejas de ciudadanos de a pie que reconocen que sus pueblos eran olvidados para el Estado. Como fue el caso del testimonio brindado por el señor Primitivo Quispe Pulido de Accomarca a los representantes de la CVR en una audiencia pública. Él dice lo siguiente:

“Tonces, mi pueblo realmente era pues un pueblo no sé… un pueblo ajino dentro del Perú. Otra gente de repente a ellos consideraban como animales… ¿no? ¿si? Así es la situación de mi pueblo, Accomarca. Después de eso ¿no? Los militares, ahora, ya, bueno, llegaron, los investigadores, yo también soy docente, pero laboraba en ese pueblo, pero esa fecha ya no laboré ahí sino estaba destacado en otro sitio, siempre visitaba no más a mi pueblo, pero muchas veces ya no encontraba gente…”[1]

La historia del conflicto armado interno requiere enmarcarse en una densidad histórica más profunda: si bien es analizado como el estallido de violencia más sangriento de nuestra historia republicana (Degregori, 2003), sus causas se remontan a siglos de exclusión, racismo, pobreza y discriminación. A diferencia de Accomarca, en Santiago de Lucana-marca la mayoría de hijos estudiaba en las décadas de 1960 y 1970 en el Colegio Los Andes de Huancasancos. Había en Lucanamarca un poder gamonal que descansaba en unas pocas familias que tenían acceso a grandes pastizales y mucho ganado. Ejercían control sobre la población y se rotaban los cargos públicos. Sus hijos iban y venían a las ciudades a estudiar y trabajar, y como comunidad campesina y municipio siempre tuvieron presencia del Estado a través de instituciones como el Juez de Paz o el Registro de Identidad. La queja y las demandas de los lucana-marquinos en el periodo post conflicto es distinta de aquella que se da en otras comunidades y que apela a la exclusión. En Lucanamarca se reclama sobre la “mala” respuesta del Estado que consideran fue represiva y autoritaria, y que les arrebató aquello que habían ganado con luchas propias, su ciudadanía. No es la queja común que uno encuentra en otras comunidades o provincias del Perú donde se reclama por la presencia del Estado.

El Estado arriba a esta zona altoandina a través de la educación y el ejército con instituciones políticas como el municipio y sus autoridades elegidas en elecciones, el alcalde y el teniente alcalde.[2]No es la no presencia del Estado la que se demanda, sino su presencia ineficaz, su accionar lento y autoritario. Se reclama una “devolución de sus derechos” -derechos adquiridos que han resultado de luchas y comisiones de trabajo exhaustivas, como aquellas que cuenta el ex alcalde Pastor Quincho sobre cómo lograron crear el colegio de secundaria en Lucanamarca.

“Entonces, hombres y mujeres trabajaron ahí en la construcción de ese centro educativo, se ha motivado bastante y se ha comprometido a toda la comunidad el trabajo por acción cívica, sin pago alguno y se hizo así y hasta ahora existe así. De ahí como le digo, ya después que los gobiernos nacionales de turno dan ese presupuesto, ya no quieren participar tampoco porque ven en la municipalidad que llega ese presupuesto y exigen al alcalde que haga obras o que le paguen…” (Huamanga, 20 de agosto de 2011).

La nostalgia es porque esos derechos adquiridos fueron logrados con el trabajo de todos los paisanos y durante el conflicto armado interno pierden o ven limitado su acceso. Ahora buscan más bien participar y ser incorporados en el Plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad en el cual también se incluye a la comunidad. Pero la participación también se traduce como una forma de busca reconocimiento y este se torna como una política de identidad, sentimiento que, en el caso de las víctimas los lleva a definir una agencia y cultura política para acercarse al Estado.

La idea de reconocimiento es central en la conformación de la agencia del sujeto (ciudadano). Axel Honneth estudia el reconocimiento a partir de tres ejes: el amor, el respeto y la autoestima. Estos principios, expresan para Honneth, el umbral normativo en el cual se asienta el reconocimiento: la confianza, el respeto, los derechos y deberes iguales, la tolerancia. El problema en un país como el Perú es que el acceso o la práctica de estos ejes centrados alrededor de una concepción moderna de autonomía no se establece en un terreno neutral de relaciones igualitarias. Al contrario, estos ejes están atravesados por relaciones de poder, relaciones que son racializadas y donde el género interviene, relaciones atravesadas por siglos de opresión y dominación. ¿Qué sucede con el reconocimiento cuando, parafraseando a Nugent, el sujeto no se siente cercano ni parte del sistema del Estado? ¿Qué forma adquiere o toma la demanda?

Para Honneth (1997) las luchas por el reconocimiento tienen una moral, es decir un sentido ético, y deben entenderse como procesos sociales en los cuales los individuos reclaman o demandan para sí aquello que les es negado, arrebatado o simplemente se le asigna como un espacio o posición “propias”. Honneth (1997) recupera los argumentos de Hegel para sostener que hay una razón instrumental que concierne a la agencia humana y que describe la moralidad y subjetividad de los sujetos sociales: esto es el reconocimiento. Sentirse reconocido implica un nivel de autonomía en la capacidad de toma de decisiones y en el ejercicio de su ciudadanía y esto en un terreno práctico y simbólico de acceso a las instituciones del Estado, de prácticas sociales reconocidas y expectativas satisfechas de unos y otros.

Décadas atrás, Louis Althusser vinculó la práctica del reconocimiento público con la forma cómo se aprehende o interioriza la ideología. Jugando con el vocablo “sujeto” señaló que las personas reconocen sus derechos y responsabilidades hasta el punto que se ven ellos mismos “sujetos” de un sistema de reglas prácticas y roles que les confieren identidad (Honneth en van den Brink y Owen, 2007: 324). Pero, Althusser limita su análisis sobre reconocimiento como mecanismo que condiciona sujetos que actúan en conformidad con un sistema social. Lo interesante es plantear a partir de este estudio sobre víctimas una reflexión más amplia sobre las formas que toma el reconocimiento como práctica social y cultural, y la constitución del sujeto que emerge de esa acción. Para Honneth, Althusser tiene una mirada limitada (unidireccional) del problema del reconocimiento. No caben las medias tintas, ni las zonas grises. Tampoco la posibilidad de analizar la forma cómo en el espacio público el reconocimiento adquiere formas de dominación. Como sucede cuando el otro asume un papel inverso o negativo en el sentido descrito por Charles Taylor de afirmación de identidad negativa, es decir de estereotipos o conductas que son asumidas por el otro como propias.[3] En un país en transición, como es el caso peruano, es necesario mirar el tema del reconocimiento como una acción pública que está cargada de simbolismos y expresiones culturales, en el sentido descrito por Fraser (2000), que no quedan solamente en el papel escrito ni en la forma cómo se asume o se dirige la norma, sino que son acciones a través de las cuales los sujetos establecen una serie de relaciones que transforman o reorientan sus vidas. Quizás no se deba hablar de una única forma de ejercer autonomía, sino de una heteroautonomía que en el caso peruano permite que la víctima ahí en el limitado terreno que tiene pueda tomar decisiones que van desde aceptar o no la reparación y a través de ese rechazo, actuar en su condición de subalterno. Por ello y para mostrar que la víctima no constituye una masa homogénea de sujetos sociales, sino al contrario, se trata más bien de grupos diversos con intenciones y agendas definidas y especificas que en este estudio se presentan los nombres e historias de estos sujetos. Esto como una manera también de mostrar el carácter político de la etnografía.

Hay una performatividad de la acción de reconocer y reconocerse; hay un marco de ritualización que se aprecia en la forma cómo los individuos en el caso peruano se acercan a recoger sus certificados que los acredita en su condición de víctimas. En la oficina en Ayacucho de la CMAN, conversando con el entonces secretario ejecutivo, Roberto Ayala, me hizo notar que las personas traen sus certificados en sobre plastificados que guardan con gran cuidado para que el frío o la lluvia no deterioren.[4] Hay un valor asignado al certificado que va más allá de la mera razón instrumental que determinaría al sujeto como potencial beneficiario de un programa de reparaciones: en el certificado se aprecia una preocupación o intento de ser incluidos por el Estado, de ser vistos como un grupo humano para el Estado.

Ya no se puede hablar de comunidad post-violencia en el Perú sin preguntarse si la población ha sido inscrita en el RUV o si ya recibió algún tipo de compensación colectiva o individual. En este sentido, el reconocimiento se vuelve parte de su acción constitutiva e interviene dramáticamente en la forma en la que están construyendo esta etapa de transición y cómo estas poblaciones se están vinculando con el Estado.

Laplante y Theidon (2007) afirman que establecer el mandato de una comisión de la verdad no es suficiente para fomentar la reconstrucción democrática de un país. Se requiere desarrollar los mecanismos para llevar a cabo una política de justicia transicional y en ella las reparaciones adquieren un especial valor ya que además de sus implicancias simbólicas está el reconocimiento oficial por parte del Estado como ciudadanos con derechos y deberes iguales.

La información etnográfica recogida sobre Lucanamarca permite mirar el trabajo de una institución del Estado, que ha sido creada para acoger y reivindicar (simbólica y políticamente) a la víctima, como es el Consejo de Reparaciones. Hacer un estudio sobre la condición de víctima y ciudadanía en el contexto peruano después de la CVR se convierte en un estudio sobre las políticas de reconocimiento y la construcción del sujeto social desde los márgenes de la sociedad. Basado en casos particulares de la comunidad, las reparaciones, adquieren significados propios. No son percibidas en la dimensión en la que fueron concebidas, es decir como derechos de restitución simbólica de la ciudadanía, sino como un programa estatal de asistencia social, como una alternativa de “desarrollo” para la localidad. Ahí es dónde se vuelve necesario el análisis histórico y etnográfico para entender cómo es que la reparación se torna en demandas de reconocimiento y construcción del sujeto social “víctima”.

Como señala Veena Das (2000), quienes estudian violencia entienden que hay un grado de incertidumbre en los testimonios e historias recogidos: procesos morales y juicios éticos deben atenderse como importantes y entenderse en sus contextos de enunciación político e histórico. Para esta autora la propuesta teórica para estudiar violencia requiere de los aportes específicos de la etnografía para comprender sus dimensiones y entender cómo las personas reconstruyen sus vidas en medio del dolor y la muerte. Es así que las subjetividades emergen en medio de la miseria, de la injusticia y de la marginalidad y desde ahí que buscan vincularse con el Estado mediante los mecanismos que este abre o extiende, en este caso específico, las reparaciones. Por otro lado, el Estado también los posiciona en esta situación marginal desde el resultado de la CVR como andina y quechua hablante (sin mencionar que desde una posición marginal como mujeres (Silva Santisteban, 2008). Es sobre esta realidad que se construyen el PIR y posteriormente el RUV y la CMAN.

Pero hay un tema pendiente de análisis, y es la forma cómo la víctima a través de las reparaciones encuentra en estas una forma de reconocimiento que, como política de identidad, la vincula con otras víctimas, con otras historias. Este es el caso de Envenciana en su alianza con ANFASEP. Si bien su historia personal la vincula al proceso histórico vivido en Lucanamarca, su anhelo de reparación económica individual la enlaza con la propuesta de ANFASEP. Ahí ella encuentra otras mujeres, otras vivencias, otras plataformas de lucha desde donde también participa. Ahí no es solo el género que prevalece como materia de análisis sino la cultura política que emerge de demandas, de formas de acercamiento hacia el Estado (llámese vigilas, caminatas, plantones) en los cuales se utilizan fotografías de desaparecidos, o se llevan “chalinas de esperanza”[5] para mostrar su hacer, que es su demanda de reconocimiento (Eley, 2002; Vich, 2004).

A manera de conclusión

Este estudio parte de una etnografía de una comunidad campesina ayacuchana, Santiago de Lucanamarca, y una institución del Estado, Consejo de Reparaciones, cuyo objetivo es entender no sólo la dimensión local del conflicto sino los intentos de la población por recuperarse simbólicamente y políticamente como ciudadanos. Además, en esta investigación intento complejizar la noción de víctima. Ya que víctima no es solo quien ha fallecido en combate, ha sido desaparecido o matado vilmente sino que también lo es el cuerpo social fragmentado y enfrentado que convive en un mismo espacio, en una misma comunidad o ciudad. Los casos de Chungui (Jiménez, 2009), Putis (Portugal, manuscrito), Lucanamarca o los casos estudiados por Theidon (2004) en Ayacucho muestran cómo en comunidades que fueron parte del conflicto armado interno hay zonas grises entre víctimas y victimarios. No se puede seguir planteando el tema como una relación dicotómica sino que debe intentar comprenderse la complejidad del problema desde su enunciación. Como se evidencia en Santiago de Lucanamarca las fronteras entre víctimas y victimarios son porosas, como ya anteriormente Mamdani (2001) ha descrito sobre el conflicto en Ruanda.

Hay una gran distancia entre la norma y la forma cómo esta se vive y se siente. En una larga conversación con el entonces secretario ejecutivo del Consejo de Reparaciones, Jairo Rivas, en setiembre de 2011, me comentaba que para él había sido desconcertante percatarse que la forma cómo se había diseñado la tipología de víctima para el funcionamiento del Registro Único de Víctimas resultaba tan alejado de lo que las personas sentían respecto a ser víctimas. Los intentos de los trabajadores del Consejo siempre ha sido incidir en la materia de recuperación de ciudadanía, de reconocimiento de los derechos y deberes de las personas pero en una localidad marcada por la violencia, la pobreza y la exclusión, la reparación, además de ser apremiante, se convierte en un nuevo programa de asistencia social del Estado.

Concluyo con una nota de Genaro Quincho, representante de la Asociación de Residentes Lucanamarquinos en Lima: “Entonces, con esa exhumación [se refiere a la exhumación realizada en el 2002] lo que empieza la institución de residentes a relacionarse más continuamente con nuestro pueblo, empezamos a regresar, ver de qué manera podemos ayudar. Entonces, en ese ínterin empieza lo que, siempre lo voy a decir, dar seguimiento de qué significa Lucanamarca a estas alturas, cuando han pasado 27, 28 años.” (Lucanamarca, 29 de agosto de 2011).

Testimonio tomado de las Audiencias públicas en Ayacucho: (http://www.cverdad.org pe/apublicas/audiencias/casos ayacucho.php)↵

Recuerdo que cuando estuve en octubre de 2011 ingresé a la pequeña oficina que ocupa el Juez de Paz para consultarle sobre cuáles eran los casos que más veía en Lucanamarca. Se acerca un señor que venía de la puna y saluda a la persona que estaba al lado del juez de paz y le dice "buenos días señor Gobierno". Era el teniente alcalde.↵

Como señala Butler (1995) en la forma cómo emerge se es consciente, el sujeto-ciudadano es construido en un marco de regulación y disciplina. Es decir, como al ser consciente, el sujeto mismo se auto-regula, se reprime y se constituye bajo la mirada disciplinaria de las instituciones del Estado o simplemente del otro que domina.↵

Notas de campo, Ayacucho, agosto de 2011.↵

Proyecto del Colectivo Desvela de Lima a través del cual pidieron a miles de mujeres víctimas de la violencia que tejieran lo que para ellas había significado este periodo. Juntaron estos pedazos en una gran chalina que la alcaldía de Lima exhibió en la Municipalidad en el verano de 2011 y que estuvo también exhibido en Ayacucho.↵

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