EL GRAN CARIBE EN EL SIGLO XXI

Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita

[Compiladores]

Milagros Martínez Reinosa

Félix Valdés García

José Seguinot Barbosa

Dirk Kruijt

Hans Ramsoedh

Tania García Lorenzo

Dagmar Guardiola Ortiz

Alice Colón Warren

Brian Meeks

Rosalba Linares

Maribel Aponte García

Henry Rosa Polanco

El gran caribe en el siglo XXI : crisis y respuestas / Milagros Martínez Reinosa … [et.al.]; compilado por Luis Suarez Salazar y Gloria Amézquita. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2013.
392 p. ; 25×16 cm. – (Grupos de trabajo de CLACSO)
ISBN 978-987-1891-62-7
1. Política de la Región del Caribe. I. Martínez Reinosa, Milagros II. Suarez Salazar, Luis, comp. III. Amézquita, Gloria , comp.
CDD 320.972 9
Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:
Gran Caribe / Crisis estructural / Historia política / Ecología política / Estado-nacional / Autodeterminación / Derechos humanos / Movimientos migratorios / ALBA-TCP- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos / Integración económica

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Coordinador Editorial
Lucas Sablich 

Coordinador de Arte 

Marcelo Giardino
Producción

Fluxus Estudio 

Arte de tapa 

Ignacio Solveyra
Primera edición
El Gran Caribe en el siglo
XXI. Crisis y respuestas (Buenos Aires: CLACSO, junio de 2013)
ISBN 978-987-1891-62-7
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

CLACSO

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PRÓLOGO

POR RAZONES QUE NO ES POSIBLE ni necesario abordar aquí, a lo largo de su extensa y fecunda historia el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha concentrado su prolífica labor académica, científica y editorial en el estudio y la difusión de los problemas económicos, sociales, políticos e ideológico-culturales, internos y externos, que han afectado y afectan a la parte continental e insular (Cuba, Haití, Puerto Rico y la República Dominicana) de la comúnmente llamada “América Latina”.

Esa tendencia ha dejado por fuera de sus actividades el abordaje de la problemática de los 12 Estados independientes, o formalmente independientes, del llamado “Caribe anglófono”, así como de la República de Surinam que obtuvo su independencia política de Holanda en 1975. Asimismo, el estudio de las situaciones que afectan a los 16 territorios de esa geoestratégica parte del continente americano que -además de Puerto Rico- todavía están sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Francia, Gran Bretaña, Holanda y los Estados Unidos de América.

Con vistas a potenciar las diversas e inconclusas acciones que se han emprendido para superar esos déficits, en el año 2010 el Comité Ejecutivo de ese Consejo aprobó la formación de un Grupo de Trabajo denominado Crisis, alternativas y respuestas en ¡os pequeños Estados

insulares del Caribe. Este quedó integrado por diez investigadoras e investigadores de siete Centros Miembros de CLACSO de Cuba, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, la República Bolivariana de Venezuela y la República Dominicana. Acogidos por el prestigioso Centro de Estudios Sociales “Padre Juan Montalvo” de ese último país, la mayor parte de esos investigadores e investigadoras, así como otros invitados e invitadas nos reunimos, por primera vez, en Santo Domingo entre el 24 y el 26 de marzo del 2011.

El principal acuerdo de esa reunión fue que todas y todos los asistentes aunáramos nuestros conocimientos y esfuerzos para preparar un libro que diera cuenta del severo impacto que ha tenido en el llamado Gran Caribe -topónimo que incluye, pero trasciende, a los pequeños Estados insulares de esa región- la multifacética crisis estructural que está atravesando la denominada “economía-mundo” y, en particular, a los Estados Unidos de América y a diversos Estados de la Unión Europea que, históricamente, han tenido y aún tienen una influencia decisiva en el desenvolvimiento de la vida política, económica, social e ideológico-cultural, así como en las interacciones externas de los Estados Unidos Mexicanos, de todos los Estados independientes de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), de la República de Colombia, de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que del llamado “Caribe insular y continental” -este último conformado por Belice, la República Cooperativa de Guyana, la República de Surinam, al igual que por el territorio de Cayena, aún sometido a la dominación colonial de Francia bajo el subterfugio de que, al igual que Martinica y Guadalupe, es un Departamento de Ultramar de esa añeja potencia colonial.

Para tratar de presentar una mirada lo más integral e interdisciplinaria posible de la temática de ese libro, también acordamos invitar a que nos entregaran sus contribuciones a otros académicos e investigadores especializados en la problemática del antes definido Gran Caribe o de algunos de sus Estados independientes o territorios coloniales, aún cuando estos no estuvieran vinculados a Centros Miembros de CLACSO. A ellos, al igual que a las y los participantes en la antes mencionada reunión de nuestro Grupo de Trabajo, les solicitamos que, en la medida de sus posibilidades, sus trabajos no se limitaran al diagnóstico del impacto de la crisis global, sino que también abordaran las respuestas frente a estos que, en los años más recientes, han venido elaborando e impulsando diversos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, de la heterogénea región del continente americano objeto de nuestro análisis.

De todos esos inconclusos esfuerzos finalmente surgió el libro El Gran Caribe en el siglo XXI: crisis y respuestas que las y los lectores tienen ante sí. Como han podido ver en el índice y se verá en los cu-rrículos académicos de sus correspondientes autoras y autores, este volumen continente 12 artículos o ensayos de 13 prestigiosas y prestigiosos investigadores de los complejos problemas endógenos, exó-genos, externalizados e internalizados que afectan a buena parte de los 25 Estados nacionales o plurinacionales, así como a algunos de los territorios dependientes cuyas costas están bañadas por el Mar Caribe o por el también llamado “complejo Golfo-Caribe”. Esta última definición alude al “puente de agua” que une, a través del Estrecho de Yucatán, al Golfo de México y a ese Mar interior (tributario, pero diferenciado del Océano Atlántico) que debe su nombre a una de las naciones y pueblos originarios -los Karibs— que lo poblaron muchos siglos antes del mal llamado “descubrimiento de América” y, por tanto, de su colonización y conquista por parte de diferentes imperios coloniales europeos.

Aunque en ninguno de esos trabajos existen líneas divisorias temáticas petrificadas, para facilitar una lectura lógico-histórica de su contenido hemos dividido este volumen en tres Secciones y un Epílogo vinculados entre sí. La primera se titula ¿De qué Caribe hablamos? y está encabezada por la contribución homónima de la maestra en ciencias Milagros Martínez Reinosa y del doctor en filosofía Félix Valdés García; quienes realizan un rápido y documentado recorrido a las polémicas que han existido y aún existen alrededor de cuáles son los Estados nacionales o plurinacionales, los territorios, los pueblos, las naciones y las poblaciones del continente americano que podemos definir como “caribeñas” o “gran caribeñas”.

Como se verá en ese texto, su punto de partida es la crítica trans-disciplinaria a las posiciones de aquellas y aquellos autores que, de manera antojadiza, afirman que “el Caribe no existe”, en razón de sus diferentes historias y actualidades, de sus muchas y reconocidas heterogeneidades, de sus diferencias étnicas e idiomáticas, así como de los complejos problemas que han dificultado y aún dificultan las identificación generalizada de sus correspondientes identidades nacionales o supra-nacionales y, por tanto, sus notorias diferencias civilizatorias frente a otros pueblos del mundo.

En apoyo a esa merecida crítica, y por su abordaje a las inadecuadas percepciones sobre el Caribe que preponderan en las instituciones internacionales y globales, también incorporamos en esa Sección el ensayo titulado “Perfil ambiental del Caribe en la era de la globaliza-ción” escrito por el doctor José Seguinot Barbosa. Desde los enfoques de la ecología política, él contrasta las visiones sobre su propia realidad que preponderan en Cuba, Colombia, Martinica y Puerto Rico con la que elaboran y difunden los intelectuales orgánicos a aquellas instituciones globales dominadas por el paradigma teórico-práctico de la llamada “mundialización”, al igual que por la indiscriminada apertura de los mercados y por el falso supuesto de que, en las condiciones de “la globalización”, han desaparecido “las fronteras nacionales”.

Esa primera Sección se cierra con el ensayo “Desarrollo ambiguo, independencia y cuasi-independencia: Los casos de Surinam y las Antillas Holandesas”, elaborado por los por doctores y profesores de la Universidad de Utrech, Holanda, Dirk Kruijt y Hans Ramsoedh. La decisión de incorporarlo en esa parte del volumen obedeció a varias razones. La primera, el desconocimiento que existe en el común de los lectores latinoamericanos e incluso caribeños acerca de la historia y la situación actual de las antes denominadas “Antillas Holandesas” cuyo, ahora balcanizado, estatus jurídico-político (tres países: Aruba, Curazao y San Martín, así como tres “municipios especiales”: Bonaire, Saba y San Eustaquio) fue recientemente redefinido por la monarquía constitucional que gobierna el oficialmente llamado Reino de los Países Bajos, históricamente construido y controlado por Holanda[1]. Adicionalmente, y aunque ese ensayo únicamente se refiere al “Caribe holandés”, aborda algunos problemas económico-sociales (el que llama “desarrollo ambiguo”) y jurídico-políticos (la ausencia de soberanía y autodeterminación) que también afectan a otros territorios del Gran Caribe sometidos, como ya se indicó, a la dominación colonial de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. Esos son los casos de Cayena, Martinica, Guadalupe y San Martin, de las Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcas, al igual que de las Islas Vírgenes Estadounidenses y de Puerto Rico: archipiélago latinoamericano dominado por la potencia hegemónica en el mal llamado “hemisferio occidental” bajo la engañosa fórmula político-jurídica del llamado Estado Libre Asociado (ELA)[2].

Por otra parte, titulamos a la Segunda Sección de este volumen ¿De qué crisis hablamos? La necesidad de formularnos y respondernos esa pregunta obedecía y obedece a las diferentes interpretaciones que existen tanto en la academia como en la prensa y los medios gubernamentales de diversas latitudes, acerca de las causas más profundas y de las posibles soluciones que pudiera tener la severa e irresuelta crisis económico-financiera global que estalló en el año 2007-2008. Como se sabe, su “epicentro” se localizó en los Estados Unidos de América, pero rápidamente sus “réplicas” y “ondas expansivas” se extendieron, en mayor o menor escala, a diversos Estados europeos y de otras partes del mundo.

La discusión acerca del carácter, la extensión y la profundidad de esas crisis sistémica, estructural y, a la vez, coyuntural es abordada en toda su profundidad por la doctora en ciencias económicas Tania García Lorenzo, quien -como sugiere el título de su ensayo, se refiere a los diversos “mecanismos de trasmisión” de esa crisis y a su impacto en la también llamada “Cuenca del Caribe”[3]. En sus enfoques desde la Economía Política (que subyace en cualquier política económica) retoma con toda propiedad algunos de los aportes de la llamada “teoría de la dependencia” elaborada en la década del setenta por ilustres intelectuales y científicos sociales latinoamericanos y caribeños.

Aunque sin hacer referencias explícitas a ese paradigma teórico-metodológico, algunas de las consecuencias económico-sociales de esa crisis son abordadas por las doctoras Dagmar Guardiola Ortiz y Alice Colón Warren en sus sugerentes y documentos ensayos “Desigualdad, pobreza, derechos y políticas sociales en la región del Caribe Hispano Antillano en el Siglo XXI” y “Mujeres y estructuras de las crisis: empleo, Estado, familias y división sexual del trabajo”, respectivamente. En ambos se despliega y aplica, a las condiciones de algunos Estados y territorios coloniales del Gran Caribe (y, en particular Cuba, República Dominicana y Puerto Rico), el instrumental teórico y metodológico que se ha venido empleando en los estudios acerca de la desigualdad, la pobreza, las discriminaciones y exclusiones de género y que se han venido desarrollando en diferentes instituciones de Ciencias Sociales del mundo, incluidas la integrantes de CLAC-SO. Por consiguiente, en sus correspondientes ensayos se constata la cada vez más ensanchada brecha que existe, para el disfrute de todos los derechos humanos (sociales, económicos, civiles y políticos, así como individuales y colectivos), por parte de todas y todos los habitantes del Gran Caribe.

No se puede hablar del Caribe, de la Cuenca del Caribe, ni del Gran Caribe sin referir las causas y consecuencias de las emigraciones, más o menos controladas y organizadas, de sus habitantes desde los Estados y territorios de menor desarrollo relativo hacia aquellos menos subdesarrollados, al igual que hacia los países capitalistas centrales. Incluimos en la Segunda Sección de este volumen el ensayo de la maestra en ciencias Gloria Amézquita titulado “Migración caribeña: una mirada a los movimientos desde, entre y hacia la Región”; y lo hicimos, entre otras razones, porque según demuestra la historia la emigración ha sido, es y seguirá siendo una “válvula de escape” de los graves problemas económicos, sociales y políticos que tradicionalmente han afectado al Gran Caribe. Además, en la actualidad la relativa disminución de las remesas provenientes de sus “diásporas” se ha convertido en uno de los mecanismos de trasmisión de la crisis global hacia la mayor parte de los Estados independientes ubicados entre el sur de Río Bravo y de la península de Florida y el norte de la portentosa Cuenca andino-amazónica. En particular, de aquellos Estados y territorios emisores de migrantes hacia sus antiguas metrópolis europeas, al igual que hacia Canadá y los Estados Unidos de América.

Tal como se indica en el índice, la tercera parte de este volumen se cierra con el ensayo del investigador Brian Meeks, quien desde el Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies de la sede de la Univesidad de las Indias Occidentales ubicada en Mona, Jamaica, nos presenta su calificado punto de vista acerca del impacto que tuvo en la vida política y en la seguridad de ese país la deportación hacia Estados Unidos en el año 2010 del “narcotraficante” Christopher Coke, popularmente conocido como “Dudus”. Fundada en su mirada de la historia del sistema político jamaicano, y empleando algunos de los conceptos elaborados por el marxista italiano Antonio Gramsci, Meeks correlaciona el estallido social que provocó la decisión del ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, de extraditar a Dudus con la profunda crisis económica y social que está viviendo ese país caribeño, así como con “la crisis de hegemonía” que está sufriendo el bloque histórico bipartidista y dominante en esa isla desde la proclamación de su independencia política frente a Gran Bretaña en agosto de 1962. Por consiguiente, también se interroga y ofrece sus propias respuestas preliminares a la posibilidad de que situaciones parecidas a las de Jamaica pudieran presentarse en el futuro previsible en otros Estados del “Caribe angloparlante” en razón de las presiones que, al calor de la “guerra” contra las drogas y otros delitos conexos, están ejerciendo sobre sus gobiernos la poderosa maquinaria burocrático-militar-policial de los Estados Unidos.

Después de tratar de responder colectivamente las preguntas ¿de qué Caribe y de qué crisis hablamos?, continúa la Tercer Sección de este volumen subtitulada El ALBA-TCP: una respuesta a las crisis del Gran Caribe. En ésta aparece, en primer lugar, la contribución de la investigadora Rosalba Linares acerca de ese novedoso proyecto de concertación política, cooperación funcional e integración económica emprendido, desde fines diciembre del 2004, por los gobiernos de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela; así como, en la actualidad, está conformado por sus contrapartes de Antigua y Barbuda, de la República de Bolivia, de la Commonwealth de Dominica, de la República del Ecuador, de la República de Nicaragua y de San Vicente y las Granadinas.

Aunque en la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) participan dos Estados plurinacionales (Bolivia y Ecuador) que no pertenecen al Gran Caribe, seis de sus ocho Miembros Plenos se ubican en esa región. A esto se agrega que en la XI Cumbre del ALBA-TCP realizada en Caracas a comienzos de febrero del año 2012 fueron incorporados como observadores permanentes o invitados especiales, según el caso, los actuales gobiernos de la República de Haití, de Santa Lucía y de la República de Surinam.

De ahí la importancia que le atribuimos a las reflexiones de Rosalba Linares alrededor de las inconclusas acciones que han emprendido sus Consejos: de Presidentes; Político y Económico para construir un “espacio económico” entre sus Estados Miembros y, por tanto, para seguir avanzando en la edificación de un proyecto de desarrollo integral e integrado alternativo al desgastado, pero subsistente “modelo” neoliberal en lo económico-social, neoconservador en lo político, así como de “inseguridad” ciudadana en el terreno policíaco-miliar que están impulsando los grupos dominantes en Estados Unidos, en Europa y en importantes Estados latinoamericanos y caribeños. Entre ellos, en lugar destacado, los actuales gobiernos de México, Colombia, Panamá, así como en casi todos los Estados Miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Una muestra de esas respuestas alternativas al “orden” dominante nos la ofrece Maribel Aponte en su ensayo “Alternativas a la crisis alimentaria: la soberanía alimentaria en la Alianza Bolivariana”. En él se ofrecen valiosas reflexiones teóricas e informaciones acerca de los esfuerzos que, de manera más o menos conjunta, han venido realizando los gobiernos integrantes del ALBA-TCP para impulsar sus correspondientes producciones de alimentos, así como desplegar sus “ventajas cooperativas” a través de diversas Empresas Gran Nacionales que garanticen la disminución de las voluminosas y cada vez más costosas importaciones de alimentos, que muchos de ellos tienen que realizar en el cada vez más especulativo, monopólico u oligopólico mercado mundial para satisfacer las crecientes necesidades de su población, favorecida por el incremento de sus niveles de vida y por el modelo de “desarrollo incluyente” que han venido impulsando buena parte de sus gobiernos en los años más recientes. Según indica Maribel, en razón de los principios de la complementariedad, del trato especial y diferenciado y de la solidaridad que guían las acciones del ALBA-TCP, algunos de sus programas dirigidos a consolidar su “soberanía alimentaria” también benefician a los 18 Estados centroamericanos y caribeños que participan en PETROCA-RIBE y en el Fondo ALBA-CARIBE.

De todas formas, con casi todos esos Estados el gobierno de la República de Cuba también ha ido desplegando diversos acuerdos de cooperación en el terreno educativo y de la salud pública, así como en otros campos económicos y sociales, la tercera sección culmina con un artículo de las ya mencionadas investigadoras Tania García Lorenzo y Milagros Martínez Reinosa titulado “La cooperación de Cuba y el Caribe: la práctica de la teoría”. En ese ensayo ambas presentan un enfoque lógico-histórico de esa dimensión de la multifacética proyección externa de la Revolución Cubana hacia el Gran Caribe. Esta -además de sus acciones bilaterales o plurilaterales en los marcos del ALBA-TCP- también incluye Acuerdos de Cooperación con todos los Estados integrantes de la CARI COM, así como con todos aquellos gobiernos centroamericanos beneficiados desde 1998 por el Plan Integral de Salud emprendido por el gobierno cubano, entonces encabezado por Fidel Castro, como respuesta a la tragedia humanitaria que, en aquellos años, provocaron los huracanes destructores que afectaron a algunos Estados de esa región, al igual que del Caribe insular, tal cual fue el caso de Haití. Según demuestran esas autoras, la cooperación del gobierno cubano presidido por Raúl Castro con ese último país se multiplicó luego del destructor sismo que lo afectó en febrero del 2010, así como de la mortífera epidemia de cólera que se presentó en los meses posteriores.

Por último, como ya está dicho en los primeros párrafos de este prólogo, este volumen termina con un “Epílogo” escrito por el doctor en ciencias Luis Suárez Salazar. Bajo el título “Los proyectos integracio-nistas’ del Gran Caribe: una mirada al escenario más probable”, su autor explora las complejas, contradictorias y a veces superpuestas “tendencias centrifugas” y “centrípetas”, endógenas y exógenas, que en los años más recientes han venido afectando o favoreciendo los superpuestos, y a veces contrapuestos, proyectos de concertación política, cooperación e integración económica que, simultáneamente, se están desplegando en el Gran Caribe. Como de alguna manera ya se ha indicado, estos son el SICA, la CARICOM, el ALBA-TCP y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) fundada en 1994 por los gobiernos de los 25 Estados independientes o formalmente independientes del Gran Caribe.

A partir de ahí y utilizando los instrumentos teóricos-conceptuales de la prospectiva crítica, el autor del epflogo sintetiza sus consideraciones acerca del escenario más probable en que tendrán que desenvolverse todos esos proyectos entre comienzos del año 2013 y fines del 2016: cuatrienio que, según sus anticipaciones, coincidirá con la segunda y última administración del actual presidente estadounidense Barack Obama, quien -en unión con sus asimétricos aliados europeos y hemisféricos (incluido el gobierno de Canadá)- continuará desplegando diversas “estrategias inteligentes” dirigidas a contener o derrotar, donde quiera que le resulte posible, a los principales gobiernos integrantes del ALBA-TCP, a controlar la estratégica Cuenca del Caribe, así como a entorpecer o ralentizar todos los proyectos de concertación política, cooperación e integración más o menos sectoriales, según el caso, que al margen de los tradicionales intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos se continuarán desplegando entre buena parte de los actuales o futuros gobiernos integrantes de la recién fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Por todo lo antedicho y por otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis, consideramos que este primer volumen, fruto de la aún inacabada labor del Grupo de Trabajo Crisis, alternativas y respuestas en ¡os pequeños Estados insulares del Caribe de CLACSO, aporta nuevos conocimientos sobre la problemática de esa región del continente americano. Somos conscientes de que aún falta mucho por hacer. Sin embargo, consideramos que este libro contribuirá a hacer verdad, en los albores de la segunda década del Siglo XXI, el llamado que nos dejara planteado, desde fines de 1890, el apóstol de la independencia de Cuba y precursor de las luchas por las que llamó a una “segunda independencia” de Nuestra América frente al “Norte revuelto y brutal que nos desprecia”, José Martí: “Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos”[4].

La compiladora y el compilador.

Los lectores deben reparar que, a diferencia del español, donde el término "países" se utiliza como sinónimo de Estado nación, en holandés alude a una división político-administrativa del Reino de los Países Bajos. En cada uno de esos Países existen municipios o municipios especiales, que fue el estatus que se le otorgó a los tres territorios arriba mencionados. También deben conocer que la parte septentrional de la isla San Martín, sigue subordinada a Francia por lo que, en la actualidad, es una división administrativa de las llamadas Antillas Francesas que tienen su centro en Guadalupe, considerado como Departamento de Ultramar de la República Francesa.↵

En términos geográficos el Hemisferio Occidental se extiende hasta importantes zonas de África y Asia. Sin embargo, el pensamiento "ideologizado" y la praxis estadounidense constantemente lo utiliza como sinónimo del continente americano.↵

Es conveniente recordar que el topónimo "Cuenca del Caribe" es de factura estadounidense. Con su empleo, diversos gobiernos de los Estados Unidos han abordado los problemas que, presuntamente, le plantean a su Seguridad Nacional los procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos culturales que se desenvuelven en Cen-troamérica y en el llamado Caribe insular y continental. Prácticamente, desde comienzos del siglo XDÍ, la expansionista y agresiva praxis geopolítica estadounidense ha considerado a esa "cuenca" como su "Mar Mediterráneo" o su "Tercera Frontera".↵

Martí, José 1974 "Nuestra América" en Martí, José Nuestra América (La Habana: Casa de las Americas) p. 21.↵

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PRIMERA SECCIÓN

¿DE QUÉ CARIBE HABLAMOS?

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¿De qué caribe hablamos?

Milagros Martínez Reinosa[1] y Félix Valdés García[2]

“EL CARIBE NO EXISTE”. Tal fue la sentencia de un reconocido intelectual en una de las reuniones de la cátedra que dedica sus esfuerzos al estudio de la región. La expresión, dada como edicto, inquietó a los convocados en la sala. “Cuando era niño se hablaba de las Antillas, y ello era comprendido por todos. Martí hablaba de las Antillas, como Hostos y Betances”- añadía, y nos dejaba pensativos, inquietos. La afirmación se convirtió entonces en nuevo desafío, en obligación de reflexionar sobre un tema que viene y va, una y otra vez.

La denominación “Caribe” es ciertamente más reciente, tal vez una de las pocas que, al referirla, no fije demarcación precisa. Para un barbadense común es familiar relacionarse con otro westindian, al cual consideraría caribeño, no así a un haitiano o a un dominicano. Mientras para un guadalupeño, la Caraibe no va más allá de la Martinica y la Guyana francesa, certeza que a cada instante se le reafirma desde los medios masivos de comunicación y la perspectiva metropolitana.

Los cubanos poco se ven en nexo con el resto del Caribe, y sí con las Antillas hispanas. Norman Girvan recientemente reflexionaba en La Habana cómo los caribeños anglófonos han desarrollado una conciencia de familia regional más amplia, mientras los cubanos se ven más próximos a los países continentales latinoamericanos, a las islas hispanas -quedando asociado lo de caribeño más a la herencia africana que a su similar de la Cuba española. Hay que hacer un viaje de conquista mutua de nuestra mismidad colectiva -afirmaba Girvan[3].

Del mismo modo, cuando se pasa de la conciencia cotidiana, de los sentimientos de identidad, de pertenencia, de una ínsula a otra, en el intento de constituirse en objeto de estudio, en disciplina determinada, o asumir una perspectiva transdisciplinar, sus límites también son imprecisos. La idea del Caribe se construye y se completa con nuevos contenidos que llegan desde las emergencias de la política y la economía con sus visibles intereses. Una es la realidad cambiante y otra el concepto con su amplitud, su contenido y su devenir histórico, para el cual no son suficientes ni la historia, ni la cultura, como tampoco la caprichosa geografía.

Para un grupo multidisciplinar, el Caribe y la delimitación de sus cotos es invitación a un recorrido constante que no pretende una sola opinión, y sí tantas aristas como diferentes son los ángulos desde los que se le mira. “¿De qué Caribe hablamos?” es una cuestión que no se agota y encuentra desacordes argumentos y una conjetura en curso, pues depende del “tiro de cámara”, de los intereses diversos. Un geógrafo pretenderá determinada precisión, mientras para un historiador no siempre será el mismo -también para quienes estudian sus manifestaciones culturales la región se dilata en sus fronteras, o como escribe Graziella Pogolotti, se hace poroso, al mismo tiempo que frágil y vulnerable[4]. A la revisión de los diferentes modos de definir el Caribe, en dependencia del acercamiento disciplinar y geopolítico, se reflexionará en el presente texto, tangencial a los puntos de vistas diversos de especialistas cubanos, convocados al debate[5].

Las referencias al origen del término son frecuentes y se acumula una prolija literatura que descubre los orígenes, su vínculo con el mar que le da nombre, con los habitantes originarios -míticos guerreros del área, hallados por Colón en su segundo viaje- como sus referencias en mapas y trazos, en los recuentos de la experiencia iniciada en 1492, que le convirtiera en escenario de las más cruentas contiendas modernas. Cada año, década o siglo, ha dado cuenta de configuraciones y reconfiguraciones primordiales de la región, que llegan hasta el presente para dejarnos una región no tan amplia como intensa y un espacio siempre notorio en la geopolítica del hemisferio, en el enriquecimiento económico capitalista a lo largo de la historia, con expresiones culturales específicas.

Este espacio, dado en llamar “Caribe” sobre todo en el siglo XX, fue en sus inicios el Cipango aludido por Colón, o la entrada a la ruta comercial de las especias, para pasar a denominarse Indias Occidentales, las Antillas. Desde finales del siglo XVII, en dependencia de la “frontera imperial” a la cual estaban sujetos los diferentes retazos suyos, su nombre fue traducido a las lenguas europeas (inglés, francés, holandés, y hasta alemán y sueco) e impuesto al reducido espacio, en una inusitada fragmentación y extrañamiento, una unidad hecha submarina, de la cual aun no se salva, en esta especie tan denostada de balcanización.

Antonio Gaztambide-Geigel al intentar definir al Caribe y resumir los modos de delimitar sus contornos, afirma que en la cartografía de la región no siempre se le denominó así. Y se pregunta: “¿Desde cuándo se llamó Caribe a ese mar delimitado por las Antillas, Centroamé-rica y parte de la costa norte de Suramérica? ¿Cuándo pasó el nombre Caribe del mar a la geografía imprecisa de algunas o todas las masas de tierra que lo rodean?”[6].

Por ello, el autor de tan visitado texto asevera que las palabras, como todo lo humano, siempre están cargadas de historias, así como los conceptos y, por lo tanto, de ideologías y de discursos, también de imaginarios. Y se responde:

No. No siempre se ha llamado Caribe ese mar al sur de las Antillas Mayores; no, no hace mucho tiempo que llamamos Caribe a las Antillas, menísimos a parte de las masas de tierra continentales. En tanto denominación de una región geográfica, el Caribe es un invento del siglo XX”. Y, “¿cuál es la utilidad de todo esto? [...] ¿Por qué esta disquisición sobre la invención del Caribe en el siglo XX?[7]

Son frecuentes las menciones a la invención del término, la idea del Caribe, un concepto que incluye una realidad, un espacio que trama sus bordes más allá de los antecedentes, y en el cual se difiere en dependencia del acercamiento más apegado o no, a una perspectiva disciplinar o un interés particular, de tipo geopolítico, económico, como cultural. Sin embargo, las miradas disciplinares generalmente mellan sus perfiles al entrar en el Caribe. Tal vez resulte demasiado estrecha o extensa el área, así como los tradicionales modos disciplinares de estudiar la realidad.

Los presupuestos en los que se basa el saber disciplinar se resisten y se reclama una episteme enraizada en sus entornos, un modo de “indisciplinar” los saberes en la región, más allá de lo “traído” del mundo euro occidental. Así ha sido reclamado tanto por José Martí cuando creía ver el nacimiento de nuevo hombre que dejara de ser esa máscara, “con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España”[8], como por Fernando Ortiz, quien fuera criticado por escribir su memorable Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, una obra que resultara difícil de encajar dentro de una disciplina, según la perspectiva académica tradicional y dejara un modo peculiar de acercarse y conocerle. Así son también los cuestionamientos críticos de Aimé Césaire, Frantz Fanón, en torno a la perspectiva dominante, para entender tanto la ciencia misma como la realidad, o más reciente aun, el grupo New World[9], el cual prefería caribeñizar nuestro saber ante la “carencia de las certezas metropolitanas”, lo cual exigía una especie de “soberanía epistémica”, una “decolonización epistémica” -como refiere Norman Girvan[10] para lograr visibilizar y estudiar los complejos fenómenos y procesos regionales con otros ojos y otras miradas.

Una de las disciplinas de apreciable desarrollo en estos esfuerzos es la historia. Ella ha descrito las diferentes etapas transitadas por la región, reafirmando la idea de que esta no siempre ha sido la misma. En cada tiempo, y en dependencia de la ocupación de sus espacios, ha habido diferentes Caribes, así como se han distinguido diferentes mundos dentro de las pequeñas islas y espacios continentales.

Con anterioridad a la llegada de Colón, las islas eran un mundo dominado por arahuacos y caribes, pobladores que desde las profundidades del sur habían arribado en diferentes momentos para asentarse en las islas mayores, mientras los guerreros caribes contendían en las ínsulas menores del arco oriental, justo cuando las naves españolas soltaban amarras en Palos de Moguer[11]. Con la colonización de La Española y el “descubrimiento” de la región insular, seguido por la conquista y colonización de México y Perú, los apetitos de los enemigos de España hicieron poblar los mares verde azules de corsarios y piratas de distintas banderas. Surge el sistema de flotas y se crea un área unida por el mar con una constelación de puertos, bodegas, fuertes y murallas, orientadas “a la marina”, que enlazaban tanto a las islas como a las regiones continentales: a Veracruz, Portobleo, Mara-caibo y la Guaira, con Santo Domingo, San Juan, La Habana, Santiago de Cuba. Este es un Caribe diferente.

El siglo XVI es de trasiego comercial español, como de abandono y vacío de poder en las ínsulas descubiertas. Son momentos de asaltos y cañonazos que instaron en los años siguientes al traslado de fronteras enemigas hasta la entrada del dominio absoluto de España. Las pequeñas islas y regiones costeras fueron disputadas y se plantaron pica y estandartes ajenos para dar inicio a una cruenta realidad de explotación esclava negra en las plantaciones que llenaban de azúcar, añil, tabaco, ron y productos tropicales las bodegas y cubiertas de los galeones que surcaban el atlántico y a las economías europeas de Inglaterra, Holanda y Francia, en el más calculado negocio capitalista. Durante los siglos XVIII y XIX cambia su configuración y se pueblan las islas de sucesos horrendos y de rebeldía. Son las islas del azúcar, del esclavo y el mayoral, del barracón y el ingenio, la caña y el látigo. Ya en el siglo XX adquiere otro aspecto. Es la época de predominio norteamericano, de migraciones asiáticas, de la revolución cubana y los ánimos de independencia en una región a la deriva. Entonces la historia prefigura otra hechura.

Para la disciplina de la historia, el Caribe ha devenido una realidad que puja por nuevas formas su futuro. Decenas de investigadores han poblado de estudios que describen su mundo, más allá de aquellas narradas desde la perspectiva metropolitana. Historiadores como Eric Williams y Juan Bosch han dejado dos textos que trazan límites al Caribe, los cuales podrían ser considerados dos perspectivas o dos posiciones que tipifican el modo de definirlo.

Williams se refiere básicamente a la región insular, al Caribe et-nohistórico, sinónimo de Antillas y de las West Indies, de la tradición inicial hispana y anglófona. Como apunta Humberto García Muñiz, en su historia el autor se refiere a la región en un sentido británico que abarca a las islas, las Guayanas y Belice y no en el sentido estadounidense de finales del siglo XIX y el XX que incluye a las repúblicas independientes de tierra firme que orillan en el Caribe[12].

Juan Bosch, en su libro De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial (1970) -historia de la región que coincide en el tiempo con la de Williams- define los límites a los que refiere y señala: “Por el norte y por el este, el Caribe queda separado del Atlántico por las Antillas” abarcando a las que se encuentran dentro como Jamaica y otras. También excluye a Bahamas, territorio que si bien fue el primero en ser topado por el colonizador, siempre fue abandonado y apartado de la constelación caribeña.

Bosch define que: “Las tierras del Caribe son, pues, las islas antillanas que van en forma de cadena desde el canal de Yucatán hasta el golfo de Paria; la tierra continental de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, la de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y Yucatán, y todas las islas, los islotes y los cayos comprendidos dentro de esos límites”¹¹. La delimitación del intelectual y político dominicano coincide con la mirada de la región posterior al 98, consolidada desde mediados del siglo XX, objeto de reflexión teórica y política en la tradición norteamericana. Para Bosch el Caribe es ese Gran Caribe.

Sin lugar a dudas, ello genera posiciones discordes. Fernando Ortiz en 1936, al tanto de las acotaciones norteamericanas de la región escribió:

Modernamente la geografía humana -acaso ‘demasiado humana’- de los intereses norteamericanos, viene hablando de la Región del Caribe, comprendiendo a las islas Antillas y a todas las naciones continentales bañadas por el mar antillano, con excepción de Estados Unidos, o sea a México, las seis repúblicas de Centro América, Colombia y Venezuela. Pero no existe una unidad geográfica que pueda denominarse del Caribe, fuera de un agrupamiento artificial basado en la vecindad y en la economía extractiva de las diferentes porciones, las cuales están, por otros aspectos geográficos más distanciados. Sólo una cierta consideración económica de sabor imperialista, nacida en Estados Unidos, puede crear ese concepto de la Región del Caribe. Las Antillas sí constituyen una porción del Globo con personalidad esencialmente caracterizada e inconfundible, por ejemplo, con las de México o Colombia[13].

A su vez, el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals dice:

Para entendernos y no entrar en interminable discusión de qué es el Caribe [...] vamos a considerar como sociedades caribeñas las establecidas en las islas del arco antillano que va desde Cuba hasta las costas de Venezuela. En el continente, y por razones de desarrollo histórico, pueden considerarse como caribeñas las antigua Guayanas [...] hay una zona limítrofe que es y no es Caribe [...] Polemizar en torno a si estos puntos continentales pertenecen o no al Caribe, es tan ocioso como discutir si la puerta a la calle de una casa debe incluirse en el estudio de la casa o de la calle[14].

El académico triniteño Lloyd Best, se ve precisado a definir qué entiende por Caribe ante los participantes de una reunión de westin-dians, organizado en 1966 en Montreal y dice:

Cuando pensamos en el Caribe que tenemos en mente, se nos presenta un lienzo mucho más grande que el que normalmente se encuentra en la galería de la mente colonial. Desde luego, este incluye las Antillas -Mayores y Menores- y a las Guyanas. Estos forman el corazón del sistema, el cual es propósito expreso nuestro, cambiarlo. Pero muchas veces el Caribe también incluye el litoral que rodea nuestro mar. Es cierto que se trata de una playa extensa. Y los contornos que pueden ser adoptados para marcar, siguen siendo -en un grado incómodo-una cuestión de gusto personal.

Y continúa señalando:

Sin embargo, nuestra elección de los límites no es, por este hecho, carente de fundamento. Entonces, lo que estamos tratando de abarcar dentro de nuestro esquema es el fundamento cultural, social, político y económico de la plantación de azúcar’, una variante del pensamiento colonial. De ahí que a veces incluimos a Carolina y Caracas con Kingston y Chacachacare, Corentyne y Camagüey; Recife con Paramaribo, Puerto España con Pointe-a-Pitre; y a la Hondura Británica con Blan-chisseuse y Barranquitas[15].

Para Lloyd Best, economista, autor junto con la académica canadiense Kari Polanyi Levitt de la Teoría Económica de ¡a Plantación, la delimitación del área se convertía en una necesidad. Al mismo tiempo una exigencia de su generación de jóvenes intelectuales, quienes enfrentaban la creación de la universidad de las Indias Occidentales y tomaban las riendas de la interpretación teórica de la región, tras la independencia de Gran Bretaña, animados a crear un nuevo mundo, que a la larga no dejó de ser un fenómeno del Caribe anglófono.

Norman Girvan, parte del Grupo New World, ha dicho: “[...] la noción de Caribe ha sido -y está siendo- continuamente redefinida y reinterpretada, en función del interés por ofrecer respuestas a las influencias externas y a los procesos internos. Una posición apropiada es sostener que no hay una definición “precisa” o consumada; el contenido depende más bien del contexto, pero ello debe especificarse con claridad cuando se emplee con propósitos descriptivos o analíticos [...]. En el nivel cultural, la creciente importancia de la diaspora del Caribe insular hacia Norteamérica y Europa ha sido reconocida, así que el Caribe no es sólo multilingüe, también es trasnacional”[16].

Con ello, Girvan da paso a considerar la diaspora caribeña, la existencia de esos pequeños bolsones caribeños en Londres, Miami, Toronto, Montreal, Amsterdam o París, los cuales muchos consideran también parte del Caribe, como implican al ampliar su definición pues ello amplía los límites y ensancha la región. El mapa cultural de estas ciudades se ha modificado por los ritmos y los sabores, los aromas y las creencias que los emigrantes insulares llevan consigo. The Notting HUÍ Carnival en Londres, la festividad de Caribana en las calles de Toronto, los barrios Little Havana en Miami o Washington Heights y Lozaida en Nueva York, son ejemplo de los alcances del rizoma caribeño, como afirmara el intelectual martiniqueño Edouard Glissant[17], pues sin dudas, es un deslazamiento reconocible y numeroso, además de peculiar.

La geografía, por su parte, aparenta dar una definición más precisa. Como disciplina que se precia de la exactitud, atrae desde la posibilidad de crear imágenes frías, congeladas en mapas infalibles y a escalas exactas. Sin embargo, ella ha limitado sus espacios, siempre vinculada a la política, para hacer del área una región de fronteras movedizas en el tiempo. Tal vez ha sido la disciplina que más se haya ajustado los lentes con los cuales se mira el Caribe. Para Antonio Gaztambide, el concepto “Caribe”, de carácter histórico, es resultado de los móviles geopolíticos norteamericanos a partir de 1898 y arranca precisamente de la transición de la hegemonía europea a la estadounidense en la región[18], cuando como resultado de su política expansionista el vecino del norte convierte al área en su mediterráneo o su traspatio[19] e inicia ese modo de ver y conceptualizar una cuenca, un Caribe, disímil de las herencias de mundos fragmentados dejadas por los “imperios” coloniales.

Socorro Ramírez, politóloga colombiana del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, considera que desde mediados de los años noventa se ha comenzado a denominar Gran Caribe a la amplia cuenca geográfica que va desde México hasta la Guyana Francesa y que comprende las islas, el istmo centroamericano y los países continentales de Sudamérica que tienen costa sobre este mar[20]. Esta denominación, considera la autora, no incluye a las costas estadounidenses y permite distinguir la región tanto del Caribe insular como de la denominada Cuenca del Caribe, que para la perspectiva estadounidense tiene un claro sesgo ideológico.

La autora refiere el tiempo en que se crea la Asociación de Estados del Caribe (AEC), organismo regional que pretende fortalecer e integrar a los países de la cuenca del mar Caribe para crear un espacio económico común, preservar el mar y promover el desarrollo sustentable de sus miembros. Fue creado el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, y lo integran la mayoría de los Estados centroamericanos, sudamericanos e insulares bañados por el mar que le da nombre a la región, a excepción del sur de los Estados Unidos y algunas dependencias coloniales. Un gran número de islas francófonas y holandesas son miembros asociados.

La idea de conformar un Gran Caribe surge en el momento histórico creado por los vacíos en la región, dejados por la transformación del antiguo colonialismo y por la desaparición del significado geopolítico que, a lo largo de la Guerra Fría le dieron especial importancia al Caribe insular y a Centroamérica respectivamente. Considera el estudioso colombiano Rodríguez Flores en su blog de Internet que ello obedece a dos imperativos que determinan las posibilidades actuales y futuras de las islas, el istmo y también de los países costeros: los procesos de glo-balización en curso y la presencia hegemónica de los Estados Unidos[21].

Por ello es necesario, en la definición del Caribe hecho objeto de estudio académico, trascender los campos delimitados por la geografía y la historia y pensar desde la geopolítica, la geohistoria, de modo tal que se amplíe la definición en dependencia de intereses y realidades que, aun fuera de ese mar semicerrado, de ese espacio (como es el caso de ciudades como Panamá ubicada en el Pacífico o Veracruz en la costa del Golfo de México), permitan comprender con mayor profundidad la región.

Es recurrente la pregunta en torno a si el Golfo de México pertenece al Caribe, al igual que el importante puerto de Veracruz, lo cual obliga a ir más allá de criterios geográfico. Y por la misma razón es frecuente escuchar la pertenencia o no de Nueva Orleans -y por tanto del sur de los Estados Unidos, de la Florida- como otras piezas de ese rompecabezas del Caribe. Aplicar simples criterios geográficos en la búsqueda de los límites del Caribe produce una visión imprecisa e inexacta de la región. Por ello el lente de la cultura debe ser un criterio a la mano, pues esta región no está formada por simples puntos en el mapa, o diferentes perlas ensartadas en un mismo collar. Las distintas disciplinas académicas como la historia, la geografía, la economía, la política, redefinen el espacio y el tiempo Caribe.

Los estudios de la cultura y sus diversas manifestaciones amplían el horizonte. Generalmente se apunta a la presencia de diferentes raíces: europeas, africanas y asiáticas, que han generado un melting pot, ese ajiaco del cual hablaba Fernando Ortiz. Entonces la delimitación del Caribe tiende a ensancharse, más allá de la consideración de una abstracta geografía física. Varios autores se han visto precisados de considerarlo desde el sur de los Estados Unidos hasta Brasil.

Gabriel García Márquez, para quien esta región es centro de gravedad de lo increíble, dice que: “en rigor, se extiende (por el norte) hasta el sur de los Estados Unidos, y por el sur hasta el Brasil”, y advierte que no es un delirio expansionista, sino: “es que el Caribe no es sólo un área geográfica, como por supuesto lo creen los geógrafos, sino un área cultural muy homogénea”[22].

Quince Duncan refiere a ese gran Caribe que “[...] es más que un mar”, pues desde el punto de vista cultural, “es un área que se extiende desde Nueva Orleans en el norte hasta las Guyanas al sur del continente, incluyendo, de paso, a Veracruz, la Costa Atlántica de Centroamérica y la parte septentrional de Sudamérica, las Islas del Caribe y abarcando la totalidad de Belice y la mayor parte del istmo de Panamá”. Esta es una zona -dice, “con una vasta diversidad cultural, pero al mismo tiempo, los tradicionales lazos con las potencias coloniales de los siglos XVI y XVIII por una parte, y la presencia decisiva de la cultura africana, por otra, le han dado al Gran Caribe ciertas características que lo distinguen como un ente cultural con una identidad única”[23].

Para Antonio Benítez Rojo, en La isla que se repite, el Caribe es un meta-archipiélago cultural, que carece de límites y de centro.

Este archipiélago está integrado por un conjunto de islas y cada isla es la copia de una que se repite entre la desembocadura del Mississippi y la desembocadura del Amazonas. El archipiélago Caribe, dentro de su turbulencia historiográfica y su ruido etnológico y lingüístico, dentro de su generalizada inestabilidad de vértigo y huracán, pueden percibirse los contornos de una isla que se “repite a sí misma”, desplegándose y bifurcándose hasta alcanzar todos los mares y tierras del globo, a la vez que dibuja mapas multidisciplinares de insospechados diseños[24].

De igual modo coincide con aquellos que llevan sus límites desde los Estados Unidos hasta la América del Sur. “Si partimos de un criterio geográfico, el Caribe estaría comprendido por las Antillas Mayores y Menores, y por los territorios que bordean el Mar Caribe, quedando entonces excluidos aquellos que miran para el Golfo de México: así como las Bahamas, Barbados, Guayana, Cayenne y Surinam, naciones que generalmente son consideradas caribeñas. Por otra parte, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que tomamos como naciones centroamericanas, quedarían incluidas como caribeñas, mientras que El Salvador no lo sería. Tampoco sería la Ciudad de Panamá, que da al Pacífico, aunque sí lo sería Colón, junto al lado caribeño del Canal. Si en vez de seguir el criterio geográfico seguimos uno socioeconómico, estudiar el Caribe en los términos de la Plantación América, es decir, las partes del continente americano donde se desarrolló una economía de plantación esclavista. No obstante, si uno fuera a seguir estrictamente este criterio, el Caribe incluiría, además de las Antillas, una gran parte de los Estados Unidos y el Brasil, así como las regiones costeras del norte de América del Sur y la franja occidental del antiguo Virreinato del Perú, la cual mira hacia el Pacífico”[25].

Otros escritores proponen llevarlo hasta Ecuador, como el colombiano Osear Collazos, quien dice que:

[...] El Caribe se prolonga hasta el Ecuador y, exactamente, hasta la ciudad portuaria de Guayaquil [...] el Caribe entra por el Canal de Panamá, corre por toda la franja del Pacífico hacia el sur, salta por Buenaventura por lo villorrios del Cauca y de Nariño, llega al norte de Ecuador a las costas de Esmeralda y acaba por crear una estación provisoria y casi final en Guayaquil[26].

Seguir las diferentes reflexiones dadas en lo que constituye un debate ilimitado desde diferentes perspectivas, amplía indudablemente la aproximación al Caribe, pues no existe una definición pura y exacta, como tampoco positiva ni tampoco única. Todas estas perspectivas pueden continuar ampliando nuestro modo de verlo y estudiarlo. El profesor venezolano Andrés Bansart, se inquieta ante la misma formulación: “¿Cómo definir este Caribe? y considera que mejor no responder a estas preguntas para dejar a cada caribeño, a cada ser individual o colectivo, contestarlas desde sus YO y sus OTROS, desde sus ayer y su ahora, también desde sus proyectos de desarrollo”[27].

Recientemente, la intelectual cubana Graziella Pogolotti remataba este debate con ciertas valoraciones que bien podrían ser corolario del presente análisis. La escritora afirmaba que el Caribe ha empezado a reconocerse a partir de una construcción cultural, como obra de poetas, narradores, pintores y músicos. “Poco a poco, acá y allá, con las herramientas forjadas en la tradición occidental, empezaron a traducir en imágenes su entorno inmediato para forjarse una gran familia que saltó por encima de las barreras de la balcani-zación. La mirada de los escritores traspasó las fronteras coralinas de las islas”.

Graziella considera que a ello se le suma la Academia que advirtiera un filón en el universo que estaba cobrando forma, para abrir cátedras en universidades, organizar congresos, tesis de doctorado, con el peligro de sus propios mecanismos internos que conducen a la forja de modelos, modas y escuelas de pensamiento que rehuyen la complejidad y no escapan a cierta visión inconscientemente folklori-zante, “percibida como imagen congelada y no como fuente viva de creación popular”. Y afirma: “Poroso entre las aguas del Atlántico y del Golfo de México, el arco antillano, entorno del Caribe, es frágil y vulnerable. Nunca hemos guerreado entre nosotros después de la colonización. Hemos sido, en cambio, campo propicio para dilucidar conflictos entre potencias situadas en Europa y Estados Unidos”. Y finaliza aseverando, que a pesar de tantas diferencias que parecen separarnos, nuestra voluntad de ser y resistir ha ido forjando una cultura con rasgos reconocibles. Acertadamente apunta que: “No nos ha separado el odio, sino el insuficiente conocimiento mutuo”.

Sirva el presente esbozo al conocimiento de unos y otros, al quebranto de nuestras miras disciplinares, así como pretexto para continuar esa inquietante búsqueda de nuestra realidad, “ese viaje de conquista mutua de nuestra mismidad colectiva” al que nos conminara Norman Girvan, en esta región que nos une y nos distingue.

Licenciada en Economía de la Universidad de la Habana (1978) y master en Estudios Caribeños en la Universidad de La Habana (2011). Se desempeña como metodóloga y asesora principal de la Vicerrectoría de Relaciones Inter¬nacionales de la Universidad de La Habana desde mayo de 1999.↵

Es filósofo y profesor de filosofía. Investigador del Instituto de Filosofía de La Habana. Trabaja temas relacionados con la filosofía y el pensamiento en Amé¬rica Latina, en particular en el área del Caribe.↵

1 Ver: Girvan, Norman 2011 "¿Está el Caribe más lejos de Cuba de lo que Cuba está del Caribe?" en <http://www.normangirvan.info/girvan-caribbean-cuba↵

Pogolotti, Graziella 2011 "¿Qué es el Caribe?" en .↵

La Cátedra Honorífica de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana, fundada en diciembre de 2004, ha promovido el debate en torno a la naturaleza del concepto Caribe, su amplitud y contenidos, convertido en objeto de estudio especialis¬tas cubanos provenientes de la politología, la historia, la geografía, la filosofía y otras disciplinas, así como también escritores, estudiosos de la cultura y las artes. Han parti¬cipado en dichos debates Graziella Pogolotti, Nancy Morejón, Roberto Fernández Reta¬mar, Miguel Barnet, Digna Castañeda, Emilio Jorge Rodríguez, Aurelio Alonso, Yolanda Wood, Luis Suárez Salazar, Tania García, José Mateo, entre muchos otros reconocidos estudiosos. Un resumen de diferentes puntos de vista, que son agrupados por Milagros Martínez Reinosa, coautora del presente texto, en su tesis de de maestría: "La proyec¬ción de la Revolución cubana hacia el Caribe de la CARICOM en el siglo XXI. ¿cambio o continuidad?", enero 2011, Fondos Documentales de la Cátedra de Estudios del Caribe. También han participado en estos debates otros prestigiosos caribeñistas como Nor¬man Girvan, Keith Ellis, Antón Alahar, Andrés Serbín y Emilio Pantojas.↵

Gaztambide-Geigel, Antonio 2003 "La invención del Caribe a partir de 1898 (Las definiciones del Caribe, revisitadas)" en Tierra firme (Caracas) Año 21, Vol. XXI, N° 82, abril-junio.↵

ídem.↵

Martí, José 1975 "Nuestra América (El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891)" en Martí, José Obras Completas (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales) Tomo 6: 15-23.↵

El New World Group se conformó por estudiosos reunidos en la recién fundada Universidad de las West Indies, en el Caribe anglófono, motivados por las transfor¬maciones en la vida política, económica e intelectual de la región que alcanzaba su independencia de la dominación colonial británica y se preguntaba por los modos, las vías de estudiar su mundo, alejado de los modos metropolitanos. Estaba integra¬do por economistas, historiadores, intelectuales de esta región. Crearon una revista del mismo nombre y tuvo recepción o "asociados" en Canadá y los Estados Unidos. Ver: Girvan, Norman 2010 The Thouhgt of New World. The Quest for Decolonization (Kingston: Ian Randle Publishers).↵

Girvan, Norman (2010: 8, 9, 16).↵

9 Al estudio de los Pueblos Originarios de las islas, su conformación histórica y el desarrollo de sus comunidades, se dedican miembros de la Cátedra, entre quie¬nes se destaca la investigadora Lohania Aruca Alonso, del "Aula de las expediciones, pueblos y culturas aborígenes del Caribe" de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana.↵

García Muñiz, Humberto 2009(1970) "Introducción" en Williams, Eric De Colón a Castro: la historia del Caribe 1492-1969 traducción de From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492-1969 (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora). Humberto García Muñiz, actual Director del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, describe cómo se fue conformando la idea de Caribe en Eric Williams al estudiar el proyecto de in¬tegración caribeña del estadista trinitario. Según García Muñiz, Williams estando en los Estados Unidos de América en la década del cuarenta y al estar trabajando para organizaciones caribeñas, como la Comisión Anglo Americana del Caribe, tras haber concluido su tesis en Inglaterra, (publicada como Capitalismo y esclavitud, en 1944), comienza a hablar de una federación antillana y utiliza el vocablo Caribe que no incluye a los Estado nación que orillan con la región antillana. Aquí esboza una con-cepción del Caribe dirigida a influir a los políticos y funcionarios gubernamentales, los decision makers. También en su libro El negro en el Caribe, en 1942, amplió su de¬finición de la región al incluir a todas las islas del archipiélago y a las Guayanas (hoy Guyana, Guayana Francesa y Surinam) y Honduras Británica (hoy Belice) "porque son similares en su economía al igual que en el carácter racial de su población". Ver: Williams, Eric 1994 (1942) The Negro in the Caribbean (Brooklyn: A&B Publishers) p. 1. Esta definición del Caribe, según García Muñiz, fue hasta hace varios años la más aceptada, utilizada por: Mintz, Sydney W. y Lewis, Gordon K. 1983 Main Currents of Caribbean Thought: The Historical Evolution of Caribbean Society in its Ideological Aspects, 1492-1900 (Baltimore: The Johns Hopkins University Press) pp. 1-16; y por Moya Pons, Frank 2008 Historia del Caribe: azúcar y plantaciones en el mundo atlán¬tico (Santo Domingo: Editora Buho) p. 11.↵

12 Ortiz, Fernandoetal. 1936 Geografía Universal: Antillas, bajóla (Barcelona: Mon-taner y Simón) Vol. XDÍ: 10-11, dirección de P. Vidal de la Blache y L. Gallois. Citado por García Muñiz (2009: 27).↵

13 Moreno Fraginals, M. 2009 Órbita de Manuel Moreno Fraginals (La Habana: s/d) p. 168.↵

Best, Lloyd 1966 "Independent Thought and Caribbean Freedom", Ponencia pre¬ sentada en la Conferencia de asuntos caribeños, Montreal. ↵

Girvan, Norman 2000 "Reinterpretar el Caribe" en Revista Mexicana del Caribe, N°7. ↵

Glissant, Edouard 2002 Introducción a una poética de lo diverso (Barcelona: Planeta).↵

17 EQ Caribe según Antonio Gaztambide-Géigel en una invención posterior a 1898, resultado de la política expansionista de los Estados Unidos, basado en la doctrina Monroe. Con la Guerra Cubano-Hispano-Estadounidense-Filipina se concretó esa afirmación de soberanía. El gobierno de Estados Unidos ocupó a Cuba y anexó, no sólo a Puerto Rico, Filipinas y Guam, sino a Hawai. Tras este hecho histórico irrumpe en la construcción del canal de Panamá y la "ocupación" de este espacio estratégico es seguido, sin lapsos extensos de tiempo, por las ocupaciones militares de Nicaragua (1909 a 1925, 1927 a 1933), las de Haití (1915 a 1934) y de la República Dominicana (1916 a 1924), así como la compra de las Islas Vírgenes danesas en 1916, la ocupación del puerto mexicano de Veracruz en 1914, entre otras acciones en la región.↵

18 José Martí, advertido del peligro expansionista del país del norte, antes de morir, en una carta a su amigo Manuel Mercado, hacía notar el desprecio del "Norte revuel¬to y brutal" previniendo: "Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas". El archi¬piélago constituía un muro de contención contra el expansionismo estadounidense y por ello testaba: "ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber [...] de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América". En: Martí, J. 1975 "Carta a Manuel Mercado" en Martí, J. Obras Completas (La Habana: Ciencias Sociales) Tomo 4: 168.↵

19 Ramírez, Socorro s/f "El Gran Caribe: ¿estrategias aisladas, opuestas o conver¬gentes?" en <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/sanandres/uv00001/leccio-nes/mod01/cap02/caribecolombiano.html>.↵

Rodríguez Florez 2012 "Región y contexto Caribe" en <http://rodriguezflorez.wor-dpress.com/>. Documentos de la Cátedra Universidad de Magdalena, revisado el 31 de enero↵

21 García Márquez, Gabriel 1998 "Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe" en Voces. Arte y literatura (San Francisco) N° 2, marzo.↵

22 Duncan, Quince 1997 "El Gran Caribe: Naturaleza y Cultura como conceptos dinámicos" en <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/sanandres/uvOOOO 1/lec-ciones/mod01/cap02/caribecolombiano.html> Traducción Libre del Documento "Paz en los Océanos". Documentos Técnicos N° 41.↵

23 Benítez Rojo, Antonio 1998 La isla que se repite (Barcelona: Casiopea).↵

24 Benítez Rojo, Antonio s/f "Significación del ritmo en la estética caribeña".↵

25 Collazos, Osear 1999 "Un Intruso del Pacífico", presentado en IV Seminario Inter¬nacional de Estudios del Caribe.↵

Bansart, Andrés 2001 "¿Identidad o identidades culturales en el Caribe? en <http:// www.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_66/66008.pdf>.↵

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Perfil ambiental del caribe en la era de la globalización

José Seguinot Barbosa[1]

PARA CONSTRUIR UN PERFIL AMBIENTAL del Caribe en la era de la globalización se hace menester comprender si eso que algunos científicos sociales han llamado la mundialización o la apertura de los mercados, junto con la desaparición de las fronteras nacionales, realmente afecta en alguna medida el medio ambiente global y regional. Desde el punto de vista estrictamente académico nos interesa saber cómo contrasta la visión que sobre determinado país en la Región caribeña mantienen las instituciones globales versus la visión ambiental que el propio país tiene de sí mismo. Para ello, habremos de usar indicadores del medio ambiente que sean comparables de un país a otro. Debemos confesar que no es fácil conseguir información ambiental de los países del Caribe y más difícil es aun conseguir datos que sean comparables.
Antes de iniciar con el análisis de datos se hace necesario expresar nuestra visión de lo que entendemos por globalización y como interpretamos que aquella incide sobre los países de la Región del Caribe. En un libro que edité para el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico y que se tituló: Globalization in America, a Geographical Approach (1997) abordé junto a varios colegas de la Universidad de Laval (Quebec) y de la Universidad de Puerto Rico las dimensiones históricas, económicas, espaciales, ambientales, culturales y sociales, entre otras, de eso que se definió a finales del siglo XX como globalización. Como en ese texto me correspondió preparar las introducciones para cada una de las unidades temáticas en que se dividió el libro, abordé desde las diferentes perspectivas una conceptualization integral que lo que entendía eran las múltiples caras de la globalización.

La globalización es un proceso que, aunque no lo sea en realidad, pretende ser mundial. Se espera que desde la óptica económica, tecnológica o política la globalización impacte aun las áreas más remotas del globo. Desde la perspectiva de la actual división del mundo en países desarrollados y en vías de desarrollo se veía a la globalización como el mecanismo de reducir las diferencias. No obstante, la realidad parece ser la contraria, la globalización agudiza cada vez más la brecha entre los países ricos y aquellos considerados subdesarrollados.

El mundo de comienzos del siglo XXI se ha caracterizado por la integración comercial y económica. La liberación de los mercados y el libre flujo de mano de obra es una de las características esenciales de esta llamada globalización. Sin embargo este es un proceso iniciado desde y para los países del primer mundo. América Latina, Asia y África tienen muy poca capacidad de negociar de tú a tú con Estados Unidos y con los países europeos. Más bien este nuevo movimiento llamado globalización parece ser una nueva forma de colonización económica que en muchas ocasiones no dista mucho de ser la visión tradicional del neocolonialismo impuesto desde el primer mundo.

En este momento estamos viviendo la era de la información. Los mensajes transcurren por la Internet al ritmo de miles de millones por día. Los negocios se hacen por sistemas virtuales desde los países de cada uno de los participantes, aun la educación a distancia ha cobrado un auge sin precedente. Todo ello gracias a la revolución de los sistemas de información. Para muchos científicos vivimos en la posrevolución industrial, donde los servicios son más importantes que la producción de la materia prima. Para otros este es un mundo posmoderno desde el cual los actores sociales son grupos de intereses comunes que representan varios estratos sociales. Entre ellos cabe mencionar los ambientalistas, los artistas, las comunidades, los homosexuales y los religiosos. Todos ellos conforman aquello que, más recientemente, se ha llamado la sociedad civil.

A pesar de tanto progreso, todavía existen regiones en el mundo que habitan como en la época neolítica o quizás hasta en la paleolítica. El mundo sigue siendo muy desigual económica, social y cultural-mente para ser homogeneizado mediante un proceso de integración global. Inclusive en aquellas naciones que llamamos industrializadas existen parchos de desigualdad social y económica. Con ello solo queremos enfatizar el carácter heterogéneo de la globalización, por lo cual tomará muchos años en que se alcance una integración total. Europa es actualmente el mejor ejemplo de integración regional. Para muchos europeos la integración económica propuesta por la Comunidad debe ser un objetivo común. Para otros, sin embargo, la globalización ha despertado amplios sentimientos nacionalistas como ha ocurrido en la antigua Yugoslavia y sucede en España con los vascos y catalanes.

Sería muy valioso preguntarse a quién beneficia la globalización, por qué y para que ocurre y quiénes son los actores afectados y beneficiados. Para algunos teóricos la globalización no es más que la culminación de un proceso histórico de integración cultural que comenzó hace miles de años con la expansión de los imperios romano y árabe o, inclusive, con la diseminación del neandertalenses en el mundo. El descubrimiento de nuevos continentes también dio fuerza a ciertos momentos globalizantes. Los viajes de Magallanes, Cook y por supuesto, Cristóbal Colón integraron y dieron a conocer a ciertos grupos humanos la realidad social y política de otros. Como todo proceso humano la globalización varía en tiempo y espacio. Por eso los autores tienen diferentes concepciones sobre ella. Para unos es parte de un proceso técnico relacionado a la interconexión de diferentes redes de computadoras. Para otros es estrictamente un proceso de integración económica y de apertura de los mercados. Para los políticos del primer mundo la globalización solo puede alcanzarse a través de la integración y la unificación democrática.

La globalización se relaciona con el medio ambiente y con el espacio en la medida que ayuda a conformar nuevos espacios abiertos para la gestión. Igualmente define nuevas escalas de acción. La política y los cambios ambientales globales inciden sobre el medio local y regional. Bajo la apertura de los mercados ha sido necesario redefinir nuevas modalidades de relación con el ambiente. Por eso hoy hablamos con mayor énfasis de la ecología humana, del desarrollo sosteni-ble, el ecoturismo, la agricultura orgánica, la naturación, la ecología urbana y los geosistemas u ecosistemas, entre muchos otros. De igual manera se construyen redes ambientales globales para defender el medio de un determinado lugar o región.

Los espacios son el producto de la ideología imperante. La glo-balización contiene su propia iconografía. Por lo que esta se imprime de una forma homogénea a través del mundo. Los restaurantes de comida rápida no varían mucho en el mundo y mucho menos si es un McDonalds. Los centros comerciales se asemejan unos a otros cada vez más. Inclusive las carreteras, los edificios comerciales y hasta la iglesia de una misma denominación presentan un alto grado de homogenización. Ser un diseñador o un constructor bajo la globali-zación debe ser bastante complicado y hasta limitante si se trata de imponer los estilos arquitectónicos propios frente a los diseñados en los países dominantes.

Bajo el paradigma global es siempre interesante tratar de entender como cada cual ve al otro. Por ello este trabajo tratará no solo de presentar la visión que sobre el Caribe tienen las instituciones internacionales, sino de ver como cada país se ve a sí mismo y como comparan ambas percepciones. Dada la escasez de datos mostraremos, primero, la visión de las instituciones globales para la situación ambiental del Caribe y, luego, veremos las visiones propias con algunos casos específicos como el de Cuba, Colombia, Martinica y Puerto Rico.

Visión global del ambiente del caribe

La población para el Caribe de acuerdo al Buró Internacional de Población rondaba por los 37 millones para el 2002 (Tabla 1) y debe alcanzar la cantidad de 45 millones para el 2025. Su ritmo de crecimiento de 1,3% está por encima del promedio mundial de 1,2%.

El Caribe antillano tiene un ritmo de crecimiento mayor que Oceania, Europa y la América del Norte y menor que todos los demás continentes (Tabla 2). La densidad poblacional ha sido un indicador que se ha tratado de asociar a los problemas ambientales. De acuerdo a los principios maltusianos a mayor densidad mayor escasez de recursos y por ende, mayor contaminación. Ese principio no se puede aplicar ni a todas las sociedades ni a todas las condiciones ambientales, pues en el mundo actual tenemos lugares con muy poca densidad poblacional y con graves problemas de polución y lugares con una alta densidad y con muy buena calidad ambiental.

La densidad poblacional varía muchísimo en el Caribe (Tabla 3). Bermudas se presenta como el de mayor densidad poblacional y Bahamas como el de menor. Barbados y Puerto Rico siguen como los países de mayor densidad y Cuba y Dominica como los de menor. Si comparamos estos 6 países no podríamos acusar a la densidad poblacional como la agravante o causante del deterioro ambiental de estos países.

El Caribe como región presenta una densidad poblacional relativamente alta (159 personas / km²) al compararla con el resto del mundo con 42 millones. Aunque ello no nos dice mucho, sí nos sirve como marco comparativo con otras regiones y sociedades. Si asociamos los datos poblacionales con la extrema pobreza, entonces, podemos tener un cuadro más claro de la situación. Ya hemos dicho en otros escritos (Seguinot, 1994) que en el Caribe existe una relación directa entre la pobreza y las condiciones ambientales.

El que existan programas de justicia ambiental en los Estados Unidos es un hecho que reconoce que la contaminación y la pobreza están asociadas. Pues solo podemos conseguir una mayor equidad si evitamos que la contaminación sea lanzada sobre las comunidades pobres de los grupos minoritarios (negros, indios e hispanos). El 38% de la población del Caribe vive en extrema pobreza, según el Banco Mundial.

Este dato duplica el promedio total para el mundo que es de 19%. Este indicador asociado a altas densidades poblacionales puede ser muy útil para determinar aquellos lugares donde los recursos naturales podrían estar pasando por una gran presión ecológica en la medida de que son indispensables para sostener poblaciones de muy bajo recursos.

Veamos ahora el perfil ambiental del Caribe de acuerdo a las instituciones globales. De acuerdo a los datos de la FAO, el Caribe no presenta una situación de deforestación tan crítica como esperaríamos (Tabla 4). Su índice de deforestación es de -0,3%- No obstante cuando vemos la situación por países específicos encontraremos que Haití tiene casi un 98% de su territorio deforestado (Tabla 5) mientras Jamaica solo presenta un 8%. Esos datos parecen imprecisos porque presentan la situación de los bosques del Caribe de forma bastante positiva, cuando en realidad parecen estar en una situación bastante crítica.

De acuerdo a la FAO las mejores condiciones forestales se presentan en la República Dominicana, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis. Algunos científicos piensan que la contaminación atmosférica en el Caribe se concentra en los centros industriales y urbanos. Sin em¬bargo si miramos la Región desde una óptica global encontraremos que existen muchos problemas atmosféricos asociados a la contami¬nación transfronteriza y a los cambios globales que se manifiestan sobre la Región. Desde la óptica de las instituciones globales un pro¬blema básico en el Caribe es la falta de parámetros aceptables de la contaminación. Se dice (Tabla 6) que con excepción de aquellos países asociados a los Estados Unidos (Puerto Rico e Islas Vírgenes) los es¬tándares no son aceptables.

A eso diríamos que siempre se puede aspirar a establecer estándares más estrictos, pero el nivel y capacidad de determinar cada parámetro a base de sus condiciones geográficas debe residir en cada uno de los Estados soberanos. La contaminación atmosférica en el Caribe proviene de fuentes naturales como el polvo del Sahara o la actividad volcánica de Monserrate, Santa Lucía y Martinica y por supuesto, de la actividad industrial y automovilística.

La contaminación del agua y de los recursos hídricos es con toda posibilidad la forma de polución más seria que existe en el Caribe, y quizás en el mundo. Las causas principales de esta contaminación en el Caribe son las descargas industriales, aguas no tratadas, escorrentías, la sedimentación los nutrientes, los derrames de petróleo, los pesticidas y las intrusiones salinas (Tabla 8).

En el Caribe, solamente el 39% de las descargas industriales han sido tratadas, solo el 25% de la población tiene servicios sanitarios, el 52% tiene servicios in situ (letrinas) y un 23% de la población descargan las aguas crudas directamente a la superficie. Esta realidad varía de país en país.

Según la Tabla 7 los países que tienen la situación más crítica en cuanto a disponibilidad de sistemas sanitarios son Haití, San Kitts, Montserrat y Granada. Los que tienen mejores condiciones sanitarias son Puerto Rico, Guadalupe y Barbados. El porcentaje de aguas tratadas en el Caribe puede llegar hasta un 48% y al 14% en América Latina.

La variación en el tratamiento de agua presenta un patrón similar al de la existencia de instalaciones sanitarias. Los países con peor disposición del agua son nuevamente Haití, Granada y Montserrat y los que le ofrecen algún tratamiento al agua antes de disponerla son Puerto Rico, Guadalupe, Barbados y Antigua y Barbudas (Tabla 9).

La sedimentación es un problema de contaminación muy serio en el Caribe. Es la principal causante de la muerte de los corales y de la eutrofización de los cuerpos de agua. El plumacho de sedimentos del Río Misisipi crea una zona muerta de cerca de mil millas cuadradas (Tabla 10).

El Mar Caribe recibe cerca de un millón de toneladas de sedimento al año. El plumacho del Río Orinoco en Venezuela llega prácticamente al sur de Puerto Rico. Los ríos que más contribuyen a la sedimentación son el río Misisipi, los de Centroamérica y las Antillas y el río Magdalena de Colombia como se puede ver en la tabla anterior.

Los nutrientes también constituyen un problema serio en el Caribe. De acuerdo a los datos de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos cerca de 916 mil toneladas de nitrógeno y 40 mil toneladas al año de fósforo llegan al Golfo de México. Históricamente, los derrames de petróleo han constituido una seria amenaza para los ecosistemas costeros. En Puerto Rico únicamente han ocurrido más de 4 derrames serios durante las últimas cuatro décadas. Las intrusiones salinas como consecuencia de la extracción descontrolada de agua dulce de los acuíferos ha ocasionado el deterioro de la calidad del agua. De esto hay evidencia en una gran cantidad de países caribeños.

El manejo de los desperdicios representa un problema muy complejo, tanto para el Caribe como para el resto del mundo. Irónicamen-

te, los países con mayor nivel desarrollo son los que presentan mayor generación de estos desperdicios y mayor dificultad para su manejo. Por lo que en muchas ocasiones los desperdicios se desplazan de los países industrializados a los menos desarrollados. Así, estos desperdicios están directamente asociados a los niveles de consumo de los países, por lo que una solución al problema debe partir de regular el tipo de industria que produce tanta basura como materia prima.

La generación de basura en el Caribe varía de forma notable entre cada una de las islas. Por ejemplo como Región generamos 2,2 libras (1 kilo) de basura diaria (Tabla 11) más por países las islas Vírgenes norteamericanas, junto a las británicas, Puerto Rico y Jamaica son los mayores generadores (Tabla 12). República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas son los que menos desperdicios generan.

La situación ecológica del Caribe sufre los mismos embates que la de otras regiones tropicales del mundo. En 1995 se habían identificado, en el Caribe, 23 regiones ecológicas, 7 subregiones ecológicas y 5 regiones biogeográficas. Desde el punto de vista de los habitas se habían identificados 2 en estado crítico, 11 en estado de peligro, vulnerable habían 9, solo 1 estaba relativamente estable y no había ninguno en estado prístino.

Para esa fecha se habían perdido 263.500 km2 de habitas original y solo quedaban 23 mil Km² en estado prístino. Es importante señalar que el Caribe es considerado uno de los 25 puntos de alto valor ecológico a nivel mundial y la Unión Mundial de Conservación lo considera el tercer lugar de mayor valor desde el punto de vista de biodiversidad.

El porcentaje de endemismo para anfibios y reptiles excede el 80% y para plantas es más del 50%. Cerca de 12 mil especies diferentes de plantas existen en el Caribe de las cuales alrededor de 7 mil son endémicas. Aunque el porcentaje de endemismo en peces es de solo el 23% mas 1.700 especies de peces viven en el Caribe (Tabla 14). En vertebrados, el Caribe está considerado sexto en el mundo y tercero en endemismo, mientras en reptiles es segundo en el mundo y primero en endemismo. En síntesis, es una Región sumamente diversa y variada desde el punto de vista de la biodiversidad. El mejor escenario de biodiversidad para plantas y peces está comprendido por la zona de Cuba, Las Bahamas y los cayos Floridanos de los Estados Unidos. En el Caribe existen cerca de 549 especies de plantas amenazadas, 181 en peligro y 6 extintas. De animales existen 350 en estado de amenaza, 87 especies en estado de peligro y 53 extintos (Tabla 15).

El total del territorio isleño protegido alcanza el 16%, existiendo un total de 640 áreas terrestres protegidas y solo 135 áreas marinas. Además de que la proporción de áreas protegidas, es muy desigual la cantidad de área protegida debe alcanzar al menos un 30% para 2015. La situación de protección de los manglares varía a lo largo de toda la Región. Los manglares que están en estado más crítico se encuentran en la Antillas Menores, los más vulnerables están en Venezuela, Bahamas y Belice y lo que se encuentran en amenaza y/o peligro están en Colombia, las Antillas Mayores y la Península de Yucatán. El 60% de los corales están en riesgo y el 30% está en extremo riesgo.

Según la organización que vigila el estado mundial de los corales, los mejores del Caribe están en Bonaire, Islas Caimán y en la barrera coralina ubicada entre Belice y Honduras (Tabla 16).

Las peores condiciones se presentan en la costa norte de Jamaica, las costas caribeñas de Venezuela y Colombia y en el estado de Veracruz, México. La explotación de los peces en las zonas de pesca del Mar Caribe ha alcanzado un 35%. Esto en comparación con el resto del mundo no pareciera ser mucho, no obstante cuando vemos la degradación tan rápida que sufre la Región entendemos que la sobreexplotación es motivo para preocuparse (Tabla 17).

El agua fresca es quizás el recurso más escaso en el Caribe. La disponibilidad de agua en comparación con otros continentes y regiones es sumamente limitada. Por ejemplo en comparación por Centroaméri-ca tenemos tres veces menos disponibilidad de agua apara la población en comparación con Suramérica tenemos ocho veces menos y en comparación con la América del Norte tenemos quince veces menos. Si lo comparáramos con otros archipiélagos similares en clima encontramos que el Caribe tiene 10 veces menos agua disponible que el archipiélago del Océano Indico y 75 veces menos que el archipiélago del Pacifico (Tabla 18 y 19).

Con excepción de algunos países, la disponibilidad de agua para consumo humano también es escasa. Solo en Barbados, Aruba, Montserrat y Caicos el 100% de la población tiene acceso al agua. Aunque en la mayoría de los países el 80% tiene acceso, aunque existen casos extremos como el de Haití donde solo el 46% de la población tiene acceso al agua potable (Tabla 20).

De acuerdos a datos internacionales, Las Antillas y Centroamérica son las regiones geográficas de este hemisferio donde la población tiene menos acceso al agua potable. Mientras en América del Norte un 97% tiene acceso al agua potable, en el Caribe este dato representa un 80%, en Centroamérica solo un 77% lo tiene.

Cuando las instituciones globales miran ambientalmente al Caribe lo hacen usando muchas veces indicadores que han sido creados para medir situaciones ambientales en los países desarrollados. Por eso muchos de estos indicadores chocan con la realidad existente, sin embargo para las instituciones globales suele ser el único medio que tienen para comparar la situación de un país con el otro. La mayoría de estos indicadores han sido construidos con información base procedente de organizaciones internacionales asociadas a las Naciones Unidas, entre otras varias. Los tres indicadores ambientales globales más comunes son la huella ecológica, el índice de sostenibilidad y el índice de bienestar.

Respecto a la información base que se usa para construir estos índices, se incluye la población total, la tasa de nacimientos, la tasa de mortalidad, la de crecimiento natural, la de fertilidad, el porcentaje de población urbana, el índice de dependencia, la expectativa de vida, el nivel de educación, la cantidad de calorías disponibles, el acceso a servicios sanitarios y de salud, el producto nacional bruto, el crecimiento económico anual, población sobre y bajo el nivel de pobreza, el número de homicidios y suicidios, los niveles de contaminación, el numero de automóviles, la mortalidad por degradación ambiental, las causas de la mortalidad, entre muchos otros.

La huella ecológica se define como el área de tierra productiva y ecosistemas acuáticos requeridos para producir los recursos utilizados y para asimilar los desechos producidos por una población definida con un nivel de vida esencial especificado, dondequiera que se encuentre. Los científicos han calculado que una ciudad típica de América del Norte con una población de 650 mil habitantes requiere 30 mil km² de tierra, superficie aproximada al tamaño de la isla de Vancouver, Canadá, para satisfacer sus necesidades internas, sin considerar las demandas ambientales de la industria. En contraste, una ciudad de un tamaño similar en India requerirá sólo de 2.900 km² (GEO 3, 2003).

La huella ambiental urbana, aunque relativamente desproporcionada, es aceptable hasta cierto grado debido a que, en algunas cuestiones, el impacto ambiental per capita de las ciudades es menor que el que generaría un número similar de personas en un ambiente rural. La huella ecológica dejada en el Caribe varía tanto regionalmente como espacialmente. Dado que la huella se mide a base de un nivel de

progreso social y económico la definición primermundista del concepto en lugar de medir el impacto de esa huella se concentra en medir el déficit de hectáreas que se necesitan para mantener un “progreso” tecnológico desarrollado. Por eso, el déficit en Cuba es mayor que en República Dominicana y Haití. Los países con mayor déficit entre el grupo seleccionado son Jamaica y Trinidad y Tobago (Tabla 21).

La sostenibilidad es un índice tan subjetivo como cualquiera de los otros. Para medir la sostenibilidad se han desarrollado múltiples indicadores. Los más conocidos son los establecidos internacionalmente por el Wordwatch Institute. Estos toman como base las tendencias siguientes: alimentarias, agrícolas, energéticas, atmosféricas, económicas, transporte, sociales y militares. A nivel nacional se consideran los factores asociados al cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, acidez del medio, eutrofización, la dispersión de sustancias toxicas, la disposición de residuos sólidos y las perturbaciones locales. En el plano local se han establecido indicadores asociados al medio ambiente, a la relación entre población y recursos, vinculados a la economía local y aquellos relacionados a la cultura y la sociedad (Campbell, 1998). Si usamos una escala del 1 al 100, podríamos decir que aquellos países que presentan un índice de sostenibilidad mayor al 50% presentan un nivel razonable. Pero, para que se puedan categorizar como buenos o excelentes deberían de pasar del 80 y del 90%, respectivamente. Estos últimos escenarios no son comunes en el Caribe, con excepción de algunas pequeñas islas que aun se encuentran muy bien preservadas como es el caso de San John en las Islas Vírgenes estadounidenses y de la Isla de Mona en Puerto Rico. De acuerdo a los datos conseguidos el índice de sostenibilidad de Cuba es de 51,2%, República Dominicana tiene un 48,4% y el de Jamaica es de 40,1%.

El índice del bienestar {Well Being Index) es aun más controversial que los dos índices anteriores. Este índice mensura el desarrollo evaluado a base del crecimiento económico y de la capacidad de consumo. En ninguna medida constituye un índice de la calidad de vida medida a base del nivel de satisfacción de las necesidades básicas humanas, sino más bien es una balanza que solo pesa cuanto tienes y cuanto gastas. La presunción es que mientras más tienes y más gastas eres más feliz. Nada más lejos de la verdadera esencia de un ser humano. Este índice se mide en una escala de 1 a 100%. Por supuesto que a base de este índice países como Cuba (45%) tendrán un nivel bajo de bienestar y que, con la excepción de Santa Lucia, Dominica y San Vicente, la mayoría de los países presentan un nivel que está muy por debajo del 50%.

Visión propia de la situación ambiental

Para balancear la visión parcial que sobre el Caribe tienen las instituciones globales y a modo de ejercicio didáctico hemos de ver la visión propia que sobre su situación ambiental presentan algunos países del Caribe. Hemos seleccionado países que representan distintos contextos geográficos, políticos económicos y sociales. Cuba representa toda una trayectoria de historia reciente basada en los principios del socialismo. Es quizás el país más difícil de evaluar cualitativa y cuantitativamente a la luz de los indicadores ambientales desarrollados por los países capitalistas avanzados. Colombia es un país correspondiente geográficamente al Caribe continental o al llamado Gran Caribe. Es un país andino, pero a la vez caribeño. Un país agrícola, pero a su vez minero. Es muy diverso y con una amplia influencia cultural del Caribe.

Martinica es un Departamento Francés que presenta un excelente nivel de vida, comparable a cualquier país europeo. Es un ejemplo de lo que una isla pequeña en el Caribe puede si consigue un buen balance entre sus actividades económicas y la conservación del ambiente. Puerto Rico es mi país, y por lo tanto al que mejor conozco, es un territorio de los Estados Unidos de América. Tiene un nivel de vida comparable al de muchos países desarrollados, no obstante, en otros sectores como el medio ambiente presenta degradaciones muy severas causadas por la implantación de modelos de desarrollo muy distantes de la sostenibilidad.

Cuba
Ya hemos señalado anteriormente que Cuba, de acuerdo a los parámetros capitalistas, es uno de los países que presenta un mejor índice de sostenibilidad en el Caribe. De acuerdo al informe del PNUMA (1999), preparado y revisado por las instituciones cubanas, Cuba es la Isla más grande de las Indias Occidentales. Está conformada por varias islas adyacentes y domina las dos entradas al Golfo de México; el Estrecho de Florida y el Canal de Yucatán. La Habana es la Capital y la ciudad más grande. La Isla se extiende cerca de 1.225 km desde el Cabo de San Antonio hasta el Cabo Maisí, sus extremos oeste y este, respectivamente. Tiene un ancho promedio de 80 km con extremos que van desde 35 a 251 km. El área total es de 114.524 km² incluyendo el área de la Isla de la Juventud y otras islas de la República. Cerca de un cuarto de la superficie de Cuba es montañosa y el resto es plana u ondulada.

La mayor parte de los suelos de Cuba son relativamente fértiles. La costa de Cuba es extremadamente irregular y está endentada por numerosos golfos y bahías; la longitud total es de cerca de 4.025 km. La Isla tiene un gran número de puertos excelentes, la mayoría de los cuales no tiene acceso al mar. Los puertos importantes son el de La Habana, Cárdenas, Bahía Honda, Matanzas, y Nuevitas, en la costa norte y Guantánamo, Santiago de Cuba, Cienfuegos, y Trinidad, en la costa sur. El clima es semitropical con una temperatura media de 25° C. El promedio de precipitación anual es 1.320 mm. Más del 60% de las lluvias caen durante la época húmeda que va de mayo a octubre. La Isla está en una región que es afectada ocasionalmente por violentos huracanes tropicales entre agosto y octubre. La tierra y el clima de Cuba favorecen la agricultura y el país tiene importantes reservas de minerales. Los depósitos más importantes son los de níquel, cromo, cobre y manganeso. Existen reservas de azufre, cobalto, pirita, yeso, asbesto, petróleo, sal, arena, caliza y piedra que también son explotadas. Todos los depósitos subterráneos son propiedad del gobierno.

Cuba tiene una gran variedad de vegetación tropical. Gran parte del lado este de la Isla tiene una densa cubierta boscosa. Las especies de árboles predominantes son las palmas, de las cuales hay más de 30 tipos incluyendo la palma real. Otras especies de flora son la caoba el ébano, el guayacán, el algodón, el palo de rosa, el cedro, la majagua, la granadilla, el tabaco y los cítricos. De acuerdo con el World Conservation Monitoring Centre (WCMC), Cuba tiene 31 especies de mamíferos, 342 de aves, 102 de reptiles y 41 de anfibios; hay un total de 6.004 de especies de plantas florecientes, 495 de heléchos y 3.229 de plantas superiores endémicas.

La economía de Cuba, tradicionalmente ha dependido del cultivo de la caña de azúcar (uno de los mayores productores del mundo) y de la producción y exportación del azúcar refinada, las melazas y el ron. El segundo cultivo más importante es el tabaco, que se cultiva principalmente en la provincia del Pinar del Río. Otros cultivos importantes incluyen el café, los cítricos, la pina, el arroz, el cacao, el banano, el maíz, el plátano, el algodón, las papas, los tomates y los pimientos. El ganado vacuno y porcino, los caballos, las aves de corral, las ovejas y cabras son criados en números importantes. La industria pesquera, tradicionalmente, es llevada a cabo por pequeños operadores independientes organizados en cooperativas. El gobierno, por otro lado, ha desarrollado una gran flota de mar abierto.

Según el estudio realizado por el Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas, los mayores problemas de la Bahía de La Habana son nutrientes, sólidos, hidrocarburos, metales pesados y bacterias. La contaminación por petróleo es considerada como uno de los problemas ambientales más serios. Varios derrames de petróleo han ocurrido en la Región y Cuba también ha experimentado contaminación de sus playas y arrecifes coralinos a causa del descargue rutinario de aguas aceitosas de buques de paso.

En 1990 el Ministerio del Ambiente dijo que aproximadamente el 70% de las aguas servidas en Cuba tenían algún tipo de tratamiento antes de ser descargadas y que todas las basuras eran dispuestas en rellenos sanitarios. Sin embargo el estudio del Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas dice que la mayoría de las aguas servidas son descargadas a la Bahía de La Habana sin tratamiento previo, lo cual explica los altos contenidos de nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, fósforo y coliformes fecales. De acuerdo con este estudio la concentración de nutrientes es tan alta que puede causar la eutrofización de la Bahía. Las cantidades de sólidos suspendidos han aumentado desde 1986, cuando había cerca de 160 mg/1, a cerca de 220 mg/1 en 1996. La concentración de metales pesados de fuentes domésticas e industriales ha aumentado en los últimos años con la excepción de hierro, plomo, zinc, y es un serio riesgo a la salud humana y a los recursos marinos vivos.

Durante 1996 la industria turística creció en un 50% y la producción de níquel se incrementó en un 31%. En el mismo año la producción de langosta cubana representó cerca del 20% de la producción mundial total. La producción de camarones aumentó en un 30% en 1996 y se esperaba que crezca un 50% más en 1997. La implantación de las recomendaciones hechas en 1997 por el Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas debe ser de alta prioridad para disminuir la contaminación en la Bahía de La Habana. El diseño y adopción de un plan detallado de manejo de la zona costera definiendo áreas a ser protegidas, áreas para ser utilizadas para diversas actividades económicas y para la provisión de materias primas y servicios son una importante prioridad.

Teniendo en cuenta que la economía cubana ha crecido rápidamente durante los últimos años, y que, en perspectiva, es que lo continuará haciendo durante la próxima década, las evaluaciones de impacto ambiental deben llevarse a cabo para todos los proyectos de desarrollo. Es fundamental que el gobierno asegure que las recomendaciones contenidas en estos estudios sean cumplidas a cabalidad. Es extremadamente importante recoger información actualizada sobre usos, cantidades y tipos de agroquímicos que se utilizan en las plantaciones de azúcar, banano y tabaco, principalmente. La construcción de instalaciones apropiadas para disponer residuos y el mejoramiento del sistema de aguas servidas para dar cubrimiento al 100% de la población de la Isla es una prioridad al igual que la implantación de una estrategia para manejar los residuos peligrosos generados en ella. Una importante prioridad es el diseño de un programa de monitoreo de aguas costeras en otras áreas de Cuba.

Según el informe de La Situación Ambiental Cubana (2002), que se encuentra accesible por Internet[2], la situación era la siguiente: la población cubana se encuentra en proceso de envejecimiento con un ritmo de crecimiento relativamente lento. En 2002 se registró un calentamiento del nivel del mar que afectó los registros inusualmente bajos de precipitación registrados en octubre y aumentó la precipitación en noviembre. Los huracanes Isidoro y Lili afectaron a la Isla de la Juventud y a Pinar del Río. El paso de dos huracanes seguidos no se vivía en Cuba desde 1966.

La calidad ambiental de la atmósfera presenta un aumento en las concentraciones de gases reactivos (N0₂, NO, NH₃, S0₂) debido a la incidencia de fuentes de origen humano. Los compuestos oxidados, causantes de la lluvia acida, también aumentaron mayormente en las zonas urbanas como consecuencia de las actividades antrópicas y del aumento de los vehículos de motor. La calidad del agua por su parte mejoró. La cloración alcanzó un 98,9% y el tratamiento se logró en un 97,7% del agua. Existían 57 plantas potabilizadoras, 8 plantas depuradoras de aguas residuales y con 324 sistemas de lagunas de estabilización. El volumen de agua entregada aumentó en 22% con relación a 2001.

El Inventario Nacional de Fuentes Contaminantes identificó 2.047 fuentes principales, los cuales disponían 203.331 toneladas anuales de materia orgánica biodegradable. Se disminuyó en 10,8% la contaminación descargada aguas terrestres y costeras. El 85% de la carga contaminante corresponde al 20% de las fuentes existentes, de las cuales cerca de la mitad lo constituyen asentamientos poblacionales. Existe un total de 802 vertederos, 432 de los cuales cuentan con tratamiento sanitario. El volumen de residuo sólidos colectados aumentó levemente y el total de residuos colectados representó el 67% de los desperdicios generados.

Las descargas de contaminación en cuencas hidrográficas se redujeron significativamente en un 9% respecto al año 1999. La reforestación en las cuencas no fue significativa, falta por reforestar un 38% del territorio de los embalses. El Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos se ha venido aplicando en todo el país. Diez y ocho mil hectáreas se han beneficiados de este programa que controla la erosión y promueve la construcción de terrazas. El Sistema nacional de Áreas Protegidas (SNAP) lo integran 35 áreas. Entre las áreas protegidas aprobadas y las que se proponen se cubriría el 38% de la superficie terrestre y 49% de la marina. Ellas cubrirían un 22% del territorio nacional.

Las playas cubanas se han convertido, con el incremento del turismo, en un recurso fundamental. El Instituto de planificación Física en 1990 reconoció 43 polos turísticos que ocupan unos 400 km de sectores de playa. También se identificó en un inventario de playas que cerca de un 90% de las playas están afectadas por la erosión. En la costa norte un 92% de las playas exteriores están erosionadas, mientras que en sur es inferior a un 79%. La causa principal son los asentamientos urbanos en el litoral.

Una medida fundamental para mitigar el problema ha sido la aprobación en 2002 del Decreto Ley 212, para la Gestión de la Zona Costera. En esta ley se definen los límites de la zona costera de acuerdo a las diferencias morfológicas y dinámicas de los distintos tipos de costas. Estos criterios determinarán a su vez el tipo de protección y la extensión de la franja costera. Como proyecto de restauración destaca el de la recuperación de playa de varadero, principal polo turístico de Cuba. La retención de arena en la playa a los 4 años de ejecutado el proyecto ha sido del 80%. Los manglares ocupan el 4% del territorio nacional. A su vez ocupan el noveno lugar del mundo y el primero en el Caribe. El estado de salud de este ecosistema se considera satisfactorio.

En síntesis, la situación ambiental de Cuba presenta un perfil positivo para el año 2002. Durante ese año se realizaron 356 inspecciones, se solicitaron 828 licencias ambientales y se otorgaron 472. Estas fueron mayormente dirigidas a la zona costera, las áreas naturales, las actividades de turismo de naturaleza, las cuencas hidrográficas y las bahías de interés nacional. Todas estas actividades han estado enmarcadas dentro de un contexto de educación ambiental a todos los niveles académicos. Es alta prioridad del gobierno mejorar la capacidad de sus empleados y técnicos, así como educar en los temas del desarrollo sostenible a las nuevas generaciones que vienen.

Colombia
Colombia con una población de 35 millones en el año 2000 está localizada en el noroeste del continente, limitando por el norte con Panamá y el mar Caribe, por el este con Venezuela y Brasil, por el sur con Perú y Ecuador, y por el Occidente con el océano Pacífico. Colombia es el único país de Sur América con costas tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico. El área total del país es 1.141.748 Km². Bogotá es la Capital y la ciudad más grande del país. Colombia está caracterizada topográficamente por la cadena montañosa de los Andes, situada en la parte central y occidental del país. En la costa caribeña se encuentra unas montañas aisladas conocida como la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual incluye el pico más alto de Colombia, el Pico Cristóbal Colón, de 5.775 m.

El río más importante de Colombia es el Magdalena, que fluye hacia el norte entre la Cordillera Oriental y la Cordillera Central, atravesando prácticamente todo el país y desembocando en el Caribe después de recorrer aproximadamente 1.540 km. La línea costera colombiana se extiende por cerca de 1.760 km. en el Caribe. El clima varía con la altitud. En las regiones bajas en la costa y en el valle del Río Magdalena el clima es tórrido, con una temperatura media anual de 24° a 27° C. Desde cerca de los 500 m hasta los 2.300 m el clima es subtropical, y desde los 2.300 m hasta los 3.000 m es temperado. Arriba de los 3.000 m el clima es frío, con temperaturas entre -18° y 13° C. La precipitación anual media en la costa caribeña es de cerca de 800 mm.

La flora y fauna nativas de Colombia son tan variadas como la topografía. Manglares y palmas de coco crecen en toda la costa caribeña, y en las áreas boscosas que cubren la mitad del país. Existen especies comercialmente útiles, tales como, la caoba, el guayacán, el roble, el nogal, el cedro, el pino y algunas variedades de bálsamo. Entre la vida silvestre existen varios mamíferos americanos de gran tamaño, tales como los jaguares, pumas, tapires, pecaríes, osos hormigueros, perezosos, armadillos, y varias especies de monos y el venado rojo. Los cocodrilos que fueron en una época muy abundantes en los ríos, han sido cazados intensivamente y se están volviendo escasos en el medio natural. Muchas especies de serpientes habitan en las regiones tropicales. Las aves incluyen cóndores, buitres, tucanes, loros, cacatúas, grullas, cigüeñas, y ruiseñores.

Las ciudades más importantes en la Región del Caribe son Ba-rranquilla (1.033.951), la cual tiene un importante terminal marítimo y un aeropuerto internacional, Cartagena (707.092), la cual tiene un terminal marítimo y una terminal de petróleo, y Santa Marta (594.150) que tiene un terminal marítimo. Colombia es una nación primordial-mente agraria, aunque experimentó un rápido desarrollo industrial en las décadas recientes. Aunque el café es el producto agropecuario más importante de Colombia, el clima y la diversidad en topografía permiten cultivar una gran variedad de productos. Además de café, Colombia produce cacao, caña de azúcar, bananos, tabaco, algodón, y flores.

Las aguas costeras, los innumerables ríos y lagos de Colombia proveen una buena variedad de pescado, principalmente trucha, tarpón, pez vela, y atún. La captura total a principios de los noventa era cerca de 108.700 toneladas métricas por año; de la cual aproximadamente el 25% eran peces de agua dulce. Los recursos minerales del país son variados y numerosos. Colombia es la fuente más grande de esmeraldas en el mundo. Petróleo y oro son los productos minerales más importantes que produce Colombia. Otros minerales son extraídos, incluyendo plata, cobre, carbón, hierro, sal, platino, níquel y algo de uranio.

La producción de petróleo crudo está centrada en el valle del río Magdalena, cerca de 650 km. del Caribe, y en el 55 área entre la Cordillera Oriental y Venezuela; la producción llegó a cerca de 160,4 millones de barriles por año al principio de los noventa. La mayor parte del petróleo colombiano es enviado a Curazao para su refinación. Colombia es uno de los mayores exportadores de carbón del mundo. Dos tercios de la producción anual de 21,7 millones de toneladas métricas provienen de una sola mina a cielo abierto (El Cerrejón); la cual es la mina de este tipo más grande del mundo y está localizada en la Península de la Guajira (parte norte de la Región caribeña). La industria manufacturera contribuye con, aproximadamente, el 21% de la producción anual nacional colombiana a través de las fábricas de hilado de algodón, alimentos, tabaco, hierro y acero, y equipo de transporte. Los productos químicos se han vuelto más importantes, al igual que los zapatos, los sombreros Panamá, y los artículos de vidrio.

Hasta 1989, Colombia había establecido 37 unidades de conservación bajo el sistema de Parques Nacionales; ocho de éstos están localizados en la Región del Caribe. De acuerdo con CORPES (hoy día Sistema Información Nacional Ambiental, SINA), en 1992 había en la región 13 áreas bajo algún régimen de protección. De acuerdo con CORPES, los problemas más serios del Caribe colombiano son la contaminación proveniente de fuentes industriales y domésticas y la degradación de las áreas costeras. La pobreza es una cuestión de serias implicaciones en esta área de Colombia. Aunque se ha estimado que 22,4% de la población total colombiana vive por debajo de la línea de pobreza, en el caso de la Región del Caribe, CORPES estimó que 38,4% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Se ha estimado que el 60% de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas, en comparación con el 45%, que es el promedio para todo el país.

El 10% de la industria manufacturera de Colombia está localizada en Barranquilla y Cartagena y las industrias más contaminadoras en orden de prioridad son la química, metalúrgica, petroquímica, sílice y caliza, alimentos, curtiembres, transformación de madera, algodón y textiles, substancias radioactivas, substancias que disminuyen el ozono y las bebidas. La Bahía de Cartagena es el área más estudiada en el Caribe colombiano. En el periodo 1983-1988 con el apoyo del PNUMA varios estudios se llevaron a cabo para identificar los tipos y la magnitud de las fuentes terrestres de contaminación marina.

Con respecto a las aguas servidas de fuentes domésticas, CARDI-QUE estimó que un total de 41.900 m³/d son descargados a la bahía. Es importante anotar que la carga de contaminantes generada por la industria en la Bahía de Cartagena disminuyó sustancialmente entre 1995 y 1996, como resultado del Acuerdo de Producción Limpia firmado a fines de 1995. Cerca del 80% de las industrias en la Bahía de Cartagena tienen una planta de tratamiento de aguas servidas. En el caso de los fenoles, por ejemplo, la cantidad descargada en 1995 fue de 257,9 kg/d, lo cual representa una reducción de 73,3% en un año. ECOPETROL, la compañía petrolera colombiana, propiedad del Estado, fue el principal contaminador en 1996 a partir de la actividad de refinación, aunque hubo una mejora considerable con respecto a sólidos suspendidos que mostraron un descenso de 88,88% y de DBO de 50,76% de los valores de 1995.

Aunque los sistemas de alcantarillado y manejo de basuras en Colombia normalmente no cubren un alto porcentaje de la población, el caso de los asentamientos humanos localizados en el Caribe es peor que el promedio en el resto del país. Solamente el 24% de la población está conectada al sistema de alcantarillado, comparado con el promedio nacional de 59,2 %. La situación con la basura es similar ya que solamente el 60% de la población está cubierta por un sistema de recolección pero los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios que no son manejados de manera apropiada y la filtración de contaminantes ha sido detectada en un relleno en Barranquilla.

La construcción de grandes proyectos de infraestructura tales como carreteras, gasoductos y oleoductos ha causado serios impactos ambientales en las áreas costeras y en particular en las lagunas costeras. La ciudad portuaria de Barranquilla ha comisionado el diseño de un nuevo terminal marítimo para intentar atraer buques de crucero. Cartagena fue la ciudad que recibió más turistas en 1996 y está también promoviéndose para convertirse en un puerto para buques de crucero. La mayor prioridad parece ser la preparación de un plan detallado de manejo de la zona costera, definiendo áreas que deben ser protegidas, áreas que podrán ser utilizadas para diversas actividades económicas y áreas que se podrán utilizar para extraer materias primas.

Aunque desde 1970 existe el requisito de preparar Evaluaciones de Impacto Ambiental para proyectos de desarrollo, y recientemente se aprobó un reglamento muy detallado sobre el tema, es supremamente importante que el Gobierno se asegure que todas las recomendaciones contenidas en los estudios son implantadas a cabalidad y que los planes de monitoreo sean llevados a cabo de forma estricta para todos los proyectos de desarrollo. La recolección de información actualizada sobre el uso y tipo de agroquímicos utilizados es fundamental para evitar la contaminación por escorrentía. Los análisis del estado sobre las aguas marinas y costeras, los sedimentos y los organismos vivos con respecto a estos contaminantes también son necesarios.

La construcción de sistemas adecuados de disposición de basuras y de alcantarillado es una prioridad, al igual que la implantación de una estrategia para manejar los residuos peligrosos generados por la industria pesada y los hospitales. La implantación de las recomendaciones hechas por CARDIQUE es de gran importancia para asegurarse de que la calidad de las aguas de la Bahía de Cartagena y sus alrededores mejoren. La adopción de un Acuerdo de Producción Limpia con las industrias de Barranquilla podría contribuir con una mejora sustancial de la calidad ambiental de la zona, ya que en esa ciudad está localizada cerca del 67,1 % de la industria en la Región.

El 29 de septiembre de 1995 el Acuerdo de Producción Limpia fue firmado entre el Ministerio del Medio Ambiente, CARDIQUE (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique), DAMARENA y la Fundación Mamonal (73 industrias localizadas alrededor de la Bahía de Cartagena). ECOPETROL mejoró su sistema de aeración del Skim Pond, en 1996, para cumplir con los requisitos de CARDIQUE con respecto a su carga de contaminantes, y se espera que invierta $300 millones en los próximos años modernizando su operación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó recientemente un proyecto de $10 millones para el sistema de alcantarillado de Cartagena y el Banco Mundial está negociando un proyecto sobre suministro de agua, alcantarillado y limpieza ambiental en Cartagena.

La martinica
Martinica tenía una población de 392,100 para el año 2000. La isla está localizada en la porción oriental del Caribe. Martinica es una de las islas de barlovento de origen volcánico y montañoso. Tiene un área de 1.102 km². Fort de France con 101.540 habitantes es la capital y el principal puerto. De acuerdo al World Conservation Monitoring Centre (WCMC), Martinica tiene 9 especies de mamíferos, 131 de aves, 9 de reptiles y 1 de anfibios. Además, tiene 259 especies de heléchos y 30 especies endémicas de plantas.
La economía de Martinica está basada en la agricultura. Un 18% por ciento de su territorio es cultivable. La agricultura genera 8% del producto nacional bruto. Las bananas son el producto principal seguidos de pinas, frutas, caña de azúcar, vainilla, y tabaco. Los principales productos manufacturados son: petróleo refinado, ron, azúcar, cemento, y alimentos procesados. El turismo y la pesca son importantes para la economía. En la década de los noventa, Martinica importó cerca de $ 1.7 billones y exportó aproximadamente $211 millones. Sus principales socios comerciales fueron Francia y Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades ambientales los desechos líquidos originados por las industrias agrícolas fueron pre-tratados en cumplimiento con las leyes nacionales antes de ser descargados a los cuerpos de agua. Las aguas usadas también eran procesadas en plantas de tratamiento y existían planes de desarrollar un sistema de manejo del agua integrado. Los desperdicios sólidos eran depositados en rellenos sanitarios. Francia provee incentivos y exenciones contributivas a todas las personas que quieran invertir en el desarrollo industrial y turístico de Martinica. La actividad petrolera fue expandida últimamente.

En un viaje reciente que hice a Martinica (abril de 2004) tuve la oportunidad de ver la excelente calidad de vida que disfrutan los residentes de la isla. Ambientalmente, la isla se aprecia muy bien conservada. Me llamó mucho la atención el que aun en la zona portuaria de Fort de France las aguas eran cristalinas y se observaba una gran cantidad de vida marina. La mayor parte de la contaminación procedía de la actividad agrícola y del impacto que sobre los recursos costeros está teniendo el modelo de turismo de sol y playa.

Puerto Rico
La isla del encanto tenía una población de 3.733.000 en el año 2000. Puerto Rico está rodeado en el norte por el Océano Atlántico en el sur por el mar Caribe, en el este por el pasaje de Vieques y en el oeste por el Canal de la Mona. La isla principal tiene un área de 9,194 km²; de costa posee 501 km. de largo. Puerto Rico es un país montañoso con varias cadenas de montanas entre las que destacan la Cordillera Central, La Sierra de Cayey y la Sierra de Luquillo. A lo largo de sus costas se encuentran las llanuras costeras, que es donde vive casi el 80% de la población.

El clima de Puerto es tropical con algunas pequeñas variaciones de temperatura entre el verano y el invierno y entre los puntos montañosos y los que están a nivel del mar. La temperatura promedio anual es 27° C en San Juan, la ciudad Capital. La precipitación anual promedio es 1.500 mm. La región de sabanas, ubicadas en las costas, recibe cerca de 1.525 mm. de lluvia anual, mayormente entre los meses de abril a septiembre. Puerto Rico está ubicado en la zona del paso de los huracanes. Los minerales explotados son la caliza, la arena y la arcilla. Los que tienen posibilidad de ser explotados incluyen el cobre, el cobalto, níquel, cromo, hierro y el limo.

El bosque tropical lluvioso del Yunque, localizado en el noreste de la isla, contiene heléchos, orquídeas y árboles de caoba. También abundan las bromelias, el árbol de fruta de pan (Pana) y las palmas. De acuerdo al World Conservation Monitoring Centre (WCMC), Puerto Rico tiene 16 especies de mamíferos, 239 de aves, 46 de reptiles y 19 de anfibios y 2.128 especies de plantas florales, 364 de heléchos y 235 de plantas endémicas.

La manufactura genera en Puerto Rico el 41,4% del producto interno bruto (PIB). Las principales actividades son la producción de alimentos, bebidas, materiales de construcción, ropa, productos químicos y electrónicos, y cigarrillos. El turismo representa el 6,3% del producto domestico bruto. En 1996 la isla recibió cerca de 4,1 millones de turistas.

La agricultura constituye un 33% de la fuerza laboral. El café es la principal exportación agrícola, seguido de coco, vegetales, pinas, bananos y azúcar. La producción de ganado, leche y pollos también es una actividad local muy fuerte. La isla, además, produce materiales de construcción como el cemento, la arena y grava, la arcilla el grafito y el limo.

San Juan es la ciudad más grande del país. Su puerto es el más grande del Caribe a base de actividad comercial y es el segundo puerto más grande del mundo respecto a la actividad y movimiento de cruceros. Puerto Rico ha sido una isla fuertemente impactada por el modelo de desarrollo económico industrial. Los impactos ambientales han tocado todos los ecosistemas terrestres y marinos y han afectado la calidad de vida de los puertorriqueños.

La acelerada expansión urbana ha deteriorado los mejores terrenos agrícolas y el turismo de punta ha consumido los ecosistemas costeros para la construcción de hoteles. A pesar de que en Puerto Rico opera casi toda la legislación ambiental federal, y que la estatal es bastante amplia, no ha sido suficiente para detener el impacto de las actividades antropogénicas. Recientemente, el caso de isla municipio de Vieques llamó la atención internacional dado el impacto negativo que la actividad militar estaba teniendo sobre los ecosistemas costeros y la salud humana. Por suerte, los boricuas han ido incrementando su nivel de conciencia social respecto al ambiente por lo cual esperamos que las generaciones futuras puedan disfrutar de un mejor ambiente.

Conclusiones

Ha sido nuestro objetivo en este trabajo saber cómo contrastan la visión ambiental que sobre la Región caribeña presentan las instituciones globales versus la visión que el propio país tiene de sí mismo. Luego de realizado este ejercicio académico podemos concluir que las diferencias son notables. Eso nos demuestra que el mundo sigue siendo muy desigual económica, social y culturalmente para ser homoge-neizado mediante un proceso de integración global. En el fondo sería muy valioso preguntarse a quién beneficia la globalización, por qué y para qué ocurre y quiénes son los actores afectados y beneficiados.

Como todo proceso humano, la globalización varía en el tiempo y espacio caribeño. Bajo la apertura de los mercados caribeños ha sido necesario redefinir nuevas modalidades de relación con el ambiente. Bajo el paradigma global es siempre interesante tratar de entender como cada cual ve al otro. Por ello este trabajo ha tratado no solo de presentar la visión que sobre el Caribe tienen las instituciones internacionales, sino de ver como cada país se ve a sí mismo y como comparan ambas percepciones.

El Caribe como región presenta una densidad poblacional relativamente alta (159 personas / km cuadrado) al compararla con el resto del mundo. En el Caribe existe una relación directa entre la pobreza y las condiciones ambientales. El 38% de la población del Caribe vive en extrema pobreza. Este dato duplica el promedio total para el mundo que es de 19%. Para nuestra sorpresa, y de acuerdo a los datos de la FAO, el Caribe no presenta una situación de deforestación tan crítica.

Algunos científicos piensan que la contaminación atmosférica en el Caribe se concentra en los centros industriales y urbanos. Desde la óptica de las instituciones globales un problema básico en el Caribe es la falta de parámetros aceptables de la contaminación. La contaminación del agua y de los recursos hídricos es, con toda posibilidad, la forma de polución más seria que existe en el Caribe. Las causas principales de esta contaminación en el Caribe son las descargas industriales, las aguas no tratadas, las escorrentías, la sedimentación, los nutrientes, los derrames de petróleo, los pesticidas y las intrusiones salinas. La sedimentación al igual que los nutrientes es un problema de contaminación muy serio en el Caribe. El manejo de los desperdicios representa un problema muy complejo tanto para el Caribe, como para el resto del mundo. La generación de basura en el Caribe varia de forma notable entre cada una de las islas.

En 1995 se habían identificado en el Caribe 23 regiones ecológicas, 7 subregiones ecológicas y 5 regiones biogeográficas. Desde el punto de vista de los habitas se habían identificados 2 en estado crítico, 11 en estado de peligro, 9vulnerables, solo 1 estaba relativamente estable y no había ninguno en estado prístino. El porcentaje de ende-mismo para anfibios y reptiles excede el 80% y para las plantas es más del 50%. Cerca de 12 mil especies diferentes de plantas existen en el Caribe de las cuales alrededor de 7 mil son endémicas.

El total del territorio isleño protegido alcanza el 16%, existiendo un total de 640 áreas terrestres protegidas y solo 135 áreas marinas. Según la organización que vigila el estado mundial de los corales, los mejores del Caribe están en Bonaire, Islas Caimán y en la barrera coralina ubicada entre Belice y Honduras. Las peores condiciones se presentan en la costa norte de Jamaica, las costas caribeñas de Venezuela y Colombia y en el estado de Veracruz, México.

El agua fresca es quizás el recurso más escaso en el Caribe. La disponibilidad de agua en comparación con otros continentes y regiones es sumamente limitada. Las Antillas y Centroamérica son las regiones geográficas de este hemisferio donde menos acceso la población tiene al agua potable. La huella ecológica se concentra en medir el déficit de hectáreas que se necesitan para mantener un “progreso” tecnológico desarrollado. Por eso el déficit en Cuba es mayor que en República Dominicana y Haití. Los países con mayor déficit entre el grupo seleccionado son Jamaica y Trinidad y Tobago. De acuerdo a los datos conseguidos el índice de sostenibilidad de Cuba es de 51,2%, República Dominicana tiene un 48.4% y el de Jamaica es de 40,1%. Con la excepción de Santa Lucia, Dominica y San Vicente la mayoría de los países seleccionados en el Caribe presentan un índice del bienestar que está muy por debajo del 50%.

De los países seleccionados Cuba representa toda una trayectoria de historia reciente basada en los principios del socialismo. Es quizás el país más difícil de evaluar cualitativa y cuantitativamente a la luz de los indicadores ambientales desarrollados por los países capitalistas avanzados. Colombia es un país correspondiente geográficamente al Caribe Continental o al llamado Gran Caribe. Un país agrícola, pero a su vez minero. Es muy diverso y con una amplia influencia cultural del Caribe. Martinica es un Departamento Francés que presenta un excelente nivel de vida, comparable a cualquier país europeo. Puerto Rico tiene un nivel de vida comparable al de muchos países desarrollados, no obstante, en otros sectores como el medio ambiente presenta degradaciones muy severas.

Cuba tiene 31 especies de mamíferos, 342 de aves, 102 de reptiles y 41 de anfibios; hay un total de 6.004 de especies de plantas florecientes, 495 de heléchos y 3.229 de plantas superiores endémicas. La contaminación por petróleo es considerada como uno de los problemas ambientales más serios de Cuba. Varios derrames de petróleo han ocurrido en la Región y Cuba también ha experimentado la contaminación de sus playas. La población cubana se encuentra en proceso de envejecimiento con un ritmo de crecimiento relativamente lento. La calidad ambiental de la atmósfera presenta un aumento en las concentraciones de gases causantes de la lluvia acida, sobre todo en las zonas urbanas. La calidad del agua por su parte mejoró. El volumen de residuos sólidos colectados aumento levemente y el total de residuos colectados representa el 67% de los desperdicios generados.

Las descargas de contaminación en cuencas hidrográficas se redujeron significativamente en un 9% respecto al año 1999. La reforestación en las cuencas no fue significativa, falta por reforestar un 38% del territorio de los embalses. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está integrado por 35 áreas. Entre las áreas protegidas aprobadas y las que se proponen se cubriría el 38% de la superficie terrestre y el 49% de la marina. Ellas cubrirían un 22% del territorio nacional. En la costa norte un 92% de las playas exteriores están erosionadas, mientras que en sur es inferior a un 79%. La causa principal son los asentamientos urbanos en el litoral. En síntesis, la situación ambiental de Cuba presenta un perfil positivo para el año 2002. Durante ese año se realizaron 356 inspecciones, se solicitaron 828 licencias ambientales y se otorgaron 472.

Las aguas costeras, los innumerables ríos y lagos de Colombia proveen una buena variedad de pescado. Los recursos minerales del país son variados y numerosos. Colombia es la fuente más grande de esmeraldas en el mundo. Petróleo y oro son los productos minerales más importantes que produce Colombia. Los problemas más serios del Caribe colombiano son la contaminación proveniente de fuentes industriales y domésticas y la degradación de las áreas costeras. La pobreza es una cuestión de serias implicaciones en esta área de Colombia. CORPES (SINA) estimó que 38,4% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Solamente el 24% de la población está conectada al sistema de alcantarillado, comparado con el promedio nacional de 59,2 %. La situación con la basura es similar ya que solamente el 60% de la población está cubierta por un sistema de recolección que deposita los residuos en rellenos sanitarios.

De acuerdo con las autoridades ambientales los desechos líquidos originados por las industrias agrícolas de Martinica fueron pre-trata-dos en cumplimiento con las leyes nacionales antes de ser descargados a los cuerpos de agua. Las aguas usadas también eran procesadas en plantas de tratamiento y existían planes de desarrollar un sistema de manejo del agua integrado. Los desperdicios sólidos eran depositados en rellenos sanitarios. La mayor parte de la contaminación procedía de la actividad agrícola y del impacto que sobre los recursos costeros está teniendo el modelo de turismo de sol y playa.

Puerto Rico tiene 16 especies de mamíferos, 239 de aves, 46 de reptiles y 19 de anfibios y 2.128 especies de plantas florales, 364 de heléchos y 235 de plantas endémicas. Puerto Rico ha sido una isla muy fuertemente impactada por el modelo de desarrollo económico industrial. Los impactos ambientales han tocado todos los ecosistemas terrestres y marinos.

Como era de esperarse, la visión global que tienen las entidades del Caribe presenta un cuadro más preocupante que los escenarios desarrollados por las autoridades locales. Posiblemente ello responde a los efectos acumulativos de unos impactos que suelen exacerbarse cuando se ven regional y globalmente. Por otro lado esta visión sirve como base para justificar los programas de conservación global y regional que vienen desarrollando. El país que presenta mayores incongruencias entre ambas visiones es Cuba. Las instituciones globales ven su situación en estado bastante deteriorado, mientras que los cubanos suelen ver sus acciones de forma positiva. Esa diferenciación podría explicarse por la falta de información precisa que se tiene de la situación ambiental cubana. No podemos ignorar que Cuba ha permanecido bloqueada por muchos años y que esto ha impedido el flujo de su información a las esferas globales.

Los escenarios de Colombia, Martinica y Puerto Rico eran los esperados. La parte caribeña de Colombia es una de las partes más pobre del país por lo que el mejoramiento ambiental está siendo implantado paulatinamente. No obstante, es una de las zonas más rica en petróleo, minerales y otras actividades productivas. Martinica es una isla con una situación ambiental favorable. El balance entre sus actividades económicas (industria, agricultura y turismo) ha conseguido un buen nivel de vida sin necesidad de sacrificar los valiosos recursos naturales que posee. De eso es que trata precisamente el desarrollo sos-tenible. Puerto Rico es el mejor ejemplo de un desarrollo económico a costa del sacrificio de sus recursos. La explotación desmedida a pesar del marco legal existente sigue poniendo en riesgo la biodiversidad de la isla y la calidad de vida de los puertorriqueños.

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El Dr. José Seguinot Barbosa cursó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, de donde obtuvo en 1975 el grado de ba¬chiller en geografía. En 1978, obtuvo su maestría en Planificación de Recursos Naturales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el tema de su tesis fue "La contaminación atmosférica en el suburbio industrial de Cataño". En 1983, el profesor Seguinot culminó los estudios de doctorado en geografía y geología ambiental en la Universidad del Estado de Luisiana (LSU). El título de su tesis fue "Coastal Modification and Land Transformation in the San Juan Bay área: Puerto Rico". En el año 1990 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Laval (Canadá, 1994) y La Universidad de Alcalá (Madrid, 2000). Fue becado por la Fulbright, España en los años 2007-08. Se ha desempeñado, durante su carrera, como asesor y perito ambiental en varios casos legales. Ha dirigido unas 50 investigaciones relacionadas con los temas de gestión ambiental, problemas globales, sistemas de información geográfica, legislación ambiental, riesgos am¬bientales, salud ambiental, cultura y medio ambiente, entre otros. Ha sido coautor de los libros Puerto Rico y las Americas (1989) e Historia de Puerto Rico: sitios de la memoria (1994). Su último libro se titula: Islas en extinción: impacto ambiental en las Islas de Puerto Rico (San Juan: SM, 2011).↵

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Desarrollo ambiguo, independencia y cuasiindependencia

Los casos de surinam y las antillas holandesas

Dirk Kruijt[1] y Hans Ramsoedh[2]

Breve historia de las colonias holandesas en América Latina

Apenas independiente, Holanda (o la República de las Siete Provincias Unidas como era su nombre de entonces) entró en un auge económico en base del imperio naval, el comercio marítimo y la conquista de colonias[3]. El comercio de azúcar, sal y especias de las Indias Orientales en el siglo XVI desde los países ibéricos hacia el norte de Europa había sido, durante décadas anteriores, en gran parte un asunto holandés. En 1568 se declaró independiente de Felipe II y entró en guerra con España, país central del monarca. Cuando Portugal fue ocupado por el rey en 1581 Holanda entró también en guerra con Portugal. Las empresas navegantes holandeses comenzaron a buscar los territorios productores de sal, azúcar y especias en la Indias Orientales y Occidentales, anteriormente ocupadas por España y Portugal.

En Asia se establecieron en la actual Indonesia y en Sri Lanka. Como única potencia europea adquirieron acceso comercial al Japón. En África, quitaron muchas fortalezas a Portugal; se establecieron de manera permanente en África del Sur. Luego vinieron al Caribe y a Brasil. En 1621 se creó la Compañía de la Indias Occidentales en Amsterdam, para el comercio, la piratería y la conquista. En la Compañía la provincia de Zelanda se administraban, originalmente, todas posesiones en ‘territorio occidental’; luego los grandes comerciantes de Amsterdam obtuvieron más influencia[4]. En mayo de 1624 los holandeses tomaron la capital de la colonia portuguesa en Brasil, Salvador de Bahía, por un año. En 1630 atacaron la capitanía de Pernambuco y ocuparon su capital Olinda. En los años siguientes ocuparon también otras capitanías brasileñas. En Brasil, los holandeses comenzaron a interesarse por el comercio de esclavos. Ya en 1630 habían encontrado unos 45 mil negros esclavizados en Pernambuco, y al poco tiempo se dieron cuenta que la producción de gran escala de azúcar necesitaba el abastecimiento continuo de esclavos desde África. La Compañía conquistó en 1637 Sao Jorge y en 1641 Sao Paulo de Luanda, puertos portugueses para el transporte de esclavos a Brasil.

En 1637 el conde Mauricio de Nassau fue nombrado como gobernador de Brasil holandés. Su gobierno que duró hasta 1644 y fue relativamente liberal. Fundó Mauritsstad (actualmente, Recife), creó un parlamento, reguló la producción de azúcar e hizo un convenio con los terratenientes portugueses (1641)[5]. Sin embargo, a partir de 1645 los portugueses se rebelaron. Entre 1645 y 1654 el Brasil holandés fue reduciéndose gradualmente y en el 1654 los holandeses salieron definitivamente para establecerse en las Guayanas y el Caribe donde los holandeses poseían algunas islas, Curazao por ejemplo, que comenzó a funcionar como puerto para el comercio de esclavos africanos[6]. Entre 1630 y el comienzo del siglo XIX los holandeses y los zelandeses transportaron un medio millón de esclavos de África al nuevo mundo. Se vendió el 98% de la población esclava en Curazao a los criollos españoles coloniales en el Caribe y en tierra firme. de América Latina.

Los holandeses ex brasileños y sus esclavos se fueron también a Tobago, Barbados y a las colonias francesas (Guadalupe y Martinica), donde introdujeron el cultivo de la caña e instruyeron la técnica del procesamiento de azúcar. Se fundó una colonia holandesa en Cayena (actualmente la capital de Guayana Francesa). Cuando en el año 1664 los franceses conquistaron Cayena, los colonizadores holandeses emigraron a Surinam, que en 1667 fue conquistado por los ingleses. Cuando se terminó la segunda de las cuatro guerras entre Holanda e Inglaterra, los ingleses se quedaron con Nueva York (anteriormente Nuevo Amsterdam, el actual Manhattan) que habían conquistado y donaron Surinam como compensación.

En 1821 el recién creado Reinado de los Países Pajos transformó las anteriores posesiones de las Compañías de las Indias Orientales y Occidentales y la Compañía Certificada formalmente en colonias. El interés en, y el amor por, las colonias caribeñas y las Guayanas no era muy grande. El núcleo del imperio colonial era la India Holandesa (Indonesia después de 1945). Las seis islas de Curazao y dependencias y la colonia en Surinam no eran muy rentables. En 1869 y 1879 hubo hasta intentos de vender las islas antillanas a potencias latinoamericanas[7].

La esclavitud era una característica de la economía de plantación en las Antillas y en Surinam. Sin embargo, entre 1821 y 1863 (cuando se abolió la esclavitud en las colonias holandesas) el número de manumisiones (esclavos dejados en libertad) era relativamente grande. En todas esas décadas el número de negros y mulatos libres era mayor que el número de esclavos[8]. Sin embargo, sobre todo en las posteriores Antillas Holandesas, la existencia de una sociedad de (ex)esclavi-tud generó una ‘sociedad segmentada’ en base al color y las relaciones raciales[9]. La población de Surinam, donde migrantes de la India y de la isla Java (Indonesia) fueron importados como trabajadores sustituyendo los anteriores esclavos, llegó a otra estructura social segmentada[10]. Estas sociedades coloniales basadas en racismo y discriminación impregnaron las posteriores configuraciones sociales de las Antillas y Surinam en las décadas de su autonomía política y auto-administración (las Antillas) y la independencia (Surinam)[11]. Las elecciones libres fueron decretadas en 1948 y, recientemente, los pueblos cimarrones e indígenas de Surinam adquirieron este derecho, en 1963.

Económicamente, las colonias antillanas comenzaron a prosperar en la primera mitad del siglo XX[12]. El desarrollo de la economía venezolana tendría una influencia grande en las dos islas antillanas principales: Curazao y Aruba, ambas islas perfectos puertos para barcos de carga pesada. Después del descubrimiento de enormes reservas de crudo en Venezuela, la Shell construyó una refinería en Curazao en 1916. Diez años más tarde (en 1927-28) la Standard Oil Company (luego Esso-Exxon) construyó otra refinería en Aruba. La población total de las dos islas creció rápidamente, de 40 mil en 1920 hasta 150 mil en 1950. Con la excepción de los años de la depresión de los años treinta, el desempleo era desconocido. Al comienzo de los años cincuenta el 10% del la producción de petróleo en el hemisferio occidental estaba concentrado en las Antillas Holandesas. En estos años, aproximadamente 10 mil personas trabajaban en la industria de refinería en Aruba y Curazao.

La economía surinamesa, casi siempre más pobre, tradicional-mente rural y casi exclusivamente centrada en la región costeña, era de plantaciones y empresas estatales con la característica manera de drenaje holandés, pólderes de arroz. En los años treinta del siglo pasado un nuevo sector económico, la minería de aluminio, comenzó a ser dominante. Era regulada por dos empresas transnacionales, una norteamericana y una holandesa (subsidiaria de la Shell). Los trabajadores mineros y metalúrgicos eran una aristocracia laboral con sueldos altos y condiciones de trabajo confortables. En cierto momento eran empleadas unas 10 mil personas. Gradualmente, el número de trabajadores se redujo[13]. En la región costeña vivían muchos campesinos de descendencia asiática, pequeños propietarios con trabajadores familiares. En el interior siguieron existiendo los pequeños semi-Estados de los cimarrones, en las anteriores regiones de refugio de ex esclavos escapados que, tras décadas de constante guerra de guerrilla, habían llegado a un acuerdo de autonomía a finales del siglo XVIII con los entonces poderes coloniales[14].

Por la importancia portuaria y las refinerías de petróleo de las Antillas Holandeses y la minería de aluminio en Surinam los EE.UU. ocuparon las colonias entre 1941 y 1945. En 1945 tanto Arubay Curazao tenían un ingreso per capita más alto (150%) que Holanda que había sufrido de la guerra; las colonias occidentales contribuyeron renuentemente a la reconstrucción económica de la madre patria. También en Surinam se había mejorado el estándar de vida durante la presencia del contingente militar estadounidense que en aquellos años construyó grandes obras de infraestructura.

Durante la segunda guerra mundial el gobierno y la casa real de los Países Bajos habían buscado refugio en Inglaterra. En 1941 Japón ocupó la actual Indonesia, en este momento la colonia India Holandesa. Para garantizar la lealtad colonial el gobierno holandés en exilio anunció a finales de 1942 un nuevo sistema político basado en ‘autonomía interna’ ultramarina. Pero en 1945 Japón, inmediatamente antes de rendirse a los aliados victoriosos, otorgó la independencia ante un gobierno indonesio encabezado por Sukarno. Holanda trató de restablecer el dominio territorial mandando tropas y librando una guerra contrainsurgente con muchas víctimas.[15]Bajo presión de los EE.UU. el gobierno en La Haya abrió negociaciones sobre la independencia. Indonesia rechazó la propuesta de unCom-monwealth al estilo británico y optó por una completa independencia (1948-1949).

Mientras tanto, La Haya había iniciado negociaciones con las partes restantes del imperio, Surinam y las Antillas Holandesas. Las negociaciones culminaron en un Estatuto, código que establecía en 1954 la relación entre tres países autónomos’ del reinado de los Países Bajos: Holanda, Surinam y las Antillas Holandesas. La autonomía garantizaba un gobierno electo que administraba todos los asuntos interiores, un banco central que regulaba la propia moneda y representantes en un ‘parlamento del reinado’ que en la práctica resulto ser el parlamento en La Haya ampliado por dos observadores (emisarios internos de las Antillas y de Surinam). Los emisarios holandeses a las colonias ocasionalmente llegaron ser (ex)militares o (ex) funcionarios del servicio de inteligencia. Los asuntos relacionados a la defensa y las relaciones internacionales quedaron en manos del gobierno holandés en La Haya[16]. Holanda mantuvo, también, el privilegio de intromisión en el gobierno interno en caso de mal gobierno o corrupción. Entre 1954 y 1975 el Estatuto funcionó básicamente como instrumento de transferencia de fondos y de justificación de la presencia de pequeños contingentes holandeses de administradores y militares en las anteriores colonias.

La relación semicolonial fue dorada por amplios fondos de cooperación. En Surinam los sentimientos adversos inter-étnicos nunca llegaron a tener conflictos raciales serios. Sin embargo, en Curazao, isla principal de las Antillas Holandesas, estalló un conflicto étnico fuerte en 1969, cuando un conflicto laboral mal manejado por la policía local, y luego por infantes holandeses, causó muertos. La población indignada quemó parte del centro histórico de la capital Willemstad. Una comisión mixta antillana-holandesa que investigó las causas de la confrontación subrayó la falta de integración de la población negra y mestiza, especialmente en asuntos de gobierno local y en el sistema político.

La comisión recomendó también deliberaciones tripartitas sobre una futura independencia. En el debate público en Holanda se optó cada vez más por una independencia acelerada de las colonias existentes. Mantener colonias era del pasado, así se argumentaba, e implicaba un déficit, en términos financieros y de prestigio internacional. Un parlamentario holandés propuso mandar el acta de independencia por correos certificados cuando las colonias rechazaron independizarse a corto plazo[17].

Surinam independiente[18]

En 1973, el entonces ministro-presidente de Surinam, líder criollo (la población afro-descendiente en la capital y la costa de Surinam) de una coalición con una minoría electoral, anunció la intención de independizarse en dos años. El gobierno en La Haya opinó inmediatamente a favor. La independencia se realizó sin plebiscito. La población indostaní (descendentes de la población de la India), el segmento ma-yoritario en Surinam estaba ferozmente en contra y temía una guerra civil[19].La independencia fue facilitada por un convenio de donación financiera de 3,5 mil millones de florines (€1,6 mil millones) sobre el cual se negoció durante casi un año y medio.

Surinam tenía, en el momento de la independencia en 1975, el ingreso per capita más alto de América Latina. En las décadas anteriores a la independencia la exportación de aluminio y los fondos de cooperación interna habían garantizados una cierta prosperidad estable. La cooperación interna (de Holanda a Surinam) había sido 245 millones de florines entre 1955 y 1963. Luego se cofinanció desde Holanda planes por períodos de cinco años consecutivos; los porcentajes que Holanda contribuyó eran predominantes[20]. En general se gastaron aquellos fondos en obras de infraestructura y la explotación de recursos naturales. La base para el desarrollo pos-colonial era la continuación de fondos de cooperación de €1,6 mil millones, administrados por una comisión mixta[21]. Desde 1975, los planes nacionales de desarrollo estaban basados en la explotación mayor de los recursos nacionales y obras gigantescas de infraestructura, como un ferrocarril a una nueva ciudad industrial (por construirse, todavía en 2013), pólderes para la agroexportación y obras de protección contra el mar (diques) y de infraestructura vial para integrar las regiones selváticas, casi no pobladas[22]. Una evaluación posterior concluyó que hubo muchos fracasos y ‘elefantes blancos’ y encontró escasos éxitos[23].

La independencia de Surinam tenía como consecuencia un proceso de migración de ciudadanos asustados de la colonia a Holanda. Al momento de la independencia el país tenía unos 500 milhabitan-tes (300 mil viviendo en la capital Paramaribo). El éxodo poblacional tuvo como resultado que, en 2010, la población nacional de Surinam giraba alrededor de 480 milpersonas, mientras que en Holanda vivían otras 345 milpersonas en la comunidad surinamés-holandesa[24].

Una de las características de la cultura política del país era, y sigue siendo, la provisión de empleo barato a los contingentes electorales, cuyas principales partes constituyentes forman un complicado mosaico étnico-religioso de criollos (negros o mulatos, católicos y protestantes), indostaníes (descendentes de la India, en su mayoría hindúes) y javaneses (descendentes de Indonesia, mayoritariamente de religión islámica)[25]. Una parte considerable de los fondos de cooperación internacional servía, de manera directa o indirecta, su camino para el financiamiento de un sector público cada vez más voluminoso y creciente, pero gradualmente menos competente y más aplastante. A la fecha, casi 50% de la población económicamente activa es empleada pública[26]. La lengua administrativa y jurídica sigue siendo el holandés, como lo es asimismo del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la enseñanza en la universidad. Entre otros factores, por su idioma, Surinam no tiene relaciones óptimas con los países caribeños y suramericanos. Los puestos diplomáticos claves eran, hasta muy recientemente, las embajadas en Washington y en La Haya.

Otro convenio en el contexto de la independencia era la creación de un pequeño ejército nacional, cuyo cuerpo de oficiales y de suboficiales era reclutado desde las filas de (los pocos) oficiales y (sobre todo de los) suboficiales de las Fuerzas Armadas holandesas. En 1975 contaba unas 620 personas, comprendiendo unas decenas de oficiales y un centenar de suboficiales. Los suboficiales eran sin excepción de descendencia surinamesa[27]. Un conflicto laboral, agravado por la actuación de la policía pero apoyado por un considerable segmento del público, estalló en un golpe de Estado en 1980. El gobierno civil fue arrestado, los oficiales holandeses fueron mandados a casa. Un grupo de sargentos, poco tiempo después promovidos al rango de mayor, comandante y (un) coronel, se encontró de repente con el poder político[28]. Surinam conocería en los primos treinta años de su independencia dos golpes de Estado, varios intentos de golpe de palacio y tuvo siete gobiernos civiles y siete gobiernos cívico-militares entre 1980y2000[29].

La simpatía popular después del golpe de 1980 perseveró un año y medio. Los militares, cuyo jefe era el anterior sargento y ahora coronel Bouterse, ejercieron el control sobre el consejo de ministros. Bouterse llegó ser, entre 1981 y 1987, al mismo tiempo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Consejo de Estado (que supervisaba el gabinete), jefe de la autoridad militar que supervisaba el Consejo de Estado, presidente del Frente Revolucionario, y jefe de gobierno. Bouterse tipificó su gobierno como “una marcha militar, izquierda, derecha, izquierda, derecha, etcétera”[30]. Gobernó con una serie de gabinetes cívico-militares de diferente composición: con empresarios, con ministros representantes de los sindicatos, con políticos de la izquierda, con ministros de la derecha.

Después de familiarizarse con los asuntos del Estado, los militares se confesaron a una ruta más radical y anticapitalista. Bouterse llegó a pasar por Cuba y regresó muy impresionado por la personalidad de Fidel Castro. Inmediatamente, nombraron embajadores. En los meses posteriores, Surinam abrió relaciones diplomáticas con una serie de países socialistas. Enfrentados con una creciente oposición y en un clima de tensiones y rumores, de contragolpes fracasados y con demostraciones sindicales y estudiantiles, los militares comenzaron a hacer listados de adversarios. En una noche de diciembre de 1982, bajo la influencia de alcohol y de droga, arrestaron a 15 de sus opositores civiles y mataron a todos, menos a uno, después de torturas. La mayoría de ellos eran respetados abogados, periodistas y políticos. El embajador cubano estaba indignado.

La matanza significó una línea divisoria política: gran parte de la población comenzó a tomar distancia de los militares. Los simpatizantes y antagonistas del régimen comenzaron a unificarse en dos campos. Holanda (a solicitud de los partidos políticos tradicionales en Surinam) suspendió la cooperación bilateral inmediatamente. Peor aún, la economía nacional desmejoró rápidamente. La suspensión de la cooperación internacional no sólo agravó el deterioro económico, sino que bloqueó casi todos los créditos internacionales (a solicitud del anterior país colonizador). Una galopante inflación, seguida por restricciones de importación, un sistema de cambio paralelo de devisas y de una economía paralela del mercado negro, afecto los ingresos de la clase media urbana, de los funcionarios públicos, de la clase trabajadora y, en general, de la parte pobre de la población. Según testimonios del presidente del Banco Central, y luego de algunos miembros del gabinete, los jefes militares entraron en negocios con ‘empresarios de Medellín y otros asociados al tráfico de cocaína para financiar sus operaciones.

La presencia de ‘potencias de la izquierda’ (una delegación cubana)[31] en el territorio surinamés, la evolución de una economía paralela de drogas, y un gobierno compuesto, o en todo caso controlado por ex sargentos, inquietaba el vecino grande, Brasil. Una misión, dirigida por el general Venturini, jefe del consejo de seguridad de dicho país, anunció una visita a Paramaribo y propuso una inversión de intereses:”Ellos [los cubanos] afuera o nosotros [los brasileños] adentro”[32]. Los militares surinameses rompieron casi inmediatamente relaciones con Cuba, y unas semanas después firmaron un convenio de asistencia militar con Brasil[33]. El país entró, política y militarmente, desde este momento en el contexto geopolíticamente dominado por los gobiernos militares brasileños.

El desmoronamiento político interno contribuyó a negociaciones (primero secretas, luego públicas) con los líderes políticos de los partidos tradicionales, o sea de los criollos, de los indostaníes y de los javaneses. Entre 1987 y 1992 se restableció el régimen democrático. El gobierno militar organizó, en 1987, después de un cambio en la constitución que garantizó las Fuerzas Armadas una amplia autonomía e influencia, elecciones generales. Para sorpresa de los militares salió la lista unificada de los partidos tradicionales como vencedor.

A todo eso se juntó una guerrilla interna, encabezada por el ex sargento Brunswijk, un cimarrón y uno de los anteriores guardaespaldas del jefe militar Bouterse. El guardaespaldas despedido inició una carrera de asaltante de automóviles y distribuidor del buitre, sobre todo a mujeres jóvenes: dinero y champagne[34]. En la capital era buscado como criminal, en su propia región fue considerado como un Robin Hood. En la prensa holandesa se empezaba a inflar gradualmente el significado del nuevo jefe guerrillero que, invitado por la comunidad surinamesa en Holanda, regresó con financiamiento y un equipo de mercenarios[35]. La guerrilla contó con el discreto asesoramiento de representantes de la inteligencia francesa desde la Guyana Francesa[36].

Brunswijk comenzó a atacar, con unas decenas de jóvenes, los puestos militares fronterizos. El ejército, a su turno, comenzó a atacar pueblos cimarrones, buscando “criminales y guerrilleros” por dondequiera, matando y arrestando hombres, mujeres y niños. Eso, a su turno, precipitó el crecimiento de una fuerza rebelde que en su auge llegó a tener entre mil y 1.500 jóvenes cimarrones en Surinam del Este. Una guerra interna entre las Fuerzas Armadas, la guerrilla de los cimarrones y posteriormente de paramilitares indígenas entrenados por el ejército atemorizó el interior del país entre 1986 y 1992. Sin que haya habido un conteo explícito, se estima que el número de muertos llegó a centenares, a la desaparición de aldeas enteras y a flujos migratorios de varias decenas de miles ciudadanos desde el interior a Guyana Francesa.

Hubo negociaciones complicadas entre los diferentes actores armados, originalmente con mediadores religiosos, luego entre representantes políticos y militares en Kourou (Guayana Francesa) en 1987. No obstante, la guerra continuó porque el coronel Bouterse, todavía comandante del ejército, se negó a reconocer el acuerdo ya firmado. Entonces la guerra continuó. Bouterse en Brunswijk lideraron las dos fuerzas beligerantes. Tácitamente, sin embargo, llegaron a una división de facto de áreas de influencia, donde ambos podían aprovecharse de las ganancias del comercio de droga que toleraron (o incentivaron) en sus territorios.[37] La infraestructura física fue destruida. La mayoría de la población cimarrona se estableció en Guayana Francesa. La economía se arruinó, en parte por la guerra que se inició en 1986, en parte por la gestión militar entre 1980 y 1987.

Mientras tanto se liberó el gobierno civil lentamente de la tutela militar, a pesar de su delicada situación por la expansión de la guerra interna en el interior del país. El descontento de los viejos estamentos militares militar produjo un segundo golpe en el día de Navidad del añol990. El parlamento legitimó el golpe unos días después y un gabinete cívico-militar ‘de negocios’ organizó las elecciones del año 1992. Estas elecciones fueron ganadas por los mismos partidos que habían llegado al poder en 1987. Ante la situación política y económica complicada y a solicitud de los partidos ganadores el gobierno en La Haya y los líderes de los tres partidos étnicos comenzaron en absoluto secreto a negociar (en La Haya y, luego, en las Antillas Holandesas) sobre una nueva relación de Commonwealth. Holanda ofreció una unión monetaria, una unión de defensa y una estructura comunal para las relaciones diplomáticas. Los tres líderes estuvieron en punto de firmar un acuerdo cuando periodistas en ambos países publicaron la esencia del acuerdo. Los gobiernos de los dos países negaron que hubiera intenciones de llegar a relaciones estrechas[38].

El nuevo gobierno no logró muchos cambios en la economía, pero podía triunfar en dos asuntos políticos: realizar formalmente la paz y desmilitarizar el ambiente político. El gobierno solicitó los buenos oficios de la OEA para renegociar un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas, los comandos cimarrones y tres agrupaciones paramilitares controladas por el ejército[39]. En agosto del año 1992 se firmó (de nuevo) la paz, esta vez con un (ligero) programa de desmovilización de la guerrilla y los paramilitares y una (simbólica) entrega de armas a cambio de una amnistía. Bouterse siguió siendo comandante del ejército, Brunswijk fue nombrado como subjefe del sistema de inteligencia.

Una nueva generación de jóvenes oficiales había dirigido las operaciones bélicas (“militares profesionales”, en sus términos) en el interior. Frente a sus jefes (Bouterse y sus compañeros de armas y de negocios) habían desarrollado una actitud de menosprecio (“militares políticos”). El descontento latente de los mandos medios fue apoyado por un nuevo ministro de defensa, un sindicalista cuyos amigos habían sido matados en diciembre de 1982 y que despidió a Bouterse. El grupo de militares alrededor del anterior comandante entró en situación de retiro. En términos económicos, ya tenían sus intereses consolidados.

El (primer) gobierno Bouterse (1980-1987) seguido por los años de la guerra (1987-1992) había dejado el país en un estado deplorable[40]. Entre 1996 y 2011 un gobierno liderado por un ex asesor de Bouterse, Wijdenbosch, llegó a iniciar otra vez un proceso de inflación, mientras que supuestamente mantenía lazos con el Suri-cartel, un conjunto de empresarios comerciales y traficantes de droga[41].El Banco Interamericano de Desarrollo calificó el equipo económico y monetario como ‘inepto’ y el presidente del Banco Central tuvo que salir del país en auto-exilio después de un informe destructor sobre corrupción de parte de la Controlaría en Paramaribo[42]. Acusaciones de corrupción generalizada y enriquecimiento personal por el presidente y su equipo de ministros y asesores nunca fueron jurídicamente comprobadas, pero tampoco desmentidas.

Entre 1992 y 1996 y entre 2001 y 2010 el país era gobernado por una coalición partidaria de los partidos étnicos: de losindostaníes, criollos, javaneses y, a partir de 2001, por un conjunto de pequeños partidos liderados por el ex guerrillero Brunswijk[43]. Fueron períodos de estancamiento económico. En ambos períodos el gobierno estaba formado mayoritariamente por la coalición antimilitarista, el llamado ‘Nieuw Front’ [Frente Nuevo]‘, formado por los partidos que ya habían existido antes de la independencia y representando segmentos étnicos de la sociedad surinamesa. En ambos períodos llegaron al poder cuando los gobiernos de Bouterse y Wijdenbosch (con Bouterse como asesor) habían dejado el país en una pésima situación económica.

A partir de 2001 la coalición de las cuatro etnicidades (losindostaníes, criollos, javaneses y cimarrones) logró efectuar un ajuste estructural. Hay que admitir que se estabilizaron los presupuestos y las finanzas públicas, pero también que se aumentó y consolidó una pobreza y una economía informal de grandes proporciones[44]. Ma-croeconómicamente, el país tenía un crecimiento económico de 5% durante la primera década del presente siglo. El oro, mediante minería de tajo abierto o minería artesanal de los garimpeiros brasileños y los cimarrones en los ríos, sustituyó en importancia la exportación de bauxita. La economía surinamesa sigue estando basada en la exportación de productos primarios: minerales y madera tropical[45]. Pero el Frente Nuevo no logró sustantivamente eliminar la pobreza nacional, 50% hasta 70% de la población según estimaciones de la oficina de estadísticas en 2007[46].

El gobierno del Frente Nuevo, formados por políticos que desde los años sesenta y setenta habían sido los representantes de las diferentes etnicidades tampoco lograron modernizar el sistema político y cada vez que llegaron al poder comenzaron a gobernar en un estilo clientelismo y favoritismo: direcciones enteras en el sector público cambiaban de etnicidad cuando un nuevo ministro de otra etnici-dad llegaba liderar un ministerio, por ejemplo. En Surinam hay un trauma existente en relación con las matanzas de diciembre de 1982 y las víctimas de la guerra interna (1986-1992). El Frente Nuevo inició tibiamente.en 2007, un procedimiento jurídico contra Bouterse y los miembros de su equipo, pero durante años todo procedió con gran lentitud[47].

En contraste con los viejos políticos, Bouterse es un orador caris-mático. Después de su carrera militar y la consolidación de sus negocios entró, esta vez como civil, en la arena política liderando una plataforma multiétnica y apoyándose en las nuevas iglesias evangélicas (su candidato para la vicepresidencia en 2010 era un pastor evangélico). En las elecciones de 2005 obtuvo el 25% de los votos, sobre todo de los jóvenes del electorado. Se reconcilió en público con su anterior enemigo Brunswijk, líder cimarrón, para la campaña presidencial de 2010. La coalición que lideró resultó ser la más grande tras las elecciones y después de un complicado sistema de negociaciones en el parlamento Bouterse fue elegido presidente. Esta vez el presidente Bouterse fue elegido democráticamente.

A pesar de ser un país independiente, Surinam apenas se integró después de 1975 a América Latina y en el Caribe. Durante décadas siguió orientado a Holanda donde vive otro 70% de los surinameses, familiares, pero integrados en la economía, la sociedad y la política holandesa[48]. Por lo menos económica y culturalmente el cordón umbilical con la madre patria nunca fue cortado. Holanda proporcionó gran parte de la cooperación internacional (también a través del PNUD, el BID y el Banco Mundial). La lengua oficial y las comunicaciones de masa (radio, TV y prensa escrita) siguieron fielmente los noticieros Holandeses, por lo menos hasta el año 2010.

Después de 2005 y sobre todo a partir de la presidencia de Bou-terse (2010-presente) el país comenzó a orientarse a otros países de interés: a China, a India, a Indonesia, país de origen de grandes segmentos de la población. Por fin, comenzó a desarrollar lazos más intensos con América Latina y el Caribe. En noviembre de 2010 entró como miembro a la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. El nuevo gobierno restableció en 2010 las relaciones con Cuba, que asiste en materia de salud y en becas de estudio. Las relaciones con Brasil y con Venezuela se estrecharon. Surinam tiene un perfil más claro en el Caribe, su región de pertenencia. Varios de los asesores actuales de Bouterse habían estudiado en Brasil durante los años de la dictadura. Ellos forman parte del soporte intelectual detrás del presidente. La cooperación con China, es probablemente, la más significativa de las nuevas relaciones externas. Es interesante saber que según el embajador chino en 2011 había unos 40 mil chinos nuevos’ encontrando empleo, sobre todo en la construcción civil y en el comercio al menudeo[49].

La relación política con Holanda se enemistó rápidamente después de 2010, por irritaciones e insultos de parte de los gobiernos de los dos países[50]. La relación familiar con la diaspora sigue siendo intensiva, a pesar de las posibles orientaciones políticasdiferentes. Cada año cruzan el océano alrededor de 100 mil surinameses y holandeses-surinameses para visitar a sus familiares[51]. El distanciamiento político tiene por lo menos como ventaja que Surinam se está reorientando a los demás países del Caribe, América Latina y el mundo; y encontrando su lugar como país independiente y soberano.

Las antillas después de 1969

En su afán de deshacerse dignamente de sus colonias en el Caribe y el las Guayanas, el gobierno holandés también ofreció una independencia a las Antillas Holandeses bajo condiciones similares (una independencia acompañada con amplios fondos de desarrollo) que en Surinam. Sin embargo, durante las negociaciones con aquél país el gobierno de las Antillas estaba presente como observador. El Estatuto de 1954 estipulaba además que los tres gobiernos de los tres ‘países’ dentro del reinado de los Países Bajos deberían estar de acuerdo sobre cualquier cambio entre las relaciones entre Holanda y sus dos colonias en el Caribe. Dentro de la complicada configuración consul-tativa de las seis islas que en su conjunto formaron el país antillano (seis islas y un gran territorio marítimo), los seis gobiernos de las islas individuales y el gobierno federal de las Antillas Holandeses habían llegado a la conclusión que el estatus quo era definitivamente la mejor opción.

El amor por la madre patria nunca había sido muy grande. Pero el pasaporte holandés significaba, para los habitantes de las islas, un bien muy preciado. Además, ¿para qué independizarse si dentro de los términos del Estatuto estaban seguros de un flujo constante de fondos de cooperación interna que nunca se acabaría? En estos años un porcentaje fijo de 5% de la cooperación internacional era destinado a las Antillas. Cuando el ministro presidente holandés ofreció formalmente el inicio de un proceso de independencia en 1975 y 1976, el gobierno antillano respondió elegantemente que el desarrollo en las islas todavía no justificaba una independencia prematura. Cuando el gobierno holandés pidió repetidamente cual sería, en un futuro próximo, una fecha para la independencia, el ministro presidente antillano calificó esta insistencia como “irresponsable”[52].

El Estatuto de 1954 había sido diseñado para países del tamaño de Indonesia, no para un conglomerado de seis pequeñas islas, tres cercas a la costa de Venezuela y tres cerca Jamaica, a dos horas de vuelo por avión. Las tres islas de sotavento cerca Venezuela – (Aruba, 193 km²; Curazao 444 km²y Bonaire 287 km²) – difieren de las demás. En Curazao y Aruba se concentra la mayoría de la población antillana. En Aruba, Bonaire y Curazao la lengua nativa es el papiamento; la religión principal es el catolicismo[53]. Los habitantes de las islas de barlovento -San Martín (34 km²), San Eustaquio (21 km² con 3.600 habitantes en enero de 2012) y Sabe (13 km² con 1.800 habitantes en enero de 2012) – hablan inglés y la religión mayoritaria es metodista. El holandés es la lengua administrativa, pero en cada isla el uso de la lengua nativa sirve para la comunicación interna. El sistema educativo es bilingüe.

La estructura federal de las Antillas garantizaba a cada isla un gobierno local con bastante autonomía. Sin embargo, el gobierno federal de las Antillas, con sede en Curazao, estaba encargado de los asuntos comunales, entre otras las finanzas públicas. En el parlamento antillano los representantes de Curazao formaron la mayoría absoluta. Conflictos internos entre los gobiernos locales y el gobierno federal eran el orden del día. En el propio Curazao, incluso cuando había la misma coalición política que administraba la isla y el país antillano, siempre había fricciones entre los dos gobiernos paralelos y sus sectores públicos. Para complicar la situación todavía más era común que, en el caso de tormentas, huracanes y desastres nacionales el gobierno holandés brindaba directamente auxilio mediante la Marina de Guerra y proporcionaba siempre los fondos para la reparación de la infraestructura física, dejando al lado el gobierno antillano en Curazao, que ni poseía los medios de transporte ni las finanzas. En las décadas de los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado los gobiernos locales fuera de Curazao comenzaron a desarrollar fuertes resentimientos frente al colonizador’ Curazao que obligaba una comunicación en papiamento que tardaba generalmente con la transferencia de las finanzas. San Martín, San Eustaquio y Saba tenían en la práctica más relaciones con las islas caribeñas angloparlantes (y con los EE.UU.) que con Curazao.

gobierno local de Aruba se modificó el Estatuto que Aruba sería un país “con estatus aparte” dentro del reinado de los Países Bajos, con igual estatus que el país “las Antillas de las cinco (islas)”. Holanda obtuvo la promesa de un lapsohacia la independencia completa de diez años. Mientras tanto, en la capital de Aruba se erigió una estatua para el gobernador que había liberado la isla del poder colonial de Curazao. Después de la conquista de la autonomía, Aruba rechazó tajantemente una independencia completa. En La Haya no supieron hacer otra cosa que aceptarlo como un hecho cumplido. Nunca más se habló de independencia forzada.

La relación entre Curazao y las demás islas antillanas comenzó a empeorar, también. San Martín, San Eustaquio y Saba solicitaron repetidamente un estatus similar a la posición de Aruba, como grupo o independientemente. Con un país lejano, en Europa, podían entenderse; además, muchos miembros del gobierno local habían estudiado en Holanda y habían adquirido experiencia administrativa en los gobiernos barriales o municipales allá. Las políticas económicas de las Antillas fueron últimamente llevadas a cabo por los gobiernos locales. Con el fortalecimiento venezolano de la industria petrolera y petroquímica las instalaciones en Aruba y en Curazao perdieron peso; finalmente cerraron la refinería en Aruba y disminuyeron la de Curazao a un mínimo indispensable. Tanto Aruba como Curazao y San Martín buscaron una salida en offshore banking, hasta que por presión de gobierno de EE.UU. se declararon esas actividades como ilegales[54].

Un proceso semejante.de formación de diaspora externa como en el caso de Surinam después de 1975, comenzó a realizarse en las Antillas Holandesas[55]. Entre 1975 y 2000 se mudaron unos 100 milantillanos a Holanda, mientras que en las seis islas antillanas viven (datos para el año 2010) unos 280 milciudadanos antillanos y 60 mil migrantes caribeños y colombianos ilegales[56]. Se mudaron antillanos pobres -básicamente desde Curazao- pero también profesionales de la clase media. En las Antillas, el ideal de formación académica siempre habían sido las carreras de médico o abogado. Holanda obtuvo muchos especialistas médicos antillanos (sobre todo, oncólogos) y hasta promociones consecutivas enteras de la Escuela de Enfermería en Curazao emigraron por avión a Holanda al momento de recibir su diploma de grado.

Mientras que la economía antillana de debilitó en los años setenta, la de Aruba transformó su infraestructura completamente para atraer un turismo norteamericano. Las inversiones en hoteles y playas fueron exitosas: al comienzo del siglo XXI pasaron anualmente un millón de turistas, 90% de ellas procedente de los EE.UU. La población de la isla creció de 50 milen 1986 hasta 100 milen 2000, una cuarta parte son migrantes colombianos, dominicanos, haitianos y jamaicanos. Un proceso de crecimiento poblacional semejante ocurrió en San Martín, que siguió el ejemplo de Aruba desarrollando una infraestructura turística similar. San Martín tiene la ventaja de que es parte de una isla compartida con Francia. No hay fronteras formales, cualquiera puede pasar del Caribe a “Europa” y realizar trámites financieros o comerciales. El número de habitantes ilegales es casi igual al número de residentes legales. La mayoría de las personas sin estatus legal proviene de las islas angloparlantes caribeñas[57].

La orientación de las Antillas Holandesas (y del Reinado de los Países Bajos) hacia los EE.UU. se manifestó también en la disposición de los aeropuertos de Aruba y Curazao por la Fuerza Aérea de los EE.UU. para vuelos de observación en la Región. Formalmente, se refiere a la lucha contra el tráfico de drogas, pero el protocolo es bastante amplio. Este Acuerdo bilateral (formalmente Forward Operating Locations, FOL) fue renovado en noviembre de 2011 por un período de cinco años. También hay un Convenio multilateral que establece la colaboración de las marinas de guerra con los EE.UU., Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Gran Bretaña, Francia, México y Perú. Este convenio dispone la participación en la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) de los EE.UU. y otros países[58]. Desde hace unos veinte años es conocido, que tanto Surinam como las Antillas Holandesas, son eslabones en redes transnacionales de contrabando y sobre todo tráfico de drogas a Holanda, igual que muchas de las anteriores ex colonias caribeñas son utilizados como rutas de transito de cocaína y otras drogas hacia sus ex colonizadores en Europa[59]. Con Colombia y Venezuela se está colaborando en materia de misiones de rescate.

Mientras que las seis islas de las Antillas Holandesas mantuvieron en los años noventa del siglo pasado y la primera década del presente siglo su nivel global de bienestar e ingreso per capita muy encima del promedio de los Estados caribeños, hay que señalar que en los últimos veinte años, a la vez, se produjo un proceso de mayor diferencia de la distribución del ingreso y un crecimiento fuerte de la pobreza y la informalidad[60]. Este segmento está consolidándose, como en Europa, en un underclass de pobres y marginados. En las Antillas esta clase está compuesta por dos categorías: los pobres nativos y los pobres inmigrantes[61].

Para entender la formación de pobres antillanos hay que entender que entre 1995 y 2004 el 36% de todas las familias en Curazao era monoparental y liderada por una madre joven, con frecuencia adolescente; la situación no ha cambiado, sustantivamente. En Bonaire el porcentaje es 27%, en San Martín el 31%. Sobre Curazao los datos empíricos son más precisos. Hay unos veinte barrios de miseria donde los porcentajes de la pobreza y de familias monoparentales se mueven entre el 45% y el 60%. Anteriormente, los niños fueron educados en el sistema matrifocal antillano de abuelas jefas de familias extensas. Pero en los últimos quince años los efectos de la migración masiva a Holanda, y el hecho que los abuelos tengan que seguir trabajando para sobrevivir, resultaron en la desintegración de esta estructura sustantiva de educación y vigilancia. Muchos jóvenes, sobre todo varones, salen de la escuela sin diploma y pierden la posibilidad de entrar en el mercado laboral regular. Pero todavía tienen el derecho a cierta remuneración por el sistema de protección social que vale únicamente para los residentes legales de las islas.

Si este segmento poblacional ya es pobre, hay que tener en consideración que otro segmento, el de los migrantes dominicanos, haitianos, jamaicanos y colombianos todavía tiene menos sostén. Gran parte de ellos no tiene estatus legal. Viven en otros barrios marginales, de migrantes. Trabajan como jardineros o vigilantes nocturnos o como trabajadoras domésticas para quienes pertenecen a la clase media. No tienen protección social y con cierta frecuencia se hallan confrontados con razias de la policía local que arresta y deporta las y los indocumentados.

Un subsector está formado por la industria del sexo. Los hechos no son formalmente registrados pero, con la ayuda de epidemiólogos, pueden hacerse estimaciones con bastante certeza[62]. En Curazao hay un prostíbulo (Campo Alegre) cerca al aeropuerto donde se encuentran unas 500 “trabajadoras del sexo” extranjeras. Llegan con visa, mayoritariamente desde Colombia y la República Dominicana, por tres meses después de exámenes médicos. Luego desparecen, en general, en los ‘kioscos’, clubs nocturnos en la zona gris entre la formalidad y la informalidad, la legalidad y el crimen organizado. Los médicos que entrevistamos están bastante seguros del número total de trabajadoras sexuales que permanecen en la isla: unas 3 mil, el 2% de la población total, de 135 mil personas.

Otro subsector es el segmento poblacional de adictos a drogas y a alcohol. Este segmento es en su gran mayoría antillana. Solamente Curazao tiene unas 300 bahías, la gran mayoría no vigiladas, una oportunidad fácil para el transporte y la transferencia de cocaína a otros países, particularmente, a Holanda. Aruba tiene una situación geográfica parecida, Bonaire con su población escasa es todavía un puerto más ideal[63]. En el pasado se pagaba cash para la transferencia internacional de la droga. En años más recientes se sustituyó el cash por pago parcial en crack. Pequeñas acomodaciones para vuelos aéreos y las oportunidades naturales portuarias facilitaron (y facilitan) la llegada de drogas desde Colombia, Venezuela y, más recientemente, Brasil. En los barrios de Willemstad y Oranjestad, las capitales de Curazao y Aruba, y en las ciudades menores de aquellos dos Estados islas, casi no hay calle sin un traficante en menudeo. El uso interno de drogas es notorio en los barrios pobres, pero el mercado interno se expande a todos los segmentos de la población. En los barrios pobres, como en las mega ciudades en Rio de Janeiro y San Pablo, el traficante local se desempeña como patrono y benefactor de la población local: organiza fiestas, financia bandas de música, controla bandas juveniles incipientes[64]. El precio del mercado para crack en Willemstad en Curazao era, en 2004, diez veces más bajo que en Amsterdam, Holanda. Se estima que el 10% de los adultos de Curazao y San Eustaquio son adictos al alcohol y el 5% a drogas[65].

En 2006, tras un plebiscito, la población de las cinco islas restantes administradas desde Curazao se manifestó anuente de disolver la estructura política del país “Las Antillas” y tener cada cual una relación bilateral con Holanda. Más resistencia hubo, como debía de esperarse, en Curazao que en las demás islas que repetidamente habían solicitado una relación con Holanda parecida a la de Aruba. Por razones de población local muy pequeña en Bonaire (15.700 habitantes en enero de 2012), San Eustaquio (3.600 habitantes en enero de 2012) y Saba (1.800 habitantes en enero de 2012), Holanda rechazó tajantemente considerar un estatus de “país” para estas islas. Llegaron a ser “municipios especiales” con previsiones económicas y sociales como en Holanda[66]. El 10 de octubre de 2010 (10 – 10 – 10) se disolvió formalmente la existencia de las Antillas. La condonación de la deuda interna de unos €3 mil millones fue el instrumento que La Haya utilizó para crear tres nuevos países (Aruba, Curazao y San Martin) y tres municipios (Bonaire, Saba y San Eustaquio) dentro del reinado de los Países Bajos.

El estatus de los tres países y tres municipios es todavía ambiguo. Tal vez es mejor hablar de una situación de ‘ni-ni’. Los tres países tienen una autonomía considerable. Sin embargo, no son independientes ni prefieren la independencia: las ventajas económicas y políticas de pertenecer a un país miembro de la Unión Europea prevalecen por el momento sobre una independencia completa. Los gobiernos de las tres islas Aruba, Bonaire y Curazao expresan en público (en La Haya) su miedo de ser invadidos por Venezuela cuando desaparezca la presencia de Holanda y los EE.UU. con sus bases en Aruba y Curazao. En círculo de la cancillería y las Fuerzas Armadas holandesas se veía expresada una preocupación similar con respecto a la posibilidad de un enfrentamiento con Venezuela que pudiera llegar a una situación parecida a la guerra de las Malvinas.

En Holanda las relaciones con sus anteriores colonias en el Caribe, ahora “países” y “municipios especiales”, son consideradas con tergiversación e irritación. Mantener los lazos con las seis islas caribeñas cuesta dinero y prestigio. De todos los partidos políticos en Holanda la derecha prefiere claramente deshacerse de las seis islas: son “nidos de criminalidad”, así vocean representantes de dos de los tres partidos son el sostén del gobierno de entonces (primera mitad de 2012). Un político de aquella coalición propuso en 2011 de manera denigrante la venta pública mediante una subasta por internet. El centro y el centro-izquierda no expresan su preferencia; en privado no serían renuentes cuando pudiesen deshacerse con dignidad de las islas caribeñas. Constitucionalmente, no pueden romperse los lazos entre las anteriores Antillas y Holanda sin el consentimiento de las partes involucradas.

Tras elecciones en septiembre de 2012 se formó en La Haya un gobierno de coalición de centro-derecha y de centro-izquierda quecomenzó a tratar de establecer relaciones más cordiales dentro del Reino. Sin embargo, en Curazao se había acumulado a partir de 2010 un nuevo endeudamiento de € 60 millones y La Haya amenazó con una intervención en el manejo económico. A finales de 2012 se formó en Curazao un gobierno para superar la crisis. El jefe del partido de gobierno más grande anunció su aspiración de una independencia completa en el curso de diez años. Un día después el parlamento holandés, casi unánimemente, se adhirió a la futura independencia: “Tan rápidamente posible”. En el próximo futuro las entidades políticas ex colonizadoras y ex colonizados marcharán juntas. Pero, a lo largo, el sendero común es menos seguro. Últimamente, prevalece una ambigüedad sobre su destino final.

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Dirk Kruijt es profesor emérito de la Universidad de Utrecht, Holanda. Entre otros fue asesor del gobierno holandés en materia de cooperación interna a las Antillas Holandesas y Aruba. Posteriormente, fue asesor del gobierno de las An¬tillas Holandesas en materia de pobreza. Entre 2000 y 2002 fue co-evaluador de las relaciones políticas y de cooperación entre Holanda y Surinam. El informe (Kruijt y Maks, 2004) fue detenido dos años.↵

Hans Ramsoedh es miembro de la dirección de la Alta Escuela de profe¬sores en Arnhem, Holanda, y redactor en jefe de la revista OSO, la única revista académica binacional exclusivamente dedicada a Surinam. Su tesis de doctorado (Ramsoedh, 1990) es un análisis de la administración colonial en Surinam en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Ambos autores le agradecen a Hans Buddingh' (Nieuwe Rotterdamse Courant - Algemeen Handelsblad) y Wim Hoogbergen (Universidad de Utrecht) por su generosi¬dad por presentarnos sus manuscritos, todavía no publicados, con datos más recientes sobre Surinam.↵

EL actual Reinado de los Países Bajos es el Estado remanente de los 19 países bajos (comprendiendo la actual Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia) que heredó Carlos V cuando nació en 1500 en Gante, Bélgica. Las siete provincias norteñas se unieron en la Unión de Utrecht para librar una guerra de independencia contra la España de Felipe II, su hijo. De ellas, Holanda y Zelanda eran las provincias navegantes. La ciudad de Amsterdam era la ciudad más prominente y la sede de las compañías marítimas. Formalmente, la Unión de Utrecht era una República cuyo ministro-presidente y comandante militar eran príncipes hereditarios. A finales del siglo XVIII las provincias se transformaron en la República Bata va y, luego, en el Reinado de Holanda (cuyo rey era el hermano de Napoleón y padre del futuro Napoleón III). Después de las guerras napoleónicas, los vencedores europeos fundaron el Reinado de los Países Bajos bajo la misma dinastía que desde el siglo XVI había gobernado, incorporando en el nuevo estado la mayoría de las 19 provincias originales. En 1830 se separó Bélgica y en 1898 Luxemburgo. Desde ahora utilizamos el término 'Holanda' para las Siete Provincias y los Estados sucesores.↵

La República de las Siete Provincias Unidas otorgó el derecho de navegación, comercio, piratería y conquista a la Compañía de las Indias Occidentales (CIO) en 1621 para 24 años. La compañía casi llegó a la bancarrota en un esfuerzo fallido de reconquistar el Brasil holandés en 1654. En 1669 también la provincia de Holanda obtuvo el derecho de coadministración de Surinam y las Antillas. La CIO En 1674 fue liquidada y re fundada en 1674. La administración de las colonias entró en una nueva Compañía Certificada (Geoctroyeerde Societeit) dentro de la cual Amsterdam tenía la hegemonía, Zelanda fue el socio menor y la CIO obtuvo el monopolio en el comercio de esclavos. La Compañía sucesora fue a la bancarrota en 1791.↵

Véanse Mello Neto (1987).↵

Cabo Verde y Curazao eran depósitos de esclavos. La lengua franca caboverdiana, el criollo, fue la base para el papiamento, lengua nacional de Curazao, Aruba y Bonaire↵

Solamente Venezuela estaba interesada, pero la población antillana votó en contra.↵

Con la excepción de San Martin y San Eustaquio.↵

Véase Hoetink (1968) en un libro pionero.↵

La sociedad colonial de Surinam es analizada en Van Lier (1971) en un libro pionero.↵

Véanse Gobardhan, Hassankhan y Egger (1995).↵

ara el desarrollo económico consultamos al clásico Buddingh' (1999, 2012) y además a Jansen van Galen (1995), Hoogbergen, Kruijt y Oude Engberink (1999), Kruijt y Maks (2004) y Van Dijck (2001a, 2001b).↵

De 6.200 en 1975 (el año de la independencia) hasta 2.300 en el año 2000.↵

Estos Estados sobreviven hasta el momento y tienen la apariencia de los quilombos brasileños; véanse: Moura (1981). Sobre las sociedades cimarrones en Surinam, véanse: Hoogbergen (1990) y Thoden Van Velzen y Van Wetering (2004).↵

Van Doorn y Hendrix (2012) analizan la violencia por parte del ejército holandés que se veía confrontada con una guerrilla popular.↵

Después de 1969 los gobernadores generales fueron antillanos y surinameses nombrados por La Haya.↵

El estudio más detallado y autoritativo sobre el proceso de descolonización en las Antillas y en Surinam es de Oostindie y Klinkers (2003).↵

Aquí nos apoyamos en textos inéditos de Ramsoedh (2011) y de Buddingh' (2012) y además, en De Jong y Boersema (2005), De Jong y Kruijt (2006), Kruijt (2007) y Van Dijck (2001a).↵

Véanse Azimullah (1986), Buddingh' (2012), Dew (1978, 1994), Khemradj (2002), Hoogbergen y Kruijt (2005), Meel (1999) y Oostindie y Klinkers (2003).↵

Véanse Kruijt & Maks (2004).↵

Sobre este período véanse De Groot (2004).↵

Este plan estaba basado en un estudio del planificador surinamés Essed (1975).↵

Véanse Kruijt y Maks (2004).↵

Véanse NRC del 10 de febrero de 2012. Entre los años ochenta del siglo pasado y 2005 la comunidad surinamesa en Holanda mandaba un flujo continuo de remesas, alrededor de €75 millones por año, a sus familiares en Sudamérica. Sobre el éxodo, véanse Oostindie (1996), Hoogbergen y Ramsoedh (2001) y Oostindie y Klinkers (2003).↵

Datos oficiales del Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) indican las siguientes proporciones étnicas en Surinam: indostaníes (29%), criollos (18%), javaneses (15%), cimarrones (15%), otras etnicidades (23%). Se estima que entre 8% y 9% es de descendencia brasileña. Véanse Hoogbergen y Kruijt (2005).↵

Véanse Tjon-A-Joe (1995) y Sedney (1997).↵

En 1975 contaba unas 620 personas, con unas decenas de oficiales y unos cientos suboficiales. Los suboficiales eran, sin excepción, de descendencia surinamesa. El gobierno holandés pagaría durante años la diferencia entre los salarios surinameses y holandeses (Verstegen 1997: 62-63).↵

Participaron 16 sargentos y se juntaron dos tenientes.↵

Véanse Meel (1993), Sedney (1997) y Kruijt y Hoogbergen (2005).↵

Véanse Hoogbergen y Kruijt (2005) para más detalles.↵

En este tiempo circularon en el ambiente diplomático muchos rumores sobre la presencia de centenares de militares cubanos en calidad de asesores y la llegada de abundantes cantidades de armas ligeras, procedentes de Libia.↵

Confirmado por Luis Betancourt, en este período el jefe de gabinete del general, durante una entrevista en Madrid, el 28 de febrero de 2005. Véanse también Ely (1999).↵

Christopher, anteriormente guardaespaldas y luego confidente de Bouterse, y por ende jefe de la oficina de Seguridad del Estado (cuyo apodo era Gestapo), siguió los cursos en la Escola de Guerra en Rio de Janeiro. Christopher llegó ser ministro de defensa de 1990 a 1991 y embajador de Surinam en Brasil y Argentina entre 1996 y 2000 (entrevista con el teniente coronel Rupert Christopher en Paramaribo el día 6 de marzo de 2004).↵

Llegaría a tener hijos (registrados) con 25 mujeres (Entrevista con el padre Antón van Dorsthorst, en los años ochenta y noventa, negociador de parte del gobierno con la guerrilla, en Paramaribo el día 21 de febrero de 2003.↵

Un inglés con el nom de guerre Penta (2002) desempeño el rol de asesor militar. Penta serviría en 1992 en las guerras de la ex Yugoslavia.↵

Véanse Anouilh (1995).↵

Entrevista con Ramsewak Shankar, presidente de Surinam entre 1987 y 1990, y en 2003 presidente del consejo de Estado en Paramaribo, el día 14 de febrero de 2003.↵

Véanse Kruijt y Maks (2004). Los autores entrevistaron ex miembros del gabinete de aquella época en Holanda y en Surinam. Véanse también a Buddingh' (2012) y Hoogbergen y Kruijt (2005).↵

Véase OAS (2001).↵

Véanse De Vries (2005).↵

Bouterse, no elegible como presidente, era nombrado 'asesor del Estado'.↵

Véanse IADB (2011).↵

Para una tipificación del sistema política según las líneas étnicas, véanse IADB (2001) y Ramsoedh (2001).↵

Véanse para la situación deplorable entre 1996 y 2001 el informe de la oficina de planificación en Surinam (SPS, 2001). Véanse además Van Dijck (2001b). Sobre la pobreza y la informalidad véanse Vos, De Jong y Dijkstra (2001), Kruijt y Maks (2002) y sobre todo Menke (1998).↵

IMF (2009, 2011).↵

Véanse Buddingh' (2012). El Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en Paramaribo nunca logró establecer porcentajes más exactos.↵

El coronel Bouterse nunca apareció en las sesiones preliminares ni en las sesiones posteriores del Consejo de Guerra, e hizo decir por su abogado que no tenía tiempo. Siempre negó en público su presencia durante la matanza. Ya siendo presidente, uno de sus ex compañeros sargentos del "grupo de los 16", Rubén Rozendaal, atestiguó en marzo de 2012 ante el Consejo de Guerra que Bouterse sí había estado presente. Probablemente, las matanzas del 1982 y la masacre, en 1986, del pueblo cimarrón Moiwana por el ejército van a continuar dividiendo la opinión pública en Surinam en los próximos años. El juicio mismo fue suspendido a finales de 2012. El Consejo de Guerra opinó que una Corte Constitucional (una nueva autoridad por ser creado en el futuro por el presidente) debe decidir sobre la eventual re-apertura del juicio.↵

La diaspora surinamesa favorece en general a los partidos tradicionales. Los jóvenes indostaníes están orientándose gradualmente más a la India en vez que a Surinam.↵

Véanse Tjon Sie Fat (2008) para las profesiones preferidas. El embajador chino nunca sustentó la enorme cantidad de migrantes. La mayoría de los analistas opina que hay más brasileños, entre 20 mil y 30 mil en Surinam.↵

Véanse para detalles Buddingh' (2012).↵

Según datos del consulado general surinamés en Amsterdam y la cancillería holandesa en La Haya en 2005.↵

Entrevista con Gilbert Wawoe, en este tiempo miembro del gabinete de las Antillas Holandesas, y posteriormente miembro (antillano) del Consejo del Estado en Holanda, La Haya, el día 4 de abril de 2004. Véase, también, el clásico Oostindie y Klinkers (2003: 129-131).↵

Por razones de orgullo nacional el sistema de deletrear el mismo papiamento es diferente en Aruba (españolizado) que en Curacao (sigue un sistema lingüístico).↵

Véase Hana (1998).↵

Aruba tiene unos 100 mil habitantes, Curazao 135 mil. La diaspora antillana en Holanda tiene un poco más de 140 mil personas (Nieuwe Rotterdamse Courant-Atgemeen Handetsbtad del 10 de febrero de 2012).↵

Véanse, sobre la diaspora: Gowricharn (2006), Hoogbergen y Kruijt (2006), Kruijt y Hoogbergen (2004) y Oostindie (1996).↵

Datos que recogimos durante la investigación de Reda Social (2004).↵

Véase Actuatisering (2011).↵

No es un comercio unidireccional. Desde varios países europeos se exportan drogas sintéticas a las Americas; véanse UNODC (2010a, 2010b, 2010c) y Kruijt (2011).↵

Véanse Lake (2007).↵

Véanse Reda Social (1999, 2004).↵

Aquí presentamos parte de la investigación que realizó Reda Social (2004) cuando hicimos un estudio de profundidad sobre sexo y drogas en Curazao.↵

Véanse UNODC (2010a y Kruijt (2011).↵

Véanse Arias (2006), Dowdney (2003), Gay (2009), De Sousa (2006), Leeds (2007), Sousa (2007) y Zaluar (2004).↵

Datos que también recogimos durante la investigación de Reda Social (2004).↵

En enero de 2012 la oficina de estadísticas de Holanda hizo un recuento de los habitantes de estas tres islas y descubrieron que el total de habitantes no era 18.400 (según las estadísticas locales) sino que la población de Holanda había aumentado con 21 mil "habitantes caribeños" (Nieuwe Rotterdamse Courant-Algemeen Handeisbiad de 4 de enero de 2012).↵

7

SEGUNDA SECCIÓN

¿DE QUÉ CRISIS HABLAMOS?

8

Reflexiones a propósito de la crisis y su impacto en la cuenca del Caribe

La dependencia como signo[1]

Tania García Lorenzo[2]

[...] la competencia basada en la territorialidad sigue

dominando los asuntos mundiales, por más que

actualmente sus formas tiendan a ser más civilizadas.

En esa competencia, la situación geográfica sigue

siendo el punto de partida para la definición de las

prioridades externas de los Estados-naciones y el

tamaño del territorio nacional sigue siendo también

uno de los principales indicadores de estatus y poder.

Zbigniew Brzezinski[3]

Introducción

Parafraseando el título de la famosa novela del premio Nobel Gabriel García Márquez, estamos ante la “crónica de una crisis anunciada”. Sin embargo, no por anunciada dejó de sorprender en el momento en que se divulgó la quiebra del funcionamiento del mercado monetario y de capitales en la mayor potencia del mundo. Tampoco pudo ser evitada, ni habían sido consideradas las alternativas de salida, así es que poco valió su anuncio. Tal vez es que, aún estimando los desatinos que tendrían lugar, no era concebible que las propias fuerzas que lo gestaron, le permitieran evidenciar con gran dramatismo: las debilidades del orden civilizatorio contemporáneo.

El análisis del impacto de la crisis por tanto, domina todos los encuentros que en el mundo realizan académicos, políticos y activistas de los movimientos sociales. Ello está justificado, por la gran cantidad de perspectivas analíticas que existen acerca de la gravedad de los acontecimientos que dieron origen, sus formas de manifestarse, canales de transmisión, etcétera. Por otra parte, una de las peculiaridades de esta crisis es que, sucede al propio tiempo que otros fenómenos que están repercutiendo con particular fuerza, tales como la crisis alimentaria y la alta volatilidad de los precios de los productos primarios, el cambio climático que tanto afecta ya a cosechas, producciones y transportaciones, la crisis que genera el panorama energético mundial y del continente en particular, todo lo cual diferencia la situación de hoy de las crisis que se ha debido enfrentar en otras ocasiones. Así las cosas, resulta difícil distinguir las diferentes sensibilidades de estos acontecimientos y el peso que cada uno tiene en los comportamientos macroeconómicos y sociales del continente. Estos entrecruzamientos causales tienen una influencia muy marcada en los diagnósticos que se realizan al considerar la Cuenca del Caribe.

Resulta necesario implicarnos en el análisis de su evolución y junto a ello, reflexionar acerca de los espacios de actuación que tienen los gobiernos del área. También los posibles alcances que tendrá para las pequeñas economías, las medidas hasta ahora aplicadas desde los centros de poder mundial a partir de su interpretación de las causas y consecuencias de la crisis para los países desarrollados. Para ello es necesario tener en cuenta que, según sea la posición que se ocupa en el amplio entramado de intereses que se ven afectados, así será la interpretación que se tenga de la crisis y de la misión de rescate. En última instancia, es la ideología la que marcará el rumbo.

Tanto la crónica de los acontecimientos, como los juicios de valor acerca de los impactos que están teniendo lugar y que se irán profundizando, se sistematizan a partir de los países que concentran mayores extensiones territoriales y de población. Se aprecia con particular fuerza, la valoración del continente latinoamericano y caribeño, desde los 7 mayores países, que cada vez se parecen menos al resto. En ese mapa de diagnóstico y concertación para la salida de la crisis no está Centroamérica y mucho menos el Caribe. A los países pequeños solo nos han dejado en la sala de espera.

Y habría que preguntarse, ¿quién representa los intereses de aquellos países que, siendo pequeños, agrupan una cantidad aprecia-ble de población, que llegaron a la crisis sin saber por qué, están pagando sumamente cara su dependencia y que verán atados su suerte, una vez más, a las antiguas metrópolis que los consideran como complemento y no como esencia? No se puede desconocer que el Caribe, en muchos medios informativos, es analizado como un todo y no se visualiza comúnmente en su amplitud y especialmente en su diversidad. Una diversidad que, en el mejor de los casos, se reconoce en los planos históricos, culturales, lingüísticos, pero que no se tiene en cuenta desde la economía en toda su magnitud.

Las interpretaciones acerca de la naturaleza de la crisis determinan la visión acerca de su impacto y de la salida

En múltiples análisis acerca de la crisis, se ha transitado en la identificación de las causas desde: irresponsabilidad de los solicitantes de crédito sin capacidad de pago; falta de transparencia, ineficiencia de los comités de otorgamiento de créditos de los bancos y de los órganos de verificación de la gestión. También ha existido una visión interesada en concentrar las causas de la crisis en la regulación institucional y especialmente la regulación en el campo financiero, lo que tiene como resultado que el diagnóstico identifica las ausencias de normativas y excesos de los actores del ámbito financiero, como los orígenes fundamentales.

Cierto es quemúltiples fueron los señalamientos, desde distintas escuelas de pensamiento económico, político y social, acerca de la peligrosidad de estos mecanismos de funcionamiento. George Soros-señaló hace una década “por qué el sistema capitalista global era poco sólido e insostenible, pero hasta la crisis financiera de Rusia en agosto de 1998, no caí en cuenta de que en realidad se estaba desintegrando”[4]. Diez años después, CEPAL identifica que: “los significativos efectos de la crisis financiera mundial actual se pueden explicar por la combinación del financiamiento fuera del balance, con la gestión pro cíclica del apalancamiento financiero por parte de las instituciones financieras”[5]. Esas perspectivas muestran la convicción de que estamos frente a una crisis financiera, de liquidez, con repercusiones en la economía real. O sea, una crisis generada por errores en la conducción y no por incongruencias propias del sistema. Estas vertientes de análisis han hecho predominar los enfoques desde la política económica.

Sin embargo los análisis realizados desde la academia latinoamericana comprometida con sus sociedades son incomparables. Con diferentes aproximaciones y desde distintas aristas, se ha demostrado que la crisis tiene un carácter esencialmente sistémico aunque estalla en el campo financiero. La academia latinoamericana ha denunciado con enriquecedores trabajos de sus más lúcidos y insignes científicos de los distintos ámbitos de las ciencias sociales y de las económicas en especial, las causas funcionales y estructurales de la crisis, determinadas, entre otras múltiples, por la desregulación estatal de las economías, por la lógica fundamentalista de otorgarle a los capitales preponderantes la función asignadora de los recursos, por el agudi-zamiento de las contradicciones inherentes al sistema de relaciones económicas predominantes que se expresan en la disociación entre valor y precio, y entre riqueza y ganancia. El detonante de la crisis fue el estallido del sistema de financiamiento del mercado inmobiliario, porque en él se gestaron las condiciones para construir activos transa-bles, sin subordinación ni respaldo en la economía real y el mecanismo de transmisión se activó por la forma en que está interconectado el mercado de capitales y, especialmente, el mercado de derivados y opciones. Estas vertientes de análisis han hecho predominar los enfoques desde la economía política.

Y esa es una diferencia esencial porque la exorbitante carrera por la obtención de las altas tasas de ganancia y el ordenamiento existente han provocado que los capitales preponderantes en el mercado sean los que impulsan y crean la demanda, determinan los niveles de oferta, así como los segmentos de consumidores que quedarán fuera del eje de coordenadas que determina los precios de equilibrio. Las distorsiones introducidas han ido generando una profunda separación entre la base mercantil de la economía y lo que se supone fuera la contrapartida monetaria para acompañar y expresar la acumulación. Es por ello que no estamos frente a una crisis financiera y de liquidez, sino a una crisis sistémica y de solvencia que se expresa con mayor agudeza en el campo financiero porque ha sido el ámbito del ciclo de la reproducción del capital donde se vulneraron los mecanismos de verificación de equilibrio del modo de producción e hizo más inconsistente el sistema capitalista, en su carrera por compensar la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Este debate es relevante porque del diagnóstico causal dependen los juicios de valor acerca del programa de salida de la crisis o las medidas para enfrentarlo.

¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno? Las quiebras espectaculares de instituciones financieras que no han resistido los embates de la crisis inauguraron el desencadenamiento de las crisis bursátiles arrastrando tras sí el sistema financiero y económico mundial. Los ajustes entre valores de mercado y en libros, dieron cuenta de la magnitud del espejismo que reinaba en los resultados económicos mundiales.

La política económica aplicada potenció la alteración sin precedentes de la relación entre el sector financiero y el productivo y por ello, en las estructuras sectoriales de las economías ha irrumpido la extensión de la crisis.Por supuesto que esos impactos no serán iguales o similares en todos los países del continente porque algunos de esos impactos son por contagio, en dependencia del grado de interconexión con el sistema financiero y otros por los diferentes grados de dependencia estructural que tienen las economías latinoamericanas con los ciclos productivos de la economía de los EE.UU.

La crisis ha detonado también las burbujas financieras montadas de forma inescrupulosa por la pérdida de la ética más elemental. Ello ha incluido los mecanismos de control y supervisión que también estaban cooptados por las corporaciones que debían supervisar. En el año 2001-2002, durante la crisis de importantes corporaciones, se demostró el involucramiento de la firma que verificaba los balances. En la crisis actual, se ha repetido la historia. No menos grave es la existencia de ejecutivos y consejeros de grandes corporaciones que gozan de privilegios y prebendas sin que, salvo excepciones, hayan tenido que pagar por los estropicios que han generado[6]. Más que eso, según diferentes fuentes, parte del programa de rescate entregado por gobiernos, se ha destinado a las compensaciones de los ejecutivos que se encargaron de la ejecución de los desatinos que hoy se enfrenta.

Para evaluar el impacto de la crisis sobre los países subdesa-rrollados es necesario tener en cuenta las debilidades intrínsecas de estos grupos de países, caracterizados a grandes rasgos por padecer un capitalismo subdesarrollado y dependiente, y con estructuras de propiedad sobre sus recursos altamente transnacionalizadas. En el caso de América Latina y especialmente en el área del Caribe, estamos hablando de una región cuyos indicadores globales han generado en ocasiones imágenes distorsionadas de la realidad que sufre la mayoría de la población.

Solo 6 países del Caribe insular tienen niveles de PIB percápita considerados altos con el 9% de la población y en los 10 países de menores ingresos se concentra 91% de esas sociedades. A diferencia de lo que sucede en América Latina, cuyos indicadores oficiales sitúan la pobreza en el orden del 33,2%, de 37.681 personas que viven en el Caribe 15.503,5 (el 41,1%) vive bajo la línea de pobreza y el 82% de esos pobres viven en los 5 países de menor ingreso percápita[7]. Quiere esto decir que el Caribe se enfrenta a la crisis, en condiciones desventajosas, en comparación con otras áreas geográficas. A esto se añade que 7 de los 16 países sometidos a análisis tienen un índice Gini superior a 0.4[8] y 4 países lo tienen superior a 0.5[9].

Centroamérica[10] no es diferente. El 50,9% de la población vive en condiciones de pobreza y en todos los casos el índice Gini sobrepasa el 0.5 por lo que la expansión económica necesaria para superar la crisis con estas desproporciones como telón de fondo, han de ser fruto de un proyecto político contentivo de una estrategia de desarrollo económico y social y no de políticas financieras anticíclicas, aisladas.

Hay que tener en cuenta que esta situación se confronta en países y zonas de una imponente riqueza natural y cultural, pero que sufrieron un largo proceso colonial que expolió sus recursos y marcó la estructura dependiente que ha constituido su signo.

Estas diferencias son importantes porque en múltiples ocasiones se concluyen avances en las economías a partir del comportamiento de las tasas de crecimiento del PIB cuando, en la práctica, no se produce un cambio de escala productiva y mucho menos ese incremento se revierte en beneficio de la población. La alta volatilidad del crecimiento del Producto unido a la estructura sectorial que lo genera y el predominio que tienen los factores externos en el decurso de estas economías, son algunas de las razones que han descalificado el PIB como indicador de beneficios económicos nacionales. También pone en evidencia la ineptitud de otros indicadores tradicionalmente utilizados, para acercarnos a lo que sucede en estos países. Construir un sistema de indicadores que muestre los procesos, constate los resultados y valore los impactos particulares que se producen en las diversas economías subdesarrolladas es una asignatura pendiente de la academia con pensamiento antihegemónico.

Las teorías del “desacople” siempre fueron cuestionables, pero en el caso de la Cuenca del Caribe no había posibilidades de pensarlas. En la subregión caribeña en general, predomina la condición primario exportadora tanto de bienes como de servicios cuyos fondos exportables están caracterizados por un bajo nivel de componentes tecnológico endógeno y en algunos países, condicionados a un trato preferential, que siendo justo como recompensa por la historia de expoliación del coloniaje, ha condicionado su política económica doméstica y también de alianzas internacionales.

Ha sido ampliamente reconocida y explicada por actores académicos, políticos y sociales, desde distintas aristas y enfoques, la alta dependencia del ahorro externo que tienen los países de la América Latina y el Caribe, por ello en este contexto solo es necesario resaltar las dimensiones que ya alcanza en algunas naciones, especialmente los integrantes de la OECO y Guyana. La relación del stock interno de IED con el PIB de estos países es un elemento que muestra la altísima vulnerabilidad de las pequeñas economías frente a los shocks externos, en tanto su reproducción ampliada no está bajo el control de sus actores nacionales.

En el caso de Centroamérica no se presentan las mismas circunstancias, pero no por ausencia de necesidades del capital foráneo, especialmente en Nicaragua y Honduras, sino por la alta volatilidad de las corrientes de capital que llegan al área y su concentración en un grupo reducido de países del continente.

La apertura de las economías[11], en 8 de los 15 países del Caribe insular y continental y en 3 de los 6 centroamericanos ha ido alcanzando cada vez mayores proporciones y en ese sentido, refleja también la alta sensibilidad de esta zona norte del continente a los acontecimientos que tienen lugar en las contrapartes que, en la mayoría abrumadora de estos países, es Estados Unidos. Hablamos portante de una crisis que impacta a un área pobre, con déficit crónico de íinanciamiento endógeno y alta dependencia de los flujos de capital foráneos y consecuentemente, con indicadores de apertura abrumadoramente altos.

Canales de transmisión de la crisis en la cuenca del Caribe
En esas circunstancias, resulta conveniente destacar algunos de los canales específicos de transmisión de la crisis en esta área y que están asociados a las condiciones estructurales de sus economías y al patrón de acumulación que ha prevalecido. Estos podrían identificarse básicamente en dos: los flujos financieros y las corrientes comerciales. Uno de los impactos más evidentes ha sido, a decir de Trevor Alleyne[12], una escasez de crédito y un mayor costo del íinanciamiento por el comportamiento contractivo del mercado financiero. El colapso del sistema crediticio corriente, comercial e hipotecario impacta tanto a los gobiernos como a privados. Este es un tema de particular interés en tanto, el crecimiento del PIB del área, ha estado sustentado en financiamiento externo, demostrado en el altísimo nivel de endeudamiento de todos los países. En 10 de los 16 países del área caribeña se ha acumulado un altísimo nivel de endeudamiento sin capacidad de pago, especialmente en el último decenio[13]. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos del área demuestra que todo ese financiamiento no ha logrado gestar la autosustentación de los modelos aplicados. En Centroamérica se destacan Honduras, El Salvador y Nicaragua con una posición deudora sumamente delicada[14]. En Nicaragua la situación es tan comprometida que sus niveles de endeudamiento más que triplican su capacidad exportadora.

Ello quiere decir que la contracción de los flujos crediticios de la Cuenca del Caribe representa una seria amenaza para la estabilidad económica de la región y preservarlos constituirá un objetivo de primera prioridad de los gobiernos en ejercicio. Ello tiene no solo implicaciones económicas sino también políticas, y condicionará la capacidad negociadora de esta área.

El estrecho vínculo comercial de estas economías, con las mayores potencias del hemisferio pone de manifiesto la alta exposición de la región frente a la crisis que acontece en el mercado estadounidense de bienes y servicios y en la economía mundial en general. Para la Cuenca del Caribe, su participación en el mercado internacional de bienes y servicios estáconcentrado entre un 60 y un 70% en EE.UU. y Europa[15], y entre un 15 y un 25% en su comercio recíproco.

Martí dijo: “el pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar el comercio, para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse, vende a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio con otro, se convierte en influjo político”[16].

La economía caribeña tradicionalmente ha penetrado mercados a partir del abaratamiento de los productos que exporta, tipificado por un insuficiente desarrollo tecnológico. Según estudios del Banco Mundial, en 14 de los 16 países del Caribe, la estructura exportadora clasificada por su intensidad tecnológica, ha sido de 1,4% de manufacturas con alto componente tecnológico; 11,6% con componente tecnológico calificado como intermedio; el 10,2% con bajo componente tecnológico; 34,9% de manufacturas basadas en recursos naturales y un 37,4% de productos primarios[17]. Llama la atención como en numerosos análisis, implícitamente, se ha consagrado el concepto de competitividad como posicionamiento de mercado sin especificar que se alcanza en muchas ocasiones a partir de una desvalorización del trabajo, que es el único gasto susceptible de reducir, por la estructura de costos importados que presentan la mayoría de los procesos productivos en los países subdesarrollados. Esa reducción de salarios e ingresos es aceptada por la fuerza de trabajo porque la alternativa es clara. Empleo precario o desempleo. Es por eso que esa competitividad es conocida como competitividad espuria.

Para Bahamas, Belice, Haití, Jamaica; Rep. Dominicana, San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago, cualquier acontecimiento que induzca la contracción de la demanda desde EE.UU. provocará un desbalance de muy alta significación, porque el nivel de concentración de la estructura geográfica de sus exportaciones es sumamente alto. A ello hay que añadir que la estructura por productos demuestra que, en algunos casos, son fondos exportables sustituibles por ofertas del mercado interno de sus contrapartes[18]. Esta es una característica de la Cuenca del Caribe en tanto se repite en las economías de Centroamérica, especialmente en Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Visto en su acepción más amplia, toda la Cuenca del Caribe tiene una extraordinaria concentración del comercio en EE.UU. y en segundo lugar con Europa. Sin dudas, la presencia China ha ido ganando espacio pero las estadísticas ratifican que el posicionamiento del mercado es de EE.UU.

Al propio tiempo se está produciendo una importante disminución de los precios de los productos básicos debido a la retirada de posiciones especulativas en instrumentos financieros, contracción de la demanda mundial y la volatilidad del dólar estadounidense que incrementa el riesgo cambiado. Todos los expertos esperan una contracción de la demanda de los fondos exportables caribeños por ser productos sustituibles, lo que redundará en un agravamiento del déficit. Ambos componentes, precios internacionales globales y disminución de la demanda de los países centrales que constituyen el destino fundamental de las exportaciones de bienes y servicios del área, provocará una abrupta contracción de sus facturaciones. La contracción de la balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos de los países del Caribe alcanza niveles de alta significación desde hace dos decenios. En la actualidad, según CEPAL, 10 de los 15 países estudiados tienen un déficit de cuenta corriente como proporción del PIB que ya alcanza dos dígitos. En Centroamérica, Honduras y Nicaragua tienen una situación similar. Según las estimaciones de expertos, esta será una afectación de particular impacto para la Cuenca del Caribe.

El intercambio interregional caribeño también está concentrado en pocos productos y pocos países. En el caso de Centroamérica, los números muestran una tendencia creciente de las exportaciones in-trarregionales, especialmente en el último decenio, en comparación con las exportaciones totales (26,8%) y se espera que esas tendencias continúen. En esta área geográfica, este comercio implica empleo para 2 millones de trabajadores y vida para 8 mil empresas, 80% de las cuales son PYMES. Sin embargo, tiene una pobre presencia en el ámbito de las importaciones (12,9%)[19]. Sus proveedores fundamentales están en EE.UU., que excedió en 2008 el 50% de sus ventas a esta área geográfica[20].

En la actualidad y desde hace mucho tiempo, el comercio interregional está llegando a sus límites debido a la estructura de la oferta en comparación con la demanda. Comoquiera que los acuerdos adoptados en los esquemas integracionistas respectivos, han estado dirigidos a los instrumentos comerciales y no a los procesos productivos, el intercambio llegó hasta donde le han permitido las capacidades históricamente disponibles con un comportamiento pro cíclico. Si muestra contracción de las exportaciones, con alto nivel de endeudamiento, se corre el riesgo de entrar en el círculo vicioso de disminución de las importaciones y disminución del producto. Los pronósticos realizados por el FMI dan cuenta de esta grave situación. Ello significa que la Cuenca del Caribe necesita un enfoque diferente al que ha estado aproximándose para diseñar la salida de la crisis y la estrategia integracionista.

Otro componente insoslayable de análisis, en la zona norte del continente, se refiere a la industria turística. Fruto de la crisis, este sector económico tiene ya una contracción que está provocando la suspensión de vuelos y contrataciones hoteleras. No podemos olvidar que el grueso del turismo que arriba al Caribe proviene de EE.UU. En la misma medida en que se profundiza la crisis en la potencia vecina,se contrae todo lo que representa gastos suntuarios y en primer lugar las vacaciones. Ello ha provocado que miles de trabajadores caribeños de esta industria, hayan sido despedidos en los últimos meses. Esto ha estado sucediendo en Bahamas, Jamaica, Santa Lucía. Según fuentes periodísticas, autoridades de Barbados suponen entre cuatro o cinco por ciento de contracción de los visitantes para estancias extensas en 2009 y ningún crecimiento para 2010[21]. Estamos hablando de uno de los principales sectores económicos que puede dinamizar el crecimiento del PIB.

El contagio de las instituciones financieras de EE.UU. y Europa provoca un impacto en las operaciones offshore que realizan las instituciones financieras asentadas en territorio caribeño y que constituye una importante fuente de ingreso a las balanzas de pagos de los países y es una fuente importante de empleos. Bahamas es un ejemplo palpable. Una retirada de los fondos para cubrir reservas en las casas matrices, constituye una importante descapitalización que deberán enfrentar las agencias periféricas.

Los conglomerados financieros presentes en la región hacen presumir un canal efectivo de contagio con lo que sucede en los mercados financieros. Estamoshablando de:Scotiabank; Citigroup y Royal Bank of Canada; First Caribbean; Republic. Con una importante presencia en Barbados, Trinidad y Tobago; San Vicente y las Granadinas; Granada y Antigua y Barbuda pero con presencia en todos los países con excepción de Haití donde la representación de Scotiabank y el Citigroup es pequeña[22].

El ejemplo de Citigroup es un caso estudio. Según el citado experto, este grupo tiene una presencia importante en Bahamas, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, por lo que[23], la estabilidad de los ingresos de estos países por sus vínculos con esta institución financiera, se pudiera ver afectada.

Hay un elemento de análisis que resulta insoslayable, aunque documentarlo es todavía una tarea pendiente, por las dificultades confrontada para la obtención de información sistémica y sistemática al respecto. Los recursos naturales y capacidades productivas instaladas, tienen en la Cuenca del Caribe una importante transnacionalización, o sea, hay restricción de la soberanía integral sobre los recursos naturales, en tanto la propiedad que sustenta la reproducción económica está, en lo fundamental, en manos foráneas, lo que limita la capacidad regulatoria de los estados y, consecuentemente, los márgenes de autonomía en el diseño de la política económica del país. Sin embargo, en términos de la crisis propiamente, compele a dos importantes consecuencias. Por una parte, las subsidiarias sentirán los efectos de la crisis en sus casas matrices y, aunque el sistema de operaciones siga una política de holding, en cuanto a la gestación de rentabilidades, los componentes estabilizadores corporativos desde la casa matriz pueden sufrir afectaciones. Este hecho cobra especial relevancia, cuando se actúa en cadenas productivas internacionales, como son las textiles y turísticas.

Estas consecuencias ya se están padeciendo. Durante 2008, 9 de los 16 países del área tuvieron que enfrentar una contracción de los flujos de financiamiento, especialmente en Barbados, Haití y San Kittsy Nevis de lo que se derivan graves consecuencias para sus vulnerables economías. Solo Trinidad y Tobago y Rep. Dominicana tuvieron un incremento sustancial de las corrientes de inversión y en mucha menor medida, Belice y Guyana. En Centroamérica solo El Salvador tuvo en el mismo periodo, una significativa contracción de la inversión extranjera directa[24].

Las amenazas que se ciernen sobre esta área son importantes. La inversión extranjera directa que se encuentra asentada en la Cuenca del Caribe tiene un claro desbalance a favor de EE.UU., lo que se puede apreciar tanto en su carácter de inversionista principal en 22 de los 25 países independiente del área, como por el predominio que tiene en los 31 sectores económicos fundamentales de la región en su conjunto, registrado por el sistema de información del centro de comercio internacional[25].

En el Caribe, la potencia vecina, es el inversionista principal en 13 de los 16 países independientes del área[26]. Llama la atención que en el caso de Haití, EE.UU. esta en 13 de los 15 sectores económicos reportados y dos consorcios estadounidenses[27], son las casas matrices principales en 9 de esos 13 sectores. Las actividades de mayor afluencia de los capitales norteamericanos se concentran en los sectores de servicios tanto turísticos como financieros, comunicaciones y transportes que son los sectores más dinámicos de las economías caribeñas, lo que no excluye el que sea el país inversionista principal en la extracción de petróleo y gas de Trinidad y Tobago.

Martí dijo: “cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, se hacer servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y al servicio a los que necesitan de él”[28].

En el área centroamericana, EE.UU. es el principal inversionista en todos los países, destacándose Honduras, donde EE.UU. tiene el predominio en 24 de los 25 sectores económicos y Costa Rica, donde tiene similar presencia en 25 de 29 sectores económicos que registra la fuente informativa de UNCTAD CCI. A semejanza del Caribe insular, el capital estadounidense invertido en el istmo, tiene un predominio integral en las ramas primarias, secundarias y terciarias. Una presencia inversionista de esta magnitud y la condición de socio comercial más importante, ha condicionado toda la inserción internacional del área e inhibido toda la capacidad negociadora.

La penetración del capital estadounidense en la zona norte del continente está estructurado de forma tal que controla los eslabones fundamentales de los sectores económicos más dinámicos del área. Por ejemplo: es el país inversionista principal de los sectores inmobiliarios, intermediación financiera; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones y comercio con lo que controla los eslabones fundamentales de la actividad turísticas y de servicios en general, pero también las ramas industriales que más importancia tienen en la estructura manufacturera del conjunto de la región, como son los textiles y cueros, alimentos y bebidas, productos químicos, maquinarias y equipos, incluidos los eléctricos entre otros[29].

Martí dijo: “los pueblos menores, que están aún en los vuelcos de la gestación, no pueden unirse sin peligro con los que buscan un remedio al exceso de productos de una población compacta y agresiva, y un desagüe a sus turbas inquietas, en la unión con los pueblos menores”[30].

No menos afectaciones se están enfrentando ahora en el ámbito del empleo, o más bien del desempleo cuya situación es, sumamente comprometida. Los datos son fraccionados y diferentes según las fuentes que sitúan los casos más graves en Rep. Dominicana, Jamaica y Belice con 16%; 10%; 8,5%; respectivamente[31]. Sin embargo, aunque no se dispongan de las cifras de Haití, Guyana, Surinam entre otros, es de suponer un peso importante de desempleo, sobreviviendo en el mercado informal. En el mes de octubre, el mapa caribeño se vio estremecido por los acontecimientos producidos en Puerto Rico, donde la crisis y la aplicación de los programas contractivos están llevando al país al 17,1% de desempleo según pronósticos conservadores. El pueblo boricua conmocionó las calles con la protesta, la resistencia y la desobediencia civil. Según informes periodísticos se calcula que más de 500 mil trabajadores quedarán despedidos en Centroamérica. En 2007 la tasa de desempleo hondurena era de casi el 28% (antes de la crisis actual) y, pese a que la tasa de inversión llegó a un espectacular 31% en 2008, la cesantía siguió creciendo. La disociación entre la inversión productiva, el crecimiento económico y el empleo ha quedado más que demostrada en la mayoría de los países del continente.

Cualquier afectación al funcionamiento de los conglomerados transnacionales generará una repercusión inmediata en sus filiales. En términos de empleo directos de estas entidades establecidas en la Cuenca del Caribe se verían en peligro más de 350 mil empleos, sin contar Bahamas y Cuba de las cuales no se dispone información. A esto habría que añadir el empleo de actividades colaterales que dependen de ellas, tanto formales como informales, lo que resulta difícil cuantificar pero que es evidente en la constatación empírica de los sistemas de trabajo.

Otro ámbito de impacto está relacionado con las remesas. Como el factor más dinámico de las economías es el exportador tanto de bienes como de servicios, pero no nutre suficiente empleo para asegurar el sustento de las sociedades, en muchos países subdesarrollados, entre los cuales están los que bañan sus costas en el mar Caribe, las remesas constituyen un flujo de efectivo que se ha consolidado como factor estabilizador de los mercados domésticos.

Como se puede apreciar, cuando se compara las remesas recibidas con el ingreso nacional bruto, como indicador más representativo del consumo de los factores, su reducción en algunos países puede provocar serias inestabilidades económicas y políticas. República Dominicana; Jamaica; Haití; Guyana y Granada son los países donde las remesas juegan un papel equilibrador de las tensiones domésticas, en tanto son los países más pobres, los de mayor desempleo y los que menos capacidad de asimilación de la crisis presentan.

En Centroamérica, el impacto mayor se espera en El Salvador, Honduras y Nicaragua, que son las economías más pobres y donde sus sociedades confrontan mayores riesgos. Los índices de analfabetismo rebasan el 20% en los dos primeros y alcanza el 32% en el último; la mortalidad infantil y materna, constituye problemas endémicos del área, además la desnutrición crónica alcanza al 50% de la población de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Fue necesaria la declaratoria de calamidad pública en Guatemala por la malnutrición para que se pudieran movilizar fondos especiales en esta dirección. No se trata de un componente circunstancial. Las remesas constituyen un flujo de efectivo que permite sobrevivir a una parte cada vez más creciente de la población del área.

Dos comportamientos de inobjetable importancia se derivan de estos impactos básicos vinculados a las fuentes de recursos financieros propios del Caribe. Se refieren a la situación de las reservas internacionales y al déficit fiscal que son el resultado de los comportamientos económicos globales. Salvo en los casos de Barbados y Trinidad y Tobago que se han visto beneficiados por el incremento desmedido de los precios del petróleo y el gas, el resto de los países tienen montos reducidos de reservas, lo que se refleja tanto en su comparación con la deuda externa como con las importaciones, cuya cobertura de importaciones se mueven entre uno y tres meses. Son países que no tienen capacidad de previsión de cualquier acontecimiento que ponga en peligro la seguridad de sus sociedades. Dependen completamente de la ayuda externa.

Tienen déficit presupuestario 16 de los 21 países, y especialmente significativos son los de Antigua y Barbuda, Granada, Guyana, Cuba y Jamaica. Como en cada uno de los elementos anteriores apuntados, el agravamiento del impacto de la crisis sobre el Caribe está determinado por la vulnerabilidad y dependencia estructural económica del área, que tiene muy pobre capacidad endógena para enfrentar estas dificultades.

Frente a la fragilidad descrita, creada por la dependencia que tipifica las economías de la Cuenca del Caribe, muchos de estos países se encuentran situados en la categoría “d” de riesgo país[32] y ello también significa que, frente a las expectativas de contracción económica y de pobre capacidad para hacer frente a los shocks externos, los flujos de inversión se alejen de la región, en tanto necesitan mayores tasas interna de retorno, o sea, mayores rendimientos, menores plazos de recuperación y el menor riesgo. En momentos de lluvia y tormenta, el capital foráneo, cierra la sombrilla que prestó cuando había sol.

La reacción de los países caribeños frente a la crisis

El BID sondeó a 317 personalidades influyentes del gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y académicos de 26 países miembros de América Latina y el Caribe entre noviembre de 2008 y enero de 2009[33]. Entre las preguntas realizadas, estaba la expectativa de ingreso per capita para los años 2009-2012. Los líderes caribeños consultados consideraron de la siguiente forma ese indicador para el Caribe:

En determinados círculos, diversos actores demuestran conciencia del gran impacto que la crisis está ya provocando y las características particulares que esos efectos tienen en la actualidad, dada la subordinación de las estructuras productivas y las formas de funcionamiento del capitalismo dependiente que tipifica las económicas del continente. No obstante, los documentos y declaraciones publicadas en los planos bi y multilaterales, no demuestran aún una línea de acción pro-activa claramente diseñada, de conjunto, para el enfrentamiento a la crisis con un enfoque estructural.

Así lo refiere la Maquinaria Regional Negociadora de la CARI-COM, ya inexistente cuando señaló:

To support this analysis of external trade, the CRNM is expected to complete a compendium of trade measures being undertaken by the region, international finance and trade policies, and the implications of the crisis for external trade negotiations and external trade policy. It is anticipated that other analyses will be undertaken such as the impact of the crisis on employment which will be conducted by the Caribbean congress of labour; and the current business and investment conditions which will be conducted by the Caribbean Association of Industry and Commerce (CAIC). These analyses will all be used to inform the development of specialized initiatives[34].

En el cuadro que ofrece la CEPAL de las medidas adoptadas por los gobiernos del área[35], se aprecia la aplicación de la línea predominante que es enfrentar la crisis básicamente en el ámbito financiero. O sea, entendiendo la crisis como un fenómeno de liquidez y no de solvencia, las acciones de Rep. Dominicana; Bahamas; Barbados; Beli-ce; Jamaica están básicamente referidas a otorgamiento de líneas de créditos, incremento de deuda gubernamental; emisiones de bonos y notas del tesoro, así como la eliminación de impuestos que constituyen ingresos al presupuesto. Aunque se anuncia la existencia de medidas directamente vinculadas al fortalecimiento de los procesos productivos, especialmente en los casos de Belice, San Kitts y en otros casos, se anuncian medidas para proteger a sectores más vulnerables o segmentos poblacionales con menos defensa financiera, no se han divulgado medidas que se sitúen a la altura de la gravedad del impacto de la crisis.

Las declaraciones de principio de los esquemas integracionistas y de cooperación de mantener la integración regional como propósito para enfrentar de conjunto los impactos de la crisis resultan contradictorias con el hecho de que se haya prácticamente eliminado el arancel externo común, como fase del proceso de acercamiento de las políticas comerciales.

El hecho de que, frente a la gravedad que tiene el impacto de la crisis para la Cuenca del Caribe, los mecanismos integracionistas y de cooperación no hayan podido establecer un cuerpo de acciones conjuntas indica que la fragmentación y heterogeneidad del Caribe se ha impuesto una vez más por sobre los esfuerzos de acción unitaria. Y es que la región requiere una visión conjunta de la salida de la crisis y del desarrollo. Requiere una acción conjunta poniendo en juego las necesidades y posibilidades de cada uno, además de la concertación frente a terceros. La actitud frente a la crisis es un momento decisivo. Se trata de romper la dependencia y no de profundizarla.

En 1984, Eric Williams describió este dilema de forma diáfana cuando señaló: “fragmentation is accompanied by massive dependence on the outside world, even in the independent countries of the Commonwealth Caribbean” más adelante señalaba,

dependence on the outside in the Caribbean in 1969 is not only economic. It is also cultural, institutional, intellectual and psychological. Political forms and social institutions, even in the politically independent countries, were imitated rather than created, borrowed rather than rele vant, reflecting the forms existing in the particular metropolitan country from which they were derived[36].

Esa caracterización de fragmentación y dependencia psicológica y estructural que señaló Eric Williams se ha mantenido vigente. El 18 de enero pasado, el reconocido académico caribeño Dr. Clive Thomas indicaba en su artículo en Stabroek News, suficientes elementos para deducir que los líderes formales caribeños aún no estaban tomando las medidas necesarias con la urgencia que demandaba la gravedad de la situación. No es de extrañar por tanto, que a pesar de los resultados de las reuniones del grupo de los 20, la Cumbre de las Americas, todavía se siga esperando por el diálogo especial prometido por el mandatario estadounidense para identificar cuáles serán los proyectos de sus principales contrapartes y formular en consecuencia el programa anticrisis.

El modelo de inserción internacional diseñado e impulsado para asegurar el ciclo reproductivo doméstico no ha protegido al Caribe de la los vaivenes de la economía mundial. Ni la ICC, ni la CARIBCAN y mucho menos las EPAS constituyen mecanismos de salvamento. En primer lugar, se han mantenido por razones geopolíticas y no por convicción de su justeza y se encuentran en proceso de extinción al ir contra los criterios de reciprocidad que hoy signan las relaciones internacionales. En segundo lugar no están dirigidos a resolver los problemas estructurales que tienen esas economías y sí a resguardar los intereses de los capitales asentados en estas zonas.

Otros peligros no faltan. El modelo de salida de la crisis que se ha diseñado por los centros de poder, sitúa en la liquidez y no en la solvencia, la causa del fenómeno y, consecuentemente, las medidas por excelencia han apuntado al incremento y sostenimiento de flujos crediticios y financieros hacia los consorcios quebrado, aunque ello no implica que se va a restablecer las corrientes crediticias mundiales. Muchos pensamos que lo que se van a restablecer son las reservas afectadas por la crisis. Esa corriente crediticia oficial -financiada con cargo a los contribuyentes de los países centrales- esta compensando, la quiebra de los bancos y fondos de inversión, pero pudiera provocar graves tensiones inflacionarias que, siguiendo las prácticas anteriores, se ajustarían por los países centrales, vía tasas de interés, entre otros instrumentos, sin tomar en consideración los efectos expansivos sobre las devaluaciones monetarias y las presiones inflacionarias a escala planetaria, además de afectar los niveles de endeudamiento

No puede desconocerse que la emisión indiscriminada de dinero en la circulación sin contrapartida material, genera grandes presiones sobre la base monetaria y frente a eso, los países dependientes están incapacitados para desplegar políticas monetarias por tener solo signos formales de valor y no monedas que cumplan todas las funciones dineradas. Teniendo una economía básicamente conducida a través de instrumentos monetarios, los desatinos cometidos por los que generaron la crisis al propio tiempo han invalidado la política monetaria para controlarla. Con el paso del tiempo, la llamada disyuntiva entre deflación e inflación será sustituida por una secuencia temporal en ambos procesos que desajustará el funcionamiento económico en el mediano plazo. Ambos procesos obligan a regresar a la economía real y al trabajo como fuente de la riqueza. También en casos anteriores ha compulsado a un nuevo reparto del mundo.

Como señala la Dra. Ana Esther Ceceña (2003: 10),

Las relaciones económicas marcadas por la competencia son relaciones de fuerza que se rigen por criterios muy similares a los militares. El objetivo es ganar la batalla, debilitar o aniquilar al otro, ser capaz de controlar las piezas estratégicas del tablero, sea éste económico o militar. En ese sentido, monopolizar los recursos, las fuentes de energía, las materias primas reales y potenciales forma parte de las previsiones estratégicas de un buen hegemón y es uno de los ejes definitorios de la competencia, de las relaciones internacionales y de las guerras.

La interpretación acerca “del fin del neoliberalismo”

La máxima de el gatopardo[37], “algo tiene que cambiar para que todo siga igual” cobra vida en el cuadro contemporáneo. No será un modelo exactamente igual el que emerja de la crisis, no tendrá el mismo tono fundamentalista que el patrocinado por uno de los gobernantes mas desequilibrado de la era moderna de la civilización humana que ingobernó la economía de EE.UU. durante los últimos ocho largos años, pero en su esencia, el patrón de acumulación que tiene como objetivo a la ganancia por encima de la riqueza, seguirá conduciendo los destinos si no se hace algo por transformarlo en sus cimientos.

El consenso que se ha levantado es que es una crisis del modelo que perdió las riendas de la regulación pero no es una crisis del modo de producción y de la formación económica y social a ella asociada en la etapa actual y aunque genera crisis periódicas, empobrecimientos y concentración del poder que destruye el medio ambiente, para sus

gestores es el modelo que asegura el avance de la civilización. El mapa económico mundial que se deriva de la nueva estructura de propiedad que emerge como consecuencia del proceso de fusiones y adquisiciones que se produjo producto de la crisis, sitúa un nuevo balance de intereses. Para algunas fuerzas, se hará necesario un nuevo reparto del mundo y para otras, bastará con asegurar el posicionamiento alcanzado por el capital transnacional en su nueva estructura sectorial y consorcial de poscrisis.

La preservación del poder en el área por encima de todo y todos, aunque con métodos diferentes, constituye un objetivo prioritario para el gran capital corporativo transnacional y es uno de los ejes geopolíticos fundamentales de la administración estadounidense. Estamos hablando de una zona geográfica que es tránsito y vía principal de comunicación tanto hacia y desde el Pacífico como al Atlántico por vía aérea o marítima. Se trata al propio tiempo de una zona que tiene una enorme riqueza en recursos naturales, minerales y especialmente agua, de importancia capital para el devenir de la civilización humana.

Según informaciones diversas, Centroamérica es una de las zonas más biodiversas del mundo. Al ser una zona de tránsito entre dos continentes, la flora y fauna de Centroamérica alberga especies del norte y del sur del hemisferio (además de un gran número de especies endémicas) y el 7% de las especies conocidas; un ejemplo de ello es Costa Rica que alberga cerca de un 5% de la biodiversidad mundial. En general todos los países de la región son ricos en biodiversidad: Guatemala y El Salvador son conocidas por la riqueza de sus aves y en el Peten se encuentra la selva maya, una de las más grandes; en Nicaragua existen importantes especies marinas. Honduras es el que tiene más bosques de pinos. También tiene la reserva de la biosfera de Río Plátano, un bosque con rica biodiversidad, diversos grupos étnicos y restos arqueológicos que está compitiendo para ser una de las siete maravillas naturales del mundo.

El segundo arrecife coralino más grande del mundo se encuentra a lo largo de la costa de México, Belice, Guatemala y Honduras, de cara al mar Caribe, extendiéndose por más de 700 km. desde la península de Yucatán hasta las Islas de la Bahía en la costa norte de Honduras. El Arrecife del Caribe Mesoamericano alberga una gran diversidad de organismos, incluyendo 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces.

La flora del mar Caribe presenta también una gran biodiversidad. Se estima que el Caribe tiene 13 mil especies de plantas y que más de 6.500 de éstas son endémicas. Algunas de las plantas que se pueden encontrar son el aceituno, el caimito que se extiende por toda la región Caribe, el guayacán, la ceiba y la caoba. Las islas del Caribe tienen una riqueza artística y literaria de significación que no le ha aportado todo lo alcanzable a sus economías. Su riqueza pesquera es indudable.

Los recursos minerales en el Caribe incluyen bauxita, oro, plata, petróleo, gas natural, manantiales termales, cobre, níquel, ferroní-quel, azufre, sal, plomo, alúmina, yeso, fuentes minero-medicinales, carbón, hierro, grafito[38].

La alta inversión de los capitales estadounidense en el área, que le asegura un acceso privilegiado a sus recursos naturales, se ha visto completada por sendos tratados especiales (CAFTA-RD) e ICC. La estructura sectorial de las inversiones estadounidense en el área, le permite explotar todos esos recursos y hasta el presente no ha tenido que pagar por el valor real de esta riqueza, lo que se demuestra por la magnitud de evasión del excedente que se genera en esos países. Muchos de los pueblos de Centroamérica y el Caribe están entre los más pobres del continente, con las peores condiciones sociales y sin un proyecto que les permita salir de esa situación.

El corredor centroamericano que en la nueva era, se pretende extender desde México hasta Colombia, se convierte en un eslabón fundamental para consolidar el tránsito productivo desde el norte hasta el sur del continente. En su excelente trabajo América Latina: una mirada hacia la integración con el norte. ¿Integración o absorción? La Dra. Sarah Rodríguez demuestra, enfáticamente, la estrategia que se ha venido diseñando para consolidar el eje integral desde el norte al centro y sur América. En su trabajo denuncia el proceso de expoliación que tendrá lugar y de manera particular refleja la multidimen-sionalidad de las amenazas cuando señala que “se está ante el riesgo de precipitar un proceso de descomposición y desintegración de las comunidades indígenas, derivados de la expropiación, exclusión, expulsión y explotación de las poblaciones y de sus recursos, transformando el modo de vida y el medio ambiente de la región respondiendo a intereses foráneos”.

Por otra parte, en el momento en que el eje productivo asiático cobra mayor espacio y perspectivas, establecer el control sobre las zonas y los caminos más expeditos se constituye en un objetivo de alta prioridad. Estamos hablando de la vía de tránsito más efectiva entre el Océano Atlántico y Pacífico lo que otorga a esta zona geográfica otra cualidad por la cual es imprescindible su preservación. Esto constituye un propósito estratégico para la recuperación y expansión del capital en el período post crisis, que necesita rediseñar y diversificar las formas de participación en el tránsito que se ha producido del eje de acumulación fundamental del capital transnacional del Atlántico al Pacífico.

Sin embargo, “las estrategias de dominio y competencia en los mercados y las políticas de estado en el terreno de la seguridad nacional mantienen una coherencia impecable en las líneas generales”[39].

Las fuerzas que necesitan asegurar la hegemonía y la dominación en el continente requieren reimplantar la Doctrina Monroe y el lenguaje de las cañoneras aunque sea de manera distinta porque el continente ya no es el mismo. Esa hegemonía pasa necesariamente por modernizar, actualizar y consolidar el cordón militar que respalde y asegure el posicionamiento económico en el área descrita supra y complete el proyecto Mesoamérica. Ello se ve complementado con los acuerdos que aseguran su control sobre el tránsito hacia Europa. El aseguramiento militar tiene, entre otros objetivos, el servir de garante a ese capital transnacional que hoy controla en lo fundamental, el sistema productivo del área norte del continente latinoamericano y caribeño. Los excelentes trabajos de la Dra. Ana Esther Ceceña y del Dr. John Saxe Fernández de la UNAM, México, que destacan la inte-gralidad de la estrategia económico militar de EE.UU. hacia el continente, tienen una importancia capital para entender los intersticios de la nueva era. Sus aportes en esta dirección han sido fundamentales y en la Cuenca del Caribe ese análisis resulta fundamental.

Situados en el área Centroamericana y del Caribe puede apreciarse con nitidez, el cordón militar que EE.UU. ha establecido en la zona. Si a las bases militares establecidas en el área, tanto activas como cerradas pero activables, se agregan otros acuerdos militares que representan una presencia utilizable en múltiples formas de control, se puede constatar la conjunción en esta área de una política integral de dominación donde confluyen acuerdos militares, económicos y políticos que aseguran su predominio en el área. La Cuenca del Caribe esta circunvalada por las bases militares y acuerdos especiales en materia de seguridad que incluye las llamadas Forward OperationLocations (FOL) oCooperative Security Locations (CSL) que ofrecen espacios vitales suficientes para ejercer un control militar de la zona en el momento que EE.UU. considere amenazada su seguridad nacional, teniendo en cuenta su especial concepto de jurisdiccionalidad.

La base ilegal de Guantánamo en Cuba; Palmerola y Soto Cano en Honduras; Comalapa en El Salvador; así como las bases aéreas Reina Beatriz y Hato Rey en Aruba y Curazao. El centro de evaluación de Andros en Bahamas; se acaba de anunciar la apertura de bases militares en Panamá, Liberia en Costa Rica y otros acuerdos en Guatemala. Se reseñan en publicaciones diversas, acuerdos que contemplan presencia estratégica para el control fronterizo y marítimo así como el intercambio de información de inteligencia, asesoría a los servicios de control interno con la mayoría de los países del área. La incapacidad económica para financiar su seguridad pesada por la violencia, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que de todo esto se deriva, está presionando a una mayor aquiescencia en las negociaciones que se desarrollan al respecto con EE.UU. La agenda de seguridad que existe entre el Caribe y el gobierno estadounidense y que fueran objeto de renovación en los encuentros de máximo nivel, se verá ampliada bajo la presión de concesiones en torno al American Serviceman’s Protection Act (ASPA).

Los cambios que han tenido lugar en el continente en medio de múltiples contradicciones y presiones internas y externas no podían ser pasadas por alto cuando se enfrentan abiertamente a una estrategia de reconfiguración del control hegemónico de los capitales transnacionales y del gobierno de EE.UU. sobre del área. Esa reconfiguración se ha ido alineando paulatinamente y parte de esa estrategia han sido los TLC bilaterales y multilaterales que se han estado negociando, los proyectos Mesoamérica, el Plan Colombia además de las negociaciones en materia de seguridad con las islas del Caribe, lo que extiende y cierra la frontera del sur de los EE.UU. En ese contexto se pudieran esperar diferencias importantes en la forma de aplicación de la política exterior en comparación con el mandato anterior, especialmente en el estilo, medios y enunciados diplomáticos, prometedores y dispuestos a diálogos como mecanismos de comunicación. Tal vez la nueva administración puede demostrar un mayor realismo, a la hora de rectificar los desatinos cometidos por el gobierno anterior en su propósito de recuperar el liderazgo en las relaciones interamericanas. Su nueva política combina los planos políticos e ideológicos-cultura-les en la búsqueda de vías y medios efectivos para mostrar las bondades del sistema, amparado en la tradición de anhelos de libertad, cooperación, etc. Nada de eso cambia, sino por el contrario coadyuva, al cumplimiento de los objetivos trazados de control sobre esa zona tan compleja y diversa pero al propio tiempo altamente necesaria a los intereses del capital corporativo.

Martí dijo: “creen en la necesidad, en el derecho bárbaro como único derecho: esto será nuestro, porque lo necesitamos’. Creen en la superioridad incontrastable de la ‘raza anglosajona contra la raza latina’. Creen en la bajeza de la raza negra, que esclavizaron ayer y vejan hoy, y de la india, que exterminan. Creen que los pueblos de Hispanoamérica están formados, principalmente, de indios y de negros.

Mientras no sepan más de Hispanoamérica y la respeten más, -como con la explicación incesante, urgente, múltiple, sagaz, de nuestros elementos y recursos, podrían llegar a respetarla-, ¿pueden los Estados Unidos convidar a Hispanoamérica a una unión sincera y útil para Hispanoamérica? ¿Conviene a Hispanoamérica la unión política y económica con los Estados Unidos?[40]

¿Qué hacer? necesidad vs. posibilidad

El abordaje de los problemas de las naciones puede hacerse desde la óptica del capital que genera el crecimiento o desde la óptica del desarrollo que tanga al ser humano como sujeto y objeto de los procesos sociales. Es necesario proliferar los análisis que demuestran autonomía epistémica, que contenga una percepción metodológica y modélica diferente. Que en el esfuerzo por romper con las viejas formas de medir la economía, identifique que crecimiento no es bienestar, que interprete el desarrollo económico no solo con el comportamiento y cambio de las fuerzas productivas sino de forma integral de toda la sociedad, que rectifique el craso error de interpretar que ganancia es riqueza y que precio es valor y en ese contexto, de paso, sitúe el contenido y objetivo de la competitividad en su justa dimensión. La hegemonía es, a decir de Ana Esther Ceceña (2003: 3):

[...] la capacidad de convertir la propia concepción del mundo en verdad universal [...] la manera capitalista de apropiarse los saberes colectivos, de dominar la naturaleza, de acumular riquezas y de enfrentarse a los trabajadores es a través de su objetivación en una serie de instrumentos y máquinas que se presentan, en el imaginario capitalista unlversalizado, como las únicas y verdaderas fuerzas del progreso y la competencia. No obstante esa percepción naturalizada de los instrumentos y formas capitalistas de producción, la tecnología es el núcleo de definición o síntesis del grado de apropiación-desposesión alcanzado, es decir, es la medida de la concentración de riquezas, conocimientos y capacidades que hacen de las relaciones sociales relaciones de poder.

Hasta el presente y bajo el paradigma neoliberal, se ha apreciado la inserción en las cadenas productivas globales como la seguridad económica y el vínculo estable con el sistema bancario y financiero como la fortaleza. Nada de eso ha resultado cierto y la Cuenca del Caribe se encuentra frente a un problema de solvencia y no de liquidez, con una situación social inadmisible y una imposibilidad manifiesta para enfrentar de forma aislada los requerimientos de cambio.

Si la convicción de las instituciones regionales y hemisféricas es de que las implicaciones de la crisis en el área responden a un problema de escasez de recursos externos y a las dificultades que afectan al comercio internacional, entonces se producirá una suerte de ampliación del ámbito de la regulación de los países centrales y por otra parte, se producirán un nuevo acomodo de carga entre los diferentes intereses en juego, por distintas vías que no siempre tienen que ser pacíficas. Todo por tanto se reducirá a un proceso de reajuste en la estructura oligopólica de los distintos sectores, emergiendo de esta crisis con un nivel mayor de concentración del ingreso.

Desde que empezó la crisis, el debate que ha predominado es acerca de cómo es la crisis, sus causas y consecuencias. Sin embargo, ya han comenzado a proliferar los vaticinios acerca de la salida de la crisis. ¿Cuál ha sido el indicador utilizado? Recuperación de las bolsas de valores. La identificación interesadamente errónea y desvirtuada de las causas de la crisis lleva a que los programas de salida, sean altamente peligrosos y al propio tiempo el espejismo de haber superado ya los peores momentos, genera expectativas en el ámbito especulativo pero no en la economía real. Se busca de esta manera una “profecía autocumplida”, como ha sido práctica del mercado accionario.

La crisis no fue, por su esencia, solo bursátil; por lo tanto la recuperación en ese ámbito no significa una recuperación de la economía ni siquiera de los mercados de títulos valor. No se podrá salir de la crisis con los mismos instrumentos que la crearon, porque el círculo vicioso puede generar una espiral incontenible y con salidas incalculables.

La posición de los gobiernos del sur se debatirá entre enfrenta-miento a las reglas del juego o de sometimiento a las necesidades de las estructuras de capital transnacional. La búsqueda de fraccionar la acción continental resulta un objetivo estratégico de los capitales que minaron las mismas bases del modelo y modo de producción. Y el asunto es de suma importancia porque se trata de que, EE.UU. no puede salir de la crisis, sin articular en ese proceso a los mercados domésticos latinoamericanos, como factores estimuladores de sus cadenas productivas, tanto en el ámbito de la producción como de la realización de la mercadería que no puede destinar a los mercados europeos.

El continente latinoamericano y caribeño no ha estado conduciendo su economía. Ha vivido el espejismo de obtener crecimiento en lugar del desarrollo y de tratar de alcanzar financiamiento en vez de gestar excedente propio, ha asumido el flujo de remesas como fuentes de financiamiento perdiendo de vista que no es más que un flujo de efectivo que no tiene previsibilidad mientras produce la descapitalización en conocimiento y el fraccionamiento de sus sociedades. Y es que ha recibido la función de aportar dentro de la cadena de valor internacional, por lo que su crecimiento ha estado condicionado a la búsqueda de la rentabilidad de las cadenas productivas globales en las cuales ha estado insertada. Teniendo una inmensa riqueza natural e intelectual, tienen una alta sensibilidad a los acontecimientos foráneos por el grado tan alto de transnacionalización de sus economías que no les permite conducir sus propios procesos de salida de las crisis. No puede emitir moneda si el déficit presupuestario se hace inmanejable; no puede fomentar créditos cuando se es insolvente. La comprensión de la magnitud y profundidad de la dependencia es lo que permite entender las débiles declaraciones y actuaciones de sus autoridades.

América latina y el Caribe no solo necesitan una nueva arquitectura financiera sino una nueva forma de concebir y diseñar el sistema -modelo que le permita salir de la recesión- contracción económica en la que ya ha comenzado a caer. Estamos ante una crisis multidimensional que, en distintos campos ha estado afectando a la región. Desde hace dos décadas, el continente -y la Cuenca del Caribe no es una excepción- produjo una anulación de los mercados domésticos y de los mercados ampliados subregionales, como factores del crecimiento económico y han provocado que la zona dependa cada vez más de factores externos que no controla, por lo tanto las consecuencias de la crisis y su posible evolución se producen a partir de este estado de deterioro funcional e institucional.

No basta con prometer protección a las capas más vulnerables. Ningún país del Caribe por si solo podrá enfrentar los dilemas que ya se le presentan. Es necesario superar fraccionamientos y aunar posiciones porque de lo contrario se ayudará a los países centrales a superar la crisis y quedará el continente en peores condiciones a las que tenía cuando en septiembre estallaron los mercados bursátiles.

La debilidad de las economías latinoamericanas hace que siempre regresemos a la integración como propósito de salida. La absorción del excedente económico de América Latina y el Caribe por EE.UU. se ha estado produciendo a través de la apropiación de los recursos que forjan la acumulación y se expresan también a través del comercio. Hay que producir un rescate de los recursos naturales, recuperar las estructuras productivas y después acercar el comercio. Se trata de transformar la generación y apropiación del excedente.

La creación de una nueva multilateralidad continental, hemisférica y mundial se impone. El descrédito y la deslegitimación de los organismos multilaterales internacionales, tales como el FMI, el BM y la OCDE y todo el sistema de NN.UU., incluidos los organismos hemisféricos como la OEA y el BID fue el precio de la incapacidad de prever los acontecimientos mundiales. Todos se quedaron atónitos frente a la crisis y, para ser funcionales a los intereses de los capitales transnacionales, han tenido que compartir la responsabilidad en los acontecimientos. Para el continente resulta imprescindible un nuevo multilateralismo respetuoso y respetado por todos pero en cuyo diseño participen todos los países. Para muchos analistas, ese nuevo multilateralismo ya está emergiendo y puede ser más efectivo, al menos en el plano continental aunque no está exento de contradicciones.

Por una parte, el proyecto ALBA comienza ya a ofrecer resultados sociales y económicos, al amparo del cual se están gestando nuevos sistemas de relaciones bilaterales y multilaterales con propósitos in-tegracionistas, de estructuras flexibles y adaptadas a las nuevas dinámicas en curso en el continente. Una incipiente secretaría otorga ya seguimiento a los acuerdos adoptados por los jefes de estado, cancilleres y expertos de distintas disciplinas para la realización de propósitos multisectoriales que contribuyan al desarrollo de sus miembros. En ese contexto se inscribe el Banco del ALBA y la formación del SUCRE que, como unidad de cuentas, facilite la intermediación financiera necesaria a las relaciones económicas reciprocas. Con un carácter esencialmente cooperativo, bajo ese criterio general, se impulsan otros proyectos diversos como PETROCARIBE, la Misión Milagros, que despliegan cooperación en el campo de la educación y la salud y de lo cual se benefician los países del área que lo necesiten y gestionen, sean o no miembros del proyecto. De los 9 países que lo integran 7están en la Cuenca del Caribe[41]. Es un proyecto que comienza con muy buenos bríos a dar los primeros pasos, sin embargo deberá transitar un largo camino para que el proceso de integración comprometa las estructuras productivas y produzca los cambios estructurales imprescindibles en la acometida de la salida del subdesarrollo de esa área tan dependiente de los EE.UU.

Otro de los importantes proyectos del continente está impulsado por el gobierno de Brasil y cuenta con el interés de la mayoría de los países de Sudamérica. UNASUR constituye también un criterio de integración que, aún con tensiones y desencuentros entre sus miembros, da los primeros pasos y también deberá transitar un largo camino para su consolidación por las características de las economías participantes. Se debate la urgencia de establecer mecanismos financieros, como el banco del sur, así como iniciativas de corte monetarias, una moneda de reserva regional y un fondo de reserva que sirva de res-

paldo a las economías del continente e inicie el largo camino que se deberá transitar para lograr la desdolarización real de las economías. En este proyecto participan Surinam y Guyana en su condición de caribeños continentales.

Una propuesta está todavía en espera. La justa evolución positiva y ascendente del Grupo de Río hacia una nueva organización de estados latinoamericanos y caribeños, adoptada como decisión por los jefes de estado del área ha quedado ralentizada en los gatuperios del proceso burocrático. Es necesaria una fuerte voluntad política para echarla a andar porque su sola existencia constituiría un acto de independencia política y económica frente a EE.UU. y Canadá.

Martí dijo[42]:

Cuando un pueblo es invitado a unión por otro, podrá hacerlo con prisa el estadista ignorante y deslumhrado, podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de las bellas ideas, podrá recibirlo como una merced, el político venal o demente, y glorificarlo con palabras serviles; pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ha de inquirir y ha de decir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y del convidado, y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende, con peligro del invitado; ha de inquirir cuáles son las fuerzas políticas del país que le convida, y los intereses de sus partidos y los intereses de sus hombres, en el momento de la invitación. Y el que resuelva sin investigar, o desee la unión sin conocer, o la recomiende por mera frase y deslumbramiento, o la defienda por la poquedad del alma aldeana, hará mal a América.

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Este artículo es parte de la investigación, en proceso: "La Cuenca del Caribe. Retos del presente-futuro".↵

Licenciada en Economía y doctora en Ciencias Económicas. Investigadoray miem¬bro de su Consejo Científico del Instituto Cubano de Investigación Cultural "Juan Marinello" (ICIC); institución en la que coordina el proyecto de investigación sobre dimensiones económicas de la cultura. Adicionalmente, ha realizado y realiza es¬tudios e investigaciones sobre la economía y la integración del Caribe. Es miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, vicepresidenta de la Cátedra de Estudios Caribeños de la Universidad de La Habana e integrante del Comité Aca¬démico de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC). Ha publicado cerca de 40 artículos y ensayos↵

Citado en Ceceña (2003: 35-54).↵

Soros (1999:13).↵

Titelman; Pérez-Caldentey y Pineda (2009).↵

Ver el interesante artículo de Ramón Muñoz (2008).↵

Estos son: Guyana Haití; Jamaica, República Dominicana y Suriname (CEPAL LC/L.3000/REV.2).↵

Bahamas, Belice, Granada, Guyana, Surinam, Santa Lucia y Trinidad y Tobago (CEPAL LC/L.3000/REV.2).↵

Antigua, Haití, Rep. Dominicana y San Vicente y Las Granadinas (CEPAL LC/L.3000/REV.2).↵

Incluyen estos números a: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.↵

Medida en términos de X+M/PIB.↵

Alleyne (2008).↵

Cálculos propios a partir de Global Development Finance 2007-2008. Análisis por países↵

ídem.↵

Es de destacar que, al interior de las economías caribeñas y centroamericanas, hay importantes diferencias en la estructura geográfica y por productos del comercio exterior de los países.↵

Martí, José 1891 "La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América" en La Revista Ilustrada (Nueva York) mayo.↵

World Bank (2008).↵

Revisión y cálculos de la autora a partir de ; Cierres 2007 y 2008.↵

Según datos de Carlos Roberto Pérez, director de Asuntos Económicos de la Secretaría General de SICA, en Pérez (2008).↵

Revisión y cálculos de la autora a partir de ; Cierres 2007 y 2008.↵

Richards (s/f).↵

Alleyne (2008).↵

Ver: Delgado (2009).↵

Fuente CEPAL (2008a).↵

Ver: ; de UNCTAD CNUCED ITC.↵

Los tres restantes son: San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Cuba. Capta¬ción, procesamiento y cálculos de la autora a partir de datos en .↵

Se trata de Atlantis Holding LLC USA y HeritageGalerie Inc. USA↵

José Martí (1891) Op. Cit↵

Cálculos realizados por la autora a partir de datos en: y .↵

José Martí (1891) Op. Cit.↵

SelectedStatisticallndicators of CaribbeanCountries (2007) Vol. XXI.↵

Coface Rating, www.coface.com Coface's International website↵

Ver: viernes 20 de marzo de 2009.↵

Fuente: RNM 0903, 31 de marzo de 2009.↵

LC/L.3000/REV.2, actualización hasta febrero, marzo 3, julio 2009 en .↵

Williams (1984).↵

La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa fue publicada, postumamente, en 195 8 por la editorial Feltrinelli y constituyó uno de los más relevantes acontecimientos literarios de la posguerra y, según distintas fuentes, el primer best seller italiano.↵

Ver: Fernández Font (2005).↵

Ana Esther Ceceña, Op. Cit↵

José Martí, Op. Cit.↵

Forman parte del Acuerdo Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas.↵

José Martí, Op. Cit.↵

9

Desigualdad, pobreza, derechos y políticas sociales en la Región Del Caribe Hispano Antillano en el siglo XXI

Dagmar Guardiola Ortiz[1]

Contexto

Los efectos de la crisis financiera que originó la “gran recesión” han sido tan profundos que ha ocurrido lo que para muchos era impensable. Los principales mensajeros del libre mercado y la glo-balización han concluido que el principal riesgo al desarrollo es la desigualdad. Diversos organismos internacionales tales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) han identificado la creciente brecha entre los ricos y pobres e incluso, la brecha entre los ricos y los mega-ricos como un escollo a superar (González, 2012: 6).

La desigualdad no se reduce a cuánto más ganan los ricos o cuánto menos ganan los pobres. Antes de la crisis se entendía que la desigualdad se atendía con crecimiento. A mayor producción, más ingresos y, por ende, se entendía que la condición de vida de las personas mejoraba (Ortiz; citada en González, 2012); pero todo esto se fue por la borda con la crisis financiera. Marxuach (citado en González, 2012: 6) expresa que “Lo que se plantea ahora es que la desigualdad puede tener efectos más devastadores que la pobreza”.

De otra parte, según Reygadas y Filguiera (2011) la desigualdad, característica inherente a las sociedades contemporáneas puede, además, catalogarse como buena o mala y funcional o disfuncional respecto, al desarrollo económico y social. América Latina y el Caribe ejemplifican sociedades plagadas de malas desigualdades: de capital humano, renta proveniente de monopolios o pactos políticos entre élites, sistemas de protección excluyentes o duales, caracterizados por una cobertura fragmentada de servicios y bienes, y de niveles extremos de éstos. Los actuales niveles y formas de desigualdad en la Región son incompatibles con cualquier dirección de desarrollo humano, entre otras cosas, porque son incompatibles con el desarrollo económico

Cabe destacar, que la crisis económica está impactando de forma severa y diferente a todas las economías y sociedades latinoamericanas y caribeñas y, sus impactos en muchas ocasiones se generalizan a partir de países los que concentran mayores extensiones territoriales y de población. Se observa una tendencia generalizada a evaluar el espacio latinoamericano y caribeño mediante un enfoque significativamente reduccionista concentrado en los países de mayor tamaño económico e influencia geopolítica, cuando en realidad estos países se parecen cada vez menos al resto.

Cuando se examinan las economías y sociedades del Caribe, se puede apreciar que en los análisis globales, la mayoría de las veces no se toma en cuenta, las particularidades de su histórica dependencia de los Estados Unidos, la percepción estadounidense de que se trata de un espacio vital suyo, lo que plantea condiciones particulares a tomar en cuenta, cuando desde los planos nacionales y subregionales, se evalúan los consensos asumidos a nivel del continente. Desde otra perspectiva, es importante destacar el desconocimiento que se tiene del Caribe, en el que se analiza de forma homogénea, como un todo y, en el que en el mejor de los casos, se visualiza su diversidad en los planos históricos y culturales, aunque no se considera desde los contextos particulares de la economía y la sociedad en su conjunto (Grupo de Trabajo CLACSO, 2011).

Panorama internacional

En el Informe Panorama Social de América Latina 2011 presentado por Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se reportó que la pobreza y la indigencia han alcanzado sus niveles más bajos en la Región en los últimos 20 años. El mismo constata que desde el 1990 al 2010 la tasa de pobreza disminuyó en 17 puntos porcentuales, mientras que la indigencia se redujo 10,3 puntos (Observatorio Sudamérica Universidad Diego Portales, 2012). Según expresó Barcena durante la presentación del informe,

La pobreza y la desigualdad han seguido disminuyendo en la Región, lo que es una buena noticia, especialmente en el contexto de la crisis económica internacional. Sin embargo, estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la Región, y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social (Observatorio Sudamérica Universidad Diego Portales, 2012: 1).

Posterior a un nuevo periodo perdido respecto al desarrollo, entre 1996-2003, sumado a la década perdida de los años ochenta, al parecer la Región de América Latina y el Caribe empieza a salir nuevamente de la crisis, lo que no ocurre con la consistencia y estabilidad necesarias, como para ofrecer un mínimo de certezas respecto a la sustentabilidad del proceso en los próximos años (CEPAL, 2004; citado en Rodríguez, 2004). Mientras prevalece esta situación de forma paralela se despliegan importantes debates sobre los efectos del Consenso de Washington en los últimos diez años, y sobre la sostenibili-dad de la globalización en la Región en el contexto de una exclusión persistente, tensiones sociales crecientes y una fragilidad democrática en prácticamente todos los países de la Región (Rodríguez, 2004).

Barcena (2011) planteó que los años posteriores a la crisis que golpeó a los mercados emergentes en 2002 resultaron prósperos en América latina y el Caribe. La pobreza y la desigualdad en la mayor parte de América Latina y el Caribe se redujeron como resultado de un vigoroso crecimiento y de programas sociales innovadores. La Organización de las Naciones Unidas estimó que el número de pobres disminuyó cerca del 17% entre 2002 y 2007, lo que representó un logro significativo para los gobiernos de la Región. La desigualdad tuvo una ligera reducción, particularmente en los países más grandes de la Región (Inter-American Dialogue, 2009). Tras mantenerse relativamente estable durante más de dos décadas, la tasa de pobreza de la Región disminuyó de un 44% en el 2002 a 33% en el 2008.

Aún así, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social de numerosas personas de bajo ingreso siguen siendo generalizadas en muchos países latinoamericanos, que históricamente han exhibido una de las distribuciones del ingreso más sesgadas del mundo. Las mejoras son producto del fuerte crecimiento económico de la Región, sino además, de políticas sociales mejores y del número de personas que trabajan en la economía formal, a diferencia de la economía informal, que es menos productiva y ofrece salarios más bajos y menos protección social (Barcena, 2011).

Es decir, hay hogares que pueden haber salido de la pobreza, pero no se están beneficiando mucho del crecimiento económico, lo que no debe sorprender. Según Barcena (2011) aún cuando es endémica, la pobreza responde mucho más a los ciclos económicos que la distribución del ingreso. La ausencia de equidad en el ingreso es una condición de larga data que viene padeciendo la Región, que refleja serios problemas de estratificación social y desigualdad de la riqueza que se heredan de generación en generación.

De acuerdo a esta fuente, aproximadamente 1 de cada 3 latinoamericanos es pobre y 1 de cada 8 se encentraba en extrema pobreza en el año 2008. Sin embargo, los niveles de pobreza varían significativamente, tanto entre los países como al interior de los mismos. Respecto a los países del Caribe insular para el año 2007, se informa que Haití tenía la tasa de pobreza más alta donde 7 de cada 10 personas viven en situación de pobreza, seguido de República Dominicana con 5 de cada 10 personas y, Cuba que informó que 2 de cada 10 personas “de áreas urbanas” representan “población en riesgo de pobreza” (Inter-American Dialogue, 2009).

Las tendencias regionales encubren realidades nacionales radicalmente distintas. Mientras que casi todos los países han logrado reducir la pobreza desde 2002, sólo Chile ha podido disminuir de forma significativa y constante la pobreza desde 1990. El único país del Caribe insular para el cual existen datos, República Dominicana, ha logrado resultados variables, registrando aumentos y disminuciones significativas en la tasa de pobreza (Inter-American Dialogue, 2009).

El estudio de la magnitud y evolución de la pobreza en el Caribe, desde una perspectiva comparativa entre los países y territorios que lo integran, presenta dificultades debido a la escasa información que existe en esta subregión. También la heterogeneidad de fuentes y metodologías de medición, plantea serios obstáculos a la posibilidad de comparar y analizar la evolución de la pobreza.

De otra parte, los países del Caribe Hispano Antillano plantean otra situación particular respecto a la disponibilidad de datos comparativos de pobreza a nivel de organismos internacionales. En el caso de Puerto Rico, por ser una colonia de Estados Unidos, al presente el país está virtualmente excluido de estos análisis de la pobreza a excepción del informe de la CEPAL (2005), a diferencia de Cuba y República Dominicana los que están representados en diversos informes regionales de organismos internacionales.

Según el Informe Progreso hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema, referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para América Latina y el Caribe (2011), considerando lo anteriormente señalado respecto de la difícil comparación de las estimaciones sobre la magnitud de la pobreza entre los países del Caribe, cabe destacar que los países que presentan las tasas más altas de pobreza (según datos basados en informes nacionales) en años más recientes, para los que estaban disponibles los antecedentes figuran: Surinam, (65,9% según datos de 2009), Dominica (39% en 2002), Guyana (35% en 1999, lo que representó una disminución de 10% respecto al 1993) y, Belice (33,5% en 2003). De otra parte, Trinidad y Tobago presentan una menor reducción de la pobreza entre 1993-2005 equivalente a una reducción de 4 puntos porcentuales, del 21% a 16,7%.

De acuerdo al Informe Progreso hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para América Latina y el Caribe (2010), el tipo de economías que predominan en el Caribe, pequeñas, abiertas y, por ende sujetas a las crisis y choques externos, con alta dependencia respecto de los países desarrollados, contribuye a la gran vulnerabilidad de los países de la subregión. También, la constante exposición a los desastres naturales que sufre el Caribe representa un importante factor que forma constante pone en riesgo los avances y logros en materia de reducción de pobreza. Esto, porque la población con menos recursos es la más afectada por esos desastres. La mayor cantidad de personas pobres se concentra entre los habitantes de las zonas rurales, así como entre la población de niños y las mujeres.

Desde la perspectiva del progreso de la Región hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la década de 2000 respecto al primer objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre a la mitad se logró alcanzar el nivel de pobreza moderada. En cuanto al segundo indicador del objetivo número 1, lograr empleo productivo y trabajo decente, se alcanzó el nivel de un déficit moderado de empleo decente. En ambos casos, el progreso evidenciado es insuficiente para alcanzar la meta si persisten las tendencias actuales. Respecto al tercer indicador del referido objetivo, reducir el hambre a la mitad, se alcanzó el nivel de “hambre moderada” (Naciones Unidas, 2011).

El informe “El Progreso Regional (de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Agenda de la Igualdad para América Latina y el Caribe) en la década de 2000: Hacia una Agenda para la Igualdad” plantea que con todas las mejoras evidenciadas, “[...] es preciso calificar este progreso ya que la mitad de los países de la Región no lograron un avance significativo en materia de desigualdad y solo tres de los siete países de menor desarrollo relativo registraron una disminución del coeficiente Gini. América Latina y el Caribe sigue siendo la Región con peor distribución del ingreso” (Naciones Unidas, 2011).

La desigualdad en la Región para el año 2008 se debía fundamentalmente a la extraordinaria concentración de ingresos en el sector de población con mayor renta, y a su ausencia en el sector de población más pobre. Esto significa que la quinta parte más rica de la población de la Región recibía tres quintas partes del ingreso total, mientras que la quinta parte más pobre recibía solo el 3% ( Banco Mundial; citado en ínter-American Dialogue, 2009).

Para finales del 2009 se observaron tendencias moderadamente positivas aunque de alcance limitado, considerando que es una Región con desigualdad históricamente alta y arraigada en su pasado colonial. También debe destacarse que los logros coinciden con los cinco años de crecimiento económico y con un aumento en el flujo de remesas. Además, al crecimiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC), los que proveen una mensualidad en efectivo a familias pobres a cambio de comportamientos determinados a favor de la lucha contra la pobreza.

No obstante, son solo una solución a corto plazo y su impacto en capital humano tiene resultados variables. En todos los países representaron una proporción relativamente pequeña del gasto social. Hasta ahora existe escasa evidencia que los programas de TMC resulten en mejoras importantes en la política social hayan sido cruciales en la reducción de la pobreza y la desigualdad en las últimas dos décadas (ínter-American Dialogue, 2009).

De acuerdo al informe de la CEPAL de la ONU, Panorama Social de América Latina, 2009 las TMC se han convertido en instrumentos centrales de las políticas de reducción de la pobreza en América Latina. Las distintas evaluaciones de impacto de estos programas han mostrado que estos programas focalizados constituyen un instrumento eficaz para aliviar la pobreza a corto plazo, particularmente a través de la reducción de la brecha entre el ingreso medio de los pobres y el umbral de pobreza.; así como en la promoción de acceso a servicios. Sin embargo, persisten interrogantes respecto a la capacidad de estos dispositivos para atender el eslabón de la reproducción de la pobreza, que se refiere a la vinculación de los más pobres con el mercado de trabajo, entre otros.

Los efectos de estas intervenciones no serán suficientes para evitar la reproducción de la pobreza, puesto que son de carácter residual y no estructural. De otra parte, cabe destacar, según el referido informe, que no todos los problemas que afectan a los más pobres pueden atenderse mediante las transferencias condicionadas, y que estos programas no pueden sustituir a la política social. La principal interrogante se refiere al papel que pueden tener estos instrumentos en el contexto de las políticas universales como conjunto de derechos para toda la población.

En resumen, la pobreza y la desigualdad están disminuyendo en la Región, debido principalmente al incremento en los ingresos laborales y, en segundo término el aumento en las transferencias públicas hacia los sectores más vulnerables. Por otra parte, se mantiene la rigidez de las brechas productivas y la poca movilidad desde los sectores de baja productividad en grupos específicos, cuyos ingresos no han aumentado. Además, el aumento en el gasto social es evidente, como también lo es la respuesta, desde al gasto y la protección social, para mitigar el impacto de la crisis de 2008-2009 en los sectores en mayor riesgo. Sin embargo, y por otra parte, los sistemas de protección social distan de ser inclusivos y muestran vacíos que reproducen la vulnerabilidad y la estratificación en el acceso a la seguridad social (CEPAL, 2011).

Conceptualización: pobreza y desigualdad

Los conceptos de pobreza y desigualdad no son cuestión de mera especulación teórica, ya que su uso por parte de comunicadores, teóricos sociales y funcionarios tiene efectos en las políticas sociales y en los sujetos individuales y colectivos (Murillo, 2007).

De acuerdo al análisis crítico de Sen (1995) la evaluación de la desigualdad debe tomar en consideración tanto la pluralidad de espacios o contextos en las que se puede evaluar la desigualdad y la diversidad de las personas. Las ventajas y desventajas relativas que tienen las personas, comparados los unos con los otros, pueden visualizarse desde distintas perspectivas, las que involucran diferentes concentraciones de, por ejemplo, libertades, derechos, ingresos, riquezas, recursos, bienes primarios, utilidades, capacidades, entre otros. El cuestionamiento respecto a la evaluación de la desigualdad propicia la selección del espacio en el que se evaluará la igualdad.

De otra parte, se podría argumentar que las comparaciones en el espacio o el contexto de funcionamiento pueden ser más relevantes para el análisis del bienestar que los espacios de ingresos, bienes primarios o recursos. La literatura sobre la teoría de bienestar económico vinculado a la desigualdad ha tendido a asumir que todas las personas son exactamente similares incluso, tener el mismo potencial máximo.

De ahí que, si el hecho fundamental de la diversidad humana y sus complejas implicaciones se llegan a reconocer más ampliamente en el análisis económico del bienestar y en el avalúo de política pública, entonces el abordaje definitivamente necesitaría algunas transformaciones radicales. Las operaciones tendrían que moverse del espacio del ingreso al espacio de los elementos constitutivos del bienestar y también de la libertad, si es que se acepta la importancia intrínseca de la libertad. El análisis del bienestar social tomaría una forma diferente, y la evaluación de la desigualdad y de la maldad de la distribución entonces tendría que reflejar la transformación de sus fundamentos (Sen, 1995: 101). A manera de resumen, para Sen, la pobreza es absoluta en el espacio de las capacidades y relativa en el espacio de los bienes. La carencia de una capacidad o debilidad es absoluta porque ello no está en dependencia de si otras personas la han manifestado o no, mientras que los satisfactores tiene determinantes culturales e históricas concretas (Espina Prieto, 2008).

Desde otra perspectiva, el análisis ineludible del término de “producción de la pobreza” implica pensar la pobreza vinculada a un proceso fundamental: es inherente a la lógica del capital, deviene de los intereses contradictorios entre capital y trabajo y surge en relación a la producción de población excedente o superpoblación relativa. En ese sentido la pobreza no es un estado’ sino un producto de la lógica de la acumulación capitalista. De ahí que el término “producción de pobreza” cuestiona las estrategias discursivas que la naturalizan, afirma que ellas son emergentes de factores histórico-concretos y la posibilidad de evitar las carencias humanas depende en buena medida de las transformaciones de esas condiciones (Murillo, 2007).

El significado del concepto “pobre” es caracterizado por los organismos internacionales de modo multívoco, no se reduce en su definición a la relación con los ingresos. Las múltiples dimensiones en las que la pobreza es definida según éstos se refieren a: la carencia de libertades fundamentales de acción o decisión para influir en asuntos que afectan a los pobres; el déficit en vivienda, alimentos, servicios de educación y salud; la vulnerabilidad a enfermedades, reveses económicos y desastres naturales; la implicación de tratamiento vejatorio por parte del Estado aquejado de corrupción; tratamiento arbitrario por sectores de la sociedad, en este sentido se considera que a menudo influyen en la pobreza las normas y valores, así como costumbres que en el seno de la familia o la comunidad o los mercados provocan la exclusión de mujeres, grupos étnicos o de todos aquellos que sufren discriminación; la vivencia de “sufrimiento” la que suele ser muy intensa entre los pobres; la percepción de que la situación es inmodificable es algo que caracteriza a los pobres, la resignación a un destino inevitable; que el significado de pobre no sólo es ligado a individuos o grupos sino también a países que a partir de ello adquieren un estatuto geopolítico diferencial (Murillo, 2007).

En consecuencia, la situación de pobreza trasciende la privación material respecto al concepto apropiado de ingreso o consumo, incluyendo también bajos logros en educación y salud, así como vulnerabilidad en, exposición al riesgo, falta de equidad, de capacidad de expresar sus necesidades y carencia de poder para influenciar en las decisiones que afectan su bienestar. La Alta Comisionada de de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos amplía esta noción relacionando la pobreza con la falta de equidad, e incluye la mayor vulnerabilidad al delito y a la violencia, acceso inadecuado o falta de acceso a la justicia y los tribunales, así como exclusión del proceso político y de la vida de la comunidad (Barrios, 2009). Asimismo, la condición de pobreza se ve reforzada por los fenómenos de exclusión social y la ampliación de las brechas de desigualdad.

La pobreza es pues, la expresión de una forma degradada de la condición humana. En algunos casos se pretende presentarla como sinónimo de virtud personal vinculada a la propia decisión de consagrarse a cuestiones ajenas a la vida terrenal o como circunstancia que, por adversa, potencia las cualidades de la vida comunitaria para superar un ambiente hostil. Sin embargo, para las grandes masas de pobres es una carga de fracaso y marginación, ajena a su voluntad y que contrasta con la opulencia y la satisfacción de otros de sus conciudadanos. “La pobreza testifica y a la vez denuncia los resultados más despreciables de los modos de organización de las sociedades contemporáneas”. (Lo Vuolo y Barbeito, 2004: 13).

Pobreza y derechos humanos

Existe una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la pobreza y la violación de los derechos humanos. La pobreza es origen de la violación, por cuanto es una condición, derivada de un proceso social, político y económico acumulativo, de carencias y desigualdades, que excluye a las personas extremadamente pobres del ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta situación restringe las libertades de opción y acción redundando en que los pobres no pueden gozar del nivel de vida que todos valoran y al que todos aspiran. Ahora bien, las múltiples dimensiones del significado “pobre” aluden a tantas dimensiones de lo humano que posibilitan una conclusión: la pobreza no es erradicable de la condición humana. El estatuto de la pobreza cambia radicalmente en este discurso, respecto de las teorías tradicionales (Murillo, 2007).

Tras definir las múltiples dimensiones de la pobreza y constatar que en alguna de sus formas “persiste a pesar de que las condiciones humanas han mejorado más en el último siglo que en toda la historia de la humanidad” (BM, 2000; 2001: 3-4), se afirma que más allá de los diversos experimentos políticos, más allá del liderazgo del Estado o el mercado, una franja de pobreza es inevitable. Y aún más, es necesaria, pues su presencia es un incentivo a la producción. De este modo, la conclusión que sigue es la negación de la igualdad natural de los hombres, y por ende de sus derechos humanos, cuya proposición deducida de lo anterior son las políticas sociales que hacen eje en una visión “minimista” de las necesidades humanas de los trabajadores y sus familias y en unos “umbrales de ciudadanía” que niegan los derechos universales (Murillo, 2007).

Desde una perspectiva, la pobreza es una situación que requiere una atención especial, pero dentro de una concepción de universalidad, de derecho al bienestar es de todos, pobres y no pobres. Aquí la estrategia consiste en promover acciones que aseguren que los pobres accedan a los mecanismos de integración social que el Estado, como máximo responsable, está obligado a asegurar para todos. Es decir, de políticas sociales de desarrollo a través de la integración social.

Otra perspectiva respecto a las concepciones sobre la política social es aquella que corresponde a la versión neoliberal del enfren-tamiento de la pobreza, la que concibe el manejo del mismo fragmentado en esfuerzos abarcadores, como la rehabilitación y rescate de poblaciones en situación de pobreza, mediante estrategias focalizadas y selectivas. De acuerdo a esta concepción se parte de un concepto totalizador, de eficiencia como medida para obtener múltiples metas sociales que compiten entre sí al menor costo posible de recursos públicos.

Contexto regional del Caribe Hispano Antillano: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana

Desde el punto de vista de la geografía y de la situación de colonización-dominación, la Región del Caribe Hispano Antillano es una sola; considerando que en ésta penetró el modelo de desarrollo urbano industrial como forma de la expansión del capitalismo. Este modelo se va imponiendo a los tres países en etapas históricas definidas y, aunque los resultados globales son semejantes, las respuestas de los países a la situación son diferenciadas, en la medida en que cada uno de ellos propone distintos caminos para enfrentar la situación (Guar-diola Ortiz, 2006).

Respecto al tema de la unidad se agrega el de lo múltiple, tomando en consideración que en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana se desarrollan procesos socioeconómicos diferentes. Esta diversidad de respuestas se manifiesta en las diferentes formas en que cada uno de los países asume su vinculación con la división internacional del trabajo. La experiencia común del colonialismo de los pueblos coloniales de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana plantea un ambiente social, cultural, económico y político complejo e interesante, producto de circunstancias históricas dramáticas (Guardiola Ortiz, 2006: 208).

Los tres países comparten, además, problemas sociales comunes al final del siglo XX: el aumento en los niveles de pobreza que afecta en su mayoría a las mujeres, a los niños y niñas, y a quienes envejecen; la ampliación de las desigualdades sociales y de la exclusión de grandes sectores de la población; los problemas de violencia y la inseguridad ciudadana; la agudización del racismo y la xenofobia en detrimento de la población negra; así como significativos procesos migratorios. Estos países han recorrido distintos destinos políticos donde se identifican elementos comunes. Uno de éstos es el interés de Estados Unidos por poseer e influir en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales y, de autonomía de los tres países (Guardiola Ortiz, 2006: 209-210).

A principios del siglo XXI, las tres islas se encuentran en senderos diferentes. Cuba, sustentada en la vitalidad y logros de experiencias de las luchas anticoloniales que se remontan al periodo de la resistencia al poderío español, se encuentra en defensa constante de la independencia ganada luego de la Revolución de los años cincuenta. La República Dominicana, a pesar de su crisis social y económica mantiene una identidad de país soberano ante la comunidad mundial. Mientras que, Puerto Rico aún se encuentra sumergido en la ambivalencia del poder colonial de Estados Unidos. Hasta el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las tres islas compartían la experiencia cultural del partidismo político, el que entre otras, ha sido instrumento para defender posturas ideológicas que fomentan el colonialismo con visas de democracia en las islas de Puerto Rico y República Dominicana (Guardiola Ortiz, 2006, pág. 211).

Cuba
El informe de la CEPAL (2011), en torno a la evolución económica de Cuba durante 2010 y las perspectivas para 2011, indica que después de crecer 1,4% en 2009, la economía cubana registró una expansión de 2,1% en 2010. Como consecuencia de una reducción absoluta de la población ocurrida este último año, el PIB por habitante aumentó hasta alcanzar una tasa de 3,1%. El repunte moderado de la economía se debió principalmente al consumo, que tuvo un alza de 4,1%, y a las exportaciones de bienes y servicios, las que incrementaron en 2,7%. De otra parte, la tasa de desempleo ascendió de 1,7% en 2009 a 2,5% en 2010, en medio de un proceso de cambios importantes en el ámbito laboral. El índice de precios al consumidor se elevó a 1,6% a diciembre de 2010, en contraste con la contracción de 0,1% en 2009.

En el contexto vigente, el gobierno de Cuba implemento una serie de cambios en la política económica, dirigidos a fortalecer el papel de la productividad mediante la expansión del papel del sector no estatal, la autorización de nuevas formas de gestión económica, como lo son las actividades por cuenta propia; una mayor autonomía para empresas estatales y la descentralización. A partir de octubre de 2009 hasta el primer cuatrimestre de 2010 se registraron 310 mil trabajadores por cuenta propia, 16% de los cuales habían sido trabajadores estatales (49.500). Se trata de un proceso gradual, en vista de que se pretende eliminar 1,3 millones de plazas en el quinquenio actual (2011-2015).

Respecto alos indicadores de empleo 2006-2010, para 2010 había 5,112.5 miles de personas económicamente activos. De éstos, 1953.3 eran mujeres y, 3159.2 eran hombres.

El informe del PNUD (2011) sobre los Indicadores Internacionales de Desarrollo Humano (IDH) que mide elementos de la salud, educación e ingresos, clasifica a Cuba como alto (0.776), ocupando el lugar 51 entre 187 naciones en ese índice. En la Región, la mayor isla caribeña ocupa la quinta posición, después de Chile, Argentina, Barbados y Uruguay. Según una nota en el sitio de la IDH global, se informa que Cuba es el único país de América Latina que se encuentra entre los 10 con mejores resultados en el IDH no económico en la última década (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2011). El informe incluye datos respecto a la elevada esperanza de vida, que es de 79 años, que garantiza además 10 años de escolarización y 18 de expectativa de estudios de los/as jóvenes. El gasto en salud asciende a 9.95 y la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es de 6% del PIB. El gasto en educación es de 13,6%, la tasa de alfabetización de adultos (5 de 15 años y mayor) es de 99,8% del PIB (PNUD-IDH, 2011).

Pobreza

De acuerdo a la socióloga Espina Prieto (2008) el estudio de las mediciones de pobreza en Cuba han sido tema poco frecuente y de reaparición reciente en las ciencias sociales y el ámbito del los diseños de las políticas sociales. Los estudios cuantitativos estadísticos de la pobreza han utilizado algunas de las siguientes definiciones:

[...] personas con condiciones de vida por debajo de un umbral que les permita su reproducción biológica y su desenvolvimiento social en condiciones adecuadas, incluyendo dentro de dicho desenvolvimiento tanto aspectos económicos como políticos [...] en este enfoque la medida de necesidades básicas que se incluye en la consideración de quien es pobre difiere de los deseos o expectativas de los sujetos implicados [...] se entiende por un acceso a condiciones adecuadas, magnitudes consideradas esenciales por las sociedades, las cuales varían de un país a otro en dependencia de las condiciones económicas, sociales y políticas concretas [...] (Ferriol, 2003: 7-8; citada en Espina Prieto, 2008).

Entre los aportes de este tipo de estudio está: haber llevado a cabo mediciones que permiten cuantificar el problema y ofrecer datos que inciden directamente sobre la política social y avalan la asignación de recursos para su manejo; describir el perfil de la pobreza en Cuba y el uso y adaptación a las condiciones del país de metodologías inter-nacionalmente aceptadas y probadas. Debe comprenderse que estos aportes se dan en el contexto de que dichas mediciones se llevan a cabo por primera vez en el país.

En el contexto de los estudios de la política social en articulación con la pobreza, llevados a cabo en la segunda mitad de los años noventa, se retoman las valoraciones respecto a la política social cubana. Los resultados generales proporcionan apreciaciones sobre el lugar que ocupan la equidad y la igualdad en el modelo de la política social del socialismo cubano, el significado del aumento de los márgenes de desigualdad que han generado la crisis y la reforma, así como su manejo. El debate sobre la propiedad estatal y sus posibilidades de complementación, como el “cuentapropismo”, es el contexto de estas reflexiones de Espina Prieto (2008). Señala la autora que en las evaluaciones de tipo sectorial abundan las dimensiones de salud y educación y se empieza a fortalecer la discusión sobre la política de empleo a pesar, de que a su juicio, carece de la amplitud respecto a la importancia que requiere este problema.

Política social

En términos de la política social de la transición socialista y sus efectos sobre la equidad y la movilidad social en Cuba, Espina Prieto (2008) plantea que la misma puede clasificarse como un modelo de promoción de igualdad que se estructura a partir de los siguientes principios: centralidad de la igualdad como valor y finalidad de la política social; perspectiva clasista de la inequidad (implica colocar los pilares de la política social en la alteración de la matriz de propiedad sobre los medios de producción y en la eliminación de posiciones estructurales que generan posibilidades de apropiación excluyente del bienestar por unos grupos sobre otros); carácter universal (cobertura total, centralizado, unitario y planificado); la absolutización del Estado como coordinador y gestor de la política social y el desarrollo; la consideración como derecho de ciudadanía de las necesidades básicas.

Dentro de este modelo, se parte de que la equidad y la justicia social no son funciones de la distribución de ingresos monetarios a escala individual y familiar, que este no es el factor decisivo para garantizarlas y, que ellas dependen directamente de la acción redistributiva estatal a través de los gastos sociales, con énfasis en las transferencias por servicios que promocionan desarrollo y amparo mediante “espacios de igualdad” (Espina Prieto, 2008: 5).

No obstante, Espina Prieto (2008, 2011) plantea que diversos estudios sobre el impacto de la crisis y la reforma han identificado tendencias que indican la apertura de un proceso de re-estratificación social y de ensanchamiento de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Señala además, que algunas áreas de necesidades básicas (al menos 50% de los requerimientos alimentarios, vestuario, productos de aseo, entre otros) solo se satisfacen en el mercado de precios libres o en el negro, lo que, junto a la caída de la capacidad adquisitiva del salario real asociada a la crisis, y aún sin recuperar, y al aumento de los precios al consumidor, ha reconstituido los ingresos y el mercado como elementos de alta fuerza diferenciadora.

De otra parte, aún cuando para 2005 se había producido un incremento considerable de los ingresos de la población, las pensiones y asistencia social mínima llegaron a 164 pesos y 122 pesos respectivamente, lo que no ha significado una recuperación significativa del salario real ni del poder adquisitivo de las pensiones, debido a que se ha mantenido la tendencia alcista de los precios de artículos de primera necesidad. En atención a los índices de pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, en la mayoría de la población urbana bajo esta situación se observa un cambio que va desde 6,3% en 1988 a 20% en el año 2000. Menciona Espina Prieto (2011) que tales magnitudes indican la estructuración de mecanismos distributivos excluyentes, cuyo efecto negativo es la ubicación de la desigualdad social a nivel de posibilidad de satisfacción de necesidades básicas, las que se configuran como mecanismos de producción de la pobreza.

En conclusión, Espina Prieto (2011) plantea que este estado de situación marca los nudos que habría que activar para articular una renovación de la política social cubana, cuyo eje medular sería un desplazamiento desde una concepción de la política social que hace énfasis en la homogeneidad social, hacia otra que asume la diversidad social existente. El mismo incluye diversas direcciones de cambio hacia un socialismo de múltiples actores:

[...] aplicación de una norma distributiva de diversidad equitativa (vs. homogeneidad); definición e implantación de una estrategia de dotación de sustentabilidad económica a la política social; comple-mentación de sujetos socioeconómicos estatales y extra-estatales; complementación de políticas universales con acciones focalizadas o direccionadas de base territorial, centradas en la articulación educa-ción-trabajo-hábitat; asumir la concepción del territorio como factor de desarrollo; complementación de centralización-descentralización de la política social; introducción de modificaciones en las prioridades estratégicas del gasto social, a favor del fortalecimiento de la capacidad de definición de los elementos satisfactores en la esfera doméstica, individual y, familiar; y ampliación de los contenidos y límites de la participación en la construcción de la agenda social (Espina Prieto, 2011: 54-57).

A manera de alternativas para la reconstrucción del objeto de la política social cubana, la autora nos presenta las siguientes: la ampliación de los objetos-problemas de la política social; el tratamiento de la pobreza y sus desventajas, en la matriz de desigualdad que las contiene para activar opciones de desarrollo; y la construcción de la complementación de actores/as, escalas, mecanismos y estilos de política social.

Puerto rico

El informe de la CEPAL (2005) indica que desde el punto de vista geográfico, político y económico, Puerto Rico está entre dos mundos. Su semejanza a Estados Unidos más que a América Latina es un tema de debate que depende del plano de comparación. Respecto a la pobreza, la comparación más próxima es con Estados Unidos, que por la relación colonial que lo vincula este país, lleva a cabo el censo decenal de la población desde el año 1970.

En el contexto latinoamericano, para el año 1999 Puerto Rico se ubica en el rango de desigualdad del resto de los países de la Región, en los que el coeficiente Gini varía de 0.423 en el caso del país más igualitario, a 0.607 en el país más desigual. En comparación con el promedio de América Latina y el Caribe, Puerto Rico disfruta de un alto grado de bienestar social y presenta otras características singuiares, como una tasa muy baja de participación laboral, elevados índices de desempleo crónico, una pobreza relativamente baja en el contexto latinoamericano -aunque muy alta en relación con el promedio de Estados Unidos- y una distribución desigual de la riqueza (CEPAL, 2005).

Las altas tasas de pobreza documentadas por la CEPAL (2005) y que caracterizan a la Isla son mayores entre jóvenes, mujeres, personas con bajos niveles de educación y desempleados. Casi 3 de cada 4 personas residentes en hogares encabezados por una persona de hasta 24 años de edad es pobre. En los hogares encabezados por una mujer, la pobreza alcanza 61% y, en los encabezados por una persona desempleada alcanza 77%.

Las estadísticas más recientes sobre la pobreza en el país nos remiten a la realidad y la práctica indignante, opresiva y violatoria de los derechos humanos en las que viven la mayoría de los y las puertorriqueños/as en la Isla. Reflejan en toda su crudeza la desigualdad manifiesta en los múltiples rostros de la pobreza y, cómo es que en la colonia administramos políticas sociales asistenciales extranjeras como respuesta al problema estructural que la genera.

En su trabajo titulado “Adiós a la clase media: la estrategia para la nueva economía” Pantojas García (Diálogo, 2010) nos refiere la estrategia, caracterizada como neoliberal, adoptada por la actual administración políticas de ajuste fiscal. Las medidas de ajuste fiscal adoptadas por el gobierno, algunas de las cuales fueron contempladas en las recomendaciones del Comité de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), fueron las siguientes: los impuestos regresivos de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para salvar el Crédito de Puerto Rico; Ley 29 Alianzas Público Privadas; Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva de 2009.

Según el autor ha habido consenso por parte de peritos en materia de economía y de derecho constitucional del país, quienes han calificado la implantación de estas medidas como unas que han profundizado la recesión, el desempleo y la pobreza en vez de aliviarla; de discriminatorias, violatorias de los derechos constitucionales de los/as trabajadores/as y, de los convenios colectivos (Pantojas García, 2010; Cátala, 2010; Peralta Gorrín, 2009; Quiñones, 2009).

Según Cotto (2011) en los últimos 50 años en Puerto Rico no ha habido progreso en cómo se distribuyen los ingresos del país. Por el contrario, la pobreza se ha ampliado, hay un alto nivel de inseguridad económica, entre otras. El crecimiento poblacional es negativo y el país tiene una deuda pública de 110% a razón de ingreso personal.

Sergio Marxuach (2011), director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), ha destacado que la desigualdad de ingresos está altamente relacionada con problemas como la baja expectativa de vida, una mayor incidencia de mortalidad infantil, homicidios, encarcelamiento, obesidad, problemas de salud mental, suicidios, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, embarazos tempranos y deserción escolar. Es decir, la falta de empleo está altamente correlacionada con la pobreza, indicadores de salud bajos, y otros problemas sociales como los mencionados.

Ingresos y desempleo

González (2011) documenta el hallazgo de la Encuesta de las Finanzas de los Hogares Puertorriqueños, que revela empíricamente que las familias de clase media en la Isla parecen haberse estancado financieramente respecto a los recursos que disponen para cubrir necesidades como vivienda, alimentación, salud y jubilación. Mientras casi la mitad de la población está bajo los niveles de pobreza, de acuerdo a los estándares federales, las cerca de 130 mil a 160 mil familias que integran la llamada clase media, parecen cada vez más inclinadas hacia la pobreza. De otra parte, sólo 1 de cada 5 familias encuestadas se ha preparado para tener recursos en la jubilación, excluyendo el Seguro Social (Toro, 2011).

Soto Class manifiesta que la situación se complica. Puerto Rico ha dejado de ser un país con problemas de baja participación laboral para convertirse en un lugar donde la destrucción del capital resulta impresionante, el apalancamiento del gobierno continúa y la clase media pierde terreno (González, 2010). Según Aponte Pérez, “el aumento en el desempleo reduce la demanda por préstamos y aumenta la delincuencia en los pagos, lo que se traduce en crédito más estricto. Es el círculo vicioso del huevo y la gallina; donde el sistema financiero es el huevo y, la economía su gallina desplumada” (El Nuevo Día, 2009).

La pérdida de población debido a la migración tiene efectos en la economía, el crecimiento económico, el mercado laboral, la demanda por servicios incluyendo los gubernamentales, entre otras áreas. Menos población significa menos consumo, menos cuentas bancarias, menos personas comprando casas, etc., lo que tiene serias implicaciones en la demanda económica.

Marxuach (2011) plantea que mientras unos emigran, la situación de los que se quedan no significa que sea más beneficiosa. De los que se quedan un 34% son considerados dependientes, es decir las personas de 15 años o mayores de 64, por lo que no existe la expectativa de que estas personas participen activamente en el mercado laboral y de consumo. A esto se suma el hecho de que la población mayor de 64 años está aumentando. De otra parte, del 60 % de la población que permanece en el país en edad de trabajar, en el 2008 sólo el 39% estaba empleado.

Según la Encuesta de la Comunidad de 2010 que lleva a cabo la Oficina del Censo Federal una cuarta parte de las familias de Puerto Rico vivía con menos de $ 10 milde ingresos anuales, lo que es igual a 239.275 familias que representan 24,8%. Según esta fuente el 45% de las familias estaba bajo el nivel federal de pobreza. El ingreso familiar ascendía a $32 mil, mientras menos de 40 mil familias tenían $100 mil o más. Dicha encuesta indica, además, que en 484.807 hogares, el 36,7% dependía del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). De otra parte, aunque la tasa desempleo oficial ha rondado el 15%, los datos indican que ésta pudiera alcanzar hasta el 19%. La población de la Isla se redujo a 3,7 millones de personas, unas 82 mil menos que en el año 2000. Los peritos calculan que solo entre 2000 y 2010 pudieron haber emigrado a estados unidos hasta 500 mil personas (Delgado, 2011).

De acuerdo a un Informe de Inteligencia Económica (IE) preparado por Gustavo Vélez, la tasa de desempleo en 24 municipios de la Isla sobrepasó el 20% en marzo de 2011. Según Vélez (2011) diversos analistas de la realidad económica del país llevan advirtiendo sobre la necesidad de cambiar las políticas públicas que han conducido al país a la actual encrucijada, en la que las acciones gubernamentales de hace varias décadas sólo han logrado generar más pobreza, desigualdad, y dependencia.

Según datos de la Encuesta de Vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, durante el período de 2006 a 2011 la economía de Puerto Rico ha perdido más de 184 mil empleos, situación que ha propiciado que la tasa de empleo haya disminuido de 42,6% en el 2006, a 34,8% en el 2011. Esto significa que menos de una tercera parte de la población apta para trabajar, se encuentra empleada. Durante este periodo, la tasa de participación se redujo de 47,9% a 41,4%, respectivamente, lo que representa alrededor de 137 mil personas que se retiraron de nuestra fuerza laboral durante la recesión. García y otros investigadores han documentado que las transferencias federales a las personas han inducido a éstas a no participar en el mercado laboral. Además, el crecimiento de la economía informal ha sido otro factor que ha sido vinculado a la reducción en la participación laboral en la Isla (Burtless y Sotomayor; citado en García, 2011).

De asumir que la mitad de las personas retiradas de la fuerza trabajadora durante la recesión (68.450) son trabajadores desalentados y pueden volver al trabajar, entonces tendríamos un desempleo de alrededor 273 mil personas. Esto representaría una tasa de desempleo de aproximadamente 20,2%. En cambio, sí se asume que todos los que se retiraron están desalentados y podrían regresar a la fuerza laboral, el nivel de desempleo podría alcanzar a 342 mil personas y la tasa de desempleo sería de 24%. Por lo tanto, a base de estos estimados la tasa de desempleo real es probable que ronde entre un 25% y un 50%, mucho mayor que la cifra informada que es de 16% (García, 2011).

Si se toma en consideración la población total del país, resulta que hay un solo puertorriqueño empleado por cada 3,5 habitantes de la Isla, lo que se conoce como “la tasa de dependencia de un país”. Según los datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para el mes de febrero de 2011 se informa una tasa de participación en la fuerza laboral de apenas un 40,6%, la más baja desde 1980. De acuerdo a la agencia 1.854.000 de personas mayores de 16 años no están activas en la fuerza trabajadora; de febrero de 2010 hasta febrero de 2011, 54 mil personas abandonaron la fuerza laboral, y entre enero y febrero de este año lo hicieron 28 mil personas (Gómez, 2011: 2).

Según esta fuente, la tasa de participación laboral de las mujeres fue de apenas un 32,8%. Cabe destacar, sin embargo la tasa de desempleo más alta está en el grupo de 20-24 años de edad, con un 31,5%. A pesar de la reducción del número de personas en el grupo trabajador, la tasa de desempleo aumentó a 16%. La encuesta de hogares que realiza el DTRH, que mide la tasa de desempleo, concluye que entre febrero 2010 y febrero 2011 se perdieron 30 mil empleos y, entre enero y febrero, 21 mil plazas. El mercado de empleo en Puerto Rico continúa en terreno negativo (Gómez, 2011: 2).

Frente a esta realidad el economista José Alameda ha manifestado “Este país no ha tocado fondo. Estos números son horripilantes. Es lo más bajo que yo he visto. La economía no puede tener recuperación si no tiene capacidad para generar empleos. Este país se cayó” (Alameda; citado en Gómez, 2011: 3). Además, hay que destacar el impacto que está teniendo la migración en el país, no sólo en términos de que se han ido personas en edad productiva y por ello hay menos personas trabajando, sino también desde su repercusión en el sistema contributivo de la Isla, puesto que cada vez son menos las personas que sufragan la operación gubernamental (Sotomayor; citado en González, 2011: 36).

Para Sergio Marxuach, así como otros economistas, demógrafos, expertos en política pública, etc., expresaron que “Puerto Rico es una sociedad enferma” (Cotto, 2011). Marxuach plantea la necesidad de mirar más a fondo las estadísticas de cómo se ha distribuido el ingreso, donde el 40% de la población más pobre en Puerto Rico durante los últimos 50 años (1950-2009) sólo recibe el 8% de los ingresos. Aún la persona más acérrimamente capitalista tiene que tomar en consideración que este tipo de distribución no es sostenible porque Puerto Rico, para bien o para mal, es una sociedad orientada hacia el consumo y una economía de consumo no puede sobrevivir cuando el 40% de la sociedad recibe el 8% de los ingresos.

Destacó que la desigualdad de ingresos está altamente relacionada con problemas como bajas expectativas de vida, una mayor incidencia de mortalidad infantil, homicidios, encarcelamiento, obesidad, problemas de salud mental, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, embarazos tempranos y deserción escolar.

Según Colón (2011), la pobreza en nuestro país es un elemento constitutivo de un modo particular de acumulación de riqueza y poder social. Los pobres no se encuentran fuera de nuestra sociedad, sino que pertenecen a ella, y por ello son parte del entramado de relaciones sociales que alimenta su funcionamiento. Es obvio, por tanto, que la pobreza no puede sino ser el resultado de los valores y estrategias de acción mediante la implantación de políticas sociales, mayormente formuladas en los Estados Unidos. Desde este punto de vista, podemos afirmar que la pobreza es sólo una de las expresiones de un problema más complejo: los modos de inserción social de las personas y las formas en que se mantiene la cohesión social en una sociedad profundamente desigual como la nuestra.

Este análisis revela la incapacidad del Estado para garantizar el disfrute de los derechos sociales básicos a la ciudadanía, en el que se generan políticas sociales y de manejo de pobreza, en el contexto colonial y de la globalización, así como el proceso de debilitamiento o agotamiento del Estado, como instancia de regulación económica y coordinación social (Guardiola Ortiz, 2011).

República Dominicana

La Oficina de Desarrollo Humano del PNUD (2010) informa respecto a la evolución reciente de la situación social dominicana. Indica que la actividad económica en el país es 12 veces mayor que en 1960 y ha crecido a una tasa de 5,4% promedio anual en los últimos 48 años. Los ingresos por concepto de divisas por exportaciones, turismo y remesas son 15 veces superiores respecto al nivel de 40 años atrás. La población se multiplicó por tres y la edad promedio de los dominicanos y dominicanas pasó de 21 años en 1960 a casi 28 años en 2009. Durante esas casi 5 décadas la población ha envejecido, mientras que solamente un tercio de la población tiene entre 0-14 años.

Estos cambios estuvieron acompañados de un acelerado proceso de urbanización y modificaciones en la estructura productiva. Hoy 2 de cada 3 dominicanos y dominicanas residen en zonas urbanas, mientras que hace cuatro décadas la proporción era de menos de un tercio. Los cambios en la estructura productiva son significativos: de una economía orientada a la producción agrícola se ha pasado a una economía de servicios orientada hacia la actividad del turismo. Las comunicaciones y las infraestructuras han registrado un avance extraordinario durante las últimas décadas.

Aún cuando los cambios se reflejan en innumerables indicadores institucionales como avances en los derechos civiles y políticos, existen grandes debilidades o rezagos relativos en el Estado de derecho, en las instituciones y en la gerencia pública, así como en la materialización de los derechos económicos y sociales consignados en la Constitución y las leyes (PNUD, 2010).

La esperanza de vida al nacer ha mejorado, entre 1960 y 2005, incluso a un ritmo mayor que el de América Latina y el Caribe, pero aún está por debajo del promedio regional y por debajo del nivel esperado dado el estándar mundial asociado a la riqueza por habitante. La probabilidad de morir antes de los 40 años es más elevada que el valor esperado. La tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes ha mejorado entre 1960 y 2005 a un ritmo mayor que el resto de América Latina y el Caribe y está en el promedio regional. La mortalidad infantil ha disminuido entre 1960 y 2005, pero a un ritmo menor que el resto de América Latina y el Caribe. El nivel de mortalidad infantil está por encima del promedio regional y es 18% más elevado que el valor esperado.

Pobreza y Desigualdad

La proporción del ingreso del 20% más rico con relación al 20% más pobre es elevada. Esto ubica al país en una posición 24 de 126 naciones de mayor brecha. El nivel de pobreza, cuando se ha medido por las necesidades básicas insatisfechas, se muestra rígido a la baja durante la década del noventa y principio del 2000 y, aún cuando se mide por el ingreso, se deteriora rápido pero se recupera lentamente frente a los cambios en el PIB. Además, según las estimaciones de la CEPAL, la pobreza en República dominicana es mayor que el promedio de América Latina y la diferencia tiende a crecer. El gasto público en salud observado equivale sólo a 62% del gasto esperado, respecto al estándar mundial asociado al nivel de riqueza por habitante; por lo que el país ocupa la posición 124 de 164 naciones, mientras que en PIB per capita real de paridad de poder adquisitivo ocupa la posición 84 dentro del mismo grupo de países: es decir, la riqueza se desaprovecha y no se invierte en mejorar el gasto público en salud.

El gasto en educación, como porcentaje del PIB, está entre los más bajos del mundo. De 145 países, el país ocupa la posición 141 del gasto en educación como porcentaje del PIB, aunque en términos de riqueza por habitante ocupa la posición 78. Respecto al nivel de alfabetización, el país está por debajo del nivel regional y del valor esperado, aunque ha mejorado en las últimas décadas. La emigración hacia el exterior refleja la incapacidad del modelo económico e institucional de ofrecer una vida digna a la ciudadanía. Se aprecia que la tasa neta de migración tiende a aumentar, aunque se desacelera después de la década del noventa, y hoy es un 41% más elevada que hace 45 años.

El desempleo se ha mantenido rígido, a la baja, a pesar de los elevados ritmos de crecimiento registrados durante las últimas décadas. El nivel más bajo alcanzado de desempleo abierto fue de 13,9% en 2000 y diferentes mediciones indican que la generación de empleo adicional por cada 1% de crecimiento del PIB se reduce en el largo plazo. Entre 2000 y 2007, de cada 10 nuevos empleos, 7 fueron creados en el sector informal y casi 5 de cada 10 nuevos empleos fueron absorbidos en trabajo doméstico, salones de belleza, motoconchos, entre otros; es decir trabajo en extremo precario.

Respecto al empleo, en el largo plazo el impacto del producto en mismo se reduce, cada vez se necesita hacer mayor esfuerzo de crecimiento económico para generar el mismo empleo. El informe de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD (2010) constata los principales indicadores del mercado laboral entre 2000-2007: en el largo plazo la tasa global de participación (TGP) de los hombres disminuye y aumenta en las mujeres; la población económicamente activa (PEA) en su mayoría es masculina, pero la participación de las mujeres crece a una tasa mayor que la de los hombres; más de la mitad de la población ocupada tiene un empleo informal y, además, el crecimiento en el mercado informal duplica el ritmo de aumento del empleo formal; el 44% de los ocupados no ha completado los 8 grados de primaria; el subempleo ronda en casi un millón de personas y predomina el visible, es decir, menos horas de trabajo, que el invisible caracterizado por menos salario.

Respecto al empleo en grupos sociales con problemáticas específicas se indica que: la población ocupada femenina crece más aceleradamente que la población masculina ocupada y que el promedio nacional, aunque las mujeres se insertan en el mercado informal y, en general, en condiciones más precarias que los hombres en una situación de mayor vulnerabilidad, en condiciones laborales inestables y de relativa inseguridad en términos de ingreso y protección social y con salarios inferiores, incluso aunque tengan mayor nivel de formación. También, los jóvenes entre 15 y 24 años de edad tienen una tasa global de participación elevada, pero una tasa de ocupación baja y una tasa de desempleo que es 1,8 veces el promedio nacional. A pesar de la reducción del trabajo infantil en los últimos años, para abril de 2008 había 155 mil niños, niñas y adolescentes de entre 5-17 que trabajaban; magnitud que es alta en comparación con otros países latinoamericanos (PNUD, 2010).

En términos de la asistencia social durante los últimos 40 años del siglo XX los programas de asistencia social se multiplicaron bajo una lógica político clientelar que no logró su objetivo de la reducción de la pobreza. El Estado dominicano, después de la crisis de 2003, se dirigió a reorganizar el sector, así como implantar una nueva generación de programas sociales cuya estrategia es fortalecer las capacidades de las personas beneficiarías para salir de su pobreza. Según el referido informe del PNUD, el Gabinete de Coordinación de Política Social (GCPS), creado para garantizar la articulación y fomentar la complementariedad entre las acciones de las diferentes instituciones que hacen política social, se ha convertido en un brazo ejecutor de la asistencia social que compite con las demás instituciones y programas de este sector, mientras debilita su rol de articulación. El análisis de gasto en materia de asistencia social evidencia la dispersión institucional, así como la concentración de recursos en la Presidencia de la República. Los subsidios energéticos son demasiado altos y, aunque alivia el gasto de las familias pobres, no crea capacidades en ellas, no fomenta la cultura de pago y no hace eficiente los sectores de producción, por lo que urge un rediseño que vincule los subsidios a estos tres principios (PNUD, 2010).

De otra parte, el estudio llevado a cabo por el Observatorio de Políticas Sociales del Centro Montalvo del programa Solidaridad (Domingo Savio y La Zurza) informa los dos objetivos principales del programa: “aumentar los ingresos y aliviar la pobreza en el corto plazo y, romper el ciclo de pobreza inter-generacional gracias al aumento del capital humano” (2008: 6). De acuerdo a la definición del Gabinete Social (citado en Estudio Centro Montalvo, 2008), Solidaridad es una red de subsidios enfocados en la población en pobreza extrema y moderada que surge como producto de la reorientación de la política social del gobierno dominicano, y está caracterizado por un marcado énfasis en optimizar y transparentar los recursos destinados a los más necesitados. El estudio reveló que: el programa continúa poniendo el peso del trabajo doméstico en la mujer; sólo incentiva los estudios hasta el octavo grado frente al cuadro crítico de la deserción escolar; las condiciones de los hogares son estructurales y trascienden los 550 pesos; la composición de las familias es heterogénea y la posibilidad de acumulación de capital humano desaparece cuando no hay niños entre los 6 y 16 años de edad; se sigue fortaleciendo la dependencia de la gente a acciones foráneas puntuales; al parecer está lejos de cumplir con el compromiso de que las familias amplíen su visión de futuro, sigue promoviendo el inmediatismo; y, no prevé la salida de los beneficiarios (Observatorio de Políticas Sociales del Centro Montalvo, 2008).

Respecto al análisis del programa de asistencia social Solidaridad, el PNUD (2010) informó que éste representa un paso de avance en comparación con programas tradicionales, tanto por su formulación, así como en sus mecanismos de intervención, con los que intenta superar la situación de pobreza extrema de las familias dominicanas. Sin embargo, señala las principales vulnerabilidades del programa: priorizar la expansión de la cobertura frente al seguimiento de las condicionalidades, las que representan la única garantía de que el programa fomente capacidades en la población para que puedan salir de la pobreza; falta de coordinación sectorial de las instancias encargadas de dar seguimiento a las condicionalidades, lo cual cuestiona la integralidad del sistema de protección social cuando la oferta de servicios no está asegurada en cantidad y calidad para la población en general; y, si los programas universales son deficientes, también lo será la efectividad de los focalizados, por lo que estos programas focalizados deben formar parte de una red de protección social.

Otro programa de asistencia social, El Programa Vamo’ Arriba, cuyo objetivo es el aumento transitorio del ingreso de las familias pobres y mejorar las infraestructuras locales, no crea las capacidades para la salida de la pobreza de la población beneficiaría, porque no ataca las causas que en alto grado determinan la situación de desempleo y pobreza. De otra parte, el programa no coordina con la Secretaria de Estado de Trabajo.

El Programa de Alimentación Escolar es un programa social que goza de una alta valoración por parte de sus beneficiarios, pero debería ser fortalecido en términos de su seguimiento, evaluación y auditoría. De otra parte, las funciones de la Secretaría de Administrativa de la Presidencia (SAP) aunque no guardan relación con la asistencia social, al utilizar un significativo presupuesto en asistencia social se desvía de sus funciones, dando paso al uso clientelar. El informe del PNUD (2010) señala que es necesario avanzar en la reestructuración del sector social, a fin de eliminar las funciones y el presupuesto de asistencia social dentro de la SAP.

El Despacho de la Primera Dama (DPD) a pesar de haber sido creado para contribuir al fortalecimiento de las instituciones sociales estatales ha entrado en competencia con éstas, como es el caso del programa Solidaridad, y con un presupuesto significativamente por encima de otras instituciones de alto interés público.

El análisis de la intervención de los programas de asistencia social muestra una alta dispersión en la acción y limitada especializa-ción en el uso de los recursos. Según el PNUD (2010) casi todas las instituciones públicas desarrollan programas similares o paralelos con las mismas poblaciones, mientras dejan sin atender ciertos problemas medulares del ciclo de vida, como lo son la estimulación temprana, el embarazo en adolescentes, la capacitación para el trabajo, entre otros.

En general, estos indicadores muestran que los progresos han sido parciales y disparejos. La combinación de crecimiento y rezago social e institucional no es un resultado fortuito. Está asociado a la dinámica de acumulación, que se ha caracterizado por crear riqueza a la vez que genera exclusión social, lo que se refleja en los bajos niveles educativos, retrasos en la salud, un empleo precario, retraso en la seguridad social, entre otros (PNUD, 2010).

Alternativas a la crisis en la región: debates y tendencias

Frente a la realidad social de mayor inequidad en el planeta que vive hoy el Caribe, en medio de un entorno diverso y multicultural que nos caracteriza, es imperativa la voluntad política de los gobiernos para llevar a cabo importantes transformaciones. Esto, en respuesta al clamor de sus pueblos que exigen justicia, igualdad, participación y democracia. La Región enfrenta serias deficiencias en materia de calidad de servicios públicos que, además, proveen coberturas limitadas e insuficientes. Amplios segmentos de nuestra población están excluidos del acceso a la educación, a la salud y a un trabajo decente, por lo que numerosos sectores sociales tienen restricciones apara vivir y gozar de una vida digna y un ambiente sustentable. Por todas estas razones es necesario pensar y construir una realidad de acuerdo a nuestras particularidades históricas y culturales, en contraposición de ser depositarios de propuestas diseñadas en contextos distintos a los nuestros. La desaparición de la igualdad como parte fundamental de la ontología del ser humano y la asunción de la pobreza y la desigualdad como estructuras infundidas en su constitución, llevan a elaborar la interpelación a conformar un nuevo pacto social que a través del “buen gobierno” que debería posibilitar la complejidad e integración de las políticas, basadas en un flexible pragmatismo (BM, 1999, 2000: 3). En el siglo XXI el “buen gobierno” se resignifica en un nuevo pacto social en el cual se ha producido el estallido de las soberanías nacionales de los países pobres a través del lineamiento de políticas sociales diseñadas por organismos internacionales (BM, 1999, 2000: 3 y 55.). Este nuevo pacto implica construir una tríada conformado por los organismos internacionales, los Estados nacionales y la sociedad civil en el que los papeles de los actores se modifican radicalmente (Murillo, 2007).

De otra parte, la situación colonial de Puerto Rico, que hace 520 años le priva del derecho inalienable a su libre determinación e independencia, frente a los demás países de la Región del Caribe Hispano Antillano, plantea un formidable obstáculo para lograr la integración en toda su magnitud de nuestros pueblos mediante la participación en organismos regionales, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la recién creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De acuerdo al presidente de Uruguay, “Pepe” Mujica (citado en Reverón, 2011), la debilidad fundamental de nuestra lucha es la incapacidad de ser grandes en la capacidad de juntarnos. Mientras que para Reverón (2011), hoy día el paradigma de los/as puertorriqueños/as ya no es ser yanqui o latinoamericano/a, sino asumir nuestra nacionalidad desde el contexto de lo que es la Patria Grande.

Pobreza y desigualdad

Sposati (2011) plantea que en el siglo XXI, la cuestión de confrontar la desigualdad en la región latinoamericana retorna con fuerza. Ya no es más posible implementar o extender la cobertura social sin enfrentar la “nueva” desigualdad. Los programas masivos de transferencia develan la dimensión y magnitud de la desigualdad que antes estaba oculta. Otro elemento vinculado a la desigualdad es la cuestión de la totalidad. Existe un redimensionamiento de la población que sobrevive en determinadas condiciones de precarización, lo que provoca que este conocimiento sea fundamental para demostrar la brecha real entre las condiciones de vida de sectores medios y las condiciones de precarización.

La situación de la desigualdad evidenciada en la región de las Antillas mayores del Caribe ha provocado, en la mayor parte de la misma, la re-filantropización de las políticas sociales mediante la intervención del tercer sector. Algunas de estas organizaciones están comprometidas con el avance la democracia, mientras que otras presentan un perfil filantrópico. Por ejemplo, en Puerto Rico y República Dominicana la dirección de los hospitales, que siempre fue ejercida por funcionarios del Estado, ha sido traspasada a organizaciones sociales. La aceptación de la complejidad y la diversidad, partiendo de los diversos elementos epistemológicos y estratégicos, parece ser el camino más prometedor para poder definir la pobreza y su manejo desde el campo de la política social (Espina Prieto, 2008).

Existe considerable consenso en los estudios de pobreza que el rol del Estado es central en la reducción de la pobreza y la creación de mejores condiciones para la inclusión social y equidad. Pero la mera existencia de niveles inaceptables de pobreza, desigualdad y exclusión en la mayoría de los países menos desarrollados de la Región demuestra que el Estado no solo ha sido ineficiente en la reducción de esos niveles, sino que actualmente ha permitido que aumenten. Por lo tanto, una reforma sustancial del Estado aparecería ser el próximo paso lógico para manejar estos problemas sociales. Desde una perspectiva normativa, tal reforma debería tener como meta la creación susten-table de riqueza, así como su redistribución equitativa (Cimadamore, Dean y Siquiera, 2005).

Se requiere de una institucionalidad que tome en serio el desafío de la inclusión social y económica y favorezca el desarrollo social de manera articulada con las intervenciones de las distintas esferas del Estado. Debido a que la pobreza, desigualdad y la exclusión son tan agudas se necesita de políticas deliberadas para apoyar la economía de base y a las poblaciones excluidas (Sánchez, 2009).

El logro de la reducción sostenida de la pobreza es el resultado del un conjunto de factores que incluyen el tipo de desarrollo económico, el funcionamiento del mercado laboral, las transformaciones demográficas y en la familia y en las políticas sociales, principalmente las que se vinculan a los sistemas de protección y promoción social. Estas son algunas claves de las políticas requeridas para producir una transformación permanente de los mecanismos de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad, las que no se limitan a políticas sociales de empleo, sino que se refieren también a la médula de la política económica (Informe Progreso hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para América Latina y el Caribe, 2010).

Según el referido informe la institucionalidad del mercado laboral y el diseño de protección social deben ser repensados de forma radical. Un hogar en el que la persona que aporta el ingreso principal pierde su empleo, pierde no solo la principal fuente de recursos, sino también, la mayoría de las veces, el acceso a otros beneficios sociales de base contributiva, como cobertura de salud, desempleo y prestaciones monetarias para la familia, entre otros. La pérdida de empleo significa además, en muchos casos, el cierre de acceso a crédito de consumo.

Muchos estudiosos del tema consideran que la única manera de restaurar el crecimiento, de acuerdo a este punto de vista, es romper el vínculo entre empleo y protección social, en detrimento de lo social. El diseño de la nueva política redistributiva en la perspectiva neoliberal supone una tensión entre la protección social y el empleo, rompiendo el modelo que caracterizaba la construcción parcial del Estado social. El foco de este cambio es la ruptura con la protección a través de las reformas de seguridad social, la que en esencia afectó los derechos de trabajadores protegidos, y reorientó la concepción de políticas sociales universales a favor de diferentes compensaciones y programas de asistencia social estratégicos dirigidos a varios grupos poblacionales bajo niveles de pobreza (Leal Ivo; citada en Cimadamo-re, Dean y Siquiera, 2005).

El problema central de la Región, presente en la mayor parte de los países del Caribe Hispano Antillano, parece ser su tipo y ritmo de crecimiento y su impacto sobre el empleo, seguido de que los sectores más pobres carecen de una red de protección social básica, debido a que la red existente depende de la capacidad del bolsillo, o de programas extremadamente focalizados y de baja cobertura y, a menudo de baja calidad (Huber; citado en Informe Progreso hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para América Latina y el Caribe, 2010).

Otro elemento de políticas es el de más empleo de calidad, pero la otra que es requerida y fundamental es la construcción de una red de protección social que incluya al menos: un sistema de transferencias de ingresos no contributivos que complemente los ingresos laborales; un sistema de salud en el que se ofrezca, como mínimo, un paquete básico garantizado de prestaciones que no dependa ni de la formalidad ni del bolsillo; y la expansión de un sistema de cuidados básicos para la primera infancia y la tercera edad que libere fuerza de trabajo femenina y garantice prestaciones básicas a la población dependiente (Filguiera, 2005).

Un elemento indispensable para la superación de la pobreza en la Región en el largo plazo es el requerimiento de una reforma educativa. Los sistemas educativos de la Región, en su mayoría, tienden reproducir las desigualdades de origen a un grado superior cuando se les compara con países desarrollados y que muchos países en desarrollo. Es necesario pues, no solo aumentar la cobertura y el gasto educativo, sino orientarlo para que contribuya efectivamente a superar las desigualdades de origen tanto como sea posible.

Políticas y derechos sociales

Es requisito, pues, destacar algunos principios y elementos comunes en la concepción y práctica de la política social para atender la desigualdad, pobreza y, los derechos sociales en la Región.

Según Sposati (2011) el debate sobre las políticas públicas nos convoca por su importancia universal porque se ubica en la esfera social de la ciudadanía y la centralidad del papel del Estado. Uno de los desafíos más importantes en la mayor parte de los países que componen la Región caribeña hispana antillana para el tercer milenio es la efectividad de los derechos sociales de todos los/ las ciudadanos/as. En general, el carácter público de la responsabilidad del Estado en la política social se torna cada vez más frágil por la orientación neoliberal del Estado mínimo.

Por otra parte, la dificultad de otro de los grandes desafíos es la tendencia a particularizar la política social en la región. No existe en esta Región del Caribe un mecanismo de articulación entre las políticas sociales al interior de los países, excepto en Cuba, o entre las políticas sociales de los países que conforman la región. Cuando se estudian y observan los Estados caribeños debemos ser cuidadosos para no llevar a cabo un análisis desde una visión única. Es de suma importancia contextualizar y particularizar su historia, evolución y actualidad política, económica, social y cultural relativa a las políticas sociales.

Cabe destacar que otra característica de la política social en la mayoría de los países de la región es la dualidad. De cierta forma las políticas sociales en Puerto Rico y República Dominicana son una copia o imitación de políticas sociales keynesianas o europeas que eliminan el aspecto central que caracteriza a nuestros países de la colonización, la esclavitud y la segregación racista. La historia de nuestros países está atravesada por el trabajo esclavo y por la colonización del “hombre blanco”. Esta característica del pueblo caribeño plantea la cuestión la necesidad de otro tipo de construcción de Estado social, un estado más incluyente que posibilite la universalización de la ciudadanía.

El objetivo principal al cual debería responder la construcción de nuevas políticas sociales es la realización de los diversos derechos civiles, políticos, sociales y colectivos. Éstos deben permitir el ejercicio pleno de una ciudadanía participativa e incluyente, a través de acciones coordinadas desde el Estado, tendientes a superar y prevenir situaciones de exclusión social en los diferentes ámbitos de la sociedad. Estos derechos tienen que explicitarse en garantías mínimas partiendo de la definición de los mínimos sociales a ser financiados con ingresos fiscales por parte de la sociedad, para que ésta luego vele por su cumplimiento (Instituto de la Niñez y la Familia, Ministerio de Inclusión Económica / Universidad Andina Simón Bolívar, 2009).

Planteamos la necesidad de que en la región pasemos de un razonamiento que piensa y mide la política social solamente en términos de la transferencia de recursos y servicios, hacia uno que cuestione el orden social que se ha construido a partir del protagonismo, la mayor parte de las veces conflictivo, de los diversos sectores sociales y económicos. Las nuevas políticas sociales en la región, generadas a partir de una cultura participativa, deben ser sostenibles en el tiempo y trascender la temporalidad de los gobiernos de turno. Por lo tanto, habrá que superar las perspectivas asistencialistas o instrumentales de corto plazo, las que responden a los intereses coyunturales de los gobiernos y a una visión individualista, que no ha permitido construir verdaderas políticas sociales. Las políticas sociales entonces no pueden ser vistas meramente como una política compensatoria o asistencial, sino en su concepto integral. Su papel es contrahegemónico porque pretende transformar la sociedad (Sánchez, 2009). Esta nueva perspectiva de las políticas sociales debería expresar un proyecto de país (Instituto de la Niñez y la Familia, Ministerio de Inclusión Económica / Universidad Andina Simón Bolívar, 2009).

Espina Prieto (2008) plantea que las políticas contra la pobreza no avanzarán más allá de lo que la fuerza hegemónica considere necesario para mantener la cohesión, su propia dominación y aquello que los bloques populares logren hacer valer en esa negociación. Es imposible eliminar por completo la pobreza con políticas sociales que sólo operen en la esfera de la distribución y el consumo, cuando deberían operar en la esfera de la producción, de la propiedad sobre los medios de producción, lugar donde se estructuran las relaciones de desigualdad y los procesos de explotación, exclusión y enajenación. Se trataría no sólo de la distribución y redistribución de bienes, sino también de la redistribución de poder. Hacia esto último es que habría que reorientar la participación popular en la construcción de una agenda social.

Enfrentar la pobreza en la región caribeña demanda considerar de forma simultánea las múltiples dimensiones del problema, su dinámica micro-macro, social-individual, histórica cultural, estructural y simbólica, las diferentes expresiones en países industrializados y los periféricos, en economías pequeñas y de escalas mayores. Por ello, requiere un repertorio de múltiples opciones de manejo que no excluyan las posibilidades estatales o extra-estatales de intervención (Espina Prieto, 2008).

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Dagmar Guardiola Ortiz es catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo su grado doctoral en la Universidad del Estado de Ohio. Entre su gestión admi¬nistrativa y docente suma más de 40 años de experiencia. Su investigación ha girado en torno al trabajo social comparativo y la política social en el Caribe hispano antillano. Fue Miembro Fundadora, Proyecto Atlanta para Intercam¬bio Académico en el Caribe, Oficina del Presidente, UPR. Miembro Fundado¬ra, Revista HOMEsTES.↵

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Mujeres y estructuras de las crisis

Empleo, estado, familias y división sexual del trabajo

Alice Colón Warren[1]

Introducción

La profunda recesión originada en el año 2008 en Estados Unidos es solo la expresión más reciente de un capitalismo globalizado, estruc-turalmente abocado a crisis cada vez más severas y recurrentes. Más allá de las tendencias especulativas del sector financiero, debemos referir las raíces de la crisis a las relaciones de desigualdad generadas por un modelo social, político y económico neoliberal que ha reforzado la mercantilización y privatización del bienestar, con consecuencias de creciente vulnerabilidad para sectores cada vez más amplios de las poblaciones, y la puesta en vilo de su reproducción y la del propio sistema. La desigualdad y la pobreza se acrecientan al extender la precariedad en el mercado laboral y reducir la protección social, al tiempo que transformaciones truncas en las relaciones de género y cambios en las estructuras de los hogares presionan de maneras contradictorias sobre las familias, como otro ámbito en el cual promover el bienestar. Si hemos de promover un desarrollo sostenible, la salida de la crisis no debe postergar, sino precisamente dirigirse a establecer condiciones de mayor igualdad y equidad social; igualdad y equidad social que pasan por una rearticulación del peso en el logro del bienestar entre el mercado, la familia y el Estado, así comopor el logro de la equidad en la división sexual del trabajo y enlas relaciones de género (JainyElson,2010).

La economía neoliberal globalizada se ha caracterizado por tendencias polarizantes que incluyen, por un lado, el incremento de puestos de mayor calificación, vinculados a una economía cada vez más orientada a los servicios intensivos en tecnología y el conocimiento, y, por el otro, la disyuntiva entre un desempleo creciente y la demanda en puestos de servicios y producción más intensivos en mano de obra, más irregulares y peor remunerados (Sassen,1998; 2010; Esping-Andersen, 2000; Rifkin,1997). Las políticas estatales, sometidas a agencias de financiamiento y acreditadoras internacionales, se hacen parte de estos procesos al proponer reducciones en el gasto público que debilitan los servicios y la protección social, junto a medidas de desregulación del mercado laboral que minan los ingresos y la seguridad de empleo. Incluso análisis de organismos oficiales internacionales y nacionales comienzan a reconocer que la falta de empleo adecuado y el trabajo precario, los ingresos reales reducidos y la persistente pobreza mantienen una estructura de empleo con brechas salariales y de productividad, frenan el consumo y la producción económica y restringen las posibilidades de recaudo estatal y de inversión social en la calificación de la población -salud, educación, experiencia- , con lo cual se propicia la recurrencia de la exclusión, la fragmentación social y las crisis económicas (Ver ensayos en: ILO,2011; Levaggi, 2011; Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, RD, 2010). Como agenda pendiente más allá de este escrito, la crisis nos obliga a repensar modelos de desarrollo que han promovido la falta de trabajos dignos, la precariedad, y la inseguridad, y a establecer modelos que garanticen un acceso equitativo a actividades, trabajos, ingresos y servicios y pongan en su centro la satisfacción de las necesidades y promoción de capacidades, el bienestar, la seguridad y la inclusión de toda la gente, en particular los sectores más empobrecidos de la población (Jain y Elson,2010; Sassen, 2010).

Es importante destacar que las estrategias de desarrollo, como el impacto y las respuestas a las crisis, se han montado sobre el trabajo pagado y no pagado de las mujeres, según definido por la división sexual del trabajo y la articulación del mercado, el Estado y las familias, como esferas sociales. El empleo de las mujeres no ha sido solo un medio necesario para realizar su autonomía y el desarrollo más amplio de sus capacidades, sino que ha sido central en los procesos de industrialización y de crecimiento de servicios que han dependido de su mano de obra, incluyendo la ampliación de los servicios estatales requeridos para el desarrollo económico y social. El ingreso de las mujeres, se ha hecho necesario, además, ante la apremiante necesidad material de sus hogares, donde el ingreso real de los hombres se hace insuficiente, cuando no inexistente; necesidad agudizada ante la creciente proporción de familias con jefatura femenina. Las estructuras que median la crisis se acentúan al frenar los servicios sociales que han promovido su propio desarrollo y el de la población, la subutiliza-ción y precarización de su empleo, el refuerzo de sus responsabilidades y definiciones domésticas y la fragmentación y el aislamiento de sus familias como espacios para el logro del bienestar.

El Caribe Hispano Antillano -Cuba, República Dominicana y Puerto Rico- son países con economías abiertas y mercados internos limitados que las hacen vulnerables a las crisis, que se encuentran en el traspatio norteamericano, aunque diferenciadas por sus relaciones políticas y económicas con Estados Unidos, sus sistemas y estrategias económicas y el ámbito de sus políticas sociales. Sus relaciones de género comparten un historial cultural y social latinoamericano de carácter patriarcal, pero también elementos que convergen con las pautasafro-caribeñasde matrifocalidad en sus estructuras familiares. En este artículo analizaremos las tendencias por género en el mercado laboral, en las políticas sociales y de cuidado, y en las estructuras familiares en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, como condiciones estructurales que median sus respuestas a las crisis de la economía globalizada.Para facilitar lascomparacio-nes, en la medida de lo posible hemos utilizado información publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALSTAT,2012). Aunque diferencias en la recopilación de datos entre los países no permiten comparaciones estrictas en todos los casos, sí intentamos con la información disponible esbozar patrones para este análisis.

La continuidad y recurrencia de la crisis en las Antillas Hispanas

La crisis originada en el año 2008 en el sector financiero estadounidense no ha sido la única en periodos recientes para los países del Caribe Hispano Antillano, y solo ha sido la más profunda en el caso de Puerto Rico, al acentuar allí una recesión continuada por más de un quinquenio. En el contexto de su relación política con Estados Unidos, Puerto Rico ha mostrado la fragilidad de una economía dependiente de inversiones extranjeras que no ha establecido enlaces de producción y servicios generadoras de empleo en el país, con la consecuente vulnerabilidad a las crisis recurrentes que ha vivido el sistema global desde el tercio final del pasado siglo. Presentado como modelo de industrialización y modernización para el resto del Caribe tras la Segunda Guerra Mundial, desde los setenta, Puerto Rico perdía atractivos para esa inversión y sufría la fuga de industrias ante alzas salariales y la intensificación de la competencia internacional que acompañaban la implantación de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otros países en la Región. Como alternativa al agotamiento del crecimiento, se promovía el movimiento a industrias de mayor desarrollo tecnológico, como la farmacéutica y la de instrumentos profesionales, además de a servicios profesionales y financieros, los cuales generaban menos empleo (Dietz, 2003). Desde los noventa los procesos de reorganización del trabajo, la gradual eliminación de incentivos contributivos a las corporaciones norteamericanas, por parte del Código de Rentas Internas Federal, culminada en 2006, junto a las crisis financieras, fiscales y factores políticos internos, evidenciaban la debilidad de la economía. La Isla vive, en el presente, una recesión que ya dura más de seis años, con un Producto Interno Bruto que cesó de crecer desde el 2006 y ha sido desde entonces negativo, hasta en un 4% en 2009 (Junta de Planificación de PR, 2011).

Tras vivir junto al resto de América Latina la crisis de la deuda externa a través de los ochenta (Safa y Antrobus, 1992), en República Dominicana la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y las inversiones extranjeras en zonas francas, junto al turismo como motor de crecimiento, e incluso las remesas por parte de emigrantes que nutrían los ingresos familiares y nacionales, entre otros, promovieron la recuperación económica. El PIB creció hasta cerca de 6% en algunos años, cuando una crisis financiera interna detuvo su incremento en el 2003, con un impacto mayor a la crisis globalizada más reciente (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD ,2010). La recuperación posterior aceleraba el crecimiento a un promedio de 7% entre 2004 y 2008, y, aunque se reducía a 3,5% en 2009, la economía dominicana ha mostrado un ritmo de crecimiento ventajoso comparado con las economías latinoamericanas en general y se encuentra al momento entre las de mejor desempeño pese a la crisis (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD, 2010; CEPAL, 2010a). No obstante, el crecimiento continúa dependiente de inversiones y recursos del extranjero, y como detallamos más adelante, aún en momentos de crecimiento, el modelo no ha resultado en una mayor igualdad, ni en reducciones sustanciales de los niveles de pobreza en la población.

Este crecimiento se ha visto afectado, de hecho, por la caída notable en las inversiones en las zonas francas, acentuada por la intensificación de la competencia de la producción asiática, sin restricciones de entrada a los países industrializados tras la eliminación del Acuerdo Multifibra desde el 2005 (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD.2010; ONE, 2010; Gómez y Cuervo,2010). En la industria del turismo descendía también la tasa de ocupación hotelera y se estancaban los ingresos (ONE, 2010) y la crisis originada en los países desarrollados reducía las remesas familiares (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD, 2010).

Cuba, por su parte, vivió su crisis más profunda a través de los noventa, al restringirse el radio de sus principales socios comerciales con el derrumbe del llamado socialismo real en la Europa Oriental y la desaparición de la Unión Soviética, a lo que se unió el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos (Núñez Sarmiento, 2010,2011; UNDP, 2004,2005). El Producto Interno Bruto se redujo a 3,3% entre 1990 y 1997, y aunque ya mostraba una recuperación de 3,4% entre 1998 y 2003, no fue hasta el 2004 que mostró un incremento más sustancial de 8,1 % (CEPAL,2010a). Las medidas de recuperación a través del periodo han incluido, entre otras, la reforma de las empresas estatales, la descentralización de las funciones económicas, la ampliación del sector privado, así como la reintroducción en el mercado global con otros socios comerciales, incluidos China y Venezuela. Se destacan en este movimiento la industria del níquel y sectores de mayor desarrollo tecnológico como las telecomunicaciones, la salud y la biotecnología, en las cuales se aprovecha el activo de una mano de obra cualificada.además del turismo como renglón principal de la economía (Núñez Sarmiento, 2010,2011; Zabala Arguelles, 2009; UNDP, Cuba, 2004, 2005, 2010). Son reformas en proceso, afectadas con la crisis del 2008 que mermaba la demanda de industrias como la producción de níquel y el turismo, de manera que el PIB se reducía a 1,4% en el 2009 (CEPAL,2010a; UNDP,2010).

Transformaciones truncas: las mujeres y la rearticulación de los ámbitos familiares y del estado

Una población en el máximo ejercicio de sus capacidades y calificada, debe considerarse primordialmente como derecho humano y social en sí misma, pero se reconoce, además cada vez más importante como medio para promover el crecimiento económico. Las condiciones básicas para esa calificación de la población ha requerido desde la Depresión y la recuperación posterior a la II Guerra Mundial durante el pasado siglo, la intervención del Estado en el ofrecimiento de servicios de salud, educación y bienestar social, que pueden posibilitar la actividad económica más productiva, la inclusión social y la participación ciudadana más plena.

No vamos a abundar en este escrito en las políticas y servicios sociales, que serán abordados de manera más profunda en otro artículo de este volumen. Tampoco nos adentraremos en la discusión del carácter multidimensional de la pobreza (Zabala Arguelles, 2009; Chant,2007), sino que para efectos comparativos en esta sección nos referiremos a la dimensión de insuficiencia de ingresos y cómo el Estado responde a esta condición de desigualdad. Para efectos de nuestra discusión, debemos señalar, particularmente, que los avances en los servicios sociales fueron impulsados por mujeres y se mantienen como renglón de trabajo femenino, con lo que se rearticulaba la relación entre el ámbito familiar, el Estado y el mercado como pilares del bienestar (Esping-Andersen, 2000). Aunque desde una perspectiva todavía maternalista -que fundamentaba sus reclamos en términos de su rol como madres- las mujeres en el Caribe Hispano Antillano se movilizaron desde las décadas iniciales del pasado siglo para ampliar el ámbito de lo social. Al reconocer la importancia de la reproducción y la crianza, reclamaron que el Estado asumiera responsabilidad por dimensiones de la socialización, la educación, la salud y la alimentación, entre otras, las cuales se habían referido exclusivamente al ámbito doméstico (Colón y Reddock, 2004). En la medida en que el Estado asumía funciones vinculadas a la reproducción biológica y social, facilitaba que las familias dejaran de ser el único ámbito en que se realiza este trabajo y se abría el espacio para la mayor participación y autonomía femenina.

Los avances de nuestras sociedades en estas materias, aunque desiguales, constituyen una base para la salida a las crisis y el desarrollo social y humano. En el caso de Cuba son reconocidos los adelantos de su proyecto socialista en materia de salud, educación, vivienda, seguridad y asistencia social, y de desarrollo humano en general, posibilitados por un ofrecimiento de servicios estatales integrales, universales y gratuitos para la población (Núñez Sarmiento, 2010,2011; Zabala Arguelles, 2009; UNDP, 2004,2005,2010). El acceso estatal a necesidades básicas plantea diferencias con relación a otros países en cuanto a lo que pueden ser definiciones de pobreza, al reducir la dependencia de los salarios y el empleo como medios de subsistencia. La crisis económica, no obstante, ha tenido un impacto profundo en los ingresos y la capacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios, lo que ha resultado en la dependencia de renglones vinculados al capital privado, como el turismo o las remesas del exterior, y en un incremento en la vulnerabilidad y la desigualdad social (Zabala Arguelles, 2009; Núñez Sarmiento, 2010,2011; Toro Morn, Roschelle y Faccio, 2002; Duany2011). Estudios realizados calculaban hasta en un 20% la población en riesgo o vulnerabilidad económica, e incluso se ha afectado la posibilidad de la población de satisfacer completamente sus necesidades alimentarias (Zabala Arguelles, 2009; Núñez Sarmiento, 2010,2011), aunque ello mejoraba para principios de la pasada década (CEPALSTAT,2012).

Bajo sistemas más sujetos a medidas de corte neoliberal, los servicios y el cuidado se presumen en mayor medida como un asunto privado a ofrecerse por parte de las familias o para quienes tengan los ingresos, a través del mercado. Los programas sociales en Puerto Rico y en República Dominicana no son así definidos como derechos sociales generalizados sino que se dirigen a las poblaciones identificadas como más empobrecidas. En el caso de Puerto Rico, los estándares de consumo establecidos por su integración a la economía estadounidense dificultan una comparación con las condiciones de pobreza en otros países latinoamericanos y caribeños. Comparado con esos estándares, sin embargo, resalta que los niveles de pobreza se mantienen en alrededor de 41% de las familias y 45% de los individuos (Negociado del Censo de EE.UU., 2010), superiores a cualquier estado en la jurisdicción estadounidense. En el contexto de una población queenvejece, la pobreza se encuentra amortiguada por el acceso al sistema de Seguro Social federal de Estados Unidos, al cual cotiza la fuerza de trabajo puertorriqueña, y en menor medida a través de programas estatales subsidiados por el gobierno federal, que han mantenido presupuestos sustanciales en servicios de educación, salud, alimentación y vivienda, entre otros (Sotomayor,1998; Colón Warren,2006). La burocracia gubernamental y la intervención de compañías privadas, que impone una lógica de ganancias en su distribución, no obstante, impiden que los beneficios lleguen a toda la población que los requiere y que se ofrezcan de la manera más eficaz. Menos de la mitad de las familias bajo niveles de pobreza recibían seguridad social o asistencia pública en efectivo, aunque una proporción mayor recibía asistencia nutricio-nal en el 2010 (Negociado del Censo de EE.UU., 2010).

La proporción de la población bajo niveles de pobreza en República Dominicana se reducía a poco más de una cuarta parte hacia finales de los noventa, pero incrementaba a alrededor de 40% tras la crisis de 2003. Y si la recuperación posterior y las medidas anticrisis redujeron la proporción a una tercera parte para 2009, se mantenía a niveles a los alcanzados en la década de los noventa (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD.2010; ONE, RD, 2010). El nivel de desarrollo de la economía, la restricción de fondos estatales y las prioridades establecidas en la distribución del presupuesto han limitado alrededor de 40% la proporción del presupuesto nacional dedicada a los programas sociales. Se han mantenido un monto y calidad bajas en el gasto público, que al rondar el 10% en 2009, permanecía entre los más bajos en América Latina, ya de por sí limitados (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, RD,2010; Gómez y Cuervo, 2010). Contrario a las restricciones en el ofrecimiento de servicios en Puerto Rico, sin embargo, en República Dominicana algunos programas sociales se han ampliado aún ante la crisis hasta ofrecer servicios de pensiones y salud a 40% de la población (Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, RD, 2010).

Además de estas limitaciones en la distribución de servicios, la implantación de programas sociales aparece aún en Cuba como un renglón femenino, y en Puerto Rico y República Dominicana se ofrecen también aún permeados por visiones maternalistas, que refuerzan la responsabilidad de las mujeres por el ámbito doméstico, en un movimiento de patriarcado privado a patriarcado público (Toro Morn, Roschelle y Faccio,2002; Gómez y Cuervo,2010; Nieves Rosa,2007; Hernández Angueira,2001). En las jurisdicciones de Estados Unidos las mujeres beneficiarías viven, además, la estigmatización como mantenidas por el Estado en una sociedad en que la protección social no se considera un derecho, aunque la identidad nacional compartida entre las beneficiarías y trabajadoras estatales y la pobreza extendida puedan paliar en algo esta visión negativa en Puerto Rico (Hernández Angueira, 2001;Nieves Rosa, 2007). Aún así, estudios en este país sugieren que estos programas sociales no dejan de ser un apoyo a las familias de menos recursos, y en particular a las mujeres cuyas definiciones como cuidadoras las constituyen en sus principales manejadoras, lo que puede abrirles algunos espacios de participación en los ámbitos públicos y de autonomía en las relaciones de pareja y familiares (Colón Warren,2003a; Nieves Rosa, 2007; Safa, 1974). Estos desafíos a las definiciones de género son más limitados cuando, como se ha descrito para el Programa Solidaridad en República Dominicana, se imponen a las mujeres condiciones de cuidado familiar para recibir los beneficios, mientras estos se tramitan a través de los hombres jefes de familia (Gómez y Cuervo, 2010; Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.SJ, 2008). Incluso en estos casos, no obstante, los apoyos en la educación, alimentación y otros servicios pueden ofrecer a las mujeres algún espacio para la actividad fuera del ámbito doméstico (Gómez y Cuervo, 2010) y plantearles la posibilidad de subsistencia, si bien precaria, en caso de asumir solas la responsabilidad económica de sus hogares. En todo caso, la limitación de estos servicios en momentos de crisis reduce estos apoyos a la población y a las responsabilidades adscritas a las mujeres, así como los espacios de autonomía que pueden ofrecerles.

Destacamos aquí, además, que las mujeres se han beneficiado de manera particular con los avances en salud y educación para la población, los cuales han facilitado no solo su propia calificación, sino las condiciones familiares para su participación social y económica fuera del hogar. Aunque una evaluación más amplia de las políticas y condiciones de la salud sexual y reproductiva en nuestros países también está fuera del alcance de este trabajo, podemos señalar-que con los avances en la mortalidad infantil y la regulación de la fecundidad, por ejemplo, se ha posibilitado una mayor participación de las mujeres fuera del ámbito de la reproducción. Cuba se presentaba como modelo al reducir la tasa de mortalidad infantil a un nivel inferior a los 5 por cada mil nacimientos durante la pasada década, y al proveer acceso gratuito y amplio a servicios de salud reproductiva. Las tasas de uso de anticonceptivos de alrededor de tres cuartas partes de las mujeres en edad reproductiva, junto al acceso al aborto como derecho social, permitía reducir la tasa global de fecundidad a niveles inferiores al de reemplazo desde los ochenta; 1,5 durante el quinquenio más reciente (CEPASLTAT, 2012).

Así también en el caso de Puerto Rico, los programas sociales, junto a servicios médicos privados, permitían la reducción de la mortalidad infantil a menos de 10 por cada mil nacimientos desde principios del presente siglo (Departamento de Salud, PR, 2008). Pese a que el Estado no ha asumido aún el acceso a la anticoncepción como derecho social amplio y tampoco ofrece los servicios de aborto por demanda, también las mujeres de menos recursos en ese país han acudido a los servicios ofrecidos por programas de salud estatales o a sus propios recursos para regular su fecundidad a través de servicios privados. Las tasas de uso de anticonceptivos alcanzaban cerca del 80% desde la pasada década y junto a tasas elevadas de esterilización, reducían también la tasa global de fecundidad bajo el nivel de reemplazo desde el 2000-2005, 1,83 en el pasado quinquenio (Dávila, Ramos y Mattei, 1998; CEPALSTAT,2012).

República Dominicana, por su parte, también mostraba progresos en estos indicadores, aunque no alcanzaba aún los niveles observados para la Región latinoamericana. La mortalidad infantil se reducía de casi 50 por mil nacidos vivos en 1990 a menos de 25 en el año 2010, todavía superior a menos de 20 para la región latinoamericana y caribeña. La tasa de uso de anticonceptivos, por su parte, junto a un peso también importante de la esterilización, permanecía en dos terceras partes de las mujeres en edades reproductivas hasta mediados de la pasada década, aunque incrementaba a casi tres cuartas partes para el 2007. Así, pese a adolecer de restricciones absolutas al aborto, la tasa global de fecundidad descendía, pero se encontraba aún en 2,67 para 2005-2010, superior al 2,27 de América Latina y 2,36 del Caribe (CEPALSTAL2012).

Las mujeres del Caribe Hispano Antillano han aprovechado también las oportunidades educativas abiertas por sus regímenes, alcanzando niveles de escolaridad superiores a los de muchos de los países de la Región. Como se ha observado de manera aún más marcada en el resto del Caribe desde hace más de dos décadas, y en general en los países latinoamericanos, las mujeres avanzan en términos educativos a un ritmo más acelerado que los hombres (ONU,2011). De nuevo, con una estructura industrial-ocupacional más cercana a la de países industrializados y acceso a programas federales norteamericanos de apoyo a los estudios superiores, Puerto Rico se destaca en este aspecto. Más de la mitad de las mujeres, comparado con poco más de 40% de los hombres de 20 a 64 años entre 2005 y 2009 tenían más de 12 años de estudios, aunque no necesariamente grados universitarios terminados (Negociado del Censo de Estados Unidos, PR, 2009). Mientras que, tomando en cuenta aquellas de 25 a 59 años, la proporción de mujeres con este nivel de escolaridad en Cuba alcanzaba alrededor de 30% en 2009 comparado con 26% de los hombres (ONE, 2011b). En las áreas urbanas de República Dominicana en 2007, por su parte, una cuarta parte de aquellas entre 25 y 59 años o más de 20% de aquellas de 15 años o más tenían niveles de escolaridad superiores a los 12 años, comparado con 21% y 17% de los hombres, respectivamente (CEPALSTAT,2012). Aunque estos avances en salud y educación han tendido, en general, a recuperarse a través de las crisis, pueden frenarse si los Estados ven minados sus recursos y en la medida en que políticas neoliberales como las impulsadas en Puerto Rico, sobre todo en el pasado cuatrienio, restrinjan el acceso a la salud pública y definan la educación pública como un gasto y no una inversión en el desarrollo social.

Transformaciones truncas en el empleo de las mujeres y en las relaciones de género en el mercado laboral

Las Antillas Hispanas participan de las tendencias globales que han promovido la reducción del trabajo asalariado y mantienen fragilidades que han restringido la generación de empleo, incluidas las impuestas por la apertura que caracteriza a las economías caribeñas. Aunque bajo regímenes económicos diferentes, la crisis de la agroin-dustria como principal renglón económico, desde los cincuenta en Puerto Rico y más tarde en República Dominicana y Cuba, además del movimiento a industrias de mayor desarrollo tecnológico y reorganizaciones de personal que han caracterizado las reestructuraciones en Puerto Rico y Cuba, en menor medida ya también en República Dominicana, tienden a la reducir la necesidad de mano de obra, en particular la menos calificada. La globalización neoliberal, por otro lado, ha intensificado la competencia internacional y ha promovido la fuga de empleos a los lugares con salarios y costos de producción más bajos (Dietz,2003; Gómez y Cuervo,2010; Núñez Sarmiento, 2010, 2011).

Los recortes en el empleo en el sector público, por su parte, impuestos como ajustes a las crisis fiscales previamente en otros países latinoamericanos, se implantaban con crudeza a finales de la pasada década en Puerto Rico, sumando a miles de trabajadores y trabajadoras estatales a la incertidumbre que caracteriza a la fuerza laboral del país. Aunque no se ha ejecutado, el plan de desplazar a cientos de miles de personas del sector estatal como parte de las reformas económicas en Cuba presenta también en este sentido importantes desafíos en una sociedad con aspiración al pleno empleo. Las tendencias descritas resultaban en que la relación empleo población de República Dominicana y Cuba, se ubicara en alrededor del 55%, cercana al promedio de gran parte de los países del Caribe y entre las más bajas comparada con otros países latinoamericanos. El problema era aún más profundo y endémico en Puerto Rico, donde desde hace décadas ronda alrededor de 40% (CEPAL,2010b). Se trata de tendencias estructurales que son base de la crisis, a la que se añade el desplazamiento provocado por la propia desaceleración económica.

También el impacto de estas tendencias tiene dimensiones de género, vinculado a la segregación industrial y ocupacional de hombres y mujeres en el mercado de empleo. Las estrategias modernizadoras e industriales incorporaban a las mujeres a sectores centrales de la economía y se feminizaba la ampliación de servicios sociales -educación, salud, protección y asistencia familiar- con el empleo de maestras, enfermeras y trabajadoras sociales, entre otras. Las “maquilas”, por su parte -siguiendo un modelo implantado desde los cincuenta en Puerto Rico- han tenido una concentración importante en el Caribe y Centro-américa, fundamentadas en la incorporación de mujeres, consideradas mano de obra más flexible y menos costosa. Con la ampliación de los sectores “modernos” de la economía, las mujeres se incorporaban también al comercio y los servicios al productor, además de mantener su fuerte presencia en los otros servicios, en particular los sociales y personales, incluido el desarrollo del turismo (Colón y Reddock,2004; Colón y Poggio, 2006, 2010; Gómez y Cuervo, 2010).

La incorporación de las mujeres al mercado de empleo se ha visto apoyado por políticas estatales. En Cuba, el empleo de las mujeres se asumía como proyecto de la revolución “desde arriba” y apoyado por la gestión de la Federación de Mujeres Cubanas, con el objetivo de incorporarlas a la producción social y a una sociedad más igualitaria (Núñez Sarmiento, 2006). También las movilizaciones feministas y femeninas en Puerto Rico desde los setenta, y algo más tarde en República Dominicana, promovían legislación, que cuando menos en términos de derechos formales permitiera incorporarlas sin discrimen al mercado laboral (Colón y Reddock,2004).De esta manera, la relación empleo/población para las mujeres de 15 años o mayores en el Caribe Hispano Antillano mantenía un incremento, entre 1990 y 2008, de: 35 a 44% en Cuba, 31a 37% en República Dominicana y 27 a 35% en Puerto Rico (CEPAL,2010b).

El impacto de las reestructuraciones industriales ha sido, en este sentido, mayor en el empleo de los hombres, quienes tenían una actividad económica más elevada. La reducción de la agricultura como principal sector económico, el movimiento a industrias y servicios estereotipados como femeninos, además de industrias de mayor uso de tecnología y menos mano de obra, han reducido en particular el ámbito ocupacional de los hombres, aunque continúan con oportunidades de empleo superiores a las mujeres (Colón y Reddock,2004; Colón y Poggio, 2006, 2010). El empleo de los hombres de 15 años o más, se mantenía estancado o reducido y a niveles inferiores al promedio de América Latina en el 2008 (75,4%), y solo en el caso de la República Dominicana superaba el promedio en el Caribe (65,9%).La situación es particularmente dramática en Puerto Rico, donde los límites del mercado laboral oficial mantenían el empleo en alrededor de la mitad de la población masculina entre 1990 y 2008 (CEPAL,2010b), cifra que con la crisis se reducía a poco más de 40% desde el 2009 (Departamento del Trabajo, PR, 2009,2011). De forma menos acelerada, en República Dominicana el empleo de los hombres se reducía de 76% a 73% y en Cuba de 71 a 68% entre el 1990 y el 2008 (CEPAL, 2010b).

Tomando en cuenta los niveles de escolaridad entre las mujeres en las Antillas Hispanas, no es extraño que aquellas que se encuentran empleadas tiendan a encontrarse ocupadas en puestos que requieren una mayor calificación. Aunque los datos que tuvimos disponibles no nos permiten comparaciones precisas, observamos que en efecto la proporción de las mujeres empleadas en ocupaciones que podríamos identificar como de cuello blanco fue similar o superior a la de la distribución de los hombres empleados en este tipo de puestos. En este sentido, las empleadas constituyen un grupo más seleccionado entre el total de las mujeresen edades productivas, comparado con los hombres, al incluir a aquellas de mayor calificación y más concentradas-en puestos de tipo profesional, técnico o de apoyo administrativo.

Nuevamente se destaca el caso de una estructura ocupacional-industrial más cercana a la de países de capitalismo avanzado y el peso importante de los servicios estatales en Puerto Rico. Alrededor de una décima parte de las mujeres empleadas ocupaban en ese país puestos gerenciales, la misma proporción que en la distribución de los hombres empleados, mientras una cuarta parte ocupaban puestos profesionales y relacionados comparado con poco más de una décima de los hombres. La mayor proporción de las mujeres, cerca de 40% ocupaban puestos de apoyo administrativo, comparado con cerca de una quinta parte entre los hombres empleados (Negociado del Censo de Estados Unidos, PR, 2009; Departamento del Trabajo, PR, 2009). Denotando una estructura ocupacional-industrial menos avanzada en términos de desarrollo tecnológico y servicios profesionales, además de diferencias en la identificación de las ocupaciones, las cifras para las mujeres empleadas en República Dominicana para el 2006 eran de menos de 5% en puestos gerenciales, también similar a la de hombres empleados. Mientras, alrededor de una quinta parte de las mujeres empleadas se ocupaban como profesionales o relacionados, comparado con una décima parte de los hombres empleados, y algo superior a una décima parte de las mujeres en puestos de apoyo administrativo, comparado con menos de 5% entre los hombres empleados (ONE,RD,2011).

Aunque las categorías para Cuba son aún más diferentes, la estructura ocupacional sugiere el peso de sectores de menos desarrollo tecnológico comparado con Puerto Rico, pero también la presencia importante de las mujeres en puestos que requieren mayor calificación y vinculados a los sectores económicos y de servicios profesionales más avanzados. Observamos para 2009 proporciones similares de hombres y mujeres empleadas como dirigentes (8 y 6% respectivamente), y cómo éstas los superaban ampliamente en puestos técnicos (cerca de la mitad de las empleadas comparado con una quinta parte de los empleados) y administrativos (alrededor de 8 vs. 4%) (ONE, 2011b).

Tendencias en la misma dirección en cuanto a la educación y el empleo de las mujeres se acentúan en el Caribe de habla inglesa, donde ha elaborado incluso la tesis de la marginación masculina. No hay duda que el avance educativo y en el empleo de las mujeres podrá promover aún más transformaciones en las relaciones de desigualdad de género. Las estudiosas de este tema en el Caribe, sin embargo, han refutado esta tesis, destacando que la escolaridad y la actividad económica no se han traducido en oportunidades económicas comparables para las mujeres, quienes se encuentran todavía en una situación de inferioridad con relación a los hombres en todos los ámbitos sociales (Barrow, 1999; Mohammed, 1999; Rowley, 2002; Lindsay, 2002). Momsen ha acuñado los términos “paradoja doble” y “patriarcado en ausencia” para describir este patrón en el cual las mujeres pueden lograr una autonomía económica en el hogar comparativamente mayor a la encontrada en otras regiones, pero los hombres mantienen el control del poder y los recursos en las esferas sociales, económicas y políticas más amplias (Momsen, 1993,2002).

En primer lugar, es preciso destacar que, sobre todo en el Caribe Hispano Antillano, el incremento en el empleo de las mujeres ha sido moderado y que estas se encuentran aún en desventaja comparado con los hombres. Los límites al empleo de los modelos industriales y la particular vulnerabilidad a las crisis en nuestros países, han mantenido restringido ese crecimiento, comparado con el resto de la Región latinoamericana, y en particular, la caribeña no hispana, donde existe una trayectoria histórica de autonomía económica femenina (Colón y Reddock,2004). Solo en Cuba la relación empleo/población de las mujeres alcanzaba en 2008 los niveles promedio en América Latina (45,6%), para cuando los otros países tendieron a incrementos más marcados, y se mantenían aún inferiores a las de las Antillas del Caribe y Holandése inglés, que fluctuaban entre 47 y 60% de la población femenina (CEPAL,2010b).

La proporción observada de mujeres ocupadas en puestos de cuello blanco debe tomar en cuenta en este sentido que las empleadas constituyen aún una proporción inferior del total de mujeres que pudieran trabajar de forma remunerada, de manera que los hombres son todavía una mayoría del empleo total y en diversas ocupaciones, incluyendo los puestos de mayor poder en la toma de decisiones. La información disponible nos indica que las mujeres aún representaban menos de la mitad de las personas ocupadas en puestos geren-ciales en Puerto Rico y alrededor de una tercera parte de las personas dirigentes en Cuba, aunque sí mayoría en ocupaciones profesionales y técnicas, como de apoyo administrativo (Negociado del Censo de Estados Unidos, PR, 2009; Departamento del Trabajo, PR, 2009; ONE, 201 la y b). Es notable que, particularmente las empleadas en Cuba han irrumpido hasta representar proporciones importantes en renglones anteriormente identificados como masculinos y centrales al desarrollo del país, incluyendo la ciencia, medicina y la biotecnología, el campo del derecho y la judicatura (ONE, 201 la y b; Núñez Sarmiento, 2010,2011).

Los estudios en Puerto Rico, sin embargo, han indicado que las proporciones elevadas de mujeres en puestos gerenciales y profesionales esconden una segregación al interior de estas ocupaciones, en la cual ellas se encuentran en puestos que tienden a estereotiparse como femeninos y a los que se atribuye un nivel salarial inferior. Se trata de puestos asociados a la administración, como relaciones públicas y recursos humanos, pero no los de mayor poder en la toma de decisiones gerenciales, mientras las profesionales se concentran en los servicios de salud, educación y bienestar social, que vinculados al trabajo del cuidado, reciben menor paga que las profesiones que emplean más hombres. Este tipo de segregación, junto a horarios reducidos e interrupciones en la vida laboral debido a las responsabilidades domésticas, posiblemente inciden en las desigualdades salariales por género en los tres países y que en Puerto Rico, como en la República Dominicana y otros países latinoamericanos, la brecha observada al interior de cada nivel de escolaridad ha tendido a ser más abierta entre las personas en categorías de escolaridad superiores que en las de escolaridad más bajas (Colón y Poggio, 2006,2010; CEPALSTAT.2012; Enchategui,2004; Gómez y Cuervo,2010; Núñez Sarmiento,2010).

Pero es importante destacar quelas transformaciones en la estructura industrial en nuestros países tampoco han protegido a las mujeres ni a los sectores de empleo identificados como femeninos de los procesos de desplazamiento y crisis impuestas por el capitalismo avanzado. En Puerto Rico, los procesos de reorganización y cierre de las empresas, así como la reducción de empleos estatales impuestos como medidas de ajuste fiscal han afectado incluso a mujeres que se encontraban ocupadas en los servicios sociales o profesionales y puestos de apoyo administrativo. El caso de Puerto Rico destaca así cómo ni siquiera las mujeres con más escolaridad se encuentran ajenas a estos procesos inherentes al sistema, que erosionan las condiciones y seguridad incluso de lo que se habían identificado como estratos medios[2].

Para las mujeres de menos escolaridad en Puerto Rico, el movimiento a industrias de mayor desarrollo tecnológico, identificadas como empleo masculino, favoreció el empleo de los hombres, aunque generaban menos puestos de trabajo (Colón y Poggio, 2006,2010). Tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, por su parte, las oportunidades de empleo se reducían con la fuga de industrias de mano de obra intensiva que había contado principalmente con empleo femenino. En Puerto Rico, donde la fuga había comenzado desde los setenta y ochenta, las empresas más grandes daban sus últimos aleteos durante la pasada década, cuando ya menos de 10% de las empleadas se ocupaban como operarías. Las fábricas remanentes incluyen empresas de menor tamaño, con mayores riesgos y vulnera

bilidad, además de aquellas que producen para el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, obligado a adquirir solo bienes elaborados en jurisdicciones norteamericanas(EZ Nuevo Día, 2 de febrero, 2012: 51). En la República Dominicana, donde las maquilas se extendieron particularmente tras los acuerdos comerciales que favorecieron la exportación a los Estados Unidos durante los ochenta y noventa, se repetía a mediados de la pasada década el proceso de fuga vivido antes en Puerto Rico, lo que también reducía a alrededor de 10% la proporción de operarías en el 2006, y de alrededor de una quinta parte de empleadas en la manufactura en el año 2000 a alrededor de 8% en el 2009 (ONE, 2011;CEPALSTAT,2012; Gómez Cuervo, 2010).

Debemos recordar, por otro lado, que niveles de actividad económica más elevados, sin embargo, no implican necesariamente el acceso a mayor bienestar a través del trabajo, el acceso a trabajo decente -aquel trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, donde los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social, en un marco de diálogo social (Ver ensayos en: ILO, 2011). Ante la presión de la destrucción de empleo -sobre todo bajo condiciones de estabilidad e ingresos adecuados-, y de una reducida protección del Estado, encontramos de hecho, el incremento de puestos de trabajo precarios, inestables y con ingresos bajo niveles de pobreza, tanto en la economía llamada formal como la que opera al margen del Estado (Sassen, 1998,2010; Esping-Andersen,2000).

Para compensar la precariedad en el mercado laboral y a la insuficiencia de los servicios estatales, en Puerto Rico florece, de hecho, esta economía al margen de la regulación estatal (Dietz,2003; Rodríguez Roldan, 2012; Nieves Rosa, 2007), sin que se contabilice su monto preciso. La restricción en bienes y servicios subsidiados por el Estado y la insuficiencia de los salarios en el empleo estatal en Cuba también nutrieron el surgimiento del mercado negro junto a trabajos e intercambios fuera del registro estatal y tampoco contabilizados, además del empleo en empresas vinculadas al capital privado, como los servicios en el turismo (Zabala Arguelles, 2009; Núñez Sarmiento, 2010; Toro Morn, Roschelle y Faccio, 2002; Pertierra, 2008). Muchos de estos puestos son en ocupaciones de comercio y/o servicios personales, también tendientes a estereotipos femeninos, pero más intensivos en mano de obra y, en general, más irregulares -trabajo inseguro, temporero, de largas horas o a tiempo parcial-y peor remunerados (Sassen,1998, 2010; Colón y Poggio, 2006,2010; Gómez Cuervo, 2010; Toro Morn, Roschelle y Faccio,2002). Estos servicios incluyen el servicio doméstico pagado y, de maneras complejas y diversas en los tres países, también la prostitución, motivo de preocupación y discusión en cuanto a sus dimensiones de sujeción sexual, que apenas comienza a documentarse en Puerto Rico(Colón y Reddock,2004; Babb,2010; Núñez Sarmiento, 2009).

La ocupación de las mujeres se ve así acompañada de una mayor polarización entre las que ocupan puestos identificados como más calificados y las que responden a la demanda de servicios más intensivos en mano de obra (Colón y Poggio,2006,2010). Alrededor de una quinta parte de las mujeres se empleaban en ocupaciones de servicios en Puerto Rico y en Cuba, a las que habría que añadir en esos países aquellas que trabajan sin ser registradas en la economía oficial, en ventas de bienes al detalle con base en sus domicilios y ofreciendo servicios que incluyen el trabajo doméstico pagado (Negociado del Censo de Estados Unidos, PR, 2009; Departamento del Trabajo, PR, 2009; ONE, 201 Ib). En Puerto Rico la presión para responder a la demanda en estos servicios, en o fuera de la economía formal, podía ser la dificultad de encontrar empleo en otros sectores, sobre todo para las mujeres con menor escolaridad (Nieves Rosa, 2008; Rodríguez Roldan, 2012). En Cuba puede obedecer también a la insuficiencia de ingresos devengados en empleos estatales, que ha promovido el trabajo en los servicios y ventas en otros renglones, como serían el turismo o el mercado informal, aún para personas más calificadas (Zabala Arguelles, 2009; Núñez Sarmiento, 2010; Toro Morn, Roschelle y Faccio, 2002; Pertierra, 2008; Babb, 2010).

El trabajo precario, ante la insuficiencia del empleo con condiciones de estabilidad e ingresos adecuados, aparece más registrado y contabilizado en República Dominicana. La cifra de empleadas en los servicios asciende a casi 30%, a lo que habría que añadir alrededor de una cuarta parte identificadas como trabajo no calificado, cifra superior a la de los hombres en estas clasificaciones (ONE, 2011). Es interesante que, en un patrón contrario a gran parte de la región latinoamericana, en República Dominicana los hombres superaran a las mujeres en el trabajo por cuenta propia y el empleo en sectores de baja productividad. Aún así, el empleo por cuenta propia aumentaba en el país y alcanzaba casi el 30% de las mujeres ocupadas para el 2008, frente a casi la mitad de los hombres. Casi la mitad de las mujeres ocupadas en áreas urbanas en 2009, a su vez, se encontraban ocupadas en sectores de baja productividad, también inferior, pero cercano a poco más de la mitad de los hombres (CEPALSTAT, 2012; Colón y Poggio,2006; Colón y Poggio, 2010; Gómez y Cuervo,2010).

Los hombres, a su vez, se distribuyen en una gama más amplia de ocupaciones, que les ofrece mayores oportunidades de empleo, incluyendo, aún con su descenso, el trabajo agrícola, la construcción y la manufactura. En Cuba, casi la mitad de los hombres se clasificaban como operarios, y si en Puerto Rico menos de 2% de los hombres se ocupaban en la agricultura, cerca de 40% lo hacía en ocupaciones de la construcción y la producción manufacturera o relacionada (Negociado del Censo de Estados Unidos, PR, 2009; Departamento del Trabajo, PR, 2009; ONE, 2011b). En República Dominicana, por su parte, la cifra ascendía a más de la mitad de los hombres en estas ocupaciones, a lo que se añadía alrededor de 15% en los trabajos agrícolas y una quinta parte en trabajos no calificados (ONE, 2011). De hecho, resulta irónico que, en el marco de las limitaciones de empleo, en República Dominicana, como posiblemente en Puerto Rico, las industrias de mano de obra intensiva que se mantienen operando puedan reclutar una proporción creciente de hombres, en un proceso de redefiniciones de género que deja de considerarlas femeninas, aunque manteniendo las condiciones onerosas y los bajos ingresos que las caracterizaba como empleo de mujeres (Freeman, 2000).

Transformaciones truncas: división sexual del trabajo en el hogar y economía del cuidado

Pese a que algunas funciones de la reproducción biológica y social pueden asumirse a través del Estado o del mercado, las mujeres tienen a cargo responsabilidades domésticas que todavía constituyen un eje de desigualdad y sujeción en el ámbito familiar. Son estas definiciones, como responsables del cuidado del hogar, las que restringen su empleo y sus horarios de trabajo, las mueven a trabajos en la economía informal y tienden a segregarías en puestos estereotipados como femeninos, en general con menos poder de decisiones y peor remunerados por el trabajo ofrecido (Colón y Poggio, 2006,2010; Núñez Sarmiento, 2006; Gómez y Cuervo, 2010; Nieves Rosa, 2008; Pertierra, 2008; Toro Morn, Roschelle y Faccio, 2002). La aparente separación entre el mundo familiar y el trabajo asalariado suponen en realidad lo que ha sido la vida de los hombres, personas cuya responsabilidad primordial puede ser el empleo al no tener que asumir otras obligaciones domésticas.

Son obligaciones que permanecen para las mujeres, pese a la reducción en la fecundidad, ante procesos de crianza prolongados y, sin detallarlo en este escrito, el cuidado de una población que envejece como son hoy las de Puerto Rico y Cuba y, aunque menos avanzada, también la de República Dominicana (Gómez Duarte, 2010; UNDP,2010; Colón Warren,2000). Además, son trabajos que se intensifican para satisfacer las necesidades en momentos cuando fallan los ingresos en el mercado y los bienes y servicios estatales para el logro del bienestar familiar. Las exclusiones y crisis tienden por ello a recaer con mayor fuerza sobre las mujeres, al intensificar el trabajo no remunerado en las familias y comunidades, junto a la precariedad de su empleo en los sectores empobrecidos (Jain y Elson, 2010; Chant, 2007).

El trabajo remunerado no ha implicado así para las mujeres una reducción y redistribución de todos los trabajos de cuidado del hogar y familiar al interior del ámbito doméstico. Por el contrario, el empleo ha resultado en una “brecha de ejecución”, aquella proporción de trabajadores/as que debido abarrerás en la estructura económica y/o legal son excluidos/as del disfrute de las políticas de conciliación entre responsabilidades familiares y laborales (Gómez y Cuervo, 2010). Se trata de condiciones de doble jornada, con esfuerzos y gastos de energía redoblados y el empobrecimiento de su tiempo para la reconstitución personal y el desarrollo de sus capacidades, agudizado para las mujeres de menos recursos. El empobrecimiento de tiempo de las empleadas puede resultar también en condiciones de déficit de cuidado en sus familias; déficit que, para las que cuentan con apoyos o más recursos, deben llenar otras mujeres (Gómez y Cuervo, 2010. Ver ensayos en: Montano y Virreira y Calderón Magaña,2010).Entre las que tienen ingresos para costearlo, el déficit ha incrementado la demanda por servicios personales en el mercado, incluido el trabajo doméstico pagado, cuyas condiciones de desprotección, precariedad y pobres ingresos en gran parte de los países, evidencian la desvalorización de la función del cuidado del hogar que ha sido responsabilidad femenina (Gómez y Cuervo, 2010; Montano y Virreira y Calderón Magaña,2010; Mujeres en Marcha, 2011: 3). Si en Cuba y en Puerto Rico el trabajo doméstico pagado tiene una mayor presencia en la economía informal no registrada, en República Dominicana su registro aumentaba del 10 a 14% entre el 2002 y 2009(CEPALSTAT,2012).

En el caso de la República Dominicana, la demanda de empleo en estos servicios no se ha limitado al territorio nacional. Impulsado por la falta de empleo en el país, los flujos migratorios incluyen ya una proporción mayoritaria de mujeres, cuyo envío de remesas ha sido aún más importante para la subsistencia familiar que entre los hombres emigrantes(Feliciano, 2008; Sassen, 1998,2010; Weyland, 2006; Gómez y Cuervo,2010).Las dominicanas han respondido en particular a la demanda de servicios domésticos pagados en Estados Unidos, Europa, pero también de manera importante en Puerto Rico, donde alrededor de 20% se emplean en estas ocupaciones (Negociado del Censo de EE.UU.,2009). En lo que Sassen (1998) ha denominado circuitos de subsistencia y cadenas de trabajo de cuido transnacionales, cuentan para su desplazamiento geográfico y empleo con el apoyo, pagado y no pagado, mayormente de otras mujeres, que asumen en su ausencia las responsabilidades de la crianza y el mantenimiento de sus hogares en República Dominicana. Son cadenas de cuido que no están exentas de conflictos y tensiones sobre todo para aquellas que deben separarse físicamente de sus hijos e hijas, en un proceso de negociación y redefinición de la maternidad que las obliga a priorizar en su rol como proveedoras (Feliciano,2008; Hernández Angueira,1990;Hondagneu-Sotelo y Avila,2006; Weyland, 2006).

Las visiones feministas han destacado, sin embargo, que estos trabajos, pagados o no remunerados, no son exclusivamente servicios privados. Son fundamentales para la reproducción de la ciudadanía y la fuerza laboral, con lo que dan vida a las empresas y a los Estados, además de constituir un medio de ajuste ante la reducción de ingresos y servicios sociales. La equidad de género, como la equidad social, requieren de una mayor responsabilidad social por estas funciones y su redistribución entre hombres y mujeres, no como un apoyo a estas últimas en lo que se entiende son sus obligaciones, sino como derecho al cuidado para ellas y todas las personas que lo requieren. La valoración del cuidado del hogar y familiar supone, además, la protección, los derechos y la remuneración adecuada del trabajo doméstico y los servicios personales pagados (Ver ensayos en: Montano Virreira y Calderón Magaña,2010; Gómez y Cuervo,2010; Colón Warren,2000).

Cuba tiene el historial más extenso de políticas dirigidas a redistribuirlas responsabilidades domésticas. Además de los servicios sociales más unlversalizados, la creación de círculos y guarderías infantiles y la educación preescolar, así como el reconocimiento de que el trabajo de hogar debe ser compartido por la pareja en el Código de Familia de 1975, fueron desde temprano algunos ejemplos de estas políticas (Núñez Sarmiento, 2006,2009).La valoración del trabajo de cuidado, y el principio de equidad en su distribución, se expresaban durante la pasada década al extender a un año la licencia por maternidad, incluyendo la posibilidad de ser intercambiada con los padres, además de un día mensual de licencia retribuida para concurrir al centro pediátrico hasta el primer año de vida del bebé (UNDP, 2010; Núñez Sarmiento, 2006). Así también, este trabajo de cuidado se reconoce incluso económicamente cuando se trata del cuidado de personas con discapacidad; de niñas y niños adolescentes que padecen enfermedades que dificultan su plena inserción, y de ancianos y ancianas solos (Montano Virreira,2010).Datos recientes, sin embargo, señalan una reducción del número de madres que se benefician de los servicios de guarderías, lo que, si bien puede atribuirse al descenso en la fecundidad, no corresponde al incremento de mujeres empleadas en edades reproductivas (ONE, 2011a,b).

La división sexual del trabajo se refuerza a través de profundas raíces culturales, pero también condiciones materiales. El periodo especial establecido a través de la crisis de los 1990s, de hecho, hizo evidente el valor del trabajo en el hogar y su importancia para el bienestar familiar y nacional. La fortaleza y la capacidad de las mujeres demostrada con la intensificación del trabajo en el hogar y la producción de bienes y servicios desde el ámbito doméstico -costura, renta de habitaciones, venta de alimentos, etc.- así como de la reproducción del trabajo doméstico pagado como medio de generar ingresos, han permitido amortiguar la escasez y los altos precios (Núñez Sarmiento, 2006, 2009; Pertierra, 2008; ToroMorn, Roschelle y Faccio, 2002). No dejaban de montarse, sin embargo, sobre pautas culturales que aún resaltan para las mujeres sobre todo su definición como cuidadoras del bienestar familiar, motor para el cumplimiento de sus múltiples trabajos y responsabilidades (Pertierra, 2008).Son pautas que presionan a las mujeres a ausentarse y hasta abandonar sus empleos debido a las funciones de cuidado familiar, y que permanecen aún junto a las redefiniciones en los roles femeninos impulsadas por las transformaciones sociales “desde arriba”, incluso entre mujeres dirigentes y profesionales (Núñez Sarmiento,2006,2010).

Aunque pueda haber cuestionamientos a dicha inequidad, los estudios de uso de tiempo revelan así la marcada desigualdad en la distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres y son pocos los hombres que toman la licencia por paternidad (Núñez Sarmiento, 2006, 2009,2010; Toro Morn, Roschelle y Faccio,2002).Esta división sexual del trabajo puede reforzarse ante la insuficiencia de vivienda que ha sido un problema en la economía cubana, al propiciar la presencia de un número mayor de mujeres en los hogares (Núñez Sarmiento, 2006;Toro Morn, Roschelle y Faccio,2002). Y está presente en la preeminencia del rol materno entre las familias más vulnerables a la pobreza, en particular entre jefas de familia amas de casa, que realzaron entre las dimensiones de su pobreza la dependencia económica, el aislamiento social, la inseguridad y la ausencia de realización personal. Pero, además, entre las jefas de hogar con empleo y una participación social más amplia, quienes destacaban la presión de la doble jornada, aunque también su autonomía y una autoestima elevada (Zabala Arguelles, 2009).

La centralidad que ha tomado en la discusión pública específicamente el trabajo de cuidado en la República Dominicana, dice de la trayectoria de movilización de las mujeres en ese país, aunque Gómez y Cuervo (2010) indican que la conciliación trabajo-familia no ha sido tema prioritario del movimiento feminista ni de las ONG que inciden en el área de género o de defensa de los derechos económicos y sociales. Como parte de estas discusiones y políticas, por ejemplo, se realizó el informe “Ambos a dos: proveer y cuidar. El desafío pendiente en una sociedad en evolución”.dirigido a evaluar el estado de situación de las políticas estatales, y las visiones y prácticas por parte de empresas, sindicatos y organizaciones en torno a este tema (Gómez y Cuervo, 2010). Como expresiones importantes, la Constitución recién aprobada en 2010 reconoce el valor económico y social del trabajo doméstico, las licencias por maternidad se extienden por un periodo de 12 semanas, a lo que se añade medio día mensual para llevar a atención médica a infantes durante su primer año. Además, el Seguro Familiar de Salud dispone la creación de Estancias infantiles para atender a los/as hijos/as de las personas trabajadoras (Montano Virreira, 2010; Gómez y Cuervo,2010).

El reconocimiento del valor del trabajo de cuidado del hogar, por su parte, se extiende a la protección de las trabajadoras domésticas pagadas en la revisión de la normativa laboral nacional para eliminar las disposiciones discriminatorias contra ellas, sobre todo en materia salarial(Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, 2010). La extensión de las licencias por maternidad, sin embargo, es inferior a las 14 semanas que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto como parámetro para la conciliación de la vida laboral y familiar, y se disponen solo dos días de licencia por paternidad (OIT,2011; Gómez y Cuervo, 2010). Así también, los servicios de guardería, como otros servicios sociales, se han descrito como todavía insuficientes y de calidad deficiente o heterogénea (Gómez y Cuervo, 2010). La educación inicial rondaba entre 35 y 40%, aunque la proporción de niños y niñas de 3 a 5 años en educación preescolar, cercana a dos terceras partes aún entre indigentes, es relativamente elevada comparado con otros países latinoamericanos menos industrializados (Gómez y Cuervo, 2010; CEPAL,2010a).La división sexual del trabajo doméstico permanece poco cuestionada, debido a patrones culturales que incluyen la costumbre de disponer del servicio doméstico remunerado y la tradición del apoyo de mujeres familiares en el trabajo de cuidado. Este se intensifica ante la insuficiencia de servicios sociales y de apoyos familiares y las condiciones de vivienda inadecuada que acompañan las crisis y la precariedad económica (Gómez Cuervo, 2010).

Dice, por otro lado, del sesgo neoliberal acentuado en el pasado cuatrienio en Puerto Rico, que el reconocimiento del trabajo doméstico no se haya planteado como política pública de manera más abarcadora. El asunto del trabajo en el hogar, que ha sido parte de la agenda de las organizaciones feministas desde su segunda oleada en los setenta, fue retomado entre 1999 y 2002 por mujeres de diversos sectores y la entonces recién creada Procuraduría de las Mujeres, quienes impulsaron medidas importantes. Por su expresión en términos de política pública podemos destacar, sobre todo, la enmienda a la Ley de Personal de Servicio Público en cuanto a sus disposiciones de licencias, que incorpora de forma explícita en su Exposición de Motivos el reconocimiento al mantenimiento familiar como una función social, que debe compartirse entre hombres y mujeres y recibir el apoyo de todas las instituciones sociales. Entre sus disposiciones, esta ley flexibiliza la licencia de enfermedad para permitir utilizar hasta cinco días en situaciones de enfermedad de hijos o hijas, atención a personas de edad avanzada o impedidas, o comparecencias a procesos legales en casos de pensiones alimentarias, además de violencia doméstica, hostigamiento sexual en el empleo o discrimen por razón de género. Extiende, además, la licencia por maternidad a doce semanas con paga, y establece la licencia por paternidad por un término de cinco días. Durante el mismo periodo se aprobó, además, una ley para establecer centros de cuidado diurno preescolar en las agencias gubernamentales (Colón Warren, 2003b).

Las leyes ya aprobadas tendrían que extenderse al sector privado y a renglones gubernamentales excluidos, como las corporaciones públicas. Más allá, se debe considerar ampliar la licencia por maternidad a por lo menos las 14 semanas ya establecidas por la OIT, además de reconocer derechos y beneficios.en la actualidad no reconocidos a trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados. Los servicios de cuidado y desarrollo del niño ofrecidos por el Departamento de la Familia para la población de menos recursos y empleados estatales, por su parte, parecen insuficientes (Colón Warren, 2000) y solo alrededor de una tercera parte de la niñez menor de tres años recibe educación preescolar, cifra que ronda el 40% para la población sobre niveles de pobreza (Negociado del Censo de EE.UU., 2009).

La baja prioridad a este tema, de hecho, puede evidenciarse en que ni siquiera se ha logrado la implantación de cambios en las encuestas del Departamento del Trabajo para contabilizar el tiempo dedicado al trabajo del hogar. Estudios con muestras más limitadas indican que, aunque los hombres pueden mostrar algún movimiento en su realización, las mujeres permanecen con la mayor carga de este trabajo. El mismo se intensifica como respuesta a la falta de empleo, no solo como medio de “estirar el peso”, sino por pautas culturales que presionan a las mujeres a dedicarse a estas tareas, sobre todo si no se encuentran empleadas. Se trata así de un amortiguador de la crisis (Safa,1995; Colón et al, 2008).

Relaciones de género y estructuras familiares

Las transformaciones truncas en las relaciones de género y la división sexual del trabajo inciden en la conformación de las estructuras familiares y su capacidad para propiciar el bienestar y la equidad entre sus integrantes. Aunque moderada, la actividad laboral de las mujeres se ha visto promovida no solo por la demanda en renglones socialmente estereotipados como femeninos, sino como compensación ante la insuficiencia de empleo masculino. Se ha constituido en un “mito” -una proporción cada vez menor— la familia en que el hombre es el único proveedor y han aumentado las familias en que se encuentran empleados ambos cónyuges, además de aquellas en que son las mujeres las principales responsables de los ingresos del hogar (Safa, 1995).

Los avances en la educación y el empleo de las mujeres, e incluso la posibilidad de recurrir a servicios públicos como apoyos a la subsistencia independiente, han redefinido el rol femenino para incorporar la expectativa de su aportación económica no solo entre las mujeres, sino entre los hombres. El desafío al rol de los hombres como proveedores ha supuesto cuestionamientos al poder y los privilegios que ello acarreaba y elementos de mayor autonomía para ellas en cuanto a dimensiones como la fecundidad, la distribución del presupuesto, la representación familiar o la movilidad fuera del hogar (Safa, 1995).

El incremento en autonomía económica de las mujeres y las redefiniciones en las relaciones de género puede incidir en el reconocimiento de proporciones cada vez más elevadas de jefatura de hogar femenina, incluso entre mujeres casadas. Si bien no contamos para este artículo con las cifras de las jefas de familia por estado marital para otros países de la Región, es importante destacar, sin embargo, que las Antillas Hispanas participan de un patrón caribeño en el cual una proporción importante de las mujeres identificadas como jefas de familia sí viven en pareja, en nuestros países unidas o casadas (Cata-sús Cervera y Franco Suárez, 2008).Es notable que en Puerto Rico las casadas representaban alrededor de una cuarta parte del total de jefas, y las casadas o unidas alrededor de 40% en República Dominicana y Cuba (Colón Warren, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008). Aun cuando algunas de estas mujeres puedan encontrarse en relaciones de jefatura compartida, denota el reconocimiento a su aportación y poder de tomar decisiones en el hogar y las renegociaciones en el rol de proveedor que han ocurrido con su mayor autonomía económica (Colón Warren, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008).

Safa (1974), no obstante, documentó temprano en Puerto Rico que el movimiento a relaciones más democráticas ocurre sobre todo entre parejas en que ambos cónyuges se encuentran con empleo, lo que ocurre con más frecuencia en estratos socioeconómicos y niveles de escolaridad más elevados. La misma autora ha documentado que una de las consecuencias no anticipadas de la globalización ha sido que, cuando ocurre paralelo al descenso y la inestabilidad en el empleo de los hombres, estos desafíos a las definiciones de género establecidas pueden no resultar en relaciones más democráticas y renegociaciones en el rol de proveedor entre las parejas, sino, por el contrario, en una mayor responsabilidad de trabajo -el doméstico y el remunerado- para las mujeres, así como, si no necesariamente de forma directa, en situaciones de conflicto y de resistencia al matrimonio que han conllevado el incremento en mujeres jefas de hogar sin pareja (Safa, 1999, 2005, 2006).

Quizás la expresión más cruda de ese conflicto sea la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, cada vez más evidente a través del Caribe y América Latina. Violencia identificada por los movimientos feministas como mecanismo de control por parte de los hombres sobre las mujeres, la cual puede exacerbarse precisamente cuando no son capaces de ejercerlo por otros medios, como el poder económico. El silencio impuesto por una cultura que todavía tiende a justificarla dificulta su documentación, pero su elevada prevalencia se ha reconocido como problema social en Puerto Rico y República Dominicana con leyes dirigidas a prevenirla y erradicarla(Cáceres Ureña y Estévez Then, 2004; Valle Ferrer, 2011). Aunque no hemos identificado cifras disponibles en el caso de Cuba, el problema también es motivo de discusión y se han desarrollado programas para abordarlo (CEPAL, Cuba, 2011).

Otras manifestaciones del conflicto, sin embargo, son las elevadas tasas de divorcio y separación, como de personas y en particular, madres no casadas. La migración de hombres y mujeres, el abandono por parte de hombres que no se sienten capaces o dispuestos a asumir la responsabilidad de una familia, así como la resistencia de mujeres a aceptar las formas más abiertas de autoridad y privilegio masculino, resultan en la ruptura de relaciones conyugales y uniones consensúales, o incluso a ni siquiera involucrarse en este tipo de convivencia. A ello se añade la viudez de mujeres en una población que envejece, para incrementar la población de jefas de hogar y familia sin pareja (Catasús Cervera y Franco Suárez,2008; Colón Warren,2010; Gómez Cuervo, 2010; Safa, 1999, 2005, 2006). La definición de la jefatura de hogar puede responder a pautas culturales que tienden a atribuirla a los hombres si estos se encuentran presentes, además de reproducir concepciones jerárquicas en las relaciones que pueden no responder a la toma de decisiones compartida por las mujeres en diversas dimensiones familiares.

Sin adentrarnos aquí en esa discusión, no obstante, se ha observado un incremento en jefatura femenina a nivel mundial, incluyendo la región latinoamericana, donde representan en promedio alrededor de 20 a 30% de los hogares urbanos en el 2008 (CEPAL,2010b;ONE,RD,2007; Catasús Cerveray Franco Suárez, 2008). El incremento y la prevalencia de jefatura de hogar femenina es aún superior en las Antillas. En Cuba y Puerto Rico se ha calculado que un 40% de las personas jefas de hogar son eran mujeres para 2002 y 2005-2007, respectivamente; mientras que en República Dominicana la cifra era de un 35% para principios de esa década (Colón Warren, 2010; Za-bala Arguelles, 2010; Gómez Cuervo, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008).

A partir de las tendencias señaladas, se observa quela mayor proporción de las jefas, lo son precisamente por encontrarse sin pareja. La adscripción de la responsabilidad de las mujeres por el trabajo y el cuidado maternal y familiar hace que, mientras los hombres quedan solos o vuelven a su familia de origen, sean ellas quienes asuman la jefatura del hogar al quedar sin pareja. Entre las jefas, una cuarta parte en Puerto Rico, y alrededor de una quinta parte en República Dominicana y Cuba eran viudas, relacionado al incremento en la expectativa de vida mayor de las mujeres, y a que éstas son menos propensas a nuevos matrimonios que los viudos. Es cada vez más importante, sin embargo, la tendencia al conflicto marital y la resistencia al matrimonio que se manifiesta en la proporción de jefas divorciadas y separadas y, en menor medida, nunca casadas. En datos de la década pasada, en Puerto Rico una tercera parte de las jefas eran divorciadas o separadas, una cuarta parte en Cuba y en República Dominicana (Colón Warren, 2003, 2010; Gómez y Cuervo, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008; ONE, 2007).

En el caso de las poblaciones afro-caribeñas no hispanas, la jefatura de hogar femenina se ha vinculado también a la trayectoria cultural e histórica de un patrón familiaren que los lazos consanguíneos centrados en las mujeres les ofrecen apoyo material y de servicios. Estos lazos toman prioridad sobre los vínculos conyugales, aunque los hombres puedan contribuir como parejas, así como hijos o hermanos. En este patrón de hogares centrados en las mujeres, denominado matrifocal, la procreación y la crianza no se vinculan tanto al matrimonio legal, y son comunes las uniones consensúales y de visita, las cuales pueden ser más propensas a la ruptura, además de los hogares con jefatura femenina. El matrimonio o la convivencia, de hecho puede considerarse una responsabilidad mayor que la maternidad, y una restricción a la autonomía de las mujeres, comparado con las uniones de visita y los hogares centrados en las mujeres (ve-rensayos en:Momsen, 1993; Brereton, 1999; Barrow, 1999; Mohammed, 1999; Rowley, 2002).

A través de la historia de estas poblaciones se ha observado una proporción elevada de jefas de hogar -que ronda en muchos países entre 30 a 40% o superior (ONE, 2007)-, a través de todos los estratos socioeconómicos, aunque sea más frecuente en los de menos recursos (Barrow, 1999; Rowley,2002). Safa (1999, 2005, 2006) ha analizado así como en el Caribe la jefatura de hogar femenina no es una patología, sino una forma alternativa de organización familiar, en el contexto de relaciones maritales más inestables, sobre todo ante condiciones de conflicto producto de la desigualdad de género, así como de la precariedad económica, que reduce las posibilidades de los hombres de mantener sus familias y hacen menos aceptables su autoridad para las mujeres.

En las Antillas y el resto del Caribe Hispano, una historia de hogares patriarcales tradicionales y de menor autonomía femenina refuerza el vínculo conyugal, aunque no sea legal, y parece menos iden-tiíicable un patrón de posponer el matrimonio y mantener relaciones de visita como el identificado en las estructuras familiares en el Caribe inglés. Aún así, las Antillas Hispanas muestran proporciones ya cercanas y elementos de convergenciacon el patrón de jefatura de hogar femenina característico del Caribe no hispano (Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008; Colón Warren, 2010; Duarte y Tejada Hoguín, 1995). En Cuba y República Dominicana la jefatura femenina se refuerza por proporciones elevadas de matrimonios consensúales (aunque no estrictamente comparables,42% de las parejas en el primer caso, sobre una tercera parte de las personas en el segundo) (Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008; CESDEM,2007;Gómez Cuervo,2010). Lapreva-lencia de este tipo de unión no aparece tan frecuente en Puerto Rico, aunque es preciso destacar que más de la mitad de los nacimientos en la Isla ocurren entre parejas no casadas, sobre el 40% entre parejas que conviven -algo que amerita mayor investigación (Departamento de Salud, PR.2008).

En las Antillas hispanas participamos de elementos del patrón matrifocal, aunque no de manera tan generalizada y evidente como en el Caribe inglés. Este se ha documentado en Cuba y en República Dominicana, donde prevalece una mayor proporción de familias extendidas y compuestas, entre las cuales el apoyo mutuo facilita el empleo de las mujeres, además de compartir ingresos y responsabilidades domésticas (Safa, 1995, 1998, 1999, 2005, 2006; Duarte y Tejada Hoguín, 1995; ZabalaArgüelles,2009; Pertierra,2008). En Puerto Rico también estudios antropológicos pasados han documentado la centralidad de las mujeres como ejes de los núcleos y redes familiares y encontramos que aún en épocas recientes el apoyo de la familia extendida permite el empleo de las mujeres y responder a momentos de crisis y falta de empleo (Colón Warren,2003a; Colón et al, 2008).Sin embargo, la modernización, la urbanización y la migración, así como políticas sociales que han favorecido como modelo a la familia nuclear y la vivienda independiente, han resultado en la fragmentación de familias y hogares -en pareja, monoparentales o unipersonales-, y en la relajación de los lazos con las familias extendidas que pueden ofrecer apoyo en otros lugares, incluyendo Cuba y República Dominicana (Colón Warren, 2003a; Colón et al, 2008; Safa 1995, 1999, 2005, 2006).

En este sentido, el caso de Puerto Rico puede ser uno en que, según ha sugerido Smith (2004) la jefatura de familia femenina aparezca menos como un ajuste enmarcado en patrones de apoyo familiar, como los identificados en los patrones caribeños, sino en el contexto de una ideología liberal de derechos individuales, en la cual se promueve y espera la subsistencia y vivienda independiente. Ante estas visiones liberales, irónicamente, se ha establecido el valor y el supuesto de la existencia de la independencia e igualdad femenina, aunque en la práctica las mujeres, y más las jefas de familia, quedan más solas y con menos respaldos y apoyos ante su situación de desigualdad real en los ámbitos sociales y económicos fuera del hogar.

Los impactos de la crisis y la pobreza pasan por las relaciones de género y las estructuras de los hogares, y en particular el acceso de las mujeres al manejo de recursos. Es preciso considerar en este aspecto que si bien las jefas de familia han tendido a niveles de empleo superiores a las parejas de jefes, su actividad económica es aún inferior a la de los hombres (Colón Warren, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008). Y si el nivel de empleo de las jefas en República Dominicana es superior al de las jefas cubanas y en particular las puertorriqueñas, es preciso recordar la elevada proporción de dominicanas ocupadas en trabajos de baja productividad. Las mayores responsabilidades familiares y la propensión a tener menos recursos y fuentes de ingreso hacen a las mujeres y, en particular a las jefas de familia, más vulnerables a la pobreza, según se ha evidenciado en diferentes países caribeños (Colón Warren, 2006; Barrow, 1996; Bolles, 1985).

No podemos, sin embargo, establecer el vínculo entre jefatura femenina y la pobreza sin cualificaciones. La pobreza de las jefas de familia debe vincularse no a la estructura de familia sino a las condiciones de desigualdad en que se encuentran como mujeres. La pobreza de las jefas de familia debe vincularse no a la estructura de familia sino a las condiciones de desigualdad económica en nuestras sociedades y en particular las desigualdades de género en que se encuentran las mujeres. El acceso a mayores recursos e ingresos independientes, o a mayores apoyos familiares, puede facilitar asumir la jefatura familiar a algunas mujeres, y hasta brindarles elementos de mayor autonomía en el manejo de recursos, aunque sea con más estrechez económica que los hombres.

En primer lugar, no todas las jefas de familia son pobres en términos de ingresos. La jefatura de familia entre las familias no pobres ha aumentado a través de la región latinoamericana, pese a que esta sea más frecuente entre las familias pobres y en particular las indigentes (CEPAL, 2010b).Estudios en Puerto Rico y Cuba indican que la educación y el empleo pueden reducir las probabilidades de pobreza entre las jefas de familia, aunque estas sean superiores a las de los hombres ante la desigualdad en el mercado y responsabilidades familiares (Colón Warren,2010; Zabala Argüelles,2009). En este sentido, podemos destacar el mayor nivel de escolaridad de las jefas de familia en Puerto Rico y Cuba, comparado con la República Dominicana. Más de 40% de las jefas puertorriqueñas superaban el nivel de 12 años de escuela superior, y, aunque no estrictamente comparable, en Cuba casi 4 de cada 10 jefas (38,6%) superaban el nivel medio inferior de instrucción, mientras esta proporción para Dominicana es de 17% (Colón Warren, 2010; Catasús Cervera y Franco Suárez, 2008).Mujeres jefas cubanas que se desempeñaban como profesionales o técnicas de nivel superior no identificaban serias dificultades para el sostenimiento del hogar y la atención de sus hijos (Zabala Arguelles, 2009). El acceso a mayores ingresos independientes, de hecho, puede facilitar asumir la jefatura familiar, aunque sea con más estrechez que los hombres.

Más asociar la pobreza de las mujeres solo con su jefatura de familia oscurece, por otro lado, la situación de aquellas que viven sin recursos junto a parejas también pobres, o que no comparten con ellas sus ingresos. Chant (2007) ha argumentado en ese aspecto que la pobreza es un proceso multidimensional que no puede medirse solo en términos de la falta de ingresos, sino que debe incluir aspectos sociales y personales como el sentido de capacidad, poder de decisión y autonomía personal. Las jefas de familia pueden no encontrarse en situaciones de peor calidad de vida, sobre todo en cuanto logren más autonomía personal y poder sobre el uso de sus recursos disponibles y utilizarlos de manera más eficaz, al no tener que compartirlos con una pareja capaz de restringirles su acceso. Las investigaciones apuntan en esa dirección, (Safa, 1995; Colón et aZ.,2008; Núñez Sarmiento, 2006; Zabala Arguelles, 2009; Duarte y Tejada Holguín, 1995; ONE,RD,2007) aunque se precisa más investigación y análisis para determinar las condiciones bajo las cuales, y en qué dimensiones, en efecto las jefas de familia puedan ganar en autonomía (Mohammed, 1999).

Por otro lado, aún cuando acepta la posibilidad de mayor autonomía entre las mujeres que acceden a vivienda independiente, Safa (1999, 2005, 2006) ha hecho énfasis también en la posibilidad de recursos y activos que pueden ofrecerse a las jefas de familia cuando se insertan en redes familiares y comunitarias que contribuyen a aminorar sus limitaciones económicas. Se ha documentado que las familias extendidas y los llamados patrones de matrifocalidad, observadas con más frecuencia en República Dominicana y Cuba que en Puerto Rico, en efecto proveen apoyo material y social a las mujeres que pueden reducir entre las jefas el impacto de la pobreza. Estudios en República Dominicana, de hecho, han sostenido que las familias con jefa mujer no se encuentran en las peores condiciones de privación en términos de bienes del hogar, calidad de materiales, enseres básicos o entorno; mejoría atribuida a vínculos matrifocales, cuando convivían con sub-jefas que aportaban al ingreso familiar, o a la mayor preocupación y eficiencia en el manejo de los recursos del hogar (Duarte y Tejada Holguín, 1995; ONE, 2007).

Toca, aún así, mayormente a las mujeres el peso de aminorar con su trabajo las condiciones de pobreza, acentuadas ante la insuficiencia de ingresos. La propia Chant (2007) reconoce que si las familias con jefa mujer pueden sobreponerse a las condiciones de pobreza de ingresos, es en buena medida a costa de mayores insumos de trabajo pagado y no pagado, tiempo y esfuerzo de las propias mujeres. La autora acuña el término de “feminización de las responsabilidades y obligaciones” para subrayar que si bien la pobreza de ingresos puede no aumentar, en algunos casos, para las mujeres y jefas de familia, sí han incrementado sus esfuerzos para lidiar con las condiciones de precariedad económica, en particular cuando no les es posible negociar un mayor insumo de trabajo pagado o no pagado por parte de los hombres. Las familias con jefa mujer se encuentran aún más expuestas a estas presiones y privaciones cuando éstas se acentúan por la falta de ingresos.

Aún más, no podemos olvidar que, cuando menos en términos de pobreza de ingresos, incluso los datos en República Dominicana indican un aumento en las tasas de pobreza entre 2002 y 2007 hasta superar la mitad de los hogares con jefa mujer (CEPALSTAT,2012). Sobre todo, es preciso recordar que no todas las jefas de familia se encuentran inmersas en redes de apoyo que les permiten mayores recursos familiares, lo que las hace más vulnerables a esa pobreza de ingresos (Momsem, 1993; Barrow, 1996; Bolles, 1985; Lindsay, 2002; Mohammed, 1999). La situación es evidente en Puerto Rico, pero se observa también en la República Dominicana, donde la proporción de jefas en familias compuestas o extendidas se redujo de 47% a 40% entre el 2002 y el 2008 (CEPALSTAT,2012). Incluso en Cuba, según indicamos antes, fueron familias con jefa mujer menos inmersas en redes sociales más amplias las que se identificaron como más vulnerables a la pobreza (Zabala Arguelles, 2009).

Como hemos sugerido para el caso de Puerto Rico, la propia estrechez económica puede conducir a un mayor enclaustramiento entre familias que sienten que no tienen los recursos para compartir (Colón et al, 2008; Roschelle, 1997). La actividad económica de alguna de las personas integrantes de la familia, si no de quien la encabeza, frenada por las estructuras y las crisis de la economía neoliberal globalizada, se ha identificado como importante en el acceso a esos recursos y a alternativas para lidiar con la pobreza (González de la Rocha, 2001; Za-bala Arguelles, 2009; Colón Warren, 2010). Al decir de González de la Rocha (2001), la globalización neoliberal y sus crisis nos confrontan con el paso de “los recursos de la pobreza a la pobreza de recursos”.

Conclusiones

Sin adentrarnos en críticas más profundas a la organización económico-social imperante, identificamos la falta de empleo, el empleo inadecuado y los bajos salarios, junto a la restricción en servicios sociales, como estructuras que inciden en las crisis recurrentes de la economía neoliberal globalizada; estructuras y crisis que han volcado en las familias y en las mujeres la necesidad de compensar por los fallos del mercado y el Estado en el logro del bienestar. Las mujeres en el Caribe Hispano Antillano han sufrido de maneras diversas el mayor impacto de las crisis. Si éstas no resultaron en un descenso de su empleo superior al de los hombres, es preciso recordar que su actividad económica es todavía inferior al de ellos y que no han estado exentas de las tendencias al desplazamiento laboral. En Puerto Rico se veían desempleadas incluso en renglones de mayor calificación además de, como en República Dominicana, debido a la fuga de industrias de mano de obra intensiva. La falta de empleo adecuado ha presionado al incremento de la ocupación en renglones más desprotegidos incluyendo el trabajo doméstico pagado, documentado en República Dominicana, fuera del registro oficial en Puerto Rico y Cuba. Para las mujeres ha implicado, además, la intensificación del trabajo doméstico no remunerado, acentuada ante servicios sociales insuficientes.

Las familias extendidas y las renegociaciones en el rol de proveedor entre jefas casadas o unidas, más evidentes en República Dominicana y Cuba, pueden ser amortiguadores de las crisis. Como se evidencia sobre todo en Puerto Rico, sin embargo, las propias condiciones de falta de empleo y estrechez económica pueden ser el contexto para conflictos en las relaciones de pareja y fragmentación de redes de parentesco y comunitarias que minen la capacidad de las familias de promover el bienestar e intensifiquen el trabajo y el esfuerzo de mujeres que deben asumir las responsabilidades del hogar cada vez con menos apoyos. Las presiones económicas para mujeres de menos recursos y apoyos, pueden incluso reproducir su dependencia y minar su resistencia a relaciones insatisfactorias, la sujeción y la violencia.

Las transformaciones truncas en la desigualdad de género y la división sexual del trabajo contribuyen así a las estructuras de las crisis. Con la falta de empleo y el subempleo de las mujeres se acrecienta la subutilización de la fuerza laboral, en su caso una mano de obra más calificada que la de los hombres, situación particularmente marcada en Puerto Rico. La desigualdad en ingresos en los empleos femeninos, y sus trabajos de baja remuneración o no remunerados, presionan a la baja los niveles salariales generales al permitir la sobrevivencia con productos y servicios menos costosos. La oferta de los productos y servicios en el ámbito familiar los mantiene sin remuneración y reconocimiento económico, restringiendo su oferta y su valoración como renglones de trabajo necesario y de empleo, además de la equidad en la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Todo lo cual, si amortigua la vulnerabilidad en la sobrevivencia familiar y personal, reproduce la falta de empleo, la baja en ingresos y la desigualdad que se encuentran en las raíces de las crisis.

La educación y calificación de las mujeres resulta importante en el acceso al empleo y sobre todo empleo adecuado, según indica la situación de las dominicanas, con niveles de escolaridad más bajos y proporciones más elevadas en trabajos no calificados. La situación de las puertorriqueñas, no obstante, sugiere que la educación no es suficiente ante las tendencias de reorganización del trabajo y reducción de empleo promovidas por el propio sistema. La salida a la crisis requiere políticas dirigidas a la calificación de la población, pero además específicamente a la creación de empleos actividades reconocidas con ingresos, que aprovechen esa capacitación y reduzcan el trabajo precario en y fuera de la economía formal. Desde su proyecto socialista, Cuba también se enfrenta al desafío de ampliar el acceso a bienes y servicios y promover trabajos y actividades que permitan obtener ingresos suficientes para la satisfacción de necesidades, de manera que limiten la necesidad del mercado negro y el trabajo informal, y el refuerzo para las mujeres del trabajo domésticopagado y no pagado.

Superar la división sexual del trabajo del hogar es condición básica para promover la equidad de género en el mercado de empleo y en general en la sociedad. En Cuba, aparecen en este sentido las condiciones estructurales -legales y de medidas estatales- más favorecedoras para el reconocimiento del trabajo del cuidado y el apoyo por parte de las instituciones sociales. En República Dominicana, por su parte, el asunto ha tomado centralidad en la discusión pública, mientras en Puerto Rico, junto al sesgo neoliberal del régimen, se redujo durante el pasado cuatrienio la incidencia del movimiento de mujeres en el Estado y el cuidado se refuerza como responsabilidad privada. Más allá de las políticas y medidas institucionales, no obstante, incluso el caso de Cuba indica la fuerza de pautas culturales que refuerzan la definición doméstica de las mujeres aún cuando su inserción económica y movilización social han promovido su autonomía y participación más amplia en otras dimensiones. Las condiciones de crisis y estrechez económica propenden a reforzar esos patrones.

La equidad en la división sexual del trabajo y el empleo adecuado de las mujeres, de hecho, puede ser catalizador del crecimiento económico. La educación y el empleo con condiciones adecuadas se presentan, no solo como medios de autonomía personal para las mujeres, sino como medios para reducir las brechas de productividad y salariales, además de aminorar la vulnerabilidad económica de las familias en que ellas son jefas, así como de aquellas en que añaden su ingreso al de los hombres en familias en pareja. Promover que los trabajos en el ámbito doméstico se realicen fuera del ámbito familiar no solo abre espacios para la actividad económica de las mujeres, sino que puede ampliar renglones de empleo en servicios sociales y personales, que pueden vincularse al crecimiento conforme se rompa con su segregación de género y se remuneren adecuadamente. Promover el espacio para que mujeres y hombres redistribuyan los trabajos domésticos y logren conciliar sus responsabilidades laborales y familiares, por su parte, puede incluir reducciones de jornada que acompañen redistribuciones de los empleos disponibles entre una proporción mayor de la fuerza laboral (Esping-Andersen, 2000). Más allá, se trata de repensar los modelos de desarrollo dominantes para impulsar estructuras sociales y económicas de mayor equidad social y de género, en las cuales se redistribuya y reduzca el trabajo socialmente necesario, se asegure el bienestar para todos los sectores de la población y se promueva la participación democrática en el acceso a la riqueza y las decisiones económicas y sociales. Esta equidad en la distribución de recursos, actividades, trabajos, seguridad y bienestar, son condiciones que no solo aminorarán las crisis económicas, sino que facilitarán el compartir en relaciones de pareja, familiares y sociales más satisfactorias y solidarias.

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Ver: Boletín de la Organización Puertorriqueña de la Mujer TrabajadoraMw/eras en Marcha, Vol. XXDÍ: 4, octubre, 2010.↵

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Migración caribeña

Una mirada a los movimientos desde, entre y hacia la región

Gloria Amézquita[1]

A modo de introducción. Contexto migratorio caribeño

La Región del Caribe, entendida como se define en la parte introductoria de este libro, es una zona de continuo movimiento de personas desde, entre y hacia la Región. El proceso migratorio tiene, como en casi todo el mundo, raíces históricas profundas: remontándose a la llegada de esclavos a la Región desde la época colonial. Entre los siglos XVII y XVIII la llegada de esclavos representan los principales y más numerosos movimientos migratorios en la zona. En el siglo XIX el fenómeno migratorio se caracterizó por la salida de personas a las metrópolis, luego de la Independencia de algunas islas (Rodríguez, 2011).

En sentido general, las situaciones políticas y económicas atadas a la historia de las diferentes islas constituyen las causas básicas de la migración caribeña, tanto hacia como desde la Región (CEPAL, 2011). El proceso, en sus diferentes vías, se ha venido diversificando

y aumentando desde finales del siglo XX. La migración caribeña, actualmente, se caracteriza por:

- desplazamientos entre países, que en algunos casos representan proporciones importantes de las poblaciones nacionales;

- la existencia de una intensa movilidad circular, que implica el retorno en etapas a los países de origen, con la combinación de elementos de emigración, recepción y tránsito (Rodríguez, 2011).

Este último elemento resaltado por Rodríguez parte de los postulados de Elizabeth Thomas-Hope, que establece que la migración caribeña es de tres tipos, a saber: 1) residentes de estadía larga (trabajo, estudio o acompañamiento); 2) residencia de estadía corta (planes de contrato de trabajo y de trabajador invitado); y 3) migración de retorno. Para el estudio de este tercer tipo, Thomas-Hope se centra principalmente en el Caribe anglo y francófono, partiendo de la población que emigró hacia Reino Unido a inicios del siglo XX y que ha retornado a sus países de origen.

A pesar de las características descritas por Rodríguez y Thomas-Hope en torno a la migración en el Caribe, no se puede hablar de que las mismas son comunes como región. El análisis de este y otros tantos temas se han realizado de manera separada, encontrando entre los documentos vacíos importantes en el análisis de la situación migratoria como Región caribeña. Como bien se resalta en la parte de este libro sobre ¿De qué Caribe habíamos?, aplicable para este tema y muchos otros “no nos ha separado el odio, sino el insuficiente conocimiento mutuo”.

Este artículo busca un acercamiento a la realidad migratoria caribeña que permita tener un panorama sobre las migraciones en esta Región. Se pretende que este artículo sea una primera descripción del fenómeno, que encamine a una profundización desde la visión regional.

En este artículo se analiza la migración desde, entre y hacia la Región. Los datos nos muestran los principales grupos y rutas del proceso migratorio, algunas características históricas de estos movimientos y la situación actual de los mismos. Dentro de este acápite, se resaltan algunos indicadores sociales que permiten entender mejor las causas, el proceso y las consecuencias del fenómeno migratorio.

En otro orden, se analiza de manera específica la situación migratoria haitiana hacia República Dominicana. Se considera que la dinámica migratoria entre estos dos países es particular, en comparación con los otros movimientos en la Región, ya que es la única isla que tiene dos países y el proceso migratorio se da en su mayoría por medio de frontera terrestre. Asimismo, es el principal movimiento, en cuanto a volumen, de migración interregional.

Una vez analizada la situación migratoria general, y teniendo en cuenta algunas características generales de los países, se analiza de manera sucinta el peso que tienen las remesas en las economías de los países caribeños, relacionándolos con su volumen migratorio y los indicadores sociales colocados en la primera parte. Por último, se listan y describen a grandes rasgos los acuerdos en materia migratoria ya establecidos entre los países, que nos pueden dar pistas de posibles caminos de colaboración y solidaridad caribeña.

Migración desde, entre y hacia el Caribe

Migración desde la región Caribe
La Región caribeña ha sido históricamente una zona de acogida, expulsión y tránsito de migrantes. En las décadas del cincuenta y el sesenta, la migración fuera de la Región estuvo dominada por movimientos hacia el Reino Unido y los Países Bajos. A partir de 1962 el movimiento hacia estos países disminuyó, aumentando abruptamente hacia Canadá y Estados Unidos. Esto coincidió con las oportunidades provistas, en ese año, en la legislación migratoria de esos países (CEPAL, 2011).

Son harto conocidos los estudios sobre las causas de la migración latinoamericana -incluido el Caribe- en Estados Unidos, Canadá y Europa. Las condiciones económicas de estos países, las redes familiares -que funcionan como motor de atracción de la migración- y el idioma, constituyen las principales razones para migrar a los países señalados (CEPAL, 2011). La migración hacia EE.UU. y Canadá, estaba regulada entre 1991 y 2000 por el otorgamiento de visas de diferentes categorías y permisos de trabajo, según resalta el censo de la Comunidad del Caribe (CARICOM)[2] para el año 2000.

Para Thomas-Hope, la migración caribeña a estos países continuó creciendo en las décadas del setenta y el ochenta. A partir de los años setenta la emigración jamaiquina a Estados Unidos aumentó, al igual que la de Trinidad y Tobago, con una importante migración de religiosos/as, personas con formación administrativa y maestros/as (Thomas-Hope, 2001).

En la década de los noventa, la mayor presencia de migrantes caribeños en Estados Unidos procedía de República Dominicana. Según Thomas-Hope, estos migrantes estaban ubicados en trabajos artesa-nales y de reparación. A estos le siguen los/as migrantes haitianos/as y jamaiquinos/as, insertos en labores agrícolas, operarías, ejecutivas o como gerentes de grupos. Para esta época, la migración caribeña más calificada provenía de Trinidad y Tobago, que abarcada el 35,43% de esta población, seguida por la de República Dominicana con un 30% (Thomas-Hope, 2001).

Según el CARI COM entre 1991 y 2000 la población que migraba a Estados Unidos desde sus países miembros se dedicaban básicamente al trabajo agrícola y en el sector servicios, trabajando en hoteles. En el caso de Estados Unidos podían entrar con permisos de trabajo, pero en Canadá esta categoría migratoria para entonces no existía por lo que los/as migrantes entraban con visados de turista (Caribbean Community Secretariat, 2000). Según esta fuente, la migración procedente de Jamaica a Estados Unidos representaba en 1990 el 11% de la población de ese país; en 2002 había descendido al 6%. En el caso de Trinidad y Tobago la población de ese país presenta importantes fluctuaciones desde 1990. Para esa fecha la población en EE.UU. tuvo un incremento de un 8% a un 10%, descendiendo a un 6% en 1999 y retornado al 8% en 2001. Una de las principales características de la emigración procedente de Jamaica y Trinidad y Tobago es su alta calificación, entre la que se reconocen profesores y profesionales de la salud en los que se destacan las enfermeras (Rodríguez, 2011; Caribbean Community Secretariat, 2000; Thomas-Hope, 2001).

En lo que respecta a la migración caribeña a Canadá en la década de los noventa, la mayor presencia era de personas procedentes de Jamaica, seguida por las de Trinidad y Tobago con 17.522yll mil personas, respectivamente. Ambos grupos estaban insertos en trabajos de baja calificación. Por otro lado, la presencia de estudiantes en Canadá, procedentes de los países anteriormente mencionados, junto con Haití, era significativa; debido a las políticas migratorias asumidas por ese país en las que se incentivaba la migración para ocupar puestos de trabajo en las zonas agrícolas (Thomas-Hope, 2001).

El informe de la Oficina Nacional para las Migraciones (OIM) 2010, muestra que América Latina y el Caribe aumentó su número de migrantes de 6,5 millones en el año 2000 a 7,5 millones en 2010. Entre 2000-2010 el movimiento de emigración del Caribe es de 1,2 millones (OIM, 2010).

Según OIM, la población migrante de América Latina y el Caribe (ALyC) representa el 15% de los inmigrantes de todo el mundo. De los 10 principales países que emigran en ALyC, 5 pertenecen al Caribe, estos: Puerto Rico (1 millón 600 mil), Cuba (1 millón 088 mil), Jamaica (949 mil), República Dominicana (909 mil) y Haití (751 mil) (OIM, 2010). Según esta misma fuente, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Antigua y Barbuda y las Antillas Neerlandesas están entre los 10 países con el mayor número de migrantes e inmigrantes en relación a su población total, como se puede ver en el Gráfico 1.

Como se puede ver en la ilustración anterior, la situación emigratoria del Caribe franco y anglófono es de gran importancia en cuanto al número de personas que viven fuera de sus territorios, teniendo en cuenta el reducido número de su población, en comparación con otros países de la Región como República Dominicana y Cuba. En una población como la de Antigua y Barbuda, que para 2001 tenía 63.863 personas, que el 82% haya emigrado, es un dato alarmante. Asimismo, en varias de las islas, emigra más población de la que inmigra, como son los casos de:

- Antillas Neerlandesas: salida de un 55% y entrada de un 25% de inmigrantes.

- Jamaica: salida de un 26% y entrada 13% de inmigrantes.

- Granada: salida de un casi 69% y entrada 9% de inmigrantes.

- Barbados: salida de 25% y entrada un 9% de inmigrantes.

En lo que respecta al Caribe inglés es importante destacar la migración juvenil, la cual ha crecido significativamente a partir del año 2000. Los datos ofrecidos por la CEPAL en el “Panorama Social del 2011″ así lo demuestran.

Como se muestra en la tabla anterior, la población migrante en los referidos países caribeños tiene un rostro joven. Más de un cuarto de la población migratoria, de países como Trinidad y Tobago y Jamaica, son emigrantes entre 15 a 24 de años. El principal grupo migratorio es el comprendido entre 25 a 44 años, tanto para hombres como para mujeres. Esto significa que de los países referidos salen personas en plena edad productiva y en proceso de formación superior.

Para analizar la situación en el Caribe de habla hispana, se colocan algunos datos de la migración desde República Dominicana, Cuba y Puerto Rico.

En el caso de República Dominicana, Estados Unidos, España y Venezuela han sido países de destinos importantes. Este último en la década de los ochenta, motivado principalmente por el boom de la extracción petrolera.

La migración dominicana a Estados Unidos se acrecienta tras la caída del régimen trujillista coincidiendo con el establecimiento de la política de puertas abiertas[3] de este país para la inserción de mano de obra barata en sus medios de producción. Para entonces, las principales causas de migración de los/as dominicanos/as a esta zona se resumen en cinco, según Jiménez Polanco (2005):

La inestabilidad política del posrujillismo, caracterizada por la sucesión de golpes militares y la caída del efímero gobierno democrático de Juan Bosch, la guerra civil de abril y la segunda intervención militar norteamericana en 1965.

La movilización social urbana.

La crisis económica fruto del crecimiento del desempleo y la pobreza producidos por el abandono del campo y la masiva migración interna hacia los grandes núcleos urbanos.

La represión política del régimen de los doce años de Joaquín Balaguer (1966-1978).

La política de control de crecimiento de la población, basada en la idea de que la emigración contribuye a reducir la presión poblacional y acelera el desarrollo económico

El caso de la migración dominicana hacia España se caracteriza por ser básicamente femenina. La migración a este país europeo ha estado motivada por dos factores básicos, según resalta Romero Valiente (2002):

El factor direccional. España comenzó a ser un importante destino de migración de dominicanos/as luego que Venezuela dejó de ser opción por la crisis económica presentada en la década de los ochenta, y debido a que Estados Unidos aumentó los requisitos de documentación para entrar a su territorio.

El factor de atracción. A mediados de la década de los ochenta España experimentó una situación de bonanza económica, factor que se fortalece con la incorporación de este país receptor a la Comunidad Europea (Valiente, 2002).

Además de las razones expuestas, la flexibilidad de requisitos legales para entrar a territorio español, en comparación con otros destinos, facilitó para la década de los ochenta y principios de los noventa, que el flujo de dominicanos/as que emigraban a esa nación se intensificara. La población dominicana pasó de representar el muy significativo 3,4 % del total de inmigrantes en 1998 -incluso subió en años siguientes, como el 3,5 % que alcanzó en el año 2000 (lo que lo convertía en el cuarto colectivo migratorio más importante en España, por fuera de la Unión Europea, tras Marruecos, Perú y Argentina)- a constituir, en la actualidad, el 2,1 % del total de extranjeros/as. Para el año 2008 los/ as dominicanos/as son la nacionalidad caribeña más numerosa en España, seguida de cerca de las personas de nacionalidad cubana. España es el segundo país de destino de dominicanos/as, luego de Estados Unidos (Martínez, 2008).

En lo que respecta a la situación migratoria en Cuba, según la CEPAL, el 8,7% de la población cubana ha emigrado, siendo la misma mayoritariamente masculina. La tasa de saldo migratorio cubana ha sido negativa desde 1962, manteniéndose entre 3,3 y 3,4 en los últimos tres años (ONE, 2010). No siempre esta tasa fue negativa, tal y como nos resalta Aja Díaz, debido a la llegada de españoles y antillanos. Sin embargo, la crisis de 1929 y la caída de la industria azucarera, restaron atractivo para inmigrar a Cuba (Diaz, 2002).

Entre 1930 y 1950 la migración cubana hacia Estados Unidos era significativa, y ya para 1958, según Aja Díaz, en ese país residían 50 mil cubanos/as. Con el triunfo de la Revolución Cubana los patrones migratorios se comienzan a modificar. Desde 1949 a 1999 habían emigrado 1 millón 79 mil personas a diferentes países, siendo Estados Unidos el principal país de destino (Diaz, 2002). La migración hacia Estados Unidos se debe, entre otras causas, a la Ley de Ajuste Cubano elaborada en 1966 (vigente en la actualidad), en la que EE.UU. establece un trato de refugiado político a las personas de esta nacionalidad que lleguen a su territorio.

En el caso de la inmigración puertorriqueña, el principal movimiento se registra hacia Estados Unidos. Según Duany a mediados del siglo XX la migración a Estados Unidos fue intensiva, con un importante número de hombres jóvenes (Duany, 2008). Según esta misma fuente, para 1950 el 12 % de la población de ese país residía en Estados Unidos, porcentaje que siguió creciendo hasta llegar al 43,6% en la década del noventa. Para entonces, casi la mitad de las personas nacidas en Puerto Rico residían en Estados Unidos. Cabe destacar que de 1950 a 1960 la población emigrante en el referido país creció 12 a 27,4%. Este aumento puede estar atado a la política de Mano a la Obra que estableciera EE.UU. para entonces. Según Pol, que reseña a

Fernando Scarano, la migración a Estados Unidos fue una estrategia gubernamental para controlar el crecimiento poblacional. En su ensayo Pol (2006) resalta las siguientes acciones implementadas por el gobierno de Puerto Rico para incentivar la migración:

- “multiplicando el tráfico aéreo (disminuyendo el costo del pasaje);

- diseminando información sobre oportunidades de empleo fuera de la Isla;

- fijando requisitos mínimos para establecer contratos a emigrantes puertorriqueño s”.

En el caso de los tres países resaltados en la última parte de este acápite, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales países receptores de sus inmigrantes. La presencia actual es como sigue:

Para el censo de Estados Unidos, el Caribe contempla República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Haití y Jamaica están dentro de la sección de Población Negra, sin embargo, no se encuentra desagregado, por ello no lo resaltamos en el artículo. La población considerada como caribeña asciende a 7.823.966 personas. En el caso de Puerto Rico y Cuba están colocados en la planilla del censo de forma expresa. Estos países, junto con México, abarcan las tres cuartas partes de la población hispana o latina en EE.UU. La población puertorriqueña es el 9% del total de población latina en el referido país, mientras que la cubana comprende el 4%. Es importante destacar la inmigración puertorriqueña fue la de mayor crecimiento en Estados Unidos en la década 2000-2010.

La población dominicana y puertorriqueña reside principalmente en Nueva York, mientras que la cubana lo hace en la Florida (Census Bureau, 2010). La presencia en estos lugares ha sido histórica y está atada a las redes familiares. En el censo de EE.UU. Puerto Rico también es colocado como un lugar de destino para la migración caribeña, por ser un Estado libre asociado a ese país, pero no explícita el movimiento migratorio teniendo en cuenta el país de origen.

¿Qué características tienen los países caribeños que llevan a su población a migrar? Se considera importante cotejar el panorama migratorio presentado con algunos indicadores sociales que impactan negativamente en que la población residente en un país tenga o se encamine a tener una vida digna. La relación pobreza y migración carece de un análisis profundo, ya que los análisis hechos hasta el momento presentan limitaciones metodológicas y se realizan en base a estadísticas inciertas, que se limitan al ingreso o línea de pobreza y no recogen el fenómeno en toda su dimensión. Delaunay advierte que esta relación solo es posible establecerla en función de los contextos y los tiempos, y que no es posible hacer generalizaciones (Delaunay, 2006).

En este artículo no se pretende hacer un análisis profundo de la pobreza y migración, pero si ir uniendo piezas del rompecabezas que nos permita trillar el camino para un análisis más profundo.

Según el Banco Mundial, para 2008 el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sobrevivía con $1,2 dólares estadounidenses diarios, mientras que el 12,4% lo hacía con dos dólares. Según los datos disponibles en esta fuente al momento de hacer la consulta, el 77% de la población de Haití vive en situación de pobreza, colocándose como el país más pobre de América Latina y el Caribe. Como se mostrará en un acápite posterior, la situación socioeconómica es una de las principales razones resaltadas entre las causas de la migración haitiana.

Los datos disponibles en el Banco Mundial muestran que el 34,4% de la población en República Dominicana es pobre, mientras que en Jamaica es 9,90%. Es decir, que un poco más de 3 millones de dominicanos/as y de 200 mil jamaiquinos/as sobreviven diariamente con 1 o 2 dólares, un monto que a duras penas posibilita una de las comidas diarias.

Por otro lado, según el Panorama Social de América Latina, la población joven en los países caribeños de habla inglesa es la más afectada en términos de pobreza. “En Antigua y Barbuda el 25,4% del total de la población en extrema pobreza y el 22,6% del total de pobres tienen entre 15 y 29 años de edad. En Santa Lucía, poco más de la cuarta parte de los pobres son jóvenes (de 15 a 29 años). Este porcentaje es menor en las Islas Caimán (22%) pero no así en Granada y Trinidad y Tobago, donde una tercera parte de la población en situación de pobreza es joven (de 15 a 29 años)” (CEPAL, 2011). Al tener en cuenta estos datos y los movimientos migratorios anteriormente resaltados, se puede concluir que los países en los que se presenta mayor número de emigrantes son países con altos niveles de pobreza.

Si a la situación de pobreza descrita anteriormente se le suma un elevado desempleo, la situación del país empeora y por ende también la situación de vida de la gente. Según el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe para 2009 el 7,9% de la población económicamente activa[4] está desempleada. A partir de los datos mostrados en la tabla anterior tenemos lo siguiente:

Los datos anteriores permiten entender mejor el alto movimiento migratorio que la población juvenil ha venido experimentando en los referidos países caribeños. Si bien no tenemos un análisis de correlación entre migración, pobreza y desempleo, entre otras cosas porque no se cuenta con estadísticas locales que permitan tener series soste-nibles y por la diversidad de parámetros en los indicadores, los datos colocados en este acápite muestran algunas coincidencias que puedan dar pistas y entender mejor las razones de migrar. Asimismo, abren un tema necesario analizar como región.

La población joven en las islas del Caribe inglés es la que tiene peor situación en comparación con el resto de la población de sus países. Las cifras relativas a pobreza, desempleo y emigración así lo demuestran. Más de un cuarto de la población de 15 a 24 años en Jamaica y Trinidad y Tobago ha migrado. En éste último, la población pobre entre 15 y 29 años representa el 22% y el 42 % del está sin empleo (CEPAL, 2011). Sin dudas, las políticas sociales han de tener la población joven como foco central de intervención.

Como sabemos, la migración es multicausal, si bien los factores económicos son relevantes en la decisión de migrar y en la escogencia del país de destino, no son los únicos. El estudio de la pobreza estructural y la violencia que desde ahí se ejerce, los cambios contextúales vinculados a grupos étnicos, participación política, han de constituir ejes de análisis para tener una visión menos economicista y más ho-lística del fenómeno.

Migración entre las islas del Caribe

En la actualidad, no solo las grandes potencias económicas son los países de destino, sino que la migración Sur-Sur se ha convertido en una opción para las personas que deciden migrar. Para la CEPAL, la migración entre las islas del Caribe constituye para muchos una opción (CEPAL, 2006). Elizabeth Thomas-Hope (2001), en su estudio, resalta que a principios del siglo XX se “registraron movimientos significativos desde el Caribe Este al Caribe Oeste y a las Antillas Neerlandesas”. También resalta que, ya a mediados de siglo, los movimientos interregionales se orientaron desde y hacia los países anglófonos y desde Haití hacia Bahamas y República Dominicana.

La expansión de la agricultura, el crecimiento de la industria azucarera en Cuba y República Dominicana a mediados del siglo XX y la expansión de la industria petrolera en Trinidad y Tobago y las Antillas Neerlandesas, han sido algunos de los factores de atracción de trabajadores migrantes al interior de la Región (Caribbean Community Secretariat, 2000). Lo anterior se expresa en que, para la década del noventa, del total de población caribeña en las islas el 35% residía en Trinidad y Tobago.

Además de las razones expuestas pueden señalarse, entre otras causas, el crecimiento del turismo y la situación ambiental. Según reporta la CARI COM en la década del noventa las erupciones volcánicas en Montserrat obligaron a su población a emigrar a otras islas.

Entre 1990-2000, el 70% de la población migrante caribeña en las islas se concentraba en Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Antigua y Barbuda y Barbados. Quienes migraron procedían principalmente de Granada, San Vicente y Guyana, siendo éste último el que recibió la menor cantidad de migrantes de la época (Thomas-Hope, 2001).

La migración intrarregional, según el censo realizado por el CARI-COM es de larga data. Las primeras migraciones se reportaron antes de la década de los ochenta. Esta migración se ha hecho estacionaria debido al crecimiento económico de algunos países, como es el ya resaltado caso de Trinidad y Tobago o el auge del turismo en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Bahamas y Caimán. (Thomas-Hope, 2001)

Según Thomas-Hope, la migración interregional establece su residencia en algunos países por las siguientes razones:

Las razones para migrar tienen raíces económicas y de niveles de vida, a excepción de la expuesta por Thomas-Hope en el caso de dominicana. La situación de pobreza en la que viven estos países, como es el caso de Haití permite entender mejor este movimiento y sus razones, como se mostró al final del acápite anterior.

Según el censo del CARICOM Trinidad y Tobago es uno de los principales países de la Región Caribe (perteneciente al CARICOM) que para el 2001 recibía la mayor cantidad de inmigrantes, seguidos por Jamaica, Barbados, Bermuda; mientras que San Vicente y Granadinas y Dominica fueron los países que reportaron la menor presencia de migrantes. Trinidad y Tobago (76%) y Bahamas (69%) son los principales países receptores de inmigrantes caribeños, en contraste con Belice en el que el 88% de los migrantes son de América del Sur o América Central.

En lo que respecta al Caribe de habla hispana, los movimientos migratorios desde Haití hacia República Dominicana y desde ésta a Puerto Rico son los más notables. A pesar de que Puerto Rico es un Estado perteneciente a los Estados Unidos, el proceso migratorio entre Puerto Rico y República Dominica ha de ser tratado por separado por las características propias de este fenómeno y por la visión del Caribe que se viene estudiando.

Tradicionalmente, Puerto Rico ha sido un trampolín para dominicanas/os que quieren llegar a Estados Unidos, específicamente Nueva York y Miami. Según el informe de Desarrollo Humano del PNUD realizado en el año 2005, en Puerto Rico residía, estimativamente, un 78,35% dominicanos/as en el 2004 (PNUD, 2005). Esta población halle-nado un vacío en la economía del vecino país, especialmente en sectores que requieren de servicios personales poco calificados (Duany 2008).

La migración dominicana a este país se caracteriza, entre otras razones, por su condición de irregularidad. Según resalta Duany, en el análisis de los últimos censos se ha encontrado que la población de origen dominicano posee mejores perfiles que parte de la población puertorriqueña en lo que tiene que ver con educación, ocupación e ingresos. Sin embargo, cuando se analiza el tema de la irregularidad migratoria, el perfil de la población dominicana en este país se encuentra en desventaja respecto a la allí nacida (Duany, 2008).

La población dominicana que migra de manera irregular hacia Puerto Rico, lo hace mayormente en embarcaciones frágiles, arriesgando sus vidas, pagando altas sumas de dinero y sin la seguridad de llegar al destino. Desde 2002 hasta enero de 2012, la Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido cerca de 17 mil dominicanos/as que pretendían entrar a Puerto Rico en yola[5] (U.S. Coast Guard, 2012).

En el caso cubano, según las consideraciones de Ajan Día, la presencia de nativos de esta isla en otras del Caribe ha sido mayormente en las islas Gran Caimán, Jamaica, Bahamas y República Dominicana. Presencia que está orientada al establecimiento como puente para llegar a Estados Unidos. Muchas de las salidas a estas islas se hace de manera irregular (Diaz, 2002). La migración cubana a Puerto Rico ha sido relevante, especialmente en la década del sesenta en la que “una porción considerable de la pequeña burguesía cubana se reconstituyó en San Juan” (Duany, 2008). Una de las características del establecimiento de esta población, según la Duany, ha sido el establecimiento de pequeños negocios familiares.

En el caso de República Dominicana, la presencia de cubanos se remonta al siglo XIX por razones básicamente políticas, según resalta Casaña Mata. El 87% de los/as cubanos/as residentes en República Dominicana llegaron al país en la década del noventa. El 36% de las personas entrevistadas se desempeñaban en puestos de trabajos empresariales, como maestros o técnicos. Al igual que en Puerto Rico, en RD, la población cubana ha establecido pequeños negocios (Mata, 2001).

La llegada a República Dominicana se sustenta en cuatro razones básicas, según el estudio realizado por Casaña Mata: 1) causas económicas; 2) reunificación familiar; 3) lugar donde logró obtener Visa; y 4) no le gusta el sistema socialista. Por lo general, las personas procedentes de Cuba llegan de manera regular directamente desde su país, quedándose de manera irregular o contrayendo matrimonio con alguna persona de nacionalidad dominicana (Mata, 2001).

Como se pudo observar la migración intrarregional se caracteriza básicamente por tener raíces históricas y por las oportunidades de empleo en algunos países. Podríamos afirmar que hay dos tendencias principales. Dentro del Caribe anglo y francófono hacia Trinidad y Tobago y Jamaica, y en el Caribe Hispano hacia República Dominicana y Puerto Rico.

Solo en entre los países miembros o asociados la CARICOM existen acuerdos para facilitar el movimiento migratorio de algunos grupos, no así en el Caribe Hispano. En este último, la migración intrarregional es básicamente irregular. Las personas que deciden migrar utilizan, en muchos de los casos, mecanismos como las yolas o el tráfico terrestre (entre Haití y República Dominicana) para llegar a su país de destino, evadiendo así los controles establecidos, pero arriesgando dramáticamente sus vidas.

Migración hacia las islas del Caribe

Como ya se ha dicho anteriormente, el Caribe es una zona de expulsión, recepción y tránsito de migrantes. La presencia de personas que han nacido en otros territorios extra-regionales es una situación común entre todas las islas.

Según las estimaciones del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Americas en el 2011 (SICREMI), la cantidad de inmigrantes en los países del Caribe es como sigue:

Como se muestra la Tabla 6, las Antillas Neerlandesas, Guadalupe y Martinica son los que tienen el mayor porcentaje de inmigrantes en referencia con el tamaño de su población. Mientras que Haití y Guyana son los que tienen los menores porcentajes de población inmigrante en referencia a su población total. En el caso haitiano llama la atención que es uno de los países que menos inmigrantes recibe y uno de los que más inmigrantes expulsa, situación en la que profundizaremos en otro acápite.

En lo que respecta a los países pertenecientes al CARI COM, especialmente Trinidad y Tobago y Bahamas, la presencia de inmigrantes de América Central es significativa. Según el censo del CARICOM, teniendo en cuenta las personas que no son nativas de estos países, el 14% de los migrantes procedían de El Salvador, seguidos por el 14% de Honduras y el 12% de México. Mientras en el caso de Guyana y Surinam, la población migrante es mayoritariamente de nacionalidad brasileña y venezolana.

En la Región hay una importante presencia de inmigrantes norteamericanos/as que se han asentado en Jamaica (22%), Bahamas (14%) y Bermuda (18%). Mientras que la población procedente de Inglaterra reside en Bermuda, Trinidad y Tobago y Jamaica.

Por otro lado, en lo que se refiere a las islas del Caribe de habla hispana, los Informes internacionales de la CEPAL, la OEA y OIM, muestran la migración desde la Región del Caribe, con énfasis en las que tiene a Estados Unidos como destino. A diferencia del informe que elaboró la CARICOM, en éstas islas se carece de un informe que describa de manera holística la migración[6] desde y hacia los países que la componen. En el caso de datos de la CEPAL, de su programa Investigación de la Migración Internacional en América Latina y el Caribe (IMILA), solo da la posibilidad de cruzar la información con República Dominicana, no con los otros países caribeños.

En los datos disponibles en República Dominicana, según investigación realizada por Francisco Cáceres y Frank Báez el 60% de la población inmigrante en el referido país es masculina. La mayoría de la población migrante residente en el país para el 2002 era profesional (41%), seguido por los que eran empleados de oficina o que ocupan un puesto administrativo o de gerencia con un 16 y 15% respectivamente (Cáceres y Fran Báez, 2009)

En síntesis, los procesos históricos y económicos han sido motores generadores de salida de inmigrantes tanto fuera como dentro de la Región. En lo que respecta a la migración interna de la Región, la misma ha venido aumentando significativamente en los últimos años, llegando países a tener un porcentaje de población migrante residente en su territorio, que nacionales.

El trabajo de la población caribeña en los países de destino varía. En el caso de Trinidad y Tobago por ejemplo, el migrante que recibe se dedica a trabajos operarios, mientras que sus emigrantes ofrecen servicios de enfermería y educación. En República Dominicana por ejemplo, los migrantes que se van a España realizan trabajo de construcción, en el caso masculino, y de trabajo doméstico, en el caso femenino, igual que lo hacen los inmigrantes haitianos que llevan a RD.

El proceso de integración del CARICOM ha logrado ir poniendo en común estadísticas, procedimientos de cooperación regional y protocolos de entendimiento, paso necesario y que no se ha dado desde el Caribe Oeste.

Migración desde haití hacia República Dominicana. Única isla con frontera

Estados Unidos, Canadá y Francia han sido los principales países receptores de la migración haitiana. Sin embargo, según resalta OIM, la migración desde este país también se da a nivel interno en la Región. Desde 1956 migrantes haitianos/as han emigrado a Bahamas, llegando a los 50 mil hasta 2006, así mismo a Cuba que se reportan un movimiento migratorio desde 1919, llegando a las 400 mil personas en el territorio señalado (OIM, 2006).

La migración haitiana en República Dominicana es de singular característica en comparación con el resto del Caribe. En primer orden, el hecho de que dos países compartan una misma isla, con una frontera física establecida constituye para un atractivo importante para el análisis por lo que ello implica: el mayor movimiento migratorio se realiza de manera terrestre, en la frontera se establecen mercados binacionales y la vulneración de derechos que afecta a la población haitiana, son algunos ejemplos. Es probable que estas particularidades sean compartidas por otros países fronterizos, pero continentales, no isleños.

En segundo orden, la migración haitiana hacia República Dominicana es la de mayor número en lo que respecta a migración intra-rregional. Según la OIM, para 2006 en territorio dominicano residían 750 mil haitianos/as, sobre pasando el número de inmigrantes de esta nacionalidad en las islas del Caribe o en puntos de recepción histórico como Canadá y Francia.

Características generales de la población haitiana en República Dominicana

La inmigración haitiana ha estado atada a importantes procesos históricos, entre estos:

- Presencia haitiana de 1822-1844.

- La ocupación norteamericana en 1915-1934.

- La matanza de haitianos/as en la frontera en 1937[7].

- Crisis estructural y dictadura duvalierista 1946-1971.

- La inestabilidad sociopolítica después del golpe de Estado a Jean Beltrán Aristide.

- Terremoto del año 2010.

El auge de la industria azucarera, a principios de los años noventa del siglo pasado, fue marcado por un incipiente desarrollo capitalista: se expande el mercado y es movido por la presencia de capital extranjero, principalmente de cubanos que venían huyendo de la guerra de independencia de su país.

La migración haitiana que se establecieron en el país en los campos de caña de azúcar, según describe Silié y Dore Cabral, se caracterizaba por ser una inmigración temporal de carácter estacional contratada de manera colectiva, con un número de braceros[8] previamente acordado por los dos gobiernos. La población era reclutada en Haití mediante mecanismos, muchas veces coercitivos, y dirigidas directamente hacia los centros de trabajo (Silié, 2002).

El sistema establecido para la contratación de mano de obra consistía en que, año tras año, el gobierno dominicano hacía estimaciones del número de jornaleros que necesitaría para cada zafra azucarera, y con esa cuantificación el gobierno haitiano trabajaba junto a los buscones para el reclutamiento de los campesinos que serían contratados. Estos eran conducidos a un centro de acopio, desde donde eran trasladados hacia el país vecino, en camiones, propiedad de la industria azucarera escoltados por soldados del Ejército Nacional, según resaltan Silié y Dore Cabral.

Una vez en el país receptor, los jornaleros eran distribuidos a los distintos ingenios, tanto estatales como privados y cada empresa recibía el número de inmigrantes de acuerdo a las necesidades requeridas para cumplir con la zafra (Cuello, 1997).

Los trabajadores llegaron al país conforme a lo establecido entre ambos Estados, luego se les entregaba un carnet de identificación otorgado por la compañía azucarera a la cual se integraban. Aquellos ciudadanos haitianos que se quedaban en el país trabajando en las fincas de altos oficiales o personas allegadas al gobierno, pasaban de inmediato a la absoluta ilegalidad, pero no eran molestados por las autoridades ya que esto era una concesión que otorgaba el gobierno a empresarios aliados o de los cuales se beneficiaba.

Es importante destacar que, a pesar de la cantidad de años residiendo en República Dominicana, las personas que trabajan en la caña de azúcar protagonizan un escenario de pobreza y vulneración de derechos de mucha gravedad. Por citar algunos ejemplos, según una investigación elaborada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) el 70% de los trabajadores en los bateyes trabaja 12 horas diarias y el 97% lo hace 7 días a la semana, es decir que no cuenta con días de descanso. El pago por este trabajo es mínimo, según CIPAF “un 39,5% declaró haber cobrado entre RD$500 y RD$ 1.000 pesos; un 41,8% entre RD$ 1.000 y RD$2.000 y solo un 3,3% más de RD$2.000″ (CIPAF, 2011). Este monto recibido semanalmente, que sumando asciende al mes entre 4 y 6 mil pesos, monto insuficiente para cubrir la canasta básica en la República Dominicana. En esta situación la población migrante, que sale de su país en mejores condiciones de vida, reside en el receptor con mínimas condiciones para vivir, agudizándose más su situación de pobreza.

Desde los años ochenta, algunas de las características de la migración haitiana se han diversificado. Esta población ya no solo se inserta en el sector agrícola cañero, sino que cobra importancia en número y tipo de trabajo en el sector de la construcción, de servicios (turismo y doméstico) y en el agrícola no azucarero, dado las mutaciones que ha sufrido las prioridades de los sectores en la económica, según los vaivenes de los mercados internacionales. Este cambio en el flujo migratorio ha sido denominado como la nueva migración haitiana cuyas características principales según (FLACSO / OIM, 2004) son:

- Los lugares de procedencia de esta población corresponden a los departamentos fronterizos con República Dominicana son: Norte y Oeste, y del departamento de Artibonito, más distante de la zona fronteriza.

- Es una población básicamente masculina (75%), a pesar de que en los últimos 10 años se nota la presencia haitiana femenina. Cabe resaltar que no se cuenta con una cifra oficial de la cantidad de migrantes haitianos en República Dominicana. Los datos existentes sobre esta población provienen de la OIM que calcula en un millón de haitianos en RD para el 2006. (OIM, 2006). Se estima que esta cantidad pudo haber crecido significativamente a raíz del terremoto que sacudió Haití en el 2010.

- Es una población mayoritariamente joven, ya que el 61,4% de la población por ellos entrevistada es menor de 30 años.

- Esta población, por lo general, no tiene un asentamiento fijo y la movilización interna de los/as migrantes haitianos en el país está mediatizada por el sector de producción en el que trabajen: construcción y agricultura. Según los datos de la encuesta aplicada en el 2002, más del 50% de haitianos residentes en el país se concentran en el sector urbano.

Un elemento común durante estos años de migración haitiana, por lo menos hasta la década del ochenta, ha sido la participación del Estado dominicano en la contratación de migrantes trabajadores. Sin embargo, los acuerdos establecidos entre ambos país en materia de migración no responden a la cooperación mutua, sino a los intereses de República Dominicana o de sectores económicos de estos países.

Como se muestra, los acuerdos entre República Dominicana y Haití son de larga data y los mismos han estado orientados al control migratorio y fronterizo. Es importante destacar que los acuerdos arribados a partir de 1998 han sido desarrollados en el Marco de la Comisión Mixta Bilateral (CBM) creada en 1996. La CMB surgió con el interés de sostener relaciones armoniosas entre ambos países y buscar soluciones a temas relevantes a nivel económico, político, social y medioambiental (SEREX, 2000).

Para el tema migratorio se creó, dentro de la estructura de la CMB, el Comité Técnico ínter-Institucional sobre Asuntos Migratorios y Fronterizos. Esta Comisión, al igual que la CMB, está compuesta por representantes de los gobiernos de ambos países y personas de la sociedad civil, en ambos casos nombradas por decreto. Tanto la CMB, como estos convenios y legislaciones constituyen un paso fundamental en el tratamiento del movimiento migratorio entre ambos países, sin embargo el funcionamiento ha sido tímido.

Desde su creación la Comisión no ha podido llevar a cabo acciones sostenidas. Se ha reactivado varias veces, sin lograr la elaboración de su primer plan de trabajo. Sus acciones se han concentrado mayo-ritariamente en reuniones para activar la misma sin lograr resultados hasta el momento. De los acuerdos resaltados anteriormente, el Protocolo de Entendimiento sobre Repatriaciones ha sido el de mayor uso o, mejor dicho, el de mayor reclamo por parte de organizaciones de la sociedad civil para que el mismo se aplique a los procesos de repatriaciones, sin tener resultados positivos, ni del lado haitiano, ni del lado dominicano.

En lo que respecta a la población migrante haitiana en República Dominicana, no se cuenta con mecanismos institucionales de integración, ni se promueven la relación entre dominicanos/as y haitianos, ni como política nacional, ni en los territorios.

Por último es importante destacar que el papel del gobierno haitiano, en el vínculo con su población residente en República Dominicana, ha sido distante. Como acciones institucionales, según resalta OIM, el gobierno diseñó una Ley que otorga privilegios a los haitianos que viven en el extranjero y a sus descendientes. Se destaca como evento la Semana de la Diaspora organizada por el gobierno haitiano (OIM, 2007). Asimismo, ha creado el Ministerio de los Haitianos que vive en el Extranjero con el objetivo de tener mayor cercanía con su población residente en otros países.

Como ya se ha mencionado, en 2010 Haití fue azotado por un terremoto que dejó miles de muertos y personas desplazadas. Posterior a este hecho, la OIM junto con la Dirección Nacional de Migración de la República Dominicana viene ejecutando el “Programa de Retorno Voluntario para Migrantes Vulnerables” que busca que migrantes haitianos retornen a su país con condiciones mínimas. Este programa tiene tres etapas:

Solicitudes de asistencia realizadas a OIM a través de DGM y contrapartes.

Registro biométrico por parte de equipo móvil de OIM. Capacidad de registro: 30-50 personas por día.

El retorno asistido y la asistencia para reintegración dependen de la cantidad y la capacidad de los socios identificados para recibir beneficiarios y ofrecer actividades de reintegración.

Desde el año 2010 hasta marzo de 2012, la OIM ha recibido 2.875 solicitudes de retorno, de las cuales el 69% ha retornado a su país. El 65% de las personas que han retornado son varones y el 61% es menor o igual a los 16 años de edad (OIM / DGM, 2012).

En sentido general, el tema migratorio en República Dominicana no ha sido tratado a profundidad y las políticas de Estado se concentran en las medidas de control migratorio, no de regularización y mucho menos de garantías de derechos. El marco legal, para mostrar un caso, estuvo vigente de 1939 hasta 2004 cuando se creó la Ley de Migración 285/04. Desde entonces hasta finales de 2011, dicha ley había funcionado sin reglamento, a pesar de que en la misma se establecía que éste debía estar listo dentro de los 180 días posteriores a su promulgación.

Esta debilidad institucional afecta de manera especial a los migrantes haitianos por ser la mayoría en el país, por las fluctuaciones en los costos y requisitos para regular su estatus. El hecho de no poseer documentación regular coloca en especial vulnerabilidad a la población inmigrantes haitiana, ya que la misma puede ser detenida y repatriada hacia Haití en cualquier momento. Así mismo puede implicar la no garantía de sus derechos laborales y que su estatus migratorio sea un elemento tomado como amenaza para empleados al momento de que un inmigrante exija el pago de su trabajo.

Frontera dominico-haitiana
Al hablar de frontera se hace desde la línea geográfica establecida y reconocida que separa dos o más países, no a la concepción de la misma que la coloca como un eje de análisis en las relaciones personales, sociales etc. De manera concreta se habla de la línea fronteriza que abarca 276 km² y que es compartida por comunidades dominicanas y haitianas en intercambios cotidianos, comerciales, tránsito de personas y mercancía diversa.

Para el año 1908 se establecen los primeros límites con el Tratado Fronterizo dominico-haitiano, en el cual se hacía énfasis en la soberanía entre ambos países. Este tratado fue revisado y actualizado en 1929. Para 1939 se firmó un tratado llamado Modus Operandi, el cual tuvo como referencia el Acuerdo de Washington, para el establecimiento de requisitos de entrada de personas de un país a otro, así como los procesos de repatriación (SEREX, 2000).

A pesar de los intentos de institucionalización y legalización de la cuestión fronteriza, las mismas se han realizado, según explícita Dilla, con un diagnóstico de muy baja calidad. Desde 1936 hasta la década de los noventa, el quehacer fronterizo estuvo limitado a las relaciones binacionales y a los flujos migratorios. Esto llevó a que el tema de seguridad fueran el tema énfasis en las acciones de los diferentes gobiernos (Dilla, 2010).

Entre los siglos XVII y XVIII las ocupaciones militares, conflictos entre grupos y los gobiernos de las islas, la delimitación fronteriza seguía siendo una tarea pendiente. “La concreción del acuerdo anteriormente resaltado no vino por intereses de los países, sino por la geopolítica estadounidense, la ocupación por parte de sus fuerzas en ambos lados de la frontera en tiempos casi paralelos[9], así como por la inserción de República Dominicana en la agro-exportación, teniendo como producto principal la caña de azúcar” (Dilla, 2010).

Un hecho trascendental para la vida en esta zona, fue el proceso de dominicanización de la frontera que desarrolló Rafael Leónidas Trujillo y que culminó con la matanza de miles de haitianos/as y dominicanos/as de ascendencia haitiana en la zona referida y en la Región del Cibao, al norte del país. Para Dula, el efecto de la masacre y la expulsión de la población haitiana fueron adversos para la frontera ya que, entre otras cosas, comunidades quedaron prácticamente despobladas y los cultivos fueron abandonados. Tras esto, el gobierno dominicano promovió la migración a las provincias fronterizas, incluso con personas de otros países, con la función de reafirmar los valores hispánicos frente a la amenaza haitiana (Dula, 2010).

Durante las décadas del régimen la frontera se mantuvo cerrada, pero con ciertas flexibilidades. Tras la muerte del tirano, cesaron las inversiones públicas y el tema fronterizo se enmudeció en los discursos y acciones públicas, según resalta Dula. Los planes fronterizos desarrollados desde entonces han sido descoordinados y los mismos se han sentado en el control militarizado de la frontera, sin desarrollar planes, ni invertir públicamente en el desarrollo económico y social de las provincias limítrofes.

El movimiento migratorio en la frontera se registra con mayor auge a partir de 1986, tras la caída de Jean Claude Duvalier. La caída del régimen y la disolución de las Fuerzas Armadas de Haití, flexibili-zaron el control migratorio fronterizo. Cabe destacar que para el periodo señalado, el intercambio comercial entre ambos países arrojaba importantes beneficios económicos por lo que la apertura fronteriza, sin menos tensión que antes, se hacía necesaria y respondía al interés de ambos pueblos.

El abordaje de la zona fronteriza por parte del Estado dominicano ha sido históricamente deficiente. Las instituciones creadas para la atención fronteriza han sido, en mucho de los casos cascarones huecos que no hacen un trabajo real de desarrollo de la zona. En lo que respecta al tema migratorio en la zona fronteriza tienen asiento la Dirección General de Migración y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT). Este último creado en el 2006, con la misión de establecer un dispositivo de seguridad y control de los puntos de entrada y salida a lo largo de la frontera (Dula, 2010). La factibilidad o no de la presencia de esta fuerza especializada en la frontera todavía no ha sido analizada, sin embargo, las prácticas de corrupción y la ausencia de una gestión migratoria garantista dan signos de que el trabajo realizado no ha sido del todo bueno.

Las autoridades dominicanas y haitianas han de velar por todo el acontecer fronterizo, desde las actividades comerciales hasta el movimiento de personas y la garantía de sus derechos. Sin embargo, en varios casos de carácter ilícitos las mismas autoridades se encuentran involucradas. El tema de tráfico de personas es uno de ellos, algunos miembros de las fuerzas del orden forman parte de las redes tanto de manera activa, identificados/as como traficantes, como pasiva, dejando pasar a quienes están reconocidos como tal sin darles ninguna sanción.

Las estadísticas oficiales sobre este tema son escasas, pero varios estudios muestran que es frecuente que los/as nacionales haitianos/as pagan cifras exorbitantes a contrabandistas, conocidos como passeurs o buscones, a militares y agentes de migración, tanto haitianos como dominicanos, que les “ayudan” a cruzar la frontera (Observatorio de Derechos Humanos, 2011). El tema es poco debatido en la prensa, con excepción de casos donde los resultados son funestos, como la muerte de 25 haitianos/as en enero de 2006, dentro de una furgoneta que los traslada hacia República Dominicana. Además de las pérdidas humanas, la complicidad de las autoridades muestra la debilidad institucional. En el caso referido, el vehículo pasó por los diversos puntos fronterizos, supuestamente cumpliendo con los controles de revisión establecidos.

Datos arrojados en una investigación realizada por Vielka Polan-co entre 2006-2007, revelan que, aunque el 42,3% de los/as haitianos/ as cruzan la frontera de forma con regularidad los días de mercado[10], el 86,2% lo hace sin los documentos requeridos. Estas circunstancias generan enormes oportunidades para la corrupción y multiplicación de las redes de tráfico de personas. De hecho, entre los/as encuestados/ as el 24,7% afirmó haber realizado pagos a militares, el 14,1% a buscones y el 4,6% a agentes de migración para poder cruzar (Polanco, 2007).

En 2008, de acuerdo con la cifras reportadas por Solidaridad Fronteriza, fueron registradas 21.313 personas traficadas por diferentes puntos de la frontera norte, de las cuales el 48% son hombres, el 39% mujeres y el 13% infantes. En el mismo año, los Comités de Defensa de los Derechos Humanos, pertenecientes al Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) han identificado 16.583 casos de tráfico en varios punto de la frontera Oeste, Centro y Sur, de los cuales el 95% corresponden a hombres, el 2% a mujeres y el 3% a infantes (GAAR, 2009).

Según el Boletín N° 5 del Observatorio de Derechos Humanos, el proceso de tráfico de personas en la frontera sur de República Dominicana se da a la vista de todos/as e implica los siguientes pasos:

En los diferentes puntos fronterizos se desarrollan mercados comerciales, por lo general dos veces por semana. En estos se comercializan diversos productos por parte de comerciantes haitianos/as y dominicanos/as. En la provincia de Jimaní, principal punto fronterizo en la región sur con Haití, el mercado se ha establecido los lunes y jueves. Por su dinamismo y libertad de tránsito en la zona de comercio, estos días son favorables para acciones ilícitas, como el tráfico de personas. Según datos del Observatorio, la red está bien estructurada, el o la inmigrante se dirigen a una persona que presta servicios de transporte en una motocicleta, que ya tiene previamente establecidos sus contactos en las estaciones de autobús que cubren la ruta Jimaní-Santo Domingo.

El costo de traslado se estima entre los 80 y 130 dólares, que incluye el traslado hasta el lugar de destino y el pago de “peaje” en los puestos de chequeo militar que están bajo la responsabilidad del Cuerpo Especializado Fronterizo (CESFRONT), la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas J-2, Migración, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ejército Nacional (Observatorio de Derechos Humanos, 2011).

Lo anterior es considerado con un hecho agravante en la Ley 137 del año 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual en su Artículo 7, inciso b, reza lo que sigue:

Cuando uno o varios de los autores de la infracción sea(n) funcio-nario(s) público(s), electo(s) o no, de la administración central, descentralizada, autónoma, o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

Como penalidad por este hecho la Ley 137/03 establece una pena de cinco años en adición a las demás disposiciones que contempla la Ley. Hasta la fecha no se conocen sanciones legales a miembros del Estado que hayan estado involucrados en el hecho, salvo cambios de puestos de trabajo o retiro de filas militares, una solución superficial para un tema de tanta profundidad en lo humano, lo legal y político.

La situación descrita es solo una muestra de la debilidad institucional que históricamente ha regido la frontera. Dilla, resalta que esta frontera sigue caracterizando por “estar regida por las Fuerzas Armadas, con instituciones solapadas, pobre nivel de inversión pública, con altos niveles de corrupción y en general una presencia estatal fragmentada y débil” (Dilla, 2010).

Remesas

La decisión de migrar tiene varias implicaciones para la vida de la persona, la familia y la comunidad desde donde se migra. Cambios en las estructuras familiares, en las costumbres y en el modo de vida son experimentados, por lo general, dentro del contexto de una persona que migra.

Uno de los temas más estudiados como efecto de la migración son las remesas, el impacto que las mismas tienen en la economía familiar, en la de un país y su utilización, han sido las principales líneas de estudio de este tema desde la disciplina económica. América Latina y el Caribe las remesas son uno de los principales rubros en la balanza de los países que la componen, según establece CEPAL.

La atención al estudio de las remesas se ha intensificado en los años, desde organismos internacionales y desde la visión de las mismas como alternativa al desarrollo. Para la CEPAL la discusión sobre las remesas actualmente se centra en tres grandes áreas:

1. Los aspectos conceptuales y metodológicos. En él se intenta definir su forma de cuantificación y estimaciones.

Los efectos sociales y las repercusiones económicas. Para ello se tienen en cuenta los puntos de vista macro y micro económico, encaminados a la reducción de las desigualdades sociales.

La identificación de los factores determinantes y de las motivaciones que explican la decisión de enviar remesas (CEPAL, 2006).

La discusión sobre las remesas, su cuantificación e impacto sigue abierto. Sin embargo se cuenta con estudios de organismos internaciones y de los propios países receptores que permiten tener pistas del peso de las mismas en el PBI de un país, en las familias, etc., teniendo en cuenta las transferencias que se realizan utilizando canales formales como bancos y agencias remesadoras.

¿Cuál es el volumen de remesa en el Caribe? El Banco Interame-ricano de Desarrollo (BID) muestra que en los primeros ochos años de la década de 2000 la recepción de remesas para América Latina y el Caribe tuvo un aumento sostenido, pasando de 23,4 miles de millones de dólares en 2001 a 69,2 en 2008. Para 2009 el volumen de remesas que recibió AL y C fue de 58,8 mil millones de dólares, mientras que para 2010 de 59, 2 mil millones. Esta caída en el volumen de remesas, tuvo sus orígenes en la crisis mundial experimentada en esos años (BID, 2010).

En el Caribe, según el BID, el crecimiento en la recepción de las remesas fue de 8,3% desde 2002 hasta 2010. En este crecimiento, tuvo gran peso el aumento de las remesas en Haití y Jamaica. El aumento en estos países se puede deber, en el caso del primero, al terremoto que sacudió el país en enero de 2010 y en el segundo, a la posibilidad de insertarse en puestos de trabajo de mayores ingresos en sus principales países de destino (BID, 2010).

Según el BID en el Caribe se recibieron, en 2010, 7,984 millones de dólares, lo que expresa un crecimiento de 8,3% en relación a 2009. El 87% del total de las remesas de la Región se concentraron en cuatro países: República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. República Dominicana es la principal receptora de remesas de la Región, teniendo en cuenta el volumen de las mismas.

Como se mostró anteriormente el volumen de las remesas ha experimentado variación en la última década, por ello es importante analizar su impacto en las economías de los países y las familias. Orozco, Lockwood y Rouse establecen pesos relativos a las remesas dentro de los países de América Latina y El Caribe, teniendo en cuenta el impacto que las mismas ejercen en indicadores como PIB, PIB per capita, costos y transferencias. Así clasifican tres tipos de impactos de las remesas:

- Fuerte: a los países en los cuales las remesas impactan a todos los indicadores anteriormente resaltados. En esta clasificación, tomando solo los países de la Región, incluyen: Haití y Jamaica.

- Medio: países cuyo efecto de las remesas se siente en la mitad de los indicadores. Entre estos abarcan a República Dominicana, Suriname, Belice, Grenada y Barbados.

- Bajo: en el cual los indicadores tienen un impacto mínimo por las remesas. Aquí incluyen a Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Sant Kitts y Nieves y Santa Lucía (Orozco, 2006).

Este esquema de análisis nos permite analizar otros elementos que también entran en juego al momento de hacer un análisis que si bien no permite establecer correlaciones, por las metodologías utilizadas para analizar cada aspecto y los tiempos que se toman como referencia, si permite tener más elementos para profundizar en la situación de cada país y su contexto.

Como se puede ver en la tabla anterior, Jamaica y Haití son los países en los que la recepción de remesas tiene mayor peso o un peso fuerte como clasifica Orozco, Lockwood y Rouse. Según el Banco Mundial, las remesas para Haití y Jamaica representan el 11,7% y 15,2% del PIB, respectivamente. Se trata de dos de los países con más movimiento migratorio en la Región y uno de ellos, Haití, con el mayor porcentaje de población viviendo en situación de pobreza, en comparación con los países de la Región.

En el caso de República Dominicana, Grenada, Dominicana y San Vicente y las Granadinas, el peso de las remesas se puede considerar como medio, a pesar de que para el 2006, según Orozco, Lockwood y Rouse, estas dos últimas tenían un impacto bajo. Si tomamos en cuenta el porcentaje de personas desempleadas que vimos en uno de los acápites anteriores, es entendible que en la actualidad el peso sea mayor, se trata de países como San Vicente y Granadina que tienen un desempleo de 20,20% y República Dominicana de 14%, por citar algunos ejemplos.

Los determinantes del peso de las remesas en los diferentes países son varios, pasando por el tamaño del país, su población y su sistema económico. En las islas del Caribe el peso de las remesas es significativo y, en mayor énfasis, para los que tienen un alto porcentaje de población empobrecida y de desempleo.

Acuerdos y programas en materia de migración
Por lo general el abordaje del tema migratorio parte de la visión de la recepción de inmigrantes, dejando en segundo plano la generación de migrantes. Los enfoques de los países receptores en la gestión migratoria, están frecuentemente ligados al control del ingreso, de quienes entran o no a sus países, todo ello vinculado a la seguridad ciudadana o lo que se ha vendido de política antiterrorista. Sin embargo, encontramos algunas experiencias de incentivos de retorno para población que ha emigrado o de acercamiento de los gobiernos con su población en los países de destino.

Como Región, el CARICOM ha tenido avances en materia de acuerdos y situaciones. Para fines de este artículo nos interesa conocer cuáles han sido esos acuerdos, sin embargo no se podrá evaluar la forma en que funcionan los mismos.

El tema migratorio ha sido una preocupación para el CARICOM. Así lo demuestra su interés por cuantificar la cantidad de emigrantes e inmigrantes en sus territorios y tener como Comunidad un estado de la situación de este fenómeno. De igual forma, lo revelan los acuerdos y tratados a los que ha arribado la Comunidad.

Para la CEPAL, en su documento Migración Internacional en América Latina y el Caribe, los acuerdos en materia de migración del CARICOM se pueden colocar en dos grupos de políticas o acuerdos. El primero en aquellos que tienen que ver con la relación entre la población que ha emigrado e inmigrante en las islas y, una segunda, con los acuerdos de libre circulación a lo interno de la Comunidad. Las dimensiones que muestra la CEPAL son como sigue.

Programas de Empleo Temporal. El mismo está basado en acuerdos con otros países para que nacionales de las islas vayan a los mismos a realizar trabajos un tiempo definido. Tal es el caso de Santa Lucía, San Vicente y la Granadina, que han firmado acuerdos de trabajo con Inglaterra para involucrar a hombres jóvenes en las Fuerzas Armadas del referido país.

Por su lado, Jamaica y Santa Lucía han establecido acuerdos de trabajo con Canadá y Estados Unidos para enviar mano de obra temporera para trabajar la agricultura. A partir del documento de la CEPAL se pueden destacar los siguientes acuerdos: Programa de Trabajadores Agrícolas en los Estados Unidos; Programa de Trabajadores Hoteleros en los Estados Unidos; Programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá; Programa de Trabajadores Industriales en Canadá; Programa de Trabajadores Misceláneos en Guantánamo Bay

Incentivos de retorno y contacto con la diaspora. Los países congregados en CARICOM, han desarrollado una serie de incentivos para que la emigración de los mismos pueda retornar. Jamaica, Belice y Granada son algunos de los países que han incentivado el retorno de sus nacionales.

Para abordar la emigración de enfermeras CARICOM realizó una Conferencia en Barbados para buscar salidas a esta situación y además, en el 2007, firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud a fin de incentivar a las enfermeras a estar en sus países y atraer a las que ya se han ido (CEPAL, 2006; OPS, 2008).

Según afirma Thomas-Hope, la masiva salida de enfermeras de estas zonas, ha provocado la ocupación de esos puestos por parte de enfermeras de Cuba para Jamaica y Trinidad y de enfermeras filipinas para Trinidad. Esta acción, atada a la tercera acción de la Comunidad de incentivos a los inmigrantes.

En lo que respecta a los acuerdos de libre circulación a lo interno de la Comunidad (Rodríguez, 2011) coloca los siguientes:

- Libre circulación de graduados universitarios. Este acuerdo incluye 11 países de la Comunidad. Con este acuerdo los universitarios graduados pueden trabajar en cualquiera de los países partes sin requerir un permiso de trabajo. Montserrat y Surinam son los únicos países que no forman parte de este acuerdo.

- Acuerdo de Seguridad Social del CARICOM. Es un acuerdo que se considera de apoyo a la libre circulación establecida anteriormente. La implementación de este acuerdo está desde 1997 y, para hacerse efectivo, los países lo han promulgado como una Ley, a excepción de Surinam y Granada.

- Libre movimiento de artistas, deportistas, músicos y periodistas. Con este acuerdo los profesionales o personas que se dedicaban a uno de esos oficios, podían circular libremente entre un país y otro ejerciendo su trabajo. Los países de la Comunidad estaban operando con este acuerdo y Surinam de manera parcial.

- Libre circulación en base al “Protocol II categories”. Con este protocolo inversionistas, proveedores de servicios y negociantes pueden circular libremente por las islas, incluso con su personal técnico y administrativo.

Sin dudas las acciones de la Comunidad van encaminadas a una gestión del movimiento migratorio incluyendo tanto la situación de salida de nacionales de sus países, sus iniciativas de retorno, como en lo que tiene que ver con la cooperación en materia migratoria, entre los países miembros. A pesar de su importancia y de su funcionamiento, la Dra. Thomas-Hope, considera que es importante tener en cuenta:

- no reducir el análisis a factores de expulsión y atracción, restando importancia la cultura migratoria de la zona.

- Los migrantes son agentes de sus propias decisiones y que por lo general, los mismos, no son los pobres.

- Otro factor que considera son las expectativas de la migración versus lo que se encuentra el migrantes. Recordando, señala el documento, que los intereses de las familias y los estados/ gobierno no son los mismos.

- Es importante considerar el impacto de la migración no solo en lo económico, sino “también los profundos impactos políticos, sociales y psicológicos” del proceso (CEPAL, 2006).

En lo que respecta al Caribe que no forma parte del CARICOM, los acuerdos de cooperación y trabajo conjunto con países de la Región en materia migratoria no es amplio, los existentes son bilaterales, no con sentido de regional.

Por su lado, Cuba ha mantenido desde 1998 acuerdos de colaboración con Haití, principalmente en materia de salud, tanto en asistencia como en formación de personal haitiano en esta materia (Parlamento Cubano, 2010).

En República Dominicana, según resalta la OIM, se ha creado los Consejo Consultivos de Dominicanos en el Exterior por medio de decreto presidencial el cual le otorga personería legal a los consejos consultivos para garantizar la permanencia de éstos como un instrumento de representación permanente de los dominicanos fuera del país (OIM, 2007).

A modo de conclusión, consideramos que los acuerdos asumimos por los países miembros y no miembros del CARICOM constituyen un paso importante en la gestión migratoria. Sin embargo, algunos de las mediadas adoptadas se caracterizan por:

- Evitar presión por falta de empleo. Esto vinculado a los acuerdos que establecidos con otros países en trabajos temporeros, así también lo expresa la (CEPAL, 2006).

- Por lo general la inmigración es aceptada, en algunos países para llenar huecos de personal que ha emigrado, en otros sin objetivos específicos. Sin embargo los acuerdos se centran en el control migratorio, en los requisitos establecidos para poder estar en un país o en otro o quienes clasifican o no para tener libre circulación. Sin embargo, el trabajo de promoción de la interculturalidad y buscan nuevas relaciones sociales que garanticen una integración del migrante en el país de recepción.

- Se ha trabajo en las políticas de retorno, pero no se incluye la visión de la persona que migra que, como bien dice la Dra. Thomas-Hope, tiene intereses diferentes a los del Estado y que posiblemente también han establecido sus familias en los países de destino, con otros patrones culturales y educativos a los existentes en el país de origen de sus descendientes.

- El trabajo con la diaspora en algunos países miembros del CARICOM ha estado vinculado en incentivar el retorno, sin embargo en los demás e incluso incluyendo algunos de la Comunidad, las acciones han estado más en garantizar el vínculo con la diaspora en los territorios en los que residen, no en su retorno.

Algunas conclusiones

El movimiento migratorio en las islas del Caribe ha variado en las últimas décadas. La migración extra-regional tuvo especial importancia entre los años sesenta y setenta teniendo a Estados Unidos, Canadá y España como principales países de destino. A partir de los setenta, la migración Sur-Sur comienza a intensificarse registrándose movimientos migratorios importantes a lo interno del Caribe, los cuales se mantienen hasta la actualidad.

La demanda de mano de obra en el sector azucarero para países como República Dominicana y Cuba; así como la expansión de la industria petrolera en Trinidad y Tobago, han sido elementos de atracción para la migración intrarregional. Siendo el turismo, un factor común para todas la isla, con mayor vigencia en la actualidad.

Los principales movimientos migratorios a lo interno de la Región están concentrados en Haití-República Dominicana, República Dominicana-Puerto Rico, Granada-Islas Vírgenes e Islas Caimán-Trinidad y Tobago. Esta última abarca el 70% de la migración interregional, especialmente de la población de Estados partes del CARICOM.

Según Thomas-Hope, una importante característica de la migración caribeña es su nivel de calificación. Islas como Jamaica y Trinidad y Tobago son reconocidos por la expulsión de profesores, médicos y enfermeras.

La situación de pobreza y desempleo que viven los países de la Región, pueden considerarse como motores de expulsión de migración desde las islas. La población joven en las islas de habla inglesa es la más vulnerable, siendo los de 14 a 25 años los que se encuentran en mayores niveles de pobreza. Por ello es entendible, que esta sea uno de los principales grupos migratorios de la Región.

La Región también recibe inmigrantes de otras naciones. Los/ as migrantes procedentes de Estados Unidos tienen una importante concentración en Jamaica y República Dominicana. Salvadoreños y guatemaltecos constituyen el principal grupo centroamericano en las islas pertenecientes al CARICOM.

Los Estados miembros del CARICOM cuentan, a nuestro entender, con una visión más integrada del tema migratorio; en comparación con los Estados que no pertenecen. Como Comunidad cuentan con estadísticas conjuntas sobre este tema y con una serie de documentos que permiten tener una idea cuantitativa y cualitativa del fenómeno, aun con vacíos. Asimismo, ha puesto en agenda una serie de acuerdos, como Comunidad y Bi-estatales, que favorecen el libre tránsito entre ellos.

Los acuerdos de cooperación y articulación en el tema migratorio, en sentido general, se quedan en el control de la migración, en la garantía del libre tránsito, pero no abarcan políticas de integración o promoción de una convivencia intercultural entre los inmigrantes y residentes.

En lo que tiene que ver con la atención a la población que ha emigrado, en algunos de los Estados miembros del CARICOM han adoptado medidas de retorno para la población que ha emigrado desde hace varios años y para sus profesionales, algunas acciones han tenido más éxito que otras. En lo que respecta a República Dominicana y Haití, las acciones Estatales vinculadas con la población que ha emigrado se concentra en el establecimiento de lazos desde RD hacia el país receptor, pero no con incentivos de retorno.

En el caso de Jamaica, por ejemplo, ha firmado acuerdos con OIM para el retorno voluntario de sus nacionales de manera independiente a la iniciativa CARICOM. Según la OIM en Jamaica, en una conferencia llevada a cabo en ese país en 2004, se constituyó el Consejo Consultivo de 7 miembros quiénes asesoran al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comercio. Los miembros del Consejo representan las principales comunidades Jamaiquinas residentes en el exterior -es decir los Estados Unidos de América, Canadá y el Reino Unido. Las medidas impulsadas por este Consejo promueven la inserción de la diaspora en iniciativas comerciales (OIM, 2007).

Incentivos para frenar la fuga de cerebros. Anteriormente se ha mencionado que países como Turcas y Caicos y Jamaica tiene una importante emigración de profesionales en el tema de la salud. Esta ha sido una preocupación para la Comunidad, de ahí que los gobiernos, según señala CEPAL, han venido desarrollando políticas para que profesionales jóvenes tengan oportunidades.

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Graduada de psicología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo-INTEC en 2001. Maestría en Intervención Sistémica. Maestría en Globalización Procesos So¬ciales y Políticas Económicas; titulación otorgada por la Universidad del País Vas¬co y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (2010). Ha trabajado en ensayos e investigaciones sobre el tema de la migración hacia y desde República Dominica¬na, especialmente con migración haitiana, relaciones binacionales e imaginarios colectivos en el tema migratorio. Coordina, desde el año 2011, el Grupo de trabajo Crisis y Respuestas en el Caribe del siglo XXI de CLACSO.↵

La Comunidad Caribeña es un espacio de integración, que tiene como Estados miembros a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Montserrat, Santa Lucía, San Kitts y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Asimismo, tiene como Estados asociados a Angila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Turcas y Caicos.↵

Esta política incentivaba la migración de mano de obra barata para insertarse en la producción agrícola.↵

Es importante tener en cuenta que en la medición de este indicador puede tener criterios diferentes de un país a otro.↵

Embarcaciones frágiles elaboradas a base de madera ligera o fibra de vidrio↵

El Instituto de Estadística de Haití y la Oficina Nacional de Estadística de Cuba no muestran los datos de inmigración de manera desagregada, por lo que es también una limitación al momento de hacer el análisis.↵

El dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo expulsó del territorio dominicano a miles de haitianos y exterminó bárbaramente de 15 mil a 20 mil de ellos.↵

Se denominan braceros a los hombres haitianos trabajadores en el corte y recolección de caña de azúcar.↵

Ambos en 1910-1920.↵

Esto se debe a que los días de mercado no es necesaria la presentación de docu¬mentación migratoria para cruzar↵

12

Los acontecimientos

Dudus en jamaica y el futuro de las políticas caribeñas[1]

Brian Meeks[2]

LA FAMOSA CITA DE Historia de dos ciudades de Dickens, que resembla la Revolución Francesa, fue utilizada casi hasta el extrañamiento para referir al ambiente tenso y contradictorio que acompaña a la revolución social o a los momentos de gran inestabilidad social e incertidumbre. Es un descriptor apropiado de esa sensación de vacilación, de nacimiento interminablemente pospuesto, y de anomia que persiste en Jamaica actualmente. Ofrezco una advertencia desde el principio. A pesar de que mi artículo se titula “Los acontecimientos Dudus en Jamaica y el futuro de las políticas caribeñas”, no voy a abundar aquí en investigaciones acerca de las políticas de Barbados, Trinidad y Granada, o de cualquier otro espacio caribeño con la excepción de Jamaica. Este es un ensayo sobre Jamaica y la coyuntura que le es peculiar. Sin embargo sería absurdo concluir que éstos no son relevantes para el futuro de toda la región del Caribe, en particular sus componentes anglófonos. Jamaica es importante no sólo porque es el territorio de habla inglesa más grande y por tanto, un objetivo central para el comercio regional y la inversión, sino porque culturalmente es el actor dominante en la región. La cultura jamaicana como manifestación a través del reggae, el dancehall, el lenguaje, la actitud y el estilo llegó a ocupar, a veces para disgusto de los educadores, los comentaristas y los políticos, una posición casi hegemónica entre los jóvenes en toda la región. Por tanto, y en la medida en que la cultura jamaicana refleja un cisma y una crisis social de profundo impacto en la isla, es que dicha crisis y su manifestación popular se generalizaron como lingua franca de los jóvenes y los desposeídos desde Cuba y las Bahamas hacia el sur hasta Surinam y más allá. Esta hegemonía cultural jamaicana se solidificó aún más por el crecimiento y la consolidación de la diaspora caribeña cada vez más integrada. En ciudades como Brooklyn, Toronto y Fort Lauderdale, como una generación anterior en Londres y Birmingham, la integración antillana o caribeña avanzó bastante y mientras que los elementos significativos de otras culturas caribeñas están presentes, creo que no sería totalmente injusto decir que la diaspora de la joven población caribeña habla con acento jamaiquino. Por lo tanto, la crisis social irresuelta en Jamaica, girando fuera de control, tendrá un efecto profundo e inestimado en toda la región, tanto dentro como fuera de la isla.

Los acontecimientos dudus

El Día de los Trabajadores, el 23 de mayo de 2010, el conjunto de las Fuerzas Armadas de Jamaica, los tres batallones de la Fuerza de Defensa y las Fuerza Policial de Jamaica, en una demostración sin precedentes de fuerza militar, entró en la densa y elevada comunidad de Tivoli Gardens, central y tradicionalmente el componente de la circunscripción electoral occidental de Kingston más leal al Primer Ministro Bruce Golding. Irrumpiendo violentamente en la comunidad fortificada, a través de una serie de agujeros estratégicos en los muros de hormigón al sur, los militares sorprendieron a docenas de hombres armados involucrándolos en una serie de graves enfrentamientos que duraron la mayor parte de los dos días. Cuando, finalmente, la paz fue restaurada, unos 73 supuestos combatientes junto a un soldado resultaron muertos, cientos de jóvenes fueron detenidos y, en un país acostumbrado a la información constante de violencia urbana y enfrentamientos de la policía con pistoleros, los jamaiquinos, sin embargo, quedaron en estado de shock ante la magnitud de la violencia y la matanza[3].

George Lamming (1979) en su novela Season of Adventure, intensamente profética, que describe la historia de la isla imaginaria de San Cristóbal desde la independencia a la caída de la primera República y la formación de la segunda, es una rica fuente analógica para el momento contemporáneo en Jamaica. Sugiero que la invasión de Tivoli, en cierto sentido, posee un paralelismo con el colapso de la primera República de Lamming: en que los acuerdos sociopolíticos que proporcionaron un grado de cohesión desde la independencia colapsaron. Sin embargo, la analogía termina ahí, dado que las estructuras políticas -las estructuras del Estado formal junto con los dos acuerdos partidarios- permanecen intactas. Esta es la naturaleza híbrida peculiar del momento actual: un sistema que ya no es funcional y vibrante coexiste junto a una superestructura que permanece en su lugar; por ello la relevancia de la otra analogía que mencioné, de un nacimiento peligrosamente pospuesto.

Cinco fases en las políticas jamaicanas

A fin de llegar correctamente a esta conclusión, sin embargo, recordemos un poco de historia, que cualquier estudiante ocasional de política jamaicana poscolonial conoce. El sistema político bipartidista jamaicano, si bien no es el único en la Comunidad del Caribe, está entre sus más duraderos[4].

Esto permitió una transición recurrente, si no regular, de un partido al otro por más de seis décadas. En una sociedad relativamente pobre y marcadamente jerárquica, sin embargo, esto se logró a través de un sistema particularmente vicioso de maquinaria política, o políticas “clientelares” (Stone, 1983), caracterizado por la distribución de escasos beneficios de manera parcial por el partido ganador a sus partidarios. Desde el principio, con la supervivencia como riesgo crucial para muchos, el sistema tuvo el potencial para la afrenta agresiva y la violencia. Esto, al principio, tuvo la forma de choques simbólicos entre grupos de partidarios -a menudo con base sindical- pero sería una imprecisión histórica concluir que la violencia no estaba enraizada en el sistema desde sus primeros días[5].

La segunda fase de su evolución fue la aparición de diversos enclaves urbanos en los cuales el apoyo a un partido era, o devino, abrumador y fue utilizado en última instancia como un medio de asegurar el control político sobre una circunscripción electoral particular. Si bien hay debates en cuanto a los orígenes de la violencia, no hay mucha objeción acerca de la demolición del barrio marginal “Back o’ Wall” y el desplazamiento (Gray, 1991: 73-82). de sus partidarios del Partido Nacional del Pueblo (PNP) seguido de la construcción de Tivoli Gardens con su apoyo casi total al Partido Laborista de Jamaica (JLP) marcó el comienzo de la “política de guarnición”[6], para utilizar el término popularizado por Carl Stone. En lo sucesivo, Tivoli sería un bastión político y militar bajo el mando de Edward Seaga. El PNP se movió rápidamente para construir sus propias guarniciones comunitarias, y con su vasto apoyo popular y geográfico en las zonas urbanas de Kingston, pronto superaría al JLP en el número de comunidades designadas de forma similar. Ninguno, es generalmente aceptado, se acercó a Tivoli en términos de mera organización y capacidad paramilitar.

La tercera fase ocurrió en los años setenta. Con la consolidación parcial, en y alrededor de Michael Manley del PNP, de un movimiento para eliminar los últimos vestigios del colonialismo y desigualdad profundamente arraigada de la vida social y política de Jamaica, aumentaron los riesgos. Ahora la confrontación ya no estaba entre dos partidos con programas razonablemente similares, operando principalmente dentro de los estrechos límites de las elecciones parlamentarias. El proyecto de Manley, aunque fue inicialmente blando en sus políticas, enfureció a secciones importantes entre las elites tradicionales, quienes determinaron desde los primeros días del régimen sacarlo del poder. En un proceso clásico de crecimiento la plataforma el PNP evolucionó de políticas relativamente blandas, tales como su propuesta de un servicio nacional de la juventud a devenir, en respuesta a la creciente oposición y aumento de las expectativas populares, en el retóricamente combativo “Socialismo Democrático”[7]. El JLP por su parte, se corrió a la derecha tanto en su retórica como en asociaciones internacionales, encontrando una causa común en particular con los conservadores del Partido Republicano estadounidense. Y después de 1973, el PNP se aproximó a de Fidel Castro, fortaleció los vínculos nacionales preexistentes con el Movimiento de Países No Alineados y estableció nuevos contactos con lo que puede ser someramente descrito como el movimiento de antiimperialista internacional, e incluyó el establecimiento de lazos políticos y económicos con la Unión Soviética[8]. Las hostilidades de la Guerra Fría exacerbaron aún más las ya profundas heridas en el cuerpo político mientras que los odios sangrientos -algunos acumulados durante generaciones- tornaron en divisiones ideológicas y filosóficas. El ascenso del gobierno de Manley también proporcionó un espacio fecundo para el crecimiento y la proliferación de un movimiento cultural popular rico y ampliamente reconocido. Bob Marley fue sólo la estrella más brillante en un firmamento que incluyó a Peter Tosh, Dennis Brown, Burning Spear, Bunny Wailer y el recientemente fallecido Gregory Isaacs. El movimiento cultural[9]demostró ser mucho más perdurable que la radicalización política de la época y, sin embargo, los analistas de la política contemporánea jamaicana fallaron, hasta hace muy poco, en no asignar a la cultura su verdadero peso en el expticandum del estancamiento actual. Este será el contenido de la última parte de este ensayo.

La derrota de Manley y el PNP seguida de las políticas de ajuste estructural inducidas por el FMI, la contracción económica de 1977-80 y la elección sangrienta de ese último año[10] llevaron a la cuarta y penúltima fase de este proceso. Las diversas bandas políticas que se habían amalgamado en las milicias armadas de los dos partidos durante los años de la guerra, entre 1975 y 1980, ya no eran necesarias, dado que la batalla fue resuelta con la victoria decisiva del JLP, la libertad de empresa y Occidente. Los veteranos, altamente capacitados y experimentados en combate en conflictos urbanos, de ambos lados de la división política, muy rápidamente se hicieron cuentapropistas. Ya no a la orden de los partidos, buscaron la forma de utilizar sus habilidades recientemente aguzadas para promover sus propósitos independientes y lo lograron con eficacia a través de la formación de diversas bandas de Posse y Yardie[11] que operaron eficientemente a lo largo de los Estados Unidos y el Reino Unido. Esta es, también, la fase en que las relaciones de poder tradicionales de la política jamaicana fueron puestas a prueba por primera vez. El éxito en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas llevó a un nuevo cambio de fortunas, en la que los jefes de las bandas volvieron a Jamaica atiborrados de dinero en efectivo. Esto ocurría en el mismo momento que el Estado jamaicano, bajo diversos programas de ajuste estructural del FMI, “se achicaba” y era incapaz, por lo tanto, de proporcionar los escasos beneficios y dádivas que fueron moneda corriente de la dominación y el control en el período anterior. El resultado fue que en este largo interregno que duró desde 1980 hasta 2010 —unos treinta años- el equilibrio de poder pasó gradualmente de los políticos -los patrones tradicionales del sistema clientelar- a sus antiguos secuaces los Dones, ahora socios autónomos y cada vez más ricos[12]. Los Dones aún requerían que los políticos les proporcionen contratos legítimos con el gobierno y cobertura política para llevar a cabo sus actividades, pero más críticamente, los políticos ya no podrían sobrevivir sin los Dones, no sólo por su apoyo militar en tiempo de elecciones sino que, en el contexto de crisis económica, por su dinero efectivo. Este es el período de maduración de los Dones, cuyas características Anthony Harriott describió sucintamente, incluyendo, inter alia, el surgimiento de negocios legítimos; monopolios geográficos como territorios administrados; el crecimiento de firmas criminales como monopolios; la creación exitosa de apoyo social en sus comunidades de pertenencia; inmunidad ante la aplicación de la ley local; y la cooptación inversa de elementos en los partidos políticos (es decir, lo contrario de la cooptación de las comunidades por los partidos en los sesenta y setenta, ahora las bandas cooptan a los políticos para que los respalden en el ámbito legal)[13].

Esta descripción es indudablemente la que prevaleció como el preludio de los acontecimientos Dudus de 2010. Después de años de cuidadosa recopilación de evidencia contra el Don de la notoria banda Shower Posse de Tivoli Gardens, Christopher “Dudus” Coke, las autoridades estadounidenses, mediante el Tratado de Extradición mutua con el gobierno de Jamaica presentaron los documentos apropiados para su extradición[14]. El proceso fue revelador, ya que aportó una prueba cardinal para el nudo del argumento de Harriott de que, en esencia, el equilibrio de fuerzas entre el político y el Don cambió mucho, si no decididamente a favor de este último. Pasaron unos nueve meses y los acontecimientos violentos en Tivoli Gardens desde la solicitud inicial hasta su eventual captura y extradición real a los Estados Unidos para ser procesado. El gobierno jamaicano desde el principio intentó demorar la extradición, luego alegó que Estados Unidos obtuvo ilegalmente las evidencias, mientras que, simultáneamente, intentaba contratar al prestigioso estudio jurídico norteamericano Manatt, Phelps y Phillips para intervenir a fin de “resolver” la situación. Las preguntas inevitables tendrían que ser, resolver ¿qué situación y a favor de quién? En los últimos años numerosas personas fueron extraditadas a los Estados Unidos en virtud del Tratado existente, sin necesidad de intervención del gobierno para facilitar una resolución. Hay, por supuesto, muchas más vueltas de rosca sobre el tema en particular que no pueden desarrollarse aquí, excepto para sugerir que la prevaricación, las tácticas generalmente obstructivas, la ofuscación y las mentiras de la administración de Golding, indican más que nada la profundidad del estancamiento de la credibilidad y la legitimidad que se está consolidando en Jamaica. Del otro lado de la ecuación estaba, por supuesto, la fuerza aglutinante del Don. Coke utilizó la larga espera provista por las maniobras del gobierno para reunir sus fuerzas, prepararlas políticamente y convertir a Tivoli en lo que él pensó sería una fortaleza inexpugnable. Asombrosamente, en mayo, dos días después de que Golding se retractara, reconociera el encubrimiento e indicara que firmaría la nota para la extradición de Coke, aparecieron en Tivoli Gardens poderosísimas mujeres vestidas de blanco en apoyo de Dudus, desplegando pancartas y coreando consignas proclamando, inter alia, que él estaba “junto a Dios” y que morirían por él[15]. Unos días más tarde, envalentonado por esta demostración del apoyo abrumador dentro del enclave y, sobre todo, d solidaridad en forma de respaldo paramilitar de las comunidades aledañas, muchas tradicionalmente opuestas a la persuasión política, la máquina Tivoli parecía marchar a la ofensiva, atacando y quemando comisarías y, fundamentalmente, emboscando y matando a tres policías en la volátil comunidad oriental de Kingston, en Mountain View. La quema de las comisarías y la muerte de los policías llevaron a un momento decisivo, ya que muchos despabilaron ante la amenaza inminente a la existencia misma del Estado. Esto sentó las bases políticas para el ataque feroz sin precedentes en Tivoli Gardens con su alarmantemente alto número de muertes.

Más allá de la disolución hegemónica

El colapso de la fortaleza de Tivoli Gardens puede indicar el final de una larga fase de maduración del sistema criminal, que se desarrolló de la política de la guarnición de los años sesenta y setenta, o puede llegar a ser simplemente un revés temporal. Es demasiado pronto para llegar a un juicio definitivo, pero las pruebas comienzan a acumularse. Inmediatamente después de la incursión de Tivoli, y en los meses siguientes hasta el presente[16], las tasas de homicidio y de criminalidad en Kingston, St. Andrew y en toda la isla, bajaron notablemente. Fueron arrestados numerosos líderes de bandas y sus asociados y, junto a los combatientes que murieron en la violencia de mayo o en encuentros subsecuentes con las Fuerzas Armadas, se lograron verdaderos avances contra las bandas criminales. Se impulsaron algunas iniciativas menores, como la decisión por parte de de elementos en el sector privado para reconstruir el Mercado de Coronación, económicamente esencial, en Kingston Occidental que había sido parcialmente destruido en la batalla, junto con nuevas iniciativas para construir viviendas para los residentes de las comunidades urbanas desposeídas, y una serie de intervenciones de mayor o menor tamaño de varias ONG. Estos, y la postura más decidida de los actuales dirigentes policiales y militares para acabar con la delincuencia son factores que contribuyen al reflujo momentáneo de la violencia, pero al final son, en el mejor de los casos, paliativos temporales que no logran superar las contradicciones más profundas y fundamentales en la sociedad jamaicana[17]. Unos quince años atrás, en un análisis que aún creo que proporciona aclaraciones útiles, sugerí que Jamaica estaba en un momento de disolución hegemónica:

[...] la crisis económica, el colapso del proyecto político, la independencia psicológica creciente de las clases subalternas y los niveles de liderazgo social por parte de las clases medias son las condiciones bajo las cuales emergió el momento de disolución hegemónica (Meeks, 1996: 131).

En la utilización categorías gramscianas, entendí la hegemonía en el sentido del control efectivo y la dirección de la sociedad jamaicana, y concluí que el bloque social a cargo de la sociedad jamaicana ya no mandaba a un pueblo convencido de su superioridad social y su derecho inherente a “hacer las cosas” [18].

Creo que este análisis todavía tiene relevancia en la Jamaica actual[19]. ¿De qué otra forma podemos explicar el rendimiento de una economía con una vibrante población anglófona, con un más que razonable dispendio de recursos para su, ciertamente, tamaño pequeño y su perfecta colocación en el centro de las principales rutas comerciales de Norte a Sudamérica y de Asia a las Americas que no es capaz de mostrar algún crecimiento económico significativo durante las últimas tres décadas? ¿De qué otra forma podemos explicar la tasa homicidio, incluso en su momento decreciente, entre las más altas del mundo? ¿De qué otra forma podemos explicar la avalancha de inmigrantes -un 85%[20] de las clases profesionales según algunas estimaciones- que votaron con sus pies, buscando una vida mejor en otra parte? Algún el camino bloqueado, alguna obstrucción arterial está sofocando a Jamaica. Los problemas del país que presento no deben ubicarse principalmente en las políticas económicas erróneas aunque, la verdad sea dicha, hubo muchos; tampoco se explican por la ausencia de iniciativa humana; ni tampoco, y es lo más importante, deben ser identificadas primordialmente con la naturaleza del sistema capitalista mundial. Si fuese únicamente el resultado de factores externos entonces ¿cómo explicaríamos las experiencias contrarias de Barbados, o Mauricio, incluso más lejos, Singapur, todas con muchos menos recursos, tanto humanos como materiales y, por tanto, más periféricos según la mayoría de las definiciones; pero todas lograron incidencias notables de crecimiento, desarrollo humano, así como resiliencia a las perturbaciones en los últimos cinco decenios? La respuesta, creo, debe ser localizada en un período de estancamiento, identificado por el fracaso de cualquier fuerza social significativa para poner un sello en la sociedad y conducir a otros elementos y formar una alianza para hacer avanzar al país. Esto es a lo que me refiero como disolución hegemónica. Sin embargo, es tan significativo reconocer la importancia de un momento de estancamiento como tener en cuenta que ningún fenómeno o momento social es siempre inmóvil. Esta coyuntura particular es meramente una encrucijada en el flujo de tráfico social ulterior. Por lo tanto, necesitamos concentrarnos un poco en el movimiento, los cambios que se acumularon en los últimos quince años y en particular en el período más reciente.

Del lado positivo, hay iniciativas nuevas e importantes, incorporadas antes y desde los acontecimientos de mayo de 2010, que se tomaron desde el gobierno y su entorno para enfrentar la corrupción. La Comisión Independiente de Investigaciones sobre Abusos Policiales, o INDECOM[21], es aquélla que permite cierto grado de control público y supervisión. Otra es la Oficina del Contratista General (OCG), encarnada en la presencia batallante del señor Glen Christie[22], quien trajo a su cargo un sentido de equidad, intrepidez e integridad previamente inimaginable. Junto a Christie, un nuevo cuadro de oficiales aparentemente intrépidos, que parece estar dedicado a erradicar la corrupción, surgió en el sector público[23]. El PNP adelantándose al JPL dirigente designó una Comisión de Integridad[24] formada por sujetos no partidarios e independientes para investigar a sus potenciales candidatos electorales como adecuados y apropiados, y abrió sus cuentas al público. Tal vez estas iniciativas recibieron menos atención que la debida en una atmósfera general en la cual la credibilidad de los políticos y las iniciativas políticas de los gobiernos de toda laya están profundamente degradadas[25].

Pero en otras esferas críticas de la vida sociopolítica los resultados son, a lo sumo, tristes. En la nueva situación que está sin duda en sus etapas iniciales, se ha hecho muy poco para abordar los fundamentos estructurales de la desigualdad social y la desesperanza concomitante en el futuro que domina impregna la vida de la mayoría de los habitantes urbanos y los pobres en general. Más allá de la reparación de carreteras y los programas de construcción tradicionales que están profundamente implicados en el viejo sistema de patrocinio y los sondeos ocasionales sobre las nuevas zonas industriales cerca de Kingston y en Clarendon, no hay ningún pensamiento nuevo y audaz, ya sea el gobierno o la oposición, en cuanto a cómo, portentosamente crear puestos de trabajo, aumentar la riqueza y promover un ciclo virtuoso de prosperidad. El gobierno actual, mareado en el entorno ciertamente pusilánime de la recesión mundial, y atrapado en la rutina terrible de tratar de equilibrar los presupuestos devastados, parece haber perdido el enfoque, si es que alguna vez lo tuvo, de un panorama más amplio. Pero tampoco hay una imagen más clara de las posibilidades, a pesar de las versiones ocasionales acerca de una nueva “agenda progresista”[26] que surge un poco a las apuradas desde la oposición del PNP

Más críticamente, no hay conciencia del sentido de las dimensiones culturales y psicológicas importantes del momento actual y sus implicancias para el descarrilamiento de cualquier proceso del desarrollo nacional, que sólo puede ocurrir si hay un intento previo de forjar un mínimo de consenso y unidad. Obika Gray, en un ensayo significativo y penetrante sobre cultura y desarrollo en Jamaica[27], escrito meses después de la tragedia de Tivoli, argumentó que los gobiernos poscoloniales en Jamaica y el Caribe enfatizaron la política económica y la gestión política en detrimento de cualquier tentativa de manejar la esfera de la cultura moral y valores. El resultado ha sido un grave error, puesto que la cultura se encuentra en el centro del desarrollo dado que: “[...] es el campo de batalla de las luchas ideológicas tanto sobre la distribución de bienes como la asignación de valores”[28]. El fracaso para comprometerse efectivamente en la esfera de la cultura y los valores, sostiene Gray, llevó a la proliferación de una cultura subalterna de valores contradictorios, algunos de los cuales son indudablemente positivos, y otros que son profundamente negativos desde la perspectiva de generar un nuevo proyecto de cohesión nacional que podría generar vías positivas de desarrollo humano en Jamaica y en toda la región.

La crisis de la cultura popular
Quiero desarrollar las precisiones importantes de Gray a partir de dos intervenciones en los medios de comunicación jamaicanos. La primera es Devon Dick columnista del Gleaner y conocido ministro bautista, titulada “La espiritualidad’ de Mavado”. David Mavado Brooks fue nombrado recientemente “persona de interés” por la policía, junto con su competidor el artista deejay Adidja Vybz Kartel Palmer. Dick, en su artículo, considera las líricas de Mavado que parecen vacilar entre un cristianismo piadoso como en la grabación “Mesías” donde canta: “Me a bwoy, believe inna prayer”[29] y en “Tocar el camino” donde entona: “Gunshot bun dem skin like the song me sing, when me done with him not even drankcrow want him”[30]. Dick le formulará una serie de preguntas penetrantes sobre la naturaleza de cultura jamaicana y el carácter ético de la moral del Antiguo Testamento; pero parece un poco desconcertado en la conclusión cuando se lamenta que “aparentemente, en la espiritualidad de Mavado y los otros, no hay ninguna disonancia entre las canciones de inspiración y las que incitan a la violencia”[31]. La segunda intervención rodea el aluvión de medios de comunicación que hizo erupción tras el tiroteo de Cedric Doggy Murray en agosto de 2010. Murray, buscado por varios asesinatos perversos, fue el notorio líder de Stone Crusher Gang, banda situada en St. James. Su diario, recuperado tras su muerte, reveló un ser humano muy letrado y con profundos conflictos. Murray aparentemente había sido uno de los socios cercanos de Coke, que disparó de su AK 47 a la policía en la batalla de Tivoli hasta que, en sus propias palabras: “se le entumeció el dedo”. Sin embargo, al mismo tiempo, Doggie reveló una aparentemente profunda espiritualidad; cito su diario: “Yo soy un verdadero gánster, pero amo al Señor con pasión. ¿Por qué hago las cosas que hago? PECADO puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece; eso significa que puedo arrepentirme y cambiar pero, sin embargo, mi fe es débil. Mi vida es un libro [,] un rompecabezas” [32].

En uno de los mejores dentro de un aluvión de artículos que buscan dar sentido al diario de Doggie, Don Robotham sostiene que “un tipo particular de religiosidad parece estar convirtiéndose en una parte esencial del maquillaje psicológico y del arsenal ideológico del criminal jamaiquino más inteligente”[33]. Robotham concluye:

Fuego y azufre, héroes del Antiguo Testamento como Gideon proporcionan inspiración capaz de movilizar a otros jóvenes y contenerlos a través de los numerosos juicios de sus batallas con “Babilonia” y “Medianites”. Dadas las injusticias históricas flagrantes en la sociedad jamaicana y nuestras innumerables divisiones raciales y sociales, esto es un brebaje embriagador con un potencial social verdaderamente explosivo que podría hacer que los acontecimientos de mayo en Tivoli parezcan un picnic[34].

Disolución hegemónica, si la frase aún tiene relevancia, en sus fases avanzadas no sólo es el distanciamiento rebelde de clases subalternas de las nociones anglofilas, cristianas y criollas de las tradicionales clases medias jamaicanas, sino la creación de nuevos espacios culturales y filosóficos que incorporan, entre otros, los siguientes elementos.

La afirmación de nociones posemanciaptorias de Derecho y Justicia.

La utilización de conceptos del Antiguo Testamento de violencia justa, incorporado el afán por cultura de las armas como una vía para el poder y la riqueza.

Una noción maniquea del bien y el mal absolutos, encarnado popularmente en la homofobia omnipresente del dancehaü, pero aplicado en toda la gama de relaciones sociales.

La subordinación de formas democráticas de gobierno al imperativo del cacique poderoso, ejemplificada en la reconocida fidelidad de Doggie al “Gran Don” Dudus.

Un relativismo moral basado en la noción de que toda la sociedad es corrupta y, por lo tanto, que los pobres consigan su parte a través de la corrupción por medios ilegales y violentos es justificable.

Una profunda hostilidad hacia Babilonia, la policía y los jefes o autoridades de la sociedad.

Una clara inscripción al consumismo neoliberal, más evidente en la cultura Bling y el hiperconsumismo expresado en las líricas y el estilo de muchos en el dancehaü.

Si un nuevo consenso jamaicano debe ser construido sobre el inminente colapso del anterior, requerirá no sólo una condena de estas nuevas, y a menudo perturbadoras, narrativas cuasi filosóficas sino un compromiso crítico con ellas. Hay una serie elementos aquí, incluyendo el relativismo moral, el autoritarismo neofascista y la exaltación de la violencia, que puede resultar incompatible con cualquier intento de forjar un proyecto colectivo nacional; pero también hay otros, como la invocación a la coherencia en la aplicación de derechos y justicia, temas universales y un persistente desprecio por las viejas jerarquías, que son inevitables si una democracia más profunda y más inclusiva ha de agregarse a la agenda.

¿Un camino a seguir?

Presento mi conclusión como una salida posible de este estancamiento, como una serie de tesis:

La característica definitiva y crítica de Jamaica contemporánea, como lo fue durante todo el período del primer medio siglo poscolonial, es la profunda división social con su estructura en apariencia inclusiva, pero con una realidad cotidiana profundamente jerárquica y excluyente.

La novedad de las tres últimas décadas es el fracaso -reconocido por toda la sociedad- de las clases media y alta para administrar y organizar un Estado en funcionamiento eficaz con una economía próspera y vibrante.

El camino a seguir debe abordar inevitablemente asuntos de seguridad y forenses para intentar llevar un mínimo de paz a la sociedad; pero estos fracasarán inevitablemente si no hay ningún intento de abordar frontalmente la cuestión fundamental de la división social, la economía moral profundamente defectuosa y los rasgos políticos persistentes de patronazgo y jerarquía que lo acompañaron en la era de la posindependencia.

No voy a abordar las medidas forenses y de seguridad en mi conclusión, lo dejo en manos de otros como Anthony Harriott que es mucho más versado en materia de vigilancia policial comunitaria, intervención social en comunidades de guarnición, vigilancia vecinal y cosas

por el estilo[35]. Por el contrario, quiero concentrarme en algunos asuntos nodales con referencia a la división social.

Está ausente en todo el debate nacional, como se sugirió antes, un debate serio, novel sobre cómo cambiar drásticamente los patrones de pobreza profundamente arraigados en un período corto de tiempo. En cambio, deseo concentrarme en algunos de los asuntos primordiales relacionados con la división social. Salvo que se produzca una revolución social en la que toda la sociedad se de vuelta y que resultaría casi imposible sobrevivir en la atmósfera política internacional hermética de dominación del capital global contemporáneo, hay una vía que podría conducir a una pronta y rápida redistribución de la riqueza hacia abajo, y es un programa de reformas territoriales urbano y rural. Jamaica se encuentra en un momento peculiar en que el gobierno posee importantes tierras cultivables – principalmente viejos cañaverales que sólo se dedican sólo parcialmente a la producción- de hecho, el gobierno de Jamaica es, irónicamente desde una perspectiva histórica, el único gran terrateniente. También existen importantes extensiones de baldíos urbanos y suburbanos que son propiedad del gobierno. Un programa audaz y decidido de la reforma territorial implementado de forma bipartidaria genuina con la supervisión de instituciones impolutas como, por ejemplo, la oficina del Contratista General, y reforzada por los medios de comunicación y la opinión pública cada vez más vigilantes podría, simultáneamente, aumentar la producción agrícola, empoderar todo un estrato renovado de pequeños propietarios de tierras urbanas y rurales, incrementar la demanda nacional significativamente y liberar la equidad oculta que se filtraría a través de la economía y le daría una nueva energía y dinamismo empresarial sin precedentes[36]. Hay peligros evidentes en tal política, no es el menor de ellos la probabilidad de sucumbir al patrocinio y la corrupción que están en el corazón del momento presente. Sin embargo, en un contexto donde no existen alternativas claras ¿no valdría la pena pensar y sopesar los pros y los contras de tal enfoque a través de tanto discusiones técnicas y formales como de un diálogo nacional y popular? ¿No podría la conversación en sí misma servir como un foro no sólo para debatir esta idea sino para proponer alternativas viables? ¿No podría, además, cumplir otra función, como generar confianza, abrir vías de diálogo no partidario sentar las bases para un mayor consenso en el futuro?

La segunda propuesta se refiere a la cuestión de repensar las disposiciones constitucionales de independencia calamitosa que necesitan una revisión substancial. Las opciones sencillas tienen que ver con controlar y equilibrar el poder del Ejecutivo y de otras instituciones poderosas en la sociedad y hay de hecho, consenso amplio en la mayoría de estos temas[37]. Las cuestiones más difíciles tienen que ver con la profundización de la democracia. El fracaso intelectual crítico de las últimas dos décadas fue abandonar la cuestión de la profundización de la democracia por la tarea más sencilla de pensar cómo controlar el poder del ejecutivo y del aparato burocrático enquistado. En otro lugar propuse lo siguiente como posible agenda para la reforma constitucional y política.

Una Asamblea Constituyente del pueblo de Jamaica dentro y fuera del país como una forma de iniciar un verdadero debate popular y llegar a un consenso sobre los principales elementos de los nuevos acuerdos políticos y sociales. La Asamblea podría estar facultada para celebrarse cada 10 años para revisitar hasta qué grado los cambios acordados se volvieron arcaicos y para incluir a las nuevas generaciones en el acto de escribir su propia Constitución.

La utilización del debate del presupuesto anual como una medida estratégica y como un evento específico que puede estar abierto al debate público y que podría establecer una plantilla para un nuevo enfoque participativo a la gestión.

La clausura de la oficina de los Miembros del Parlamento (MP) como la fuente principal de distribución de beneficios a nivel de circunscripción electoral. En su lugar propongo, siguiendo a Stone[38], el establecimiento de un Consejo Electoral integrado por miembros de ambos partidos y representantes no partidarios de la comunidad.

El establecimiento del principio de revocación, con las salvaguardas apropiadas para prevenir el uso partidario frivolo y estrecho, para poner una verificación definitiva a su poder entre períodos electorales para aquellos MP que no que no cumplan.

La presentación de nuevas leyes relacionadas al financiamien-to de los partidos que abriría los libros al público a fin de minar la habilidad intereses financieros poderosos que subvierten los principios democráticos.

La delegación de mayor poder a los gobiernos locales, arraigada en el derecho, para contrarrestar los poderes generales del partido, el centro y la ciudad[39].Por último, para volver a la cuestión de la cultura y filosofía: la piedra angular oculta en cualquier movimiento que aleje de la crisis presente es el tema del consenso filosófico que, casualmente, no está en la agenda jamaicana actual. Cualquier movimiento hacia un nuevo consenso, por tanto, no puede operar esencialmente a nivel de las estructuras, leyes y estatutos, sino que debe entablar una conversación en torno a las cosmovisiones que incluyan diversas opciones mientras bregamos por forjar un consenso viable. Esa conversación debe plantear no sólo cuestiones éticas elementales como las normas universales de la vida social, que ya no pueden darse por sentadas, sino también asuntos más problemáticos como la homofobia creciente, la desigualdad y la violencia de género. Tendría como objetivo primordial, casi dos siglos después de la emancipación y a cincuenta años de la independencia anglocaribeña la interrogación acerca del sentido de la libertad, el replanteo de la democracia y la continua prominencia la de soberanía en el mundo contemporáneo “globalizado” [40]. Esto tendría que ver nada menos que con intentar sentar las bases para una nueva perspectiva de la vida social a medida que avanzamos hacia la mitad del siglo XXI[41].

Todas las crisis, con lo difíciles y debilitantes que puedan ser, proporcionan aperturas y oportunidades. Esta crisis de treinta años, que alcanzó un punto culminante en el Día de los Trabajadores con los acontecimientos Dudus de mayo de 2010, no es diferente: brinda la oportunidad de comenzar a repensar el conjunto de disposiciones incrustadas que sustentaron el viaje poscolonial de Jamaica. No es, como insinué al principio, una propuesta común para alguna otra competencia de la Comunidad del Caribe. Sugiero, sin embargo, que si estas propuestas u otras similares no son tratadas, ni realizados los esfuerzos para implementarlas a través de un proyecto de inclusión y compromiso nacional y popular, entonces la situación no mejorará en Jamaica y las consecuencias para todo el Caribe serán graves. Y no se debe permitir que Jamaica fracase por falta de imaginación, para citar una vez más a George Lamming[42], famoso hijo de Barbados.

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Este ensayo fue presentado por primera vez en la Conferencia Anual Emmanuel Patrick en la Universidad de West Indies, Cave Hill, Barbados, el 25 de noviembre de 2010. Se publicó una versión anterior a ésta: "Notas y comentarios" en Social and Economic Studies (Kingston: SES), Vol. 60, N° 3-4: 183-202, septiembre-diciembre.Traducción: Eugenia Cervio↵

Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies. The University of the West Indies. Mona↵

Se puede consultar uno de los primeros y más agudos análisis: Lewis (2010).Ver también: Levy, Horace (2011) donde argumenta, inter alia que los acontecimientos de 2010 sugieren la capacidad de la sociedad civil de infligir cambios profundos en Jamaica. Para una descripción sensible de los acontecimientos de Dudus, aunque algo esquemática, ver Samuels (2011).↵

Para una elaboración de este argumento, ver Meeks (1996).↵

Ver: Gray (1991); Gray (2004); Sives (2010).↵

Ver: Stone (1986); Figueroa y Sives (2003: 63-68)↵

Ver Polanyi Levitt (1984)↵

Ver: Henke (2000).↵

Ver, por ejemplo: Meeks (2003: 276-301) y Bogues (2003: 187-205).↵

Ver: Kaufman (1985).↵

Ver: Gunst (1995).↵

Ver: Harriott (2008: 16-17).↵

Ibid.↵

La naturaleza del Tratado de Extradición, la tentativa del Primer Ministro y otros miembros de su administración para presionar ante el Departamento de Estado presuntamente a favor de eliminar o modificar la demanda de extradición, fue objeto de la Comisión de Investigación de 2011 que, por primera vez, fue transmitido ampliamente en todo el país. A pesar de reconocer que hubo "errores de juicio" notablemente de parte del Primer Ministro, las tibias conclusiones de la Comisión no derivaron en acusaciones ni condenas. En el momento de la redacción la opinión pública todavía estaba dividida, aunque inclinada a descartar los resultados como puede apreciarse en los comentarios de Karl Johnson, Secretario General de la Baptist Union de Jamaica: "tengo la impresión de que los miembros de la comisión quieren hacernos creer que toda la serie de acontecimientos fue sólo una comedia de equivocaciones [...] Casi pusieron al país de rodillas, murieron como mínimo 73 personas, y quieren hacernos creer que todo esto era simplemente una comedia de equivocaciones? Algo está mal" (The Gleaner, 2011, 16 de junio).↵

Ver: Samuels (2011: 214-15).↵

Esta presentación fue realizada en noviembre de 2010 y revisada para su publicación en 2011. La tendencia decreciente de homicidios aún continúa. La tasa de homicidios de octubre de 201 fue un 43% menos que para el mismo mes en 2009 (The Gleaner, 2010, 26 de noviembre). Entre junio 2010 y mayo 2011 hubo 700 homicidios menos que en el año anterior. La policía declaró, asimismo, que desde comienzos de 2011 desmantelaron el 50% de las 57 bandas que perseguían. Ver: Raynor, Petre Williams 2011 "Iron Fists can't Curb Crime" en The Sunday Gleaner (Kingston), 19 de junio.↵

Este enfoque fue repetido hasta cierto punto por el comisario Owen Ellington, que, en el junio de 2011 sostuvo que: "[...] no puede ser una lucha interminable dentro del campo de batalla entre la policía y las bandas, por lo tanto tiene que haber otra fase de la estrategia". Esto, sugirió, debería incluir mejoras materiales de las comunidades y una mayor vigilancia comunitaria. El comisario, sin embargo, no llega a abordar las políticas más fundamentales de la reforma social que podrían referirse a la desigualdad enraizada y a la pobreza. Ver: Tbíd.↵

Ibíd.↵

Ya que en efecto es, por lo visto, aplicable en todo el mundo. El análisis profundo de Achule Mbembe de la política africana cincuenta años después de la independencia llega a conclusiones notablemente similares cuando describe las características del panorama político africano contemporáneo como "la ausencia de un concepto de democracia que constituiría una alternativa real al modelo depredador que prospera en todas partes [...] la inversión/retirada de cualquier visión radical de la revolución social en el continente [...] la cistificación de bolsillos enteros de la sociedad y el deseo irreprimible, entre cientos de millones, de vivir en cualquier parte excepto en casa (y) el surgimiento de una cultura del chantaje". Mbembe (s/f).↵

Docquier and Marfouk hallaron que el 85, 1% de los jamaiquinos con educación superior residían fuera del país entre 1990 y 2000. Docquier y Marfouk (2000)↵

Ver, por ejemplo: "Wanted: bright investigators to fill INDECOM posts" (The Gleaner, 2010, 28 de diciembre).↵

Ver: Corbin, Lyday; O'Donnell, Margaret y Munroe, Trevor 2008 Corruption Assessment for Jamaica (Washington: USAID) p. 16↵

Entre los principales está Danville Walker, que dejó su puesto oficial electoral principal para ser director de Aduanas. Walker subsecuentemente dejó su cargo y se postuló como candidato del JLP en las elecciones de 2011 en las que ganó el PNP. Perdió su banca central en Manchester. Ver: Ibíd. (2008: 17).↵

Ver: "PNP Unveils Integrity Commission" en The Jamaica Observer, 2010,1° de septiembre.↵

El estudio de 2009 de Powell y Lewis de cultura política en Jamaica demostró que está menguando el interés en el partido como vía de cambio social, y en líneas generales para todos los partidos. Ver: Powell y, Balford (2009: 171-190).↵

No hay, hasta la fecha, ninguna declaración final y completa del PNP acerca de su replanteo de la orientación política y teórica para ser incorporados a la "agenda progresista". Para tratar de identificar hasta dónde llegó el proceso de elaboración, véase: Davidson, Winston 2010 "The Progressive Agenda Explained" en The Sunday Gleaner (Kingston), 3 de octubre↵

Gray (2010).↵

Gray (2010: 23).↵

"Soy un muchacho que cree en la plegaria".↵

"Los tiros queman su piel como las canciones que canto, cuando termine con él ni los buitres lo querrán". Ver: "Messiah" y "Touch de road" de Mavado en Dick (2010).↵

Ibid.↵

Citado en Robotham, 2010↵

Ibíd↵

Ibíd↵

Ver, por ejemplo: Harriott (2010).↵

Desarrollo estas ideas con mayor detalle en Meeks (2007)↵

Ver: Munroe (1999). Y, para debates comparativos de las iniciativas reformistas constitucionales en el Caribe anglófono, ver Ryan (1999.↵

Ver: Stone (1991.↵

Ver: Meeks (2007).↵

Ver, por ejemplo: Girvan (2011).↵

Estimular tal conversación es en gran medida el objetivo del Instituto de Estudios Sociales y Económicos Sir Arthur Lewis (SALISES, por sus siglas en inglés) en su proyecto de investigación para examinar cincuenta años de independencia y mirar hacia los próximos cincuenta años, intitulado "Fifty-Fifty: Critical Reflections in a Time of Uncertainty" en <http://thesalises5050project.blogspot.com>.↵

Ver Lamming (1990: 248)↵

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TERCERA SECCIÓN

EL ALBATCP UNA RESPUESTA A LAS CRISIS DEL GRAN CARIBE

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La construcción de un espacio económico en el albatcp

ECOALBA-TCP[1]

Rosalba Linares[2]

Introducción
El ALBA, desde su inicio como idea en el año 2001[3] y luego de manera más formal en la Declaración Conjunta en La Habana (diciembre de 2004), se plantea la necesidad de llevar a cabo un modelo alternativo para el desarrollo socioeconómico y la búsqueda de nuevas formas para un comercio más justo y reciproco, solidario, complementario, de cooperación y soberano distante a los esquemas neocoloniales o neoimperialistas trazados por las economías de mercado y comercio tradicionales que controlan el sistema mundial de mercado y capitales, en torno al cual giran las naciones en el contexto internacional. Desde un principio el ALBA identifica las dificultades históricas del proceso de integración regional para llevar a cabo un desarrollo independiente y de complementariedad económica regional, destacando cómo los modelos de desarrollo impuestos, el papel de la empresas trasnacionales en la región, la crisis de la deuda externa y la políticas impuestas por el Consenso de Washington, han fortalecido los mecanismos de profundización de la dependencia y dominación externa en América Latina y el Caribe.
El ALBA-TCP se exhibe como un modelo antiimperialista y anti-ALCA, y asume los principios de solidaridad, cooperación y complementariedad que permitirá alcanzar el desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas preservando la independencia, soberanía e identidad de las partes miembros. A partir de la Declaración de La Habana[4], que da origen a la creación del ALBA, se estructura de un modelo de desarrollo en donde se reconozcan las dificultades para el progreso, lejos de los privilegios mercantilistas y las ganancias empresariales. Pensado más en beneficio de sus ciudadanos, transformando los pueblos en sociedades con mayor justicia y equidad social, cultas, participativas y solidarias; a fin de eliminar las desigualdades sociales, disminuir los desequilibrios territoriales y elevar la calidad de vida de sus conciudadanos. La iniciativa ALBA, a pesar de ser conformada inicialmente por solo dos países, perfila la construcción de gran un espacio económico, con características geográficas heterogéneas, no espacialmente contiguas[5], con distintos grados de desarrollo económico, pero una base histórica, filosófica, política y social con un origen y de dominación neocolonial e imperialista común.

Los objetivos del ALBA persiguen establecer un espacio económico con las siguientes características (Declaración de La Habana, 2004):

El comercio y las inversiones sean instrumentos para el logro de un desarrollo estable y donde el rol del Estado sea el de regulador y coordinador de las actividades económicas y no a merced del mercado internacional.

Trato especial y diferenciado según el nivel de desarrollo y su dimensión económica, garantizando el acceso de los beneficios a todas las naciones participantes.

La productividad económica debe ser de complementariedad y cooperación, compatible con un desarrollo equilibrado y con estrategias definidas para combatir la pobreza y preservar la identidad cultural.

Cooperación y solidaridad en las aéreas de educación y salud, erradicar el analfabetismo y un plan de becas en las aéreas de desarrollo económico y social.

Un fondo de emergencia social.

Desarrollo integrador de comunicaciones, telecomunicaciones y transporte terrestre, marítimo, aéreo.

Propiciar el uso racional y la sostenibilidad del ambiente.

La promoción de la integración energética entre los países de la región, bajo esquemas especiales de pago.

Fomentar las inversiones de capitales latinoamericanos para reducir la dependencia de inversionistas foráneos a través de la creación de un Fondo de Inversiones, un Banco de desarrollo del Sur y una Sociedad de Garantías Reciprocas Regionales.

Creación de un medio comunicacional alternativo para la promoción de la cultura e identidad de los pueblos de la región: TeleSUR (Televisora del Sur).

Desarrollar normas de Propiedad Intelectual para la protección del patrimonio de la región.

Concertación de posiciones y negociaciones en bloque en el escenario multilateral.

Estos 12 principios o características esbozan, inicialmente, la temática y el estilo del espacio económico en construcción. En el desarrollo de las 11 Cumbres de Mandatarios del ALBA realizadas entre diciembre de 2004 y febrero de 2012, más las 6 Cumbres Extraordinarias celebradas entre abril de 2008 y junio 2009, se va dando forma y cuerpo al mismo. El Consejo de Complementación Económico del ALBA surge en junio de 2009 y da forma en febrero de 2012 al Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP, denominado ECOALBA-TCP, y el cual es objeto de estudio en este trabajo.

El cuerpo de este trabajo está diseñado en cuatro partes. En una primera parte, se revisa la articulación del espacio geográfico definido como estructura espacial resultante de la política económica del capitalismo a través de los modelos estructurales establecidos y que incidieron en la formación de los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos manifiestos en el paisaje y que justifican el planteamiento de una nueva estructura de espacialidad para introducir cambios en beneficio de una mayor inclusión, equidad y justicia social, cónsona con el ambiente y dispuesta a irrumpir los desequilibrios sociales e inequidades territoriales que aquejan estos puebios. En una segunda parte, se examina la construcción paulatina del espacio productivo del ALBA a través de las distintas Declaraciones de Mandatarios y la adhesión de sus miembros plenos e invitados provenientes del Caribe y tierra firme, el papel de la empresas grannaciona-les, del Sistema Integrado Financiero, PETROCARIBE y el Fondo de Compensación Social que dan forma institucional a dicho espacio. En una tercera parte, se analiza la importancia de ECOALBA-TCP en el fortalecimiento y desarrollo de un nuevo espacio económico, en contraposición a los esquemas tradicionales de libre comercio, particularmente los ALCA-TLC. Por último, se concluye con las perspectivas del ECOALBA-TCP ante un nuevo escenario económico regional.

El espacio geográfico del alba-tcp
En este punto es necesario reconstruir una nueva región económica a partir de sus principales características geográficas. Según cifras provenientes del Banco Mundial[6] y de la Secretaria del ALBA-TCP[7], esta iniciativa regional posee un espacio geográfico de 2.430.648 km², en el cual Bolivia cuenta con el 45,2% de superficie, seguido por Venezuela con el 37,4%, Ecuador con el 11,4% y Nicaragua con el 5,2% en territorio firme, el resto de la superficie se localiza en el arco de las Antillas del Caribe distribuida entre Cuba Dominica, Antigua y Barbado, San Vicente y Las Granadina con el 0,8% de territorio.

Desde el punto de vista físico-geográfico se distinguen 3 regiones naturales. Una primera, correspondiente al Sistema de Cordilleras de Los Andes en donde se ubica Bolivia que comparte su espacio geográfico con el Altiplano, la Selva Amazónica y el Chaco; más cercana al Trópico de Capricornio, es el país con mayor biodiversidad y ecore-giones naturales. Ecuador y Venezuela comparten el Sistema Andino, más hacia las inmediaciones del eje Ecuatorial, con pocas variaciones climáticas y altas oscilaciones térmicas diarias. Presenta una superficie territorial del 94% de la región. Una segunda región, Nicaragua en el Istmo Centroamericano con 5,2% de superficie. Estas dos primeras regiones señaladas presentan paisajes muy variados, caracterizados por cadenas montañosas, vegetación de bosques húmedos, fuente de importantes cursos de agua, además de colinas, valles, planicies llaneras y lacustres, así como espacios costeros de valor estratégico por ser una fuente de proteínas para la población, y facilitar su conexión y proximidad hacia el Caribe, el Atlántico y al Pacífico, a excepción de Bolivia quien no tiene salida al mar[8]. Está caracterizada por grandes elevaciones alrededor de 6.500 msnm y bajas temperaturas, en ambas regiones naturales se registra temperaturas promedios entre 15 a 34° C las cuales varían según la altura.

Una tercera región, conformada por las islas ubicadas en el arco del Mar Caribe ocupando el 0,8% del territorio, Cuba en los extremos de las Antillas mayores y Antigua y Barbados, Dominica, San Vicente y las Granadinas en la cadena de las Antillas menores, poseen un clima tropical entre cálido y húmedo, con temperaturas que oscilan entre 18 y 36° C dependiendo de la altitud. Esta región está afectada de mayo a noviembre por los huracanes y tormentas tropicales que se forman en el Atlántico. La cercanía a la región ecuatorial, a la Zona de Convergencia Intertropical, la afecta durante el año; lo que incide en el régimen de precipitación anual, produciendo estaciones secas y húmedas, que al ser muy marcadas se reflejan en las actividades productivas de la región.

Datos estadísticos provenientes de la ficha por país del ALBA y del Informe Anual 2011 emitido por la Secretaría Ejecutiva del AL-BA-TCP. La región posee una población de 71 millones de habitantes, distribuidos en 35 millones de mujeres y 36 millones de hombres. La mayor parte de la población se localiza hacia Venezuela con el 40,5% de la región, el 20,4% en Ecuador, el 14,5% en Bolivia y 8,3% en Nicaragua y el 16,3% en los países del Caribe miembros del ALBA (Ver Cuadro 1). La región registra una esperanza de vida de 74 años promedio, Cuba registra la tasa más alta para la región, 79 años y Bolivia la más baja, 66 años (ver cuadro 1 en página siguiente).

Posee una variedad de tipos de gobiernos (Ver Cuadro 2) que incluye una monarquía constitucional en Antigua y Barbados, cuya jefa de Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra, quien designa al gobernador representante. El jefe de gobierno es el primer ministro elegido en elecciones legislativas, que actualmente es el representante del Partido Progresista Unido. San Vicente y Las Granadinas tienen una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica, la Reina Isabel II es la jefa de Estado, representada por un jefe de Estado, el gobierno lo dirige el primer ministro y el Gabinete. Dominica tiene una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica, que a diferencia de los antes mencionados es una República independiente, el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro el jefe de gobierno, el partido gobernante es el Dominica Labor Party.

El sistema político de Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959 es un Estado Socialista, posee un jefe de Estado y un Consejo de Ministros provenientes del Partido Comunista de Cuba. Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua son Repúblicas democráticas dirigidas por presidentes de Estado. Se diferencian entre sí por el tipo de democracia. Bolivia se proclama, en su Constitución del año 2009, como una forma de gobierno democrático, participativo, representativo y comunitario y establece la división de poderse en cuatro órganos independientes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. El Movimiento Al Socialismo (MAS) y grupos de movimientos indígenas apoyan al gobernante. Venezuela, en la Constitución de 1999, Art. 6, se declara un “[...] gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. El Poder Público Nacional se divide en cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) representa al oficialismo en el país. En tanto, Ecuador ejerce un gobierno de Democracia Representativa conformado en cinco poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Participación Ciudadana. Lo acompaña el movimiento político Alianza País (Patria Altiva y Soberana). En Nicaragua el tipo de gobierno se rige por una democracia con régimen presidencialista y está constituida por cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. El partido gobernante es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La mayoría de los gobiernos del ALBA son, por su naturaleza política, de orden progresista lo que ha facilitado la confluencia de objetivos políticos comunes.

En la región geográfica del ALBA, los idiomas oficiales son el castellano y las lenguas indígenas entre los grupos predominantes, así como el inglés hacia las Islas miembros en el Caribe. La moneda oficial de cada país es distinta, no obstante hacia Antigua y Barbados, Dominica y San Vicente y Las Granadinas la moneda oficial es el dólar del Caribe Oriental. La religión católica es la predominante en la región, existiendo la libertad de culto religioso en todos los Estados miembros (Ver Cuadro 2).

La actividad económica está asociada al turismo, la agricultura y el aprovechamiento de las potencialidades del mar. La fuerza laboral activa está constituida por el 49% de la población, con una tasa de desempleo promedio de 7,9%, ligeramente por debajo del promedio de América Latina que registra 8%.

Desde el punto de vista educativo posee una tasa de alfabetismo de 98% resultado de la aplicación del programa cubano de alfabetización “Yo sí puedo”; además de una tasa neta de escolaridad primaria de 94%. La mortalidad infantil registra un considerable descenso en los últimos 5 años de 27% a 16% para el 2011, al igual que la reducción de la fertilidad a un promedio de 2 hijos, de 5 hijos hace una década. Con un índice de Desarrollo Humano de 0,798 ligeramente más alto que el promedio de América Latina de 0,788. Los servicios básicos dentro de los países miembros alcanzan una cobertura de: el 89% posee instalación de agua por tubería y el 96% está conectado a la red de energía eléctrica, en cuanto al acceso de tecnologías de la información y la comunicación un 84% de la población dispone de telefonía móvil, en tanto un 42% logra acceder a la internet desde sus viviendas.

En materia de intercambio comercial entre los países miembros, el Informe Anual 2011 destaca un incremento del 2009 al 2011 de 4.352 a 8.549 millones de dólares estadounidenses, de los cuales un 26% corresponde al rubro de combustibles, minerales, lubricantes y materiales relacionados, y otro 26% está vinculado a productos alimenticios y animales vivos. En términos de exportación de los países miembros, alcanzó la cifra de 102.336 millones de dólares en 2011, registrándose un aumento en relación a los 80.766 millones de dólares en 2009. Los rubros más comercializados fueron combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados con un 68%, seguido por productos alimenticios y animales vivos con un 16%, materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles con un 6%, artículos manufacturados 6% y otros rubros 4%. En materia de importación en el año 2011 se obtuvo una cifra de 80.325 millones de dólares, en comparación a los 67.155 logrados en 2009. Los principales rubros de importación registrados se distribuyen: maquinaria y equipo de transporte 36%, productos químicos y conexos 18%, artículos y manufacturas 15%, productos alimenticios y animales vivos 14%, mercancías y productos diversos 10% y otros 7%. Durante el año 2011, la región ALBA-TCP registró una tasa de crecimiento anual promedio de 6,5% favorable para el recién consolidado espacio económico en comparación con el crecimiento registrado por América Latina y el Caribe que fue de 4,5%. En relación al destino de sus exportaciones sus principales compradores se localizan en Estados Unidos y Canadá un 33% y América Latina y el Caribe también con un 33%, hacia Europa un 13%, hacia China y Japón un 14% y hacia el resto del mundo un 7%.

La iniciativa ALBA-TCP se ha convertido para finales de 2011 en el segundo bloque comercial de América Latina, al registrar 199.752 millones de dólares y ubicarse por detrás del MERCOSUR que lidera con 501.542, le sigue la CAN con 195.334 y CARICOM con 55.320 millones de dólares de intercambio.

Por otra parte, cabe destacar la participación de los países del ALBA-TCP en otras iniciativas regionales y subregionales, como en organismos internacionales de carácter regional y panamericanista (Ver Tabla 1). La participación del ALBA-TCP en bloque ante dichos organismos ha dejado huella en diferentes escenarios con sus Declaraciones políticas, ambientales y la extensión de su propuesta financiera y proyectos energéticos a otras formas de cooperación intergubernamental en los cuales los países ALBA participan, así como de acuerdos bilaterales con países amigos, gobiernos locales o movimientos sociales.

Regueiro (2011: 163-164) señala que en América Latina y el Caribe coexisten procesos de integración en una matriz muy diversa. Se desarrolla una reconfiguración de dinámicas integracionistas debido a la presencia de acuerdos de diferente naturaleza y amplitud dentro de los cuales los países conviven y participan simultáneamente. La autora destaca que los rasgos principales de este proceso son la coexistencia de esquemas convencionales de libre comercio con propuestas inéditas como ALBA, la erosión de los esquemas tradicionales por la exigencia y compromisos de los mismos, como la desarticulación ocasionada por el retiro de algunos de sus miembros, la fragmentación interna de los integrantes por la diversidad de los procesos políticos en la región, la movilidad entre esquemas que responde a la identificación de convergencias y potencialidades de proyectos compartidos, el realineamiento político en torno proyectos pragmáticos bajo la forma de alianzas estratégicas basada en metas comunes sobre temas específicos.

Al respecto, Altmann (2011: 214-215) argumenta que el escenario regional en América Latina está fragmentado, fracturado y debilitado por la sobreoferta de procesos de integración, se registran varias iniciativas y los actores se involucran en una gran cantidad de propuestas en temas comerciales, culturales, políticos y ,más recientemente, de seguridad regional. Altmann (2011: 217-218) destaca que esta sobreoferta termina por debilitar cada uno de los procesos dado que puede producir un desgaste en los jefes de Estado y de gobierno, por la exhaustiva demanda en sus agendas; asimismo, puede incluso acarrear una falta de coordinación y reduce las oportunidades de convergencia y la búsqueda de oportunidades compartidas.

La posición del ALBA frente a los escenarios multilaterales ha permitido avances importantes. En materia política, el ALBA plantea una política exterior independiente y de estrategia multipolar, lejos de la tutela de Estados Unidos. Con insistencia se critican las acciones estadounidenses ante los organismos multilaterales y su rol de injerencia y de desestabilización hacia el bloque ALBA y América Latina en particular, como en otros escenarios internacionales. Entre sus pronunciamientos se destacan el realizado en la OEA ante el golpe de Estado en Honduras, que derrocó al presidente Zelaya, y sus actuaciones e incidencias de endurecimiento por parte de los Estados miembros de la OEA, que llevó al bloqueo y a la mediación de In-sulza con poco éxito, dado el apoyo brindado por la ultraderecha de América Latina al gobierno de facto de Honduras. La declaración de condena enérgica ante el intento golpe de Estado en Ecuador con la insubordinación de grupos de la Policía Nacional en septiembre de 2010, exigiendo el ALBA la garantía inmediata de los derechos y facultades de Correa como presidente de Estado. La exhortación al dialogo a Nicaragua y Costa Rica para resolver sin condicionamientos los problemas bilaterales pendientes. Comunicados de respaldo a la intervención de la OEA y los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, declaraciones de rechazo a la intervención militar de la OTAN en Libia, la condena política por la injerencia y desestabilización de Siria y, más recientemente, el respaldo a la legítima reclamación de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, la cual se elevó como bloque ante la VI Cumbre de Mandatarios en Cartagena en abril de 2012, que junto al tema de inclusión de Cuba crearon un ambiente de falta de consenso por la posición contraria de Estados Unidos y Canadá contra el resto de los países participantes. Esto incidió en la falta de apoyo para la firma de una Declaración final de la cumbre y opacó la discusión de otros temas.

En materia ambiental, el bloque ALBA asumió una actitud crítica al ratificar la Convención Marco de la Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto ante la XV Summit de la ONU sobre Cambio Climático, por la falta de voluntad y repuesta de los principales países desarrollados en reducir las emanaciones de gases a la atmósfera y acelerar el calentamiento global que amenaza a la humanidad, la modificación de los patrones de consumo del Norte y el derecho al desarrollo sostenible, las condicionalidades en la trasferencias en materia financiera y de tecnología, entre otros. Asumir la deuda climática dejada por los países desarrollados y la obligación de éstos en incrementar la inversión en el tema ambiental en Latinoamérica.

En materia de política exterior el apoyo brindado por el bloque ALBA a Haití luego de ser afectada por el terremoto en enero de 2010, desarrollando un fondo de ayuda humanitaria y la condonación de la deuda de este país ante PETROCARIBE.

En materia financiera y de cooperación monetaria destaca la creación de un Sistema Único de Compensación Regional de Pagos, conocido por sus siglas SUCRE, el Banco del ALBA y del Fondo ALBA Caribe, diseñando una nueva arquitectura financiera regional. El SUCRE es una unidad de cuenta común para la construcción de una zona monetaria acompañada de una Cámara de Compensación de Pagos establecida por un Fondo de Estabilización y Reservas con el aporte de los países miembros. Esta moneda virtual se instrumenta por medio del Banco del ALBA fundado con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social, reducir la pobreza, fortalecer la integración, reducir las asimetrías, promover el intercambio justo, armónico y equitativo entre los Estados miembros. El establecimiento del Fondo ALBA Caribe para el financiamiento de programas sociales y económicos de los países del Caribe (Romero, 2010).

Lo antes expuesto refleja cómo el funcionamiento espacial e interacciones políticas, sociales, económicas y culturales desarrolladas bajo la estructura de la Alianza ALBA-TCP se ha ido consolidando, a medida que ha ido evolucionando el temario en las Cumbres ordinarias y extraordinarias, en las cuales la instrumentación y aplicabilidad de los mecanismos de concertación, apoyo, solidaridad complemen-tación resultan en un comercio justo y equitativo, ambientalmente sostenible y en beneficio de la mayoría excluida. Estos rápidos avances y logros del ALBA lleva a plantearse escenarios compartidos por una parte, entre la consolidación de un proceso inédito regional en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo más rico socio-cultu-ralmente, más justo, equitativo y redistributivo que pueda reducir las inequidades sociales entre sus nacionales. Por otra, de desconfianza ante el distanciamiento y oposición abierta a las políticas hegemó-nicas de los Estados Unidos en la región. Partidarios de esta idea los describen como parte de un movimiento presidencialista de tinte progresista, que se ocultan detrás de las democracias recién consolidas para instituir regímenes dictatoriales que ponen en peligro la salud democrática de la región. Sin embargo, no puede ocultarse cómo en los países del ALBA, particularmente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han mejorado considerablemente los índices de desarrollo humano y saldado parte de la gran deuda social heredada por los regímenes democráticos de derecha.

El espacio productivo del alba
Dentro la Declaración de La Habana (2004) se asume que, aún cuando la integración es vista como mecanismo para generar desarrollo, y pese a la presencia de múltiples bloques regionales en el contexto de la economía internacional, hasta ahora no ha sido posible alcanzar el beneficio esperado, por el contrario, dichos mecanismos han profundizado cada vez más la dependencia y dominación externa. En repuesta a ello asumen que “solo una integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común”[9] permitirá alcanzar niveles superiores de desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos “[...] y a la par preservar su independencia, soberanía e identidad”[10].

A partir de dichos principios, el ALBA se propone la construcción de una base económica productiva eficiente y competitiva, regulada y coordinada por el Estado, y no libre a las reglas del mercado, en función del desarrollo equilibrado y las dimensiones económicas del país participante, en donde se garantice el beneficio para todas las naciones y el despliegue de estrategias para combatir la pobreza y la preservación de la identidad cultural de los pueblos.

En abril de 2005, en la II Declaración de la Cumbre Presidencial se acuerda desarrollar un Plan estratégico de solidaridad para la aplicación del ALBA en el beneficio de la población venezolana de bajos recursos, con la aplicación de las misiones sociales en distintas áreas. En las áreas de salud la aplicación de las Misiones Barrio Adentro I y II iniciadas con 30 mil médicos cubanos, la construcción de 600 Centros de Diagnósticos Integral (CDI), 600 Salas de Rehabilitación y Fisioterapia (SRI) y 35 Centros de Alta Tecnología, que brindan servicios gratuitos de salud[11]. Este plan involucra la preparación de personal médico y técnico en Venezuela y Cuba, y la puesta en práctica de la Misión Milagro con intervenciones quirúrgicas a personas afectadas con distintos problemas de visión. Apoyo a los programas de Misión Robinson I (alfabetización) y II (completar la primaria) y de formación Misión Ribas (bachillerato), la Misión Sucre (municipalización de la educación universitaria), la Misión Vuelva Caras (formación de obreros especializados).

En materia de hidrocarburos, la instalación de una oficina de PDVSA-Cuba para el desempeño de actividades relacionadas con la industria petrolera, rehabilitación de la Refinería de Cienfuegos y la transferencia de tecnología entre PDVSA y CUPET. El otorgamiento de preferencias arancelarias y desgravación progresiva respetando los acuerdos consagrados por sus miembros. La identificación de 11 proyectos para el establecimiento de empresas mixtas y otras modalidades de complementación económica en el área siderúrgica, de desarrollo agrícola, proyectos mineros, artículos deportivos, transporte de combustible, acuerdos de transporte aéreo, marítimo, la construcción de un astillero. Así mismo se acordó organizar y ejecutar 9 proyectos de desarrollo endógeno, y memorandos de entendimientos en las áreas de turismo, informática, comunicaciones, transporte, educación y deportes, biodiversidad, medio ambiente, ciencia y tecnología, recursos hídricos, industria eléctrica y construcción los cuales se vienen desarrollando con éxito.

La aplicación de un nuevo modelo de cooperación económica, ayuda y asistencia técnica fundamentado en las fortalezas y el conocimiento de las debilidades económicas hacen posible que se definan acciones dirigidas a fomentar la unidad e integración de las economías desde una perspectiva más solidaria y humana que antepone la necesidad de satisfacción de las mayorías excluidas del sistema económico clásico, lo que esboza la construcción de un nuevo modelo productivo y alternativo de soberanía económica.

En el 2005, en el marco del Encuentro Energético para la creación de PETRO CARIBE, se avanza en el tema de seguridad energética mediante el empleo soberano de los recursos energéticos basados en los principios definidos en el ALBA y se reconoce la necesidad de adoptar un trato especial y diferenciado entre los países de menor desarrollo, así como la complementariedad y la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe.

PETROCARIBE[12] se convierte en una organización para la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluye petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de los mismos y el desarrollo de fuentes alternas tales como eólica y solar, entre otras. PETROCARIBE dispone del Fondo ALBA-Caribe para el financiamiento de programas sociales y económicos, con recursos provenientes de los mecanismos de financiación, contribuciones y ahorros por el comercio directo.

Pichs Madruga (2011: 277) afirma que la iniciativa de cooperación energética PETROCARIBE promovida por el ALBA persigue reforzar la seguridad energética a largo plazo que va mucho más allá de la garantía de los suministros al plantearse proyectos de desarrollo socioeconómico y el combate contra la pobreza, en la que involucra beneficios netos para los países miembros. Entre los principales logros de PETROCARIBE destacan la constitución de empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las petroleras estatales en 8 países integrantes de la iniciativa, llevando a cabo inversiones conjuntas en las áreas de refinación, almacenamiento y despacho de combustible.

En esta materia ha logrado avances en la ampliación del proceso diario de refinación y almacenamiento de crudo y gas licuado en San Vicente y Las Granadinas, Dominica, Cuba; así como en materia de infraestructura y transporte petrolero con la creación de las empresas Transalba y Albanave. Igualmente, se han emprendido proyectos de generación eléctrica en Nicaragua, Haití, Antigua y Barbado, Dominica, San Cristóbal y Nieves, superando en la mayoría de estos países el déficit histórico en el servicio de energía. Actualmente el Fondo ALBA Caribe se extiende al financiamiento de proyectos en las áreas de turismo, educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, vialidad, deporte, agricultura y el compromiso de contribuir con la seguridad alimentaria en la iniciativa PETROALIMENTOS (Pichs Madruga, 2011).

El nuevo modelo de base económica se va construyendo, paulatinamente, sobre la práctica a lo largo de las Cumbres ordinarias y extraordinarias, con la incorporación del Tratado Comercial de los Pueblos (TCP), propuesto por Bolivia en la Declaración de la III Cumbre Presidencial, perfeccionándose en la medida en que cada uno de los Estados miembros pide su adhesión. El TCP introduce los principios fundamentales[13] que regirá el comercio entre sus miembros ratificando la complementariedad, solidaridad y cooperación para alcanzar el “vivir bien”, rechaza la intromisión y condicionamientos en los asuntos internos, apoya el desarrollo de una base socioproductiva de cooperación fundamentada en el aprovechamiento de las capacidades y potencialidades del territorio, privilegia la producción y el mercado nacional y trato solidario para las economías más débiles.

El TCP fortalece el papel de Estado soberano y regulador en el desarrollo socioeconómico, impulsa el respeto y la sostenibilidad en armonía con el ambiente. Estimula las inversiones al fortalecimiento de la identidad cultural e histórica de las naciones, favorece las empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y otras nuevas formas de producción. Apoya las políticas de soberanía y seguridad alimentaria, la aplicación de políticas arancelarias ajustada al requerimiento de las economías internas. Se asumen los servicios básicos como derecho humano y la promoción de los diferentes sectores de servicios. Beneficia las inversiones conjuntas con el impulso a las empresas grannacionales, promueve mecanismos para fortalecer la soberanía monetaria y financiera, la protección a los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas, las negociaciones públicas y claras para incentivar la participación protagónica y transparente del pueblo en el área comercial, y la libre movilidad de las personas como derecho humano.

Con la adhesión de Bolivia (potencia gasífera) se logró articular el TCP, el cual fue visto como inviable en sus inicios pero que, a juicio de Boron (2011: 248), en el ALBA-TCP se articula como una genuina

iniciativa para concretar la integración de los pueblos de América. Boron (2011) destaca que el ALBA-TCP es una propuesta aplicable a cualquier relación comercial dentro o fuera de la región latinoamericana y que ésta no hubiese sido posible si no se hubiese producido la frustración y el fracaso generado por los esquemas tradicionales de integración. Los convenios y acuerdos asumidos por el ALBA-TCP “no son abstracciones ni alucinaciones retoricas, sino propuestas concretas de cooperación económica internacional establecidas al margen de la lógica mercantil” (Boron, 2011: 260).

Con la Declaración de la V Cumbre, en Tintorero, sede de uno de los núcleos de desarrollo endógeno más emblemáticos del país, los mandatarios, luego de evaluar los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan estratégico del ALBA, sus avances y logros, tanto en Cuba, Venezuela como en Bolivia y Nicaragua, demuestran su satisfacción por la fuerza y viabilidad del ALBA-TCP frente al neolibe-ralismo y la inequidad. En consecuencia, los mandatarios acuerdan adelantar la profundización de un modelo de desarrollo soberano que brinde prioridad a la complementación regional basada en el respeto mutuo y la solidaridad.

Los avances del ALBA-TCP y la iniciativa PETRO CARIBE demuestran que los mecanismos de complementariedad, solidaridad y cooperación cuando hay voluntad política pueden generar los cambios sociales requeridos en contraposición a la frustración que generan los Tratados de Libre Comercio. Ante este escenario los mandatarios reafirman que para garantizar el éxito y sostenibilidad del nuevo esquema de intercambio es necesario colocar “la política y la economía al servicio de los seres humanos” (Declaración Política de la V Cumbre, 2007).

El ALBA-TCP se constituye en el primer esfuerzo genuino, inédito en la historia de la integración regional fortalecido por la posición favorable de cambios ocurridos en la correlación de fuerzas políticas en América Latina y el Caribe. Estos hechos conllevan a que los mandatarios durante la V Cumbre se comprometan en la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo y plantean la necesidad de avanzar en la conformación de empresas grannacionales en la materia de programas y proyectos adelantados en materia de: educación, salud, energía, telecomunicaciones, transporte (aéreo, marítimo y terrestre), turismo, minería, industria, vivienda y alimentación.

El ALBA-TCP se plantea redimensionar las relaciones económicas e irrumpe en la visión economista clásica de la integración, provocando transformaciones estructurales e históricas en las relaciones del sistema económico practicados por las naciones para alcanzar el desarrollo integral, al introducir el concepto de empresa grannacional en contraposición al de empresa trasnacional. En el marco de la V Cumbre se conceptualiza dicho término el cual se suscribe como una noción política fundamentada en la visión del libertador Simón Bolívar de conformar una unidad latinoamericana y caribeña, y asimilada a la concepción de un mega Estado entre naciones que comparten la perspectiva del ejercicio de soberanía nacional y regional, manteniendo su propia identidad social y política. Tiene, además, un fundamento socioeconómico que trasciende desde lo local hasta lo mundial para producir la satisfacciones sociales de la gran mayoría de sus ciudadanos. El fundamento ideológico se sustenta en la afinidad política de quienes apoyan al ALBA donde priman la concepción critica sobre el modelo de globalización neoliberal y a favor del desarrollo sustenta-ble, con mayor justicia social, soberano y autónomo en sus políticas (Documentos de la VI Cumbre, 2007).

El concepto grannacional dentro del ALBA-TCP apunta a la consolidación de un espacio regional económico donde se puedan consolidar los principios que la regulan y la consolidación de los objetivos planteados. En esta V Cumbre, se logran establecer las diferencias entre Proyectos Grannacionales (PG) y Empresas Granna-cionales (EG) derivadas de su fundamento político, socioeconómico e ideológico antes expuesto. Los PG puede comprender distintos ámbitos desde lo político, social, cultural, económico, científico e industrial y abarcar un amplio espectro entre los países miembros se instrumenta a partir de nuevas o las ya existentes estructuras y capacidades instalada que estos poseen. Es requisito para ser proyecto grannacional que este validado por la mayoría de los Estados miembros y beneficiar a las mayorías sociales. Se resalta que no todo proyecto grannacional se convierte en empresa grannacional y pone de manifiesto el caso del Programa de Alfabetización, pero se destaca que toda empresa grannacional debe orientar su desarrollo en el contexto de un proyecto grannacional[14].

Las Empresas Grannacionales son un modelo contrario a las empresas trasnacionales, difieren en su naturaleza constitutiva. Están compuestas por capital accionario proveniente de dos, varios o todos los Estados miembros, la participación accionista dependerá de las posibilidades de cada parte; sin embargo, las decisiones se dan por consenso y los márgenes de ganancia están dirigidos al crecimiento de la empresa y a proyectos de carácter social. La producción de las empresas está destinada a satisfacer el mercado intra-ALBA a objeto

de consolidar una zona de comercio justo, solo los excedentes podrán ser colocados en el mercado internacional. Estas empresas deben caracterizarse por ser eficientes productivamente y ser autosostenibles, desarrollarse bajo principios de convivencia armoniosa con el ambiente por los que los recursos naturales deben aprovecharse racionalmente y ejecutar proyectos ambientalmente sustentables, así como promover el trabajo digno, la eficiencia productiva, la satisfacción de necesidades y precios justos.

En el 2008 el espacio productivo del ALBA se consolida con la creación del Banco del ALBA, este paso se ve favorecido por la crisis económica iniciada con el desplome de las acciones en la bolsa de valores, la caída del sector inmobiliario y la escalada de las tasas de intereses en Estados Unidos. Los países del ALBA reunidos en la VI Cumbre analizan la situación económica y política internacional ante la cual se evidencia un aumento de agresiones contra los países del ALBA por parte de EE.UU., en tanto a nivel regional los Estados miembros se concentran en el proceso de paz en Colombia y la consolidación de los proyectos y programas sociales y de PETRO CARIBE, facilitando la creación de una zona de comercio justo entre las partes. El esfuerzo de las comisiones de trabajo y reuniones periódicas de los entes decisores comienzan a darle cuerpo a la institucionalidad del ALBA, con el establecimiento de una coordinación permanente para garantizar el desarrollo y evaluación sistemáticas de los planes y proyectos. Nace el Banco del ALBA (BA) como elemento básico en la construcción de una nueva arquitectura financiera, la cual brinda viabilidad y sostenibilidad a los proyectos grannacionales y programas sociales de cooperación planteados en el marco de la unión regional.

El BA se conduce democráticamente con una representación igualitaria de cada uno de los Estados signatarios, debe ser autosos-tenible y regido en conformidad a las prácticas internacionales de eficiencia financiera. Tiene por objetivo alcanzar el desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías regionales, fortaleciendo la integración y el comercio justo, dinámico, armonioso y equitativo entre las partes. Los recursos están dirigidos a financiar los programas y proyectos en sectores de la economía y en el área social, impulsar las innovaciones, el desarrollo y la investigación científico-técnica, generación de empleo, complementación económica, protección y conservación del medio ambiente, reducir pobreza, la exclusión étnica, social y de género, financiar programas que fortalezcan el comercio justo y el desarrollo de un fondo especial como el de seguridad social y de emergencia ante desastres naturales.

Esta nueva, independiente y soberana arquitectura financiera del ALBA, para el fortalecimiento de una región económica y productiva, se sustenta en la construcción de un mecanismo de cooperación monetaria orientado a la conformación de una Zona Monetaria entre sus Estados miembros en repuesta a la crisis económica internacional y ante la necesidad de fortalecer los espacios regionales. En el marco de la III Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP se decide avanzar en la creación de un Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), propuesto por Ecuador, sin ser miembro pleno aun, y ya discutido con anterioridad en otros escenarios intergubernamentales y subregionales. Junto al establecimiento de comisiones de técnicos para avanzar hacia la creación del SUCRE se crean los comités para el análisis de la Unidad de Cuenta Común, el referido a la Cámara Central de Compensación de Pagos, otro en lo que respecta al Fondo Mixto de Estabilización y Desarrollo, a la creación del Consejo Monetario Regional, el vinculado al tema del Comercio Interregional y un último a los aspectos legales para la implementación del SUCRE.

Durante la V Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP en abril de 2009 se establecen los pilares básicos para la conformación de la Zona Económica, se firma el Acuerdo Marco del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y se fijan las principales directrices, se crea el Consejo Monetario regional como máximo órgano decisor, encargado de supervisar el funcionamiento del Sistema; se crea una Unidad de Cuenta Común (SUCRE) como moneda fiduciaria para el registro, valoración y compensación de las operaciones, dirigida a la conformación de una zona monetaria regional (CMR). El SUCRE cuenta con una Cámara Central de Compensación (CCC) para efectuar las compensación y liquidación de las operaciones a través del sistema. Por otra parte, contará con un Fondo de Reservas y Convergencia Comercial (FRCC) para coadyuvar al funcionamiento de la CCC.

En esta misma cumbre se aprueba la ejecución de los proyectos Fondo Cultural del ALBA, Empresa Grannacional de Energía, Gas y Petróleo, ALBAMED para la creación de un registro sanitario del ALBA con recursos asignados por el BA. Asimismo, los mandatarios instruyeron al BA para establecer mecanismos de cooperación técnica e institucional con el Banco Irani-Venezolano, y de contacto con el Banco de Desarrollo de la Organización para la Cooperación Económica del Asia Central, ampliando la posibilidad de cooperación a otros acuerdos interregionales.

El espacio económico del alba: ecoalbatcp

La consolidación del espacio productivo en el contexto regional ALBA sienta las bases para construcción de un espacio económico. Durante la realización de la VI Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP, en junio de 2009, los mandatarios, luego de evaluar los progresos y logros alcanzados en términos políticos, deciden cambiar el nombre Alternativa por el de Alianza y expresan su compromiso para fortalecer una Zona de Complementación Económica en el contexto de los objetivos y principios establecidos por el ALBA-TCP, para ello se establece un Consejo Ministerial de Complementación Económica, que se concentra en las áreas de planificación económica, intercambio e inversión productiva y programas de cooperación.

Durante esta cumbre se instó al grupo de trabajo del SUCRE a profundizar en las estrategias y acciones dirigidas a dinamizar el comercio en el espacio geográfico del ALBA y a tener preparado para la próxima cumbre el Tratado Constitutivo del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), el cual entra en funcionamiento en enero de 2010.

En agosto de 2009 se instala la Comisión Ministerial de Complementación Económica en aras de estructurar una “Zona Económica de Desarrollo Compartido”, con el objetivo de transformar el ALBA-TCP en un modelo de integración donde las capacidades productivas del territorio orienten al desarrollo pleno y el logro de las satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del sus ciudadanos[15] (Acta del Consejo Económico, 2009). La arquitectura y funcionamiento del Consejo Económico se ha delineado a lo largo de las declaraciones ordinarias y extraordinarias de las Cumbres de Mandatarios del ALBA discutidas en el punto anterior. El Consejo tiene dos niveles o instancias de funcionamiento, una primera a nivel Ministerial es una instancia de discusión política donde se definen y diseñan las estrategias económicas y financieras que regularan el funcionamiento de la Zona Económica. Cuenta con un segundo nivel de carácter técnico, conformado por grupos de trabajo permanentes o ad hoc, quienes a solicitud del nivel ministerial elaboran y desarrollan estudios, propuestas o formulan proyectos para la puesta en práctica de medidas económicas comunes en la Zona Económica. Estos grupos de trabajo ameritan una Secretaría del Consejo Ministerial de Complementación Económica, para su coordinación y monitoreo, y de un Centro de Información para la Compilación de Datos Estadísticos en las distintas instancias de trabajo propuestas, que a continuación se señalan:

Complementación Industrial y Productiva.

Complementación Comercial.

Nueva Arquitectura Financiera.

Integración Energética.

Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Soberanía Tecnológica.

Turismo.

Infraestructura y Transporte.

Cada instancia tiene una tarea y objetivos de trabajo específicos para consolidar el espacio económico del ALBA. El grupo de Comple-mentación Industrial y Productiva se encarga de estudiar y definir las capacidades productivas del espacio geográfico del ALBA y precisar las estrategias más efectivas y las ventajas comparativas para el aprovechamiento productivo a través de la complementariedad industrial. El grupo de Complementación Comercial tiene la responsabilidad de coordinar las estrategias y proyectos para estructurar una zona de desarrollo económico compartido incentivando el desarrollo intra-ALBA e impulsar una nueva normativa comercial alternativa fuera del esquema establecido por las políticas de promoción del libre comercio e incluir nuevos actores internacionales para el intercambio de bienes y servicios. El grupo de trabajo Nueva Arquitectura Financiera Regional promover y ampliar las capacidades financieras del Banco del ALBA para financiar el desarrollo productivo de la región a largo plazo, mantener actualizada la cartera de proyectos y evaluar su avance. El grupo de Integración Energética tiene la responsabilidad de identificar oportunidades para la distribución justa de los recursos energéticos dentro de la zona, a fin de garantizar el abastecimiento necesario para el desarrollo de las actividades diarias de la mayoría.

El grupo de trabajo en Seguridad y Soberanía Alimentaria debe desarrollar una matriz productiva agroalimentaria de la Zona y formular el plan de desarrollo agroalimentario para orientar las políticas de producción, distribución y consumo a fin de garantizar la producción agrícola interna y el abastecimiento alimentario. El grupo de Soberanía Tecnológica tiene bajo su responsabilidad la búsqueda de mecanismos para incrementar la capacidad tecnológica instalada y definir políticas para la transferencia de conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, a fin de romper con la dependencia científica y técnica impuesta por los países desarrollados. El grupo de trabajo Turismo formula, coordina y promueve las políticas y proyectos turísticos entre los países del ALBA. El grupo de Infraestructura y Transporte genera propuestas concretas para el desarrollo de conexiones aéreas y marítimas que permita conectar efectivamente los flujos de bienes, servicios y personas en la zona económica definida por el ALBA.

El Consejo Económico del ALBA en el marco de sus funciones define sus prioridades para la construcción de la Zona Económica (Zambrano, 2011: 13):

- Planificar la política productiva de la zona, hacer seguimiento y evaluar los Proyectos Grannacionales del ALBA-TCP

- Trazar políticas que tiendan a constituir el sistema financiero integrado de la Zona Económica de Desarrollo Compartido.

- Homogeneizar las normas que rigen la organización de la actividad económica dentro de la Zona.

- Velar por el funcionamiento del Consejo Monetario Regional (SUCRE), del Banco del ALBA y demás instituciones económicas del ALBA-TCP.

- Tener un control sistemático de los acuerdos adoptados en los grupos de trabajos a fin de presentarlos a la aprobación de la Comisión Política, cuando así lo requieran, según lo establecido en la estructura funcional del ALBA.

El objetivo primordial del Consejo Económico es conformar una zona de desarrollo compartido basada en la solidaridad, cooperación y complementariedad, la cual descansa en la labor y desempeño de los grupos de trabajo. No obstante, se dio el avance en la conformación del Consejo Económico y los grupos de trabajo a nivel ministerial y técnico dirigido a consolidar el nuevo modelo de desarrollo económico y social que promueven los principios y fundamentos del ALBA, contario a las políticas neoliberales responsables del incremento de la pobreza y la exclusión social en Latinoamérica y el Caribe.

Durante 2009, la agenda del ALBA fue muy activa, se realizaron cinco Cumbres de las cuales tres fueron extraordinarias y dos ordinarias; la discusión de los temas políticos primaron, dada la turbulencia e impacto de la crisis en EE.UU. y Europa y el aumento de las agresiones en Latinoamérica por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta activa agenda política del ALBA de 2009 a 2011 puso en evidencia el fortalecimiento del mismo. Al respecto, Altmann (2011: 209) destaca que el ALBA juega “un papel importante en las decisiones y posiciones que se toman con respecto a los principales temas de la agenda latinoamericana por su poder del veto” y resalta que “el ALBA tiene fuerza para incidir pero no para decidir”. Este aspecto es discutible pues el poder del veto sí tiene su incidencia en los escenario político internacional; el ALBA ha demostrado su capacidad de influencia para desviar el rumbo de las acciones finales en materia de política internacional y su repercusión en las iniciativas de comercio clásica al anteponer el interés humano, sobre la base de la justicia y la equidad, por encima de los intereses del capital en la búsqueda del desarrollo integral, las experiencia del Banco del ALBA, PETROCARIBE y el Fondo ALBA-Caribe, junto al mecanismo del SUCRE han demostrado a otras iniciativas regionales la posibilidad de construir un nuevo esquema de desarrollo más autentico, aparte del establecido por el sistema capitalista. Si se afirma que el ALBA no tiene capacidad de decidir sobre la agenda latinoamericana, cómo se explican, entonces, las reacciones y activación de las acciones de los grupos de derecha, y de intereses pro-estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, para anteponer el ALBA como una geoestrategia antiimperialista, de amenaza a los intereses de EE.UU., y la cual desde sus inicios carecía de poco éxito. El tiempo ha demostrado lo contrario y ahora la discusión ha girado en torno a sustentabilidad y viabilidad a futuro.

El 5 de febrero de 2012 en el contexto de la XI Cumbre presidencial en Caracas, se presentó el Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP, reconocido por sus siglas ECOALBA-TCP. El establecimiento de un espacio económico para el ALBA tiene su origen en el acervo de las declaraciones, acuerdos y normativas establecidas desde su aparición en 2004. En su Art. 1 sostiene establecer “una zona económica de desarrollo compartido, interdependiente, soberana y solidaria”, promovida sobre los principios de independencia, solidaridad, cooperación, complementariedad económica, justicia social, equidad, beneficio compartido, soberanía, diversidad cultural, armonía ambiental en marco del derecho internacional promulgados en la Declaración de La Habana en el año 2004.

El ECO ALBA-TCP en su Art. 1, sienta las bases para el establecimiento de un nuevo modelo alternativo de relacionamiento económico, productivo y de intercambio comercial con el establecimiento de una zona en donde las relaciones económicas se dinamicen bajo la perspectiva de encadenamiento productivo y comercial complementario, para posicionarse como bloque regional a nivel internacional. Para ello se asegura la libre circulación de intercambio de materias primas, bienes de capital, intermedios y de consumo final propiciando el escalamiento productivo y la desgravación arancelaria en los sectores prioritarios establecidos en los respectivos Planes de Desarrollo Nacional, a fin de satisfacer la demanda intrarregional. Así mismo, se plantea la articulación de políticas que permitan asegurar la complementariedad económica frente a terceros y la especialización productiva en función del desarrollo integral y la disminución de las asimetrías presentes en la Zona. Igualmente, promueve el uso de mecanismos e instrumentos de la nueva arquitectura financiera: el Banco del Sur y la unidad de pago SUCRE, como instrumentos eficaces en el financiamiento de proyectos grannacionales.

En su Art. 2, el ECOALBA-TCP expone los 26 principios rectores que regirán la Zona económica y los cuales demuestran su abierta oposición a los Tratados de Libre Comercio tradicionales e indica la posibilidad de realizar acuerdos con un nuevo sentido social y humano, pensado en el bienestar de las personas. Interiormente, el ECO ALBA se construye como un nuevo espacio económico, donde se consideran la complementariedad comercial, la solidaridad y la cooperación como reglas justas para el logro del bienestar de los pueblos y de los más desfavorecidos. Un espacio de comercio soberano, sin condicionamientos ni intromisiones extranjeras en los asuntos internos. Una zona para la protección de la producción de interés nacional, trato solidario, cooperación y apoyo incondicional para las economías más débiles; donde se hace un reconocimiento al papel regulador del Estado en pro del desarrollo socioeconómico; se demanda el respeto en la relación sociedad-ambiente, promoviendo crecimiento económico con sostenibilidad y armonía ambiental; se fortalece la identidad cultural e histórica por parte del comercio y las inversiones.

Una Zona Económica donde se brinda respaldo a las distintas formas de manifestación de productividad conjunta que deriven en acciones de complementación económica; en donde prima el desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria; se pregona el perfeccionamiento de políticas arancelarias ajustadas a las desgravaciones asimétricas y no recíprocas que permita eliminar los obstáculos a la complementación económica y proteger su desarrollo interno; la protección de los servicios básicos como derecho humano y no su privatización como promueven los TLC, motivando el desarrollo de las empresas de servicios nacionales; el respeto y la cooperación a través de las compras públicas; el impulso al desarrollo y fortalecimiento de las empresas grannacionales prioritarias para el Estado dentro de sus políticas nacionales; la implantación de una inversión extrajera que respete las leyes nacionales y reinvierta las utilidades y resuelva sus controversias con el Estado como cualquier inversionista nacional.

Un espacio para la protección al patrimonio común de la humanidad y la madre tierra; anteposición del derecho al desarrollo y la salud a la propiedad intelectual e industrial; la adopción de mecanismos que conlleven a la independencia monetaria y financiera, la protección al derecho de los trabajadores y de los pueblos indígenas; negociaciones comerciales claras y transparente ante el pueblo; la calidad como acumulación social del conocimiento y en función de satisfacer las necesidades de las mayorías; el libre tránsito de personas como derecho humano; el trato diferenciado y solidario; garantizar la integración energética fundamental para el desarrollo socioeconómico; y por último, la socialización del conocimiento para avalar el desarrollo integral.

En el documento oficial del Consejo económico para el ECOALBA se destacan 22 artículos en los cuales se hace referencia, aparte de los dos descritos anteriormente, al período de conformación del mismo y la elaboración de un régimen normativo y programático que regule la zona; no obstante, la entrada en vigor está sujeta a las ratificaciones de cada Estado, luego tendrá vigencia por un periodo de dos años, hasta tanto concluya la elaboración de los instrumentos para el cabal funcionamiento del mismo, mientras tanto los países se seguirán rigiendo por los acuerdos signados hasta el momento (Art. 3). Una vez dispuesto de los instrumentos y mecanismos suficientes para regular el funcionamiento de la zona económica y de nuevos ratificados por las partes, tendrá una duración indefinida (Art. 18).

Las aéreas estratégicas a desarrollar dentro de la zona económica deberán estar identificadas en función de su naturaleza y sector productivo priorizando en aquellas que generen bienes para la satisfacción de las necesidades básicas de la población (Art. 4). Promoviendo el comercio solidario que permitan asegurar la sustentación económica, social y ambiental (Art. 6). La especialización territorial es crucial para definir los proyectos conjuntos y construir un tejido productivo interconectado sobre la base de las potencialidades comparativas y geoestratégicas existentes en la zona (Art 7). Para ello se establecerán alianzas de complementariedad productiva bajo diferentes formas de asociación y de tipos de emprendimientos (Art. 5). Las empresas grannacionales en las aéreas productivas geoestratégicas se convierten en la estructura más confiable para el establecimiento de redes de producción, distribución y comercialización de las materias primas, bienes intermedios y de capital, pero éstas requieren de estudios de factibilidad que aseguren su sostenibilidad económica (Art. 8). El desarrollo de la infraestructura y de los servicios necesarios para la producción y el comercio en la zona se verán favorecidos por un sistema logístico de circulación de mercancías y servicios (Art. 9).

Para el éxito de la zona económica es importante impulsar el desarrollo de conocimiento, investigación e innovación y la transferencia de tecnología comprometida con los objetivos y estrategias prioritarias del Estado (Art. 10). La formación de recursos humanos capacitados en las distintas áreas de desarrollo estratégicas e integrales a promover, cónsonos y sensibilizados hacia la satisfacción de las necesidades humanas (Art. 11). El Consejo de Complementación Económica, como instancia de diálogo, reflexión, cooperación y de naturaleza intergubernamental, se transforma en el ente responsable de impulsar y monitorear el espacio económico establecido bajo la coordinación del Consejo Político y conforme a los lincamientos del Consejo Presidencial ALBA-TCP y el apoyo operativo y administrativo de la Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Permanente del ALBA-TCP (Art. 12). Las funciones del Consejo de Complementación Económica están dirigidas a definir, estudiar, coordinar, promover, explorar, ordenar y priorizarlas las regulaciones, normas, políticas, proyectos y programas que permitan consolidar la Zona Económica (Art. 13). ECOALBA impulsará la creación de una Unidad de Investigación Económica para la creación de un banco de datos sobre indicadores económicos, industriales, comerciales y financieros que permita fundamentar científicamente las decisiones del Consejo Económico.

El acuerdo suscrito para la ordenación del nuevo espacio económico es muy novedoso en materia de negociación comercial, no es rígido, es más bien flexible y les brinda la oportunidad a los signatarios de enmendar o modificar la solicitud de alguna parte del mismo mediante el manifiesto consentido del miembro que así lo desee (Art. 16). Es por ello que este acuerdo no puede ser firmado con reservas (Art. 20). Cada Estado que se sienta afectado por cualquier acción podrá exponer su denuncia al mismo, en la sede del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores en Venezuela (Art. 22). Este acuerdo cuenta con mecanismo de controversias las cuales podrán ser dirimidas por negociación directa entre las partes y, en caso de no ser resueltas, serán sometidas a la decisión del Consejo Presidencial del ALBA (Art. 15). Dicho acuerdo, una vez en vigencia, permanecerá abierto para la adhesión de los países de América Latina y el Caribe que así lo soliciten (Art. 19).

El ECOALBA se transforma en la zona de desarrollo compartido, novedosa e inédita como la mayoría de las propuestas del ALBA, y se presenta como un nuevo espacio económico socialmente construido a partir de los principios del ALBA-TCP, en el cual los proyectos y empresas grannacionales prioritarias como soberanía alimentaria, transporte, energía, salud y conocimiento puedan acceder a los fondos financieros del Banco del ALBA, el cual cuenta con un capital de 7.500 millones de dólares para la promoción de proyectos de desarrollo (AVN, 2012).

Conclusiones

La Alianza ALBA-TCP se fue transformando inicialmente desde un mero espacio geográfico, con características comunes en su formación histórica y de ocupación colonialista e imperialista, con distintos niveles de desarrollo socioeconómico y de calidad de vida, con una rica presencia de recursos naturales con alta potencialidades geoestratégica para su aprovechamiento sostenido, pero con una gran deuda ambiental resultante del despojo y la colonización. Una realidad geográfica cotidiana marcada por la pobreza, desempleo, bajos ingresos e inequidades sociales y evidentes desequilibrios territoriales. Con sistemas políticos de gobiernos muy heterogéneos que han creído firmemente en que la salida a los problemas estructurales están presentes en las estrategias de integración económica, pero quienes consideran al mismo tiempo que esta salida es la responsable de agudizar la dependencia y el colonialismo en Latinoamérica y el Caribe.

Es por estas mismas razones que los Estados miembros del ALBA apuestan, dentro de la unidad regional, a la construcción de un espacio económico ECOALBA-TCP en pro de un nuevo modelo productivo en función de sus capacidades y potencialidades, soberano y libre de injerencia foránea, basado en los principios de solidaridad, respeto, justicia, equidad y en donde la productividad, la cooperación y com-plementariedad permitan satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la mayoría del pueblo. Un espacio donde la movilidad de los bienes, capital y las personas esté garantizada, con reglas claras y transparentes en beneficios de todas las partes por igual, con garantías de financiamiento sin la depredación de las bancas tradicionales.

El ALBA, cónsono con sus principios rectores, fue construyendo y estableciendo paulatinamente una serie de acuerdos, tratados y convenios bilaterales, pero en igualdad de condiciones entre las partes y en el goce de los beneficios; es así como está en permanente construcción de un espacio productivo sobre la base geográfica territorial, la cual fue modificando el modo de relacionarse espacialmente, revalori-zando el espacio cultural e histórico, innovando con proyectos y empresas grannacionales a partir de un tejido de mecanismos financieros auspiciados por el Banco del ALBA y el SUCRE, apuntando a un nuevo espacio o zona económica en proceso de construcción a la espera de su reglamentación, instrumentación y puesta en práctica la cual, gestionada con eficacia y eficiencia, permitirá alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas y espirituales de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Perspectivas, hay muchas positivas y negativas. Existen condiciones políticas, socioeconómicas y culturales en pro de la integración ALBA, le faltaba un espacio económico con normas y regulaciones similares para articular las políticas comerciales. Nació ECOALBA, ya lo tiene. Hasta hace poco Briceño (2011: 72-73) discutía sobre la escasa compatibilidad del ALBA como modelo de integración con otros esquemas regionales, por la participación de sus miembros en otras iniciativas comerciales y del distanciamiento de ALBA por los instrumentos alcanzados para tal fin, la no existencia de una meta para crear una zona de libre comercio o región aduanera y la no libre circulación de los factores productivos. Estos resultados suelen ocurrir por asumir el ALBA desde una visión de la política económica clásica. El ECOALBA-TCP plantea, una vez más dentro del ALBA, la creación innovadora de nuevos mecanismos de relacionarse sociedad y ambiente, dentro de marcos regúlatenos y normas de Estado favorables a la mayoría de de los pueblos.

Las posiciones en contra apuntan a la amenaza que representa el grupo ALBA para el sostenimiento de la política intervencionista y hegemónica de EE.UU. por la lucha en el control de los recursos naturales en la región, las agresiones constantes contra los gobiernos democráticos por parte de los Estados Unidos y la posición en bloque de los países del ALBA con sus constantes declaraciones públicas en contra de las políticas de Washington, y particularmente del veto inhumano impuesto a Cuba hace mas de 50 años. Se espera entonces que con la creación de ECOALBA las agresiones entre ambos continúen; pero la mayor amenaza se cierne a futuro sobre los posibles cambios de poder en los países miembros, solo queda examinar el grado de compromiso de los pueblos en apoyo a la continuidad de dichas políticas, las cuales indudablemente les han favorecido y dado un sitial protagónico y participativo.

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Este trabajo es parte de los resultados del Proyecto (Código NUTA-H-333-10-09-B) y cuenta con el apoyo del CDCHTA-ULA.↵

PhD en geografía, investigadora docente, categoría Titular, en el Centro de Es¬tudios de Fronteras e Integración (CEFI), Universidad de los Andes (ULA), Venezuela. Correo electrónico: <rosali@ula.ve>.↵

El mandatario venezolano Hugo Rafael Chávez Frías impulsa la idea del ALBA en la III Cumbre de Mandatarios de la Asociación de Estados de Caribe, en Margarita.↵

"Declaración Conjunta entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba para la creación del ALBA" La Habana, 14 de diciembre de 2004 en <www.alianzabolivariana.org/ modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2060>.↵

Venezuela comparte frontera marítima con Dominica, San Vicente y Las Granadinas con quienes aún está pendiente por delimitar las áreas marinas y submarinas.↵

Datos sobre América Latina y el Caribe; Datos de interés, disponibles en <http:// web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAT/BANCOMUNDIAT/EXTSPPAISFS/ LACINSPANISHEXTO/0„menuPK:58394~- ~-pagePK:146732 ■* -piPK:146813 * * theSitePK:489669,00.html>.↵

5 Secretaría Ejecutiva ALBA-TCP 2011 "Informe Anual 2011" (Caracas) p. 56.↵

Bolivia perdió el acceso al mar tras la Guerra del Pacífico ocurrida entre 1879 y 1883, en la cual Chile se enfrenta a Bolivia y Perú en el desierto de Atacama por los yacimientos de guano y salitre cotizados a muy buen precio en el mercado internacional.↵

7 Declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba para la Creación del ALBA. La Habana, 14 de diciembre de 2004.7 Declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba para la Creación del ALBA. La Habana, 14 de diciembre de 2004.↵

ídem.↵

Se han instalado, y están en pleno funcionamiento desde 2011 533 CDI y 570 SRI y 31 Centros de Alta Tecnología a lo extenso del territorio nacional. Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Washington, EE.UU., noticias: "Ocho años de funcionamiento más de 300 mil vidas salva Misión Barrio Adentro".↵

Al Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE subscriben 14 países del Caribe y Venezuela, el 29 de junio de 2005. Dicho Acuerdo mejora las condiciones de suministro respecto al Acuerdo de San José y el Acuerdo Energético de Caracas, mantiene el financiamiento del 25% de la factura, extiende el periodo de gracia a 2 años y alarga el pago a 25 años, con el interés al 1% si el precio supera los 40$bl. Hernández-Barbarito (2007: 24).↵

Véase: "Principios fundamentales del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)", VII Cumbre, Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre de 2009. En <http://www.alba-tcp. org/contenido/principios-fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp>.↵

Ver: "Conceptualization de proyecto y empresa grannacional en el marco del ALBA. Documentos de la VI Cumbre" en <http://www.alianzabolivariana.org/ modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1984>.↵

Acta del I Consejo Ministerial de Complementación Económica. Coordinación Permanente Secretaría Ejecutiva ALBA-TCP, 3 de agosto de 2009.↵

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Alternativas a la crisis alimentaria

La soberanía alimentaria en la alianza bolivariana, el comercio intra-alba y las cadenas regionales en alimentos[1]

Maribel Aponte García[2] y Henry Rosa Polanco[3]

Introducción

La crisis alimentaria es un complejo fenómeno multidimensional cuya manifestación más reciente explotó a partir del 2007 exacerbando una espiral de precios que arrojó a millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria y de hambre. Aunque la inseguridad alimentaria y el hambre son problemas sistémicos y recurrentes de la economía internacional, lo que diferenció a la crisis del 2007 de las anteriores fue la marcada interrelación entre los factores de los alimentos, la energía, las finanzas, y el cambio climático. Estas marcadas interrelaciones son lo que caracterizan la crisis más reciente como una crisis del sistema capitalista, del modelo productivo transnacional corporativo agroalimentario y del comercio internacional en commodities y en alimentos.

El objetivo de este trabajo es brindar una perspectiva de cómo se pueden construir alternativas frente a la crisis alimentaria tomando como ejemplo el caso de la soberanía alimentaria en la Alianza Boliva-riana Para Nuestra América-Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP). El ALBA-TCP es una alternativa de integración regional lanzada en el 2005 que en la actualidad reúne a ocho países miembros -Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Dominica- y a veinte y tres países beneficiarios en el ámbito alimentario, según se explicará en detalle en la tercera sección.

A estos fines, el trabajo diferencia el concepto de seguridad del de soberanía alimentaria y esta discusión se estructura en torno a dos constructos, los modelos productivos y el comercio internacional. Es desde esta discusión que entonces se aborda la construcción de alternativas dentro de la iniciativa de integración de la Alianza Bolivariana.

El trabajo se divide en cinco secciones, a saber: un análisis de la crisis alimentaria; la presentación de los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria; las alternativas a la crisis a partir de la experiencia de la Alianza Bolivariana Para Nuestra América-Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP); un análisis preliminar del comercio intra-ALBA en alimentos y de las cadenas productivas regionales; y una presentación en torno a las empresas grannacionales y la soberanía alimentaria.

Crisis alimentaria

Entre el invierno de 2006 y el verano de 2008, los precios de cuatro commodities (arroz, trigo, maíz y soya) se triplicaron. Este aumento de precios fue aparejado por un aumento similar de los precios del petróleo(von Grebmer et al., 2011: 22).

Debido a que estos cuatro productos comprenden la ingesta calórica del 75% de la población mundial, los aumentos en precios de los commodities básicos y del petróleo en los años 2007-2008, provocaron que por lo menos 40 millones de personas alrededor del mundo fueran arrojadas a una situación de hambre como resultado de la crisis de los precios de los alimentos, y que el número total de personas viviendo en la pobreza alcanzara los 963 millones en el 2008. En un futuro, esta situación de crisis puede exacerbarse ya que se espera que los precios aumenten más debido a los efectos del cambio climático (Schenkler & Michael, 2010; Von Grebmer et al., 2011; Nelson et al., 2010).

Las protestas no se hicieron esperar y se multiplicaron alrededor del mundo. Hubo motines alimentarios (‘food riots’) en más de veinte países alrededor del mundo.En México hubo protestas contra el alza en los precios de las tortillas en el 2007. En Haití se protestó contra el alza en los precios de los alimentos en abril de 2008. En Italia se planteó la huelga del spaghetti. En países de Asia y África la situación fue similar, registrándose, respectivamente, movilizaciones en Filipinas, Bangladesh, Indonesia así como en Mauritania, Yemen, Egipto, Marruecos, Guinea, Mozambique, Senegal, Camerún y Burkina Faso (Hernández Navarro & Aurélie Desmarais, 2009).

En el Caribe y América Latina, se reportaron situaciones severas de hambre en Haití, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, y Bolivia, según el índice global del hambre calculado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI)[4]. Aunque la situación es seria en nuestra región caribeña y latinoamericana, máxime porque esta situación se agrava con una distribución muy desigual del ingreso, visto globalmente, la severidad golpea más duramente al continente africano en países como la República Democrática del Congo, Chad, Eritrea) y áreas del Asia como India, Pakistán, Bangladesh y Laos (Von Grebmer et al., 2011: 19-20).

Los efectos sociales de la crisis son a su vez diversos abarcando desde el deterioro en la pobreza, el bienestar social, hasta la malnu-trición infantil. La crisis alimentaria suscitó, además[5], complejidades para los gobiernos ya que el aumento de precios afectó el presupuesto para importar alimentos mientras que la población tenía menos capacidad de acceder a la misma cantidad de bienes. Algunos gobiernos han impuesto prohibiciones {bans) para la exportación de algunos de los cuatro commodities, como es el caso de Malawi que prohibió la exportación de maíz en el 2011 (Gustafson, 2011: 1).

Según especialistas en la materia, las causas de la crisis pueden dividirse en cuatro categorías: naturales, bióticas, pertenecientes a la nutrición, a la calidad y a la sanidad de los alimentos, y las socioeconómicas y políticas[6].

Las naturales incluyen el cambio climático, la desertificación, los abastos de agua, la energía, las inundaciones, los desastres naturales y la degradación de la tierra. Entre las ‘bióticas’ se incluyen las enfermedades y las plagas que afectan a las plantas y a los animales. La categoría de nutrición y calidad de la comida incluye consideraciones en torno a la inocuidad de los alimentos. La categoría de lo socio-económico-político incluye un análisis de la tierra, las políticas agrarias y las de alimentación, las relaciones internacionales y el comercio internacional, el acceso a la comida, la política financiera, la economía política de la energía, los biocombustibles, los alimentos modificados genéticamente, las guerras, los disturbios étnicos, y los modelos productivos y empresariales.

Este capítulo se centrará en dos elementos dentro de la categoría socio-económica-política y sus interrelaciones, a saber: modelos productivos empresariales y comercio internacional. Estos elementos serán abordados dentro de la discusión del tema de soberanía alimentaria que se inicia en la próxima sección. Hemos escogido esta estructura ya que la literatura de soberanía alimentaria así como la experiencia de la Alianza Bolivariana, plantean y estructuran alternativas en cada una de estas áreas como soluciones a la crisis alimentaria.

Conceptos desde dónde abordar las crisis alimentarias: de la seguridad a la soberanía alimentaria

En un ámbito amplio, el concepto desde donde abordar las crisis alimentarias ha transitado desde el de la seguridad al de la soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria se centró inicial-mente en un planteamiento basado en la disponibilidad de alimentos nutritivos, vinculándose luego a uno del derecho a la alimentación, sobre todo bajo el impacto del trabajo del NobelAmartya Sen y su obra sobre Titularidades y Hambrunas; y más tarde al de la soberanía alimentaria centrado en el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias con una prioridad en la producción local, los pequeños productores, precios justos para la agricultura, la protección de semillas y las inversiones públicas (Chiriboga, 2009: 4). La definición de la seguridad alimentaria, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la siguiente: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias”. Por lo tanto, puede decirse que la seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: la estabilidad de la oferta de alimentos de buena calidad (inocuos) adecuados sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año; y el acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos (López Flores, 2009-2010: 6).

La definición de soberanía alimentaría propuesta por Vía Campesina, organización internacional de campesinos y trabajadores agrícolas, es la siguiente: “El derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” (Definición, Foro de ONG. OSC para la Soberanía Alimentaria celebrado en Roma en el 2002)[7].

La observación analítica importante, para efectos de este trabajo, es que se puede cumplir con la definición de seguridad alimentaria sin cuestionar ni el modelo productivo agroalimentario ni la economía política del comercio internacional de alimentos. Estos son los ejes de ladiferenciación entre los dos conceptos. A su vez, son los ejes de la construcción de alternativas de soberanía alimentaria en el ALBA según se discutirá en la tercera parte de este trabajo.

Para comprender estas diferencias, es necesario trazar un poco la evolución de los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria nacional surge como respuesta a la crisis alimentaria de los años setentas que fue causada por la disminución de la producción y de las reservas mundiales. Enfocado en que las hambrunas son períodos de escasez debido a factores naturales, propone soluciones en torno a que los países se aboquen a crear las condiciones necesarias para suministrar alimentos suficientes para sus poblaciones. Es por esto que se incorpora la seguridad alimentaria como política pública mediante la cual los gobiernos se comprometen a eliminar el hambre, pero sin plantear una mejor distribución de los recursos alimentarios (Red del Tercer Mundo, 2010: 85).

En la década de los ochenta del siglo XX, el pensamiento de Amartya Sen, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en el 1998 por su obra en torno a la pobreza y las hambrunas, influencia la conceptualization de la seguridad alimentaria prevaleciente. La obra de Sen contribuyó a cambiar el foco de la investigación en torno a las hambrunas de un énfasis en disponibilidad a un enfoque en las titularidades. Sen planteó: “La hambruna es la característica de alguna gente no tener suficientes alimentos para comer. No es la característica de que no existan suficientes alimentos para comer”[8]. Así, el enfoque de las titularidades cambió el foco de la disponibilidad de la comida de los alimentos (fundamentado en la producción) al de la distribución de los alimentos (fundamentado en el mercado).

Ya para el 1996, “El concepto de seguridad alimentaria acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se refiere a que los países cuenten con un nivel de oferta suficiente de alimentos inocuos y nutritivos a los cuales la población tenga acceso. En este sentido y en el marco de las políticas neoliberales en boga, este planteamiento que hace énfasis en la perspectiva de la disponibilidad de alimentos, no menciona el tema del origen nacional de los mismos” (Ormachea Saavedra, 2011: 2).

De tal forma, la seguridad alimentaria, según la acepción aceptada en el World Food Summit Pían of Action of 1996, tiene cuatro dimensiones[9]:

La disponibilidad de alimentos-la provisión/suministro suficiente y consistente de los alimentos a nivel nacional, sean de origen local o de producción importada.

El acceso-destaca la importancia de la distribución del poder adquisitivo así como de los mercados a través de los cuales se puede adquirir comida adecuada. Esto es una función del ingreso de los hogares (household), su distribución dentro de los hogares y los precios de los alimentos.

La utilización se relaciona con los hábitos de la dieta y está influenciado por el almacenamiento, las técnicas de procesamiento, el estatus de la salud, la disponibilidad del agua potable y una tecnología de saneamiento y nutrición adecuada.

La estabilidad-atrae atención a la necesidad de consistencia de los suministros a través del tiempo y la evasión de las fluctuaciones de los precios y de los mercados.

Aunque la definición del 1996 incorpora algunos de los aportes de Sen en el concepto de seguridad alimentaria, según Ormachea Saavedra (2011), este planteamiento que hace énfasis enla perspectiva de la disponibilidad de alimentos, responde a los planteamientos de los países capitalis

tas adelantados que propugnan la apertura irrestricta de las economías de los países atrasados, con el objeto de lograr la introducción de sus mercancías agropecuarias o agroindustriales en estos últimos y por tal razón no menciona el tema del origen nacional de los alimentos (p. 2).

De otra parte, el concepto de soberanía alimentaria fue planteado por el movimiento la Vía Campesina, a raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), realizada también en el 1996 (Hernández Navarro y Desmarais, 2009: 90). Vía Campesina es una red internacional fundada en 1993 que en la actualidad agrupa a más 150 organizaciones de campesinos, pequeños productores rurales, mujeres del campo, trabajadores agrícolas y comunidades agrarias indígenas del sur y del norte. Entre estas organizaciones hay representación de la región de Norte América, América Latina y el Caribe: los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belize, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, Cuba, las Islas Windward, Granada, Dominica, Santa Lucia, y San Vicente[10].

Para Vía Campesina, el objetivo es construir modelos alternativos de agricultura. Por ende, enfoca su situación en la soberanía alimentaria y en el comercio agrícola, la reforma agraria, los derechos de los trabajadores migratorios, y los jornaleros agrícolas, el género, la biodiversidad y los recursos energéticos, los derechos humanos y los derechos de los campesinos, así como en una agricultura sustentable basada en el productor (Hernández Navarro y Desmarais, 2009: 90).

Esa organización hace más bien referencia a la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas alimentarias y agrarias, lo que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado interno y de privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la importación de los mismos. Es por esto que la soberanía alimentaria, a diferencia del concepto de seguridad alimentaria, establece cinco áreas en torno alas cuales trabajar: 1. Acceso a los Recursos; 2.Modelos de Producción; 3.Transformación y Comercialización; 4.Consumo alimentario y derecho a la alimentación; y, 5.Políticas Agrarias(Ortega-Cerdá y Rivera-Ferré, 2010: 56; Ormachea Saavedra, 2011: 2).

En el área de acceso a los recursos, la soberanía alimentaria trata de fomentar y de apoyar los procesos individuales y comunitarios de acceso y control sobre los recursos (tierra, semillas, crédito, etc.) de manera sostenible, respetando los derechos de uso de las comunidades indígenas y originarias, y haciendo un énfasis especial en el acceso a los recursos por parte de las mujeres. En el área de los modelos de producción, la soberanía alimentaria trata de incrementar la producción local familiar diversificada recuperando, validando y divulgando modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma sostenible ambiental, social y culturalmente. Apoya los modelos de desarrollo agropecuario endógeno y el derecho a producir alimentos. En el área de transformación y comercialización, la soberanía alimentaria defiende el derecho de los campesinos, trabajadores rurales sin tierra, pescadores, pastores y pueblos indígenas a vender sus productos para alimentar a la población local. Ello implica la creación y el apoyo de mercados locales de venta directa o con un mínimo de intermediarios. En el área de consumo alimentario y derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria defiende que los ciudadanos tenemos derecho a un consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, procedente de los productores locales, y producidos mediante técnicas agropecuarias agroecológicas. En el área de políticas agrarias, la soberanía alimentaria defiende que el campesino tiene derecho a conocer, participar e incidir en las políticas públicas locales relacionadas con la soberanía alimentaria (Ortega-Cerda y Rivera-Ferré, 2010: 56; Ormachea Saavedra, 2011: 2).

En el abordaje de soberanía alimentaria, el cuestionamiento del modelo industrial de monocultivos a gran escala de las corporaciones y de los agronegocios es fundamental. De hecho, los proponentes del concepto de la soberanía alimentaria plantean que la solución a la crisis está en el modelo productivo de los pequeños productores y campesinos. Para sustentar este argumento, han presentado evidencia que demuestra que los campesinos alimentan al 70% de la población mundial y las cadenas de alimentos industriales al 30%. El 70% se divide de la siguiente manera: los campesinos producen el 50% de los alimentos cultivados, mientras que un 12.5% proviene de la caza y la recolección, y un 7.5% proviene de la agricultura urbana[11].

De tal forma, la crisis alimentaria no es una crisis de la capacidad productiva global si no de un modelo industrial de monocultivos a gran escala manejado por las corporaciones del agronegocio que está articulado en torno a un sistema de ganancias y no en torno a las necesidades humanas y ambientales. En ese sentido, existe una relación entre la crisis alimentaria y la crisis del capitalismo.

Los puntos de vista están divididos entre aquellos que abogan por la soberanía alimentaria como la estrategia apropiada y aquellos que están más cerca de las posturas de la seguridad alimentaria. La postura de la seguridad alimentaria es que los suministros de alimentos deben provenir de fuentes de acuerdo a los principios de ventaja comparada y de los patrones de comercio internacional, aceptando los beneficios y los riesgos asociados con esta estrategia. Esta visión defiende el utilizar los mercados para asegurar los suministros de alimentos en la forma más barata posible. Entre las recomendaciones que se articulan como salida a la crisis, dentro del mismo modelo y enfocadas en la seguridad alimentaria, pueden incluirse las de crear reservas de emergencia, redes de seguridad y protección social, la regulación de mercados, políticas de comercio internacional y cadenas de valor para los pequeños agricultores (Mathews, 2010: 5; De Schutter, 2010: 2).

Los proponentes de la soberanía alimentaria también cuestionan la economía política de la relación entre el comercio internacional de alimentos y el modelo agroalimentario transnacional. De hecho, advierten acerca de los peligros de “depender de los mercados internacionales para los suministros de alimentos, y abogan por políticas para asegurar que una alta proporción de los suministros de alimentos sean obtenidos localmente”. Esta diferencia es vital debido a que en la definición de la seguridad alimentaria planteada anteriormente no hay un argumento que privilegie los suministros de alimentos de fuentes locales por encima de los suministros de fuentes importadas (Mathews, 2010: 3-5).

La conceptualización de seguridad alimentaria cónsona con la apertura de mercados globales hay que ubicarla dentro del debate en torno a la agricultura que se llevó a cabo durante la Ronda de Uruguay de lo que hoy día se conoce como la Organización Mundial del Comercio y que dio lugar al Acuerdo en torno a Agricultura luego de que finalizara la Ronda en el 1995. A su vez, hay que ubicarlo dentro del debate de la actual Ronda de Doha que lleva ya más de una década en negociaciones y cuyo tranque se asocia en parte al debate en torno a los subsidios agrícolas.

El Acuerdo de Agricultura de 1995, fruto de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, sirvió para generar una agenda vinculada a la reestructuración de los sectores agrícolas y del comercio internacional en agricultura. Se estableció un sistema de ‘libre comercio’ en productos agrícolas que favorecía a los agronegocios (McMichael, 2005: 280).

El cambio en el espacio de la seguridad alimentaria de la nación estado al mercado mundial se estructuró (‘engineered’) durante la Ronda de Uruguay (1986-1994), anticipando el Acuerdo en Agricultura del 1995. Según Desmarais (2003):

Bajo este acuerdo, los estados ya no tienen el derecho a la autosuficiencia alimentaria como una estrategia nacional. La regla de importación mínima de la Organización Mundial del Comercio requiere que todos los estados miembros permitan importar hasta por lo menos un cinco por ciento del volumen del consumo doméstico (p. 148).

Incluso, a pesar de que el Artículo 25 (1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consideraban que “el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía sobre sus riquezas naturales y sus recursos” era esencial para la realización de los derechos humanos (Desmarais, 2003: 144).

En ese mismo sentido, a McMichael (2005) no le cabe la menor duda de que el Acuerdo en Agricultura se diseñó para abrir los mercados agrícolas mediante la reducción al mínimo de los requisitos de importación y de los subsidios a los productores. Sin embargo cree que “los estados del Sur firmaron con la esperanza de mejorar la obtención de divisas provenientes de aumentos en las agroexpor-taciones (bajo el imperativo del servicio a la deuda externa). Pero el efecto fue que abrieron los mercados para los productos agrícolas del Norte”. Como prueba de ello, McMichael (2005) se hace eco de los datos de la FAOSTAT (2004) para afirmar que “entre 1970-2000, la disminución en el porcentaje de exportaciones agrícolas de África (10 a 3 por ciento), América Latina y el Caribe (14 a 12 por ciento) y los países menos desarrollados (5 a 1 por ciento), contrastó con el aumento del Norte de un 64 a un 71 por ciento” (p. 283).

La actual Ronda de Doha propuso facilitar ‘trade-offs’ para el Sur, por medio de los cuales más desregulaciones de las economías del Sur serían pareadas con posibles concesiones del Norte. Estas concesiones incluían, por un lado, un mayor libre comercio con mayor acceso a los mercados de los países del norte en renglones agrícolas y reducciones en los subsidios agrícolas del norte; y, por otro, refuerzo de las provisiones de trato diferenciado y especial para abordar las necesidades de seguridad alimentaria y de desarrollo rural de los países del Sur (McMichael, 2005: 271).

Las negociaciones continúan entre tranques y lentos avances, con protestas multitudinarias evidenciándose en muchas de instancias de reunión. Con respecto a la necesidad de profundizar los términos de abordar la agricultura bajo la Ronda Doha, Vía Campesina expresó: “Las negociaciones en agricultura parecen ser una lucha entre los elefantes corporativos de la agro-industria representados por la Unión Europea, los Estados Unidos y el Grupo Cairns en vez de una negociación de cómo establecer relaciones justas y de intercambio comercial equitativos que protejan la producción y el consumo de alimentos doméstico y el ambiente del mundo” (Wallach & Woodall, 2004: 215).

Alternativas a la crisis: la soberanía alimentaria en la alianza bolivariana

Esta sección aborda la soberanía alimentaria en la Alianza Bolivaria-na para Nuestra América-Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP) como una alternativa a la crisis. En América Latina y el Caribe, un grupo significativo de países ha aprobado leyes o proyectos de ley en torno a la seguridad alimentaria a partir del 2003: Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Nicaragua (ver Ramírez y García Cebolla, 2009).

Sin embargo, la alternativa construida desde la Alianza Boliva-riana es más contundente ya que parte de una visión más alineada con el concepto de soberanía alimentaria. Como vimos, el concepto de seguridad alimentaria no trastoca los modelos de producción y agronegocios y promueve el libre comercio en agricultura. Por lo tanto, no cambia significativamente las causas de las crisis asociadas a estos factores.

El término ALBA fue planteado por Hugo Chávez durante la Cumbre de las Americas en Quebec en el 2001. El ALBA nace como reacción al Área de Libre Comercio de las Americas (ALCA) propuesta por el gobierno norteamericano en aquel entonces. Plantea una alternativa comercial al ALCA, y luego incorpora “conceptos de orientación social, política, económica, ambientalista y cultural” (Correa Flores, 2005: 4). Inicialmente propuesto por el presidente venezolano, en la actualidad está constituido por ocho países miembros:Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Ecuador. Honduras pertenecía al ALBA-TCP pero fue retirado del bloque después del golpe de estado de 2009 al presidente Manuel Zelaya[12].

El ALBA-TCP redefine los conceptos de cooperación y comple-mentariedades en el comercio, la producción y la inversión que pueden promover la creación de cadenas regionales de producción. El ALBA-TCP busca aplicar principios de justicia y solidaridad en el comercio. Tres de estos principios deben destacarse: comercio compensado (con intercambio de productos), la no reciprocidad y el trato diferenciado (Girvan, 2008, pp. 5-9).

Estos tres conceptos no se originan en el ALBA-TCP. Por ejemplo, históricamente, el comercio compensado se ha utilizado en tiempos de Guerra, para aliviar problemas de balanza de pagos, o para llevar a cabo el comercio entre los miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) con los países no miembros del CAME (ver Gallegos, 1985 para un análisis detallado).

Pero lo que sí es original en el caso del ALBA-TCP es que el comercio compensado se ‘institucionaliza’ como una práctica vinculada al comercio solidario y justo dentro de un esquema alternativo de integración regional dentro de la región de América Latina y el Caribe.

A través de los acuerdos de comercio compensado (ACC), cada país establece lo que necesita y lo que ofrece. Los acuerdos establecen intercambios de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada país. En el caso de Cuba, la isla recibe petróleo a términos y precios preferenciales y paga por éste parcialmente con servicios médicos que los doctores cubanos ofrecen en la Misión Barrio Adentro, las becas que Cuba otorga a los estudiantes venezolanos para estudiar en la isla, y los servicios médicos que los venezolanos reciben en Cuba.[13] Con frecuencia, las Misiones son el vehículo a través del cual la ‘compensación en servicios’ relacionadas con los ACC pueden llevarse a cabo. En una forma similar, Dominica puede pagar hasta el 40% de su factura petrolera con guineos.

La no-reciprocidad establece que un país no está obligado a reciprocar o conceder, a un país miembro del ALBA-TCP con el cual ha establecido un acuerdo de comercio, los mismos términos de intercambio que este ha recibido. En ese sentido, Bolivia le paga a Cuba con productos, pero no tiene que ofrecer los mismos términos a Cuba (que Cuba le pague a Bolivia con productos).

El principio de trato diferenciado establece que las condiciones sociales y económicas de los países pueden ser tomadas en consideración cuando se articulen medidas de comercio solidario. Por ejemplo, en el caso de Haití, aunque este país no es formalmente un miembro de ALBA-TCP, se le ofrecen los mismos términos favorables para financiar las compras de petróleo que se le ofrecen a los países miembros del ALBA-TCP.

La inversión en el ALBA-TCP se articula en torno a empresas estatales locales y regionales con complementariedades y necesidades en mente, en vez de alrededor de las empresas extranjeras y la producción para la exportación. El surgimiento de las empresas estatales mixtas regionales es una nueva forma de gobernanza que juega un rol crucial en alcanzar el desarrollo endógeno regional con inclusión social.

Las empresas grannacionales son empresas estatales mixtas: empresas estatales de dos o más países miembros del ALBA-TCP que comparten la propiedad y que se enfocan en el comercio intra-ALBA-TCP. Conceptualmente, la categoría ‘grannacional’ se introdujo en el 2008, aunque las empresas estatales mixtas estaban funcionando desde el 2005 cuando se firmó el Acuerdo Estratégico Cuba-Venezuela. El concepto de las empresas grannacionales como una forma de organizar la producción al nivel regional dentro del ALBA-TCP se planteó por primera vez en el texto de resoluciones de la reunión de ministros del ALBA-TCP celebrada en el 2008.

Los proyectos grannacionales son programas de acción dirigidos a alcanzar las metas y principios del ALBA-TCP, validados por países miembros, cuya implementación involucra a dos o más países, para el beneficio de la gran mayoría social. Las empresas y proyectos grannacionales (EPGN) se han constituido o se proyecta se conformarán en las áreas de acuerdos del ALBA-TCP: cultura, telecomunicaciones, turismo, comercio justo, alimentos, energía, industria, minería, finanzas, salud y transportación[14].

En el ALBA-TCP, el comercio y la inversión se abordan desde una perspectiva de desarrollo endógeno sostenible, con inclusión social y participación efectiva del estado. Las EPGN surgen como alternativas a los modelos de desarrollo centrados en el regionalismo abierto y en las corporaciones transnacionales. Las empresas grannacionales se distinguen y diferencian de la empresa transnacional: ‘El concepto de las empresas grannacionales surge en oposición a aquel de las empresas transnacionales, por consiguiente, su dinámica económica estará orientada a privilegiar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas garantizando la continuidad y el rompimiento con la lógica de la acumulación y la reproducción del[15].

Las iniciativas de integración de alimentos dentro del ALBA-TCP, según concretadas en ALBA-Alimentos, incluyen a los ocho países miembros del ALBA, 18 países miembros de Petrocaribe, una iniciativa de integración petrolera impulsada por el ALBA-TCP que incluye a algunos países miembros del ALBA y otro grupo de países de la región (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela), además de Brasil, Argentina y Paraguay.

El Tratado para implementar la cooperación en las áreas relacionadas con la soberanía alimentaria al interior del ALBA fue firmado el 27 de abril de 2008 durante la Cumbre del ALBA celebrada ese mismo año. La Red de Comercio de ALBA Alimentos y el Fondo de Seguridad Alimentaria del ALBA se crearon con una inversión inicial de $100 millones de dólares EEUU. Una Comisión Conjunta se creó para organizar proyectos conjuntos y desarrollar proyectos de agronegocios en cereales, vegetales, carne y leche[16].

Las iniciativas integracionistas en alimentos se distinguen también en torno a elementos importantes con relación al comercio y a la producción. ALBA-TCP crea nuevas relaciones en torno a conceptos de cooperación y complementariedades en el comercio, la producción y la inversión. ALBA-TCP busca aplicar conceptos de justicia, cooperación y solidaridad en el comercio.

El ALBA-TCP ha promovido una alternativa en soberanía alimentaria vinculada a un modelo de empresas y de proyectos gran-nacionales. El ALBA presenta políticas de soberanía alimentaria que se manifiestan a nivel de la región. Ya vemos diferentes integrantes del ALBA que han implementado políticas de soberanía alimentaria, legislación concerniente a la seguridad alimentaria o políticas agrícolas nacionales. El grupo de países que participa de ALBA-Alimentos incluye a los países miembros del ALBA así como a otras naciones: Guatemala, Honduras, República Dominicana, Argentina, Brasil, Granada, Guyana, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y Paraguay.

Si bien son muchos los países vinculados a las iniciativas de ALBA-Alimentos, hay cuatro países miembros del ALBA -Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- en donde la legislación está vinculada a una conceptualización que permite a los estados determinar de forma autónoma las políticas y que incorpora la posibilidad de limitar el impacto del mercado mundial y promover la participación activa de pequeños productores (Chiriboga, 2009).

El ALBA crea un modelo alternativo al sistema transnacional corporativo y al modelo agroexportador basado en las grandes empresas transnacionales. En el área de ALBA-TCP-Alimentos, existen seis empresas grannacionales que operan o están proyectados para operar en el futuro. En algunos casos, los proyectos grannacionales incluyen áreas vinculadas a la soberanía alimentaria, tal como ilustra el caso de la Misión Mercal que se plantea llevarla a Cuba y que se explica más adelante. Además, en Venezuela se lanza la Gran Misión Agro Venezuela para promover la producción de alimentos, el otorgamiento de crédito y de apoyo financiero con un énfasis en algunos rubros en particular.

Comercio intra- alba y cadenas productivas regionales: un análisis preliminar

Un análisis preliminar de los datos del comercio intra-ALBAde 14 años (1998-2011), que comprende 7 años antes y 7 años después de la institución del ALBA en el 2004 – independientemente del año de adhesión de cada país al bloque- y que incluye todo las categorías de productos y no solo la de alimentos, nos indica que el volumen de exportaciones ascendió a un total de USD$ 15.675,5 millones a precios reales[17], de los cuales el 41% se produjo en el sub-período pre-ALBA (1998-2004) y el 59% en el post-ALBA (2005-2011). El aumento de un sub-período a otro fue de un 42%, ascendiendo de un total de US $ 6.479,8 millones en el pre-Alba a US $ 9.193,7 al post-Alba. La diferencia entre los dos es de unos US $ 2.713,8 millones de dólares reales (2005 = 100).

En el comercio intra-ALBA para el periodo comprendido entre 1998-2011, $ 4.363,81 millones de dólares US a precios reales se destinaron a la categoría de alimentos. La participación de los miembros del ALBA-TPC en ALBA-Alimentos en este periodo es la que se muestra en el cuadro 1 donde Bolivia y Ecuador lideran el bloque.

Esta sección presentaademás los hallazgos preliminares en torno al comercio intra-ALBA por categoría económica de bienes: capital, consumo, intermedios-procesados y primarios. Este trabajo está fundamentado en una metodología desarrollada por Aponte García (2011). Se utilizó la base de datos de las Naciones Unidas conocida como UN Commodity Trade Database para llevar a cabo el análisis. Se clasificó y convirtió la data de comercio en exportaciones intra-ALBA en cuatro categorías principales: bienes primarios, bienes intermedios de procesamiento, bienes de capital y bienes de consumo.

El comercio intra-ALBA en alimentos, por categoría económica para analizar las cadenas productivas regionales potenciales.se detalla en los cuadros 2 y 3. En estos dos cuadros podemos apreciar la composición del comercio intra-ALBA en alimentos de acuerdo a las categorías económicas y los sub-periodos pre y post-ALBA. En términos de las categorías, se evidencia la debilidad en cuanto a exportaciones de capital, no reflejándose exportaciones para el periodo post-ALBA.

Interesantemente, la categoría más significativa es la de bienes intermedios-procesados, potenciando este hallazgo la construcción de cadenas productivas. Aunque todos los eslabones de la cadena están presentes -primario, intermedios y consumo, en el período post-ALBA, la intermedia se reporta con mayor fortaleza que la primera. Las fases intermedias son importantes porque contribuyen a construir capacidad regional y a promover el crecimiento de empleo y de actividades de valor añadido a lo largo de las cadenas.

Nicaragua y Ecuador son los países que aumentan significativamente su participación en las exportaciones en ALBA-Alimentos, siendo el caso más dramático el de Nicaragua, tanto en los bienes primarios como en los intermedios-procesados.

En estos dos cuadros se pueden apreciar además, las cadenas de producción regionales potenciales por país, así como las fortalezas de ciertos países miembros del ALBA tales como Bolivia, Ecuador, y Nicaragua en los eslabones de bienes intermedios de la cadena. Estas fortalezas están asociadas con sectores particulares. Por ejemplo, Bolivia es muy fuerte en los productos de soja, mientras que Nicaragua es muy fuerte en ganado, y el Ecuador en la exportación de frutas y de pescado fresco.

Las exportaciones provenientes de San Vicente y Granadina, Dominica, Bolivia y Antigua y Barbuda, prácticamente permanecen inalteradas de un sub-periodo a otro. Venezuela y Cuba disminuyen su participación en ALBA-Alimentos en el periodo post-ALBA, llegando a disminuir significativamente las mercancías venezolanas de consumo y las primarias cubanas que exportaban en el período anterior.

Las principales mercancías de los principales países en la exportación intra-ALBA son las siguientes:

- Bolivia: Tortas de soya y aceites de origen vegetal.

- Ecuador: Atunes, listado, boito del Atlántico, arenque, sardinas y otros

- pescados

- Nicaragua: Carne de ganado bovino

- Venezuela: Aceite en bruto

- San Vicente y Las Granadinas: Harina de Trigo, arroz y preparados para animales

- Cuba: Frijoles, azúcar, cigarros y ron

- Dominica: Bananas (incluso plátanos) y frutas frescas

Bajo la investigación en curso, se elaboran análisis conducentes a estudiar más detalladamente las cadenas productivas regionales potenciales para productos y sectores agrícolas y agroindustriales en particular.

Comercio intraregional de exportaciones, empresas grannacionales y soberanía alimentaria: un ejemplo de una investigación en proceso

Esta sección presenta un ejemplo de un modelo de las Empresas y Proyectos Grannacionales aplicado a las alternativas de Soberanía Alimentaria en el ALBA-TCP con un enfoque en Venezuela. El Diagrama 1 ilustra los componentes básicos del modelo.

Los componentes del modelo se asemejan a las cinco categorías propuestas por Vía Campesina: 1.Acceso a los Recursos; 2.Modelos de Producción; 3.Transformación y Comercialización; 4.Consumo alimentario y derecho a la alimentación; y, 5.Políticas Agrarias. A saber, el diagrama 1 se estructura en torno a cinco componentes: 1. Acceso a recursos, 2. Procesamiento, 3. Distribución, consumo local y exportaciones. También toma en consideración el impacto de las políticas públicas en torno al control y la intervención aguas arriba y aguas abajo para garantizar el acceso a los recursos. Este diagrama intenta conceptualizar la actividad de las empresas (EGN) y de los proyectos grannacionales (PGN) vinculados a ALBA-Alimentos.

Si fuéramos a relacionar las cinco categorías con las que aparecen en este diagrama, se plantearía una correspondencia de la siguiente manera. La categoría 1 de Vía Campesina corresponde a la categoría de Acceso a Recursos del diagrama. La categoría 2 de Vía Campesina se puede analizar a lo largo de la cadena del modelo propuesto. Es decir, en el ámbito de acceso a recursos puede conceptúalizarse un análisis de modelos productivos agrícolas. Así también los modelos productivos pueden conceptualizarse para los otros eslabones de la cadena. Es decir, en acceso a recursos, en procesamiento y en distribución, las empresas privadas, mixtas y estatales participan y están integradas en cadenas y redes de producción. La categoría 3 de Vía Campesina corresponde al ámbito de procesamiento. La categoría 4 de Vía Campesina corresponde al renglón de Consumo local así como al de exportaciones en la región ALBA. Por último, la categoría 5 de Vía Campesina de políticas agrarias corresponde a los dos círculos que aparecen en el diagrama del modelo y que recogen el análisis del control estatal (incluyendo políticas agrarias) e intervención aguas arriba y aguas abajo. El rol del gobierno aguas arriba es necesario para garantizar el acceso a los recursos naturales. El rol del gobierno aguas abajo en la distribución es necesario para garantizar el acceso al consumo.

El modelo capta que las EGN y los PGN sirven o funcionan como empresas líderes que controlan y coordinan la cadena de producción-distribución. Este modelo se ilustra como el diagrama 1 para el caso de la Soberanía Alimentaria (ver diagrama 1 en página siguiente).

Empresas grannacionales

En el área de ALBA-TCP-Alimentos, existen seis EPGNs que operan o están proyectados para operar en el futuro: ALBA-TCP-Arroz; ALBA-TCP-Leguminosas; ALBA-TCP-PescALBA; ALBA-TCP-Avícola; ALBA-TCP-Porcinos; y ALBA-TCP-Leche yLácteos. La República Bolivariana de Venezuela también ha firmado acuerdos o tratados de Soberanía Alimentaria con países que no son miembros del ALBA. Este es el caso de Brasil, Argentina (2008) y Paraguay[18].

El rol del estado y el control aguas arriba para garantizar acceso a los recursos

Los países del ALBA han garantizado el acceso a los recursos generando legislación que: garantiza la soberanía alimentaria como derecho constitucional; garantiza la soberanía o la seguridad alimentaria; y/o promueve las Reformas Agrarias vinculadas a los derechos de la soberanía alimentaria. Este es el caso en Bolivia, Venezuela y Ecuador. En adición, el rol del gobierno también incluye el área de expropiaciones y finanzas.

El desarrollo endógeno y la integración están atados a una nacionalización o renacionalización de los recursos naturales, en una coyuntura histórica en la cuál los productos primarios y los recursos naturales han pasado de ser subvalorados a ser estratégicos. De esta manera, el control sobre y la gobernanza de los recursos no-renovables, tales como petróleo y gas; los recursos renovables amenazados por cambios climáticos y los por los intentos de apropriación y de privatización, tales como el agua; y los recursos vinculados a la soberanía alimentaria y energética, adquieren una importancia estratégica. Estos procesos explican parcialmente las nacionalizaciones y renacionalizaciones de los hidrocarburos en Venezuela (2003), Ecuador (2010) y Bolivia (2006) y la legislación en torno a la seguridad y la soberanía alimentaria.

Bolivia reformó su constitución en el 2007. Los artículos 16, 82 y 321 estipulan que cada persona tiene derecho al agua y a los alimentos. En Bolivia, las políticas relacionadas con las reformas agrarias se tratan en el Artículo 18 del Proyecto de Ley Marco de la Política Boliviana sobre el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada que plantea la promoción de una distribución justa de la propiedad. Ecuador reformó su constitución en el 2008. Los Artículos 13 y 66 estipulan que el derecho a la alimentación será garantizado a todos los ciudadanos. La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y de Nutrición y la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del 2009 destaca el rol del estado en la redistribución de la tierra y en la creación de varias instituciones para hacer viable las iniciativas de soberanía alimentaria {Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fondo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional). Venezuela reformó su constitución en el 1999. El Artículo 305 establece que el Estado promoverá la agricultura sostenible como una base estratégica del desarrollo rural integral. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria del 2008 rige las actividades relacionadas con la soberanía y la seguridad para garantizar el acceso a la población. El Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Agrario de 2001, con su reforma parcial del 2010, relaciona las políticas de Reforma Agraria con la soberanía alimentaria[19]. En el caso de Cuba, existen varios artículos de la constitución relacionados con el derecho a la alimentación: Artículo 9, Inciso a), Pleca 3; Artículo 9, Inciso b); Artículo 27. Dice textualmente: “El Estado protege al medio ambiente y los recursos naturales delpaís (…) para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y laseguridad de las generaciones actuales y futuras.” (Martínez et al., 2008: 87).

En torno a las reformas agrarias, se destacan los siguientes: el Plan de Lucha contra el Latifundio en Venezuela, el Plan de Tierras para pequeños productores campesinos en Ecuador del 2009, y la Revolución Agraria con la Ley 3545 de Bolivia que se ha impulsado desde el 8 de noviembre del 2006 (Rubio, 2009: 22). En Venezuela, el gobierno ha distribuido más de un tercio de las grandes propiedades (‘estate holdings’) desde 1998 y esto ha beneficiado a más de 180,000 campesinos. Sin embargo, en este proceso más de 200 campesinos han sido asesinados por mercenarios contratados por los terranientes locales como consecuencia de ellos organizarse en torno a reclamos sobre la tierra. En casi todos los casos, los asesinos han logrado evadir la justicia o han resultado impunes (Clark, 2010: 145, fuente original Camacaro y Schianovi 2009)

EL PROCESAMIENTO EN MANOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS, MIXTAS Y ESTATALES

Las empresas grannacionales sirven como empresas líderes y coordinadores de cadenas que integran las empresas privadas, mixtas y de economía social en cadenas regionales de producción. Estas iniciativas incorporan diversos tipos de empresas al modelo. Por ejemplo, Pescalba, una empresa grannacional entre Cuba y Venezuela, integra consejos y cooperativas de pescadores así como empresas privadas a la cadena. ALBA-Avícola, una empresa grannacional entre Cuba y Venezuela, ha integrado las operaciones de las fincas de los avicultores, las cuáles habían sido dejadas inactivas anteriormente. A los avicultores se le han provisto alternativas financieras y se le integra a un esquema de integración vertical. ALBA-Avícola entonces compra los pollos ya criados a los avicultores privados. La fase de operaciones de la matanza de los pollos también se deja a una empresa privada a la cual luego ALBA-Avícola le paga para procesar los pollos.

De tal forma, el modelo de producción se estructura, no en torno al viejo modelo del socialismo del siglo 20 con un énfasis en las empresas estatales bajo la gobernanza de un sistema planificado centralizado y la eliminación del mercado, si no alrededor de una diversidad y pluralidad en las formas de propiedad.

En el caso de Bolivia, el vice-presidente Alvaro García-Linera resumió su perspectiva sobre el rol del estado en las siguientes palabras:

El Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora económica. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Este es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país (Stefanoni, 2007: 72).

En el modelo productivo socialista venezolano se identifican tres componentes: las empresas públicas, las empresas de economía social y las empresas privadas. La empresa pública es la dinamizadora del modelo, y a través de estas empresas el Estado se reserva las actividades productivas estratégicas para el desarrollo del país respondiendo directamente a la planificación central(Giordani, 2009: 124). Rubio Vega (2011) destaca que:

En el ámbito de las políticas productivas se han desarrollado también experiencias importantes, como el Nuevo Modelo Nacional Productivo Rural que forma parte de la Política de Seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia, cuyos ejes centrales son: expansión del rol del estado; industrialización de los recursos naturales; modernización y tecnifi-cación de la pequeña y mediana producción rural; producción para satisfacer el mercado interno y luego la exportación; distribución de la riqueza generada como resultado de las actividades agropecuarias…. En Ecuador se está impulsando la política del Desarrollo Rural para el buenvivir, Sumak Kawsay que está basada en el Plan de Desarrollo Rural y que pretende alcanzar la soberanía alimentaria e incrementar el ingreso de los pequeños productores. En cuanto a la crisis alimentaria, los países postneoliberales impulsaron políticas de corte nacionalista para proteger a sus poblaciones de la incertidumbre mundial. En cuanto a las políticas de control sobre las empresas agroalimentarias transnacionales, Venezuela es el país que más ha avanzado. En el 2009 el gobierno de Chávez, intervino dos plantas procesadoras de arroz, una de lae mpresa Polar y otra filial de Cargill, con el objetivo de impedir la especulación con los precios, asegurar la producción y paliar la escasez en los mercados (Rubio Vega, 2011: 22-23).

En el caso de la cooperación Cuba-Venezuela, hay muchos agrónomos e ingenieros contratados como parte del Programa Campo Adentro. Los servicios técnicos son gestionados bajo la modalidad de comercio compensado mediante la cual se intercambia petróleo por servicios profesionales (Wilpert, 2006: 255).

Los estados asumen roles importantes como actores económicos. Estos roles dinámicos y centrales rompen con recetas absolutistas del estado vinculadas en el pasado al socialismo realmente existente y abren un espacio para la economía social y privada. El rol del estado como un actor importante es lo que apunta hacia y hace viable el regionalismo estratégico. Las inversiones públicas y las empresas estatales cumplen un rol importante en la economía. La gerencia de la inversión extranjera es conducida hacia garantizar los beneficios para el país anfitrión. Las cadenas internacionales de producción y distribución aguas arriba y aguas abajo son monitoreadas por el estado. Este regionalismo difiere del viejo regionalismo basado en la integración de mercados y productos.

El consumo local en los países del albatcp con empresas grannacionales y el rol del gobierno y el control aguas abajo en redistribución, para garantizar acceso al consumo

Los países miembros del ALBA-TCP llevan a cabo iniciativas para garantizar el acceso a los alimentos. En el caso de Venezuela, se destaca la Misión Mercal. Esta Misión nace en Venezuela y desde entonces ha promovido las iniciativas a nivel regional. Comprende las áreas de consumo, mercadeo y distribución y “Lleva a cabo mercadeo y comercialización de los alimentos y otras necesidades básicas al nivel del mayorista y del detallista, manteniendo la calidad, los precios bajos y el acceso fácil que garanticen las provisiones básicas a la población venezolana, especialmente a la gente pobre. Incorporar a las pequeñas empresas y a las cooperativas a su red para garantizar la seguridad alimentaria”[20]. La Misión Mercal abarca los siguientes programas: Casas de Alimentación, Suplementos Nutricionales, la Red Mercal, los Centros de Distribución, los Módulos Tipo I, Supermercal, Bodegas Mercal, las tiendas móviles y las Megamercados Abiertos[21]. Al interior del ALBA, se han creado algunas iniciativas para llevar el concepto de Mercal a Cuba.

El consumo local en Venezuela está garantizado por Mercal y Petróleos de Venezuela Alimentos (PDVAL), los mercados comunales socialistas, y las ferias entre otros. Por ejemplo, el mercado socialista comunal distribuye alimentos a las familias locales. Estas familias pagan por sus alimentos de acuerdo a su capacidad. Otros países del ALBA han implantado iniciativas similares.

Las exportaciones a otros países del albatcp

Las exportaciones de alimentos han aumentado en el comercio intra-ALBA según se mencionó anteriormente. Este aumento en exportaciones está vinculado a las áreas de actividad de las EGNs. Este comercio no está necesariamente vinculado directamente a las exportaciones de las empresas grannacionales existentes. En el caso de Cuba y Venezuela, casi todo el comercio está en manos de las empresas estatales y es razonable argüir o suponer que el comercio bilateral está directamente vinculado a las empresas grannacionales y las empresas estatales. Sin embargo, en el caso de los otros países miembros del ALBA-TCP donde las empresas estatales no existen en una industria particular, entonces el comercio intra-ALBA en exportaciones no puede estar ejecutado o llevado a cabo por una empresa grannacional, si no por otros actores empresariales, ya bien sean empresas privadas o provenientes de la economía social, las cuales pueden en la actualidad o eventualmente, estar vinculadas a una cadena grannacional de producción y distribución.

Las EPGNs contemplan exportar parte de la producción a los países socios. Tal es el caso de Pescalba con Cuba, dónde las exportaciones de jurel (60%) y el atún (20%) están estipuladas. También es el caso de ALBA-Avícola. Sin embargo, las exportaciones de pescado y pollo aún no se han materializado[22].

Conclusión

El concepto de soberanía se ha aplicado a los alimentos y a los recursos naturales en Bolivia, Venezuela, y Ecuador. Además, en varios de los países del ALBA se ha promovido el acceso a los recursos generando legislación que: garantiza la soberanía alimentaria como derecho constitucional y/o promueve las Reformas Agrarias vinculadas a los derechos de la soberanía alimentaria. El rol del gobierno también incluye el área de expropiaciones y finanzas. Además, Venezuela y Bolivia establecieron decretos en torno a la designación de rubros alimentarios estratégicos incluyendo en estas categorías a los cuatro commodities básicos (maíz, arroz, trigo y soya que comprenden el 75% de la ingesta calórica mundial) así como a otros productos. Esta designación fue una respuesta para aliviar el impacto de la crisis alimentaria en estos países.

La seguridad y la soberanía alimentaria se han tornado cada vez más importantes dentro del contexto de las crisis interrelacionadas de alimentos, energía y finanzas y de los impases relacionados con las negociaciones en torno a los subsidios agrícolas que han paralizado la Ronda de Doha. La soberanía alimentaria vincula el derecho a la alimentación y a la producción de alimentos y arguye que la seguridad alimentaria no puede depender de las fuerzas del mercado, los agronegocios y la especulación a niveles internacionales; o a la distribución desigual de tierra y beneficios a favor de los grandes agronegocios. El ALBA-TCP ha lanzado una iniciativa de soberanía alimentaria que plantea alternativas importantes a la crisis alimentaria.

El ALBA-TCP es un caso de regionalismo estratégico. Como una iniciativa regional alternativa, el ALBA-TCP ha aumentado el comercio intra-ALBA de exportaciones. El comercio intra-ALBA de exportaciones ha probado ser significativo. Los hallazgos preliminares sugieren que el comercio intra-ALBA y la producción estructurada en torno al modelo de las empresas y proyectos grannacionales pueden servir como modelo alternativo para estructurar la gobernanza de las cadenas regionales de producción vinculadas a una soberanía alimentaria.

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Parte de la investigación que nutre el contenido de este capítulo fue sufragada por la Facultad de Administración de Empresas, Programa de Iniciativas de Investi¬gación, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP).↵

B.A. en Economía, Magna Cum Laude (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras), Maestría en Economía (Universidad de Massachusetts, Amherst), Ph.D. en Economía (Universidad de Massachusetts, Amherst). Catedrática-Investigadora Titu¬lar de Tiempo Completo. Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras, Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE), Facultad de Administración de Empresas y Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales.↵

B.A. en Humanidades y Filosofía, Summa Cum Laude (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC; Maestría en Alta Gerencia, concentración en Mercadeo (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC); y Ph.D. candidato, Adminis¬tración de Empresas, concentración en Negocios Internacionales (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras). Profesor. INTEC-Santo Domingo.↵

"El índice Global del Hambre combina tres indicadores a los que se les asigna una misma ponderación en el cálculo del índice numérico único: subnutrición (proporción de personas subnutridas cono % de la población), bajo peso infantil (prevalencia del bajo peso en niñas y niños menores de 5 años) y mortalidad infantil (tasa de mortalidad entre niñas y niños menores de 5 años)" (Von Grebner et al., 2011: 19-20).↵

Según declaraciones del Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana (ALBA), Amenothep Zambrano, en el programa televisivo "Contragolpe", en las que afirma que "mediante una video-conferencia con 4 expertos en el continente americano, Vanessa Davies condujo una Emisión Especial de CONTRAGOLPE sobre la problemática mundial de los alimentos, que ha provocado incremento de su costo y amenaza la seguridad alimentaria de los pueblos. Iván Nazif, especialista de la FAO; Alexander Conceicao, Coordinador de la Brigada Movimiento Sin Tierra en Venezuela; Maribet Aponte, Ph.D catedrática e investigadora, y Amenothep Zambrano, Secretario Ejecutivo de ALBA, analizaron el tema así como las políticas que adelanta en Venezuela el Gobierno Bolivariano"; En "Contragolpe: Venezuela es ejemplo para enfrentar la crisis mundial de alimentos", (24/06/2011) parte 1 de 2, disponible en: http://www.vtv.gob.ve/index.php?Itemid=60&option=com_hwdvideoshare&task=vie wvideo&video_id=98221↵

Ver revista Food Security de la International Society for Plant Pathology; disponible en http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/12571)↵

Fuente: Ortega-Cerda, Miguel y Rivera-Ferré, Marta G. (2010). Revista Iberoame¬ricana de Economía Ecológica, Vol. 14: 53-77, p.55. Disponible en http://www.redi-bec.org/TVO/revl4_04.pdf.↵

Sen (1983), bastardillas en original, traducción de Aponte García. Cita directa de Sen según aparece en Vanhaute (2009: 48).↵

Ormachea Saavedra, 2011:2. Traducción de Aponte García.↵

Verhttp://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper& Itemid=71↵

Vía Campesina News, 2009: 6, basado en ETC Group, 2009: 1; Vía Campesina News, 2009: 2↵

A su regreso a Honduras a fines de mayo 2011, Zelaya mencionó la posibilidad de reincorporación al ALBA-TCP en el futuro.↵

Fuente: Cuba, Venezuela, Bolivia Agreement of Application, 29th April, 2006, dis¬ponible en http://www.alternativabolivariana.org↵

Basado en http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=s howpage&pid=2074↵

ídem↵

http ://www. soberaniaalimentaria. com/noticias/AlbaFondo SeguridadAlimentaria↵

Los valores de la UN-Comtrade fueron convertidos a precios reales utilizando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país al 2005, construido con datos de la base CEPALSTAT.↵

Acuerdos Internacionales en materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria en los países del Alba: http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task =view&id=7&Itemid= 15↵

Ver http://www.senado.gob.rnx/iilsen/content/lineas/docs/varios/ana_seg_ali_paises. pdf↵

http://www.misionmercal.gov.ve↵

idem↵

Durante un viaje de investigación de campo a Venezuela en mayo de 2011, cuando se formuló la pregunta de porqué estas exportaciones no se habían materializado, los entrevistados contestaron que era necesario garantizar la soberanía alimentaria de Venezuela primero.↵

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La cooperación de Cuba y el Caribe

La práctica de la teoría

Milagros Martínez Reinosa y Tania García Lorenzo

Las Antillas libres salvarán la independencia de Nuestra América,

Y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa y acaso,

Acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo.

José Martí, Montecristi, 25 de Marzo del 1895.

La cooperación

La cooperación ha devenido un concepto polisémico. Sus significaciones han transitado desde la asistencia técnica, hacia un abanico más amplio de actividades relativas al desarrollo, en el que se incluyen, entre otras muchas modalidades, la formación, el intercambio de información y el aprovisionamiento de equipos y materiales.

En la actualidad y en su acepción más general, consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos también comunes. Igualmente se identifica como una estructura de interacción didáctica, diseñada para facilitar la realización de un resultado final específico o una meta con personas que trabajan en grupo cuyos resultados puedan ser medibles en indicadores determinados al efecto.

Por ello, asumimos la cooperación como un espacio en el que cada uno de los participantes interactúa con los demás para llegar a un fin común y todos se incorporan generando una comunicación y acuerdo entre los miembros del grupo.[1]Se espera por tanto una sinergia colectiva, donde todos aportan y reciben, aunque en distintas gradaciones, dimensiones, esferas o campos de actuación y donde los valores de la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad marcan la pauta. Bajo este marco conceptual, el sentido de construcción colectiva, permite asumir la cooperación como una de las bases para la cimentación de un camino independiente hacia la salida del subdesarrollo.

En este contexto, para muchos actores, la asistencia técnica, esta referida básicamente a la provisión al receptor, de personal calificado por parte del donante, así como al diseño o la puesta en práctica de un proyecto o programa encaminado a aumentar el stock de capital físico del país receptor, mientras que la cooperación tiene como componente prioritario el incremento del nivel de conocimiento, capacidades, nociones técnicas y aptitudes productivas de la población, incrementando su desarrollo humano intelectual y su creatividad. Esta diferencia es relevante en tanto juegan un papel desigual en las estrategias nacionales de desarrollo tanto en el ámbito temporal como en su contenido. De tal suerte, la cooperación permite identificar coincidencias y capacidades de construcción conjunta, que puede ampliarse y profundizarse en ese largo camino que es la construcción de la identidad colectiva que refrendaría una integración verdadera.

Y este es un debate relevante porque se ha ido consagrando en ocasiones una noción de cooperación con carácter asistencialista que provee de ciertos recursos pero no genera capacidades y por ende, la peligrosa dependencia continua, lo que por supuesto no contribuye al desarrollo autónomo.

Cuba y la cooperación

Cuba ha tenido la solidaridad como filosofía y la cooperación como mecanismo de aplicación, en la búsqueda de una inserción internacional cualitativamente diferente.

La lista de la cooperación cubana en el mundo es la mejor evidencia del cumplimiento de esta utopía. Sin embargo la dinámica mayor, vista desde Cuba no es sólo la magnitud de esa cooperación sino cuál ha sido el costo de esa práctica política para la población y sociedad cubana. En ocasiones se destaca que Cuba no da lo que le sobra sino que comparte lo que tiene. No se disponen de todos los datos requeridos, sin embargo la tabla Intercambio Total y Saldo comercial del acápite Sector Externo de Cuba,[2] en sus columnas Donaciones Otorgadas y Donaciones Recibidas demuestran que el nivel de la donación entregada por el gobierno cubano supera cualquier imaginación, especialmente si se considera la situación en la que ha vivido la nación cubana y especialmente lo que vivió entre 2004 y 2007, en que las donaciones entregadas superaron las recibidas.

Grafico Cuba Donaciones

Dijo Frei Betto en una ocasión que vivir en Cuba es como vivir en un monasterio: la comunidad tiene precedencia sobre la individualidad y agregó que para esto se necesita gran dosis de altruismo. Se puede asegurar que es así. Las decisiones de cooperación que en ocasiones los medios de comunicación internacionales ignoran son el mérito de una sociedad toda, altamente sensible al dolor humano y esa política ha estado sustentada por un pueblo entero que ha pagado con su sacrificio los costos de esa solidaridad. Y eso es un punto fundamental para entender el altruismo que menciona Frei Betto.

Según diversas fuentes, desde 1961 Cuba ha brindado su cooperación en 157 países y han participado en ello más de 400 mil cooperantes. Esa cooperación se ha brindado en múltiples campos pero especialmente en la educación a través del programa “Yo si puedo” y en el campo de la salud, muestra de lo cual ha sido la llamada “Operación Milagro” y la asistencia humanitaria brindada en ocasión de eventos extremos ocurridos en lugares distintos del planeta. En la Región se ha brindado esa cooperación en Guatemala, Chile, Bolivia, México, Perú, Salvador, Haití y otros países del Caribe. Por supuesto que son conocidos los trabajos conjuntos realizados en el contexto del ALBA en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y los resultados de la ELAM.

La cooperación ha constituido un componente esencial de la política exterior de Cuba pero no un componente de su inserción internacional económica. Esta práctica no ha constituido un factor o vía para impulsar este tipo de relaciones y por ende no se ha beneficiado económicamente de esos vínculos. La cooperación cubana no está condicionada a la utilización de los fondos exportables cubanos y eso se lleva hasta límites insospechados. En la estructura geográfica del comercio exterior cubano tanto de bienes como de servicios, los países que son receptores de la cooperación cubana no figuran o lo hacen con cifras muy poco significativas. Esa cooperación se realiza para llevar a esos países, el cumplimiento de sus utopías. Por la percepción que enarbola del deber ser de la vida y la civilización, la generalidad de los cubanos comprende que la cooperación genera agradecimientos, solidaridad y simpatías pero nunca compromisos políticos ni económicos. 

Ratificando esta política, el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, adoptado el 18 de abril del 2011, incluyó en sus “Lincamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” un pronunciamiento específico que indica: “Continuar la participación activa en la integración económica con América Latina y el Caribe, como objetivo estratégico y mantener la participación en los esquemas regionales de integración comercial en que Cuba logró articularse: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); Comunidad del Caribe (CARICOM), Asociación de Estados del Caribe (AEC) PETROCARIBE y otros y continuar fortaleciendo la unidad entre sus miembros.

La proyección cubana en particular hacia la circunvalación del Caribe tiene especial connotación y puede considerarse exitosa, sin embargo las múltiples transformaciones registradas en el último decenio en el contexto mundial y hemisférico obligan a someter a una revisión integral que permita reconstruir tanto sus contenidos como sus formas de expresión y de participación de todos los involucrados. El agudizamiento de la crisis económica mundial y el impacto que ello ha tenido en el mundo subdesarrollado y incluyendo a Cuba obligan a encontrar fórmulas diversas que permitan mantener una continuidad de la cooperación Sur-Sur, como eje central y pilar de su sistema de relaciones internacionales.

Cuba y El Caribe

El Caribe es el escenario natural e inmediato de la isla de Cuba, al que pertenece por múltiples y legítimas razones geográficas, históricas y culturales. Los vínculos de los pueblos de Cuba y el Caribe anteceden incluso la historia colonial. Las migraciones intracaribeñas fueron una constante desde antes de las colonizaciones en el área. A partir de la inserción de nuestras geografías en el mapa planetario, los contactos -legales o ilegales – no cesaron. Si bien esas corrientes migratorias se vieron interrumpidas como consecuencia de los frecuentes enfren-tamientos de las potencias coloniales aquí asentadas, ello no impidió que este tránsito de personas fuese una de las principales fuentes de recepción de migrantes de la Mayor de las Antillas hasta 1886 cuando se abolió, definitivamente, la esclavitud en Cuba.

Durante las primeras décadas del siglo XX miles de braceros haitianos y jamaicanos, y en menor proporción de otras islas del Caribe, fueron traídos a Cuba para cortar caña. Unos pocos vinieron de Saint Kitts y Nevis, fue mínimo el contacto con Martinica y Guadalupe, y casi nulo con Guyana. Este movimiento migratorio, fundamentalmente de carácter estacionario, se mantuvo, si bien disminuido, hasta los años cincuenta. Muchos de aquellos peones se instalaron definitivamente en Cuba donde constituyeron un núcleo poblacional importante. Este flujo migratorio cesó después del triunfo de la Revolución.

Esas corrientes migratorias configuraron una fusión de confluencias y cruzamientos que, entre otros factores, han contribuido a la formación de la diversidad cultural cubana a partir de una antillanidad presente en su propia geografía e historia. En la Isla, los descendientes de caribeños forman parte integrante de la nación, a la vez que tratan de mantener vínculos con sus raíces.[3] En ese ir y venir por el Mar de las Antillas, dos países del Caribe no hispano han dejado una huella indeleble en la formación de la nacionalidad y de la cultura cubana: Haití y Jamaica. Fue la Revolución haitiana, y no la norteamericana, la que más impactó a la Cuba del siglo XIX, a pesar de la solidez de las relaciones existentes entre la Isla y las colonias recién convertidas en los Estados Unidos de América.[4]

Los caribeños consideran a Cuba parte sustancial de la región. Se le reconoce su activa y solidaria proyección hacia el Tercer Mundo, sus posiciones contra el racismo y el colonialismo, sus amplias relaciones con los países africanos; amén de la sensibilidad mostrada por la presencia del factor etnorracial y la común raíz africana como elemento integrante de nuestra nacionalidad. Es difícil que puedan olvidar que Cuba, único país en el que más de 7 000 braceros antillanos que ya no laboraban pero vivían, resultaron beneficiados en 1967 con una prestación monetaria adicional[5]

A la mayoría de las sociedades caribeñas les resulta novedoso e interesante el proyecto social diferente, alternativo, que Cuba lleva adelante y que, a pesar de los múltiples y complejos problemas que ha tenido que enfrentar, el país exhiba indicadores socioeconómicos que atestiguan sus múltiples éxitos. Sus relaciones con la Isla están marcadas por sus deseos de beneficiarse de los logros nacionales reconocidos en las áreas de la educación, la salud, los deportes, la ciencia y la tecnología. Precisamente este interés sustenta, en gran medida, las bases de una activa cooperación internacional entre la Isla y el resto de la región caribeña.

La importancia del Caribe para Cuba queda manifiesta, desde lo político, de maneras disímiles. En la Constitución[6] de la República de Cuba. Capítulo 12, inciso c “La República de Cuba hace suyo los principios antimperialistas e internacionalistas y (c) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y el Caribe, cuya identidad común y necesidad de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo”; Julio García Luis, en Revolución Cubana: 40 grandes momentos. La Habana. Editora Política y Ocean Press. 2000.[/footnote] de la República de Cuba se hace referencia explícita a la política de Cuba hacia el Caribe, reconociendo su voluntad de integrarse con América Latina y el Caribe, lo que fue reafirmado en 1992, en el acápite relacionado con los preceptos constitucionales de la política exterior cubana.

En el pasado decenio de los noventa y los inicios del presente siglo se crearon las bases para la articulación, de una estrategia coherente, armónica y concertada que reconoce la importancia de la región para los objetivos de la política exterior cubana y la convierte en una de sus prioridades. La política de Cuba hacia el Caribe puede calificarse, en esta coyuntura, como la más dinámica y efectiva en su proyección externa[7] en el período. Lo anterior se reafirma después en la proyección estratégica de la política exterior cubana aprobada para el decenio que concluyó en el 2010. En esta se determinó que se trabajaría, de manera intensa, por consolidar las relaciones con el área, no solo con los países integrados en la CARICOM, sino también con los incluidos en el Gran Caribe[8].

Sin embargo, no es posible considerar la cooperación alejada del complejo contexto político, económico y social del Caribe del siglo XXI, en el que están presentes críticas situaciones derivadas de las distorsiones estructurales de sus economías y sociedades. Es un Caribe cada vez más pobre, en el que emergen con más fuerza, entre otros, los problemas asociados a la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y de personas, la débil gobernabilidad, a la vez inmerso en una profunda crisis medioambiental.

El cambio climático impone retos de gran envergadura para el arco de las antillas. Los países caribeños tienen extensas zonas costeras y son afectados, con mayor frecuencia e intensidad, por los llamados eventos extremos de la naturaleza, especialmente los huracanes, a la vez que empiezan a hacer su aparición los terremotos. Los primeros provocan efectos devastadores, no sólo por el peso que tiene el turismo de playa en sus economías, sino también porque alrededor del 80% de la población del Caribe insular habita a un kilómetro de las costas.[9]

Las economías de los países integrados en la CARICOM son heterogéneas y de grandes asimetrías, abundan las fragilidades internas y las amenazas externas. Entre sus principales debilidades mencionamos: insuficiente capacidad de ahorro energético; procesos traumáticos y deformados de transformación de la economía de plantación a la economía de servicios -procesos que han descansado más en las condiciones naturales que en los cambios tecnológicos-; alta vulnerabilidad y dependencia de los tratamientos preferenciales y flujos financieros; desconexión entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo, el ahorro y la inflación; lento crecimiento y no sostenibilidad del PIB; escaso desarrollo del comercio interregional; dependencia creciente del monto de las remesas[10], entre otros.

Los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) han sido categóricos. Cuando en el 2007 aún la crisis económica no era un hecho consumado, ya se pronosticaban serias dificultades para los países del Caribe, derivadas del fuerte aumento de los precios de los alimentos y del posible impacto de la desaceleración de Estados Unidos en el turismo y las remesas, considerándose que podrían acentuarse problemas como resultado de las deformaciones estructurales de sus economías.[11] Resulta revelador asimismo el estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI)[12] publicado a principios de 2011. Este señala que, a pesar de que las economías de los países de América Latina se habían recuperado, ello no sucedía así con las naciones caribeñas, las que registraban un crecimiento adverso debido a su dependencia comercial con los Estados Unidos y a otros países avanzados que contabilizan crecimientos muy magros.

El SEL A[13] concluyó que el auge de la migración calificada se mantiene con fuerza creciente en la región caribeña. Guyana, San Vicente y las Granadinas, Haití, Jamaica y Granada son los cinco países cuyos migrantes calificados supera el 80% del total de sus trabajadores fuera de su territorio. Ellos se radican esencialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Lo anterior incide en situaciones críticas en la mayoría de los países, con las excepciones de Trinidad y Tobago, Barbados y Antigua y Barbuda -si bien en este último caso los impactos de la más reciente crisis económica han sido muy negativos.

La presencia de Estados Unidos, en el área constituye un factor ineludible, cualquiera que sea el tema que se aborde sobre la circunvalación del Caribe, porque para la principal potencia del área, es parte de su jurisdicción. En el diseño de su política exterior esta debidamente establecido y documentando el efectivo control de la zona y el beneficio privilegiado de sus vías de acceso y sus fuentes de riqueza. En este contexto, también se incluye de forma permanente, la búsqueda de afectación a las ejemplares relaciones de Cuba con el Caribe. Un Caribe dividido, y aún mejor, dividido y contra Cuba seria un activo de beneficio pleno para su política hemisférica.

Al margen de que existen criterios diversos desde diferentes aristas de análisis, el Caribe hoy tiene una mayor dependencia de los Estados Unidos que la que tenía en 1972. La región es el décimo socio comercial de Estados Unidos en el mundo, es un importante destino para el turismo e inversores estadounidenses y en el país norteño viven 2,6 millones de personas de origen caribeño[14]. Esos datos indican que los países caribeños son altamente vulnerables a las presiones norteamericanas. Pero su dependencia también es de Europa.[15]

Cuba y Caribe: relaciones diplomáticas para la cooperación

La permanente agresividad estadounidense y de otras fuerzas aliadas no ha impedido que existan amplias relaciones diplomáticas entre Cuba y el Caribe. (Ver Anexo I). Una revisión del quehacer diplomático de Cuba con el Caribe desde que empezó el presente siglo nos permite señalar que, además de un número considerable de reuniones, de comisiones conjuntas e intercambios de visitas de alto nivel, se han abierto embajadas cubanas en todos los países de la CARICOM, reciprocado por los gobiernos caribeños con la sola excepción de St. Kitts y Nevis. Las relaciones bilaterales se han consolidado y, de manera especial, los vínculos políticos son efectivos para mantener un dialogo franco y abierto, imprescindible a fin de tratar de contener el ejercicio de dominación que acomete EEUU en el área y nos permita convertirla en una zona de paz y bienestar para sus sociedades.

Para los gobiernos y sociedades caribeñas, cualesquiera sean las tendencias políticas, hay temas de alta sensibilidad en las cuales se manifiestan posiciones comunes, francamente progresistas, especialmente en el contexto internacional. Muestras de ello fue durante la invasión de Estados Unidos a Haití en el 2004 cuando Jamaica le concedió asilo a Jean Bertrand Aristide, o la postura asumida ante la invasión de Estados Unidos a Irak.

De la misma manera, el Caribe de la CARICOM, independientemente de las tendencias políticas de partidos que estén al frente de los gobiernos, ha mantenido su compromiso de apoyo internacional a Cuba. Respaldan las propuestas cubanas y votan en bloque a su lado en muchos temas de las agendas de los organismos internacionales. Estas posturas tienen especial relevancia en su rechazo a que se le pretendan imponer políticas que no respeten su soberanía.

Con una amplia concertación al interior de la CARICOM, el ejercicio de una política exterior que combina el pragmatismo coyuntural con sus principios de defensa a su soberanía política le ha permitido a este grupo de países, participar en los foros internacionales con una amplia presencia, receptividad y respeto por sus características particulares. A pesar de todas las presiones de Washington -y no han sido pocas-, prevalece el consenso favorable hacia las relaciones con Cuba. Y es que, si bien valoran la extrema sensibilidad estadounidense con respecto al conflicto bilateral entre La Habana y Washington, mantienen posiciones valientes, soberanas e independientes como las que enarbolaron por vez primera en 1972.[16]

Cuba y el Caribe: relaciones de cooperación

La cooperación Sur-Sur se ha constituido en el pilar fundamental en la proyección externa de la Revolución cubana hacia los países subdesarrollados y especialmente hacia la circunvalación del Caribe. Pero hay que señalar que las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno ha sido un mecanismo efectivo para el intercambio político y de cooperación al más alto nivel entre la Comunidad del Caribe y Cuba, las que se instituyeron a partir del 8 de diciembre del 2002, en La Habana, en ocasión del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago y se celebra cada tres años. Estas han sido: La Habana, 2002; Bridgetown, 2005, Santiago de Cuba, 2008 y en Trinidad y Tobago en el pasado 2011.

Dentro de los acontecimientos que distinguen la proyección de Cuba del actual milenio resalta la III Cumbre Cuba-CARICOM, que sesionó el 8 de diciembre de 2008 en Santiago de Cuba. En opinión de diplomáticos y expertos consultados, la misma constituyó un éxito.[17] Participaron los catorce Jefes de Estado o Gobierno de los países

independientes de la Comunidad del Caribe, nivel de participación que no se había logrado en encuentros similares con Estados Unidos o con Canadá. El tema central de análisis fue la cooperación para una mayor integración del Caribe, aunque se focalizó hacia cómo la región podría enfrentar la crisis económica global. En este momento, el Presidente Raúl Castro Ruz, participando por primera vez en la Cumbre en su carácter de Jefe de Estado, ratificó que la cooperación es y será el elemento central y protagónico de las relaciones de Cuba con el Caribe tanto en el plano bilateral como con el bloque en su conjunto, consciente además de que la misma ha sido factor clave en la neutralización de los intentos de Estados Unidos por afectar nuestras relaciones con el área. Incluso, en las difíciles condiciones económicas que enfrenta la isla derivadas del sostenido bloqueo de Washington, de los severos daños causados por el paso de tres huracanes en el 2008 y de los negativos impactos resultantes de la crisis económica global, Cuba ratificó en ese momento su decisión de mantener los niveles de cooperación alcanzados y así se cumplió.

La III Cumbre efectuada en 2008 fue un espacio para la consolidación de las relaciones entre los pueblos de la región caribeña.[18]. No sólo se centró en el fortalecimiento de las mismas, sino que se trabajó para identificar nuevas iniciativas de cooperación que contribuyeran al avance socioeconómico de la región. Entre las propuestas cubanas para la cooperación allí presentadas se destacan las siguientes:[19]

1. Cuba proporcionará equipos de alta tecnología, medicamen tos e insumos y garantizará el envío de personal especializado para abrir nuevos centros de cirugía oftalmológica en Jamaica, Santa Lucía y Guyana. Ello permitirá crear una amplia red de servicios oftalmológicos con capacidad quirúrgica diaria de 215 pacientes, lo que significa la posibilidad de que más de 50000 caribeños recuperen o mejoren su visión anualmente.

2. La cifra de cooperantes de la salud se incrementará con 100 profesionales en nuevos servicios de salud en Haití y San Vicente y las Granadinas. Se instalarán 10 Centros de Diagnos is Entrevista con Ofelia Arteaga, experta del Ministerio de la Inversión Extranjera,tico Integral en el primero y uno en el segundo, donados por Cuba y en los que trabajarán especialistas cubanos y locales.

Se continuará su Programa de Becas. Se ofrecerán un total de 480 becas en carreras de la educación superior, entre las que se incluyen 150 para estudios de medicina.

Se mostró la disposición de dar continuidad al programa de cambios de bombillos en los países ya comprometidos y propiciar la venta de bombillos ahorradores a precios de costo. De igual forma, se ofrecería a los gobiernos interesados la posibilidad de asesoramiento en el uso de energías renovables.

Se expresó la disposición de ofrecer asesoramiento especializado para fortalecer las acciones en prevención y mitigación de desastres, la creación de centros de gestión para la reducción de riesgos, el fortalecimiento de capacidades nacionales y locales mediante la organización y realización de talleres técnicos regionales, cursos de postgrados y maestría en estas materias.[20]

Se mantendrá el Programa Especial de Cooperación en Haití que incluye la Operación Milagro, la Operación Yo sí puedo, el programa de la revolución energética, la colaboración en el sector azúcar del Central Darbonne. En cooperación con Venezuela promoverá la creación de diez Centros de Diagnóstico Integral y los 15 proyectos del Programa Alimentario."[21]

El gobierno cubano introdujo, con mayor fuerza en esa III Cumbre, un cambio importante al trasladar la ejecución de los programas a los países receptores exceptuando el programa de formación de recursos humanos. Ese cambio contribuiría a la reducción de los costos y a producir un mayor acercamiento de los proyectos a los escenarios directos que se beneficiarían.

Durante la IV Cumbre efectuada el pasado diciembre 8 del 2011 el gobierno cubano ratificó, en palabras del presidente del país, su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones con los países miembros de CARI COM y de encontrar fórmulas que permitan la ejecución de nuevos proyectos de colaboración e incrementar la eficacia de los ya existentes. El Jefe de Estado recomendó que se priorizaran los proyectos que tengan como objetivo los impactos de los desplazamientos costeros, los eventos bruscos e imprevistos en el arco antillano y las medidas preventivas que reclama el cambio climático que esta teniendo lugar en el planeta y que para los países del Caribe tiene alcanza niveles conmovedores.

Desde la perspectiva de Cuba es importante destacar dos elementos. En primer lugar la prioridad otorgada a Haití en el programa de cooperación internacional de la mayor de las antillas como evidencia de que la cooperación ha de ser más enfática allí donde resulta más necesaria a las capas mas desposeídas de las sociedades. Múltiples han sido los artículos que abordan las magnitudes y calidades de la cooperación cubana en ese hermano país y que explican cómo su cercanía geográfica, el legado brindado frente a la historia al ser la primera revolución antiesclavista del hemisferio y el mundo y la fuerte presencia de haitianos y descendientes de haitianos en Cuba hacen que este país ocupe un lugar muy espacial para la nación cubana.[22]

En segundo lugar que, a pesar de la agudización de la crisis económica, se ha honrado los compromisos establecidos y esta observación implica que, la sociedad cubana ha incluido entre los costos que debe afrontar, el ejercicio de la solidaridad y la cooperación como parte de la construcción de su modelo alternativo, porque es consustancial a la percepción del deber ser de su sociedad y de la humanidad toda.

La cooperación cubana en el caribe. la práctica como criterio de la verdad

La práctica aplicada en la cooperación internacional cubana reflejan sus principios rectores, que conciben este mecanismo como vía para gestar capacidades que contribuyan a eliminar la dependencia, y son el resultado de la acción conjunta entre Estados pequeños y desfavorecidos que, sobre la base del respeto mutuo y la voluntad política de sus gobiernos, se disponen a transitar juntos en pro del desarrollo. Esta es una diferencia sustancial con el asistencialismo.

La cooperación Sur-Sur ya estaba presente en las relaciones cubanas con el Caribe desde los setenta. La ayuda civil a Guyana, en 1961, fue la primera experiencia de este tipo a la que siguieron en muchas otras acciones en países caribeños en distintos grados y sectores. Decenas de médicos cubanos han atendido las zonas más deprimidas del Caribe, ante la ocurrencia de cuatro destructivos huracanes y una tormenta tropical en el área, en 2003 y 2004.

De la información brindada por diversas fuentes públicas,[23] se puede apreciar que la cooperación ha sido el signo principal del ALBA. Ha llegado a países de las más disímiles tendencias políticas y compromisos con el bloque. Su divisa ha sido el beneficio de las sociedades. En el caso del Caribe, según Norman Girvan, los tres miembros plenos han recibido por los proyectos asumidos y petrocaribe 145 millones de USD hasta el 2010 mientras que la UE ha dado en el mismo tiempo 27 millones por AID[24]. Esta fuente que se benefició de información brindada por encuesta realizada a actores directos en las islas, indica que han recibido recursos financieros para asistencia a los Estados y la población y recursos para infraestructura. Esta cooperación ha contribuido a enfrentar los impactos de la crisis, pero no ha implicado cambios esenciales en las reglas del juego económico, ni cuestionado las relaciones de poder existentes.

Cuba ha participado en la formación de este espacio con contribuciones en lo que se ha demostrado es su fortaleza mayor, que es su programa social. Y no ha sido cualquier aporte. Esa colaboración ha tenido una alta significación para el consenso interno de los países, pero también para la economía de Cuba que se ha visto beneficiada por estos mecanismos.

Según distintas fuentes, en el último decenio ha sido significativa las acciones de cooperación en las áreas de salud donde Cuba y Venezuela, bajo el esquema del ALBA, han desarrollado la ya mencionada Operación Milagro, para devolver la vista a enfermos sin recursos en la subregión, lo que ya se reconoce como paradigma dentro de las acciones de cooperación Sur-Sur.

En el campo de la educación se trabaja en los tres niveles: alfabetización, enseñanza técnica y superior. Esto se ha llevado a cabo a través de la sistemática formación de profesionales en Cuba y las más recientes campañas masivas de alfabetización con el método cubano Yo sí puedo. También aunque en menor escala, en la esfera del deporte y la cultura. Igualmente, sobresalen los acuerdos en el tratamiento de problemas comunes que forman parte del concepto de seguridad nacional ampliada, tales como el narcotráfico, los desastres naturales, los peligros derivados de la agresividad contra el medioambiente, las fronteras marítimas y las migraciones.

Cuatro cifras sirven de clara evidencia. 1983 colaboradores brindan sus servicios en distintas áreas y territorios caribeños: se han realizado 96382 operaciones de ¡a vista, se han graduado en aulas cubanas 4020 profesionales y se han otorgado 2845 becas para cursar estudios en distintas especialidades. (Ver conjunto de tablas en el anexo II) Estas acciones han alimentado las corrientes de simpatía de los pueblos y gobiernos del Caribe hacia Cuba y contribuido a consolidar los principios de solidaridad y amistad como base para construir la unidad entre los países caribeños.

PETROCARIBE ha sido un ejemplo fehaciente de esta política la que ha sido catalogada por diversas autoridades caribeñas como una línea de la vida que, al margen del compromiso que entraña a futuro en sus balanzas de pagos, permitió que los impactos de la crisis mundial no fueran aún más agudos para sus sociedades. Según el Informe de Gestión de PDV Caribe[25] del primer semestre de 2008, en sus primeros tres años de funcionamiento el Fondo ALBA Caribe "cubrió el financiamiento de proyectos sociales en 10 países por un monto que supera los 106 millones de dólares, cuya ejecución tiene distintos grados de avance". El informe refiere que la cifra inicial de 50 millones se ha ampliado a 112 millones.

La compensación de la factura petrolera con alimentos, bienes y servicios de los 18 países signatarios (16 activos) ha generado un intercambio comercial de 870 millones de dólares, según anunciara Rafael Ramírez Ministro de Petróleo y Minería de Venezuela. Entre los logros, se identifica que este mecanismo está garantizando 43% del suministro energético de los 18 países signatarios.[26] Y es que establecer el pago de la factura petrolera con bienes y servicios contribuye a estimular el desarrollo de otros sectores económicos. Otro ejemplo que verifica el aserto inicial es la organización de empresas mixtas para apoyar a las PYMES de la esfera agroalimentaria además de los vinculados a la reforestación. PETROALIMENTOS surge así como otro de los proyectos relevantes en el contexto de la cooperación en el campo del desarrollo económico al interior del ALBA.

No puede dejarse de mencionar la cooperación de los países del ALBA a Haití, lo que ha sido silenciado por la prensa internacional pero es de ineludible consideración cuando del balance de la asistencia a ese sufrido país se hace desde fuentes objetivas. [27] Haití es una deuda del continente y los gobiernos del ALBA así lo han dejado expreso en sus decisiones y prácticas.

Elementos recientes marcan pasos significativos desde el alba en el fortalecimiento de su proyección hacia el Caribe.

La participación de Santa Lucía y la República de Surinam como invitados especiales en la última cumbre es uno de ellos. En el texto oficial los jefes de estado y gobierno presente "Resaltaron la importancia estratégica de estas adhesiones y enfatizaron el aporte fundamental que estas dignas naciones harán al proyecto de unión Grannacional de los pueblos de Nuestra América."[28] De la misma manera "El presidente Michel Martelly ratificó la voluntad de la República de Haití de continuar participando como invitado permanente en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA)." Lo que fue ratificado por los Presidentes.

La próxima 12a Cumbre de Presidentes que se celebrará en Dominica también constituye un paso a tener en cuenta. La decisión fue tomada por unanimidad durante la segunda jornada de las deliberaciones de la XI cumbre ordinaria del grupo[29]"Se ha convertido en una necesidad crucial para Santa Lucía buscar nuevas oportunidades de apoyo y en particular de gobiernos que tengan la voluntad política de cooperar en el desarrollo del país? [30]y en efecto pudiera ser un paso relevante para el fortalecimiento de los nexos entre los países del esquema integracionista y las islas del Caribe miembros de la OECO y de la CARICOM.[31]

Pero ese proceso no se ha producido sin tensiones. Muestra inequívoca de ello es que, a pesar de que desde el 17 de febrero de 2007 se firmó por parte de los primeros ministros de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Dominica -Baldwin Spencer, Ralph Gonsalves y Roosevelt Skerrit respectivamente- y Chávez, un Memorando de Intención para una ulterior integración de esos tres pequeños países caribeños al ALBA, sólo la pequeña Dominica -uno de los países más pobres y subdesarrollados del Caribe- pasó a integrar el esquema en enero de 2008. No fue hasta junio del 2009 que se incorporaron Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas.

En el caso de Dominica, las críticas al audaz gesto de este país caribeño no se hicieron esperar y fueron escasas las voces que lo apoyaron, entre ellas la de Norman Paul Girvan. Junto a la firme posición del Primer Ministro Skerrit no quedó otra salida que dejar que se impusiera el pragmatismo en los debates de la CARICOM en la Oncena Reunión del Council for Foreign and Community Relations (COFCOR), el 13 de mayo de 2008, y se acordase reconocer el derecho de los países de CARICOM a integrarse a la ya citada propuesta cubano-venezolana, siempre y cuando cumpliesen con las obligaciones contraídas por los firmantes del Tratado de Chaguaramas.[32]

Pero esas tensiones son permanentes. Las elecciones de 2012 en Venezuela así como el proceso de actualización del modelo económico cubano son factores a considerar porque el peso del programa de cooperación en los sectores más sensibles, descansa de forma desproporcionada en estas dos naciones, por lo que cualquier acontecimiento adverso en ellas tendrá implicaciones serias para el programa diseñado.

Cuba y su propuesta de cooperación de nuevo tipo

La gravedad de la crisis mundial y sus repercusiones en la mayor de las Antillas, llevarían al gobierno cubano a la búsqueda de nuevas alternativas o iniciativas para poder mantener la cooperación con el Caribe. Resulta necesario reducir los gastos en la puesta en práctica de esta política, sin afectar su esencia lo que obliga a un rediseño de las vías y medios que se deben aplicar.[33]

En el pasado VI Congreso del PCC se adoptó la decisión de "continuar desarrollando ¡a solidaridad internacional a través de la colaboración que Cuba ofrece, y establecer los registros económicos y estadísticos necesarios que permitan realizar los análisis que se requieran, especialmente los costos. Considerar, en la medida de lo posible, en la colaboración solidaria que brinda Cuba, la compensación, al menos de los costos."[34]

Las experiencias adquiridas en los últimos años, en gran medida bajo la sombrilla del ALBA, han ido mostrando la posibilidad de acometer otras modalidades de cooperación que contribuyan a lograr mayor efectividad en los propósitos y eficiencia en los recursos empleados.

Cuba no está en capacidad de acometer un nivel tan elevado de gastos como el que desarrolló a partir de la década de los noventa del pasado siglo y por otra parte, el desarrollo industrial que tienen otros actores políticos y económicos pueden acortar los tiempos necesarios para que los pueblos mas desfavorecidos avancen hacia su auto sustentación. Las nuevas acciones de cooperación que Cuba pueda proponer, en el seno de la CARICOM pudieran transitar por un rediseño en esta misma dirección. La "cooperación triangulada", -tipo de cooperación internacional en la que intervienen tres actores: uno aporta los recursos financieros y materiales, otro ofrece el personal calificado y el tercero es el receptor de la acción de cooperación- reclama mayor nivel de organización, precisión y menos improvisación pero sin dudas puede ser mas efectiva.

En esta triangulación un elemento a capitalizar con más fuerza son los estrechos vínculos de Cuba y Venezuela.[35] También podría contribuir a disipar incomprensiones de vieja data, sustentadas en percepciones basadas en legados coloniales diferentes y procesos políticos disímiles de gran complejidad, además de elementos étnicos y culturales que han generado desconfianza y suspicacia mutuas.[36] El reconocimiento al papel de Venezuela y el ALBA ha sido destacado en reiteradas ocasiones por Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas quien ha expresado públicamente su agradecimiento al papel que el país bolivariano desempeña en la región.[37]

La presencia concertada con otros actores regionales con sensibilidad e intereses en el área puede aportar nuevas sinergias constructivas. En el examen de la cooperación triangulada aparece un segundo actor regional, Brasil, quien mantiene un excelente nivel de relaciones con Cuba.[38] Lula visitó la Isla cuatro veces en sus ocho años de gobierno. Como parte de su política jerarquizó el área del Caribe [39] y activó la maquinaria diplomática brasileña priorizando su política exterior hacia la región.[40] Estableció un mecanismo para las consultas regulares entre Brasil y los miembros de la CARICOM, tal y como se refleja en la Declaración de Brasilia[41] aprobada en la I Cumbre Brasil-CARICOM celebrada del 23 al 27 de abril del 2010. Un dato de interés es que, en función de la reconstrucción del sistema de salud haitiano, se creó y funciona la Comisión Tripartita Brasil-Cuba-Haití.[42]

Para esta nueva forma de cooperación aparece otro importante actor que es La República Popular China. Cuba tiene un alto nivel de relaciones y la nación asiática ha dado prioridad a su acercamiento a la región.[43] En 2004 el comercio de China con el Caribe ascendió a un total de 2 billones de dólares, un incremento de un 40% con relación al 2003. Otras muestras de ello son su selección de un grupo de países del Caribe como destinos turísticos. Otras acciones emprendidas son, con Granada, la construcción del estadio nacional, la construcción de 2000 viviendas, el otorgamiento de un fondo de becas por un millón de dólares y seis millones de dólares en préstamos. Mientras Dominica recibió, para un período de seis años, préstamos por 112 millones de dólares. En este caso pareciera que es Cuba quien no ha utilizado de manera óptima la potencialidad que se deriva de su relación con China para, de ese modo, fortalecer nuestra presencia en el Caribe de la CARICOM.[44]

Cinco países de la CARICOM, - Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Santa Lucía - mantienen relaciones separadas con Taiwan, lo que ha impedido que el grupo regional caribeño, establezca una política consensuada hacia China. Esto ha implicado que algunos temas específicos sobre comercio, inversiones y otros intercambios con China no pueden integrarse, como bloque, a la agenda de los Jefes de Gobierno caribeños. Sin embargo la nación asiática mantiene y promueve vínculos diversos y directos con países afines y con aquellas instituciones subregio-nales caribeñas interesadas y que resultan funcionales a sus intereses. China ostenta la condición de miembro del Caribbean Development Bank (CDB).

La consolidación de la CELAC con una presencia activa de las naciones caribeñas no puede ignorarse en este contexto porque puede jugar un papel fundamental en la incorporación plena del Caribe a su entorno continental natural. Eso también lo deberían reconocer las autoridades del continente. La identidad caribeña es un todo complejo, fruto de un proceso histórico altamente complicado y de una posición geográfica de alto interés geoestratégico para varias potencias mundiales. Esa comunidad de naciones en estos momentos atraviesa uno de los periodos mas sensibles de su historia, por lo que su autode-finición y autoreconocimiento como miembros activos de la identidad continental, multilingüe y multiétnica, en el contexto de la Circunvalación del Caribe, será su garantía de independencia y soberanía lo que al propio tiempo puede contribuir a la transformación del mapa político, económico y social del hemisferio.

Franklin Knight dijo que "el Caribe como región dependiente, tendrá que cuidarse por si solo. Eso requerirá de medidas extraordinariamente originales no solo a nivel local, sino también regional. El liderazgo con visión de futuro es de extrema importancia."[45] Cuba puede seguir contribuyendo en ese propósito consciente de que para los caribeños el Caribe sin Cuba no es el Caribe y para todos es parte de la verdadera seguridad regional.

Ello deberá hacerse teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la economía cubana y el devenir del proyecto bolivariano frente a lo cual se impone nuevos modelos, vías y medios que integren las economías y sociedades en un espacio en el que todos se incorporan generando una comunicación y sinergia colectiva, donde todos aportan y reciben, y donde los valores de la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad marquen la pauta.

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Acuñada por Luis Suárez, quien lo utiliza operativamente y para el caso cubano, sustituyendo al de "política exterior". Incluye en el análisis aspectos de la política interna que si bien no forman parte de la "política internacional" diferencian la posición de Cuba, su teoría y su práctica, de diversos conceptos de "política exterior" que hoy se mueven en el ámbito mundial. En esa concepción de "proyección externa"además del Estado, también intervienen otros actores sociales y políticos cubanos. El autor también ha planteado que el concepto de "proyección externa" se define para connotar acontecimientos y definiciones de las políticas internas, económicas o ideológico-culturales de cualquier Estado-nación que contribuyan o no al cumplimiento de los objetivos de su "política exterior". En el caso de nuestra tesis se aplica a la proyección de Cuba y de la Revolución cubana hacia el Caribe. Véase Salazar, Luis Suárez: Cuba ¿aislamiento o reinserción en un mundo cambiado? Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1997, pp.ll.↵

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El Rey Juan Carlos en ocasión de su visita a Trinidad y Tobago y Jamaica en febrero de 2009, expresó el deseo de una cooperación más intensa en el área de seguridad y defensa. También llamó a profundizar los lazos entre el Caribe hispánico y el anglófono, las inversiones hispanas en petróleo y gas natural en Jamaica y Trinidad y Tobago, y turismo en Jamaica y República Dominicana presentan una tendencia creciente y se ha establecido como un mecanismo de trabajo la celebración de las Cumbres CARICOM-España, de las que ya se han desarrollado más de dos. Anthony T. Brian. "¿Una nueva relación entre el gobierno de Obama y el Caribe?", Revista Nueva Sociedad No. 221, mayo-junio 2009, p 14-22.↵

Entrevista con José F. Piedra, experto en estudios caribeños, abril 2009.↵

17 "III Cumbre Cuba-CARICOM", conferencia de Carlos Fernández de Cossío en la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana, 10 de marzo de 2009.↵

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Algunos académicos estadounidenses como Larry Birns y Julie Feinsilver han planteado que la cooperación ante eventos extremos en el Caribe podría incidir en abrir un espacio para la colaboración conjunta de especialistas de Cuba y de Estados Unidos.↵

El programa especial con Haití se modificó íntegramente como consecuencia del devastador terremoto del 12 de enero de 2010.↵

Las Lecciones de Haití. Msc Milagros Martinez y Dra. Tania García, www.alainet.org↵

El ALBA cuenta con una secretaria y varios sitios Web que brindan información noticiosa y discursos, declaraciones generales, de sus marcos institucionales pero existe un déficit importante de información sistemática y sistémica del cumplimiento de las decisiones adoptadas, dificultando el seguimiento de las implicaciones de sus acciones. El ALBA debate en sus cumbres y ministeriales las líneas fundamentales de acción pero muchos proyectos tienen una aplicación bilateral y la información disponible permite mostrar ejemplos, con una sobre oferta de adjetivos pero no construir tendencias claras de la efectividad de los cursos de acción. Esa información da cuenta de acciones de un alto nivel de dispersión y variabilidad.↵

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Ver texto de la decisión adoptada para la adhesión de los países en ese carácter en la pasada cumbre efectuada en Venezuela Caracas, Feb 2012. www.alba-tcp.org↵

En esa dirección, el primer mandatario de Dominica, Roosevelt Skerrit, hizo la propuesta durante su intervención en la cumbre presidencial y tiene como fecha tentativa el 3 de agosto.↵

"It is going to be critical and crucial that St. Lucia look for new opportunities of support and in particular for governments who are willing to assist the development of the country.. .So we have to be busy, we have to search for new sources of funding and it is in that context that we have to look at organisations like ALBA as an option." En el texto, traducción no oficial. Kevin Edmonds. Ob cit.↵

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En ocasión del I Forum China-Caribe realizado en febrero de 2005 en Kingston, Jamaica, China solicitó a Cuba que apoyase activamente su estrategia de entrar con fuerza en el Caribe. En esa ocasión Carlos Lage, en aquel entonces secretario y vicepresidente del Consejo de Estado encabezó la delegación cubana. Acorde a la información que hemos encontrado, poco por no decir nada, hizo Cuba después de los discursos formales de Kingston. ↵

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17

Epílogo

Los “proyectos integracionistas” del gran caribe una mirada al escenario más probable

Luis Suárez Salazar[1]

Las tendencias (sociales, económicas, etc.) existen

porque han sido el fruto de estrategias desplegadas por

actores sociales. Y si las rupturas a esas tendencias

no han logrado hacerlas cambiar su rumbo, ha sido

porque el poder de estos actores sociales no ha sido

suficientemente fuerte para aniquilarlas.

Francisco José Mojica

Introducción
Este ensayo sintetiza, actualiza y en algunos aspectos amplía los contenidos de dos escritos publicados en el año 2011. El primero de ellos apareció con el título “El Gran Caribe: una mirada prospectiva de su coyuntura política”[2]. Y, el segundo, fue inicialmente titulado “La contraofensiva plutocrática-imperialista contra las naciones y los pueblos de nuestra Mayúscula América: algunas anticipaciones”[3].

La posibilidad de sintetizarlos, actualizarlos y ampliarlos está dada porque las páginas que siguen tienen un propósito similar al de ambos trabajos: presentar una aproximación, seguramente incompleta, al escenario más probable en que, en los próximos cuatro años (2013-2016), tendrán que desenvolver sus actividades los diversos y a veces superpuestos o contrapuestos proyectos de concertación política, cooperación funcional y/o integración económica que, bajo la definición genérica de “proyectos o procesos integracionistas”, actualmente se desenvuelven en el Gran Caribe; entendiendo como tal los Estados ubicados en el también llamado “complejo Golfo-Caribe” o “Circuncaribe” (Santana, 2011).

Además de otros elementos que se verán en este texto, la elección de ese lapso temporal está dada por el hecho de que en julio y octubre de 2012 se producirán elecciones presidenciales en México y la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. En razón de su ubicación geográfica y del “poder petrolero” de ambos países, así como de la temporalidad sexenal de sus mandatos, los presidentes que finalmente resulten electos tendrán cierta influencia (positiva o negativa, según el caso) en el desenvolvimiento de la situación en Centroamérica (incluida Belice), en el llamado “Caribe insular”, así como en la República Cooperativa de Guyana y, en menor medida, en Surinam.

A lo dicho se agrega que en noviembre del propio año se efectuarán elecciones presidenciales en Estados Unidos: potencia que, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, ha condicionado el desenvolvimiento de la vida económica, política, militar e ideológico-cultural de la mayoría de los 25 Estados independientes y de los 17 territorios coloniales gran caribeños. Sea cual sea su color político, el mandatario que finalmente resulte electo ocupará la Casa Blanca hasta el 20 de enero de 2017.

Aunque ya se conocen los límites de su poder real (Hernández, 2011; Suárez, 2010 y 2010a), sin dudas las continuidades y los cambios que esa administración introduzca en las estrategias previamente desplegadas tendrán una notable influencia en las in-terrelaciones bilaterales, plurilaterales o multilaterales de su país con los Estados gran caribeños, al igual que de estos entre sí y con otros Estados latinoamericanos, así como con las otras “potencias” integrantes de “la pentarquía del poder mundial”: la Federación Rusa, Japón, la República Popular China (RPCh), y la Unión Europea (UE).

Por otra parte y al igual que en los dos trabajos referidos en el primer párrafo de esta introducción, esta “mirada” ha sido elaborada desde la prospectiva crítica. Esta -a diferencia del determi-nismo y el voluntarismo que han caracterizado a diversos cultores de la también llamada “futurología”- indica que “el futuro es más construible que previsible”. Por tanto, “no es único, ni lineal” (Mojica, 2000). Al contrario, pueden vislumbrarse varios futuros o escenarios alternos[4]. Ninguno está predeterminado; ya que dependen de los resultados de las “acciones reactivas o proactivas” del “hombre colectivo”[5].

En consecuencia, como ha indicado el autor del sintagma que aparece en el exordio, el porvenir es “un campo de batalla” entre los “actores” sociales y políticos, estatales y no estatales, internos y externos, que “pugnan por imponer su poder para defender sus intereses” (Mojica, 2000). Por ello: “La futurología supone un compromiso con el cambio y la acción que implica una voluntad de construir el futuro más que de aceptarlo simplemente” (Masi-ni, 2000).

Esto conlleva valorar los factores objetivos y subjetivos presentes en cualquier proceso económico, sociopolítico e ideoló-gico-cultural interno o internacional. Y, en este último caso, las tendencias y contratendencias que favorecen o dificultan el cumplimiento de los objetivos de cada uno de esos “actores”; entre ellos, los Estados y gobiernos implicados y las organizaciones internacionales, hemisféricas, regionales o subregionales en que estos se agrupan.

En el caso de los Estados del Gran Caribe éstas son: la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP). Aunque en este último proyecto también participan los gobiernos de algunos Estados suramericanos (Bolivia y Ecuador), preponderan los de diversos países gran caribeños: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Todos ellos también integrantes -junto con Bahamas, Belice, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Surinam, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves- de PETROCARIBE y del Fondo ALBA-CARIBE, institucionalizados a iniciativa del actual presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, a fines de junio de 2005.

En razón de “la filosofía” que anima a esos últimos proyectos (la independencia frente a la potencia hegemónica en el hemisferio occidental, la solidaridad, la complementariedad, la construcción de “ventajas cooperativas”, el trato especial y diferenciado, así como el desarrollo integral e integrado entre sus Estados miembros), estos se contraponen radicalmente con la lógica neoliberal y subordinada a los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos presentes en los Tratados de Libre Comercio y en los acuerdos de seguridad que, desde 1994 hasta la actualidad, ha venido implemen-tando esa potencia multidimensional con México, Centroamérica, República Dominicana, Haití, Colombia y Panamá. Por ende, propician la integración dependiente de esos países a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la principal potencia multidimensional que actúa en el sistema [capitalista] mundo.

Por consiguiente, según diversos analistas (entre los que me incluyo), esos y otros acuerdos han influido de manera negativa en el cumplimiento de los objetivos del ya extinto Grupo de los Tres (integrado por Colombia, México y Venezuela), del SICA, de la CARICOM y de la AEC. Como bien indicó su Secretaria Ejecutiva en el año 2004, en el incumplimiento de sus propósito fundacionales tuvieron un significativo peso “las fuerzas centrifugas”, internas y externas, que históricamente han evitado la integración económica y política de los Estados independientes del Gran Caribe (AEC, 2004).

Las “tendencias centrífugas” que actualmente afectan a los “proyectos integracionistas” del gran Caribe

Acorde con ese criterio y como he indicado en otras ocasiones, entre las fuerzas tendencialmente disgregadoras, internas y externas, que han dificultado (aunque no han impedido totalmente) el cumplimiento de los objetivos fundacionales de la mayoría de los “proyectos integracionistas” antes mencionados se encuentran las diversas estrategias, más o menos “inteligentes”, emprendidas desde comienzos de la década del noventa hasta la actualidad, por los gobiernos permanentes y por sucesivos gobiernos temporales estadounidenses y de otros países del hemisferio occidental, incluido Canadá[6], con vistas a institucionalizar el que, desde 1995, he venido denominando “nuevo orden panamericano” (Suárez, 1995, 2004, 2006).

A pesar de las contradicciones que durante la más reciente década se han presentado entre algunos de esos gobiernos y de las acrecentadas resistencias de diversos “actores” sociales y políticos no gubernamentales, la progresiva institucionalización de tal “orden”, neoliberal en lo económico-social y neoconservador en lo político, ha sido funcional a la recomposición del multifacético sistema de dominación -hegemonía, acorazada por la fuerza- estadounidense en el hemisferio occidental (Suárez, 2007). Ese propósito que se ha visto favorecido por las 6 Cumbres de las Americas que (con la perenne ausencia del gobierno cubano) se han efectuado desde fines de 1994 hasta la actualidad, así como por los protocolos, tratados, resoluciones y acciones de los principales órganos político-militares del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Aunque la institucionalización de ese asimétrico “orden” se ha venido ralentizando desde el año 2002[7], no se ha detenido. En lo que atañe al Gran Caribe así lo demuestran la creciente subordinación de la política interna y externa de sucesivos gobiernos mexicanos (en particular los controlados desde el año 2000 por el Partido de Acción Nacional) a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas, así como a las estrategias de “libre comercio, defensa y seguridad” desplegadas por los diversos aparatos político-militares estadounidenses.

Lo antedicho ha tenido nefastas consecuencias en el desenvolvimiento de las interacciones de sucesivos gobiernos temporales de México con la mayor parte de los “proyectos integracionistas” que se desarrollan al sur de sus fronteras y en particular, con el SICA y la AEC. Mucho más, después de la sistemática profundización de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), propugnada desde 2005 por la administración de George W. Bush (2001-2009). Esa asimétrica alianza fue aceptada por sucesivos gobiernos temporales de Canadá (Paul Martin y Stephen Harper) y de México (Vicente Fox y Felipe Calderón), así como respaldada por la que todo parece indicar que será la primera de las dos administraciones del demócrata-liberal estadounidense Barack Obama.

Ese apoyo se ratificó en la reunión que sostuvo el 2 de abril de 2012 en Washington con Stephen Harper y Felipe Calderón, en la que se abordó el crecimiento económico y la competitividad, la seguridad ciudadana contra el terrorismo, la cooperación en el terreno energético, el cambio climático, el incremento de la cooperación militar, la concertación de posiciones respecto a la agenda de la próxima Cumbre de las Americas y la eventual incorporación de Canadá y México a la “librecambista” Asociación Transpacífica que está negociando la actual administración estadounidense con los gobiernos de Chile, Vietnam, Australia, Perú, Singapur, Malaysia, New Zelandia y Brunei (Runningen, 2012).

Por otra parte, dándole continuidad a muchas de las estrategias escasamente “inteligentes” elaboradas por su predecesor republica-

no, el gobierno temporal de Barack Obama también ha respaldado las diversas acciones político-militares y el campo de “la seguridad” desplegadas por el llamado Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM, por su acrónimo en inglés), fundado en 2002, y la multimillonaria Iniciativa Mérida (Mexico and Central America Security Cooperation Initiative) orientada a apoyar la lucha contra “el crimen organizado” en Centroamérica, Haití y República Dominicana (RD); pero sobre todo a tratar de “ganar” a sangre y fuego la cada vez más militarizada, cruenta e ineficaz “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el actual gobierno mexicano (Coparmex, 2012).

No obstante, su respaldo a esa guerra fue ratificado, entre otros altos funcionarios civiles y militares estadounidenses (entre ellos, la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Reno, y el actual jefe del NORTHCOM, general Charles Jacoby), por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en la reunión que sostuvo en la Ciudad de México durante los primeros días de marzo de 2012 con las autoridades oficiales de ese país (Ibarra, 2012). Igualmente, con los principales candidatos a las elecciones presidenciales que se efectuarán el primero de julio de ese año: Josefina Vázquez Mota (del PAN), Enrique Peña Nieto (del “centrista” PRI: Partido Revolucionario Institucional) y Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Su candidatura ya cuenta con el apoyo de una coalición de fuerzas de izquierda integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el Partido del Trabajo (PT) y por la llamada Convergencia. A diferencia del PRI y con mayor o menor consistencia, todas esas fuerzas políticas han criticado la política interna y externa desplegada por el gobierno “panista” presidido por Felipe Calderón.

De lo mencionado se desprende que el gobierno temporal de Barack Obama ha apoyado y continuará apoyando todos los presupuestos geopolíticos y geoeconómicos del otrora llamado Plan Puebla-Panamá, actualmente denominado “Proyecto Mesoamericano”, al cual, en el año 2006, se incorporó oficialmente el gobierno colombiano entonces presidido por Alvaro Uribe (Rodríguez, 2011). Éste, además de desplegar con el voluminoso respaldo financiero y militar estadounidense el mal llamado Plan Patriota, en ese mismo año firmó un polémico Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Luego de varias dilaciones ese tratado fue ratificado en julio de 2011 por el Congreso estadounidense, a solicitud del actual presidente de ese país.

Éste, dos años antes, había firmado con el antes mencionado mandatario colombiano un Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad que preveía la instalación de, al menos, 7 bases militares estadounidenses en diferentes puntos de la geografía colombiana, entre ellos algunas que amenazan la soberanía y la autodeterminación de otros Estados gran caribeños. Según se ha denunciado, aunque ese acuerdo no ha sido ratificado (como demandó la Corte Suprema de Justicia) por el Congreso colombiano, muchas de sus estipulaciones han seguido implementán-dose por el gobierno colombiano presidido, desde agosto de 2010, por Juan Manuel Santos (Lindsay-Poland, 2011); cuyo gobierno, como se demostró en la visita realizada a Bogotá a fines de marzo de 2012 por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Martin E. Dempsey sigue siendo uno de sus principales aliados en el hemisferio occidental (Garamone, 2012).

Por consiguiente, y a pesar de la mejora sus relaciones con los gobiernos de Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, así como de su propuesta de institucionalizar el Consejo Económico de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), ha sido y sigue siendo uno de los principales artífices de la “Alianza del Pacífico” orientada -según diversos analistas (Ugarteche, 2011)- a debilitar la influencia que ha venido adquiriendo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y, en particular, los actuales gobiernos de Argentina y Brasil en Suramérica. Mucho más, porque esa Alianza se ha planteado expresamente la con-certación de posiciones políticas y la armonización de los Tratados de Libre Comercio (TLC) signados con Estados Unidos por los gobiernos de Chile Colombia, México y Perú, de estos entre sí y con otros países latinoamericanos bañados por el Océano Pacífico, cuales son los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los mandatarios de estos dos últimos países participaron como observadores en “la conferencia virtual” que se produjo a comienzos de marzo de 2012 entre los actuales presidentes de los Estados fundadores de esa “alianza neoliberal y librecambista”. Para ratificar su tratado constitutivo, estos se reunirán en Santiago de Chile en junio de 2012 (Alonso, 2012; Díaz, 2012).

Merece recordar que, previamente, la administración de Barack Obama había convalidado el golpe de Estado perpetrado contra el presidente constitucional hondureno Manuel Zelaya (junio de 2009) y respaldado los espurios comicios de noviembre del propio año en los que resultó “electo” el actual presidente de ese país, Porfirio Lobo. Acto seguido, en febrero de 2010, la secretaria de Estado Hilary Clinton se reunió en la Ciudad Guatemala con los mandatarios de ese país, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica y de República Dominicana, así como con el actual primer ministro de Belice, Dean Barrow. En esa reunión, además del ensalzar el acuerdo de Libre Comercio existente entre casi todos esos países y Estados Unidos (el llamado RD-CAFTA pos sus siglas en inglés), ratificó su multifacético apoyo a la ahora llamada Iniciativa de Seguridad Regional para Centroaméri-ca (CARSI, por sus siglas en inglés), cuyas estipulaciones fueron asumidas durante la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana, realizada el 22 y 23 de junio de 2011 en la Ciudad de Guatemala.

En ésta participaron todos los presidentes de los países integrantes del SICA, así como representantes de algunas organizaciones internacionales controladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) y de “los países amigos” de esa subregión. Entre ellos, la secretaria de Estado Hillary Clinton, los presidentes de Colombia, México y República Dominicana. También representantes de los gobiernos de Canadá, del Estado de Israel y de Corea del Sur, al igual que de otros países asiáticos con los cuales Estados Unidos tiene diversos acuerdos en el campo de la defensa y la seguridad (AFP, 2011). Como se ha denunciado, esos acuerdos van dirigidos a “cercar” a la Federación Rusa y, sobre todo, a “contener” la cada vez más poderosa proyección del poder económico de la República Popular China hacia diferentes partes del mundo, incluida la región Asia-Pacífico, así como América Latina y el Caribe.

Por ello, no resultó extraño que los acuerdos en materia de la lucha contra “el narcotráfico”, contra “el narcoterrorismo” y contra “el crimen organizado” adoptados por la antes mencionada Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Centroamericana fueran defendidos por el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, durante la visita que realizó a comienzos de marzo de 2012 a Guatemala y Honduras. Asimismo, en la reunión que sostuvo en Tegucigalpa con el premier beliceño y con todos los actuales mandatarios de los países centroamericanos, incluido el recientemente reelecto presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; quien, en protesta por el desconocimiento de su papel como presidente pro tempore del SICA y por las presiones que estaba desarrollando Estados Unidos para el reconocimiento internacional del espurio presidente de Honduras, no había participado en la reunión con Hilary Clinton efectuada en la Ciudad de Guatemala en febrero de 2010.

Debe recordarse que, como parte de la CARSI, en julio de 2010, la actual presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-1014), firmó con el gobierno estadounidense un acuerdo de cooperación para suprimir el “tráfico ilícito de drogas” y otros delitos conexos. Mediante éste -además de continuar “la modernización” del Centro de Seguridad Cooperativa (SCL, por sus siglas en inglés) que funciona en el aeropuerto de Liberia (aprobada por su antecesor, Osear Arias)- autorizó el arribo a sus costas y el despliegue en su territorio “de 46 buques de guerra y 7 mil tropas estadounidenses” con el propósito declarado de “realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región” (Golinger, 2010). Aunque ese acuerdo se presentó como la revitalización de uno existente desde 1999, las fuerzas políticas opositoras que actúan en la Asamblea Legislativa de Costa Rica denunciaron su inconstitucionalidad y su carácter militar, en tanto las embarcaciones que incursionarán en las aguas territoriales y atracarán en los puertos de su país están subordinadas a la Marina de Guerra y no al Servicio de Guardacostas estadounidense (Ceceña et al., 2011).

En cualquier caso, esas “facilidades” fortalecen las posiciones de Costa Rica en su irresuelto conflicto limítrofe con Nicaragua y se unen a los Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) o Centros de Seguridad Cooperativa (SCL) del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) previamente instalados o que se están instalando o modernizando, según el caso, el llamado “triángulo norte-centroamericano” integrado por El Salvador, Guatemala y en Honduras. En este último país, a un costo cercano a los 40 millones de dólares, se están remodelando las instalaciones que albergan a los efectivos militares estadounidenses que controlan la FOL ubicada en el aeropuerto internacional coronel Soto Cano (Pal-merola) y construyendo 2 nuevas FOL o SCL en las cercanías de la Laguna de Caratasca, del departamento Gracias a Dios, y en la Isla Guanaja, ubicada en el Mar Caribe. El nefasto papel que han cumplido y cumplen esas bases militares estadounidenses en la vida política hondurena ha sido denunciado por las diversas fuerzas políticas y sociales integrantes del Frente de Resistencia Nacional Popular (FRNP), fundado después del referido golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

A su vez, en El Salvador, la ingeniería militar estadounidense está construyendo nuevos albergues para las Fuerzas Especiales del SOUTHCOM dislocadas en el aeropuerto de Comalapa. Estos y otros acuerdos podrían fortalecerse como consecuencia de los cambios que introdujo en su “gabinete de seguridad” su cada vez más debilitado presidente Mauricio Funes (2010-2014) y de la victoria que obtuvieron los partidos de la derecha (en particular la ARENA: Alianza Renovadora Nacional) en las elecciones intermedias (alcaldías y Asamblea Nacional) efectuadas en ese país a comienzos de 2012. Tal desenlace le plantea una enorme amenaza a la permanencia en el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en las elecciones presidenciales pautadas para el año 2014 (Escobar, 2012).

En el caso de Guatemala, su ex presidente Alvaro Colom (2008-2011) autorizó la participación del SOUTHCOM en la remodelación de los campamentos y en el entrenamiento de los famosos kaibiles, acusados de haber perpetrado diversos genocidios contra el pueblo guatemalteco y, en particular, contra las comunidades mayas (Lindsay-Poland, 2011). Asimismo, la instalación, bajo supervisión estadounidense, de la División de Análisis e Información Antinarcóticos que comenzó a funcionar en enero de 2010 en Puerto de San José, Guatemala. A pesar de sus devaneos con relación a la legalización del consumo de drogas (expresamente rechazados por el gobierno de Estados Unidos), todos esos acuerdos fueron ratificados por el ahora presidente guatemalteco, el general retirado Otto Pérez Molina (2011-2014), acusado por las instituciones defensoras de los derechos humanos de tener las “manos manchadas de sangre”, ya que estuvo entre los militares de alto rango que dirigieron la sanguinaria lucha contrainsurgente que se desplegó en Guatemala hasta los acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el gobierno presidido por Alvaro Arzú (1996-2000) y la ahora cada vez más debilitada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (NOTIMEX, 2011).

Cualquiera que sea el juicio que merezcan esas acusaciones, lo cierto es que a todas esas instalaciones del SOUTHCOM en Centroa-mérica se han agregado las bases aeronavales y policiales (de número aún indeterminado) que se instalarán en Panamá como consecuencia de las tratativas realizadas a fines de 2009 entre el actual presidente de ese país, Ricardo Martinelli (2009-2014), y la administración de Barack Obama (Gandásegui, 2009). Según el analista estadounidense John Lindsay Poland, en la antigua base aérea militar de Howard, ubicada en la entrada sur (Pacífico) del Canal de Panamá, se inauguró en abril de 2011 “un centro regional para la guerra contra la droga que cuenta con el apoyo del Sistema de Integración de Centro América”. Tres meses después, y para completar el Tratado de Libre Comercio firmado en el 2004 entre la administración George W. Bush y los entonces mandatarios de Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), a solicitud de Obama, el Congreso estadounidense ratificó el “librecambista” y asimétrico Tratado de Promoción Comercial (TCP) que había firmado su antecesor republicano con el gobierno de Panamá encabezado por Martín To-rrijos (2004-2009). Posteriormente, continuó el proceso de militarización de las fuerzas policiales panameñas, cada vez más controladas por las diversas agencias integrantes del poderoso Departamento de Seguridad Interna (HSD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (Gandásegui, 2011 y 201 la).

A las debilidades y amenazas que todos esos acuerdos económico-comerciales, político-militares en el campo de “la seguridad” signados con Estados Unidos introducen en el funcionamiento del SICA, así como a las contiguas tendencias centrífugas que provocan en el precario funcionamiento de la AEC, hay que agregar el asimétrico y leonino Acuerdo de Asociación con la UE que están negociando colectivamente los gobiernos centroamericanos. Igualmente, los llamados Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) con la UE firmados por todos los jefes de Estado y de gobierno de los 14 Estados independientes que integran la CARICOM[8]. También las complicadas negociaciones que estos están desarrollando para actualizar su finiquitado Acuerdo de Comercio con Canadá, conocido como CARIBCAN (Brewster, 2011), y las diversas obligaciones asumidas por sus cancilleres durante “la reunión informal” que el 10 de junio de 2010 sostuvieron en Barbados con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

Actualizando o ampliando los acuerdos que, desde el año 2007, habían adoptado los mandatarios de esos países con su poderoso y neoconservador homologo estadounidense, George W. Bush (Joint Statement, 2007), esa alta representante de la administración de Ba-rack Obama firmó con sus contrapartes caribeñas el llamado “Compromiso de Bridgetown: Asociación para la Prosperidad y la Seguridad”. Como parte de éste, los participantes respaldaron todos los acuerdos adoptados durante el Dialogo sobre la Cooperación en Asuntos de Seguridad entre EE.UU. y el Caribe (en el cual también participaron representantes de la República Dominicana), que se había efectuado en Washington el 27 de mayo de 2010. Entre ellos: The Caribbean-United States Declaration of Principles; The Caribbean-United States Plan of Action on Security Cooperation y el Joint Caribbean-United States Framework for Security Cooperation Engagement (CRNM, 2010).

Siguiendo algunos de los anunciados y prácticas de la “Nueva Alianza de las Americas” impulsada desde la campaña electoral por Barack Obama (Obama, 2008, 2008a, 2009 y 2009a), en ese compromiso también se incluyeron diversos acuerdos vinculados a la cooperación y a la asistencia para “la reconstrucción de Haití”, a la cooperación mutua en el terreno de la seguridad energética, así como en diversas áreas vinculadas al cambio climático y a la salud pública. Igualmente, a la extensión, hasta el año 2020, de los accesos prefe-renciales al mercado estadounidense de los productos caribeños incluidos en la llamada Ley de Asociación Comercial del Caribe (popularmente llamada CBI 2), aprobada por la actual administración estadounidense en abril de 2010.

Tal ley incorpora el virtual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Haití (conocido como “la Ley HOPE”: Haitian Opportunity for Economic Enhancement), que previamente había sido prorrogado hasta 2018 mediante los acuerdos establecidos entre el entonces presidente de Haití, Rene Preval (2006-2011), y la administración de Barack Obama. Como se sabe, esta ha seguido respaldando el virtual “protectorado” instaurado en ese país por el antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU luego de la tragedia humanitaria causada por el sismo del 12 enero de 2010. Mucho más, después de la elección del actual presidente haitiano, Michel Martelly, sindicado, entre otras cosas, de haber respaldado el sangriento golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional Jean Bertrand Aristide que se produjo en 1991, así como su derrocamiento por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Canadá y Francia que lo ocuparon en el año 2004. También, de ser ciudadano estadounidense, y de haber nombrado en su gabinete o entre sus principales consejeros a altos funcionarios estrechamente vinculados con el ex presidente demócrata estadounidense y copresidente de la denominada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, William Clinton (Louidor, 2011). Y, más recientemente, de haber recibido un millonario soborno del empresario, senador y dirigente político dominicano, Félix Bautista (Blanc, 2012); quien también ha sido calificado como “el gran contribuyente” del Partido para la Liberación Dominicana (PLD), ahora empeñado en mantenerse a toda costa en el gobierno durante las elecciones generales que se realizarán el 20 de mayo de 2012.

En cualquier caso, todos los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y la CARICOM antes referidos, al igual que el despliegue de la multimillonaria Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés) impulsada por la administración de Barack Obama fortalecen la multifacética dependencia estructural y funcional del Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la potencia hegemónica en el hemisferio occidental (García Lorenzo, 2005, 2006 y 2011): elementos que, a mi consideración, están en la base de la llamada “crisis de gobernabilidad” que viene afectando a la CARICOM y de las grandes dificultades que continúa encontrando la implementación del Mercado y la Economía Única Caribeña (CSME, por sus siglas en inglés) acordado desde el año 2000 (Kirton, 2011).

Según diversos analistas (Jessop, 2012; Sanders, 2012), lo antedicho quedó demostrado en la Cumbre Intersesional de jefes de Estados de la CARICOM efectuada en marzo de 2012 en Surinam. A pesar de que en esa Cumbre se presentó un voluminoso documento orientado a analizar críticamente y eventualmente a resolver las superpuestas crisis que lo están afectando (este y un plan para resolverla se analizarán en la Cumbre que se realizara en julio de 2012 en Santa Lucía), nada hace suponer que podrán lograrlo en razón de las asimetrías, los graves problemas estructurales, internos y externos, que afectan a sus Estados miembros y la falta de voluntad política de la mayor parte de sus actuales gobiernos. Tan complicada es la situación que la firma consultora británica Randall Mills dijo que en los próximos 5 años la CARICOM “podría expirar suavemente” (Inter-American Dialogue, 2012).

Por su parte, el experimentado primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, señaló públicamente que, en los próximos años, se podría provocar una disgregación de la CARICOM en “tres polos”. El primero de ellos colocado en “noreste” e integrado por Jamaica, República Dominicana, Haití y Bahamas, así como eventualmente por Cuba y Puerto Rico. El segundo en el “sudeste” formado por algunas islas de barlovento y sotavento, por los llamados Departamentos franceses de Ultramar (Martinica, Guadalupe y Cayena), así como por Trinidad y Tobago, la República Cooperativa de Guyana y Surinam. Y, el tercero, por las pequeñas islas integrantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en ingles) que de manera infructuosa han venido impulsando su propio proyecto de integración económica y política con Trinidad y Tobago, así como exigiendo, sin éxitos, un trato especial y diferenciado por parte de los demás Estados integrantes de la CARICOM (Gonsalves, 2012).

En la actualidad esas tendencias disgregadoras son más fuertes porque -según demuestran diversas evidencias- en los últimos años han venido ocupado los gobiernos de algunos de sus Estados miembros (como es el caso de Trinidad y Tobago) los líderes de algunas fuerzas sociales y políticas menos comprometidos que sus antecesores con los propósitos fundacionales de la CARICOM (Cabrera, 2011; Piedra, 2011). Entre ellos, algunos muy interesados en ampliar de manera bilateral sus vinculaciones político-económicas con Estados Unidos y/o en consolidar el Espacio Común de Seguridad que -bajo la égida de los órganos de la seguridad estadounidenses- se ensayó durante la Copa Mundial de Cricket realizada en el año 2007. Esto se ha expresado en la creciente subordinación de las políticas de seguridad de la CARICOM (considerada como uno de sus “cuatro pilares”) a las exigencias de la burocracia político-militar estadounidense (Cabrera, 2012). También en la constante participación de las fuerzas militares de esos países en las múltiples maniobras militares que, con diferentes nombres y objetivos “tácticos”, han venido desplegando las fuerzas militares norteamericanas en su “tercera frontera”. En algunas de esas maniobras también han participado las fuerzas militares de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y, en particular, las de Canadá, Francia, Inglaterra y Holanda (Ceceña et al, 2011).

En la percepción de la Casa Blanca, del Pentágono y del poderoso HSD, a la articulación de “su” espacio de seguridad en el Gran Caribe tributan -además de los referidos acuerdos firmados con México, Centroamérica, Colombia y Panamá, así como con la CARICOM- los FOL del SOUTHCOM instalados desde el año 2000 -con la anuencia de la monarquía constitucional holandesa- en Aruba y Curazao. Igualmente los también denominados CSL que ya dispone ese comando en Bahamas y en la República Cooperativa de Guyana. También la base naval que, con ayuda del Pentágono, están instalando las Fuerzas Armadas de República Dominicana en la estratégica Isla Saona. Aunque, según la información difundida, en esa base no permanecerá personal militar estadounidense, su instalación le permitirá a la Marina de Guerra dominicana (y, por tanto, a la estadounidense) tener una presencia permanente en esa área, así como “monitorear las actividades ilícitas que se desarrollan en el Canal de la Mona”, ubicado entre la parte oriental de la República Dominicana y la occidental del archipiélago de Puerto Rico (Fieser, 2012).

Merece recordar que el control de ese canal, al igual que el de Paso de los Vientos (ubicado entre la parte oriental de Cuba y la occidental de Haití) siempre ha sido ambicionado por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Según diversos analistas, en la actualidad esos propósitos geopolíticos se pueden lograr por la creciente injerencia de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en Haití, así como por la obsecuencia hacia esa potencia imperialista demostrada por el alto mando de las Fuerzas Armadas dominicanas, al igual que por los corruptos gobiernos del Partido de Revolución Dominicana (PRD) y del Partido de Liberación Dominicana (PLD), liderado por el ahora presidente Leonel Fernández (Isa Conde, 2011). Este último -como ya está dicho- empeñado en lograr la victoria de los candidatos de su partido en las elecciones generales de mayo de 2012.

Por consiguiente y cualquiera que sea el resultado de esas elecciones (en las que se enfrentarán el líder del PRD y ex presidente Hipólito Mejías y el candidato de los “sectores desarrollistas” del PLD, Danilo Medina), esa base de la Marina de Guerra ubicada en Isla Saona interactuará con todas las capacidades que conservan la

Marina de Guerra y la Guardia Nacional de Estados Unidos en el colonizado archipiélago de Puerto Rico (Torres, 2009). Mucho más, porque en la actualidad las fuerzas militares estadounidenses dislocadas en ese archipiélago, al igual que en la mal llamada Base Naval de Guantánamo, Cuba, así como en otros territorios del Gran Caribe se “triangulan” con los mandos y efectivos del NORTHCOM, presuntamente encargado de “la defensa” de Canadá, Estados Unidos, México, Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Las costas de esos últimos cuatro países o territorios coloniales, según el caso, también son “custodiadas” por la IV Flota de la Marina de Guerra estadounidense, reactivada en 2008 con misiones de vigilancia y “protección” de las “aguas azules” (océanos), “aguas verdes” (litorales) y “aguas marrones” (fluviales) que bañan las costas norte, nororienta-les u orientales de casi todos los Estados del Caribe insular, al igual que de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), de la República Cooperativa de Guyana, de Surinam, de Cayena, así como de Argentina, Brasil y Uruguay.

Esto último contribuye a explicar la reacción adversa que el despliegue de esa flota -al igual que la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia- ha encontrado entre buena parte de los Estados y gobiernos integrantes de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR); en primer lugar, en los 3 gobiernos suramericanos pertenecientes al ALBA-TCP Sobre todo porque, según diversos analistas (incluido el autor de estas páginas), la ralentización de los acuerdos de la UNASUR (incluidas las labores de su Consejo de Defensa y de su recién constituido Consejo Económico), la mediatización de los fundamentos jurídico-político-institucionales de la recién fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el debilitamiento de los acuerdos PETROCARIBE y ALBA-CARIBE forman parte de los objetivos que han perseguido y persiguen las diversas “estrategia inteligentes” que ha venido desplegando la administración de Barack Obama contra los pueblos y las naciones de “nuestra Mayúscula América” (Suárez, 2010 y 2010a).

Como se evidenció durante y después del ya mencionado golpe de Estado que se produjo en Honduras en 2009 y en el abortado golpe de Estado e intento de magnicidio que se produjo en Ecuador en octubre de 2010 (Steinsleger, 2010), esas estrategias también tienen como uno de sus más importantes propósitos “la contención” o el derrocamiento {roll back), en los casos que resulte posible, de todos o algunos los gobiernos integrantes del ALBA-TCP. Así lo demuestran, entre otras evidencias, la perduración del bloqueo económico, comercial y financiero, así como de otras acciones agresivas del gobierno estadounidense contra el pueblo y el gobierno cubanos, encabezado desde el año 2008 por Raúl Castro[9]. Igualmente, la hostilidad oficial estadounidense contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador, presididos por Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente; los frustrados intentos de Estados Unidos y su aliados europeos de deslegitimar el resultado de las elecciones generales realizadas a fines de 2011 en Nicaragua en las que, como indicamos, resultó reelecto por un amplio margen de votos el presidente Daniel Ortega, y las constantes conspiraciones del gobierno permanente y del actual gobierno temporal estadounidense y de sus “aliados” o subordinados internos (ahora organizados en la mal llamada Mesa de Unidad Democrática) dirigidas a evitar la reelección del presidente Hugo Chávez en los comicios presidenciales que se realizarán en la República Bolivariana de Venezuela a comienzos de octubre de 2012.

En la percepción del gobierno de Estados Unidos, la derrota de ese mandatario significará un golpe contundente a los diversos acuerdos de concertación política, cooperación e integración económica que, utilizando sus inmensos y estratégicos recursos energéticos, ha venido impulsando la República Bolivariana de Venezuela con el difícil propósito de edificar un “mundo multipolar”, de debilitar el sistema de dominación estadounidense en el hemisferio occidental, de impedir nuevos avances en la institucionalización del ya mencionado “orden panamericano”, así como de impulsar un “modelo” de desarrollo económico, social, político e ideológico-cultural (identificado con las aún imprecisas nociones del “socialismo del siglo XXI”) alternativo a los dictados de la “globalización neoliberal” y a los proyectos “neodesarrollistas” o “social-liberales” que -a decir de Claudio Katz (2009)- se están desplegando en otros países de América Latina.

Las “tendencias centrípetas” que contribuyen a los “proyectos integracionistas” que se están desplegando en el Gran Caribe

Nada de lo antes dicho debe interpretarse como que el autor de estas páginas tiene una “visión pesimista” del futuro de todos los proyectos de concertación política, cooperación funcional e integración económica que se están desplegando en el Gran Caribe. Muchos menos porque en algunos de sus trabajos más recientes (Suárez Salazar, 2011) ha dejado consignado que, junto a las “fuerzas centrifugas” antes mencionadas, actúan otras “fuerzas centrípetas” que, si existiera la voluntad política necesaria entre los “actores” gubernamentales de esa

región, pudieran imprimirle un nuevo ímpetu, al menos, a algunos de tales proyectos integracionistas, así como a sus interacciones entre sí.

Entre ellas hay que incluir, en primer lugar, la profunda y multi-facética crisis que está afectando las economías y las sociedades estadounidense, japonesa y de buena parte de los Estados integrantes de la UE. Ello determina que, hasta sus más estrechos “aliados” o “socios” en el hemisferio occidental (entre ellos los que preponderan en el Gran Caribe) se vean obligados a desplegar diversas acciones dirigidas a amortiguar el impacto que está teniendo, o tendrá más temprano que tarde, en la socio-economía de sus correspondientes países su inserción asimétrica y subordinada a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de las “potencias tríadicas” antes mencionadas y, en particular, de Estados Unidos.

Mucho más porque, al calor de esa crisis, se han venido fortaleciendo los gobiernos de algunas potencias “viejas”, “regionales” o “emergentes” competidoras o contestatarias a la hegemonía “global” y “unipolar” de la principal potencia imperialista del planeta. Entre los gobiernos de esas potencias “emergentes” se destacan los de los Estados integrantes del llamado BRICSA: Brasil, la Federación Rusa, la India, la República Popular China y Sudáfrica. Algunos de ellos (como son los casos de Brasil, de la República Popular China y, en menor medida, de la Federación Rusa) han demostrado un renovado interés por ampliar sus vínculos políticos y económicos con algunos Estados del Gran Caribe {The economist, 2012).

Lo antes dicho interactúa de manera compleja con la que he denominado “ralentización de la institucionalización del nuevo orden panamericano” y, por consiguiente, con el fortalecimiento que han venido experimentando algunas organizaciones internacionales latinoamericanas y caribeñas alternativas o simplemente diferentes al Sistema Interamericano controlado, desde su fundación en 1948 y salvo momentos excepcionales que confirman “la regla”, por el gobierno permanente y por sucesivos gobiernos temporales estadounidenses. Así lo indican, entre otros hechos, las dificultades que encuentra el gobierno de ese país para “controlar” a la OEA. También, como ya está indicado, el fortalecimiento del MERCOSUR, los continuos avances en la institucionalización de la UNASUR y, más recientemente, la fundación de la CELAC.

En todas esas instituciones -al igual que en la CARICOM- han ganado espacios algunas nociones acerca de la “seguridad multidimensional” (económica, social, política y medioambiental) diferentes a las nociones liberales de “la seguridad” tradicionalmente impulsadas por “la diplomacia” político-militar de Estados Unidos. También importantes resistencias político-diplomáticas a los conceptos sobre “la seguridad” que, desde la Quinta Cumbre de las Americas (efectuada en Trinidad y Tobago en abril de 2009), ha venido impulsando el gobierno temporal de Barack Obama. Esto se evidenció en la Cuadragésima Primera Asamblea General de la OEA, efectuada en San Salvador entre el 5 y el 7 de junio de 2011. En ella fue necesario formar un Grupo de Trabajo integrado por las delegaciones de Jamaica, Argentina, Ecuador, Dominica, Belice, Colombia, Barbados, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Canadá, El Salvador, Brasil, Costa Rica y Uruguay para que sus anfitriones pudieran lograr la aprobación de la Declaración de San Salvador en la que, cargada de la retórica propia de esos cónclaves, finalmente se reflejó “el apoyo hemisférico” a uno de los proyectos “banderas” de la “política inteligente” desplegada por la administración de Barack Obama: la Alianza para la Seguridad Pública de las Americas (Declaración de San Salvador, 2011).

La palabrería que acompaña a esa alianza y a su influencia en “la prosperidad” de las Americas (esto volverá a analizar en la Cumbre de las Americas que se realizará en Colombia a mediados de abril de 2012) no condice con la incapacidad demostrada por esa administración para contener el persistente consumo de drogas, ni el constante tráfico de armas procedentes de su territorio, muchas de ellas -como se ha denunciado- introducidas en algunos países del Gran Caribe como parte de las “operaciones encubiertas” desplegadas por las agencias que forman parte del HSD. Tampoco condice con la constante expulsión hacia sus países de origen de decenas de miles de emigrantes, incluidos algunos que han cometido delitos en Estados Unidos. De una u otra forma, estos últimos alimentan el incremento de la violencia en México, Centroamérica y diversos países del Caribe insular y continental (Girvan, 2011)

A la crítica hacia esas y otras prácticas violadoras de los tratados al respecto elaborados por el Sistema Interamericano que realizan diversos gobiernos gran caribeños, se unen los cuestionamientos que se han venido registrando en la OEA y los foros latinoamericanos y caribeños antes mencionados a las unilaterales interpretaciones por parte de los gobiernos temporales de George W. Bush y Barack Obama de la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA efectuada en Lima, el 10 de septiembre de 2001. Así se expresó, entre otros momentos, en la decisión de la XXXIX Asamblea General de la OEA, efectuada a comienzos de junio de 2009 en San Pedro de Sula, Honduras, de derogar incondicionalmente la ilegal resolución que, desde enero de 1962, había excluido a sucesivos gobiernos cubanos de los principales órganos político-militares del Sistema Interamericano.

También en las grandes dificultades que confrontó el gobierno de Estados Unidos para lograr el reingreso a la OEA del espurio gobierno de Honduras presidido por Porfirio Lobo. Para lograrlo éste tuvo que admitir “la mediación” del presidente de la República Boli-variana de Venezuela, Hugo Chavez, con los representantes del FNRP También el retorno incondicional a su patria del derrocado presidente Manuel Zelaya. Igualmente, que las fuerzas sociales y políticas que lo respaldan pudieran legalizar (como ya lo hicieron) el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), “brazo político” del FNRP, integrado por diversas organizaciones de la izquierda social, política e intelectual hondurena. Estas presentarán candidatos a todos los puestos públicos, incluida la presidencia de la República, que se elegirán en los comicios generales de fines del 2013 y continuará impulsando la elección de una Asamblea Constituyente para “reformar” la Constitución vigente en ese país; lo que representa un inédito desafío al plutocrático y raigalmente bipartidista sistema político instaurado en ese estratégico país centroamericano con el indeclinable apoyo del gobierno permanente y de sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos. Por consiguiente, es de esperar que los promisorios esfuerzos del FNPR-LIBRE cuenten con el respaldo de todos aquellos “actores” gubernamentales y no gubernamentales interesados en modificar la subordinación de los gobiernos y de las fuerzas militares hondurenas a “los dictados” del Pentágono y de la Casa Blanca. Entre ellos, de las fuerzas sociales y políticas integrantes del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP

Por otra parte, reinterpretando la Carta Democrática Interame-ricana y contraviniendo la política de bloqueo y agresiones desplegada por sucesivas administraciones estadounidenses contra Cuba, así como los ataques emprendidos por el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe (CEALC) efectuada en Caracas en diciembre de 2011 se acordó que el gobierno cubano sea el anfitrión de la Cumbre de la CELAC, inicialmente pautada para el año 2013. Por consiguiente, quedó incorporado, junto con el de la República Bolivariana de Venezuela y el de Chile, a la troika que coordinará las labores de esa organización hasta la próxima cumbre que se realizará en ese último país. El gobierno cubano conservara esa posición hasta la Sexta CEALC que se realizará en Costa Rica en 2014.

En consecuencia, a comienzos de 2012, y motorizados por los debates al respecto que se produjeron en la XI Cumbre del ALBA-TCP realizada en Caracas a comienzos de febrero de 2012, varios gobiernos latinoamericanos y caribeños se pronunciaron públicamente contra el veto impuesto por el gobierno estadounidense a la participación del mandatario cubano, Raúl Castro, en la Sexta Cumbre de las Americas que se realizó en abril de ese año en Cartagena, Colombia. Fueron tan potentes esos pronunciamientos que, para tratar de quedar bien con las partes en disputa, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se vio obligado a visitar Cuba y a aceptar que en esa Cumbre se produjera un debate público acerca de la exclusión del gobierno cubano de esos cónclaves. Tal debate -junto a la reiteración del rechazo por parte de la casi totalidad de los gobiernos del hemisferio occidental al “bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”-colocó en una posición incómoda a todos aquellos Jefes de Estado y de Gobierno que coincidieron con Barack Obama en que el gobierno de Cuba no cumple “la clausula democrática” aprobada por la Tercera Cumbre de las Americas efectuada en Canadá en abril de 2001.

Igualmente a aquellos altos funcionarios de la OEA (entre ellos, su secretario general, José Miguel Insulza) que querían condicionar la participación de Cuba en la Séptima Cumbre de las Americas que se realizará en Panamá en abril de 2015 a que el gobierno cubano acepte, de una u otra forma, el intrincado acervo político-jurídico históricamente elaborado por la OEA. Este legitima la injerencia de la burocracia de esa organización (controlada y financiada por el gobierno de Estados Unidos) en los asuntos internos y externos de sus Estados miembros: normativa cada vez más cuestionada por diversos gobiernos de América Latina y el Caribe. Tal cuestionamiento facilita la fructífera interactuación de todos gobiernos de los países integrantes del ALBA-TCP con los demás “proyectos integracionistas” que se están desarrollando en el Gran Caribe, en particular con la AEC, la CARICOMylaOCEO.

Así se expresó en la incorporación, a partir de los primeros días de febrero de 2012, de los gobiernos de Haití, Santa Lucía y Surinam como invitados especiales o permanentes, según el caso, en las deliberaciones del ALBA-TCP: proyecto integracionista que a partir de su XI Cumbre se ha planteado expresamente la creación de “un espacio económico” para promover un nuevo mapa financiero y comercial que fortalezca e impulse su desarrollo conjunto. Con tal fin en los próximos años se priorizará el cumplimiento de todos los acuerdos que ha venido adoptando en ese terreno. Entre ellos, la re-capitalización del Banco del ALBA, la ampliación de las transacciones comerciales mutuas que se realizan bajo los parámetros del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) y el adecuado funcionamiento las diversas empresas grannacionales que en los años más recientes han sido fundadas entre sus Estados miembros. Sin dudas, el cumplimiento de esos acuerdos contribuirá al fortalecimiento y adecuado funcionamiento de PETROCARIBE y del Fondo ALBA-CARIBE. Igualmente favorecerá la incorporación al ALBA-TCP de otros gobiernos caribeños, en particular del Caribe Oriental. Mucho más si no se solucionan las superpuestas crisis que están afectando a la CARICOM.

Algo parecido pudiera decirse respecto a los vínculos de algunos países del Caribe insular y, sobre todo, continental con Brasil y con otros Estados integrantes de UNASUR; ya que ese foro ha demostrado sus capacidades para desempeñar un papel positivo en la solución negociada de los conflictos de diferentes tipos que han afectado las relaciones entre algunos de sus Estados miembros. Esa práctica puede tener una influencia positiva en la solución del añejo diferendo limítrofe existente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. La solución más o menos definitiva de ese diferendo pudiera potenciar las fuerzas centrípetas que favorecen a algunos de los “proyectos integracionistas” que se desenvuelven en el Gran Caribe.

Por otra parte, como ya se ha visto en el caso de Haití, el fortalecimiento de UNASUR también debe favorece el despliegue de nuevas formas de “cooperación Sur-Sur” que plantean nuevas oportunidades para avanzar en la concertación política y en la cooperación funcional entre la UNASUR, la CARICOM y la AEC, tanto de manera interinstitucional como en los marcos de la CELAC y del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA): organización que ha venido realizando un meritorio (aunque complejo e incompleto) esfuerzo para identificar las convergencias jurídico-políticas que existen entre los diferentes “proyectos integracionistas” que se están desplegando en América Latina y el Caribe y, dentro de ellos, entre el ALBA-TCP, la CARICOM, el SICA y MERCOSUR.

No sería posible terminar este acápite sin referir las tendencias centrípetas que pueden crear en el Gran Caribe las negociaciones que han venido desarrollándose para actualizar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como se sabe, en las negociaciones hasta realizadas la UE y el gobierno estadounidense han pretendido abandonar el principio de “responsabilidad común, pero diferenciada” entre los “países desarrollados” y los “países en vías de desarrollo” que sirvió de base al Protocolo de Kioto. A su vez, la administración de Barack Obama y los sectores conservadores y neoconservadores que actúan en el sistema político de ese país han tratado de minimizar sus compromisos vinculados a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Con independencia de sus diferencias respecto a otros temas de la agenda global, hemisférica o regional, lo antedicho demostrará la necesidad de que los gobiernos de los Estados integrantes de la AEC avancen en la concertación de posiciones respecto a un problema tan sensible para el futuro del Gran Caribe y, en particular, para los pequeños Estados insulares de menor desarrollo relativo ubicados en esa región (Nanan, 2011).

El escenario más probable que tendrán que enfrentar “los proyectos integracionistas” que se desarrollan en el Gran Caribe

A partir de todos los elementos antes mencionados y otros excluidos en beneficio de la síntesis, al igual que del análisis de la correlación de fuerzas existentes entre los principales “actores” gubernamentales y no gubernamentales, internos y externos, que continuarán desplegando diversas acciones reactivas o proactivas para construir sus correspondientes escenarios deseados,considero que en el cuatrienio 2013-2016 se mantendrán las contradictorias tendencias centrifugas y centrípetas referidas en los acápites anteriores de este ensayo. Por tanto, estas continuarán interactuando de manera compleja y negativa en la mayoría de los “proyectos integracionistas” que se están desarrollando en el Gran Caribe.
En efecto, cualquier que sea la evolución en el mediano plazo de las superpuestas crisis que están afectando a la socio-economía y a “la hegemonía” global y hemisférica estadounidense, las diversas fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e ideológico-cultu-rales que controlan sus gobiernos permanente y temporal, así como el funcionamiento de su sistema político continuarán contando con el poder necesario para defender sus principales intereses geopolí-ticos, geoeconómicos y de seguridad en el llamado “Circuncaribe”. Ese propósito seguirá guiando las diversas estrategias, más o menos “inteligentes”, que durante su segundo y último mandato desplegará la administración de Barack Obama. Mucho más porque en esas elecciones se ampliarán las curules en el Senado y en la Cámara de Representantes de las fuerzas conservadoras y neoconservadoras que actúan en la sociedad política (incluida la maquinaria estatal) y civil estadounidense con independencia de su adscripción a los partidos demócrata y republicano.
Por consiguiente -además de mantener su hostilidad hacia los gobiernos integrantes del ALBA-TCP (a esto volveremos después)- el segundo gobierno temporal de Barack Obama continuará impulsando o apoyando la ASPAN, el Plan México, el Proyecto Mesoamericano, la CARSI, el Compromiso de Bridgetown para la Prosperidad y la Seguridad de la Cuenca del Caribe, la CBSI, al igual que la participación de los actuales o próximos gobiernos de México y de algunos países centroamericanos (en especial, los de Costa Rica y Panamá) en la divi-sionista, neoliberal y “librecambista” Alianza del Pacífico. Igualmente, el involucramiento en esas iniciativas, proyectos o alianzas del actual y futuro gobierno de Colombia, cualquiera que sea su adscripción a los partidos liberal o conservador. Sobre todo, porque no se observan en ese país “actores” sociales, políticos o político-militares con el poder suficiente para modificar la tradicional dependencia estructural y funcional hacia Estados Unidos del alto mando de las fuerzas militares colombianas, así como de importantes sectores de sus clases dominantes y de sus representantes políticos e ideológico-culturales.
A consecuencia, el presidente colombiano que resulte electo en los comicios de mayo de 2014 le dará continuidad a las políticas que desarrollará hasta agosto de ese año el actual gobierno presidido por Juan Manuel Santos. Este -además de no solucionar de manera política y negociada la cruenta y prolongada guerra civil que afecta a su país- seguirá impulsando sus ambivalentes estrategias tanto hacia los gobiernos integrantes del ALBA-TCP (en particular hacia los de Cuba, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela), como hacia los integrantes del MERCOSUR y la UNASUR. En este último caso hará lo posible por ralentizar el funcionamiento de su Consejo de Defensa, al par que seguirá apoyando el funcionamiento de su Consejo Económico y de otras de sus instancias que no afecten sus compromisos estratégicos con Estados Unidos.
Algo parecido pudiera decirse del gobierno que resultará electo en los comicios presidenciales que se realizarán en México en julio de 2012. A pesar del buen desempeño que tendrá la coalición social y política formada alrededor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en estos triunfará el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. A causa de las contradicciones internas que seguirán afectando a esa agrupación política, su gobierno emprenderá una revisión de la política exterior desarrollada por el gobierno encabezado por Felipe Calderón. En ese contexto, emprenderá algunas acciones para tratar de contrarrestar los efectos negativos que seguirán teniendo en su economía y su sociedad su inserción cada vez más dependiente de los vaivenes de la economía estadounidense. También buscará una definición más favorable a los intereses nacionales de las políticas migratoria y de lucha contra “el narcotráfico” que seguirá impulsando la administración de Barack Obama. Esto tendrá un moderado efecto positivo en el funcionamiento de la AEC y en las labores de la CELAC; pero no cuestionará los componentes geoeconómicos y geopolíticos de la ASPAN, del Plan México, del Proyecto Mesoamericano, ni de los acuerdos establecidos por los demás gobiernos integrantes de la ya mencionada Alianza del Pacífico.
A esta se incorporarán algunos gobiernos centroamericanos; en particular los actuales y futuros de Costa Rica y Panamá. En razón de la inexistencia de fuerzas sociales, políticas e intelectuales en capacidad de modificar el curso de acción de sus actuales gobiernos, ambos mantendrán sus compromisos político-militares, económico-comerciales y en el campo de seguridad establecidos con Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de los gobiernos que resultarán electos en Honduras y El Salvador a fines de 2013 y comienzos de 2014, respectivamente. En el primer caso, a pesar de su positivo desempeño electoral y de las posiciones que lograrán ocupar en el Congreso y en otras instancias político-administrativas, la candidata presidencial del Partido LIBRE no obtendrá los votos suficientes para derrotar al candidato de la coalición liberal-conservadora que se presentará en esos comicios.
A su vez, en El Salvador, ganará los comicios presidenciales el candidato que finalmente seleccione la Alianza Renovadora Nacional (ARENA). Con independencia de sus actuales contradicciones, este contará con el respaldo de los también derechistas Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Concertación Nacional (CN). En las pasadas elecciones intermedias, a las cuales acudieron de manera separada, esos 3 partidos obtuvieron los votos populares suficientes para derrotar holgadamente al candidato del FMLN: partido que, en razón de su dinámica interna y de la frustración de su “alianza” con las fuerzas sociales y políticas que respaldaron a Mauricio Funes, no contará con un candidato presidencial en capacidad de atraer el voto de los indecisos y de los sectores medios. Sin embargo, al menos hasta el 2015, se mantendrá como la segunda fuerza político-parlamentaria de ese país.
Lo antes dicho se creará nuevas dificultades a la proyección subre-gional de la política del gobierno nicaragüense presidido hasta el 2016 por Daniel Ortega. Sobre todo porque se profundizarán los acuerdos en el campo económico-comercial y de “la seguridad centroamericana” establecidos por la actual administración estadounidense con los demás gobiernos de los Estados integrantes del SICA, al igual que con los de Panamá y República Dominicana. En este último país el presidente que resultará electo en los comicios generales de mayo de 2012, Hipólito Mejía o Danilo Medina, no modificará los múltiples acuerdos asumidos con Estados Unidos tanto de manera bilateral, como en los marcos del RD-CAFTA y del Dialogo sobre la Cooperación en Asuntos de Seguridad entre EE.UU. y el Caribe efectuado en Washington el 27 de mayo de 2010.

Estos últimos -al igual que los fondos asignados para la CBSI-también seguirán condicionando las políticas que en el campo de la lucha contra el “narcotráfico” y otros delitos trasnacionales (como el tráfico de armas y el “lavado de dinero”) desplegarán los gobiernos de los Estados Integrantes de la CARICOM, ya que estos, con independencia de su futura adscripción política, continuarán cumpliendo todos los acuerdos asumidos en el año 2010 con el gobierno estadounidense como parte de la mal llamada Asociación para la Prosperidad y la Seguridad del Caribe. Sin embargo, se mantendrán las diferencias existentes entre los conceptos sobre “la seguridad multidimensional” propugnados y defendidos por la CARICOM (y otros gobiernos latinoamericanos) y los elaborados y aplicados por el Pentágono, el HSD, el Departamento de Estado y la Casa Blanca.
Mucho más, porque la última administración de Barack Obama seguirá sin solucionar los graves problemas de seguridad que generan en la que llaman Cuenca del Caribe el persistente consumo de drogas existente en los Estados Unidos, el incontrolado tráfico de armas ligeras procedentes de ese país, la cada vez más voluminosa deportación hacia sus países de origen de emigrantes indocumentados o que han cometido delitos en el territorio estadounidense y su negativa a aceptar el principio de “responsabilidad común, pero diferenciada” entre los “países desarrollados” y los “países en vías de desarrollo” en las negociaciones que se seguirán realizando para actualizar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto último -al igual que sus presiones para deteriorar los acuerdos con Cuba y la República Bolivariana de Venezuela- le crearán diversas contradicciones con los gobiernos de la mayor parte de los Estados integrantes de la CARICOM.
Esas contradicciones favorecerán el fortalecimiento de las fuerzas sociales, políticas e intelectuales, gubernamentales o no gubernamentales, que dentro de los marcos de la CARICOM, continuarán defendiendo “la institucionalización de un Mercado y una Economía Única fundada en una visión única del desarrollo que permita fortalecer su auto-sustentación económica, la eliminación de la pobreza y la provisión de estándares de vida decentes’ para todos sus ciudadanos” (Girvan, 2006). Sobre todo porque ese empeño no podrá cumplirse en el próximo cuatrienio. Aunque ese proyecto de con-certación política, cooperación funcional e integración económica no desaparecerá y, en sus próximas cumbres, encontrará soluciones consensúales a los problemas que están afectando el funcionamiento de su Secretaría Ejecutiva, no desaparecerán las causas estructurales, internas y externas, que han determinado las superpuestas crisis que lo afectan.
Todo lo antes dicho creará dificultades adicionales a las ya existentes para el adecuado funcionamiento de la AEC. En contraste, se mantendrán las interacciones bilaterales o multilaterales de buena parte de los gobiernos integrantes de la CARICOM (en particular los del Caribe Oriental y el de Surinam) con el ALBA-TCP Estos a su vez mantendrán su activismo en todos los demás proyectos de concerta-ción política y cooperación en los que participan; en particular en la UNASUR y la CELAC. Entre otras razones, porque en los comicios presidenciales y generales que se realizarán en la República Boliva-riana de Venezuela en octubre de 2012 y en Cuba a fines de 2012 y comienzos de 2013, resultarán reelectos Hugo Chávez y Raúl Castro, respectivamente. Este último mantendrá los acuerdos de cooperación Cuba-CARICOM (Martínez, 2011), así como los existentes en el campo de la Salud Pública y la Educación con Haití, al igual que con otros gobiernos caribeños y centroamericanos, como son los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Por su parte, a pesar de la pérdida de algunas gobernaciones y alcaldías ahora controladas por el Polo Patriótico hegemonizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como de las relativamente exitosas acciones que emprenderán los partidos de la derecha para ampliar sus actuales curules en la Asamblea Nacional en las elecciones intermedias de 2014, en el lapso temporal que abarcan estas anticipaciones el presidente Hugo Chávez sostendrá los compromisos previamente contraídos en el marco de PETRO CARIBE y del Fondo ALBA-CARIBE. En consecuencia, también fortalecerá las mul-tifacéticas relaciones existentes con el gobierno de Cuba e impulsará sus interacciones con los de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, así como Surinam. Esa dinámica propiciará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la XI Cumbre del ALBA-TCP Por consiguiente, aunque no se solucionarán todas las dificultades que hasta ahora se han presentado, se registrarán nuevos avances en el funcionamiento del Banco del ALBA, del SUCRE y de algunas de las empresas granna-cionales que se han fundado en los años precedentes. Asimismo, de su Consejo de Movimientos Sociales.
En este último continuarán interactuando los diversos “actores” socio-políticos no gubernamentales de raigambre popular que en la más reciente década han venido cuestionando, con mayor o menor consistencia y profundidad, el sistema de dominación instaurado por Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio occidental. No obstante la subsistencia de diversas contradicciones, su sinergia con otros “actores” no gubernamentales que actúan en el hemisferio, al igual que las posiciones al respecto que adoptarán los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay seguirán ralentizando (aunque no impidiendo) la institucionalización del “orden panamericano” impulsado desde la última década del siglo XX por los gobiernos permanente y temporal de Estados Unidos, Canadá, así como de algunos países latinoamericanos y caribeños.
Estos continuarán contando con el respaldo de sus contrapartes en los países integrantes de la OTAN que tienen intereses en el Gran Caribe; en particular, de Canadá, Francia, Inglaterra y Holanda. Aunque con algunas ligeras modificaciones jurídico-políticas (como las recientemente emprendidas por la monarquía constitucional de los Países Bajos), estos últimos mantendrán su dominio sobre sus quince enclaves coloniales en el Caribe, incluida Cayena. Asimismo, y a pesar de las resistencias de los sectores independentistas, Estados Unidos mantendrá su dominio colonial sobre el archipiélago de Puerto Rico, al igual que sobre las llamadas Islas Vírgenes estadounidenses.
Mucho más, porque -además de su importantísima posición geoestratégica (determinada por casi todas las vías de tránsito entre los Océanos Atlántico y Pacífico)- el Gran Caribe continuará siendo uno de los escenarios principales de la actividad explotadora y depredadora de las más poderosas empresas multinacionales y transnacionales; en particular, las que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, Canadá y en la UE. En consecuencia, los gobiernos de esa unión continuarán emprendiendo diversas acciones para lograr la im-plementación de los EPA firmados con los gobiernos integrantes de la CARI COM e impulsando sus asimétricos acuerdos de “libre comercio” con México, con los gobiernos integrantes del SICA, al igual que con el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos.
Sin embargo, estos no impedirán los acuerdos que se han venido estableciendo entre los gobiernos de algunos Estados independientes del Circuncaribe con los de algunos integrantes del BRICSA. En particular, con la República Popular China y con Brasil. El gobierno de este último país, al igual que sus cada vez más poderosas “empresas translatinas” y su “complejo miliar industrial” continuarán impulsando sus propios intereses geopolíticos y geoeconómicos en las llamadas frontera nororiental y suroriental del Mar Caribe. Esto propiciará el cumplimiento de los multimillonarios acuerdos bilaterales establecidos con los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba. También los emprendimientos con esos dos gobiernos vinculados a la reconstrucción de Haití. Esos últimos acuerdos -al igual que los establecidos con el mismo fin por el actual gobierno argentino- propiciarán nuevas aproximaciones a las interacciones entre el MERCOSUR y la UNASUR con la CARICOM; lo que, a su vez, tendrá un efecto benéfico en la institucionalización y el funcionamiento de la CELAC.

Aunque, en razón de las diversas proyecciones políticas e ideológicas de los 33 gobiernos latinoamericanos y caribeños que la componen, esta última comunidad no estará en condiciones de sustituir a las Cumbres de las Americas, ni a los principales órganos político-militares del Sistema Interamericano llegará a diversos acuerdos que cuestionarán los fundamentos político-jurídicos de ese sistema. En primer lugar, los tratados y acuerdos dirigidos a extender en todo el hemisferio las llamadas “democracias de libre mercado” o poliarquías y las antojadizas nociones sobre “la seguridad interamericana” impulsadas por los gobiernos permanentes y temporales de Estados Unidos y por sus principales aliados o subordinados hemisféricos y extra hemisféricos. Esto también contribuirá a ralentizar la institucionaliza-ción del ya referido “nuevo orden panamericano”.

A modo de conclusión

Como indica la introducción de este texto, el futuro no está predeterminado, sino que es un campo de batalla entre los diferentes sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, internos y externos, que pugnan entre sí por defender su poder y sus intereses. Por consiguiente, cada uno de esos “actores” luchará por construir su futuro deseado. Del resultado de esas luchas pueden resultar diversos escenarios alternos que es imposible referir en estas páginas. Seguramente otros “sujetos de acción” o “sujetos de pensamiento” discreparán, en mayor o menor grado, de las anticipaciones que he sintetizado en el acápite anterior.

De ello se infiere que el futuro de los “proyectos integracionistas” que se despliegan en el Gran Caribe estará sujeto a múltiples acontecimientos globales, continentales o nacionales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, una derrota de cualquiera de los gobiernos interesados en fortalecerlos potenciarán las fuerzas centrifugas que históricamente han actuado en esa región del hemisferio occidental; lo que de ningún modo quiere decir que desaparecerán todos aquellos “actores” sociales y políticos, estatales y no estatales, que continúan viendo en los principios y objetivos fundaciones de esos proyectos un medio adecuado para continuar avanzando en el anhelado desarrollo económico y social, independiente, genuinamente democrático, integral e integrado de todos pueblos y las naciones que tienen el Mar Caribe como parte de su patrimonio común.

Obviamente, cualquier avance político de esos “actores” que el autor de estas páginas no haya sido capaz de vislumbrar, favorecerán el fortalecimiento de las fuerzas centrípetas que, a pesar de sus debilidades, todavía impulsan los proyectos integracionistas que en la actualidad se desenvuelven en el Gran Caribe; y en particular de aquellos que cuestionan el sistema de dominación instaurado por Estados Unidos en el hemisferio occidental. Mucho más porque ya hay suficientes indicios de que la presunta “unipolaridad” resultante del fin de la guerra fría progresivamente está siendo sustituida por una ”multipolaridad” que en el futuro próximo abrirá nuevas oportunidades a los procesos de concertación política, cooperación e integración económica favorables a los intereses de diversas fuerzas sociales, políticas y culturales de raigambre popular que actúan al sur del río Bravo y de la península de Florida.

El aprovechamiento de esas oportunidades será directamente proporcional a la capacidad que demuestren los diversos gobiernos de esa región para introducir los profundos cambios internos que demandan sus correspondientes sociedades y sistemas políticos; ya que objetivamente existe una intrincada interrelación entre esos cambios internos y la profundización de los diversos proyectos integracionistas mencionados en este ensayo. De ahí, la vigencia de las siguientes afirmaciones de José Martí ([1889] 1974).

En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos.

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Graduado en ciencias políticas, posgrado en filosofía, doctor en ciencias socioló¬gicas y doctor en ciencias. Actualmente, es profesor titular a tiempo parcial de la Cátedra del Caribe y de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Igualmente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" de La Habana, Cuba. Ha publicado cerca de 130 de artículos y ensa¬yos. También ha sido autor, coautor, compilador y editor de cerca de 5 decenas de libros. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso.↵

Ese ensayo apareció en el libro: Martínez, Milagros y Laguardia, Jacqueline (comps.) 2011 El Caribe en el siglo XXI: coyunturas, perspectivas y desafíos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales) pp. 3-30.↵

Ese ensayo es una versión editada y actualizada del artículo homónimo que fuera publicado el 17 de marzo por el Servicio Informativo Mai-amlatina. Asimismo, del trabajo titulado "Contraofensiva plutocrática-imperialista contra nuestra Mayúscula América" que apareció en el libro América Latina en tiempos de Bicentenario. Este fue coordinado por el doctor Felipe Pérez Cruz y publicado en el 2011 por la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana. En julio de ese año ambos escritos fueron reproduciros en Cuadernos de Textos: Historia política y económica de América Latina, publicado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social de la República Bolivariana de Venezuela.↵

Comúnmente, los escenarios se clasifican como probables, alternos y deseados. Los primeros identifican la prolongación de las tendencias de los procesos que se estudian. Los segundos refieren otras alternativas que podría deparar el porvenir, con independencia del grado de probabilidad que indiquen las tendencias dominantes en un momento determinado. Mientras que los terceros definen las mejores opciones para el cumplimiento de los objetivos de los "sujetos de acción" o de los "sujetos de pensamiento" implicados en la dinámica social.↵

Las actitudes humanas frente a los cambios suelen definirse como reactivas, pre-activas y proactivas. Estas últimas se vinculan a las acciones conscientemente dirigidas a la construcción del futuro; mientras que las segundas se limitan a prepararse para los cambios, bajo el supuesto de que estos no dependen de su voluntad. A su vez, las primeras se reducen a encarar las situaciones críticas o conflictivas en el momento en que se presentan.↵

En la literatura marxista siempre se ha diferenciado los términos Estado y gobierno. Desde el reconocimiento su carácter socio-clasista, el primero alude a lo que se denomina "la maquinaria burocrática-militar" y los diferentes aparatos ideológico-culturales que garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, esa diferenciación fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Para ellos, el "gobierno permanente" estaba integrado por "los grupos de poder y poderes fácticos", mientras que los "gobiernos temporales" surgían de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo.↵

Los lectores deben recordar que en abril de ese año fue derrotado el intento de golpe de Estado fascista emprendido, con apoyo estadounidense, contra el presidente venezolano popular Hugo Chávez Frías. Y que, en los años posteriores, llegaron al gobierno de diferentes países de América Latina y el Caribe los candidatos de diversas fuerzas integrantes de la genéricamente llamada "nueva izquierda" social, política e intelectual. Estos emprendieron diversas transformaciones internas y externas que, con mayor o menor profundidad, según el caso, cuestionaron el sistema de dominación -hegemonía, acorazada con la fuerza- instaurado por las clases dominantes en Estados Unidos, así como en la mayor parte de los países del "hemisferio occidental".↵

En la CARICOM también participa Montserrat; pero como continúa siendo una dependencia colonial británica, sus autoridades no suscribieron dichos acuerdos.↵

Una de esas agresiones fue la negativa de la Casa Blanca a que este mandatario fuera invitado a la Sexta Cumbre de las Americas efectuada en abril de 2012 en Cartagena, Colombia.↵