Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe

Alba Carosio.

 [Coordinadora] 

Magdalena Valdivieso. 

Alicia Girón.

 Norma Vasallo Barrueta. 

Montserrat Sagot. 

Alba Carosio. 

María Luisa González Marín. 

Patricia Rodríguez López. 

Alejandra Arroyo. 

Silvia Berger. 

Raquel Irene Drovetta. 

María Chaves. 

Eugenia Correa. 

[Autoras de Capítulo]

Clacso

Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe / Magdalena Valdivieso … [et.al.]; Coordinado por Alba Carasio. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2012. 272 p.; 24×17 cm. – (Grupos de trabajo de CLACSO)
ISBN 978-987-1891-07-8
1. Feminismo. 2. Cambios Sociales. I. Valdivieso, Magdalena II. Carasio, Alba, adapt. CDD 305.42
Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO: Feminismo/ Cambio social /Teoría crítica/ Género/ Democracia/ Migración / Salud sexual y reproductiva/Aborto/América Latina/ Caribe
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Coordinador Académico
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Colección Grupos de Trabajo
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Responsable editorial
Lucas Sablich
Director de Arte
Marcelo Giardino
Producción
Fluxus Estudio
Arte de tapa
Ignacio Solveyra

Primera edición
Feminismo y cambio social en América Latina y el Carite (Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2012)
ISBN 978-987-1891-07-8
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

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Presentación

Feminismo y cambio social en América latina y El caribe

TRANSCURRIDOS YA 10 AÑOS DEL SIGLO XXI, las luchas por la igualdad, la libertad y la justicia tienen en América Latina y el Caribe un espacio diverso y vibrante de prácticas, resistencias, luchas, reflexiones y propuestas contrahegemónicas y antineoliberales, con variadas situaciones y coyunturas de transformación radical y construcción de alternativas. De maneras y en etapas diferentes, los países en la región están mirando hacia sus condiciones históricas, sus capacidades y la viabilidad de construcción de sociedades más justas, objetivos en los que la integración tiene un papel fundamental. Sin embargo, también en la región, hay importantes y fundamentales regresiones en curso y renovados peligros.

En este contexto de luchas por transformaciones regionales, y también globales, estamos frente a la gestación de nuevos marcos de sentido, se han abierto una diversidad de espacios transformadores y múltiples voces de sujetas y sujetos emergentes dialogan y alimentan las nuevas o renovadas formas de interrogar la realidad, de aportar saberes y opciones, de mostrar lo antes invisible, y de construir una igualdad más profunda y abarcante. Entre ellos el feminismo como teoría, praxis y proyecto ético político que reivindica la diferencia y la igualdad de la mitad de la humanidad, ha venido pensando desde una periferia cotidiana, común y naturalizada, y ha venido aportando análisis desveladores de la invisible discriminación y opresión sexual, junto con potencia subversiva, utopías radicales y propuestas emanci-patorias. Hay una vitalidad feminista renovada que no deja de protagonizar luchas por la profundización de la igualdad y la emancipación.

En el contexto del pensamiento antihegemónico, el pensamiento feminista ha producido una teoría crítica que demuestra que los rostros de la dominación son múltiples, y por lo tanto deben ser diversas las formas y los agentes de resistencia a ellos. Sacar a la luz la experiencia de las mujeres, sus aportes y su estar en el mundo, es por sí mismo un proceso constructor y ampliador de la emancipación. La histórica discriminación-opresión-explotación de las mujeres como conjunto subalterno, cruza de manera percibida como natural todas las formas de dominación. Por este motivo, la opresión de género es naturalizada incluso dentro de movimientos y pensamientos emanci-patorios. Mientras que los discursos de legitimación de la desigualdad de clase o de raza suelen ser rápidamente detectados y neutralizados por la crítica, los discursos de legitimación de la desigualdad entre los sexos pasan todavía, por lo común, desapercibidos y continúan, por lo tanto, activos.

Nuestra América es territorio de expresión de feminismos anti-hegemónicos -como muestra Francesca Gargallo- y anticoloniales, a partir de las vivencias de femineidades en resistencia, las que siempre acompañaron las luchas por la liberación latinoamericana y los movimientos políticos. Sin embargo, las necesidades y propuestas feministas son poco comprendidas y frecuentemente postergadas, y aún hoy impugnadas por relatos utópicos que dejan intacto el patriarcado, y se niegan a comprender su articulación vital con el capitalismo, el racismo y el imperialismo.

El feminismo es un pensamiento crítico, contrahegemónico y contracultural, que se plantea desmontar la opresión y explotación patriarcal, fundada en el contrato sexual que da base al contrato social. La sociedad organizada a partir del contrato social se articula en dos esferas, pero sólo la esfera pública -a diferencia de la esfera doméstica- es designada como históricamente relevante. En el sustrato social sumergido e invisibilizado, el contrato sexual define las relaciones entre mujeres y hombres, legitima la diferencia como desigualdad con el ejercicio cotidiano de derechos y deberes, establece la pertenencia de las mujeres al espacio doméstico jerárquicamente subordinado, despreciándolo e instaurando plusvalía sexual, es decir, el patriarcado. A partir del desvelamiento de la construcción social de las identidades sexuadas, el feminismo elabora una teoría de las relaciones de poder entre los sexos y con una voluntad ética y política de denuncia de las deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en la exclusión e inferiorización de la mitad de la especie humana. Pero también, y cada vez más, el feminismo contemporáneo, profundiza la reflexión desde lo concreto, y desde la específica subordinación de mujeres latinoamericanas -pobres, negras, indígenas-, como categoría política que articula memorias historias y siglos de subordinación y también de luchas y propuestas, reconociendo que las mujeres no son un grupo homogéneo, por el contrario, emergen testimonios y movimientos de mujeres que parten de la pertenencia étnica, de la pertenencia de clase, geográfica, etc., y que implican el reconocimiento de la complejidad del sujeto colectivo feminista que aporta visiones nuevas y contrarias al simple marco liberal de derechos.

La gran transformación neoliberal, acaecida durante más de treinta años, impulsó una transición vertiginosa donde las mujeres pasaron rápidamente al mercado laboral y a la vida pública como estrategia para la supervivencia económica. La incorporación femenina en todas las tareas cobró fuerza en las últimas décadas, en América Latina y el Caribe obligada por el aumento de la pobreza y las consiguientes fracturaciones familiares. En América Latina, un tercio de los hogares tiene jefatura femenina, y durante la década de los noventa en algunos países estos hogares aumentaron hasta un 50%. El índice de feminidad en la pobreza ha aumentado de 107 a 119 mujeres por cada 100 hombres en hogares pobres, entre 1990 y 2006 (Fuente: CEPAL, 2009). En términos de pobreza, a la década perdida de los ochenta le siguieron unos difíciles noventa y un nuevo siglo con logros. En el proceso de la crisis las desigualdades entre hombres y mujeres, agudizadas por el modelo neoliberal, afloraron con mayor intensidad.

Antes de este momento de agudización, el feminismo como pensamiento ético, político, social y económico había venido haciendo importantes contribuciones a la crítica de este modelo. Especialmente explicando las consecuencias de la elevada concentración e inequidad presente en éste, además ha venido debatiendo y proponiendo ideas para la construcción de alternativas para otro mundo posible.

En el actual momento de América Latina, no solamente hay críticas y luchas, hay también un cambio histórico en curso. Como sucede en épocas de cambios paradigmáticos, generalmente la práctica se adelanta a la teoría. Hay nuevas dinámicas de participación política que las mujeres están impulsando desde ellas mismas, junto con otros/as sujetos de acción transformadora, en confluencia y en disputa por alimentar una perspectiva de emancipación. Los feminismos latinoamericanos han venido actuando con una peculiar combinación de lucha política, movilización callejera, subversiones culturales, negociación y presión hacia los poderes oficiales, diálogos interculturales, junto con una reflexión permanente sobre los avances y las contradicciones de sus prácticas. Las profundas transformaciones sociales y políticas en América Latina han ido de la mano del pensamiento feminista que se han forjado a través de las luchas sociales y de las grandes desigualdades entre hombres y mujeres.

Si la igualdad comienza a ser un horizonte posible en América Latina y el Caribe es porque cuenta con la presencia de sujetos colectivos con capacidad de resistencia y autonomía para definir sus prioridades y proyectos emancipatorios. Las voces de todas las mujeres, indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, discapacitadas, jóvenes, viejas, migrantes, lesbianas, transexuales son imprescindibles para repensar y demandar la igualdad, la justicia social y la democracia.

El feminismo en América Latina y el Caribe se piensa y repiensa a sí mismo junto con la necesidad de construir una práctica política que tenga en cuenta, la imbricación de los sistemas de dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo, en diálogo con prácticas antisistémicas, y en corresponsabilidad por la prefiguración de alternativas más justas. Las opresiones percibidas y nombradas por el feminismo latinoamericano son materia prima para propuestas audaces que enriquecen miradas y subvierten la fragmentación social, la mercantilización, la desintegración de la vida y el patrimonialismo heredado del neoliberalismo que pervive incluso en el interior de las dinámicas y procesos de cambio. Una ética feminista de la convivencia busca superar el modelo procesal y jurídico de las relaciones humanas, porque carece de la solidaridad y de la profundidad necesaria para humanizar la sociedad. Esta línea ética lleva a posiciones políticas que conducen a transformaciones reales de la cotidianeidad.

Se trata de pensar el feminismo en relación con los cambios en América Latina y el Caribe, a través de la complejidad y entrecruza-miento de las múltiples y diversas dominaciones y propuestas eman-cipatorias en relación con la coyuntura de la región. La hipótesis es que el feminismo como pensamiento crítico, utopía ético política y movimiento social ofrece importantes contribuciones a los procesos de cambio en América Latina y el Caribe y a la generación de propuestas y alternativas emancipadoras.

El feminismo, en especial el feminismo latinoamericano, ha venido conformando un corpus teórico de reflexiones y desarrollos críticos que enriquecen la mirada, y aportan a la construcción de marcos conceptuales más completos y abarcadores para los procesos de cambio. La teoría feminista constituye un paradigma, un marco conceptual que amplía y diversifica la visibilidad, pone la atención y resignifica como relevantes realidades que no son comprendidas como cardinales desde otras orientaciones de la atención. La teoría feminista pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos de la sociedad, con lo cual ilumina las bases mismas de la dominación-opresión. Ha venido aportando una visión crítica fundamental frente al conocimiento que se propone como universal, pero que es simplemente hegemónico, por androcéntrico, etnocéntri-co, eurocéntrico y negador de las otras miradas y realidades, es decir, sin alternativas.

Como todas las teorías críticas, los compromisos del feminismo no terminan en el diagnóstico crítico de la realidad sino en la acción política, por ser el lugar en el que convergen las teorías críticas. Un aporte feminista ha sido llevar al espacio público temas que se han considerado exclusivos del espacio privado (planificación familiar, aborto, violencia doméstica, etc.), ensanchando de este modo el ámbito de la política, llevándola de lo cotidiano y personal e impulsando su transformación. La interpretación, teoría y praxis feminista operan como una garantía de radicalidad en la gestación de alternativas y en la construcción de un proyecto político.

A propósito de esta radicalidad, la relevancia teórica de nuestra propuesta parte de reivindicar que la sustitución indiscriminada de feminismo por “género” despolitiza el feminismo, al vaciarlo de su contenido crítico más profundo. Utilizar el concepto de “género” como concepto intercambiable con feminismo no solamente resulta en posiciones política y correctamente integradas al pensamiento hegemónico, sino que tomando una parte por el todo opera como coartada legitimadora de amplitud y humanismo de estos discursos, sobre todo el género se convierte en un eufemismo para invisibilizar un marco de interpretación de la realidad que nos muestra la sociedad en clave de sistema de dominación patriarcal.

Además, el feminismo se organiza como teoría crítica en torno a un concepto transversal -el patriarcado- y articulado con las otras formas de dominación. Subrayamos que la transversalidad conceptual feminista significa atravesar diversidades, posiciones e historias, sin homogeneizar ni hegemonizar, sino estudiando alternativas, articulando propuestas y buscando complementariedad de proyectos emancipatorios. Desde allí se realizan contribuciones teórico políticas que, antes que preocuparse por analizar una opresión principal u original, trabaje para el cambio de las lógicas de poder en las instituciones y organización social.

En este marco de pensamiento se inscribe el libro que a continuación se desarrolla, y que es producto de los trabajos presentados y debatidos en la Io Reunión del Grupo de Trabajo “Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe”, realizada en Caracas del 18 al 22 de julio de 2011. Se centra en los procesos de cambio que están ocurriendo en América Latina y el Caribe, y los impactos y aportes que estos cambios tienen de los movimientos de mujeres y feministas, con la propuesta de evaluar las transformaciones en la vida de las mujeres y la articulación de las agendas feministas con las agendas emancipa-torias generales.

Algunas reflexiones importantes fueron: a) las mujeres hemos aportado al sostenimiento del sistema, y hemos terminado siendo un movimiento por la participación de las mujeres en lugar de la emancipación de las mujeres; b) la cultura patriarcal está instalada en la subjetividad, se mantiene un modelo de familia patriarcal, ha quedado en el olvido que ésta familia actual no es la familia de todos los tiempos; c) la incorporación de las mujeres se produce en el contexto de la discriminación y por ello sostiene mayores ganancias para el capital, esto es muy claro en los fenómenos migratorios, donde hay condiciones terribles; d) hay una falta de correspondencia entre la democracia política y la democracia social que mantiene la opresión de las mujeres, el fascismo social no es un régimen político sino social y civilizatorio; e) el derecho de las mujeres a su cuerpo (aborto, derechos sexuales y reproductivos no medicalizados) sigue estando negado, a pesar del protagonismo de las mujeres en los procesos de cambio social; f) el cambio civilizatorio desde las mujeres propone que la economía no sea para la acumulación y la ganancia, sino adquisición de bienes materiales para la vida.

En los trabajos que componen el presente volumen se desarrollan las miradas feministas sobre los cambios que han venido produciéndose y están en acción en América Latina. Los enfoques son muy diversos, el Grupo de Trabajo está conformado por investigadoras feministas que provienen de distintos países y con formaciones disciplinarias diferentes, que aportan miradas nacionales y bagajes teóricos, metodológicos y experienciales variados.

Magdalena Valdivieso (Chile) revisa los aportes que desde los feminismos se han hecho al debate sobre la ciudadanía y democracia en América Latina; junto con el examen conceptual, se muestra cómo históricamente las mujeres, organizadas de muy distintas formas en torno a sus intereses de género, han presionado a las estructuras dominantes para lograr el reconocimiento de su condición de sujetas, y de qué modo ese accionar ha incidido en cambios en las dinámicas de poder en las definiciones de los “asuntos públicos”, en las arquitecturas institucionales, en los contenidos y significados de la “democracia” y en los imaginarios políticos en América Latina.

Alicia Girón (México) se concentra en las relaciones entre el género y los procesos de la esfera de la producción, envueltos en una crisis profunda que muestra la necesidad de incidir no sólo en la forma de cómo se ha producido a lo largo de varios decenios. Frente a la profundidad de la recesión económica internacional las mujeres no sólo están en desventaja sino que salen a zurcir el tejido social. En este periodo, las recurrentes crisis económicas responden a cambios estructurales del sistema capitalista donde la búsqueda de la rentabilidad ha permeado el mercado laboral con rostro femenino.

Norma Vasallo (Cuba) indaga los cambios que se han producido en la subjetividad de las mujeres en las distintas etapas de la Revolución Cubana. Trascendiendo la realidad política y jurídica pero marcándola con su impronta, está la cultura construida colectivamente a través de sucesivas transformaciones y también sedimentaciones del saber humano, en un proceso histórico y en Cuba, en que aún se vive en una cultura patriarcal.

Montserrat Sagot (Costa Rica) analiza la historia y situación actual de la agenda feminista en Centroamérica. Mientras se abren espacios de participación ciudadana para las mujeres y se generan políticas de igualdad, sobre todo en el terreno formal; las difíciles condiciones económicas, la violencia generalizada, la represión, el avance del neointegrismo religioso y las políticas fiscales tienden a restringir la amplitud y contenido de esa participación, y dejan las políticas de igualdad en el nivel de la retórica más vacía. Se discuten especialmente las nuevas condiciones que se enfrentan en la región, en particular sobre las implicaciones para el movimiento feminista del surgimiento del “fascismo social”.

En el texto de Alba Carosio (Venezuela) se recorre el cambio que se ha producido en la participación y protagonismo de las mujeres a partir del proceso de la Revolución Bolivariana y la nueva Constitución, que llegan al espacio público como sujetas del pueblo. Se analizan los impactos en ellas de las políticas contra la pobreza, su incorporación a las Misiones, y el desarrollo de institucionalidad y legislación de género, hay una referencia especial a la construcción del poder popular con las mujeres, y se evalúan logros y temas pendientes. El proceso bolivariano ha ampliado el campo de lo político, lo ha complejizado, profundizado y ha incluido una variedad de sujetos y sujetas antes limitados a la subalternidad, entre ellos de manera clara han emergido las mujeres y especialmente las del pueblo.

María Luisa González Marín y Patricia Rodríguez López (México) debaten las migraciones de las hispanas hacia EE.UU. y presentan las repercusiones de la crisis norteamericana en las condiciones de vida de las migrantes centroamericanas, especialmente de las mexicanas, desde el enfoque de la desigualdad global y de género implicada en esta realidad. Se aportan evidencias que muestran los cambios en los salarios, las ocupaciones, el nivel de pobreza y la seguridad social, y se expone su relación con la discriminación por motivos de etnia, sexo o cultura y el beneficio que obtienen los gobiernos, los patrones y los delincuentes.

El tema de la migración femenina latinoamericana también constituye el foco del trabajo de Alejandra Arroyo (México). Centrado en España y la Comunidad Europea, señala cómo las mujeres, que representan un sector mayoritario entre los inmigrantes latinoamericanos, han realizado importantes transformaciones en la vida de la población inmigrante y la local. Son éstas las que han desarrollado las cadenas migratorias, reagrupando a sus familiares, y se han convertido en soporte económico de sus familias dejadas atrás a través de las remesas que envían a partir de trabajos en situación de precariedad como lo es el empleo en los servicios domésticos, de limpieza y cuidados. El endurecimiento discriminatorio de las leyes migratorias delata la persistencia de prejuicios étnicos, de clase y género a pesar de entran en contradicción con la necesidad de recibir población migrante.

El aporte de Silvia Berger (Argentina) es una contribución para una historia comparada del siglo XX sobre las desigualdades de género y la evolución de la brecha de género. Examina, con importante apoyo censal, la evolución de las desigualdades de género en el marco de los regímenes de acumulación que han signado el desarrollo argentino desde la plena inserción del país, alrededor de los años ochenta del siglo XIX, en el mercado mundial, que caracteriza como oligárquico y agroexportador, período en que se duplicó la población argentina por el gran flujo migratorio. Esta etapa es el inicio de la construcción en la Argentina del sustrato ideológico de la familia nuclear: el hombre proveedor y la mujer cuidadora.

Raquel Drovetta (Argentina) presenta reflexiones sobre el impacto de las políticas de salud sexual y reproductiva implementados por el Ministerio de Salud de Argentina en poblaciones indígenas de la localidad de Susques, provincia de Jujuy Se hace claro que lo que ocurre sobre la trayectoria reproductiva de las mujeres indígenas no es simplemente un proceso de medicalización del embarazo y el parto, sino que se trata de la monopolización de la etapa reproductiva por parte del personal médico alopático. Ocurre que se extiende el dispositivo hegemónico sobre los derechos reproductivos de las mujeres y su especificidad étnica, mientras que deberían ser superadores de cualquier intento de imposición de un ideario biomédico.

María Chaves (Argentina) trae la complejidad de las luchas por la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, es decir, la despenalización del aborto, que es y ha sido objetivo emblemático de los feminismos. El lazo entre la irrupción de las masas populares en el espacio público en 2001 y la construcción de la demanda por la autonomía corporal desde abajo, se detalla con los múltiples hitos de movimientos feministas y de mujeres, articulaciones que se unen y se separan, ponen y postergan prioridades en el desarrollo de una lucha de diez años. Sin embargo, la movilización y acción callejera de las mujeres, y la cada vez mayor aceptación de esta demanda por parte de los más diversos sectores de la sociedad, no se tradujo en su concreción mediante su legalización.

Finalmente, la mirada feminista ampliada hacia UNASUR, que propone Eugenia Correa (México), llama la atención sobre las brechas del gasto social y el déficit presupuestal que han mantenido y profundizado un déficit social, con amplias consecuencias en la inequidad social y especialmente en la inequidad de género. La propuesta es una ampliación progresiva que presione a la plena utilización de los recursos productivos de una manera sustentable, especialmente de la capacidad laboral de la población latinoamericana que permita incorporar plenamente a las mujeres en la vida política, económica y social en toda la región. La equidad de género en América Latina sólo podrá avanzar firmemente reconociendo la necesidad de políticas monetarias y fiscales regionales, que permitan el financiamiento sostenido a la producción de bienes y servicios sociales.

No cabe duda de los lazos que van y vuelven entre las ideas, luchas y participación de las mujeres y los cambios en América Latina y el Caribe, nuevas y renovadas las utopías feministas, buscan espacios y repercusión, hacen análisis y visibilizan aspectos de nuestra América posible. Esto es lo que se ha pretendido exponer y debatir en el presente libro.

Alba Carosio

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Aportes e incidencia de los feminismos en el debate sobre ciudadanía y democracia en América latina

Magdalena Valdivieso [1]

Introducción

Reflexionar sobre la incidencia de los feminismos en los procesos de ampliación de la democracia y de cambios en la ciudadanía en América Latina (AL, de ahora en más), implicaría recorrer la historia de la construcción de nuestras democracias y de los feminismos como movimientos políticos[2] Ese propósito supera con mucho los límites de este trabajo. Sin embargo, parece significativo mostrar algunos de los aportes que desde los feminismos hemos hecho al debate sobre la ciudadanía y democracia en AL. Ellos muestran cómo las mujeres han presionado a las estructuras dominantes para lograr el reconocimiento de su condición de sujetas, y de qué modo ese accionar ha incidido en cambios en las dinámicas de poder, en las definiciones de los “asuntos públicos”, en las arquitecturas institucionales, en los contenidos y significados de la “democracia” y en los imaginarios políticos en AL.

En esta revisión revelaré algunas de las cuestiones teóricas y políticas que han estado presentes en este proceso dual de constitución de los feminismos y de las democracias en el continente. Dual, en tanto las prácticas sociales y políticas feministas han tenido como objetivo la constitución de las mujeres[3] como categoría social y la transformación de las estructuras de poder, de modo que han debido articular la crítica a su condición, con las críticas a las formas de opresión, subordinación y exclusión, presentes en las sociedades patriarcales (Lamoreaux, 2010). Parece oportuno en estos tiempos tan demandantes mirar los acumulados para reconocer los logros y las dificultades de los avances y revisar las experiencias compartidas, de modo que podamos ocuparnos de los desafíos propositivos que nos plantean las complejidades “reveladas” de nuestro continente, ante las cuales los feminismos como alternativas ético políticas, tienen mucho que aportar.

No está de más repetir que entendemos a la teoría feminista como el conjunto de ideas tejidas en torno a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se estructuraron los estados y las sociedades mundiales, ideas que tienen sus orígenes en el siglo XVIII, cuando se produjeron las primeras opiniones políticas, sobre la integración social de la mujer, en el contexto de las revoluciones que pusieron fin al viejo orden. Reconocemos así los orígenes del feminismo como construcción teórica y política en la matriz cognoscitiva euro/ etnocéntrica. Sin embargo, consideramos que su emergencia como cuestionamiento y denuncia, al orden impuesto por la modernidad, permiten sostener que el feminismo no es un discurso inherentemente occidental y eurocéntrico, sino una postura política, filosófica, epis-témica profundamente crítica de los paradigmas y de las prácticas sociales y culturales de Occidente, elaboradas desde la subordinación, la marginalidad y en resistencia.

Así, cuando hablamos de feminismo, estamos refiriéndonos a esa tradición política que tiene tres siglos de historia, y en América Latina y el Caribe una genealogía propia[4], que marcó al siglo XX con sus conquistas, y que, abierto en variados afluentes, es parte en el presente siglo, del debate teórico político que se desarrolla, acuciado y empujado por la presencia de una crisis civilizatoria, que se manifiesta con intensidad en los distintos ámbitos de la existencia humana y que afecta de manera específica a las mujeres.

Algunas precisiones previas

Las protagonistas de la historia de los feminismo en América Latina son diversas, hubo mujeres organizadas que se reconocieron como feministas en las primeras décadas del siglo pasado[5], otras en tiempos más recientes, que no quisieron tener nada que ver con esa definición. Encontramos también muy diversas formas de entender el feminismo, desde sus versiones liberales, tributarias de las tradiciones ilustradas, que no cuestionan el entramado del poder capitalista y buscan su “perfeccionamiento”, hasta corrientes contrahegemónicas que realizan esfuerzos por soltar el peso de la carga epistémica eurocentrada del proyecto de la modernidad, para aportar a una epistemología del sur, metáfora que nos propone Boaventura de Sousa Santos (2009) para referirnos al conjunto de saberes y prácticas que han estado subordinadas e invisibilizadas por el patrón de saberes dominante.

Las “feministas” no constituimos tampoco un grupo homogéneo, porque “las mujeres” confrontamos formas de subordinación específicas determinadas por la dominación de clase, la primacía étnica, la superioridad geográfica de lo urbano, entre otras, que se entrecruzan en las formas de jerarquización social presentes en AL, con las inequi-dades de género, y que marcan nuestras prácticas políticas.

No obstante las diferencias entre expresiones de feminismo, es posible encontrar elementos comunes básicos, que permiten mirar al feminismo como conjunto, en tanto todas sus variables se propusieron lograr la igualdad entre los sexos a partir del reconocimiento de las situaciones de subordinación, discriminación, opresión y explotación de lo femenino, naturalizadas por el patrón de poder dominante, convergiendo todas, en la lucha contra las diversas e interdependien-tes expresiones sociales, políticas, científicas, económicas, culturales e ideológicas del patriarcado. También son heterogéneas y diversas las realidades latinoamericanas; AL presenta marcadas diferencias regionales (Andina, el Cono Sur y Centroamérica), y al interior de éstas, en el trabajo trato de combinar una mirada general con algunas referencias nacionales[6].

Este trabajo está escrito con una perspectiva feminista, se propone reflexionar y comprender la participación de las feministas, entre las cuales me incluyo, en la construcción social de la realidad, política y social, desde un lugar limítrofe, determinado por la resistencia ante la dominación patriarcal. En este modo de analizar no acatamos las normas establecidas por la dicotomía sujeto/objeto, no pretendo, entonces, “distanciarme” para alcanzar una falsa objetividad; no podría hacerlo, he sido parte de organizaciones de mujeres y vivido los distintos momentos teóricos, políticos y prácticos de los feminismos durante los últimos 40 años. Reflexionar sobre los cambios y las búsquedas del feminismo latinoamericano es, también, revisar mi experiencia. “Ningún trabajo teórico es ajeno a la experiencia de quien lo ha escrito” (Alcoff, 1999: 125).

Un segundo asunto que deseo precisar es a qué me refiero cuando hablo de las prácticas feministas que han incidido en los debates sobre ciudadanía y democracia en AL; distingo tres ámbitos en los que éstas actúan: las acciones de la vida cotidiana, determinantes en la constitución de las identidades, la acción colectiva en grupos y la producción de teoría (Mohanty, 2004). Desde estos tres ámbitos, hemos develado y confrontado formas de dominación y generado situaciones que han tenido diferentes impactos en las sociedades, sus instituciones y culturas.

El feminismo desde sus orígenes ha planteado la necesidad de transformar las estructuras de dominación y el orden patriarcal, sus reflexiones y propuestas políticas han estado comprometidas con la transformación de las relaciones de poder que éstas sustentan. Es un pensamiento y una propuesta política, construida sobre el cuestiona-miento al modo patriarcal de estructurar la existencia humana, que se ha generado desde la resistencia y en conflicto con las relaciones de dominación impuestas por el modo de saber dominante, que construye a lo femenino, como diferencia y lo subordina en las jerarquías que establece, para ordenar las relaciones entre las personas en todas las áreas de la existencia humana. Las demandas de las mujeres en general han mantenido las cuestiones de la ciudadanía, la política y la democracia, en permanente debate. Presionando por la inclusión en el universo de quienes han sido considerados ciudadanos, por la ampliación del alcance de la ciudadanía con otros derechos y, más recientemente, para confrontar las concepciones mismas de ciudadanía y sus prácticas[7]. El feminismo, a lo largo de sus distintas etapas, se ha ocupado del concepto de ciudadanía dándole distintos contenidos. Más que una definición cerrada, elaborada a partir de la crítica de los conceptos liberales excluyentes, el feminismo se ha caracterizado por cuestionar y presentar demandas significativas con relación a los sujetos considerados ciudadanos y a los contenidos de los “derechos ciudadanos” en cada momento histórico.

Lo principal que la teoría feminista contemporánea ha puesto de manifiesto es que el reconocimiento jurídico de la igualdad para las mujeres se ha producido desde un marco conceptual que necesita ser revisado, porque impide, de hecho, el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. En otras palabras, el feminismo ha evidenciado que la ciudadanía no es un término neutro desde el punto de vista del género. La ciudadanía moderna confiere a los individuos un estatus formal haciendo abstracción de cualquier particularidad o diferencia; para la teoría política feminista, así como para otras perspectivas críticas, esta abstracción es fuente de desigualdades reales y múltiples exclusiones, que hacen de la ciudadanía un privilegio, más que un derecho. En el caso latinoamericano el desarrollo histórico de ciudadanía, desde el proceso de colonización, se enquistó en la dualidad inclusión/ exclusión. En la mayoría de los ordenamientos legales de los países de la región, se incluyen amplios catálogos normativos del derecho de la ciudadanía y en la práctica se produce una exclusión de facto de grandes grupos poblacionales, que no pueden acceder al ejercicio de estos derechos (Johnson, 2009). Se habla de ciudadanía de baja intensidad, incompleta, negativa, etc. (Pautassi, 2000). Más allá de estas precisiones conceptuales para nombrar lo que no existe, sabemos que la mayoría de los y las latinoamericanas no tenemos nuestros derechos ciudadanos garantizados, lo que compromete seriamente el carácter democrático de estas sociedades.

Se puede decir también, que el modelo de ciudadanía ha respondido siempre a lo considerado “productivo” que ha sido híper valorado en detrimento de lo “reproductivo”. De modo que, tanto los derechos como las obligaciones a que hace referencia el concepto de ciudadanía, responden a la esfera pública en la que el hombre es considerado el protagonista. Los derechos que se han ido invocando para una ciudadanía plena por las mujeres han sido, fundamentalmente, el empleo remunerado, la educación y el voto. Más recientemente, se ha demandado el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos[8]. No se ha luchado con igual fuerza porque los hombres tengan el derecho y la obligación de hacerse cargo de tareas de reproducción, de modo que la brecha ciudadana entre hombres y mujeres no se ha reducido significativamente. En tanto la separación, subordinación y sustentación del espacio privado y cuanto allí acontece sigue siendo mayoritariamente responsabilidad de las mujeres.

Para el feminismo, la ciudadanía plena es un proceso en permanente construcción sociocultural, multidimensional, un principio articulador flexible y contextualizado, de las diferentes situaciones en las que nos ubicamos, como sujetas diversas en las relaciones de poder, que nos debe garantizar el reconocimiento pleno de nuestros derechos, a partir de nuestras especificidades, heterogeneidades y diferencias. La ciudadanía de las mujeres se ha construido en las dinámicas de resistencia y conflicto con el orden patriarcal, a través de prácticas sociales que han estado empeñadas en la deconstrucción de las identidades patriarcales; ha sido, y es, un proceso histórico dialéctico y heterogéneo (Sánchez Olvera, 2006).

En relación con el debate sobre democracia en AL, como señala Edgardo Lander (1997) éste estuvo fuertemente determinado en las últimas décadas del siglo XX por las experiencias dictatoriales del sur del continente, que condujeron a una “justificada” revalorización de la existencia de un estado de derecho, el respeto a las libertades individuales y la democracia representativa. El movimiento de mujeres en general y las feministas hicieron aportes sustantivos para la derrota de las dictaduras y el retorno a las democracias. Culminados los procesos de recuperación democrática, y por la existencia de nuevas realidades políticas en algunos de los países latinoamericanos, el debate se ha intensificado, tomado otros derroteros que buscan “nuevos cimientos teóricos y políticos a la idea de democracia” (Lander, 1997: 4). Es en este contexto que se han evidenciado los déficits, las promesas incumplidas, las limitaciones, las debilidades y las exclusiones que caracterizan a los sistemas democráticos liberales. El feminismo identificado con el pensamiento crítico ha sido parte de las voces que han cuestionado las bases y las formas de funcionamiento de los regímenes democráticos en AL, mostrando que estamos lejos de vivir en sociedades democráticas. El principal aporte del feminismo a la teoría política crítica de la democracia liberal ha sido explicar las exclusiones de género por la delimitación liberal de los ámbitos de “lo” público y “lo” privado, que es constitutiva del orden impuesto por el carácter patriarcal y excluyente de la sociedad liberal.

Con sus acciones políticas, las feministas han desafiado esta separación, llevando al espacio público cuestiones consideradas privadas, como son la violencia de género, las relaciones de poder al interior de las familias, el ejercicio de la sexualidad, los roles de género; e introduciendo en el espacio privado debates “propios” del espacio público, como son el carácter sexista de la educación formal, la corresponsa-bilidad social, el derecho de las mujeres cuidadoras a la seguridad social, etc. Más recientemente, hemos empezado a comprender y denunciar que la democracia real es siempre un proyecto que parece no poder alcanzarse en los contextos liberales, siempre justificados por la insuficiente cultura democrática que nos “caracteriza”, sin que se evidencie que las trabas para lograrla están, justamente, en el orden impuesto por el modelo neoliberal que la mayoría de los Estados latinoamericanos sostiene, y que sólo puede existir y desarrollarse en condiciones de desigualdad.

En las tensiones antes descritas, entre demandas feministas, democracia y ciudadanía, se evidencia el proceso de constitución dual de los feminismos y de las democracias en el continente, al que nos referíamos al inicio y que queremos mostrar en este trabajo. En efecto, las presiones ejercidas por los movimientos de mujeres inspirados en las propuestas feministas han extendido los derechos ciudadanos, han incorporado otros derechos, han mostrado la estrecha relación entre derechos políticos y derechos económicos, han enfatizado los derechos sociales y culturales, obligado a los Estados a reconocer y suscribir Convenciones Internacionales, etc.; en esos procesos los movimientos de mujeres se han transformado: de grupos minoritarios de sufragistas a llegar a ser un amplio y variopinto movimiento social, cruzado por identidades diversas, que se las ha tenido que entender con partidos políticos, con organizaciones sindicales y de Derechos Humanos, tratando siempre de preservar la especificidad de sus reivindicaciones.

En trabajos anteriores me he referido, en general, a las críticas de los feminismos al pensamiento de la modernidad; he señalado que la modernidad filosófica y política niega a las mujeres y lo femenino. “La modernidad desde su génesis ha apartado a las mujeres basándose en su condición sexual”, dice Diane Lamoreaux (2010: 44). Cuando analizo la modernidad lo hago a partir de las tres categorías señaladas por Charles Taylor (1991), que son: el individualismo, la primacía de la razón instrumental y el sentimiento de alienación respecto a lo público; a las que agrego, para hacer entendible, cómo la modernidad ha “construido” nuestras sociedades, las exclusiones sobre las que está fundada y su tendencia a producir permanentemente nuevas exclusiones. En este trabajo incluiré sólo un resumen de las cuestiones a las que me he referido antes para tenerlas presentes, y desarrollaré las contribuciones de los feminismos a la reformulación de la teoría política actual.

Críticas desde los feminismos al pensamiento político liberal

Gran parte de la teorización feminista ha sido en torno a la dicotomía público/privado, es decir, a la separación de la vida social en espacios diferenciados con todas las connotaciones de valoraciones desiguales que implica, tanto para los sujetos y sujetas identificados con ellos, como para las funciones que en esos espacios se cumplen y las relaciones de poder que se establecen.Las denuncias sobre la situación de las mujeres “naturalmente” adscritas al espacio privado han transversalizado, históricamente, el pensamiento político feminista sobre las estructuras y dinámicas de poder. Visibilizar a las “habitantes” del espacio privado, sacarlas del anonimato; “politizar” los asuntos considerados privados han sido tareas que el feminismo ha desarrollado, incidiendo en los modos de concebir las relaciones de poder y los temas políticos y económicos en las sociedades.Con diferentes planteamientos, que han ido desde “democracia en el país y en la casa” sostenidas por las feministas en lucha contra las dictaduras que asolaron al sur del continente en los setenta, hasta las propuestas de co-responsabüidad que impulsan en la actualidad las feministas socialistas en Venezuela, las mujeres han resistido y confrontando la naturalización de las relaciones de poder basadas en jerarquías de género, que se escenifican en los espacios público y privado. Asociadas a división sexual del trabajo, se encuentra la clasificación de las tareas reproductivas y de “cuidado”, que se desarrollan mayoritariamente en el espacio privado como secundarias, y que son invisibilizadas y no valoradas por el Estado liberal y el liberalismo. Desde el feminismo latinoamericano se ha propuesto una “ética del cuidado” como un valor público para la construcción de ciudadanía. El “cuidado” se propone como responsabilidad social y no como una situación individual (Alba Carosio, 2009).

Críticas al sujeto universal de la modernidad. La idea de “un sujeto” que representa a quienes se considera tienen derechos ciudadanos en las distintas épocas ha sido fuertemente denunciada por el feminismo, por fundamentadas razones: la primera de ellas es que en su enunciado inicial se tenía en mente a los hombres, a pesar de ser una proclama “universal”, el “sujeto” concebido como portador de derechos, y parte del contrato social, tenía las condiciones y cualidades que sólo podían poseer “algunos” hombres. Asimismo, “el mito de la universalidad construido sobre el modelo de un varón blanco, educado, de clase media, heterosexual, adulto y sin discapacidad física, se ha traducido no solamente en la limitada participación de los grupos diferentes en el ámbito de lo público, sino también en la discriminación y presunción de la inferioridad, donde ser distinto a la norma terminó siendo anormal” (Ochman, 2006: 65).

Las razones que se han dado para que las mujeres no accedieran al contrato social, fuente de de todos los derechos en la modernidad, han sido debatidas y explicadas por las feministas, quedando en evidencia que las mujeres, en palabras de Carole Pateman (1989), no podían acceder al contrato social porque estaban amarradas por el contrato sexual. El examen que realiza esta investigadora, de los modelos contractualis-tas de Hobbes, Rousseau, Locke, le permiten visualizar cómo estos modelos, que atraviesan los cimientos de las sociedades democráticas contemporáneas, se fundaron en base a contratos que excluyeron históricamente a las mujeres a partir de la “creencia” que la mujer está naturalmente privada de las capacidades del individuo; así, la diferencia sexual se cristalizó en diferencia política. El análisis de por qué la mirada de los teóricos contractualistas se proyecta desde el derecho patriarcal, y la certeza que occidente ignora la mitad de la historia, acerca de cómo el derecho patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir del contrato, dieron el sustento necesario a su teoría del Contrato Sexual (Agrá Romero, 1995). Esta constatación no es una antigualla, aún en el siglo XXI mujeres de distintas latitudes no son consideradas sujetas de derechos sino propiedad de hombres a los cuáles están atadas por el contrato sexual. La propuesta de Carole Pateman es una invitación a una nueva interpretación de los modelos contractualistas: mientras que occidente examina al contractualismo como la historia de la libertad de los ciudadanos ella propone examinarlo como la historia de la sumisión de las mujeres,porque la historia de las libertades públicas es la historia de la sumisión doméstica. Esa es la perspectiva que han tenido los estudios feministas sobre la situación de las mujeres en el contrato social. Las mujeres han dado largas luchas por sus derechos civiles, avanzando en la democratización de las relaciones familiares; se ha logrado en casi toda AL la eliminación de la subordinación de la mujer en el matrimonio, la separación de bienes, la potestad compartida sobre los hijos e hijas, el reconocimiento de los derechos económicos en las sociedades conyugales, etc. No obstante, en ningún país se ha logrado equidad en la distribución de las responsabilidades y tareas entre los sexos. En cuanto a los derechos políticos, las demandas de las mujeres han sido por el reconocimiento como sujetas para acceder a los derechos ciudadanos y para hacerlos realizables. En este asunto es mucho lo que se ha argumentado y demandado, empezando por la inclusión en condiciones de igualdad en ese espacio llamado ciudadanía que posibilita la existencia política hasta, en la actualidad, el reconocimiento de las legítimas diferencias y de la igualdad de derechos, en una suerte de ciudadanía amigable basada en un universalismo diferenciado que “conjugue” lo universal y lo particular (Lister, 2002).

Al modo de entender la “participación política”. Desde siempre los movimientos de mujeres han mostrado que la participación política no puede limitarse a los espacios y modalidades que ofrecen los márgenes liberales, que en su versión “neo” han entregado al mercado buena parte de los “asuntos públicos” al mercado. La democracia liberal ha enfatizado el ideal de ciudadanía en los rasgos propios de la libertad: elección y participación, basados en el principio de autonomía; el feminismo ha mostrado que el liberalismo no provee, no puede proveer, las condiciones para que la autonomía sea real e igualitaria. Los estudios de género, por su parte, han mostrado las brechas en educación, salud, empleo, que inciden en las posibilidades reales de tener autonomía y capacidad de participar. Por otra parte, han mostrado que las concepciones acerca de la participación son limitadas, habiéndose reducido en algunos casos, al acto de votar. No es menor que una parte significativa de las personas con derecho a voto en AL, no se inscribe o, si lo hace, no participa en las elecciones[9]. Los criterios de representatividad también son estrechos, y de hecho las mujeres han luchado por ser parte de esos espacios de decisiones, las propuestas de cuotas y más recientemente de paridad con alternabilidad, así como las innumerables formas que han ideado para hacer llegar sus demandas ante los poderes legislativos, han evidenciado la distancia y dificultades de encuentro de electores, electoras y elegidos (mayoritariamente), aportando con sus experiencias a generar alertas y preocupaciones en las sociedades latinoamericanas, sobre estos “déficits” de las democracias liberales. Se ha impulsado también la desmascutinización del lenguaje político, y la “representación real de los intereses específicos de género”, y no su supuesta inclusión en universales (bien común) cuya vocería está en “representantes”, masculinos o femeninos, con los que no se identifican.

Al modo como ha sido pensada “la nación”. Los estudios de las mujeres se han ocupado de diversas situaciones referidas a “la nación” debido a que “estas comunidades imaginadas” (An-derson, 1991), la mayor parte de las veces, las han excluido o limitado y utilizado para su representación simbólica. Hemos insistido, en anteriores trabajos, que las numerosas representaciones de la “nación” como figuras femeninas, además de ocultar la ausencia “real” de las mujeres en los espacios políticos, reafirman los roles asignados a las mujeres como reproductoras de los grupos étnicos, que se pretende sean representativos de la nación con exclusión de los grupos subalternatizados, y de cuidadoras de la cultura dominante, como lo han destacado entre otras autoras Floya Anthías y Nira Yuval Davis (1989; 1997). Las feministas han llamado la atención acerca del hecho de que la nación moderna está asentada sobre la base de la exclusión de las minorías y de las mujeres, y que la tarea pendiente de la democracia es potenciar la libertad y la diversidad de sus ciudadanos/as. De hecho, el moderno Estado nación se constituyó como una forma de organización muy distinta de las formas “pre modernas” desconociendo la importancia de las relaciones sociales que se desarrollaban sin la intervención y el dominio de la autoridad pública, como eran las de parentesco y comunitarias, en las cuales las mujeres tenían roles relevantes.

Con la historia oficial sobre la ciudadanía. La historiografía desde el feminismo ha mostrado el carácter antropocéntrico de la historia oficial sobre la ciudadanía, que recoge los grandes hitos históricos de la ciudadanía masculina: las revoluciones que pusieron fin al antiguo régimen, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etc.; ha sido trabajo de historiadoras feministas visibilizar las demandas y aportes de las mujeres a la construcción de la ciudadanía, así como los olvidos y manipulaciones de la historia oficial. Desde el feminismo se ha propuesto una reflexión específica en torno a la conceptualización y evolución histórica de la ciudadanía, incorporando la historia de las mujeres en la Historia, definida como “historia política”; este trabajo ha implicado una recon-ceptualización de los fundamentos políticos de la igualdad, ciudadanía, representación y democracia (Aguado, 2005).

Con la mirada binaria y el imperio de la razón que olvida que los y las ciudadanas tienen cuerpos sexuados que son determinados desde el poder. Los feminismos han vindicado al cuerpo como espacio de resistencia y, también, de encuentro con otros sujetos que rechazan el disciplinamiento y la normalización patriarcal. La centralidad del cuerpo en el orden capitalista contemporáneo, que hace de él y sus usos uno de los principales espacios de contradicción social, revelan su importancia como campo teórico y político. Históricamente, el cuerpo de las mujeres ha sido controlado a través de leyes y estructuras sociales y morales. El Estado al imponer políticas reproductivas, las Instituciones religiosas que han pretendido regir la sexualidad y el mercado que lo transforma en objeto de cambio han pretendido expropiar el cuerpo a las mujeres. Desde el feminismo se ha denunciado la mercantilización del cuerpo y se ha abogado por el derecho de las mujeres, y de las personas en general, a decidir sobre su cuerpo.

Disputas con los imaginarios políticos dominantes. La incorporación de mujeres al espacio público ha desestabilizado y aportado otros contenidos a las significaciones sociales imaginarias de la política. En el proceso de constituirnos como sujetas políticas (ciudadanas), las mujeres confrontamos innumerables dificultades, entre las cuales destacan por su importancia ese conjunto de “creencias” fuertemente arraigadas sobre nuestra relación con la política. Como señala Gabriel Cocinamo: “Si, a partir de la historia más reciente, la mujer ha comenzado a abrir espacios de poder, el viejo lastre del sistema patriarcal no ha desaparecido, y sobrevive en las huellas culturales impregnadas en el imaginario social, en los medios y las instituciones latinoamericanas” (2005: 1).

El falocentrismo ha dominado la actividad política y alimentado los imaginarios políticos desde el período fundacional de las repúblicas, con valoraciones positivas sobre la heroicidad y otros rasgos considerados masculinos. Ha sido a través de la presencia en espacios políticos y de la práctica que las mujeres han introducido otras cualidades, a pesar de los procesos de mimetización del que son víctimas, favoreciendo cambios en las estructuras de pensamiento que han considerado a las mujeres inadecuadas para el desempeño de funciones públicas que no estén en al área de sus “dotes naturales” y, más directamente, en espacios de toma de decisiones. Los cambios producidos por la presencia de mujeres en las presidencias y otros poderes públicos en varios países en AL han sido significativos. No es menor que las niñas puedan, también, imaginarse desempeñando esos cargos, y no tengan ante sí sólo el ejemplo de las figuraciones tradicionales que el patrón de poder dominante asigna a las mujeres.

Como podemos apreciar, el feminismo ha contribuido históricamente a cambiar valores, leyes costumbres, prácticas y hábitos asentadas en el poder patriarcal, es decir, ha tensionado, conflictuado, resistido y confrontado al patrón de poder dominante. Casi al término del siglo XX, logró que se reconociera la universalidad de los derechos de las mujeres, hecho histórico que redimió simbólicamente su calidad de sujeto colectivo e individual. En este nuevo siglo, las feministas del sur se reconocen como parte de los movimientos sociales alternativos, y comparten agendas que dan cuenta de buena parte de las tensiones civilizatorias.

Un nuevo momento para los feminismos en la región

En AL se desarrollan en la actualidad diversos procesos de redemocratización política, en países que presentaban condiciones de desigualdades y exclusiones estructurales. Estos procesos son complejos, vulnerables, contradictorios y disímiles; pero sin duda representan y han significado cambios sociales y políticos, en el sentido de mayor equidad, inclusión y protagonismo de los sectores sociales históricamente marginados. Los debates actuales sobre ciudadanía en AL, impulsados e impuestos por movimientos y manifestaciones sociales, ponen en cuestión al conjunto de prácticas políticas inscritas en el ideario de Occidente, que gestaron y moldearon las ideas de los grupos dominantes sobre democracia y ciudadanía. La ciudadanía ya no es un terreno exclusivo del liberalismo, en cualquiera de sus versiones, sus supuestos básicos, así como las políticas de ciudadanía son un terreno en disputa. Los movimientos sociales del continente están produciendo nuevas dinámicas y abriendo espacios de encuentro, donde se manifiestan la complejidad de las diferencias y las necesidades de articulación. Se plantea para las feministas, en estos tiempos, la necesidad de nuevas estrategias, nuevos temas y, sobre todo, nuevas perspectivas de abordaje de viejos y nuevos problemas.

El feminismo en América Latina se ha convertido, como señala So-nia Álvarez, en “[...] un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacéti-co y polifónico campo discursivo y de actuación/acción. Se multiplican los espacios donde las mujeres que se dicen feministas actúan o pueden actuar [...] envueltas no solo en luchas clásicamente políticas [...] sino simultáneamente envueltas en disputas por sentidos, por significados, en luchas discursivas en batallas esencialmente culturales” (1998: 10).

En relación con la “ciudadanía” el feminismo en AL tiene, especialmente en los Estados en los que se han iniciado procesos con-trahegemónicos, el desafío de generar una teoría y práctica que no sea sólo no sexista, racista, ni patriarcal, que no esté sesgada por los valores occidentales que inferiorizan nuestras identidades; sino que, además, tenga la capacidad de contribuir a des-ordenar el Estado tradicional y sus instituciones, y aportar a nuevas institucionalidades. Avanzar hacia sociedades más democráticas resulta una tarea difícil, si consideramos que la región se ha caracterizado desde siempre por relaciones desiguales y por la discriminación y la exclusión de gran parte de su población.

Deseo destacar las oportunidades que las feministas hemos tenido, y tenemos, para aportar en los procesos de construcción de nuevas realidades institucionales en AL, como ha ocurrido con las Asambleas Constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en las cuales las mujeres organizadas lograron incidir de manera importante. A diferencia del pasado, en que los procesos de construcción institucional se desarrollaron sin atender a las diferencias y desigualdades de género, y las mujeres llegamos “tarde”, y con grandes dificultades, a espacios y estructuras institucionales ya consolidadas.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999 se pudieron introducir demandas del movimiento amplio de mujeres que participó activamente en la Asamblea Constituyente. Fue redactada con lenguaje no sexista, lo cual ha incidido de manera significativa en el lenguaje utilizado en política. Se incorporó la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas, se reconoce el valor económico del trabajo doméstico y el derecho de las amas de casa a la seguridad social; se reafirma la igualdad entre los seres humanos. Se otorgó rango constitucional y prevalencia de jerarquía a los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, con lo cual la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de Belén do Para (Art. 23), principales instrumentos internacionales pro igualdad, tienen plena vigencia. En relación con los derechos sexuales y reproductivos (Art. 76) fue expresamente establecido “el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho” [10].

En el Ecuador, entre 2007 y 2008, una Asamblea Constituyente formuló una nueva Constitución. El movimiento de mujeres y el ex Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) elaboraron una propuesta de género llamada “Agenda de las mujeres”, y realizaron actividades de lobby, asesoría e incidencia. La nueva Constitución estableció a Ecuador como un “Estado social de derecho” garante de los Derechos Humanos, y como deber del Estado “asegurar la vigencia de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la seguridad social” (Art. 1; 2; 3). En relación al género, las normas constitucionales incluyen el principio de igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la pluriculturalidad y la diversidad; la judi-cialidad de los actos de violencia contra la mujer en las esferas pública y privada; el reconocimiento del trabajo reproductivo y su relación con el trabajo productivo como fuente del crecimiento económico del país; la defensa de la paridad e igualdad de condiciones para acceder a cargos de designación, representación y toma de decisiones. Los derechos de las mujeres indígenas son reconocidos dentro de los derechos colectivos; y de todas las mujeres en relación con los recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía, la salud, la educación, la erradicación de la discriminación que afecta a las mujeres, adolescentes y niñas, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y diversas sexualmente. Además, garantiza su acceso en igualdad de condiciones a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal. La Constitución garantiza el derecho a la vida (que incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo, parto y puerperio); a decidir el número e intervalo de los hijos; a recibir protección en el trabajo durante el embarazo; a la atención sin costo durante el embarazo, el parto y el postparto, a disfrutar del progreso científico y a no ser objeto de experimentación en el área de reproducción humana[11].

También la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es el resultado de un largo proceso de lucha de diferentes movimientos sociales que estuvieron representados en la Asamblea Constituyente (2006-2007). Los pueblos indígenas y las mujeres, durante más de quince años, actuaron de manera organizada y permanente, tratando de incluir sus derechos específicos en las reformas primero, y luego en el cambio total de la Constitución. La nueva Constitución consagra la independencia entre el Estado y la Iglesia. Este es un avance significativo para que formalmente la jerarquía católica no interfiera en las políticas públicas diseñadas para las mujeres. Cestablece, también, la igualdad y equidad de género. Los principios, valores y fines del Estado incorporan este principio, y se asegura el acceso de los bolivianos y bolivianas a la educación, la salud y el trabajo. En el sistema de gobierno, el Estado adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La Constitución contiene normas referidas a la prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica, moral y sexual. Expresa, además, que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. También se prohibe la trata y el tráfico de personas.

En cuanto a los derechos políticos, el texto establece que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Para la representación política queda establecido que en la elección de autoridades se garantizará igualdad de participación entre hombres y mujeres. Asimismo, se señala que se deberá adoptar un lenguaje no sexista en todos los cargos de representación, en igualdad de condiciones. En relación con los derechos sociales, económicos y culturales, las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la seguridad social, sin carácter lucrativo ni mercantilista, que se rige por los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; cubre atención por maternidad y paternidad, entre otros. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión intercultural, y gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal. El Estado plurinacional de Bolivia reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza.

Vemos así cómo antiguas y nuevas reivindicaciones para la equidad, sostenidas por los movimientos de mujeres, han quedado plasmadas en los textos constitucionales; y no ignoramos que hacer realidad las disposiciones seguramente será aún más difícil que haber logrado su inclusión.

Retos y demandas actuales

Una primera cuestión que me parece relevante para las feministas de América Latina es hacerse cargo del lugar de enunciación y de las voces que recogemos. El feminismo en Latinoamérica no ha estado libre del colonialismo que ha impregnado nuestro modo de conocer. La “colonialidad”[12], entendida esencialmente como la relación de hegemonía y dominación cultural, mental, que está ligada pero es distinguible y más profunda que la dominación política y económica “colonial”, se ha expresado en la elección de nuestros objetos de estudio, en las protagonistas de nuestros escritos, en las historias que nos han interesado y en cómo las hemos abordado, es decir en la matriz epistemológica que hemos ido construyendo. Sin duda los estudios feministas han evolucionado desde los estudios de “la mujer” que tenía como categoría resonancias universalistas, a utilizar la categoría “mujeres”, con la que se pretende dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad del universo nombrado. Sin embargo, la colonialidad del saber se hace perfectamente evidente a la hora de rastrear lo que hemos estudiado las investigadoras dedicadas al género o la historia de las mujeres, hemos seguido de alguna manera el molde europeo y la matriz histórica, que dio origen en la época moderna al movimiento feminista. No hemos recogido, por tanto, ni temporal ni socialmen-te, todo el andar de la lucha de las mujeres latinoamericanas por su emancipación. No se trata de desconocer los aportes de las experiencias de lucha y reflexión del feminismo europeo, ni de excluir “a las de allá”; se trata de no actuar con una perspectiva colonial y establecer relaciones no jerárquicas, también en el ámbito del conocimiento, de los saberes, de la memoria, dentro de la reflexión y práctica de las luchas por la emancipación de las mujeres (Alvites S., 2010).

Las feministas de AL comprometidas con los procesos de recuperación del continente, con toda su diversidad humana, como lugar de enunciación tenemos planteado el desafío de aportar a la descolonización para hacer del feminismo latinoamericano, una referencia útil y significativa para las mujeres de las naciones originarias, las afrodes-cendientes y las mestizas. Este trabajo se ha iniciado con los estudios sobre las mujeres invisibilizadas por la historia oficial y da muestras de importantes avances en la actualidad con los debates localizados en Bolivia, Ecuador, Centro América, entre otros.

Una segunda cuestión o desafío tiene que ver con la imperiosa necesidad de asumir que nuestra (personal) perspectiva de las relaciones de género no es “universal”. La diversidad y pluralidad del ser mujer en Latinoamérica obliga, por ejemplo, a aceptar que la división binaría hombre/mujer, como opuestos jerarquizados no es entendida así por mujeres indígenas. Para establecer los diálogos y las alianzas que requerimos, y avanzar en los procesos de democratización de las relaciones de poder, debemos reconocerlas experiencias de vida y respetarlas cosmo-visiones diferentes. Aportar desde los feminismos a la construcción de alternativas de pensamiento en Nuestra América que consideren otras epistemologías, exige pensar desde la complejización del lugar de enunciación, desde la frontera y valorando otras narrativas. Debemos saludar con entusiasmo que la diversidad se haya hecho presente y reconocida entre las feministas con los cruces de identidades por etnia, identidad sexual, clase, lugar de vida, edad, etc. El Coro tiene ahora más voces, que además conocen otras letras y quieren cantar nuevas canciones.

Un tercer asunto, acerca del cuál deseo hacer algunos comentarios, es el que se refiere a la forma con que, hasta el presente, las mujeres hemos podido acceder a la ciudadanía; me parece importante porque si bien la modernidad se ha hecho más inclusiva por la presión de los grupos antes excluidos, considero que las bases en las que se sustenta las inclusiones inciden fuertemente en las definiciones de identidad de los y las nuevos/as sujetos/as (Lamoreaux, 2010). En el caso de las mujeres, como señala Carole Pateman (1989: 195), esta inclusión se ha hecho por su pertenencia específica de sexo y en nombre de la maternidad social. Esta situación ha determinado que la ciudadanía de las mujeres sea particularista, en el caso de América Latina, es evidente que los avances que con mayor facilidad hemos logrado las mujeres han sido bajo la identidad de “madres” y no de mujeres. Se entraba mucho más el logro de condiciones a las que tenemos derecho como sujetas, independientemente del rol reproductivo y de eje de las familias, como son los derechos sexuales y reproductivos, las garantías laborales, etc. No hago estos comentarios como una constatación del pasado, sino por la necesidad que tenemos de superar esta “identidad” de madres con la que se nos ha reconocido como ciudadanas y cuidadanas, que nos ha pesado en los espacios de gestión a los que accedemos, las funciones que se nos asignan[13].

La justificación de todos los avances jurídicos y políticos logrados se ha hecho por el “aporte a la sociedad”, por las responsabilidades sociales y familiares de las mujeres, y no porque que en sí mismas como individuas tengamos derechos; me refiero a lo que Marcela Lagarde entiende como la más radical creación feminista ante la histórica expropiación patriarcal de el ser para sí en las mujeres. Marcela Lagarde (1986) bautiza como mismisidad al proceso de transformación que supone que las mujeres se encuentren a sí mismas, que logren construir sus proyectos de vida sin estar en función de los demás. Estos procesos de por sí complejos, se dificultan de manera significativa cuando el entorno social y cultural identifica a las mujeres principalmente con la maternidad. Ocurre entonces que en el espacio público que la identidad social se ha impuesto por sobre la identidad individual. Iris Marión Young ha sostenido que para los grupos sociales históricamente excluidos la identidad personal y la identidad social son difícilmente disociables, ya que son constantemente reducidos (por el poder) a su pertenencia a un grupo (1990: 43). En tiempos y proyectos de inclusión importa que el modo cómo se haga favorezca la realización plena de las mujeres y no reafirme las ataduras a sus roles biológicos. Esta aspiración se concretaría cuando seamos consideradas “ciudadanas mujeres” y no “mujeres ciudadanas”.

El cuarto asunto es el que se refiere al problema del reconocimiento de la diferencia, que es uno de los ejes temáticos principales que se aborda como aporte a la reformulación de la teoría política actual. La modernidad, tanto en su expresión liberal como marxis-ta, consideraba la diferencia “como un accidente, una circunstancia histórica que podía ser eliminada a través de la extensión de los derechos” (Ochman, 2006: 65). Las realidades que vivimos en el continente muestran que no es suficiente la extensión de los derechos, aunque tampoco este proceso se haya cumplido, ni que se pueda cumplir; hay cualidades específicas, identidades, situaciones y circunstancias, que requieren de unos derechos “otros”. Esta ha sido una de las reivindicaciones del feminismo, el derecho al reconocimiento de las diferencias, sin que éstas impliquen desigualdades sociales, jurídicas, políticas y económicas, es decir, conjugar libertad e igualdad incluyendo la diferencia en el concepto de ciudadanía.

Algunas de las posturas feministas han comprendido que el reconocimiento y la plena vigencia de los Derechos Humanos, considerados “universales” no implican homogeneizar a la humanidad que es diversa. Las colectividades y las personas deben tener derecho y libertad para elegir su propio modo de vida, como parte de los Derechos Humanos, es decir, que el reconocimiento del derecho a la diferencia debe ser tan “universal” como los otros derechos, que por lo demás, no se han unlversalizado, debido a causas que las feministas hemos señalado reiteradamente: los derechos requieren “condiciones” materiales para hacerse reales.

No son pocas las cuestiones que se abren con estos planteamientos que parecen contradictorios. ¿Cómo puede la universalidad de los derechos coexistir con el pluralismo cultural, de género, de grupos, que expresan su diversidad? Cómo conciliar o convivir con estas contradicciones y tensiones es uno de los retos que tienen planteados los procesos de creación de otros Estados y otras formas de asociación humana, que cuestionan las concepciones tradicionales sobre el “Estado nación”. La “nación” como concepto, y en su carácter de identidad histórico cultural, ha sido redefinida y cambiada en los últimos tiempos por las dinámicas de globalización, y por las propuestas de entenderlas como “construcciones sociales, marcadas por la ideología” (Anderson, 1991; Wallerstein, 1991) que han estado definidas también por la exclusión. Los Estados nación en AL han sido construidos con la imposición de identidades homogéneas (en un continente con identidades diversas) que hicieran viable el proyecto moderno.

Ante las nuevas situaciones, las feministas plantean viejas interrogantes que tienen como trasfondo las demandas de inclusión y reconocimiento de las diversidades.

Un quinto y último tema es el referido a las tensiones de las feministas con los Estados en AL que continúan teniendo una importante carga patriarcal, asentadas en su carácter colonial se han expresado en las demandas por formas de gestión, democráticas, asociadas a relaciones menos verticales, centralistas y excluyentes. Estas tensiones se concretan en la actualidad de manera precisa en las iniciativas de “despatriarcalización” de las sociedades, de las relaciones de poder que las sustentan y de la política como espacio en el que se desenvuelven las dinámicas de dominación, resistencia, conflictos y negociaciones. Estos procesos son posibles en contextos donde se han evidenciado los rasgos coloniales de los sistemas sociales y políticos y se han cuestionado, aún de manera incipiente, los rasgos patriarcales, debido a que las relaciones de género no son asumidas como relaciones de poder y no son problematizadas con la misma intensidad[14].

Descolonización y despatriarcalización son pensados de manera separada, y su vinculación recién comienza a configurarse. Uno de los retos que tiene planteado el feminismo en estos contextos es cómo tender puentes entre los sentidos que se dan a la descolonización y la despatriarcalización desde la diversidad de identidades y subjetividades de las mujeres. Los procesos de descolonización para las mujeres son, al igual que han sido los procesos de despatriarcalización, de deconstrucción de las relaciones de de poder en las que participamos, que obligan a preguntarse por nuestra ubicación individual y social en relación con las jerarquías coloniales. En este proceso entran en cuestión las subjetividades y las relaciones entre mujeres de diversas identidades étnicas, con toda la complejidad que estas situaciones presentan. Revertir el modelo de dominación pasa no sólo por el acceso en equidad e igualdad de género a los derechos políticos y civiles; sino por la real y efectiva concreción de los derechos sociales, por ello, son importantes los aportes que desde los feminismos se han hecho para cambiar los objetivos de la actividad productiva, que ha estado regida “naturalmente” por concepciones desarrollistas e introducir otras nociones como es el “buen vivir”.

Para finalizar parece oportuno recordar que detrás de la noción de ciudadanía, como resalta Elizabeth Jelin (1997), hay un proceso de negociación por el que “la ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados”. Desde ese punto de vista, la construcción del imaginario moderno de lo público y privado que caracterizará las construcciones sociales alternativas en América Latina y el Caribe está en disputa. Cambiar el antiguo modo implica, necesariamente, modificar sustancialmente la separación y jerarquización entre las actividades y relaciones que establecemos las personas, en el ámbito público y en el privado. Es en estas experiencias (relaciones de poder) que se definen las subjetividades y las relaciones materiales entre las personas. Esta no puede ser una cuestión individual “manejada” por “acuerdos privados”, con base en la buena voluntad y en los lentos cambios en las masculinidades; tiene que ver con el carácter de las sociedades y requiere ser atendida como un asunto político.

Por ello, una de las prioridades para las feministas en la actualidad es presionar y producir cambios en los modos de concebir, separar, organizar y valorar los procesos, acciones y relaciones que sustentan la vida, en el espacio “privado”. En tanto la distinción entre esferas pública y privada no pierda su marca de género, no podremos vivir en sociedades más democráticas.

No está de más repetir que el modo de producción capitalista se sostiene sobre la reproducción no “valorada” que se realiza en el espacio privado, y que las propuestas alternativas no pueden reeditarla con nuevos ropajes. Así como también que es imprescindible rescatar y preservar las múltiples formas de resistencia a la mercantilización de la vida, que suceden en el ámbito privado y que constituyen hoy un importante terreno de confrontación con el modelo dominante en los países que siguen los dictados neoliberales.

Las feministas vivimos situaciones muy diversas en AL. En los países donde persisten gobiernos apegados a los dictados neoliberales y a las tradiciones de centroderecha (Chile, México, El Salvador, Colombia, Honduras) nos toca presionar para ensanchar los límites de las democracias capitalistas, la defensa de derechos, siempre en peligro entre retrocesos y leves avances; y además exigir ciudadanías más inclusivas y democracias más reales.

En los países que están haciendo esfuerzos por construir por vías alternativas diferentes al capitalismo y al liberalismo (República Bo-livariana de Venezuela, Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador), a las feministas comprometidas con esos procesos, les ha tocado vivir a diario las contradicciones, las carencias, las tensiones entre los intereses generales de los procesos de cambio y las reivindicaciones históricas del feminismo, y tienen que hacerlo en contextos en los que se ha revelado con fuerza la heterogeneidad y diferencias existentes entre las mujeres.

En ambas realidades, determinadas por la existencia de proyectos políticos antagónicos, y en los que se ensayan mixturas, sólo es posible lograr avances con la existencia de un movimiento feminista que recupere su radicalidad, que ha sido atemperada tanto por la globalización del lenguaje despolitizado y de las agendas de género, como por los desencuentros entre feministas. No se trata de que seamos un movimiento guiado por un pensamiento único; eso, además de ser impensable, contradice el respeto a la diversidad, que como principio se inscribe en las tradiciones del feminismo. Pero sí se trata de abrir y ocupar espacios para dialogar sobre las diferencias, sobre los retos y sobre las dificultades que confrontamos en las distintas realidades que presenta nuestro continente, y de buscar alianzas con otros movimientos sociales, que al igual que nosotras están empeñados en abrir posibilidades de futuro.

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Profesora investigadora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y de U-ARCIS Chile, ex directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, consultora en Género PNUD y UNFPA. Correo electrónico: <mvaldivieso@hotmail.com>.↵

Según Virginia Vargas (2002) los feminismos en América Latina comenzaron a desarrollarse a partir de los setenta, generalizándose durante los ochenta a todos los países de la región. Su surgimiento se dio paralelo al crecimiento de un amplio y heterogéneo movimiento popular de mujeres que comenzaron a expresar su lugar subordinado en las sociedades.↵

Con las especificidades y heterogeneidades que encierra la denominación.↵

En América Latina se reconoce como primera ola del feminismo a la etapa de lu¬cha por el derecho al sufragio y a la educación.. La segunda está identificada como un "renacer" del feminismo en los años sesenta y setenta, en el contexto de transformacio¬nes contraculturales en Occidente (Wallerstein, 2004: 345; Hobsbawm, 1996: 334), el impacto de la Revolución Cubana, así como procesos intensos de "modernización y de¬sarrollo", en la mayoría de los países latinoamericana. En los años 80 estuvo marcado por la resistencia a las dictaduras y por las propuestas de democratización de la vida. En los noventa, por las denuncias y movilizaciones en contra del modelo neoliberal↵

En Chile se fundó, en 1919, el Partido Cívico Femenino a iniciativa de Esther La Rivera, Berta Recabarren, Graciela Mandujano y Graciela Lacoste. En Uruguay exis¬tió el Consejo de Mujeres Feministas de Montevideo (1916-1919). En 1920 se fundó en Cuba el Club Femenino para conquistar los derechos igualitarios de la mujer; en 1928 se creó la Unión Laborista de Mujeres para resistir a la dictadura de Machado y luego la Alianza Sufragista. En Ecuador una de las primeras organizaciones de mujeres fue el grupo "Rosa Luxemburgo", que participó activamente en la primera huelga general de Guayaquil en 1922; se organizaron, en 1920, el Frente Femenino Anticlerical y la Alianza Femenina. En Venezuela las mujeres combatieron a la dic¬tadura de Gómez, a través de la Agrupación Cultural Femenina, en 1934. En Puerto Rico se fundó, en la década de 1920, la Asociación Feminista Popular. En Perú, María Jesús Alvarado creó en 1915 el grupo "Evolución Femenina"; y en Bolivia se fundó en 1927 la Federación Obrera Femenina de La Paz.↵

También lo "nacional" es una generalización que invisibiliza particularidades locales, étnicas, de género y de clase.↵

En la actualidad se ha dado un cierto movimiento de convergencia entre todas las corrientes feministas: liberal, marxista y socialista, y la radical, asumiendo unas y otras perspectivas recíprocas.↵

Me refiero a tener la libertad de decidir sobre la reproducción y no reproducción.↵

El abstencionismo constituye un importante indicador de la participación política, y puede considerarse como un indicador de la "disfunción de un sistema democrático".↵

No obstante, no se ha avanzado nada en legislación sobre aborto.↵

Gobierno de la República del Ecuador (2009), Comisión de transición hacia el Consejo nacional de las mujeres y la igualdad de género.↵

Cfr: Quijano (2000) y De Sousa Santos (2006).↵

Desde las tareas "naturalmente" identificadas para las mujeres: maestras, enfer¬meras, trabajadoras sociales, pasando por las consabidas solicitudes para hacernos cargo de hacer más agradables los ambientes de trabajo, hasta los ministerios que generalmente se nos ofrece dirigir.↵

Desde siempre, las feministas han mostrado el carácter patriarcal de las socie¬dades de AL como una de las expresiones del patrón de poder dominante; lo que ha cambiado es que en la actualidad han convergido diversos movimientos sociales en las críticas a la dominación capitalista que se entrecruza con la patriarcal.↵

4

Feminismo

Quiebres y zurcidos en crisis[1]

Alicia Girón[2]

“Las agendas feministas en el nuevo milenio convocan al

desarrollo de nuevos paradigmas, combinando lo local, lo

nacional y lo global, la interconexión de múltiples agendas

y la oportunidad de colocar en debate una dimensión más

profunda de la justicia que integre la justicia económica,

  social, cultural y simbólica”.

Virginia Vargas, El Aporte de los Feminismos, 2005.

Introducción

A lo largo de un siglo se han dado grandes transformaciones estructurales en el entorno de la producción y circulación, con quiebres profundos estructurales tanto en la economía como en la conformación de las sociedades a nivel mundial. Estas manifestaciones se expresan en diversos patrones tanto teóricos como empíricos que permiten estudiar a las mujeres desde una perspectiva feminista. No sólo, las mujeres han inundado los movimientos feministas con demandas sociales de equidad sino la relación de ellas en los circuitos del dinero como consumidoras de primera instancia han impactado en los patrones de consumo como agentes económicos, como generadoras de empleo y como proveedoras de riqueza social. En este período, las recurrentes crisis económicas responden a cambios estructurales del sistema capitalista donde la búsqueda de la rentabilidad ha permeado el mercado laboral con rostro femenino. Se intenta demostrar cómo el cambio estructural a nivel mundial ha influido en la relación existente entre la macroeconomía, la mesoeconomía y la microeconomía. Las relaciones entre el género y los procesos de la esfera de la producción se han visto envueltos en una crisis profunda, que muestra la necesidad de incidir no sólo en la forma de cómo se ha producido a lo largo de varios decenios. Frente a la profundidad de la recesión económica internacional las mujeres no únicamente están en desventaja, sino que salen a zurcir el tejido social.

Uno de los retos más importantes es profundizar hasta qué punto la teoría feminista y la economía como ciencia social pueden explicar las relaciones que existen entre el género, los quiebres de la economía, las crisis recurrentes y la persistente fragilidad económica en el desenvolvimiento del proceso de acumulación durante los últimos setenta años. La relación entre el género y la fragilidad económica, en el curso de la presente investigación, se convierte en una pregunta clave que merece abordarse desde varias aristas y perspectivas. ¿Cómo se puede articular, desde una visión de género, el impacto que han tenido las crisis económicas recurrentes y la crisis económica en curso en un terreno de fragilidad financiera constante?

Por lo cual, el rostro femenino del mercado laboral, más que una posible emancipación de las mujeres por lograr equidad en el trabajo, fue la necesaria absorción de ellas en el proceso de acumulación, lo que permitió la irrupción masiva de las mujeres en la fuerza de trabajo no sólo para absorber una parte del ejército industrial de reserva sino para disminuir los salarios y elevar la rentabilidad del capital.

Siglo XX, teoría feminista y “neoliberalismo”

El Siglo XX se caracterizó por tres grandes revoluciones. La gran revolución socialista, que dividió al mundo global en dos modos de producción divergentes y asimétricos; la revolución de la teoría económica keynesiana y la revolución feminista, que transformó los valores de la sociedad patriarcal. Desde una perspectiva de género, las tres grandes revoluciones se entrelazan a través de las esferas de la producción y circulación incidiendo en la superestructura del Estado. La igualdad de la mujer pasa a ser fundamental tanto en el socialismo para incrementar la productividad como en el capitalismo para aumentar los ingresos familiares y el consumo en los hogares. Las mujeres son creadoras de riqueza monetaria a partir de su incorporación al trabajo remunerado y participan como consumidoras al incentivar la demanda y el consumo del proceso económico desde la perspectiva keynesiana.

En este apartado, es importante resaltar la reflexión que señala Silvia Berger (2010) basándose en Nancy Frazer en la subterránea afinidad entre feminismo y “neoliberalismo”. Por un lado, el feminismo aboga por la equidad de género e igualdad de condiciones en el mercado laboral frente a la autoridad tradicional androcéntrica y, por el otro lado, la familia patriarcal limita la participación de las mujeres como fuerza de trabajo libre para disminuir los salarios, aumentar el ejército de reserva e incrementar los ingresos del hogar.

Efectivamente, la familia patriarcal limita el desarrollo del mercado de trabajo. Si estalla la familia se amplía el mundo de las mercancías. En el “neoliberalismo” estas dos críticas de la autoridad tradicional, la feminista y la neoliberal parecen converger (Berger, 2010: 132).

Al observar los datos del incremento de las mujeres como jefas de hogar y proveedoras del ingreso familiar, se justifica la tendencia de una mayor participación en el mercado laboral a nivel internacional. No por ello el “neoliberalismo” significa “igualdad”. Por lo cual, el punto de convergencia entre feminismo y “neoliberalismo” es justo la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo luchando por la equidad en los salarios y por una mayor participación en las decisiones de carácter económico, político y social. El “neoliberalismo” se basa en el trabajo de las mujeres y su cada vez mayor participación en el mercado laboral para aumentar las desigualdades de los ingresos.

La teoría feminista ha planteado nuevos elementos a partir de la participación de las mujeres en un contexto de fragilidad, inestabilidad y eclosión económica. El impacto en las mujeres en un proceso de recurrentes crisis económicas y su inserción cada vez más como parte de la fuerza laboral para incrementar los ingresos familiares ha transformado no sólo los patrones familiares sino los procesos económicos, políticos y sociales. Este proceso de grandes transformaciones, desde una perspectiva económica feminista, cuestiona el debate en torno a cómo las mujeres en calidad de sujetos económicos fueron resultados de los cambios estructurales del proceso de acumulación capitalista durante el siglo pasado. Las necesidades del “neoliberalis-mo” por incorporar a las mujeres a la economía monetaria crearon un discurso de emancipación. Es así como el crédito juega un elemento fundamental para la emancipación de las mujeres, bandera del progreso económico y del empoderamiento económico, político y social.

Macroeconomía, mesoeconomía y microeconomía

En el debate del desenvolvimiento de las mujeres en el curso de la crisis se destacan puntos importantes. Por lo cual, el análisis a partir de las políticas macroeconómicas, mesoeconómicas y microeconómicas desde una visión de género plantea nuevos retos para la construcción de un mundo mejor.

Para Diane Elson (2011) el origen de la crisis nace en la esfera financiera afectando la esfera económica -precisamente- donde se producen los bienes y servicios. Por tanto, en la producción y circulación el empleo y el ingreso han sido afectados. Es en la esfera de la reproducción, donde el trabajo y el capital se reproducen a través de las diferentes generaciones. A diferencia de Diane Elson, en el trabajo de Alicia Girón (2010), se sostiene la hipótesis de que son los cambios estructurales en el sistema capitalista los que se involucran en mutaciones en los procesos de la producción y circulación desde antes de que se exprese la crisis financiera. Por tanto, es en la esfera de la producción y circulación donde estos dos circuitos se entrelazan con el circuito del género.

La crisis se origina en la esfera económica y no en la esfera financiera, produciendo grandes transformaciones en el mercado laboral. No olvidemos, la tesis de Jemes Crotty (2000) donde describe el fin de los años dorados y el nacimiento del régimen neoliberal. En su tesis, este autor enfatiza que el descenso de la tasa de ganancia en la década de los setenta en los Estados Unidos origina un cambio estructural a nivel mundial. El “[...] bajo crecimiento y tasas de ganancias bajas en la industria que estimula los flujos de capital hacia países menos desarrollados” (Crotty, 2000: 16). El “régimen neoliberal” traerá en consecuencia, ante las crisis recurrentes, políticas contraccionistas; un sistema financiero paralelo bajo la conducción de un Estado minimalista; el Banco Central deja de ser empleador de última instancia[3] para convertirse en prestamista de última instancia de los bancos comerciales públicos y privados; y, por último, quizás el más importante, el crédito deja de ser una función social para el desarrollo y la equidad.

Por tanto, el entrelazamiento entre los cambios ocurridos en el marco de la macroeconomía permean indiscutiblemente los cambios en el sujeto femenino. En los hogares las decisiones del sujeto femenino como participante en el mercado laboral, proveedora del ingreso familiar y promotora de la demanda agregada cobran fuerza a partir de la década de los setenta.

El siguiente esquema se ha elaborado para sostener la relación entre las decisiones macroeconómicas y su impacto en los hogares y la vida cotidiana de las mujeres. Este esquema es muy importante para poder entender el proceso de los cambios en el curso del ciclo económico y los periodos de crisis y eclosión en las diferentes esferas del proceso de acumulación de capital. La incidencia que tienen las decisiones de los organismos financieros internacionales y los bancos centrales en el movimiento de los flujos de capital a nivel macroeconómico, a través de las políticas de tasas de interés y de las políticas financieras, están de común acuerdo con los intereses de los grandes conglomerados financieros y comerciales. Por un lado, el destino de los flujos de capital y las grandes ganancias de los corporativos; por el otro, la disminución de la ayuda oficial y la profundización de las políticas contraccionistas inciden en los procesos migratorios. Es un hecho que las políticas fiscales, monetarias y financieras implementadas por el Banco Central han reorientando los movimientos de la fuerza laboral a nivel internacional.

Es, de los países que ocupan los primeros lugares en la recepción de remesas, de donde provienen cada vez más mujeres que se dedican a las actividades relacionadas con la economía del cuidado en los países donde encuentran empleo. Las transformaciones del panorama social de algunas regiones, resultado de las políticas descritas, afloran en la esfera de la microeconomía donde se expresan los cambios que impactan el diario acontecer de los ciudadanos: hombres, mujeres, niños y niñas. El periódico Financial Times presentó el mapa de los países emisores y receptores de los flujos de capital correspondientes a las remesas durante los últimos años {Financial Times, 2011). La recepción de remesas se ha agravado en el curso de la crisis actual afectando a las familias receptoras. La economía del cuidado en los países europeos y en Estados Unidos se ha restringido a pesar de la informalidad en que muchas mujeres trabajan en este sector por el aumento del desempleo en los países del Norte.

Otro renglón, sin duda importante, es la volatilidad del precio de los commodities. El modelo primario exportador en que los países latinoamericanos han profundizado su dependencia del mercado mundial, al dejar de lado el modelo de sustitución de importaciones, le da a las decisiones de política económica un grado de fragilidad muy alto. Es decir, la disminución de las divisas amplia o restringe el gasto público de los gobiernos al depender de las divisas de los productos de exportación. Países emergentes como Argentina, Brasil y México siguen políticas al igual que el resto de los países latinoamericanos respetando la estabilidad del déficit público. Hasta el momento, es difícil explicar cómo las reservas de los bancos centrales siguen aumentando, y en su caso sólo sirven para apreciar el tipo de cambio y mantener economías abiertas sin lograr invertir esos ingresos en el corto plazo. La abstinencia de invertir las reservas en proyecto productivos está poniendo en peligro inversiones a través del gasto social en el futuro del bienestar de la gran mayoría de la población.

La segunda división del cuadro presentado consiste en analizar la mesoeconomía. Es decir, cómo el Estado confronta el espacio de la macroeconomía y lo suministra a partir del excedente de su producción vía el gasto público. En lenguaje keynesiano estaríamos partiendo del multiplicador a través del gasto público que incentiva el gasto privado, incide en mayores créditos para los pequeños y medianos empresarios y, por tanto, estaría aumentando el finan-ciamiento para el desarrollo del país. Al aumentar los ingresos y la capacidad productiva del país el empleo pasa a ser parte del círculo virtuoso del crecimiento y del desarrollo. No obstante, este círculo virtuoso que se presenta a partir de políticas expansivas implemen-tadas por el Banco Central, en la dinámica actual de la crisis, se confunde con políticas contraccionistas donde se castra la función del prestamista de última instancia. En vez de que el Banco Central procure y sea el empleador de última instancia provoca, al poner techos a la deuda pública y al gasto público, una dinámica de contracción del empleo y disminución del ingreso. En este proceso, la siguiente esfera que corresponde a la microeconomía de los hogares y las familias se ve influenciada por la dinámica presentada en la macroeconomía y la mesoeconomía.

En esta esfera de la microeconomía es importante no restar fuerza a cómo la disminución del gasto público incide en el aumento de la pobreza al disminuir los gastos en salud y educación pública. La brecha entre las clases sociales de menores ingresos se amplía no obstante los programas sociales para el alivio de la pobreza. Estos programas son de dos tipos. El primero “[...] consiste en la realización de acciones de complemento del ingreso familiar mediante subsidios o, la segunda, que apunta a la generación de empleo mediante programas públicos” (Pardo, 2003). El impacto que han tenido las políticas de estabilización en los países ha incidido en actividades que cobran más fuerza para el caso de las mujeres. Por ejemplo, la economía del cuidado cobra gran fuerza por el trabajo que realizan la mayoría de las mujeres de los países andinos que han emigrado a países donde un alto porcentaje de la población ha envejecido como es el caso de España e Italia. Incluso en los Estados Unidos las mujeres mexicanas y centroamericanas cumplen un papel importante dentro de las actividades del cuidado de la población de los “abuelos”. En mucho, las remesas de las mujeres son resultado de su participación de la economía del cuidado.

Es importante mencionar cómo el crédito otorgado bajo la influencia de Yunes en forma de microcréditos ha pasado a formar parte de la alternativa para el empoderamiento, principalmente, de las mujeres. Pero quizás más significativo es saber cuáles son las empresas otorgantes de los créditos para los pobres cuyo lenguaje forma parte de la alternativa para empoderar y crear nuevos empresarios. Difícilmente se podría estar de acuerdo cuando se observa cómo las tasas de rentabilidad de estas empresas financieras han hecho, a partir del negocio del crédito, grandes ganancias. La rentabilidad de estas empresas financieras es mucho mayor a la banca comercial y la banca de desarrollo. El empoderamiento de las mujeres a través del micro-crédito, ante el desdibujamiento de la banca de desarrollo y de los proyectos estatales, es parte del lenguaje para salir de la pobreza. El discurso hegemónico del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo, particularmente en las zonas marginadas de América Latina, ha situado al microcrédito como parte de una alternativa para erradicar la pobreza. Discurso que se ha repetido también en zonas marginadas en Asia y África.

Por último, sólo resta mencionar el papel de las migraciones de manera general. El envío de remesas de los trabajadores a sus familias fue cercano a 230 mil millones de dólares en 2010. Si tomamos en cuenta que cada vez son más mujeres las que emigran en busca de mejores oportunidades una parte considerable de estos flujos de capitales forman parte de las familias que se quedan en el país de origen. Son familias, en su mayoría, encabezadas por madres y abuelas que cuidan a los hijos y nietos. Un escaso porcentaje de las remesas va para proyectos emprendedores, ya que en su mayoría son parte del ingreso de consumo del núcleo familiar.

A continuación presentamos en un esquema la síntesis de la relación entre los cambios macroeconómicos y la microeconomía pasando por las políticas económicas.

Ciclos económicos y rostro femenino del mercado laboral en América latina

El ciclo económico, caracterizado por recurrentes crisis económicas y financieras durante los últimos cuarenta años, ha transformado las pautas de las mujeres como proveedoras de ingresos y como reproductoras de la fuerza de trabajo y del cuidado de la misma. Para Marina Chávez:

[...] la globalización y desconcentración de los procesos productivos y de los servicios son elementos importantes que han influido en la definición y transformación del trabajo femenino. La existencia de abundante mano de obra desempleada y la flexibilidad de las instituciones reguladoras del trabajo en países menos desarrollados, ha proporcionado mano de obra barata a las fábricas del “mercado mundial” de las industrias automotriz, electrónica y de la confección, que si bien crean algunos empleos formales, favorecen de manera directa o indirecta trabajos no formales mediante la subcontratación a pequeñas empresas y microempresas, a trabajadores por cuenta propia, trabajo a domicilio y de producción familiar, que es fundamentalmente femenino (2010: 54).

El empleo de las mujeres en los mercados de trabajo ha tenido grandes transformaciones entre las dos grandes crisis del último siglo. A partir de la crisis de 1929 las mujeres desplazadas por la depresión se incorporaron rápidamente al mercado laboral como resultado del New Deal. Posteriormente, la economía de guerra incorporó masivamente a las mujeres en el mercado laboral. A partir de la posguerra, la tasa de mujeres empleadas empezó a crecer por arriba de la tasa de crecimiento del empleo de los hombres hasta estabilizarse en los países desarrollados. La volatilidad del empleo a partir de las crisis recurrentes posteriores al quiebre del sistema monetario de Bretton Woods incidió en mayores puestos de trabajo en la economía informal.

La tendencia a la caída de ganancia a nivel global en los setenta impactó en la caída salarial. El entorno para estudiar la participación de las mujeres en el mercado laboral obedece al ciclo económico de crecimiento, crisis, recesión y deflación. Si no tomamos en cuenta las fases del ciclo económico difícilmente podemos entender como la ma-croeconomía afecta indudablemente a las mujeres. Tan es así, que las familias en los hogares resienten el auge y el declive de la economía. Importante es mencionar que las crisis recurrentes en América Latina y otros países subdesarrollados originaron políticas estabilizadoras que contrajeron el ingreso familiar.

La participación femenina en el mercado laboral se observa a través de las cifras de la OIT (2009). Las mujeres representan, en el año 2009, el 40,5 % de la fuerza de trabajo mundial frente a un 39,9% en 1998. Por otro lado, las mujeres encuentran más dificultades para ingresar al mercado laboral. Históricamente el desempleo es mucho mayor en mujeres que en hombres. En las economías desarrolladas, por ejemplo, la participación de las mujeres para 2008 es de 67,5% frente a la de hombres para el mismo año de 67%. La brecha es mucho mayor en regiones “menos desarrolladas” como África del Norte, en la que la participación de las mujeres se reduce a un 27% frente a la de los varones 81,7 % datos para 2008.

En América Latina las mujeres a principios de los setenta representaban un porcentaje mucho menor de la población económicamente activa en comparación con los hombres. La hipótesis de que las crisis recurrentes en América Latina permitieron una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral para proveer ingresos no, necesariamente, es válida para otras autoras.

La familia como institución compleja y dinámica enfrenta otra paradoja. Por una parte, es refugio y apoyo frente a condiciones cambiantes que generan inseguridad en el ámbito laboral (desempleo, bajos salarios), de la salud (drogadicción, enfermedad y muerte); de la educación (exclusión) y de la violencia (delictual). Al mismo tiempo, las modificaciones de las familias en el tiempo y el efecto que provocan en ellas tanto las tensiones externas como las relaciones en su propio seno pueden activar fuentes importante de inseguridad interna, como cambios de estado civil (separación, divorcio), migraciones y violencia intrafamiliar. Desde esta perspectiva, la familia es muy vulnerable a las crisis, aunque a la vez constituye la institución más socorrida de protección frente a ellas (Arraigada, 2001: 144).

La composición de la familia ha ido cambiando paulatinamente, y el número de hogares con jefas de hogar y principales proveedoras del ingreso familiar ha transformado la familia tradicional. Los hijos hoy en día viven con la madre o con el padre o con otros miembros de la familia extensa. Los hogares encabezados por mujeres han tomado fuerza a partir de los setentas. El Estado poco ha avanzado en la formulación del financiamiento en infraestructura para incrementar el apoyo a las mujeres y a la sociedad en seguridad pública, pensiones y educación (Frassler, 2009). Las políticas públicas con perspectiva de género son insuficientes. No obstante, que en los países democráticos las mujeres cumplen visibilidad al representar la otra mitad de las votaciones al menos desde la heterogeneidad que existe en los países de América Latina. Hay otros procesos que incidieron también en la ampliación del mercado laboral con rostro femenino. Un ejemplo, es el caso de Brasil donde la migración de los hombres a otros lugares se realizó buscando mejores oportunidades de ingresos dejando a las mujeres en sus lugares de origen; ellas iniciaron la emigración para trasladarse con el jefe de familia poco tiempo después y, posteriormente, las mujeres emprendieron el éxodo en busca de mejores oportunidades (Ferreira-Batista y Cacciamali, 2008: 54). En México, “[...] son cada vez más mujeres las que van en busca de oportunidades de empleo para satisfacer los ingresos de sus familias que se quedan en las ciudades y pueblos” (Girón y González Marín, 2009: 131). Sin lugar a dudas “la migración ha sido quizás uno de los mayores logros de las políticas de estabilización” y la forma de enfrentar los ciclos económicos por parte de la población, indistintamente de la etnia, el género y la clase social.

Los procesos sociales y económicos apoyados en las últimas décadas han tejido cambios muy importantes en las condiciones de la mujer y en las oportunidades del empleo. Por ello, se sostiene que no es sólo la incorporación de las mujeres al trabajo lo que ha incidido en la transformación de la familia. A los procesos productivos se tienen que sumar las modificaciones de la composición demográfica; nuevas pautas de consumo y trabajo; acceso masivo pero segmentado de los bienes y servicios sociales (educación, seguridad social y salud); promoción de la libertad social e individual; progreso social para el desarrollo de las potencialidades individuales, vocación democrática; progresiva secularización de la acción colectiva; mayor representación democrática en el gobierno; y, una sociedad multicultural (Arraigada, 2002). Las políticas de estabilización han impactado a toda la sociedad y cruzan todas las clases sociales. Es importante mencionar que países con crecimiento económico sostenido, como son Brasil y Argentina, han tenido un mejoramiento de los ingresos de los asalariados. Incluso se reportan menores índices de pobreza durante la última década.

Hay indicadores asimétricos que indican cómo ha mejorado la situación en los países del Cono Sur y los países que conforman UNA-SUR, contrario a México y Centroamérica. Indudablemente, la cercanía a Estados Unidos y el impacto de la crisis se ha hecho notar con mayor dureza en los países, cuya integración económica y comercial es mayor, en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es un hecho que los países cuyo comercio está más relacionado con Europa se verán afectados por los movimientos especulativos que está presentado la Unión Europea.

Reflexiones finales

Al término del presente trabajo una de las mayores preocupaciones desde una óptica feminista es no sólo las desigualdades al interior de la familia, sino en el trabajo de las mujeres. Podríamos decir, en el entorno de una crisis mundial, que las mujeres están zurciendo el tejido desgarrado por el curso de una crisis que se va profundizando a través de los circuitos financieros hondamente penetrados por la especulación. Las mujeres que se habían incorporado masivamente al trabajo ahora retornan al mercado informal, o incrementaban el número en la economía del cuidado de sus familiares.

Indudablemente, que las medidas macroeconómicas impuestas por el FMI y el G-20 no sólo afectan la recuperación del trabajo, sino que agitan la protesta social, la reducción del gasto público y el pago de las deudas por parte del Estado. Países emergentes, cuyos commo-dities han otorgado una mayor capacidad de control económico a los gobierno por el incremento de las retenciones se preparan con medidas macroeconómicas estabilizadoras. Por supuesto, las políticas públicas en el marco de la volatilidad y fragilidad económica ha dejado de lado la plataforma de Beijing en 1994 y los Retos del Milenio de Naciones Unidas.

Por ello, es muy importante retomar el concepto de esfera pública trasnacional[4] para entender que, ante una crisis económica y financiera más profunda que la crisis de 1929, se deben de sustentar políticas públicas nacionales a través de los organismos internacionales para enfrentar el ciclo económico a través del gasto público para erradicar la pobreza, aumentar el gasto social en educación, salud y vivienda creando nuevas oportunidades de trabajo.

La importancia de recoger el concepto de “esfera pública transnacional” de Nancy Fraser (2007), radica en la necesidad de una agenda social internacional frente a la determinación de los organismos financieros internacionales, para cambiar una agenda con perspectiva de justicia social internacional.

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World Economic Forum 2007 The Gender Gap (Ginebra: WEF).

Una primera discusión del presente trabajo se llevó a cabo en el Seminario Internacional "Equidad de Género y Cambio Social en América Latina y el Caribe" organizado por el Grupo de Trabajo: Feminismo y cambio en América Latinay el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el Banco Central de Venezuela en julio de 2011. Posteriormente, una parte de este trabajo formó parte del artículo "Género, Crisis Económica y Fragilidad Financiera: Desenredando la Madeja" para la Revista de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Se agradecen las observaciones de Silva Berger de FLACSO, Argentina; Ma. Luisa González Marín, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y a las becarias Patricia Duarte y Vianney Fernández del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) de México.↵

Profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coordinadora del Grupo de Trabajo Género, Gtobatización y Desarrollo de CLACSO durante 2007-2009. Investigadora del IIEc, tutora del Posgrado en Estudios Lati¬noamericanos y del Posgrado de Economía de la UNAM. Miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia de Economía Política en México. Blog: . Correo elecrónico: <alicia@servidor.unam.mx>.↵

La visión heterodoxa del Banco Central como prestamista de última instancia no termina solamente ahí, sino que es la institución por medio de la cual hay un monopolio monetario cuya autoridad es ejercida por el Estado moderno. Es responsable del circulante monetario y de enfrentar las quiebras bancarias. Pero más allá de su función principal el Banco Central, a través de su política monetaria, es el empleador de última instancia: crea empleo a través de la política monetaria. ↵

El concepto de esfera pública trasnacionales no solamente fue desarrollado para entender los flujos de comunicación empíricos sino para contribuir a la teoría de la democracia políticamente normativa. En esta teoría la democracia es concebida como un espacio para la generación de comunicación de opinión pública que otorgue una validez política moral. La fuerza política empodera al ciudadano y lo convierte en una fuerza pública válida que pueda incidir en el Estado. Juntas estas dos ideas de la opinión pública y del empoderamiento ciudadano vis-á-vis el Estado -son esenciales para el concepto de esfera pública en la teoría de la democracia. Sin ellas, el concepto pierde la fuerza crítica y su importancia política (Fraser: 2007).↵

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Subjetividad femenina y cambio social en Cuba

Norma Vasallo Barrueta[1]

Introducción

El año 1959 significó para las mujeres cubanas el inicio de un proceso gradual, pero sostenido, de grandes transformaciones sociales, aquello que el movimiento feminista se propuso después de tomar conciencia de que el derecho al voto por sí solo no produciría las transformaciones necesarias en la vida de las mujeres[2]. En Cuba a diferencia de otros países este proceso surge no como consecuencia directa de luchas feministas, sino como consecuencia de un movimiento de grandes transformaciones sociales, eje central del Proyecto Social de la Revolución Cubana en cuyo marco ideológico quedaba claro la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad entre las personas, no importaba su condición de clase, etnia o sexo. El transformar la condición de subordinación a la que estaba relegada la mujer y el llevarla fuera del espacio doméstico al que estaba confinada históricamente, convirtiéndola no sólo en objeto de las transformaciones sociales, sino también en sujeto de ellas mismas, fue un importante objetivo del Proyecto Social de la Revolución Cubana, para lo cual se promulgaron un conjunto de de leyes y políticas, así como se han desarrollado diferentes programas a lo largo de estos 50 años. Todas estas transformaciones jurídicas y políticas, se han expresado en el desarrollo concreto alcanzado por las mujeres en diferentes esferas de la vida social y esta transformación se expresó también a nivel subjetivo; pero como sabemos cada persona recibe la diversidad de influencias sociales mediatizada por la cultura, por tanto una misma realidad social es recibida e influye en cada persona, de forma variada; la respuesta consecuente y su influencia en la subjetividad individual y en la construcción de la social   resulta también variada.

Siguiendo esta reflexión, aunque variado en las cubanas que hemos vivido después de la Revolución, se han producido cambios subjetivos; pero no en igual medida o al mismo ritmo que las transformaciones objetivas, porque las condiciones jurídicas y políticas que refrendan la igualdad entre las personas, en particular entre mujeres y hombres, es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la plena igualdad de derechos por parte de las mujeres. Trascendiendo la realidad política y jurídica; pero marcándola con su impronta, está la cultura construida colectivamente a través de sucesivas transformaciones y también sedimentaciones del saber humano, en un proceso histórico y en Cuba, aún vivimos en una cultura patriarcal.

Las transformaciones que trajo consigo el triunfo revolucionario, y que se expresan claramente en el discurso jurídico y político y la situación económica de la mujer, no influyen directamente en la subjetividad de todas las personas; sino que resultan mediatizadas por la influencia de la cultura patriarcal, que en forma de tradiciones, costumbres, normas y valores, trasmite fundamentalmente la familia y en particular la propia mujer como madre, en su función educativa a las nuevas generaciones marcando las nuevas subjetividades, como también son transmitidas por los diferentes agentes de socialización como la escuela, la comunidad, los grupos de amigos, los medios de comunicación como los más significativos. La profundidad de los cambios operados en la realidad jurídica y política en Cuba en estos 50 años no guarda una relación lineal con los que se han producido en la subjetividad de varias generaciones de cubanas y cubanos. Sin dudas, parece ser, que grandes transformaciones sociales, requieren de más de cuatro generaciones para que se aprecie su consecuente reflejo en la cultura, la subjetividad social e individual y en la modelación de los proyectos personales de vida.

Las mujeres y su subjetividad

La subjetividad se construye y modifica en su interacción con el contexto en el que se vive, la condición histórica de cada persona deja su impronta en ella. La relación entre subjetividad, identidad y condición histórica del sujeto, sustentan la identidad de género, que se construye en la interacción con los otros, en su actividad vincular con todo lo que le rodea y en su accionar sobre si misma. Identidades asignadas y experiencias vividas son aspectos esenciales en la comprensión de la identidad genérica. Contexto histórico y condición histórica de la persona, son parte de la cultura en su sentido más amplio y la expresión que en ella tenga la cultura patriarcal, así que cultura y contexto socioeconómico son aspectos fundamentales a considerar en el estudio del desarrollo y transformación de las subjetividades. La relación cultura/conducta individual es compleja; la cultura funciona como exigencias sociales a los miembros de la sociedad. Ahora bien, esta exigencia social llega a las personas mediatizada por los diferentes grupos humanos en los cuales se inserta en a lo largo de toda su vida (familia, escuela, organizaciones, centros de trabajo, comunidad, y otros) y que son portadores de sus particularidades culturales que lo identifican como grupo y lo hacen diferente a otros permitiéndoles una relativa independencia de la sociedad. Esto, unido a las diferentes condiciones de partida, contribuye a explicar los diferentes desarrollos que logran alcanzar los grupos humanos aun cuando viven en similares condiciones socioeconómicas.

Cuando valoramos como elemento fundamental en la formación de la identidad de género la condición histórica del sujeto, estamos reconociendo la diversidad de circunstancias, experiencias y vivencias que se pueden dar en la persona a lo largo de su vida y la multiplicidad de relaciones que puede establecer, de mayor o menor implicación personal para la misma; lo cual nos lleva al reconocimiento de la variedad de elementos que pueden estar presentes y reflejarse en la identidad del sujeto y también por supuesto, la diversidad de identidades que dentro de un mismo sexo podemos encontrar y que se expresa en su conducta en relación con los otros y consigo mismo. De lo anterior la importancia que concedemos al contexto en la formación de las identidades.

Género e identidades: subjetividad de cubanas en diferentes contextos sociales

Algunos estudios han mostrado cambios en la identidad tradicional de género de una generación a otra de las cubanas[3]; así las mujeres nacidas en los años treinta se representan el rol de ama de casa-madre-esposa de una manera acrítica y sienten satisfacción con su desempeño; las nacidas en los cincuenta se vieron entre dos fuerzas que no siempre actuaban en la misma dirección: por una parte salir al mundo público, estudiar y trabajar como una convocatoria a las jóvenes de la naciente Revolución y por la otra prepararse para ser ama de casa, madre y esposa con el mismo rigor de sus madres, como una exigencia de la cultura patriarcal que les llegaba en el proceso de socialización de parte fundamentalmente de su familia. Esta es la generación conflictuada, la que no pudo vivir con clara conciencia un cambio radical en su condición, de ahí que las que siguieron con más determinación el camino tradicional del hogar se sientan hoy frustradas en lo personal por no haber alcanzado su realización personal y las que se orientaron más al mundo público se llenaron de culpas por no ser las buenas esposas y madres que, les decían sus madres y sus abuelas, debían ser. Esta segunda generación de mujeres es la generación que protagonizó la ruptura con el modelo tradicional de mujer, desde el contexto de los cambios sociales que se operan y la demanda de su participación como sujeto de esos cambios, unas lo logran otras no. Las mujeres nacidas en los setenta son portadoras de mayores cambios. Cuba no estuvo ajena a la revolución sexual de los sesenta, que tuvo su expresión en las concepciones sobre la sexualidad y las relaciones de pareja y en la conducta de las madres y padres de esta generación, lo cual impactó en diferente medida según la educación que recibieron. Su familia no les exigió responsabilidad para la realización de tareas domésticas en la casa como parte de su preparación para su vida futura, y esto fue así para que ocuparan el máximo de tiempo en su superación educacional. Para ellas la relación de pareja es importante, pero el matrimonio no aparece bien delimitado como proyecto personal de vida; no se asocia al matrimonio la realización de tareas domesticas por parte de la mujer, sino compartidas, como obligación de ambos, al igual que la función educadora de los hijos, tradi-cionalmente adjudicada a la mujer, pero en la práctica en la familia no sucede así como clara expresión de que los hombres no han cambiado a nivel subjetivo como si lo han hecho las mujeres y este es un obstáculo importante para la continuidad del avance de las cubanas. La realización profesional ocupa un lugar más central en el proyecto personal de vida de esta generación, en comparación con la anterior. No se refieren necesidades que puedan encontrar su satisfacción en la maternidad, por lo que ésta no constituye un objetivo importante en la actualidad. Este es uno de los elementos más importante de ruptura de la identidad de género que se da en esta generación en comparación con sus madres, aunque se observan todavía, elementos de continuidad. Coexisten junto a lo nuevo incorporado en el proceso de cambio social en el que se ha participado, lo tradicional transmitido por la familia en la educación de las hijas, reforzado y controlado por la cultura, que no se modifica al mismo ritmo de los cambios objetivos. Esta es una generación que comienza a ser portadora de los cambios subjetivos derivados de las transformaciones objetivas que han beneficiado a la mujer; pero que aún no puede desprenderse de lo que constituye una de las mayores barreras percibidas para su autorrealización plena como ser humano: el rol protagónico en la vida doméstica.

Cuba, las cubanas y la crisis de los años noventa

A finales de la década de los ochenta se produce la caída del campo socialista, como consecuencia la desaparición de la URSS y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. El país se vio limitado en los recursos necesarios para garantizar la producción en múltiples renglones de la economía. Como consecuencia, cesaron en su actividad algunos centros productivos con la afectación correspondiente al empleo, disminuyó la ocupación estatal civil en 490.700 puestos. En Cuba el 48, 4% de las mujeres en edad laboral, trabajaban y ellas constituían el 42,3% de la fuerza de trabajo del sector estatal civil, cifra que se había incrementado desde 1985 (37,5%) y 1993 (40,6%). ¿Cómo afectó la reducción del empleo a la mujer cubana? En cifras absolutas en el período de 1990 al 2000 las mujeres redujeron su participación en el empleo en número de 38.500 cifra inferior a los hombres que fue de 68 mil[4] . Esto fue posible porque la mujer tiene una situación privilegiada en la estructura ocupacional ellas constituían el 64% de la fuerza de trabajo calificada del país. La presencia mayoritaria de la mujer en la fuerza de trabajo calificada ha sido el resultado acumulativo del ascendente acceso a la educación. Por ejemplo, en 1995 las mujeres constituían el 59% de los graduados de la educación superior y su matrícula actual es el 59,6% del total. El nivel cultural promedio de la población cubana es noveno grado, y la mujer no se encuentra en situación de desventaja al respecto. Su preparación y calificación y su creciente incorporación a la actividad laboral hacen que el impacto sobre ellas de la crisis económica no sea similar al del resto de América Latina, es decir, no son ellas las más afectadas con el desempleo. En la búsqueda de alternativas económicas que compensaran la disminución del salario real que ingresaba a la familia, algunas mujeres se incorporaron al trabajo por cuenta propia, ellas fueron el 26% del total de esa fuerza de trabajo, la mayor parte de ellas antes eran amas de casa (71,8%), otras pensionadas, según un estudio que realizamos en la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana. En Cuba el trabajo por cuenta propia producía, y produce en la actualidad, mayores ingresos económicos personales que otras actividades que exigen mayor calificación, y tiene en consecuencia un reconocimiento social superior al que puede derivarse de la complejidad de su proceso, de ahí que las mujeres que realizan estas actividades no se encuentran devaluadas en comparación con los hombres, y al aportar más ingresos económicos a sus familias que el resto de los miembros se redimensiona su lugar en ellas, tanto social como subjetivamente, pasando a un lugar más privilegiado, de mayor reconocimiento.

Impacto de la crisis de los noventa en la subjetividad de las cubanas

La situación económica que caracterizó la realidad cubana de los noventa trajo aparejado la aparición o el incremento de algunos males sociales como la prostitución, la violencia en sus múltiples manifestaciones y la actividad delictiva en sentido general.

En un breve estudio con mujeres que habían nacido en la década de los ochenta, es decir eran ñiflas o adolescentes cuando se vivió el llamado Periodo Espacial, la etapa más profunda de la crisis, no se apreciaron importantes cambios en el nivel subjetivo, aunque si se apreció la búsqueda de diferentes alternativas para enfrentar la crisis; por ejemplo se produjo una movilidad del sector tradicional al emergente de la economía, buscando mejores condiciones económicas, las mujeres no fueron una excepción. En aquel momento vieron el cambio de un trabajo más calificado a uno menos calificado, pero mejor remunerado, como algo transitorio, “hasta que la crisis pase”. La percepción de su realidad variaba según estuvieran insertas en uno u otro de los dos sectores y, consecuentemente, estuvieran más o menos satisfechas sus necesidades fundamentales, de ahí que percibieran algunas diferencias en las áreas de afectación: la alimentación y el transporte en ambos sectores, la salud como tercero en el tradicional y la recreación como tercero para el emergente. A pesar de la crisis, la inmensa mayoría de las mujeres estudiadas entonces señalaban que podían desempeñar cualquier función en la sociedad, haciendo depender esto sólo del desarrollo de sus capacidades. Esta respuesta es resultado de un desarrollo que a nivel de su subjetividad, había ya alcanzado la mujer cubana, proceso que se ha desarrollado como consecuencia de su ilimitado acceso a la educación, la vida laboral y profesional, que no se había afectado por la crisis, al menos hasta ese momento.

Ellas reconocen claramente el papel protagónico importante de las cubanas en nuestra sociedad actual; pero acompañado de dos importantes problemas:

Las contradicciones derivadas de la vida cotidiana actual, sobre todo por el peso que en ella tiene la gestión de la mujer.

La contradicción con el hombre, derivada de los elementos de la cultura patriarcal que sobreviven en nuestra sociedad, y que imponen a la mujer la necesidad de superarse y de demostrar que puede hacer lo mismo que el hombre si se prepara para ello, lo que implica un mayor esfuerzo en todo lo que hace. Las jóvenes siguen percibiendo que el éxito personal se asocia a la figura masculina, no obstante aspiran a él y sienten que están en condiciones de conseguirlo.

Pese a caracterizarlas el tránsito en los contenidos de su identidad y de tener conciencia de las dificultades y contradicciones a las que se enfrentan las mujeres sólo por su condición de género; se reconocen en capacidad de lograr las cosas que se propongan en su vida, a partir de identificar la racionalidad de las mismas. Esto apunta hacia el desarrollo de una alta autoestima que las hace sujetos de sus propias transformaciones. Perciben a sus contemporáneas como portadoras de un alto sentido de libertad, de fuerza para enfrentar los problemas, de capacidad para trabajar, las consideran creativas, voluntariosas y alegres. Esta percepción que pasa por la subjetividad de cada una de ellas es el resultado de sus experiencias personales y de la de las mujeres con las que se han relacionado en el contexto socioeconómico de la Cuba de los noventa donde la vida cotidiana se endureció profundamente.

En este mismo contexto, otros estudios sobre la situación de mujeres dentro del ámbito familiar (tanto en familias bi como mono parentales) donde ellas eran las máximas responsables de su funcionamiento afectivo y económico hablan del “acentuado patrón de ma-trifocalidad” (Zabala, 2010) refiriéndose a la sobre exigencia de tareas en las jornadas de trabajo de estas mujeres, marcadamente intenso, aun cuando no tuvieran vínculos laborales formales. La crisis afectó de manera especial a las mujeres por su condición de máxima responsables de las tarea domesticas, en consecuencia de la sobre vivencia familiar y propia en ese orden. “Entre las familias estudiadas, la desventaja relativa de las familias monoparentales encabezadas por mujeres, es el resultado de un patrón establecido de dependencia económica de la mujer [...]” (Zabala, 2010: 161). Este patrón de dependencia hace referencia a lo que se denomina ideología patriarcal que prevalece y se reproduce dentro de las familias y que contribuye a so-brevalorar el aporte masculino en detrimento de las mujeres a través de su invisibilización y, en este sentido, identificar como estrategia de vida la relación de pareja, el establecimiento de la familia (hijos) como lazos de permanencia el apoyo y la guía de una figura masculina.

La ideología patriarcal está presente aun en las familias cubanas con formas diferenciales de expresiones más o menos abiertas, más o menos intensas.

En otros trabajos (Vasallo, 1998) se plantea que aunque la crisis económica no es portadora de aspectos positivos para la vida de las mujeres, el hecho de que se reconozcan en ellas el desarrollo de estas cualidades o su puesta a prueba durante este período, indica la permanencia de los cambios subjetivos que se han operado en las mujeres y que no se podía hablar como tendencia de subjetividades desestructuradas.

La actual crisis económica

[Ya se reconoce que la actual] crisis es ya la más

profunda desde la ocurrida en los años treinta y

probablemente pueda hablarse ya de una depresión

en curso, que seria la etapa más cruda de ella y

estaría caracterizada no sólo por el desplome de

valores financieros, sino por la paralización del

crédito, la caída del comercio mundial, el descenso

de la producción industrial, la merma en las ventas

y el aumento alarmante del desempleo

(Martínez, 2009).

Más allá de las causas mediatas o inmediatas de esta crisis para una mirada de género, lo importante es partir de que los efectos son diferentes entre los grupos sociales y entre mujeres y hombres, porque no se encuentran en similares condiciones de partida al inicio de la crisis.

¿Cómo afecta la crisis actual a las mujeres?

Uno de los efectos más vistos tiene que ver con los cambios en el mercado de trabajo y aunque no siempre, ni en todo momento son las mujeres las más afectadas con la pérdida del empleo, no se comporta igual en los países desarrollados y los en vías de desarrollo; sin embargo lo que sí aumenta es la precarización del empleo de las mujeres. Se produce una mayor incorporación de mujeres al empleo para compensar la pérdida de ingresos en la familia, pero con menos remuneración salarial y en los empleos informales, sin los beneficios de protección y seguridad social.

Al respecto Alicia Barcena en un reporte de la CEPAL señala:

Desempleo con pobreza. El aumento del desempleo vendrá acompañado por un aumento del empleo en el sector informal, como alternativa de sobrevivencia. Hay un fuerte vínculo entre informalidad y pobreza: en 2006, el 33,2% de los trabajadores informales eran pobres (15,9% entre los formales). La región no cuenta con sistemas solventes de seguro de desempleo El mayor desempleo reducirá los aportes a los sistemas contributivos de salud. Las políticas fiscales anticíclicas (rebajas de impuestos, mayor gasto en infraestructura y vivienda, apoyo a sectores productivos) dejan menos espacio para un gasto social anticíclico (Barcena, 2010).

Lo que sin dudas significa un proceso de mayor autonomía para las mujeres, al recibir un salario por su trabajo, se acompaña de una mayor desigualdad, no sólo en la distribución de roles sino en los beneficios que recibe, produciéndose un mayor segregación social, constituyéndose en un proceso contradictorio donde las más afectadas son las mujeres. Este es un claro ejemplo de los procesos que producen nuevas formas de género, aunque contribuyan a eliminar la reproducción de otras. Se reconoce que la falta de oportunidades laborales, la informalidad y el desempleo serán más altos entre las mujeres e implicará ausencia de protección e ingresos inestables. Esto quiere decir que tanto en la crisis de los ochenta como en la actual las mujeres sufren afectaciones similares. Pero no es sólo la afectación al mercado laboral sino al total de horas que hombres y mujeres trabajan de forma remunerada o no. Las mujeres continúan siendo las máximas responsables de las tareas domésticas y de la actividad de cuidado adjudicadas a ellas por la cultura patriarcal, y que dejan de hacer instituciones sostenidas por la seguridad social ahora reducida. Todo esto se expresa en una mayor intensidad de trabajo a cuenta de su descanso, su recreación y finalmente de su salud. Es importante también las posibilidades de acceder a lo necesario para sobrevivir; el aumento del precio de los alimentos observado tiende a generar un aumento en la pobreza y una mayor presencia femenina en este sector, el más vulnerable ante la crisis y todos los cambios que ella trae aparejada.

Si partimos de las consecuencias ya descritas, que para las mujeres en el mundo ha tenido la crisis económica, visto desde un análisis de género, las mismas pueden resumirse en:

Reducción del empleo.

Mayor incorporación al empleo informal.

Menor Gasto Social, del que resultan más necesitadas las mujeres por su condición de cuidadoras o de sector poblacional más empobrecido.

Mayor intensidad de trabajo a cuenta de su descanso.

Cuba, la crisis económica y las cubanas

El investigador cubano Osvaldo Martínez (2010) ha señalado que “la crisis económica global que se abate sobre el mundo no es una crisis de la economía cubana, pero nuestro país no puede evitar el impacto de ella sobre nuestra realidad”. El descenso del precio de productos de exportación como el níquel, el tabaco, el ron, la disminución del turismo, son efectos de la crisis global que afectan la economía cubana con sus correspondientes consecuencias para la población, y en particular las mujeres, a pesar del sistema de seguridad y asistencia social con cuenta el país que trata de proteger a los más vulnerables, sin dudas vivimos restricciones financieras derivadas de la crisis. Como parte de la política del gobierno para enfrentar la crisis, las secuelas de los huracanes que afectaron la isla en al año 2008 y en general toda la problemática económica del país, se diseñaron un conjunto de medidas entre las que se encuentran (Casto, 2009):

Privilegiar el fomento de las actividades que aseguran ingresos y disminuyen importaciones.

Incrementar la producción de alimentos con el objetivo de reducir, paulatinamente, la dependencia existente del mercado exterior; para lo cual se liberarán las fuerzas productivas de restricciones para su desarrollo.

Continuar el proceso de entrega de tierras en usufructo (el 54% de la tierra ociosa ya fue entregada).

Reducir el número de alumnos internos en escuelas en el campo, lo que significa un ahorro de 139 millones en el presupuesto de educación.

Otras medidas se relacionan con:

Reducción de las plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal.

Modificaciones al tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos de un grupo de organismos de la administración central del Estado.

Ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes. Para esto se eliminan las prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo.

Aplicación de un régimen tributario para el trabajo por cuenta propia que garantice que los incorporados a esta actividad contribuyan a la seguridad social, abonen impuestos sobre los ingresos personales y las ventas; y aquellos que contraten trabajadores paguen el tributo por la utilización de la fuerza de trabajo.

Las primeras cuatro medidas buscan mejorar la situación económica del país y las condiciones de vida de la población, ahorrando en lo que no afecta la vida cotidiana de las personas y ofreciendo una alternativa de empleo a través de la tenencia de la tierra, lo que trae aparejado una estimulación a la producción a partir de la iniciativa individual. Esto también está relacionado con la medida de ampliación del trabajo por cuenta propia. Las modificaciones al tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos, así como aplicación de un régimen tributario que propicie una mayor contribución a la seguridad social, son medidas encaminadas a reducir gastos por una parte y recaudar fondos que permitan mantener los niveles de seguridad y asistencia social a quienes lo necesiten. La reducción de las plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal, es una necesidad para una mayor eficiencia laboral y para la reducción de gastos improductivos. Aunque necesarias todas estas medidas, una mirada de género se impone para prever los efectos diferenciales sobre mujeres y hombres, y para anticipar medidas equitativas que al menos no profundicen la brecha de género que aún puede estar presente en las diferentes esferas del vida en nuestra sociedad.

¿Qué ha pasando con las cubanas? Veamos algunos ejemplos

Se está produciendo una discreta reducción del empleo. Las mujeres son el 42,7% de la fuerza de trabajo dentro del sector estatal civil y, dentro de éste, son el 80,8% de los trabajadores administrativos, categoría que debe sufrir los mayores efectos de la referida reducción. Una de las alternativas para compensar esto es el estimulo a la incorporación al trabajo por cuenta propia sobre todo en actividades agrícolas, pero en este sector la presencia femenina es escasa, sólo el 17,4% debido entre otras razones a que esta actividad es considerada tradicionalmente masculina tanto por las mujeres como por los hombres de zonas rurales. En el año 2007, en un estudio que realicé en la UBPC Ignacio Agramante de Cama-güey, constaté que no existían diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al nivel educacional; pero sí en las posibilidades de empleo que percibían, por un predominio tanto en ellas como en ellos de una creencia de que “hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres”, siendo estos últimos en el medio rural más escasos. Lo anterior indica que, lo que podamos hacer por un cambio en la conciencia de mujeres y hombres para garantizar en este espacio una alternativa al mantenimiento de la autonomía alcanzada por las cubanas, constituye un desafío. En Cuba el sector de trabajo por cuenta propia, que ha sido de mayores ingresos económicos, no siempre, ni en su totalidad verificable; consecuentemente ha sido un ámbito eminentemente masculino, resulta este también un desafío para las cubanas ¿cómo lograr que más mujeres accedan a este tipo de empleo como alternativa a la reducción de los mismos? Al iniciarse estos cambios la presencia femenina era del 23,1% y desde octubre de 2010 hasta junio de 2011, de las nuevas licencias otorgadas para este tipo de actividad, el 27% correspondía a mujeres y a actividades relacionadas con los roles reproductivos de las mujeres como: elaboración de alimentos y actividades de peluquería, cuidados, etcétera (Más, 2010). Asimismo siguen tributando a esta actividad amas de casa y pensionadas y, en menor medida, mujeres provenientes del mundo laboral público cuyas actividades se han reducido.

Sin dudas, trabajar en el cambio de la subjetividad hacia una conciencia de género, que permita a la mujer visualizarse en el desempeño de otros roles, tradicionalmente masculinos y en condiciones de tomar decisiones al respecto, es otro desafío que debemos enfrentar si queremos que deje de ser femenino el perfil de la población más vulnerable en Cuba. Al respecto Mayra Espina plantea:

Diferentes estudios cuantitativos y cualitativos, permiten ilustrar una preferencia por las mujeres en el patrón de constitución de la pobreza en el país, que se asocia, preferentemente, a la maternidad temprana, la jefatura de hogar femenina y la condición de madre soltera, circunstancias combinadas con el abandono de estudios y la ausencia de condiciones para trabajar y generar ingresos suficientes (2010: 211).

Las madres y abuelas tendrán que asumir las tareas de cuidado a los adolescentes que ya pasaron de las escuelas internas a las externas de la ciudad. La presión por garantizar la alimentación y su elaboración será una carga adicional a la ya pesada carga que resisten las mujeres. Se constituye en otro desafío para las cubanas el contrarrestar la mayor intensidad de trabajo que, las medidas derivadas de la crisis, traerá aparejada y que redundarán en una reducción del tiempo de descanso y de recreación. El sistema de seguridad social, aunque afectado por el impacto de la crisis, garantiza la protección a todos los ciudadanos en aspectos relacionados con sus derechos fundamentales como alimentación, salud y educación. No obstante, dentro de la población cubana son las mujeres las que más requieren de esta ayuda, las ancianas, las madres solteras, las jefas de hogar con hijos o que tienen a su cuidado familiares con necesidades especiales. Estas mujeres no sólo son las que menos recursos tienen, sino también las que se encuentran en peores condiciones para emplearse formalmente. El 30 de septiembre de 2010 se promulgó el Decreto Ley N° 278 referido al Régimen Especial de Seguridad Social para quienes laboran por cuenta propia. Esto constituye un avance en cuanto a política de seguridad social para este sector, en tanto sobre la base de la contribución, permite la protección de las mujeres de este sector ante todas las contingencias previstas para las del sector estatal, esto es maternidad, jubilación, invalidez total y viudez.

En sentido general coincido con la afirmación del Dr. Osvaldo Martínez cuando afirma:

En Cuba, contamos con nuestro avanzado sistema de seguridad y asistencia social, con una cohesión social interna superior a otros países y en especial, con un sistema político y un gobierno que dedica todo su esfuerzo a reducir el impacto de la crisis económica y hacer que éste sea compartido en términos de equidad social y de protección a los más vulnerables (citado en Fariñas, 2011).

En abril del año 2011, en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se aprobaron los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. En ellos se confirman las medidas que desde el 2009 venían anunciándose, aunque sin expresar magnitudes como el caso de la reducción del empleo. Se mantiene el reto de conservar el lugar que han alcanzado las cubanas en nuestra sociedad y por supuesto que no se produzca un estancamiento. La Federación de Mujeres Cubanas en la actualidad, como en la crisis de los noventa, se anticipa a estos efectos y ya se prepara para organizar las medidas que den respuesta a los desafíos que presenta, para las cubanas, la actual crisis. En el discurso de clausura del Quinto Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro expresó refriéndose al proceso de reducción de empleos:

La estricta observancia del principio de idoneidad demostrada a la hora de determinar quién merece el mejor derecho de ocupar una plaza, debe contribuir a evitar cualquier manifestación de favoritismo, así como de discriminación de género o de otro tipo, las cuales deben enfrentarse con toda firmeza (Castro, 2010).

Se evidencia una clara voluntad política de evitar cualquier forma de discriminación de género en un proceso que fácilmente puede desarrollarlo a partir de los estereotipos que sobre los roles de mujeres y hombres se encuentran aun presentes en la subjetividad de nuestra sociedad.

¿Cómo se representan la crisis las cubanas?

En la actualidad las cubanas se representan la crisis como falta de dinero y con ello incapacidad para adquirir productos, en primer lugar alimentos; pero señalan también afectaciones al transporte, la salud y la educación. Estas ideas no son ajenas a otras relacionadas con la existencia de una crisis mundial o a que el país se encuentra en un “estancamiento económico” y con “problemas financieros”. No hay claridad en la percepción de la influencia de la crisis actual, a diferencia de la de los años noventa, como si de una sola se tratara. La representación social que las cubanas entrevistadas tienen de la actual crisis económica, responde a las vivencias personales de su vida cotidiana y sobre todo lo que significó la crisis de los años noventa, así se centran más en la incapacidad para satisfacer sus necesidades fundamentales. Relacionan, como una de las causas de la crisis, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y sus consecuencias en el comercio y la producción, aunque se refieren también a las causas y las características de la actual crisis mundial, denotando un solapamiento en las mismas que hace pensar en una percepción de continuidad desde los noventa hasta ahora, de hecho algunas expresiones dicen: “en Cuba siempre ha habido crisis económica. Ha habido años más difíciles que otros, pero siempre ha existido”; “creo que en este momento estamos ante una crisis, aunque de modo general siempre hemos estado ante una crisis”. La percepción de continuidad de la crisis sobre todo de los años noventa a la actualidad tiene que ver con el hecho de que, al iniciarse esta última, Cuba no se había recuperado de la de los noventa; y a nivel de la economía familiar esto es mucho más evidente.

¿Qué estrategias han desarrollado para enfrentar la crisis?

Una de las estrategias de enfrentamiento ha sido el empleo, pero para amas de casa que no querían hacerlo, o para jubiladas que no contaban con este compromiso a esa edad, significa una fuerte carga, aunque imprescindible para su sobrevivencia. Se refieren a otra estrategia reconocida como “organizar más las tareas”, es decir, a flexibilizar toda su jornada, extendiéndola en el tiempo e intensificándola, lo que se reconoce como uno de los aspectos en los que se apoyan las medidas económicas que se toman en los diferentes países para paliar la crisis. Las estrategias dependen del lugar de la mujer en la familia, en términos de los roles que desempeñan y esto, a su vez, se relaciona con la percepción que se tiene de la crisis

¿Cómo perciben el impacto de la crisis sobre sus familias y sobre ellas mismas?

Sienten que la crisis afecta a sus familias en la medida en que disminuye la capacidad de resolver todas sus necesidades. Es decir, la disminución de oferta de productos y el incremento de los precios de otros, redunda en mayor dificultad para satisfacer sus demandas fundamentales; “la familia es como el país”, dice una entrevistada, son muchos los renglones que necesita atender, alimentación, calzado, ropa, artículos para la higiene, que requieren todos los miembros de la familia; medicamentos, sobre todo para los mayores y su abastecimiento no es sistemático; por otra parte están los artículos para la escuela de los niños. La percepción de cómo las afecta a ellas como mujeres está relacionada con la sobre exigencia cultural sobre las mujeres, como máximas responsables de la vida doméstica. El rol asignado de ama de casa-madre-esposa, tradicionalmente atribuido a las mujeres, se convierte en mediador subjetivo de la crisis, poniéndolas en condiciones más difíciles que al resto de los miembros de la familia. En este sentido reconocen que ahora tienen “más preocupaciones y deben planificarse mejor”. Esto desde el punto de vista económico, es decir, deben administrar el mismo dinero que ahora les rinde menos. En este sentido una de ellas señala “creo que en lo que más nos hemos sentido la crisis es en el abastecimiento de comida, pues en el mercado no hay el mismo abastecimiento que antes y los precios están bastante altos”. Otra expresión que utilizaron es “ahora tenemos que inventar más”. Inventar es la manera en que se refieren al proceso creativo de búsqueda de alternativas para las necesidades cotidianas, como alimentar a la familia en ausencia de productos acostumbrados en sus respectivos hábitos alimenticios, como por ejemplo el arroz; o también para vestir y calzar a los hijos ya que con el crecimiento, crecen sus necesidades. Los niños reciben el uniforme escolar de forma subsidiada, pero no todos los cursos; hacer que les sirva cada año se convierte en una verdadera actividad creativa. Resulta interesante como aparecen valoraciones acerca de cómo la situación económica actual impacta también su vida laboral, bien por limitaciones materiales para desempeñar adecuadamente su actividad, o por posibles afectaciones a su jornada laboral derivadas de problemas para transportarse. Estas preocupaciones son expresión del desarrollo de estas mujeres que han incorporado a su identidad otros roles no reconocidos como tradicionalmente femeninos, como el de ser trabajadora (en este caso remunerada). Una de ellas nos dice “aquellas que tenemos un buen trabajo, debemos ocuparnos de desempeñar adecuadamente nuestras tareas”. Se refiere a la carencia de algunos insumos para la realización de su actividad laboral. El ámbito del trabajo remunerado no es sólo el medio para obtener dinero, es un espacio donde se expresa su compromiso y su responsabilidad social. Encontramos también otras mujeres que no tienen conciencia de un mayor impacto de la crisis sobre ellas y esto tiene que ver con la “naturalidad” con que vivencian la desigual distribución de las tareas domésticas, aún en condiciones de sobre exigencia de la realidad actual.

¿Cuáles son las afectaciones sociales que perciben las cubanas como consecuencia de la crisis?

A esta pregunta responden, nuevamente, a partir de lo vivenciado en su cotidiano más cercano; de ahí que las referencias mayores sean las relacionadas con las dificultades para de adquirir artículos de primera necesidad, como alimentos, ropas y calzado y las dificultades con el transporte a partir de su disminución por la reducción del combustible. Sin embargo muchas hacen referencia a las afectaciones que perciben en los servicios médicos, ya sea por falta de medicamentos, dificultades con equipos para diagnóstico u otros materiales indispensables para un mejor servicio. Otros aspectos referidos tienen que ver con la disminución del empleo en muchos organismos, la insuficiente recreación para los jóvenes y el aumento de los precios de los productos. “La gente se ha vuelto más luchadora debido a sus propias necesidades”, nos dice una habanera refiriéndose a cambios sociales derivados de la crisis; pero “luchar” en Cuba tiene una acepción en la que se incluye cualquier tipo de actividad, muchas veces ilícita, a través de la cual algunas personas buscan una alternativa a las dificultades económicas. Esta puede ser: prestación de servicios, comercio subterráneo, desvío de recursos, entre otras. “Tengo que luchar más para comprar lo que necesito para vivir” nos dijo otra entrevistada; es importante tener en cuenta que lo que necesitan para vivir también difiere de unas mujeres a otras, según sean las necesidades que ya están satisfechas, porque las necesidades se desarrollan y siempre nos falta algo, por eso no todas hablan de las mismas como las más apremiantes, pero la insatisfacción de cualquiera genera malestar en quien tiene esa percepción. Otro impacto social al que se refieren es el relacionado con el incremento de personas con dos trabajos como alternativa a la reducción de la capacidad adquisitiva de la familia. “Mira, por ejemplo (dice una entrevistada) mi esposo es una persona retirada, tiene 65 años y sin embargo trabaja como custodio para poder ayudar con los gastos de la casa porque si no, no nos alcanzaría para comprar las cosas necesarias, sobre todo comida”. Hay consenso en considerar que se han producido transformaciones en el nivel social como consecuencia de la crisis, pero cuáles son estas transformaciones, varía en la percepción de las mujeres, según sea su condición de partida en términos de necesidades satisfechas y por satisfacer.

¿Cómo perciben la posibilidad de cambio en la situación económica actual?

Las que no ven posibilidades de un cambio favorable están influenciadas por la experiencia anterior; así explican que, cuando parecía que la situación económica estaba mejorando definitivamente después de los peores años del periodo social, vuelve a sentirse un cambio en sentido negativo. Ahora les cuesta confiar en que se producirá una transformación favorable.

Las que perciben un cambio favorable son aquellas mujeres que realizan una actividad laboral que les gusta, para la que se han preparado y con la cual se sienten comprometidas.

La percepción de un futuro mediato mejor o igual está representada, en la misma proporción, en el grupo de mujeres que se estudió. Su cambio dependerá de las diferentes experiencias que cada una de ellas tenga en la continuidad de este proceso que no será breve, y como decimos en Cuba no será fácil.

A modo de conclusión

Sin dudas, ante la actual coyuntura de cambios económicos y su reflejo en lo social, puedan presentarse impactos en la condición de la mujer y las relaciones de género, y el desafío más importante desde el punto de vista subjetivo tiene que ver con la necesidad de hacer cambios en mujeres y hombres que hagan posible mantener los niveles de participación de las mujeres en la vida económica y política del país para lograr mantener su avance, pero ahora en nuevos espacios, donde la presencia femenina ha estado menos presente. Esto permitiría anticiparse a los posibles impactos negativos.

Bibliografía

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Castro, Raúl 2010 “Discurso pronunciado en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, La Habana, 2 de agosto.

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Profesora e investigadora de la Universidad de La Habana, presidenta de la Cáte¬dra de la Mujer, coordinadora del Comité Académico del Programa de Maestría en Estudios de Género, miembra del Consejo Universitario de Posgrado de la Univer¬sidad de La Habana. Correo electrónico: <nvasallo@psico.uh.cu>.↵

Ver: Valcárcel (1997).↵

Ver: Vasallo (2005).↵

Ver: Oficina Nacional de Estadísticas (2010).↵

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¿Un paso adelante y dos atrás?

La tortuosa marcha del movimiento feminista en la era del neointegrismo y del “fascismo social” en Centroamérica

Montserrat Sagot[1]

EL MOVIMIENTO FEMINISTA ha tenido una destacada participación en la configuración de las sociedades centroamericanas, sobre todo después del fin de la guerra y de la firma de los Acuerdos de Paz de las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX. De hecho, es imposible pensar en los procesos de democratización de la región sin los aportes del feminismo. Este proceso se inició con la activa, aunque a veces invisibilizada, participación de muchas mujeres en los movimientos revolucionarios y populares de los años setenta. En gran medida, el feminismo centroamericano surge de los grupos que combatieron a las dictaduras de la región, así como de otras organizaciones progresistas y de izquierda que llevaron adelante importantes luchas contra la represión y contra las políticas económicas que creaban grandes desigualdades e injusticas.

En ese sentido, desde el momento en que aparecen los primeros grupos feministas en la región de la llamada “segunda ola”, a inicios de los años ochenta, se caracterizaron por su cercanía con la izquierda y con aquellos sectores que se enfrentaban a los poderes represivos del estado. De hecho, muchas de las primeras agrupaciones feministas de esa época fueron formadas por mujeres que militaban en la izquierda o que habían abandonado recientemente su militancia partidista. Por esas razones, desde el nacimiento de esta segunda ola el feminismo centroamericano se caracterizó por su crítica tanto al sistema de opresión de género como a las condiciones de opresión económica y política. Asimismo, desde sus inicios, el movimiento feminista se caracterizó por su análisis crítico de las interrelaciones entre el patriarcado y el carácter represivo del Estado.

Si bien las feministas experimentaron serias contradicciones en su relación con los movimientos de izquierda, dado que tuvieron que vivir las mismas relaciones patriarcales y de abuso al interior de estos movimientos, el discurso radical siguió calando fuertemente en ellas. Es decir, aunque muchas feministas rompieron sus relaciones orgánicas con la izquierda, dadas las críticas y el desprecio a sus luchas que encontraron allí, el compromiso por lograr un cambio social tanto en las relaciones entre los géneros, como en las relaciones de producción y consumo, se mantuvo como un norte importante para muchas de las manifestaciones del feminismo en Centroamérica.

Después de la caída de las dictaduras y de la firma de acuerdos de paz, la mayoría de los países de la región iniciaron un camino hacia el establecimiento de sistemas democráticos, muy imperfectos la mayoría de ellos, pero que al menos permitían la celebración de elecciones periódicas y la expansión de diferentes formas organizativas en la sociedad civil. Aprovechando esa apertura democrática, que implicó también la llegada de muchos fondos internacionales, sobre todo de la cooperación europea, así como el impulso dado por de la Década de la Mujer de las Naciones Unidas (1975-1985), durante los años ochenta y noventa se produce una expansión importante del quehacer feminista de la región. Esta expansión se vio reflejada en áreas como la creación de organizaciones de diferente tipo (por los derechos sexuales y reproductivos, contra la violencia hacia las mujeres, grupos lésbico-feministas, etc.), la edición de una gran diversidad de publicaciones, el desarrollo de investigaciones desde diferentes espacios (la academia, las organizaciones de mujeres y las instancias gubernamentales) y, por supuesto, las tareas de incidencia política. De esta forma, el movimiento feminista colocó los asuntos relativos a la desigualdad de género en las agendas políticas de la región e impulsó la aprobación de nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas e incluso la transformación de la institucionalidad del estado. En esta dirección se propiciaron cambios en los Códigos de Trabajo, de Familia, Electorales e incluso Penales para derogar leyes discriminatorias y para la aprobación de nuevas normas sobre violencia intrafamiliar, penalización del femicidio (Guatemala y Costa Rica) y cuotas de participación política, entre otras. Asimismo, todos los gobiernos de la región ratificaron la CEDAW y la Convención de Belém do Para y establecieron mecanismos nacionales (institutos o ministerios) para el adelanto de las mujeres.

Un tema prioritario en la agenda del movimiento feminista de la región ha sido la ampliación de la ciudadanía de las mujeres por medio de su representación en los espacios de toma de decisiones, así como el aumento de su participación en la definición de los destinos de sus sociedades y en la construcción social de la realidad. El movimiento feminista ha reclamado así más poder y mecanismos para asegurar el ejercicio de ese poder, lo que implicaría romper con la división social y genérica de roles sociales, y una redistribución de los recursos materiales y simbólicos de la sociedad (Alianza Feminista Centroamericana por la Transformación de la Cultura Política Patriarcal, 2010). Sin embargo, para llevar adelante estos ideales y cambios, las feministas centroamericanas se enfrentan a una realidad bastante compleja. Si bien en toda Centroamérica se produce un cambio democrático y muchos avances en la institucionalidad, estos cambios se dan profundamente imbricados con el neoliberalismo, lo que ha implicado la construcción de un modelo de democracia que no se preocupa por el bien común, sino por facilitar espacios para las inversiones transnacionales y para el desarrollo del capitalismo global. Un paso fundamental para concretar e incluso darle un marco de legalidad a este proceso fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAF-TA), que incluso obligó a los Estados centroamericanos a modificar sus leyes internas, su definición territorial y hasta su capacidad re-gulatoria para el desempeño de las actividades económicas en su territorio nacional (Universidad de Costa Rica, 2006). En ese contexto, en la última década, se ha producido en Centroamérica un aumento de los niveles de la desigualdad social y de la pobreza, un aumento de la violencia en todas sus manifestaciones, grandes y sonados casos de corrupción, así como el resurgimiento de los fundamentalismos y del neointegrismo católico, que invocan el mantenimiento del orden tradicional de género. De esta manera, la región vive un proceso de fragmentación de la producción, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, sobre todo femenina, y nuevas forma de imponer condiciones políticas por medio de modalidades renovadas de represión, con el caso del golpe de estado en Honduras como el ejemplo más claro de este último fenómeno.

Por otra parte, las catástrofes naturales, tales como el huracán Mitch, que devastó a Honduras y Nicaragua a fines de 1998, y en menor medida a El Salvador, Guatemala y Costa Rica, la erupción del Volcán Cerro Negro en Nicaragua o las inundaciones que afectan periódicamente al istmo centroamericano ponen de manifiesto las graves desigualdades sociales que aquejan a la región. Las poblaciones más afectadas son siempre las más pobres, las y los indígenas, las y los afrodescendientes, lo que provoca, además, grandes migraciones intrarregionales y fuera de la región (Portugal y Torres, 2004). Las situaciones descritas evidencian la falta de correspondencia entre la democracia política y la democracia social en Centroamérica. Es decir, hay una contradicción entre un modelo económico que le da predominancia al mercado y la democracia; y para resolver esas contradicciones las democracias neoliberales generan altos niveles de violencia, formas renovadas de represión, individualismo y relaciones cercanas con los fundamentalismos religiosos. Así, por ejemplo, se abren espacios de participación ciudadana para las mujeres y se generan políticas de igualdad, sobre todo en el terreno formal, pero las difíciles condiciones económicas, la violencia generalizada, la represión, el avance del neointegrismo religioso y las políticas fiscales tienden a restringir la amplitud y contenido de esa participación, y dejan las políticas de igualdad en el nivel de la retórica más vacía.

En ese sentido, el tránsito a la democracia no se ha visto acompañado de un mejoramiento real de las condiciones de vida de la población, sino, por el contrario, de un empeoramiento sustantivo, que genera frustraciones y que profundiza la ya existente desigualdad social (Programa Regional “La Corriente”, 1997). De esta forma, en la región se vive una profunda contradicción entre la promesa de la democracia y la paz, y las condiciones de vida desesperadas que sobrellevan importantes sectores de la población, en particular los más excluidos, como las mujeres, las poblaciones indígenas y rurales, la niñez y los migrantes. Partiendo de ese contexto, en lo restante de este trabajo se analizará el papel y las posibilidades del movimiento feminista centroamericano de continuar teniendo un impacto en la construcción de la agenda pública, los retos que se enfrentan y las propuestas surgidas para desafiar estas formas renovadas de explotación y opresión. En un primer momento se hará una caracterización y análisis de los avances derivados de las posiciones y de la acción política del movimiento feminista, luego se discutirá sobre las nuevas condiciones que se enfrentan en la región, en particular sobre las implicaciones para el movimiento feminista del surgimiento del “fascismo social”, según el concepto desarrollado por Boaventura de Sousa Santos (2009) y del neointegrismo religioso. Finalmente, se realizará un balance de los avances y de los retrocesos, así como de las propuestas del feminismo frente a las nuevas condiciones.

Demandando reconocimiento y redistribución en la época pos conflicto

Es importante destacar que la situación sociopolítica vivida en Centro-américa durante las décadas de los años setenta y ochenta, así como el impacto de la guerra y de la represión contribuyeron, paradójicamente, a politizar ámbitos de la vida no considerados políticos previamente (Montenegro et al, 1999). De esta forma, las mujeres irrumpieron en lo público en Centroamérica, desafiando a los poderes establecidos y a sus antiguas organizaciones, defendiendo sus intereses y haciendo importantes aportes para la construcción de una sociedad más justa e incluyente. En el proceso de conformación y desarrollo de los movimientos sociales de mujeres y feministas en Centroamérica, se pueden distinguir dos etapas diferenciadas. La primera abarca gran parte del decenio de 1980 con la aparición de los primeros grupos y organizaciones de mujeres populares, luchando por la sobrevivencia en medio de la guerra y la represión. La segunda etapa, permeada por los procesos de pacificación de los años noventa, prepara la aparición del feminismo como movimiento que claramente reivindica la construcción de un mundo sin opresiones y discriminaciones basadas en el género (Portugal y Torres, 2004; Monzón, 2003).

Ahora bien, a pesar de que hay algunas similitudes entre los países, los movimientos feministas de la llamada “segunda ola” en la región se desarrollaron bajo coyunturas políticas particulares. En ese sentido, no es casual que fuera en Costa Rica, país que no experimentó graves conflictos, donde las condiciones sociales y económicas permitieron un mayor desarrollo del feminismo en sus inicios. Después de la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua, también se produjo una apertura importante para la creación de organizaciones feministas como resultado de las nuevas condiciones que fomentaron una ampliación de la participación femenina en todos los ámbitos de la vida social del país (Martha Palacios, 1999). En El Salvador, el movimiento feminista comienza a perfilarse y constituirse al calor de los movimientos revolucionarios. De hecho, la mayoría de las organizaciones feministas surgen bajo el rigor de la guerra y de la crisis política, así como de las diferentes facciones de FMLN que combatieron durante el conflicto armado. En Honduras, el surgimiento de las primeras organizaciones feministas se dio bien entrada la década de los años ochenta, una vez que finalizó la llamada “guerra sin guerra”, que implicó un serio deterioro de las condiciones económicas, la instalación de bases militares estadounidenses en territorio hondureno, represión abierta y la violación de Derechos Humanos que incluso conllevó la desaparición forzosa de muchas personas. En Guatemala, el conflicto armado interno, la severa represión, el racismo histórico y el desplazamiento de cientos de miles de personas durante el conflicto, así como los procesos de negociación de la paz fueron los elementos catalizadores en la conformación de un movimiento feminista hacia finales de la década de los años ochenta e inicios de los noventa.

Así, el proceso de pacificación de Centroamérica implicó una ampliación de la sociedad civil y la aparición de una gran cantidad de organizaciones de mujeres y feministas que comenzaron a recibir financiamiento de organismos de cooperación internacional para el desarrollo de su trabajo. Por otra parte, los encuentros feministas que se realizaron en la región en década de los años noventa fueron un factor dinamizador de primera importancia para el movimiento, así como los procesos de coordinación e intercambio que se produjeron al calor de las Conferencias Mundiales de Naciones Unidas, en particular de la Conferencia sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) y la IV Conferencia sobre la Mujer (Beijing 1995). Estos encuentros y procesos de coordinación promovieron la movilización de diferentes sectores de mujeres, la acumulación de conocimientos y el desarrollo de destrezas para la interlocución con el Estado, con las agencias de cooperación internacional y con otros actores sociales. Asimismo, estos procesos promovieron el acercamiento y el contacto entre las feministas y sus organizaciones de la región (Programa Regional “La Corriente”, 1997; Camacho y Sagot, 2005). Como resultado de esos esfuerzos de encuentro y coordinación, las feministas de los distintos países de la región también han desarrollado agrupaciones y redes de carácter centroamericano, lo cual ha ayudado a la construcción de su identidad como feministas, a potenciar las luchas y a poner de manifiesto el carácter supranacional del movimiento. Entre algunas de las experiencias de coordinación regional más importantes están: la Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing, creada desde 1993; el Programa Feminista Centroamericano “La Corriente”, responsable de producir las primeras investigaciones centroamericanas sobre el movimiento de mujeres (1997); la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, -la que ha adquirido un papel muy relevante dado el escandaloso aumento en la región de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo los femicidios-, y promotora de la elaboración del estudio “No olvidamos, ni aceptamos: femicidio en Centroamérica, 2000-2006″ (Carcedo, 2010); y Mesoamericanas en Resistencia que se define como un espacio político, diverso, autónomo, articulado en resistencia frente al sistema capitalista globalizador y patriarcal, y en el que participan organizaciones de toda Centroamérica y de México.

Ahora bien, con el propósito de caracterizar al diverso feminismo centroamericano es de gran utilidad partir de la definición de movimiento feminista que desarrolló Sonia Álvarez (1998) como “un campo discursivo de actuación/acción.” Es decir, más que un movimiento social en el sentido clásico, que conlleva manifestaciones masivas en las calles, movilizaciones, etc., el movimiento feminista sería, más bien, un dominio político que se extiende más allá de las organizaciones o grupos. Plantea también esta autora que las feministas esparcidas en ese dominio político están constantemente comprometidas no sólo en luchas “clásicamente políticas”, sino también en disputas por sentidos, por significados, o sea, en luchas discursivas, por ejemplo, por el significado de la ciudadanía, del desarrollo, de la igualdad, de los Derechos Humanos, etc. Además, las mujeres que actúan en el dominio feminista se relacionan en una variedad de espacios públicos, privados y alternativos, y por medio de una variedad de medios y formas de comunicación.

Para un movimiento social con las características mencionadas y que tuvo su origen en los procesos revolucionarios de la región, la lucha por la construcción de una sociedad justa y democrática no sólo implicaba la aprobación de nuevas leyes, de nuevas políticas públicas o la consecución de la igualdad formal, sino también la promoción de cambios culturales y políticos más profundos conducentes a la eliminación de las múltiples formas de opresión, exclusión y discriminación de las mujeres y de otros grupos subordinados. Aunque el movimiento feminista centroamericano no es ni ha sido nunca homogéneo, sus expresiones más visibles en todos los países han demandado reconocimiento y redistribución, en palabras de Nancy Fraser (1995). En consecuencia, las demandas feministas por la justicia social han planteado los asuntos relativos al reconocimiento de derechos, a la representación igualitaria y a la necesidad de reconocer las diferencias y desigualdades provocadas como resultado de las jerarquías de género, así como los asuntos relativos a la redistribución igualitaria de los recursos materiales y simbólicos de la sociedad. Adicionalmen-te, el movimiento feminista centroamericano ha luchado por expandir y fortalecer las instituciones democráticas de sus países con el fin de que se garanticen mecanismos concretos e incluso recursos para que el discurso de la paz y de la igualdad pueda ser llevado a la realidad.

La iniciativa “Mujeres 94″ representó un ejemplo de lo anterior en El Salvador, que pretendía hacer oír la voz de las mujeres en las llamadas “Elecciones del Siglo” y elaborar una plataforma que contuviera las demandas y reivindicaciones femeninas a ser incorporadas en el programa de gobierno y en el proceso de democratización (Herrera, 2010). Otro ejemplo importante se generó en Costa Rica con la “Agenda Política de Mujeres” y la Plataforma de “Los 12 Puntos,” cuando, frente a las elecciones de 1998 y de 2002, las feministas plantearon metas de largo plazo para un cambio social con igualdad y un desarrollo equitativo, con elementos que iban desde una reforma tributaria hasta la defensa de la soberanía nacional (Mirta González, 2011). También, en el I Encuentro de Mujeres Afrocentroamericanas, realizado en el 2004, se produjo una agenda con estrategias para levantar una plataforma de demandas a los gobiernos partiendo de la necesidad de reconocimiento de las múltiples opresiones que viven las mujeres (Portugal y Torres, 2004).

De esta forma, las feministas centroamericanas han demandado de las instituciones sociales y políticas de sus países una concepción amplia de justicia social que permita la construcción de una sociedad que contenga y sustente las condiciones necesarias para que todos sus miembros, según su condición particular, desarrollen y ejerzan sus capacidades, expresen sus experiencias y participen en la determinación de sus condiciones de vida. No se hace referencia a un concepto de justicia unlversalizante, sino a uno que tome en cuenta las particularidades y las diferencias que las jerarquías sociales, culturales y sexuales producen en los individuos y que determinan su acceso diferenciado a los recursos materiales y simbólicos de la sociedad (Sagot, 2008). En ese sentido, se ha demandado una “generización” del Estado; es decir, un Estado que explícitamente reconozca que algunos ciudadanos son hombres y otras son mujeres (Lazarus-Black, 2003) y un cambio en las relaciones de poder para garantizar a las mujeres control sobre los recursos materiales y simbólicos de la sociedad y sobre sus propios cuerpos, lo que significa control sobre su propia vida.

Es importante destacar, también, que el feminismo centroamericano no ha estado exento de tensiones. Si bien hay una historia similar en el surgimiento del movimiento y muchas coincidencias en las aspiraciones y planteamientos de largo plazo, los problemas surgen cuando se plantean las prácticas, acciones y estrategias que se deberían desarrollar para construir una sociedad que contenga todas esas aspiraciones. Asimismo, dada la heterogeneidad que caracteriza a las feministas de la región en términos de nacionalidad, clase social, pertenencia étnica y cultural, edad, orientación e identidad sexual y los diferentes espacios desde lo que se ejerce la práctica feminista, las respuestas sobre cómo proceder políticamente para alcanzar la utopía feminista no son unitarias ni están libres de controversias y conflictos. Las tensiones se evidenciaron desde que el movimiento participaba en sus primeras actividades conjuntas a inicios de la década de los años noventa. En el VI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (El Salvador, 1993) se manifestaron claramente esas tensiones, así como el cambio que ya para ese momento estaba experimentando el movimiento feminista (Camacho y Sagot, 2005). Estos cambios y las tensiones surgidas, de hecho, pueden atribuirse parcialmente al éxito de las propias acciones de incidencia del movimiento. Las feministas no sólo habían empezado a ocupar posiciones en el aparato estatal, sino que se había iniciado un proceso de profesionalización y “oenegeización” (Álvarez, 1999). Muchas feministas se habían convertido en funcionarías estatales o de los organismos internacionales y otras trabajaban para ONG que le prestaban servicios al Estado, tras los procesos de descentralización y traslado de funciones hacia la sociedad civil. Asimismo, como resultado de los procesos de apertura democrática, algunas organizaciones feministas se habían abocado a la incidencia en las políticas públicas nacionales y supra nacionales. Todo esto, además, fue reforzado por la realización de las Conferencias Mundiales de Naciones Unidas durante los años noventa y que fueron definidas por algunos sectores del feminismo como lugares privilegiados para la incidencia política. Estas estrategias, sin embargo, han sido muy criticadas por otros sectores del feminismo centroamericano (sobre todo por las que se autodefinen como “autónomas”) argumentando que, una vez que las feministas están dentro de las instituciones, son cooptadas por las dinámicas y la lógica institucional, y pierden su visión radical y su compromiso con el movimiento. En este proceso, se argumenta, las propuestas transformadoras del feminismo son asimiladas por el statu quo institucional y le son devueltas a la sociedad en la forma de leyes, políticas y programas que no tocan realmente los elementos centrales de la opresión de las mujeres. Haciendo un balance de lo ocurrido en América Latina en los últimos 15 años, desde la realización de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995), muchas activistas y académicas de la región se preguntan si la “profesionalización” e institucionalización del movimiento, en sus intentos por influenciar la agenda pública, ha traído más asimilación de las propuestas y de las propias feministas que verdaderos cambios hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática (Vargas, 2010).

Desde la anterior perspectiva, es posible afirmar que los esfuerzos por institucionalizar y llevar a la agenda pública las propuestas del feminismo han colocado a un amplio sector del movimiento centroamericano en uno de los dilemas históricos enfrentados por cualquier movimiento social radical: o conquistar espacios al interior de las estructuras sociales dominantes, con el riesgo de ser asimilado, o mantener una postura radical y autónoma, con el riesgo de permanecer débil y aislado (Evers, 1985). Ese dilema ha marcado el desarrollo del feminismo centroamericano de los últimos 20 años, mostrando así que el proyecto político feminista de la región también está lleno de contradicciones y la ambivalencia.

Haciendo visible lo invisible: las contribuciones del movimiento feminista

El movimiento feminista centroamericano ha tenido una impronta significativa en la construcción de la institucionalidad pos conflicto de los países de la región, así como en la construcción de la realidad social misma, al politizar áreas previamente consideradas terreno privado, al darle nombre a problemas ancestralmente ocultos, como las diversas formas de violencia contra las mujeres, y al ayudar a crear nuevas categorías de análisis para entender los procesos sociales vividos. Al mismo tiempo, el movimiento feminista colocó muchos de esos problemas, antes invisibles, en el centro de los debates sobre la democracia y la paz. En ese sentido, el discurso sobre la necesidad de promover la igualdad de género se ha convertido en un asunto público que es reconocido y ha sido incluso regulado por los diferentes Estados de la región por medio de reformas legales y políticas públicas. De esta forma, con algunas variantes, el movimiento feminista ha conseguido que todos los gobiernos de la región establezcan mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres (Ministerios o Institutos de la Mujer), aprueben algún tipo de legislación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres, implementen políticas y programas relativos a los derechos de las mujeres e incluso promulguen planes nacionales para la equidad de género. Asimismo, todos los Estados de Centroamérica han ratificado la CEDAW y la Convención de Belén do Para, las que tienen un carácter vinculante. Estos instrumentos internacionales le han sido de gran utilidad al movimiento feminista para demandar acciones particulares en cada país, argumentando la responsabilidad que le compete a los Estados, tanto por acción como por omisión.

Por otra parte, la participación política de las mujeres se ha incrementado significativamente en todos los países de la región, principalmente en los parlamentos y los gobiernos municipales, con países como El Salvador y Honduras en los que el porcentaje de mujeres en puestos de representación popular subió a más del 20%; o Costa Rica, en el que casi llega al 40%. Por otra parte, la presencia de las mujeres en los cargos gerenciales de alto nivel en el gobierno, como los ministeriales, alcanzó en el período 2005-2009 el 21,8%% en promedio, considerando todos países centroamericanos. Lo anterior da cuenta de la capacidad del movimiento feminista de transformar la mente colectiva en relación con el papel de las mujeres en la sociedad. Este hecho por sí solo contribuye significativamente a un cambio cultural y simbólico, y al empoderamiento político de las mujeres como colectivo.

Mención particular merecen los avances en el terreno de prevención, atención y supresión de la violencia contra mujeres promovidos desde el movimiento feminista de la región. Dadas las situaciones de conflicto social y político de gran envergadura y de violación sistemática a los Derechos Humanos que se vivieron en la región, algunas organizaciones del movimiento feminista de Centroamérica desarrollaron su planteamiento de que los procesos de paz y democratización necesitan garantizar una vida libre de violencia y abuso de poder a toda la población, sin importar el espacio donde se ejerza esa violencia o quienes sean los perpetradores. De esta manera, frente a las propuestas y firmas de Acuerdos de Paz en Centroamérica las organizaciones feministas plantearon que no podía haber paz si ésta no comenzaba en casa. Un lema similar ya había sido usado por las chilenas cuando, en su lucha contra la dictadura de Pinochet, demandaron “democracia en la calle y en la casa”. A partir de la década de los años noventa, particularmente después de la ratificación de la Convención de Belém do Para, todos los países de Centroamérica aprobaron legislación y políticas públicas relativas a algunas formas de violencia, en particular la intrafamiliar o doméstica. También se han desarrollado planes nacionales para abordar la violencia, proyectos de investigación, programas académicos y programas de capacitación para personal de las instituciones públicas y privadas. Del mismo modo, se han multiplicado las propuestas de atención, así como la creación de comisarías de la mujer y albergues para mujeres maltratadas, en algunos países (Nicaragua y Costa Rica). Se ha producido también un avance significativo en términos de la conceptualización de lo que se entiende por violencia contra las mujeres, así como en la tipificación de los actos violentos, dejando cada vez menos margen a la interpretación subjetiva (Sagot, 2008). En particular, muchos de los países de la región han realizado modificaciones tendientes a normar, tipificar y sancionar la violencia sexual. De acuerdo con Giulia Tamayo (2000J, las modificaciones en este sentido han logrado que los delitos sexuales dejen de ser tipificados como delitos contra el honor y las buenas costumbres, y pasen a ser considerados como “delitos contra la integridad o la libertad sexual”. Otra manifestación de la violencia sexual que ha sido incorporada en la normativa de algunos países es el hostigamiento o acoso sexual (Honduras, El Salvador y Costa Rica). Asimismo, algunas de las nuevas normas aprobadas han incorporado la penalización de actos que reconocen la naturaleza específica de la violencia contra las mujeres, como es el caso de la incorporación del delito de “femici-dio” en las legislaciones penales de Guatemala y Costa Rica.

Así como existe un avance importante en términos normativos, también lo hay en la elaboración e implementación de políticas públicas dirigidas a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, todos los países cuentan con alguna política, plan o programa nacional, así como también con algunas políticas sectoriales. Estas políticas y programas han generado también servicios de apoyo específicos para las personas afectadas por la violencia, tales como las Comisarías de la Mujer y centros de atención psicológica y legal. En el marco de estas políticas, además de los servicios señalados, se han generado campañas de prevención y sensibilización a la opinión pública, así como importantes acciones de capacitación a funcionarios y funcionarías públicas. La producción de conocimientos en la temática de la violencia sexista ha sido uno de los aportes más relevantes de las feministas centroamericanas, facilitando la reflexión y las acciones que permitieron posicionar esta problemática como una violación a los Derechos Humanos y como un asunto de justicia. También se ha avanzado en visibilizar otras dimensiones de la violencia como la situación de las mujeres bajo conflictos armados y recientemente los asesinatos de mujeres o femicidios, así como la violencia sufrida por las mujeres en el contexto del crimen organizado, como las maras y las redes de trata con fines de explotación sexual. De esta forma, el movimiento feminista de la región se convirtió en un vehículo para la ampliación de la democracia y produjo algunas rupturas en el sistema de dominación patriarcal al permitir que las voces de las mujeres más excluidas (las abusadas y violentadas) pudieran ser un instrumento de inspiración y propuesta de reformas a las leyes y a las políticas estatales. Es decir, como lo han planteado algunas autoras, la problemática de la violencia contra las mujeres generó un discurso contrahegemónico que diseminó nuevos conceptos e ideas en la esfera pública y promovió cambios y reformas en la agenda estatal (Young, 2000; Weldon, 2004). En ese sentido, más que otros discursos propios del repertorio feminista, el discurso sobre la violencia contra las mujeres ha jugado un papel fundamental en los esfuerzos por “politizar” el ámbito de lo privado.

Ahora bien, la relación entre el movimiento feminista y el Estado es dinámica, contradictoria y está determinada por la coyuntura política e histórica (MacDowell Santos, 2004; Molineaux, 2000). Es decir, como cualquier movimiento social que intenta introducir cambios en la configuración del Estado y en la sociedad en su conjunto, el movimiento feminista tiene más posibilidades de incidir en los períodos y lugares más progresistas y de mayor apertura democrática. En ese sentido, las oportunidades para la incidencia feminista oscilan entre los momentos de cambio liberador y receptividad por un lado, y los momentos de mayor conservadurismo y represión, por otro (Lenger-mann y Brantley, 2000). Desde esa perspectiva, las relaciones entre el Estado y el movimiento feminista deben entenderse como variables y contingentes.   Son relaciones en cambio y redefinición constantes. Existe, además, una tensión permanente entre las propuestas y visiones del movimiento feminista y su capacidad de incidencia en los poderes establecidos. En otras palabras, en el terreno de las transformaciones sociales relativas a la condición de las mujeres, no hay conquista definitiva ni avance sin contradicción (Carcedo, 2003).

El nuevo contexto: neoliberalismo, fascismo social y neointegrismo

Centroamérica es, hoy en día, una región que vivió una transición hacia la democracia, pero cuyo resultado fue incompleto y muy restringido. De hecho, la combinación de un proceso de democratización formal junto con la implementación de una agenda neoliberal llevó a que se terminara el conflicto armado, pero no los problemas que lo originaron. Si bien los países de la región se caracterizan por su diversidad geográfica, étnica, socioeconómica y cultural, todos ellos comparten algunas características en común, como los 400 años de colonización y una historia marcada por la desigualdad, el racismo y una subordinación a las necesidades de los centros del poder colonial (Lebon, 2010). Por eso, como lo plantea Breny Mendoza (2010), en la experiencia reciente de Centroamérica podríamos hablar incluso de la colonialidad de la democracia o de cómo la democracia neoliberal, utilizando el artefacto del libre comercio, ha sido instrumental para restablecer normas coloniales al interior de nuestras sociedades y a la vez reconstruir el vínculo colonial de la región con los nuevos poderes de occidente. Estas democracias restringidas, que funcionan bajo la lógica del neoliberalismo y de la colonialidad, han facilitado la profundización de las desigualdades de tal forma que tienen el dudoso honor de encontrarse entre los países más desiguales del mundo en términos de distribución del ingreso. Esta desigualdad llega a extremos tan dramáticos que, en países como Guatemala, el 53% de la población en general padece desnutrición y más del 60% de los niños y niñas de las zonas rurales padecen desnutrición crónica; es decir aquella que tiene efectos irreversibles (Organización Panamericana de la Salud, 2009). Además, dos países de la región, Nicaragua y Honduras, figuran entre los más pobres del continente, con cerca del 70% de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza (Gallardo, 2009). Lo anterior es el resultado de que, con algunas variaciones, los Estados de la región han abandonado sus responsabilidades de invertir en desarrollo social y de ser garantes para que la población tenga acceso a aquellos a aquellos bienes y servicios básicos que constituyen los pilares del bienestar e incluso de la sobrevivencia: alimentación, agua potable, salud, educación, trabajo decente y vivienda. De esta forma, las perversas distorsiones causadas por el llamado “libre comercio” en su relación con los intereses de los poderes trasnacionales y neocoloniales pueden ser claramente apreciadas en Centroamérica, con un altísimo costo en términos éticos y de sufrimiento humano. Además, toda la región experimenta un incremento en el militarismo y el autoritarismo, lo que se vio claramente reflejado en el golpe de estado en Honduras en el 2009, y en la flagrante y masiva violación a los Derechos Humanos que ha experimentado la población de ese país desde ese momento, lo que hace recordar las viejas épocas de los regímenes totalitarios. La diferencia es que ahora se hace bajo la cobertura de una supuesta legalidad, donde la democracia es reducida a su componente más elemental: la celebración de elecciones y con eso se legitiman y justifican los golpes de estado y la represión abierta.

Por otra parte, todos los países de la región experimentan importantes niveles de corrupción, así como la presencia de forma casi estructural de redes de tráfico de drogas y de tráfico de personas con fines de explotación, incluyendo la sexual. También las democracias neoliberales centroamericanas son responsables del incremento exponencial en todas las formas de violencia en sus territorios. De hecho, Centroamérica es la región más violenta del mundo, y países como Guatemala, El Salvador y Honduras presentan los índices más altos de homicidios del globo (Banco Mundial, 2011; Programa Estado de la Nación, 2011). Esta violencia, por supuesto, afecta a las mujeres de forma particular, con un aumento escandaloso de las formas más extremas y crueles del femicidio, cuyas principales víctimas son las mujeres jóvenes. Es más, los homicidios de mujeres crecen más rápidamente que los de los hombres en muchos de los países. En Honduras, por ejemplo, entre 2005 y 2009, los homicidios de hombres aumentaron en un 40%, pero los de las mujeres en un 166% (Carcedo, 2010). En ese mismo país, los asesinatos de mujeres prácticamente se duplicaron a partir del golpe de estado del 2009 (Feministas en Resistencia-Observatorio de la Transgresión Feminista, 2009). Y este aumento de la violencia no es, simplemente, el resultado de una institu-cionalidad fallida, sino el producto lógico de la democracia neoliberal en su proceso de afianzamiento (Desmond Arias y Goldstein, 2010). Es decir, ésta es una violencia estructural, cuya constitución está directamente relacionada con la desigualdad, la exclusión, las rupturas en el tejido social, los vacíos y los poderes creados por las democracias neoliberales. En una palabra, la violencia es el resultado de los modos de vida creados por las democracias de baja intensidad del neolibe-ralismo. Ahora bien, para que el neoliberalismo pueda convertirse en un proyecto civilizatorio viable, necesita del apoyo de dos fenómenos que aquí llamaremos fascismo social y neointegrismo religioso. Estos fenómenos son los que, justamente, proveen a las democracias neoliberales de un pilar sociocultural que refuerza ideológicamente su proyecto económico y las ayudan a construir también las subjetividades necesarias para una vida llena de carencias y controles represivos; es decir, para una vida precaria en palabra de Judith Butler (2006).

El fascismo social como régimen civilizacional

Según Boaventura de Sousa Santos (2009), el fascismo actual no es un régimen político sino, más bien, un régimen social y civilizacio-nal. Se caracteriza por experiencias de vida bajo relaciones de poder e intercambios extremadamente desiguales, que se dirigen a formas de exclusión particularmente severas y potencialmente irreversibles. Este régimen tiene una serie de características que se pueden apreciar claramente en los países centroamericanos. En primer lugar, es un fenómeno que crea un apartheid social; es decir, una segregación social y exclusión profundas que construye un nuevo espacio/tiempo hegemónico que atraviesa todas las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y, por tanto, se convierte en un criterio general de sociabilidad. Como lo planteábamos antes, la desigualdad social que vive Centroamérica actualmente crea diferencias extraordinarias que separan a los habitantes de los países en mundos completamente aparte y claramente demarcados.

La segunda característica del fascismo social se refiere a la usurpación de las prerrogativas del Estado por parte de actores sociales muy poderosos que, frecuentemente con la complicidad del propio Estado, o bien neutralizan o bien suplantan el control social y hasta económico que debería ser ejercido por el mismo. Como lo plantemos arriba, los Estados de la región han perdido vigencia como rectores de los destinos de los países y estas capacidades han sido trasladadas de forma creciente a actores extra estatales como las compañías transnacionales y sus socios, las asociaciones empresariales nacionales. Este proceso quedó aprobado legalmente con la ratificación de los diferentes Tratados de Libre Comercio firmados por la región, pero particularmente por el CAFTA, que obligó a los Estados centroamericanos, -no así a los Estados Unidos-, a modificar sus leyes nacionales y sus capacidades para controlar las actividades productivas internas. EL CAFTA también obligó a los Estados de la región a privatizar empresas estatales, a flexibilizar las normas laborales, -sobre todo las que protegían los derechos de los trabajadores y las trabajadoras-, a abrir los mercados de telecomunicaciones y de seguros, y a flexibilizar o incluso eliminar la normativa nacional que protegía los recursos naturales, como el agua y los subsuelos (Universidad de Costa Rica, 2006). Como parte de esta segunda característica se produce también un fenómeno en que actores sociales con grandes cantidades de capital disputan al Estado el control sobre los territorios. Esos actores poderosos cooptan o coaccionan a las instituciones del Estado y pasan ellos a ejercer la regulación social sobre los ciudadanos del territorio sin que éstos participen e incluso en contra de sus intereses. En Centroamérica este fenómeno tiene dos caras extremas: el control por parte de las maras o de otros grupos del crimen organizado de importantes territorios, sobre todo en los espacios urbanos; y el control por parte de terratenientes o incluso de compañías transnacionales de grandes extensiones de tierra en las zonas rurales, muchas veces usurpando derechos a las poblaciones campesinas o indígenas, y donde se impone la ley de la seguridad privada y del miedo.

La tercera característica del fascismo social es la violencia y la inseguridad. Es decir, la violencia en todas sus manifestaciones y la inseguridad de todo tipo, -incluyendo la laboral y la incertidumbre frente a la posibilidad de la sobrevivencia misma-, se convierten en determinantes del modo de vida en las democracias neoliberales. Esto desemboca en una ansiedad crónica frente al presente y el futuro para un gran número de personas, quienes de esta manera reducen radicalmente sus expectativas, desarrollan estrategias individualistas de supervivencia y se muestren dispuestos a soportar enormes cargas y privaciones con el fin de reducir los riesgos que les presenta la vida diaria. Según se planteó anteriormente, ésta ya es la realidad cotidiana en los países centroamericanos, convertidos no sólo en las sociedades más violentas del mundo, sino en sociedades donde más del 50% de la fuerza de trabajo se encuentra subempleada o en el mercado informal, sin garantías o seguridad de ningún tipo (OIT, 2011).

La última característica del fascismo social es el control de los mercados financieros y de los flujos de capital por parte de inversores individuales o institucionales esparcidos por todo el mundo y que no tienen nada en común salvo el deseo de maximizar sus ganancias. Esta “economía de casino”, como le llama Boaventura de Sousa Santos (2009), es complemente adversa a cualquier tipo de intervención y deliberación democráticas. Bajo esta característica del fascismo social se construye un espacio/tiempo virtualmente instantáneo y global que, junto a la lógica especulativa del lucro que lo sustenta, le confiere un enorme poder discrecional al capital financiero, suficientemente fuerte para debilitar fácilmente la economía o la estabilidad política de cualquier país. El golpe de Estado en Honduras de junio del 2009 se puede interpretar como un experimento de esta manifestación del fascismo social con el fin de probar la efectividad de su poderío, de evitar intentos de instaurar democracias más participativa y de bienestar en la región, y de evitar el bloqueo al mercado de las grandes empresas transnacionales (Robinson Salazar, 2009).

El neointegrismo y el debilitamiento del carácter secular del Estado

Aunado al fascismo social, el otro fenómeno que le sirve de sustento ideológico a las democracias neoliberales de Centroamérica es el neointegrismo religioso. Este es un fenómeno que surge en siglo XIX como respuesta de grupos católicos a la secularización y a la primacía de la ciencia. Su objetivo fundamental es instrumentalizar la religión con fines políticos; es decir, no es la conquista de almas per se lo que interesa, sino el ganar espacios dentro del Estado y de sus instituciones. Su lógica epistémica es que la religión debe manifestarse en el orden público, pero con el discurso de la modernidad (Pace y Guolo, 2006). En ese sentido, es más difícil combatir sus estrategias que las del fundamentalismo, ya que en su discurso no necesariamente hacen referencia explícita a la Biblia o al pecado, sino que utilizan los instrumentos y el lenguaje de la democracia y de la ciencia. Desde la anterior perspectiva, el proyecto del neointegrismo es la refundación de la sociedad, no de acuerdo al dogma religioso como tal, sino a las consecuencias normativas del dogma (Pace y Guolo, 2006). Por eso, es más importante que el Estado respete, asuma y convierta en política pública el sustrato moral de sus posiciones, que ganar adeptos que crean en Dios y en la Biblia.

Este movimiento ha encontrado un campo fértil en los Estados centroamericanos ya que, el asumir sus demandas, no hace que los políticos o gobernantes perezcan abiertamente retrógrados. Por el contrario, los hace parecer respetuosos y defensores de preceptos contenidos en las declaraciones internacionales de Derechos Humanos, del respeto a la vida desde la fecundación y las concepciones tradicionales de familia (contenidas, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica), mientras que pueden violentar toda la otra gama de derechos económicos y sociales contenidos en esos mismos instrumentos. Porque, justamente, el compromiso para los gobernantes implica defender las posiciones que le interesan a los grupos religiosos neoin-tegristas e implementar acciones estatales en ese sentido, a cambio de su respaldo ideológico -que puede ser interpretado por el pueblo creyente y necesitado de fe como respaldo “divino”- con el fin de tener el terreno libre y hasta “santificado” para continuar con las prácticas políticas y económicas que tanta desigualdad social, violencia y exclusión han provocado.

La creciente cercanía de los gobiernos de la región con los grupos religiosos no sólo ha debilitado el carácter secular de los Estados, sino que se convierte en un impedimento directo para el avance de las propuestas feministas. De hecho, en todos los países de la región -independientemente que los gobiernos sean de derecha o de izquierda- se ha establecido una clara alianza entre los gobiernos y las jerarquías religiosas para prevenir el avance de la agenda feminista, principalmente en lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. Ejemplos de la anterior son la eliminación, durante la última década, del aborto terapéutico en Nicaragua, El Salvador y Honduras, la eliminación de la fertilización in vitro en Costa Rica y la derogación de las políticas de salud que permitían el uso de la anticoncepción de emergencia en Honduras. Además, algunas feministas que se mantenían en puestos estatales han sido cesadas de sus funciones cuando manifestaron algún nivel de crítica o desacuerdo con las políticas públicas influenciadas por el neointegrismo religioso. Este fue el caso de la directora del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) cuando manifestó su apoyo al aborto terapéutico en el 2010, o de la directora del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, cuando se opuso al golpe de Estado del 2009, que ya había sido bendecido por Arzobispo de Tegucigalpa, el Cardenal Rodríguez Madariaga. El último ejemplo de este fenómeno lo ofrece el caso de Costa Rica, ya que la presidenta Laura Chinchilla, desde que estaba en campaña electoral, hizo un pacto con estos grupos para garantizarles que en su eventual gobierno no se aprobaría ningún proyecto de ley sobre fertilización in vitro, aborto, uniones civiles entre personas del mismo sexo o Estado laico y que, más bien, se procedería a firmar un Concordato con el Vaticano. Como recompensa, una vez que fue electa presidenta de la República, fue declarada “hija predilecta” de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, por el Arzobispo de San José. En esa ceremonia ella prometió, además, “llenar la Casa Presidencial de rosarios”.

¿Un paso adelante y dos atrás?

En el marco de este nuevo contexto es que el movimiento feminista de la región trata de llevar adelante lo que se ha convertido en una tortuosa marcha, por lo que se hace necesario hacer un balance de los avances y de los retrocesos, así como de las perspectivas futuras. Como se planteó arriba, existe una tensión permanente entre los planteamientos de cualquier movimiento social transformador y su incidencia en la agenda pública. En otras palabras, a medida en que las propuestas del movimiento feminista ganan aceptación social, corren el riesgo de perder su carácter profundamente subversivo y transformador. De esta forma, las instituciones empiezan a apropiarse del discurso y planteamientos feministas, pero a acomodarlos a su lógica e intereses (CEFEMINA, 2003; Carcedo, 2003). En ese sentido, si bien los discursos sobre la igualdad y la equidad de género se convirtieron en parte de agenda pública, la eliminación de todas las formas de opresión y desigualdad no constituye una dimensión inherente de la justicia social en Centroamérica. Por el contrario, como ya se vio, las políticas neoliberales más bien han profundizado las desigualdades y generado nuevas formas de opresión, violencia y exclusión social. Desde esa perspectiva, si bien ha habido importantes avances en algunas áreas, principalmente en la relativo a la participación política de las mujeres y a la transformación de jure de la legislación y de las políticas públicas, muy poco se ha conseguido en el terreno de la redistribución de los recursos y del poder en la sociedad. Es decir, mientras que los países centroamericanos han hecho algunos avances en materia de igualdad formal y han otorgado derechos de reconocimiento a las mujeres, la realidad política y económica de la región representa una barrera material y simbólica para el adelanto de una agenda de transformación social más profunda, particularmente de una agenda, como la feminista, basada en una ética de justicia redistributiva. Por eso, en lugar de avances más bien se experimentan serios retrocesos en el área de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Las políticas neoliberales, los compromisos contenidos en los Tratados de Libre Comercio y la reciente crisis mundial, más bien han debilitado el ya de por sí restringido estado de derecho, deteriorado los mercados de trabajo, reducido las oportunidades de trabajo decente para las mujeres y empeorado aún más las condiciones de vida.

En otros terrenos, incluso la institucionalidad de género creada y los diferentes programas de atención desarrollados desde los diferentes Estados enfrentan serios problemas. No sólo porque muchos de estos espacios han sido tomados por sectores conservadores e, incluso, neointegristas, y funcionan con presupuestos muy bajos, sino porque nunca han operado desde una perspectiva de derechos, cuyo objetivo principal sea la eliminación de la opresión y de la injusticia de género. Al contrario, muchas de estas instituciones funcionan bajo la lógica del asistencialismo, y las mujeres que acuden a sus servicios son definidas como “beneficiarías” “necesitadas de ayuda” o como “víctimas” a las que hay que atender o soportar como un favor, pero no como ciudadanas con derechos. Por su parte, las políticas públicas relativas a la igualdad de género ocupan un lugar marginal dentro de la política nacional. Estas políticas ni siquiera han sido incorporadas en los planes nacionales de desarrollo, ni se asumen como políticas de Estado; en ese sentido, tienen un carácter coyuntural y no representan compromisos nacionales de largo plazo. Por otra parte, estos planes y políticas tampoco cuentan con una adecuada asignación de recursos para su ejecución, ni con mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir si de verdad los países avanzan hacia la meta de construir una sociedad más justa y equitativa. Lo anterior muestra la tensión creciente entre las democracias formales y el desarrollo económico, y entre los derechos de la ciudadanía y los intereses del mercado. Como lo expresa Gina Vargas (2001: 218) “hemos alcanzado democracia formal y algunos derechos ciudadanos, pero no hay espacios para el ejercicio de esos derechos o mecanismos para garantizarlos”.

Por eso se argumenta que, en el contexto de las democracias neoliberales de Centroamérica, en lugar de provocar transformaciones sociales y culturales, los procesos de institucionalización de las demandas feministas han fomentado la cooptación de las propuestas y hasta del propio movimiento. Un ejemplo claro de esto tiene que ver con la aprobación de las cuotas de participación políticas de las mujeres, demanda colocada en la agenda pública por el feminismo. En el caso de Centroamérica, la aprobación de la legislación sobre cuotas y el incremento de la participación de las mujeres en la política también han implicado la llegada al poder de muchas mujeres conservadoras, conectadas muy de cerca con las élites políticas y económicas. Estas mujeres no sólo carecen de una agenda progresista, sino que, por el contrario, se convierten en feroces oponentes del movimiento feminista, principalmente en aquellos asuntos relacionados con la sexualidad y los derechos reproductivos. De esta manera, aunque la legislación sobre cuotas de participación política puede verse como un logro en los esfuerzos por ampliar la ciudadanía de las mujeres, también representa un ejemplo de cómo las propuestas transformadoras del feminismo son asimiladas por el Estado y retornadas a la sociedad como leyes y políticas que no le representan una amenaza al sistema. En ese sentido, si bien el aumento del número de mujeres en puestos de toma de decisiones tiene un impacto importante en la política electoral, este hecho no necesariamente tiene una influencia positiva en otros aspectos medulares que posibilitarían un avance en la agenda feminista de transformación social. Incluso en el terreno de las leyes y políticas relativas a la violencia, lo que se considera uno de los aportes más destacados del movimiento feminista a la institu-cionalidad de la región, los resultados concretos son cuestionables. Aparte de Costa Rica y Guatemala, que han legislado específicamente sobre una forma concreta de violencia contra las mujeres, el femici-dio, el resto de los países lo ha hecho sobre violencia intrafamiliar o doméstica. Esto representa un serio problema porque las normas desconocen la especificidad de la violencia contra las mujeres y las relaciones de poder desiguales entre los géneros que se encuentran a la base del problema. Al ser planteadas como neutrales al género, esta normativa no sólo oscurece las particularidades de la violencia contra las mujeres, sino que, cada vez más, se revierten en contra de las propias afectadas al ser usadas por los agresores como un instrumento más de maltrato y por las instituciones como un mecanismo de revictimización (CEFEMINA, 2003). En ese sentido, a pesar de lo reciente de estas legislaciones y políticas, su aplicación ya ha demostrado sus serias deficiencias y carencias, en particular su ineficacia para detener el aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres y castigar a los responsables.

En la práctica parece que la igualdad de género formalizada, tal y como ha sido construida en Centroamérica, y el neoliberalismo no son mutuamente excluyentes, sino, más bien, son socios en la búsqueda de un nuevo orden mundial. (Krook, 2008). En el contexto de un neoliberalismo global creciente pareciera entonces que las medidas para alcanzar una igualdad de jure son una concesión importante a las demandas del movimiento de mujeres, pero, a la vez, se convierten en una promesa vacía al contribuir a ensanchar la brecha creciente entre empodera-miento político, por un lado, y empoderamiento social y económico, por otro (Anne Phillips, 1999). Por esa razón, muchas feministas de la región expresan ahora sus dudas acerca de los cambios promovidos en el terreno de la igualdad formal, argumentado, entre otras cosas, que estos cambios más bien ayudan a hacer avanzar los proyectos neoliberales, desmovilizan los movimientos de mujeres, resultan en la elección de mujeres conservadoras en puestos de elección popular, promueven una visión estática de las mujeres como grupo y disminuyen su eficacia como actoras políticas (Krook, 2008). Después de 20 años de activismo feminista es evidente que estos cambios formales por sí solos no van a aumentar la calidad de la democracia, ni van a expandir la justicia social o a garantizar la construcción de una nueva sociedad que incorpore los principios de una ética política feminista. Más bien, las nuevas condiciones de la realidad centroamericana nos están haciendo perder algunos de los derechos ganados y hasta los espacios para ejercerlos.

La dinámica actual se da en un clima social mucho más conservador y restrictivo, caracterizado por el surgimiento de grupos organizados, tanto de carácter religioso como político, que intentan frenar los avances e incluso revertir los logros alcanzados por el movimiento feminista (Sagot, 2006). Desde esa perspectiva, las barreras sociales construidas para frenar el avance de cualquier propuesta progresista en la región pueden ser leídas como un símbolo de las nuevas condiciones en las que las feministas tratan de llevar adelante su agenda de transformación, pero se enfrentan a un Estado y a una sociedad menos receptiva, influenciada cada vez más por el discurso y la reacción organizada de grupos económicos, políticos y religiosos que evocan el autoritarismo, la preeminencia del mercado sobre la política, el individualismo exacerbado e incluso el mantenimiento del orden tradicional de género. En el contexto del fascismo social y del neointegrismo, de las promesas de igualdad vacías y de los retrocesos experimentados, muchas feministas de la región apuntan a que, a lo mejor, hay que mirar hacia otra parte. Aunque todavía no surgen propuestas muy acabadas, empieza a existir un creciente desencanto con la democracia, como parte de un reconocimiento de su estrecha relación con la globalización neoliberal, con el sistema de masculini-dad hegemónica y con las políticas neocoloniales. Además, algunos sectores del feminismo centroamericano empiezan a reconocer que si bien el discurso de derechos fue útil en determinados momentos, este discurso no debilita el poder de la democracia capitalista neoliberal (Bradshaw, 2006). El paradigma de los Derechos Humanos, argumentan, es muy “estadocéntrico” por lo que no permite un verdadero cuestionamiento de los modelos de desarrollo generados por el capitalismo patriarcal y racista. En el caso particular de Centroamérica, las luchas por los Derechos Humanos de las mujeres han convivido con concepciones muy restringidas de democracia y, de alguna forma, han ayudado a configurar e incluso a legitimar las democracias neoliberales de baja intensidad que existen en la región. Lo importante ahora sería no quedarse atrapadas en las promesas de la democratización ni en fantasías sobre la buena vida contenidas en el paradigma de los Derechos Humanos, sino entender que las democracias neoliberales, reforzadas además por el fascismo social y el neointegrismo religioso, no pueden garantizar igualdad, seguridad y prosperidad a la mayoría de la población y menos a las mujeres. Por eso, se empieza a construir un cierto consenso de que la lucha debe ser por la justicia y no tanto por la equidad, la paridad o las políticas de representación. No es una política de la presencia lo que se debe promover, sino una política de justicia y de redistribución que desmantele el dispositivo de poder que genera desigualdad y exclusión (Mendoza, 2010). Como parte de las estrategias, el reconocimiento de que los adversarios en esta lucha, tanto los viejos como los nuevos, son sumamente poderosos ha llevado también a las feministas centroamericanas a proponer la creación y participación en alianzas amplias con otros sectores progresistas, pero manteniendo la autonomía (Clulow, s/f).

De esta forma, se plantea la necesidad de construir un nuevo movimiento social centroamericano, diferente a los viejos movimientos revolucionarios del pasado, que deberá ser multicultural e incluyente y con la responsabilidad de impulsar nuevas alternativas para el bien común de los pueblos, basadas en principios de ética, justicia, equidad y sustentabilidad; en contraposición al proyecto de muerte del capitalismo neoliberal y sus prácticas de corrupción, falta de transparencia y exclusión (Sagot, 2007). Según las nuevas visiones, este movimiento pluralista e incluyente debería construir alternativas y propuestas frente a la militarización, a la violencia, a las privatizaciones, a las condiciones de trabajo, a la soberanía alimentaria, a la defensa del agua y de los recursos naturales y ambientales. Asimismo, este movimiento debería recoger las necesidades y aspiraciones de grupos particulares frente a estos temas, como las mujeres, las y los jóvenes, las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas.

Desde la anterior perspectiva, es necesario reconocer que más allá de los problemas y contradicciones, de los avances y de los retrocesos los procesos de transformación social generalmente se construyen día a día. Una lección importante que se deriva de la experiencia vivida por el movimiento feminista centroamericano en los últimos 20 años es que, si sólo se lucha por mejores leyes, políticas públicas o programas de equidad de género, lo único que se conseguirá son reformas parciales y pequeñas rupturas en el sistema de dominación. El reto es, entonces, mantenerse con los pies en la tierra, pero seguir construyendo un movimiento autónomo, desarrollar una política de alianzas con otros sectores progresistas y mantener viva la utopía feminista y su ética de justicia y redistribución.

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Doctora en Sociología, directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer. Profesora catedrática de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica.↵

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Mujeres hacia el socialismo feminista en Venezuela

Alba Carosio[1]

Las bases filosófico políticas

En 1983, en una ponencia para el GT Estudios de la Mujer de CLACSO, Julieta Kirkwood planteaba, calificándola de difícil, la relación entre la política, lo feminista y lo popular. Pensaba Julieta que todo planteo político ideológico surge en un ámbito histórico cultural propio y es teñido por su signo, y por lo tanto, da lugar a ecuaciones diferentes en la articulación política-feminista-popular. En este sentido, definía tres situaciones muy gruesas de historicidad para los movimientos feministas o movimientos políticos de mujeres en América Latina: a) situación democrática formal; b) situación revolucionaria; y c) situación de quiebre democrático y autoritarismo.

En Venezuela, a partir, de la elección del presidente Hugo Chávez y del nuevo marco constitucional comienza una revolución, definida así porque tiene como horizonte una transformación socioeconómica profunda y radical y un nuevo sistema político. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 significó una ruptura con el consenso político y económico hasta entonces vigente y la irrupción de actores constituyentes, con identidades invisibilizadas y subalternizadas; tales como campesinos, indígenas, mujeres y feministas, sindicatos nuevos y antiguos, pobres urbanos y afrodescendientes, organismos de Derechos Humanos. Ellos forzaron la inclusión de nuevos temas en la agenda política, y con ello, han impulsado la delimitación de un modelo con perfiles propios. La CRBV tuvo un carácter regenerativo del conjunto social venezolano, supuso el comienzo de un nuevo pacto social y presentó un proyecto político para la emancipación nacional con alcances continentales. La CRBV se caracteriza por un detallado garantismo en Derechos Humanos y por la conformación de una democracia participa-tiva, definida como protagónica, que postula un nuevo ejercicio de la ciudadanía, que redistribuye el poder como propiedad colectiva. Se “refunda la república” para establecer una sociedad democrática y amante de la paz, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural; e impulsar y consolidar \a. integración latinoamericana de acuerdo al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

La CRBV habló de hombres y mujeres, de familias[2], de pueblos indígenas como nuevos sujetos constituyentes para desarrollar el principio de igualdad inclusiva y resignificar la ciudadanía y hacer visible la diversidad que integra el pueblo. La legitimidad y consolidación del proceso iniciado requería la incorporación de las masas excluidas. Se trata de un nuevo “nosotr@s”, que se define como “pueblo”, algo más que un conjunto de ciudadanos, como categoría política que significa comunidad.

La aparición del pueblo como un actor colectivo político se relaciona con situaciones coyunturales de crisis y con momentos de conciencia acerca de la analogía de las reivindicaciones, que los diferentes sectores sojuzgados han elaborado. Para Gramsci, el pueblo es el bloque social de los oprimidos, antagónico al sistema vigente, y puede impulsar la transgresión al mismo. El pueblo incluye diversidades igualadas en la sujeción. La conformación de un bloque de las y los subvalorados y oprimidos instituye un espacio intersubjetivo para procesar sus demandas comunes, es un elemento clave para que la “comunidad de las víctimas” pueda irrumpir en la historia e impugnar el orden social, se va elaborando una nueva voluntad colectiva (Dus-sel, 2005). En la CRBV se invoca a los “poderes creadores del pueblo”, como fundadores de la República, con soberanía intransferible. El pueblo es significante clave en el proceso bolivariano.

Desde el principio, la CRBV se fue leyendo y reflexionando en todos los espacios sociales, y su principal potencial de desarrollo no fue tanto la puesta en práctica de nuevos mecanismos institucionales, sino más bien la creciente emergencia y organización de las mayorías pobres, que se convirtieron en auténtico motor del proceso. El pueblo fue organizándose en su diversidad en torno a la apropiación y reflexión sobre la CRBV. Paralelamente a este movimiento popular, se fue conformando una oposición polarizada que se asustaba de la irrupción en el espacio público de las y los pobres, que fueron percibidos, cada vez más, como peligrosos.

Pero, el pueblo y sus sujetos y sujetas entraron en el espacio público con fuerza y decisión. El desbaratamiento popular militar del golpe y del posterior paro petrolero orquestado por la cúpula empresarial y por la dirigencia de la desacreditada de la Confederación Venezolana de Trabajadores, tendría un papel crucial para el desarrollo del constitucionalismo tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Estos hechos dejaron claro la voluntad de las clases populares, comenzando por sus miembros más vulnerables (los pobres urbanos, los sectores afrodescendientes y de las mujeres) de asumir la defensa de la constitución como una manera de proteger los espacios conquistados en la vida política y económica (Pisarello: 2010).

Recordamos que las mujeres organizadas decidieron incorporarse activamente en el proceso de la Asamblea Constituyente: “fue considerado como una oportunidad propicia para que las mujeres venezolanas participaran activamente en la tarea de construir un mejor país” (Jiménez, 2000: 9). La incorporación de las propuestas feministas en la Constitución significó una ampliación y/o mejora de los objetivos revolucionarios del constitucionalismo venezolano.

Fueron muchos los documentos presentados con propuestas sobre los Derechos Humanos de las mujeres como principios constitucionales, que giraron en torno a la igualdad entendida como igualdad sustantiva, de condiciones y resultados, en los términos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Las demandas fueron: superación de la discriminación, educación para la igualdad de género, igualdad de deberes y derechos de mujeres y hombres en el matrimonio, igualdad en el ejercicio de deberes y derechos políticos, consagración género sensitiva de los principios de igualdad y equidad, consagración de los derechos sexuales y reproductivos que incluyan maternidad libremente escogida y educación sexual, garantías de igualdad en el trabajo, protección y seguridad social integral, reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico.

La Constitución de 1999 fue pionera en la utilización inclusiva del lenguaje de género, tanto para la descripción de los órganos estatales (presidente o presidenta, diputados y diputadas, jueces y juezas) como en todas las referencias a la ciudadanía. La feminista Viki (Vittoria) Ferrara-Bardile describe así este logro:

Lenguaje jurídico, administrativo que nos restituye como ciudadanas de plenos derechos y deberes, que rompe con los parámetros tradicionales, que nos hace protagonistas de los cambios sociales, que nos vuelve visibles históricamente al afirmar nuestra participación -pasada, presente y futura- en todos los ámbitos del quehacer social, económico, cultural y político nacional. Pensamos también que la lectura y estudio de la Carta Magna en las escuelas tendrá una función pedagógica importantísima para todo el alumnado, el femenino y el masculino. De esa manera se logrará que, desde la infancia y la adolescencia, el pueblo conozca sus derechos y sus deberes y se iniciará la “Educación para la igualdad” propugnada por la Unesco y ya muy activa en algunos países latinoamericanos ‘¡Podré ser presidenta!’, exclamarán las niñas. ‘¿También las niñas pueden ser presidentes?’, preguntarán, extrañados, los niños. Y lo asumirán” (Ferrara-Bardile, 2000: 91).

La importancia de este logro se debe entender a la luz de la función transmisora del sexismo que tiene el lenguaje, aunque también puede ser un instrumento de libertad, y como recuerda Viki que dijo Andrés Bello “vínculo de fraternidad”. No faltaron acusaciones, ridiculiza-ciones y hostigamiento dirigidos hacia el rupturista estilo lingüístico constitucional. Aún así, la Constitución de la República Bolivaria-na de Venezuela quedó tejida desde el principio hasta el final por la perspectiva de género y de corresponsabilidad, expresado en lenguaje sensible no sexista. La CRBV fue la principal impulsora del lenguaje inclusivo en todos los espacios comunicacionales venezolanos.

Así trabajaron las mujeres venezolanas organizadas en la ANC:

Dos mecanismos funcionaron de manera clave en la formulación y discusión de las propuestas. En primer lugar, las mujeres -unidas, seguras y solidarias en la definición de las propuestas- elaboramos un documento contentivo de nuestras principales propuestas, organizado y ampliado luego por el Consejo Nacional de la Mujer. En segundo lugar, fueron de mucha ayuda la convocatoria y metodología de trabajo que utilizó la Comisión de Derechos Sociales y de la Familia, especialmente la Subcomisión de Mujer, Niños y Adolescentes de la AND. Esta última recogió, a través de un equipo de apoyo, todas las manifestaciones y peticiones de las mujeres de todo el país y de todas las ideologías, clases, grupos, etc. para plasmarlas en el articulado constitucional (Jiménez, 2000: 21).

Pero en el seno del mismo movimiento de mujeres, la visión recogía también la incorporación de las mujeres desde lo popular, desde la óptica de las mujeres de base, no solamente desde la visión de género sino también desde la visión de clase. Dice Nora Castañeda, que desde la visión popular “Las mujeres van pasando en diferentes oportunidades históricas por un proceso de constitución como mujeres de pueblo, y aquí está recogido ese proceso de constitución, y eso significa constituyente: un pueblo que se constituye” (Jiménez, 2000: 51). Se abrió espacio a las mujeres como sujetas-pueblo y a su participación protagónica.

La garantía del “goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e inter-dependiente de los derechos humanos” (Art. 19 de la CRBV), nutre transversalmente toda la Constitución y es objetivo principal del ordenamiento jurídico que se ha ido desarrollando a partir de ella. En particular, la visión de Derechos Humanos vigente en Venezuela se centra en el ejercicio efectivo y real, sin discriminación, con igualdad y equidad, por lo cual las medidas positivas hacia grupos que pudieran ser vulnerables tienen rango constitucional (Art. 21). Y los tratados, pactos y convenciones relativos a Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional (Art. 23). Debe destacarse que estos dos elementos incluidos en la CRBV tienen gran importancia para las mujeres y las niñas, las organizaciones de mujeres se han apoyado fuertemente en ellos para solicitar avances en derechos y en políticas de equidad e igualdad, basándose en la necesidad de medidas positivas que permitan disminuir brechas históricas y en los lincamientos establecidos por CEDAW, con la perspectiva de igualdad fáctica o de resultados, no discriminación y responsabilidad estatal. El Estado venezolano tiene la obligación de aplicar las normas más favorables a los Derechos Humanos, por lo que la referencia a los instrumentos internacionales no significa negación de otros derechos humanos que pudieran no figurar expresamente en ellos (Art. 22).

Se destaca que entre los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales en la CRBV se incluyen explícitamente los Derechos Sexuales y Reproductivos:

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos (Art. 76).

Se establece así la necesidad de fortalecer la educación sexual, las políticas de familia, de protección a la maternidad y paternidad, de información y comunicación para la prevención en salud sexual, de acceso a servicios confiables y de calidad, dirigidos a todas las personas en cualquier etapa de su ciclo vital. Sin embargo, se mantuvo la protección a la maternidad desde la concepción, aspecto en que las jerarquías eclesiásticas que lograron imponer su pensamiento[3] por sobre la demandas de las mujeres.

Otro logro importante en la CRBV fue el Artículo 88, que especifica que “El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley”. El reconocimiento del valor del trabajo del hogar constituye un avance ideológico de envergadura que sigue admirando a muchas mujeres del mundo.

El texto constitucional se constituyó en una plataforma de lucha, y base desde la cual avanzar. Se trató de que la Constitución llegara a todos los rincones del país y permitiera a las mujeres organizarse y participar. Decía la constituyentista feminista Blancanieves Portoca-rrero, sobre las tareas que derivaron de la CRBV:

Es un desafío para los movimientos de mujeres, cambiar el lenguaje, cambiar la forma de trabajar. No es que tú eres responsable y yo no, ni yo la víctima, ni tú el victimario, sino que somos corresponsables de un espacio donde además tu trabajo y el mío son valor agregado para la riqueza humana. Eso es lo que significa la equidad de género. No puedes ahora asumir el principio de la corresponsabilidad que gravita en la Constitución Bolivariana con el discurso tradicional, porque no hacemos nada (Jiménez, 2000: 160).

La CRBV significó un comienzo diferente para el movimiento de mujeres en Venezuela, porque mientras unas (las que estaban de acuerdo con el proceso de cambio) se dedicaron a ir pensando, leyendo y trabajando a partir de la plataforma de la Constitución; otras (que por nexos a veces personales y a veces políticos quedaron en la oposición) se aglutinaron y amurallaron en acciones en contra de la continuidad del proceso emprendido.

El desarrollo práctico de la CRBV pronto atravesó diferentes escollos. El principal, sin duda, fue el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero empresario que tuvo lugar meses después. Estos hechos marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del marco constitucional. Al enconar, en efecto, las relaciones entre gobierno y oposición, introdujeron un cierto clima de excepcionalidad que impidio un despliegue normal del programa constitucional. En el contexto opositor, algunas integrantes del movimiento de mujeres vieron con buenos ojos las actividades conspirativas, e incluso adhirieron firmando el Decreto Carmona[4]. La deslealtad constitucional produjo el fenómeno de la polarización.

La polarización es un dato insoslayable para analizar y entender comportamientos, ideas y presentación de datos que ha venido marcando el accionar de los movimientos de mujeres en Venezuela, a partir sobre todo del año 2000. Tiene como base desigualdades sociales y económicas históricas y ha alcanzado niveles de aguda confrontación y marca las vivencias, expectativas y actuaciones, y la manera de ver y analizar lo vivido, lo actuado y lo acontecido (García y Valdivieso, 2009: 134). La polarización política es producto de una guerra cultural que, favorecida por las élites, manifiesta el enfrentamiento de clases cuando el pueblo, como bloque de las y los explotados, comienza a participar desarrollando los principios que se plasmaron en la CRBV Hay una relación entre polarización de las élites y legitimación de las desigualdades. En ese contexto, la polarización inducida en las campañas políticas y desatada ante la irrupción de lo popular no dominable, substrae del debate político asuntos socioeconómicos centrales.

El cambio y transformación social que se inició con proceso bo-livariano significó para el movimiento feminista de las mujeres por lo menos los siguientes acontecimientos:

Irrupción en la agenda política de las mujeres y sus derechos: los temas de las mujeres alcanzan presencia en la agenda política, con el impulso de una institucionalidad que se fue desarrollando en el Estado y con el concurso de diferentes formas organizativas de mujeres.

Partiendo de la plataforma de la CRBV se desarrollaron nuevas formas comunitarias populares de mujeres, con amplia participación, que si bien lucharon por intereses prácticos y principalmente de clase, fueron afirmando en su accionar una conciencia de género novedosa.

Las mujeres, sobre todo en los primeros años del proceso, fueron actoras privilegiadas y muy visibles, parecieran, en algunos casos, constituir un frente manipulado de la confrontación sociocultural⁴.

Se mantuvieron agrupadas en instituciones gubernamentales, académicas y en ONG o grupos de trabajo feministas que fueron alineándose a favor o en contra del proceso bolivariano, con fuertes barreras para el diálogo y el reconocimiento mutuo, aunque siempre con la idea un tanto nostálgica de tiempos pasados por mantener un espacio de movimiento amplio en el que “quepan todas”, con colaboraciones puntuales y específicas, pero con grados crecientes de dificultad para lograrlo.

En años más recientes han venido apareciendo colectivos de mujeres más jóvenes, que crecieron en los 12 años que lleva la revolución, y han venido conformando un feminismo de nuevo cuño, con características propias, que se definen como movimiento social con fuerte compromiso popular y autonomía, que han venido conceptualizando e impulsando la idea del “socialismo feminista”.

Como en todo movimiento social, en el movimiento feminista de las mujeres es más importante lo que pretende que lo que efectivamente es, e importan, sobre todo, sus contenidos cualitativos. Como decía Giovanna Mérola (1985) el feminismo es un auténtico movimiento social, porque es un intento colectivo de hacer cambios en la sociedad y de crear un orden social totalmente nuevo.

Durante el proceso bolivariano, en el feminismo venezolano han ido variando los tres aspectos básicos de todo movimiento:

 Identidad. ¿Es posible afirmar un nosotras sin calificaciones? Después del sueño individualista de la década de los noventa, donde la clase se pensó desaparecida, con la irrupción del proceso bolivariano se hizo evidente la necesidad de articular clase y género. Las feministas anteriores no se comprendían a sí mismas en términos interseccionales, en el cruce de género, etnia, clase y de otras señales fuertes de sujeción o de dominación.                                                                       Se suponía una hermandad, un vínculo que venía dado con la sujeción del género (Lugones, 2005). Reconocerlas interconexiones de etnia, género y clase es también reconocer que las condiciones de nuestras vidas están conectadas y conformadas por las condiciones de vida de otros

Oposición o definición del adversario, aunque todas las feministas venezolanas reconocen como adversario principal el patriarcado, la diferencia comienza a aparecer en cuanto se analiza cuáles son las estrategias y alianzas que el patriarcado concretamente tienen en el momento y espacio histórico. El patriarcado es jerárquico y los hombres de las distintas clases o grupos étnicos ocupan distintos puestos en el patriarcado. El patriarcado toma formas específicas de cada momento, y por esto, se niega la “atemporali-dad” de la demanda feminista que se expresa en el no encontrar demandas políticas coyunturales (Kirkwood, 1983).

Proyecto totalizador y definición del proyecto alternativo. En este aspecto están las mayores diferencias y las más claras: algunas venían pensando que se trataba simplemente de lograr derechos cada vez mayores dentro del sistema, con la llegada de la Revolución Boli-variana, se revitalizó el feminismo que aspira a cambiar el sistema.

En la contraposición de posiciones feministas en nuestra Venezuela Bolivariana, se hizo evidente que una tradición concreta, blanca, eu-rocéntrica y occidental y ciega a los problemas de clase, pretendió establecerse como el único feminismo legítimo. Algunas feministas que pudieron arrancarle una cuota económica y política al pacto social se sentían desplazadas cuando una nueva reconfiguración social, las incorporaba a un conjunto mayor de nuevas camaradas, y las descolocaba frente al bloque social de las y los oprimidos.

Este tipo de feminismo ha servido para ser lucha progresista y emancipatoria, pero también ha funcionado para afirmar la superioridad de las clases medias concebidas como ilustradas, modernas, avanzadas sobre las clases más bajas imaginadas como patriarcales, intolerantes, primitivas. Se trataba entonces no de cambiar la sociedad sino de modernizar la sociedad. En ocasiones se conceden mejoras a las mujeres para reconducir su movimiento hacia la gobernabilidad, la categoría género también se ha usado para hacer presentables e integradas al sistema las demandas feministas.

En el otro lado, el feminismo tiene una estirpe radical y con-tracultural, que insurge contra las bases mismas de la dominación cotidiana. Por eso las sociedades igualitarias no podrán serlo sin adherir a las ideas feministas, sin feminismo no hay socialismo, no hay justicia, ni hay revolución, porque las relaciones de poder se sostienen recíprocamente. El patriarcado como sistema de poder y modelo de dominación es preexistente, pero el capitalismo se apoya en el patriarcado, hay alianza y complementariedad entre ambos.

La construcción de un socialismo feminista tiene como todo proceso histórico en desarrollo logros y pendientes, avances y retrocesos, veamos un poco de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela.

Revirtiendo la pobreza

Afirma la CEPAL que hoy en día el continente latinoamericano es un continente progresista, apalancado por el gasto social que ha venido siendo motor de las economías. Venezuela lidera – según PNUD y OEA- la reducción de la pobreza y en especial de la indigencia.

En Venezuela a partir del año 2004, las estadísticas muestran una reducción sistemática de la pobreza, llegando la proporción de hogares pobres a menos de la mitad de lo encontrado al comienzo de la etapa bolivariana.

Otra medición que indica el mejoramiento de la igualdad de condiciones de vida y superación de la pobreza es el índice que Gini[5], que mide la desigualdad, y que descendió de 0,4874 en 1997 hasta 0,3898 en 2010.

Por otra parte, CEPAL (2010), con base en información del año 2007, ubicó a la República Bolivariana de Venezuela entre los países con brecha social baja, e indicó que entre 1997 y 2007 hubo un mejoramiento de las percepciones distributivas principalmente entre quienes están en las capas socioeconómicas más bajas (CEPAL, 2010: 100). Y en el “Panorama Social de América Latina 2011″, CEPAL reconoce a Venezuela como uno de los tres países donde se ha reducido más la desigualdad.

Como factores determinantes de estos buenos resultados se destacan el incremento de la inversión social, las políticas distributivas del ingresos tales como aumento del Salario Mínimo, Bono de alimentación, becas y aumento del número de pensionados y mejoramiento del empleo en los sectores pobres, disminución general del desempleo y aumento del empleo en el sector formal.

Venezuela tiene una alta proporción de mujeres jefas de hogar, que ha venido aumentando desde un 29,4% en 2001 hasta un 39,3%, según revelan datos preliminares del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. Aunque hay discusión sobre la relación jefatura de hogar femenina y pobreza, sus relaciones son múltiples y comprenden varios aspectos, es necesario señalar que entre las tendencias globales más importantes que caracterizan el desarrollo de las familias contemporáneas se manifiesta el incremento de la jefatura de hogar y de la monoparentalidad femeninas, y el rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento de los hogares, particularmente cuando estas mujeres tienen hijos pequeños. Se destaca que en los hogares con jefatura femenina son principalmente mono-parentales, mientras que los hogares con cabeza masculina con principalmente biparentales. De allí que la pobreza sea característica de estos hogares, y estos hogares feminizados sean más frecuentes en los sectores pobres.

Por lo tanto, las políticas de disminución de la pobreza tienen mayor impacto en los hogares bajo responsabilidad de mujeres. Comparando la disminución de la pobreza en hogares con jefatura femenina y en hogares con jefatura masculina se observa que, en los primeros, la disminución es mayor que en los segundos, aunque la proporción de pobreza sigue siendo mayor para las mujeres.

A fines de 2011, se implemento una política específica -Misión Hijas e Hijos de Venezuela- para atacar la pobreza más renuente que, principalmente, está integrada por hogares feminizados.

La política social ha tenido su eje en las Misiones de la República Bolivariana de Venezuela iniciadas en el mes de julio de 2003, como formas alternativas para superar la burocracia de la administración pública y generar rápidos impactos de inclusión social y cambio en el bien vivir del pueblo. Con carácter universalista y masivo, desencadenaron un proceso político de participación con extraordinario apoyo popular y la incorporación de una gran parte de la población a estos programas, ya sea como beneficiarios o docentes (Venegas y Yáñez, 2007). Representaron, además, una modalidad de programa de alto ritmo de crecimiento y se destacaron por ser convocantes de una enérgica movilización social (D’Elia y Quiroz, 2010).

Según la III Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por Banco Central en 2005, 48,3% de la población Venezolana se ha beneficiado de al menos una Misión. Principalmente la incorporación a las Misiones se ha dado entre los grupos que tienen los ingresos más bajos, donde entre seis y siete de cada diez personas se han beneficiado de alguna de ellas.

Principales participantes de las Misiones Educativas (Robinson I y II, Ribas y Sucre)[6]y Capacitación para el Trabajo (Vuelvan Caras[7]) han sido las mujeres venezolanas:

Las Misiones se van sustituyendo unas a otras, significan un impulso especial de algún área o necesidad social para tener logros en corto tiempo, se persigue la atención masiva y acelerada de la deuda social acumulada, con esfuerzos extraordinarios y movilización/participación socio comunitaria que además deje un saldo organizativo de tejido social y construcción de convivencia y poder popular. Las Misiones van desde la universalización de la atención a la salud a nivel comunitario: Misión Barrio Adentro, pasando por Misión Mercal para impulsar la disponibilidad de alimentos, Misión Identidad, Misión Cultura, etc. y más recientemente la Misión Vivienda. Los datos arrojados por el Registro de Necesidades de Vivienda indican que 41,28% son mujeres jefas de hogar sin cónyuge, lo cual indica la importancia de la atención a las necesidades prácticas de las mujeres.

A fines de 2011, y con el objetivo de atacar de manera frontal la pobreza crítica estructural se implemento la Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela, que tiene como objetivo la asignación de ayudas económicas los hogares que tienen ingreso inferior a salario mínimo. Son sujetos de protección especial adolescentes y mujeres embarazadas, hijas o hijos menores de 18 años, personas con discapacidad sin límite de edad. Se fundamenta en la constatación de que el ingreso en el hogar que se encuentra en condiciones de pobreza crítica, es una condición limitante para superarla, especialmente cuando coincide con limitaciones producto de situaciones sociales y de salud que la profundiza. Son condiciones para mantenerse en el programa: asistencia al control prenatal, asistencia al control médico para las y los discapacitados, permanencia en el sistema educativo para las y los niños, incorporación al sistema educativo para las embarazadas menores de 19 años, participación en programas educativos para las y los adolescentes entre 15 y 19 años. Se espera que esta misión -al mismo tiempo que combate la pobreza- fomente la prevención del embarazo adolescente y aumente la salud materno infantil.

También se implemento la Gran Misión en Amor Mayor, dirigido a las adultas mayores de 55 años y los adultos mayores de 60 años, dando prioridad a los que viven en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo, a quienes se asigna una pensión igual al salario mínimo nacional. Se trata de avanzar a la universalidad de la pensión de vejez, independientemente de la capacidad contributiva. Esta misión, no solamente incluye a las mujeres, sino que las beneficia especialmente, ya que una gran parte de ellas trabajaron remuneradamente de manera discontinua y, en general, en actividades tales como servicios domésticos y otros sin beneficios ni derechos laborales.

Institucionalidad de género

En la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se preguntaba ¿Qué Estado para qué igualdad? En todo caso, responderíamos que se trata de una igualdad real, no de una mera igualdad ante la ley, una igualdad que parta de la equidad, es decir de la justicia. Una igualdad que no se concrete en el falso universalismo de la cultura blanca, masculina y occidental como un patrón universal. Un Estado que, al mismo tiempo que corrija la discriminación, promueva la igualdad.

Las diferentes identidades que atraviesan al pueblo deben ser reconocidas y valorizadas, partiendo no de la proclamación de su abstracta igualdad, sino del hecho de que pesan en las relaciones sociales como factores de desigualdad. La igualdad es un principio prescrip-tivo, un deber ser, no es un hecho sino un valor. Donde la diferencia resulta desvalorizada de hecho y discriminada con menoscabo de las mujeres por los muchos obstáculos de tipo social y cultural que la penalizan en beneficio de los varones, banalizando en la práctica el principio de igualdad. Es, pues, tomando en consideración estos obstáculos y el modo en que operan al discriminar las diferencias como deben elaborarse las garantías sexuadas. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Se trata se superar el concepto de igualdad de oportunidades para llegar al de igualdad de resultados. La igualdad de resultados tiene por objetivo que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos, para lo cual es necesario eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que pueda anular el goce y ejercicio de esos derechos.

Por esto la política hacia las mujeres debe realizar una reparación de las desigualdades estructurales que se fundamentan en el patriarcado. Utilizando las estrategias de acción positiva que programa la Constitución de la CRBV, ya que una actuación neutral dentro de una estructura desigual produce la continuación de las desigualdades existentes. Así, la noción de equidad que maneja la República Bolivariana de Venezuela está definida en los términos contrarios a la exclusión, esto es, en términos de “inclusión”. La acción estatal se orienta a generar derechos de ciudadanía plena; por tanto, les otorga a los miembros de la sociedad una garantía de participación sobre los beneficios sociales en el largo plazo y el derecho de reclamarlos, así como se propone su habilitación o capacitación para intervenir en la formación y gestión de las políticas estatales.

En la República Bolivariana de Venezuela la equidad e igualdad entre mujeres y hombres se entiende como un eje transversal en el desarrollo del país. La igualdad como principio normativo se sustenta en el principio ético de la justicia, que incluye el reconocimiento de condiciones históricas y materiales diferentes, que necesitan ser atendidas, para lograr el ejercicio real de los derechos. La equidad de género está asociada a la necesaria consideración de la posición de las mujeres, en términos de inserción en la estructura social, para garantizar de manera efectiva la igualdad de ejercicio de derechos.

Desde este punto de vista, el Estado venezolano ha venido desarrollando una institucionalidad conformada por Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer) creado en 1999; el Banco de Desarrollo de la Mujer (BanMujer) creado 2001; y la misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” en 2006 y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en 2009.

El Instituto Nacional de la Mujer tiene como misión impulsar la participación protagónica en los ámbitos político, económico, social, territorial e internacional, y la creación de una infraestructura institucional de servicio para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en concordancia con la Ley Orgánica sobre del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y de una infraestructura institucional para el fortalecimiento familiar y comunitario para la atención, prevención y responsabilidad en el embarazo temprano.

Respondiendo a propuestas de los movimientos de mujeres y sus aspiraciones de un modelo de desarrollo sustentado en los seres humanos para superar la pobreza, se creó Banco de Desarrollo de la Mujer/ BanMujer con la finalidad de respaldar la creatividad y el potencial productivo de las mujeres de los estratos más pobres. En el entendido que no se trataba únicamente de darles crédito a las mujeres, sino que el asunto era cómo hacer para que fuese un instrumento al servicio de la incorporación con equidad de género de las mujeres. BanMujer ha promovido la Red Popular de Usuarias que es una articulación de mujeres populares con el objetivo de garantizar del desarrollo socio-productivo, soberano y protagónico de las usuarias de Banmujer, sus familias y comunidades, desde el desarrollo local, con una visión integral, nacional e internacional

Logros legislativos que avalan e impulsan la equidad y la igualdad para las mujeres son:

Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (2007) establece que el Estado protegerá a las familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los integrantes que la conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares.

En esta ley se sustenta en el principio de igualdad de derechos y deberes entre las y los integrantes de las familias, que constituye la base del ejercicio del principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad familiar. Se establece que el padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de catorce días continuos contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia (Art. 9). La licencia por paternidad es sufragada por el Sistema de Seguridad Social, y también se disfruta en el caso de adopción. Se dispone el acceso a métodos y estrategias para la planificación familiar y para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable, y la obligación del Estado de incluir la reproducción asistida en los servicios públicos de salud. Se instaura la prueba de ADN para la paternidad biológica.

La LPFMP representa un esfuerzo para promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, y superar los estereotipos de género. Esta ley es un comienzo en el camino de la armonización de la vida laboral y la vida familiar.

Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna (2007) que establece que las madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración de los padres, del Estado y la participación solidaria de las comunidades. En concreto se dispone que “los padres y demás integrantes de las familias deben alentar y brindar todo el apoyo necesario para que las madres puedan ejercer el Derecho Humano en beneficio de sus hijos e hijas”.

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) que tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica.

La LODMVLV trabaja con un concepto amplio de violencia de género, se señala que la violencia contra las mujeres
[...] comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado (Art 14).
Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las siguientes: violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes.

En junio de 2008 se instalaron, de acuerdo al mandato de la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Tribunales Especiales de Violencia contra las Mujeres. Actualmente, existen 35 Tribunales Especiales de Violencia contra las Mujeres en Venezuela, y están en proyecto de establecerse tribunales en cuatro estados más. Son dos tribunales de control y uno de juicio por cada entidad. Desde esa fecha hasta diciembre de 2010 en todo el país se recibieron 108.200 denuncias. Todas han ingresado como causas a los tribunales y de ese lote se han sentenciado 53.700 (50%). Los maltratadores han sido detenidos o como la ley lo indica, están bajo mecanismo de reeducación. No obstante, se estima que sólo 10% de las víctimas denuncia a los culpables, básicamente por miedo, por depender económicamente de su pareja o por temor a lo que sucederá con sus hijos.

En el año 2010 se creó la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, entre las atribuciones de la referida comisión están desarrollar y diseñar políticas judiciales tendentes a optimizar el sistema de justicia de género, diseñar una política judicial de enlace entre los tribunales de violencia contra la mujer y los consejos comunales y recopilar criterios judiciales en materia de violencia contra las féminas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República tiene 70 despachos con competencia en Violencia contra las Mujeres. No sólo atienden los casos de violencia de género, sino que de igual forma trabajan con las comunidades, a través de jornadas sociales. Desde el año 2000 funciona la Defensoría Nacional de la Mujer que apoya a las mujeres en el acceso a la justicia y desde 2004 la Defensoría Especial con competencia nacional sobre Derechos de las Mujeres que asesora a la Defensoría del Pueblo, y ejecuta acciones para proteger los Derechos Humanos de las mujeres. A partir del año 2000, el Instituto Nacional de la Mujer mantiene el 800-Mujeres, que ofrece asesoría para las mujeres víctimas de violencia, y donde se ha venido atendiendo un promedio de 4.500 llamadas anuales, aunque existe un 20% de contactos que son consultas de tipo económico relacionados con la separación de pareja; a partir de octubre 2008 se instaló una nueva plataforma tecnológica que permitió elevar el número de llamadas atendidas a alrededor de 20 mil llamadas mensuales.

Otro avance importante es la incorporación de los Planes y Presupuestos Sensibles a Género en los planes nacionales; en la Ley de Presupuesto Nacional se ha institucionalizado la perspectiva de género a partir de 2006. En el año 2010, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular indica, como principios y valores para construir la nueva sociedad, la igualdad de género y la garantía de los derechos de la mujer. Textualmente dice:

Principios y valores

Artículo 3. La planificación pública, popular y participativa como herramienta fundamental para construcción de la nueva sociedad, se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: democracia participativa y protagónica, interés colectivo, honestidad, legalidad, rendición de cuentas, control social, transparencia, integralidad, perfectibilidad, eficacia, eficiencia y efectividad; equidad, justicia, igualdad social y de género, comple-mentariedad, diversidad cultural, corresponsabilidad, cooperación, responsabilidad, deber social, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y toda persona en situación de vulnerabilidad; defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional (LOPPyP, 2010).

Es importante señalar que estos mismos valores están también incluidos en la Ley Orgánica del Poder Popular promulgada el 21 de diciembre de 2010.

La incorporación de la perspectiva de género en los lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual Nacional fue explícita en el año 2009, donde se determinaba que:

Todos los Órganos del Poder Central, conjuntamente con los entes adscritos, deberán presentar por lo menos un proyecto que contenga la perspectiva de género, como una iniciativa para sensibilizar y potenciar las capacidades de funcionarías y funcionarios del sector público hacia el tratamiento de la Igualdad de Género, tanto hacia las comunidades como en las Instituciones del Estado (POAN, 2009).

En el documento de 2010, se especifica que: “el proceso de planificación debe iniciarse con la transversalización en los poderes públicos sobre el reconocimiento de la Equidad de Género, basado en el reconocimiento de las inequidades”. A su vez en el proceso de formulación de 2011, se enfatiza en que: “todos los proyectos deben contener la perspectiva de género, particularmente los dirigidos a las áreas de salud, prevención de violencia, educación, vivienda, participación ciudadana, seguridad social, empleo y alimentación” (Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto, 2011).

Para 2012, en el proceso de formulación, se retoma los mismos considerandos de 2011, pero con la particularidad que son visibili-zados en los lineamientos tecno políticos y metodológicos, y se un documento para la formulación de Proyectos con perspectiva de género, elaborado, en el marco de la Comisión Tripartita para la Imple-mentación de la Planificación y Presupuesto, por la Coordinación y el MPPPF, con el objeto de ir ofreciendo pautas, para contar con mayor y mejor respuesta a las necesidades y derechos de la mujeres en la superación de inequidades, y potenciación de capacidades como base objetiva hacia la igualdad sustantiva.

Participación protagónica de las mujeres

Destacable en el proceso bolivariano es que, el conjunto de necesidades de las mujeres populares relacionadas con sus condiciones de vida, han dado lugar a una serie de prácticas sociales cotidianas que al mismo tiempo que direccionan soluciones para las necesidades han llevado a una maduración de la conciencia. Como señala Iraida Vargas (2007) “entre las mujeres pobres, la exclusión y la carencia de satisfacción de las necesidades básicas provocó movimientos de reafirmación y solidaridad que a su vez influyeron en la aparición de formas auto-organizativas”. Las mujeres populares fueron logrando formas organizativas que van revirtiendo la pobreza y produciendo cambio social, al mismo tiempo su participación es una forma de inserción social que rechaza la dominación secular que las sometía. Al participar de manera protagónica las mujeres populares se van descubriendo a sí misma, en su capacidad y en su potencia, van ganando en autoafirmación y también en reflexión sobre las múltiples opresiones y sobre su específica opresión de género, aunque todavía de manera un poco tímida y siempre con cierto temor a perder la aprobación masculina.

Una realidad importante en esta participación, es el compromiso e importancia que dan las mujeres a todo lo relacionado con su habitat, esta implicación con la infraestructura en la que se desarrolla la vida familiar siempre ha existido pero en el proceso bolivariano las mujeres son pioneras en experiencias como:

Mesas Técnicas de Agua: “son asociaciones constituidas por su-scriptores del servicio de agua potable con el objeto de conocer la gestión de los servicios, opinar sobre las propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como la supervisión de obras destinadas a la prestación de los servicios. La iniciativa de la participación ante problemática del agua surge de las mujeres, se observa poca probabilidad de participación masculina en lo referido al tema, lo cual no extraña si se recuerda que las actividades comunitarias han sido asignadas como parte del trabajo doméstico, es decir, de la mujer. En este aspecto es necesario el reconocimiento de los aportes de las mujeres al desarrollo” (Ramírez, 2007).

Comités de Tierras Urbanas. Lo acotado del ámbito en que se elige el CTU ha servido para la promoción de liderazgos de escalas muy próximas y arraigadas en la cotidianidad en los que predominan claramente mujeres (Antillano, 2005: 211).

Consejos Comunales: La apropiación de los consejos comunales por parte de una mayoría de mujeres es una práctica creativa que les genera comprensiones que van más allá de dichos espacios, les transforma sus aspiraciones, su sentido de logro, de autoestima, sus relaciones domésticas, pero sobre todo las formas de estructurar su propio poder y de relacionarse con el poder constituido (Vargas: 2007). Por esto en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales entre los principios y valores se hace explícita la igualdad de género, uno de los Comités es el de Familia e Igualdad de Género.

Movimiento de Pobladoras y Pobladores: El Movimiento de Pobladores y Pobladoras es una iniciativa que surge por parte de diversas organizaciones de base y está conformado por los Comités de Tierra Urbana (CTU), los Campamentos de Pioneros, La Red de Inquilinos, los Conserjes, los Ocupantes, militantes del Movimiento de Pobladores y Pobladoras y otras organizaciones. Reivindica y rescata la lucha de los barrios por el derecho a la ciudad, su legitimidad proviene de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de las comunidades.

Autoconstrucción: la mayoría de quienes forman parte de los planes “Aprender haciendo” son mujeres (Correo del Orinoco, 30 de mayo de 2011). Las experiencias de autoconstrucción tienen principalmente el liderazgo de mujeres.

Experiencias específicas de organización de las mujeres de los sectores populares centradas en la visión feminista impulsadas por el estado son los Puntos de Encuentro, coordinados por el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio del Poder Popular para Asuntos de la Mujer y la Red Popular de Usuarias de BanMujer, nacida al calor de la acción del Banco de Desarrollo de la Mujer.

A medida que se va construyendo el poder popular, y con amplia participación de las mujeres, también va apareciendo una mayor conciencia de las determinaciones de género y la sujeción específica que implica, y va apareciendo la temática en reuniones, documentos y otros en los que se prefigura la transformación y emancipación. También va siendo cada vez más comprendida la relación entre socialismo y feminismo, se van posicionando consignas que mucho dicen el rumbo ideológico, tales como “sin feminismo no hay socialismo”, “sin feminismo no hay revolución” que van cristalizando la conceptualización del socialismo feminista, hoy bandera del feminismo de izquierda venezolano.

El propio presidente Hugo Chávez contribuyó con este impulso cuando, a partir de 2007, fue declarándose cada vez con mayor frecuencia feminista, e instando a erradicar el machismo, y construir una sociedad de iguales. Incluso fue a partir de sus discursos que se dio a conocer la frase de Louise Kneeland “El socialista que no es feminista carece de amplitud. Quien es feminista y no es socialista carece de estrategia” (Chávez, 2009), llegando a apoyar el concepto de socialismo feminista.

En el año 2009, las mujeres de movimientos populares reunidas en el Campamento Latinoamericano de Mujeres se comprometieron a impulsar que “nuestras organizaciones, además de declararse anticapitalistas y antiimperialistas, se declaren antipatriarcales” y declararon que “constatamos la necesidad de abordar el tema del feminismo, la sexualidad y la diversidad sexual, en los espacios formativos de nuestras organizaciones”, y que “la sexualidad, la maternidad y el aborto deben ser temas de interés público” (Briceño y López, 2010). Dentro del Frente Campesino Ezequiel Zamora se viene desarrollando un trabajo de género con el objetivo de desarrollar un feminismo campesino.

En cuanto a los Movimientos Populares urbanos, en la Síntesis del Debate del IV Encuentro Nacional, Movimiento de Pobladoras y Pobladores, Lara, Municipio Moran el Tocuyo llevado a cabo los días 8, 9, 10 y 11 de abril de 2010, se explicitan los aspectos relacionados con la opresión de las mujeres y se declara que no deben ser postergadas las luchas por la equidad y la igualdad de género. Se reflexionó sobre la alienación estética corporal promovida por el capitalismo. En junio de 2011 se realizó 2° Encuentro Nacional de Mujeres de Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Sin embargo, los mandatos culturales patriarcales aún pesan de manera muy fuerte y limitan la línea política feminista.

El feminismo comprometido con lo popular fue haciéndose cada vez más visible y evidente y por eso, desde 2010, se conformó en Venezuela la Araña Feminista, Red de Colectivos Feministas y Socialistas de Venezuela que se define como:

La Araña Feminista se plantea como una red de colectivos e individualidades feministas socialistas revolucionarias que se agrupan en un espacio de articulación para darle mayor fuerza e impacto a nuestras luchas comunes, y por ende, obtener los mejores resultados posibles en los contextos donde intentamos incidir.

Es un espacio para el descubrimiento, enriquecimiento y encuentro de los diversos colectivos y experiencias feministas de las izquierdas en Venezuela, para impulsar transformaciones económicas y socioculturales.

La Araña Feminista es un espacio de militancia, reflexión y expresión de la voluntad individual y colectiva para la acción feminista revolucionaria e independiente.

No es una ONG, no es una Institución, no es un medio de comunicación.

 Es un espacio de encuentro, articulación, análisis, pensamiento, planificación y ejecución de acciones enmarcadas dentro de la lucha feminista socialista, respetando la diversidad y la identidad y actuación de cada individualidad y colectivo.

El 24 y 25 de septiembre de 2011 se realizó en el Fundo Zamorano Carmelo Mendoza, El Tocuyo, el Encuentro Nacional de la Araña Feminista que retoma la tradición de encuentros feministas interrumpida en 1989. Se afirma en las Memorias del Encuentro que “en este complejo proceso de parto de un movimiento popular articulado y más guerrero que nunca, también asistimos a la renovación o nacimiento de otra generación de feministas y a la radicalización de sus luchas” (Memorias, 2011). En las conclusiones del Encuentro declaramos que el feminismo en revolución es un eje transversal y por eso impulsamos el Socialismo Feminista. La convicción es que el socialismo y el feminismo tienen una raíz ética común, basada en compromiso de superar todas las opresiones y explotaciones de clase, de sexo, de género, de etnia, de origen, de edad y otras; y en la profundización de los principios de la igualdad, la dignidad, el humanismo y la autodeterminación de los pueblos.

El compromiso de transformación social camino a la igualdad, y especialmente de lucha contra la pobreza y su rostro de mujer, está en la base de las políticas públicas de género que se han venido desarrollando en Venezuela, los debates y las reflexiones feministas van produciéndose en el espacio popular logrando variedad, riqueza y fuerza, nuevas conceptua-lizaciones van apareciendo así como articulaciones variadas. El horizonte en organizaciones y redes es revisitar los conceptos de patriarcado, sexo-género, diversidad y la lucha feminista en los movimientos populares.

Logros y pendientes  educación

En Venezuela, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de recibir una educación, de calidad, sin ningún tipo de discriminación vinculada al sexo, la condición social, la etnia y la obligación por parte del Estado de ofrecerla como un servicio público está sustentado en la Constitución la República Bolivariana de Venezuela (1999) en los Artículos 102 y 103; la Ley Orgánica de Educación (2009) Artículo 3; la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente vigente a partir de 2000, Artículo 62; la Ley de Universidades (1970) -actualmente en revisión-; y en la Ley del Servicio Comunitario (2007). Venezuela alcanzará la universalización de la educación primaria antes del año 2015, según el informe presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, sobre el Cumplimiento de las Metas del Milenio (2010), esta universalización se está reflejando en el aumento de la tasa neta de escolaridad y de la proporción de niños y niñas que alcanzan el sexto grado. La matrícula en este nivel educativo, entre los ciclos escolares 2000-2001 a 2008-2009, es mayor comparada con la década del noventa; esta cifra se ha mantenido, en promedio, en 91,9%, encontrándose para 2008-2009 en 92,3% mientras que en los años escolares 1993-1994 a 1999-2000 se ubico en 86,6%. Con respecto a la continuidad en la educación primaria, y su culminación exitosa para la década del noventa, era de 70% en relación a la primera década del año 2000, se presenta un aumento de 14 puntos porcentuales, lo cual significa que de cada 100 alumnos/as, 84 culminan el sexto grado. Están vigentes dos programas sociales compensatorios destinados a la población escolar: El Programa Alimentario Escolar (PAE) y el subsidio al transporte estudiantil. El PAE tiene una cobertura de alrededor del 50% de la matrícula escolar total.

La Tasa Neta de Escolaridad a nivel de Educación Primaria ha mostrado una tendencia positiva desde principios del Siglo XXI, llegando al 93%. Considerando el total escolar para el año 2009-2010 se ve un equilibrio entre los sexos:

Pero al desagregar la escolaridad por niveles y por sexo se observa un desnivel a favor de los varones en la educación primaria y a favor de las niñas en la educación secundaria, así como en la educación para adultos. Unesco (2010) considera que Venezuela se encuentra entre los países con probabilidad de alcanzar la paridad entre los géneros en 2015.

Un dato notable es la mayor participación educativa de las niñas y mujeres, que viene siendo superior a la de los hombres. Durante el período 1999-2009 los inscritos en el subsistema de educación universitaria incrementaron 193%. Segú Unesco (2009), Cuba es el país del mundo con mayor tasa bruta de matricula universitaria con el 109%, seguido por la República de Corea (95%), Finlandia (94%), Grecia (91%) y Venezuela (83%).

En 11 años de Revolución Socialista, el Gobierno Bolivariano de Venezuela elevó la matrícula de educación universitaria en 170%, y revirtió la tendencia hacia la educación privada, aumentó la proporción de participación de la educación oficial pública, para 1998 la matrícula de estudiantes en instituciones oficiales representaba 61% del total y 39% pertenecía a las instituciones privadas. En 2009 la matrícula de estudiantes en instituciones oficiales representaba 75% del total, y 25% pertenecía a las instituciones privadas. Siete de cada diez estudiantes universitarios estudian en instituciones públicas.

La participación de las mujeres en la educación universitaria ha venido creciendo mucho más que las de los hombres, llegando a una proporción de mujeres significativamente mayor, llegando a 1,46 mujeres por varón en el sistema universitario. Estamos convencidas que esta situación deviene de mayores exigencias de formación para que las mujeres puedan acceder a la ocupación laboral y la idea de que un mayor nivel educativo les da acceso a un mayor grado de emancipación.

La educación terciaria ofrece una garantía para quien apuesta a prolongar su formación académica, y a través de ello acceder a empieos “calificados” y de “alta productividad”. Por las mujeres es percibido como garantía de mayor empleabilidad; sin embargo, los avances realizados no han sido suficientes para modificar profundamente la división sexual de la ocupación y la desventaja laboral femenina.

A nivel de la educación formal, la pedagogía de género como un proceso educativo continuo y sistemático, que se basa en la reflexión sobre las identidades.para deconstruirlas y reconstruirlas, para fortalecer y visibilizar saberes y a alcanzar nuevos aprendizajes que potencian el desarrollo integral de las mujeres, tiene un camino aún muy largo por recorrer, porque no existe una incorporación formal al currí-culo de la educación para la igualdad.

En la Universidades se han desarrollado, a partir de los años noventa, Estudios de las Mujeres y de Género, con cátedras e investigaciones, siempre relacionadas con la acción política y la militancia. Existen Centros de Investigación y Cátedras de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad Lisandro Alvarado. Algunos de ellos han venido potenciando sus actividades ante la creciente demanda e interés por la temática, y en el contexto del Servicio Comunitario de las y los estudiantes universitarios.

Una reciente experiencia, importante y notoria por su gran impacto social, es la de la Universidad de la Seguridad, que ha trans-versalizado su pensum con la perspectiva de género, en la que apoya la formación de agentes policiales con visión de Derechos Humanos y desarrolla importantes programas comunitarios sobre equidad e igualdad de género, como base para la acción transformadora hacia una ciudad segura y educadora.

Las instituciones públicas han venido desarrollando un conjunto de diferentes experiencias de formación en género con gran alcance a nivel nacional, dirigidas a variados sectores del pueblo, entre ellas se destacan: la formación reflexión en los Puntos de Encuentro, experiencia que desarrolló InaMujer y luego el Ministerio del PP para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género; formación en género desarrollada en los Servicios No Financieros que ofrece BanMujer, que llega a municipios de todo el país; formación en Derechos Humanos de las Mujeres, que realiza la Defensoría del Pueblo a través de su Escuela de Derechos Humanos; la Escuela de la Magistratura desarrolla Seminarios y talleres para las y los administradores de justicia y se dictará una especialización en Justicia y Equidad de Género. Más recientes pero esperanzadoras son los programas de formación para jóvenes en Sexualidad Saludable, a los que se está incorporando la visión de género, desde el reciente MPP para la Juventud.

Participación económica laboral

Entre los condicionantes socioculturales que limitan las ofertas de empleo femenino, está la creencia de que las mujeres son más costosas que los hombres, por los gastos e interrupciones laborales asociados a la maternidad. Y, más aún, por la protección laboral que beneficia a las mujeres con los permisos pre y posnatal. Pero las mujeres con mayor participación en la educación se han ido incorporando cada vez más a la actividad económica remunerada, mientras ha descendido la permanencia de las mujeres exclusivamente en labores de cuidado no remunerado. Sin embargo, las labores de cuidado son el principal factor limitante de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerada, constituyen el “piso pegajoso” de su perfil laboral y son la causa de las historias laborales discontinuas. La relación entre inserción laboral y emancipación doméstica da lugar a diferentes estadios de las brechas de género en los países de América Latina. Venezuela se ubica, según CEPAL (2010), entre los países de América Latina con alta inserción laboral, pero con baja emancipación doméstica.

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha venido aumentando constantemente: en 1989 un 34,5% de las mujeres estaban incluidas en la población activa, llegamos a que: en 2011, 50% de las mujeres trabajan o buscan trabajo. Paralelamente, las mujeres dedicadas exclusivamente a tareas de cuidado del hogar descendieron en, dos décadas, del 31,6% al 21,3%.

A su vez, las mujeres representan el 39% del total de la fuerza de trabajo remunerada del país.

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado fue creciendo mucho más rápidamente que la ocupación en el sector formal de la economía hasta alcanzar su máximo en el año 2002, donde superó ampliamente la proporción de las que tenían empleo formal. A partir de allí comenzó a producirse la tendencia inversa, disminuyendo la informalidad entre las mujeres y aumentado la proporción de empleo formal. Sin embargo, todavía 6 de cada 10 mujeres trabajan remu-neradamente en el sector llamado “informal” de la economía, donde se incluyen las pequeñas iniciativas económicas, las trabajadoras por cuenta propia y/o familiares, etc. La discriminación por género y las cargas familiares empujan principalmente a las mujeres hacia este sector, cuya remuneración es en promedio menor, insegura y sin derechos laborales.

Para potenciar las actividades de satisfacción de necesidades e impulsar su inserción en el continuum económico fue creado, en 2001, el Banco de Desarrollo de la Mujer, que trabaja en la economía de lo pequeño, centrada en actividades locales ejercidas por mujeres. Mal evaluada por las visiones estrechamente economicistas tradicionales y no valoradas en su poder social y productivo, se la ha descrito las actividades de las mujeres populares como “estrategias de sobrevivencia” sin impacto en el desarrollo, bienestar y buen vivir social. En Venezuela, BanMujer pone en primer plano los poderes creadores de las mujeres populares, sus saberes, sus modos de intercambio, servicio y organización. En una década de trabajo BanMujer ha aprobado alrededor de 120 mil microcréditos, la institución trabaja para construir el socialismo desde abajo, desde lo pequeño, con un enfoque de género, clase y etnia, es decir con un concepto de feminismo popular.

Al momento, de escribir este texto se está redactando en Venezuela una nueva legislación sobre el trabajo, las mujeres organizadas estamos desarrollando un conjunto de propuestas, como parte de nuestra lucha histórica por la equidad e igualdad social. Aspiramos a una nueva Ley del Trabajo avance en la eliminación de las condiciones de explotación de las personas, en la vía hacia una organización del trabajo socialista y feminista. Partiendo de un concepto integral y liberador del trabajo, que reconozca su utilidad social, incluyendo a todas las ocupaciones en los derechos laborales, con especial referencias a las labores de cuidado y reproducción de la vida que hacen las mujeres en los espacios domésticos. Se trata también de ampliar la protección a las responsabilidades familiares, maternidad y paternidad, llevando el posnatal a seis meses; y profundizando la democracia laboral mediante la paridad en la gestión productiva y en las organizaciones laborales.

La maternidad en el cruce de las desigualdades[8]

En Venezuela, como en otros países de América Latina, ha venido descendiendo la fecundidad. El número de hijos(as) por mujer ha bajado de un promedio de 6,4 hijos/as en 1950 a 2,6 en 2011, según los resultados preliminares del censo 2011. En general, se atribuye este cambio a la mayor escolaridad de las mujeres, y un mayor conocimiento y acceso a los mecanismos de planificación reproductiva. Redunda este cambio indudablemente, en la afirmación y empoderamiento femenino, aunque todavía con muy baja corresponsabilidad masculina, los patrones culturales perpetúan la noción de que la planificación familiar sólo incumbe a las mujeres.

La tasa de embarazo precoz ha ascendido, inverso a lo que ocurre con las mujeres adultas cuya tasa de fecundidad ha venido disminuyendo, producto del control y autonomía que algunas han comenzado a ejercer sobre su reproducción. El 24% de los nacimientos vivos registrados (NVR) en el país ocurre en adolescentes entre los 15 y 19 años: de aproximadamente 600 mil embarazos registrados anualmente en Venezuela, más de 120 mil partos corresponden a niñas y jóvenes venezolanas. Venezuela ocupa el primer lugar en Sudamérica en embarazo temprano. De acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio del Poder para la Salud, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el 80% de la población no planifica sus embarazos y de ese porcentaje, un 24% corresponde a embarazos en adolescentes o embarazos precoces.

Ha venido disminuyendo la edad de comienzo de la actividad sexual y las adolescentes no suelen usar métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales. A pesar de que 9 de cada 10 adolescentes conoce los métodos anticonceptivos, sólo 1 de cada 10 los usa y solamente 1 de cada 5 adolescentes conoce su período fértil.

Este alto porcentaje de embarazos precoces en Venezuela se relaciona con los mandatos sexogenéricos para las y los jóvenes: “como la necesidad de tener hijos para probar la feminidad o de probar la virilidad a través de la iniciación sexual y la procreación”. El embarazo se ve también como vía de escape a conflictos familiares. El ejercicio adolescente de la sexualidad está fuertemente determinado por patrones de comportamiento promovidos por la hipersexualización, en especial de los cuerpos de las mujeres y niñas, manipulados como objeto-mercancía; reforzando así el esquema de dominación masculina y degradando el ejercicio de su sexualidad como Derecho Humano. En un contexto en donde las mujeres siempre deben complacer a los hombres, las adolescentes no tienen capacidad de negociación con sus parejas para el uso de métodos de prevención del embarazo. Estas conductas promueven también la prevalencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes.

La existencia de un proyecto de vida centrado en estudios y realizaciones personales independientes de la maternidad son factores que ayudan a prevenir el embarazo precoz, sin embargo, éste ha aumentado entre las estudiantes. A pesar de que está establecido el derecho de las adolescentes embarazadas a proseguir estudios en todos los planteles del país, las jóvenes madres difícilmente pueden estudiar porque las responsabilidades maternas se lo dificultan, ni las escuelas ni las universidades tienen facilidades para el cuidado infantil. La baja escolaridad que alcanzan estas adolescentes y la dificultad para reinsertarse al sistema escolar tiene consecuencias en su dependencia económica e incorporación laboral, reforzando el círculo y la feminización de la pobreza.

La frecuencia de embarazo precoz es mayor en los segmentos pobres. La pobreza y la repetición de patrones familiares y culturales tienen importante incidencia en el problema, la mayoría de madres adolescentes son hijas de madres también precoces, a lo que se suma la irresponsabilidad y/o ausencia paterna. Se refuerza así una cadena de pobreza y carencias: las mujeres que tienen menos educación se embarazan muy jóvenes, generalmente quedan solas con sus hijos e hijas, quienes repiten la conducta. La maternidad en la adolescencia termina siendo ejercida con paternidad ausente, compartiendo carencias con la familia extendida y con limitadas posibilidades de corresponsabilidad.

Aunque se han implementado algunas políticas públicas por las que se brindan servicios de atención y orientación -incluyendo unidades hospitalarias-, en algunos casos exclusivos para las y los adolescentes; éstos se concentran en tareas de atención y no de prevención. Por otra parte, el problema del embarazo precoz no puede enfocarse solamente desde el ámbito de la salud, es principalmente un problema educativo y sociocultural. Se ha demostrado que la sola información sobre métodos de prevención del embarazo no impulsa la reflexión y la toma de decisiones. Es de particular importancia trabajar los estereotipos, prejuicios y valores frente a la sexualidad, la reproducción y las relaciones de pareja y familiares, que perpetúan relaciones desequilibradas entre los sexos y favorecen conductas de riesgo.

Madres adolescentes y solteras encabezan el registro de la gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela, que establece una asignación económica para las adolescentes embarazadas y con hijas/os con la condición de que continúen los estudios. Se trata de un apoyo para que puedan superar sus condiciones, y al mismo tiempo, un acompañamiento que les ayude a formular proyectos de vida y prevenir la reiteración de los embarazos[9]. A su vez el Ministerio del Poder Popular para la Juventud está impulsando la formación de voluntarias y voluntarios preventores del embarazo temprano.

Esta alta proporción de embarazo adolescente deja su impronta de la mortalidad materna, que Venezuela lucha por reducir. A pesar de que el 98% de los partos son institucionalizados, la tasa de mortalidad materna se mantiene alta.

Las principales causas están asociadas a trastornos hipertensivos, complicaciones relacionadas con el trabajo de parto y el alumbramiento, el embarazo terminado en aborto, y las complicaciones en el puerperio. El control prenatal sigue presentando una baja cobertura, debido a la escasa importancia que las gestantes le conceden; a dificultades de acceso ocasionadas por recargo de obligaciones laborales y familiares sobre las mujeres; a la poca disponibilidad de control obstétrico cercano a la vivienda; y al bajo involucramiento paterno durante el embarazo. Se registran casos de atención no oportuna, ocurriendo con frecuencia tres tipos de demoras: demora en tomar la decisión de buscar ayuda, demora en llegar al centro de salud , y la demora en recibir el tratamiento adecuado en el centro de salud, con baja calidad de atención y capacidad resolutiva de las emergencias obstétricas. En este cuadro influye tanto la estructura social que subordina a la mujer, como las prácticas médicas desconsideradas, protegidas por una deontología laxa imperante en el gremio de la salud. En la atención al parto, sigue produciéndose violencia obstétrica por parte del personal médico, que -ejerciendo su labor desde el modelo tradicional médico patriarcal[10]-, hace caso omiso al conocimiento de las mujeres sobre su propio cuerpo y sus necesidades, produciendo atropellos, tratamientos no necesarios, omisiones o diagnósticos incorrectos o agresivos. La mayoría de estos casos no se denuncian, porque los procedimientos médicos y su autoridad son culturalmente legitimados. En Venezuela a pesar de que la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la violencia obstétrica, desde su promulgación en 2007, solamente han sido denunciados 7 casos.

La inestabilidad familiar, presiones económicas y carga de responsabilidades sobre las mujeres, ocasionada por la maternidad en solitario, son factores que inciden en el descuido prenatal. Según el Censo 2011, el 39,3% de los hogares venezolanos tiene por responsable una mujer sola, esta proporción aumenta en los hogares de más bajos recursos. La corresponsabilidad paterna es sumamente escasa, y el abandono paterno sigue siendo aceptado y aún legitimado por los patrones culturales dominantes.

En 2009 se inició la Misión Niño Jesús, que tiene como objetivo mejorar la salud prenatal y perinatal e incrementar la calidad de su atención, con la participación de las comunidades y el mejoramiento de la infraestructura de servicios hospitalarios. La Misión comprende la creación de Casas de Abrigo Materno Infantil y la creación de nuevas Maternidades. En la actualidad avanza su articulación con la Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela.

Otro aspecto que va en contra del derecho de las venezolanas a la maternidad segura es la penalización de la interrupción del embaiórazo, salvo en los casos en que peligra la vida de la madre. El Código Penal vigente data de 1936. Teniendo un contexto de ilegalidad, las interrupciones del embarazo se realizan en condiciones de riesgo; se estima que el 13,78% de la mortalidad materna se debe a esta causa. Se ha difundido hace pocos años el misoprostol -que sólo se consigue en el mercado clandestino- que podría haber incidido positivamente disminuyendo las interrupciones inseguras. Como parte del ejercicio militante feminista y del derecho a la información, de manera autónoma, un colectivo feminista ofrece apoyo telefónico para mujeres que se enfrentan a la decisión de interrumpir un embarazo.

Es claro que la mortalidad materna ocasionada por interrupciones inseguras del embarazo corresponde a las mujeres de los estratos pobres y a las jóvenes adolescentes con embarazos precoces no deseados. La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y sobre su propio cuerpo en un acto criminal y riesgoso. Detrás de cada embarazo interrumpido clandestinamente existe un trasfondo de irresponsabilidad e inconsciencia por parte de la sociedad, reforzado por el predominio de un modelo sexual de dominación masculina.

Durante el año 2010 se redactó un Proyecto de Código Penal, que incorporó la despenalización de la interrupción del embarazo en todos los casos hasta la semana 12, y su despenalización hasta la semana 20 en casos de violación y peligro para la vida de la madre. Sin embargo, fuertes prejuicios -sexistas, patriarcales y religiosos- han impedido debates y consideraciones científicas y humanistas sobre el tema. La maternidad se encuentra en el cruce de las desigualdades de género, etnia y clase, el hecho materno coloca a las mujeres pobres en condiciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga de trabajo y responsabilidades. La feminización de la pobreza tiene sus raíces en la realidad de la maternidad en solitario, y frecuentemente prematura.

En conclusión

El proceso bolivariano ha ampliado el campo de lo político, lo ha com-plejizado, profundizado y ha incluido una variedad de sujetos y sujetas antes limitados a la subalternidad, entre ellos de manera clara han emergido las mujeres y especialmente las del pueblo. Hay un hacer política desde lo popular, y en este sentido la visibilidad y la imaginación va mostrando los rostros diversos de la opresión.

Sabemos, desde hace mucho tiempo, que la subalternidad femenina tiene dificultades propias no solamente por las costumbres y el patriarcado milenario, sino también y principalmente porque cruza las sensibles esferas de la afectividad y la cotidianeidad. Resulta la piedra filosofal de la práctica de verdad contracultural y revolucionaria en la convivencia de relaciones interpersonales. Y es la práctica de reflexión cotidiana la que construye la nueva relación, en un hacer política desde las mujeres y a partir de sus propias carencias y alienaciones.

El hacer política socialista, feminista y popular es un camino que va construyendo condiciones para la transformación cultural, pero se enfrenta a prácticas e imaginarios milenariamente patriarcales y centenariamente capitalistas. Se van logrando avances a nivel de la estructuras públicas, de participación protagónica y ampliación de la democracia hacia las mujeres, pero faltan importantes, numerosos, y por el momento aún lejanos, cambios en los imaginarios, prácticas culturales y sociales de las relaciones entre los sexos.

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Profesora investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), coor¬dinadora del GT Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe de CLACSO, coordinadora de investigación del CEM-UCV y de la línea de Investi¬gación Postdoctoral en Género y Estudios de las Mujeres en CIPOST-UCV.↵

Nótese la inclusión del concepto de "familias" en plural, que implica el reconoci¬miento de las diversas formas históricas que adopta la organización familiar.↵

Se mantuvo en la CRBV una noción más religiosa que científica como es la de concepción, la medicina utiliza el término fecundación para la unión óvulo y espermatozoide. A pesar de esto, la CRBV en el caso del Art. 76 abandona el principio de la tutela del nasciturus que había caracterizado la Constitución de 1961, dando un paso adelante, aunque insuficiente, en materia de la interrupción voluntaria del embarazo.↵

Con este nombre se conoce al documento dictatorial que leyó el autoproclamado presidente de Transición de la República de Venezuela, donde se nombraba presidente por un año, se suspendía a la Asamblea Nacional y se destituían al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.↵

Un Gini próximo a 0 significa una distribución igualitaria del ingreso.↵

Misión Robinson I tuvo como objetivo erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional. Misión Robinson II implicó escolarizar hasta el sexto grado de educación primaria a los formados en la Misión Robinson I y a la población que no haya alcanzado la escolaridad completa. Misión Ribas pretende escolarizar hasta la educación media a los formados en la Misión Robinson II y a la población sin educación media completa. Misión Sucre se ocupa de escolarizar hasta la educación universitaria a bachilleres formados en la Misión Ribas y a la población sin cupo de las universidades nacionales ↵

La Misión Vuelvan Caras, en esencia, es una Misión Educativa; su objetivo es incorporar a sus participantes a la fuerza productiva del país a través de la preparación para el trabajo, y su incorporación a una economía solidaria y cooperativa. Se trata de desarrollar actitudes, aptitudes y habilidades que favorezcan la organización y la creación de una red económica solidaria que motorice el desarrollo local. En el año 2007, se transformó en la Misión Che Guevara. Actualmente se ha iniciado la Misión Saber y Trabajo, que pretende reimpulsar la productividad y disminuir el desempleo. ↵

Estos aspectos están tomados del Informe sobre el Estado de los Derechos Sexuales y Reproductivos presentado por el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV); la Araña Feminista, Red de Colectivos de Mujeres y por la Iniciativa por los Derechos Sexuales, que se presentó a la 12° Ronda del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU.↵

Ya que un grupo importante, de más del 40%, se vuelve a embarazar a los dos años siguientes de tener su primer embarazo, según declaraciones de la Dra. Antonieta Caporales, Directora de la Maternidad Concepción Palacios (2011) en <http://www. elnuevoherald.com/2011/12/2 3/1089870_venezuela-tiene-el-mas-alto-indice .html>.↵

Marbella Camacaro (2010) muestra cómo las mujeres, desde que llegan a parir, son atrapadas en un protocolo en el cual son tratadas como meros cuerpos que son manejados y manipulados siguiendo unas normas estrictas. En investigaciones que hemos realizado con pasantes de obstetricia de varios hospitales, estos/as exponen que aún en días o noches en que no haya tanta demanda, a las embarazadas no las dejan caminar, ni comer, igualmente les aceleran el parto y les aplican la misma rutina; es una atención mecanizada donde las mujeres son seres pasivos durante el trabajo de parto y durante el parto. Por su parte, la formación médica evalúa por el record de episiotomías, tactos y rupturas de membranas. La optimización de sus experticias es directamente proporcional al número de mujeres violentadas.↵

8

La crisis económica y el mercado de trabaio de las migrantes hispanas en Estados Unidos de América

María Luisa González Marín[1] y Patricia Rodríguez López[2]

Introducción

La crisis internacional, que oficialmente se inició en los Estados Unidos de América (EE.UU.) en octubre de 2008, implicó una caída de la producción mundial que se reflejó en el incremento de las tasas de desempleo nacionales y, por tanto, en las condiciones de vida y trabajo de las migrantes latinoamericanas que radican en los EE.UU. La región centroamericana[3], con desarrollos económicos asimétricos, ha sido históricamente pobre y la principal fuente de fuerza de trabajo inmigrante de los Estados Unidos. Este trabajo presenta las repercusiones de la crisis norteamericana en las condiciones de vida de las migrantes centroamericanas, especialmente mexicanas. La caída de los sectores económicos donde se ocupaban la mayoría de los inmigrantes, ocasionó un desempleo masivo y por ende la disminución de los ingresos de las familias. A su vez, esto llevó a que bajara el monto de las remesas. Ambas familias, las residentes en EE.UU. y en Centroamérica, bajaron su nivel de vida. Sin embargo, las más perjudicadas fueron las establecidas en estos últimos países porque los dólares que reciben son indispensables para su subsistencia.

Lo anterior genera que las mujeres migrantes se encuentren con un mercado laboral mucho más discriminatorio del que usualmente enfrentan. La discriminación por sexo, nacionalidad, etnia, idioma, educación, edad, estado civil, religión etc., serán factores que pesarán en su contra en la obtención de una mejor forma de vida: por lograr insertarse en el mercado de trabajo estadounidense han arriesgado su vida e integridad.

El trabajo está dividido en dos grandes apartados. El primero, analiza la crisis económica mundial y sus repercusiones en el desempleo y nivel de vida de las hispanas, en particular las centroamericanas[4]. El segundo, analiza los efectos de esta crisis en las condicionales económicas de las migrantes hispanas, destacando los cambios en los salarios, las ocupaciones, el nivel de pobreza y la seguridad social.

La crisis económica Norteamericana y mundial

La crisis internacional iniciada oficialmente en octubre de 2008 en los EE.UU., país con la economía más importante del mundo, se trasladó a todas las naciones por la enorme importancia de su producción, ella sola representa el 25% del producto mundial. Cuando su producto interno bruto (PIB) cayó, de inmediato hubo repercusiones en la demanda efectiva mundial, que a su vez influyó en crecimientos económicos negativos de otros países, en escasez de crédito, pero sobre todo en altas tasas de desempleo en la mayoría de las economías, tanto desarrolladas como atrasadas y pobres.

Al contrario de las interpretaciones imperantes, la recesión internacional no ha terminado, los paliativos introducidos por vía de la emisión de liquidez, fundamentalmente para tratar de solventar los problemas de las grandes instituciones bancarias y financieras, no han sido correctamente manejados y, por tanto, no han tenido efecto en el aumento real de la demanda efectiva, lo único capaz de asegurar el resurgimiento de la actividad económica. Por el contrario, los grandes flujos de capital, provocados por esta sobreliquidez, sólo generan nuevas y más profundas burbujas especulativas, que pasan de un grupo de países a otro en la búsqueda de ganancias ficticias que no ayudan a solventar los problemas reales de la población.

En la actualidad existe una corriente de análisis que asegura que el crecimiento de las economías semi desarrolladas y pobres serán las que dinamicen nuevamente la economía mundial. Dicha opinión se basa en el avance de países como China, Brasil, Rusia, etcétera.

Los países centroamericanos (incluyendo a México) no entran en estas consideraciones, sus niveles de crecimiento no han sido exitosos, de ahí que sean expulsores de mano de obra y solventen una parte de sus problemas con la entrada de remesas. Con la baja de la actividad económica de EE.UU. y el creciente desempleo tenderá a bajar el monto de las remesas, las migrantes tendrán dificultades para insertarse en el mercado laboral de EE.UU.

De acuerdo al Cuadro 1 se observa que, históricamente, la caída del producto va a la par con altos niveles de desempleo, con tendencias deflacionarias e incremento en el déficit gubernamental. A partir de 2008, vemos la caída histórica del producto, acompañada con aumentos del déficit público, dichos incrementos del déficit se ven reflejados en una sobreliquidez que no lleva a disminuir el desempleo; por el contrario, se está creando una nueva burbuja financiera en los mercados emergentes y pobres, por elevarse los precios de los bonos, las materias primas y los alimentos.

En cuanto a Estados Unidos es claro que, desde la gran recesión de los años treinta, no se presentaba una crisis económica que arrojara tal número de trabajadores desempleados. La Gráfica 1 muestra el comportamiento de la tasa de desempleo abierto por sexo de la población total de ese país: en 2005, los hombres pasaron de 5,1 % a 10,5% en 2010; mientras que las mujeres, en los mismos años, de 5,1% a 8,5%. Esto significa, en números absolutos, que en 2005 existieron 7,6 millones de estadounidenses desempleados, mientras que en 2010, la cifra aumento a 14,8 millones. Es decir, independientemente del aumento natural de la población, en los últimos cinco años se perdieron 7,2 millones de empleos.

Es interesante observar que el desempleo por sexo en 2005 y 2006 presenta el mismo porcentaje. Sin embargo, en términos absolutos, no es así, ya que en éstos se observa un aumento de mujeres trabajadoras. Sin embargo, la tasa de desempleo de los hombres aumenta en el inicio de la crisis (2008), mientras en la correspondiente a las mujeres se eleva en menor proporción. En los años siguientes es claro que los hombres presentan mayores tasas de desempleo.

La discriminación y los niveles de desempleo de las trabajadoras migrantes en los Estados Unidos

La discriminación laboral   refleja claramente una minusvaloración pública y social de la capacidad y competencia de las mujeres en los distintos segmentos del mercado de trabajo donde participa. En definitiva, un hecho patente es que la discriminación laboral femenina ha persistido como cuestión ligada a toda sociedad basada en patrones tradicionales socioculturales que se reproducen de manera acentuada en el transcurso de la historia, sobre todo en los países atrasados y pobres. En este caso, la región centroamericana se caracteriza por una población femenina, discriminada, pobre y violentada por su género, la cual al migrar a países como Estados Unidos[5], ya lleva esa carga discriminatoria, que si bien puede cambiar en algunos aspectos, generalmente se reproduce.

Las mujeres migrantes centroamericanas y mexicanas, al provenir de familias pobres y de regiones con escaso desarrollo, sufren doble discriminación. Una se desarrolla en sus propios países de origen y otra en el mercado laboral del país al que migran. En ambos lados son discriminadas y se extiende en cualquier lugar del mundo donde las mujeres se vean en la necesidad de salir de sus naciones a trabajar. En muchas ocasiones se ven obligadas a aceptar las condiciones de trabajo que los patrones les imponen, aún cuando se violen las leyes laborales del país al que migran.

En el caso de las migrantes centroamericanas, trabajan en los Estados Unidos asumiendo la discriminación en su entorno familiar, pero sobre todo en el mundo laboral. Aún cuando es de esperarse que en países desarrollados, receptores de mano de obra, presenten mejores condiciones para la población (incluyendo las mujeres), en el caso de las migrantes la situación es diferente porque van a ocuparse en las actividades peor remuneradas, bajo presiones de ilegalidad y casi sin ningún tipo de prestaciones. Pero, por sobre todo, ellas conseguirán un empleo en que se les pagará menos que a los ciudadanos norteamericanos. Emigran con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida y trabajo. Esperan altos salarios reales, educación para sus hijos, capacitación y hasta divertirse. Lo esperado no siempre es lo cierto, y hemos visto en las últimas décadas el deterioro de su nivel de ingresos, las enormes dificultades para cruzar la frontera y el resurgimiento de la esclavitud laboral y sexual, ya que las mujeres migrantes son los blancos predilectos de este tipo de grupos delincuenciales.

Las mujeres trabajadoras migrantes, que trabajan en EE.UU., sufren diversas formas de discriminación, algunas de las cuales iremos viendo a lo largo de este trabajo. Sin embargo, uno de los aspectos de mayor discriminación es la diferencia de los salarios e ingresos entre hombres y mujeres, debido a que representa la valoración social del mercado para esa determinada fuerza de trabajo, dado que de acuerdo a Aída Figueroa Bello:

La igual retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida, esto es, que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo (2010: 17).

En los últimos años, los migrantes hispanos se han convertido en la minoría más importante sobrepasando a los afroamericanos. De acuerdo a los datos del Censo de Población de los Estados Unidos de 2010, la población hispana contaba con 50,5 millones de personas, lo que representa 16,3% de la población total norteamericana. Dicha población hispana fue de 35,3 millones en 2000, es decir, creció 43,1 % durante la última década. La población de origen mexicano, históricamente mayor, pasó de 20,6 millones en el 2000 a 31,8 en el 2010, un aumento de 54%. Ahora, los mexicanos representan 63% de todos los hispanos; un 4,5% más que en el año 2000 (PEW Hispanic Center, 2011).

En el Cuadro 2, con datos del año de 2009, se muestra la población de los diez principales grupos de hispanos por país de origen, donde claramente hay una supremacía de población mexicana al representar el 65,5 % del total. En orden de importancia le siguen los puertorriqueños, salvadoreños y cubanos, sólo estos cuatro grupos de población representan el 81,7%, del total de la población hispana migrante de los EE.UU (Ver Cuadro 2)

Actualmente, la migración latinoamericana tiene nuevas características económicas y laborales, algunas de ellas sustentadas en el mayor número de años de estudio en las mujeres migrantes. Lo que les permite estar más en contacto con los problemas de sus países de origen, en una especie de defensa e integración de grupo nacional, esto ha llevado a una importante participación, presencia e influencia en el país de origen y en la diaria realidad de los emigrantes.

Actualmente las migrantes más jóvenes están insertas en otro país bajo un contexto de ciudadanas “globales”, es decir, población que vive muchas veces ilegalmente en un país desarrollado, pero con una identidad latinoamericana. Esto se explica por los siguientes factores:

La creación y fortalecimiento de importantes mercados de bienes y servicios como la existencia en EE.UU. de medios de comunicación en español con contenidos latinos.

El aumento de usuarios de las versiones on Une de diarios y televisoras latinoamericanas.

El creciente tráfico de información electrónica por internet con los familiares de los países de origen.

El aumento de las opciones de comunicación telefónica, desde y hacia el exterior, con tarifas especiales de larga distancia.

Secciones sobre “migrantes” en los diarios nacionales.

Fortalecimiento de la presencia de productos de origen latinoamericano en el mercado de consumo para los migrantes (mercado de la nostalgia).

Los beneficios de la migración y las remesas en EE.UU y Centroamérica

Los estudiosos de la migración señalan que las remesas deben verse como un asunto que atañe tanto al país receptor como al expulsor de mano de obra, para ambos países este movimiento de divisas es indispensable para mantener funcionando la economía. En el caso de los países que expulsan mano de obra y a cambio reciben remesas, éstas se han constituido en una variable tanto de desarrollo económico como de integración regional. La importancia para algunas economías es estratégica; el banco central de México las define de la siguiente manera:

Para muchos de nuestros países, las remesas familiares constituyen una parte sustancial del ingreso nacional. Equivalen, en algunos casos, al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), como sucede en Honduras, o porcentajes del PIB superiores al 10%, como acontece en El Salvador o en Guatemala (Carstens, 2010: 2).

La importancia estratégica de las remesas tiene varias vertientes, ya que aparte de ser un ingreso necesario para las familias de los migrantes, la mayoría de este dinero se va a consumo básico, la parte más pequeña es ahorro, y a pesar de su monto, desata encadenamientos productivos internos regionales. Un ejemplo de ello es las innumerables construcciones que los migrantes realizan en sus pueblos de origen y algunos micronegocios que también inauguran en sus localidades, explicando una gran parte de la demanda efectiva que impulsa a regiones enteras.

Por otra parte, las remesas son una entrada fundamental de divisas para cualquiera de los países centroamericanos, lo que define en mucho las políticas monetarias (monto de la inflación), del tipo de cambio y de comercio internacional. Dado que las remesas, como se mencionó anteriormente, pueden representar hasta el 20% del PIB, intervienen en la determinación del tipo de cambio, su importancia es clave para la estabilidad monetaria en las relaciones con el exterior.

En el Cuadro 3 se observa que para Centroamérica, de 1995 a 2009, las remesas pasaron del 1,71% de su PIB al 3,35% en promedio; este porcentaje es solamente menor al del Caribe pero mayor al de todas las demás regiones, incluyendo a África que nunca ha rebasado el 3%. En cuanto al comercio exterior, la entrada de divisas viene a pagar el 10% de las exportaciones promedio de la región (Ver Cuadro 3).

Así, ante variaciones de los tipos de cambio definidos por la política monetaria, las remesas pueden perder valor y afectar, no solamente las variables macroeconómicas, sino los niveles de consumo y bienestar de una población dependiente de este tipo de ingresos. Al disminuir las remesas por desempleo o disminución de ingresos de las migrantes por consideraciones de la crisis económica, se está hablando de que se afecta la economía real de los países centroamericanos y México. Por otra parte, el envío de remesas ha llevado al desarrollo del sistema financiero y sobre todo bancario, por medio de ellas hay una vinculación entre las distintas instituciones internacionales, y sobre todo explican la obtención de ganancias de dichas instituciones.

Respecto a países que reciben mano de obra y a cambio envían remesas, ellos consiguen trabajadores de bajos ingresos y con ello aumentan las ganancias de sus empresas. Los países europeos, como por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia utilizan la mano de obra barata de Turquía y de algunos países africanos para trabajar en el campo o en los servicios. Con la caída del socialismo se sumaron los trabajadores de Europa del Este, que se convirtieron en la mano de obra barata de la Unión Europea, junto con los pobres de siempre, los trabajadores latinoamericanos (ecuatorianos, peruanos, bolivianos, etc.) y los africanos. En lo que atañe a América, los EE.UU. continuaron durante esta primera década del siglo XXI recibiendo migrantes, sólo que ahora provienen especialmente de América Latina y de Asía. En particular, las migraciones más numerosas proceden de México y Centroamérica. Las políticas neoliberales aplicadas desde los años ochenta habían devastado las economías de estos países y las personas se veían obligadas a salir y buscar trabajo en el extranjero. El inmigrante, si bien es indispensable para el funcionamiento de la economía norteamericana, es considerado un “criminal” por amplios sectores de la población por el hecho de estar indocumentado.

Los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) se han encargado de “convencer” a la opinión pública de que los inmigrantes son un lastre para los contribuyentes estadounidenses. Argumentan que les quitan empleos a los ciudadanos y los mandan al desempleo a cambio, los ilegales obtienen trabajo y no pagan impuestos ni contribuyen con recursos a la economía. De hecho, los “hombres de los medios” resaltan que el inmigrante vive de los contribuyentes. Ante el deterioro del nivel de vida de la población y del creciente desempleo, estas opiniones cobran fuerza y predisponen a amplios sectores de la opinión pública contra el inmigrante. Son vistos como criminales, cuando en realidad su trabajo le da altas ganancias a las empresas e ingresos al fisco. Según el Immigration Council Center (2011), los inmigrantes ilegales en 2010 pagaban impuestos estatales y locales por los rubros siguientes: impuestos personales 1.214.111.519 dólares, impuestos por la propiedad 1.610.599.492 e impuestos por ventas 8.404.670.400 dólares, representando un total de 11.229.381.411 dólares. Los estados que reciben los mayores ingresos por impuestos de inmigrantes ilegales son California (2.733.989.747 dólares) y Texas (1.607.294.735), estados donde predominan los migrantes mexicanos, casi el 70% del total de migrantes hispanos. En la Gráfica 2 vemos los impuestos pagados en 10 estados, cantidades nada despreciables para las finanzas públicas si tomamos en cuenta el estatus migratorio de quienes los pagan (Ver Gráfico 2).

Según cálculos que nosotras elaboramos, en base en la información proporcionada por la Immigration Policy Center (2010, 2011a, 2011b) y U.S. Census Bureau (2010), los impuestos pagados por inmigrantes indocumentados, en 2010, representaron en Texas el 5,16% del total de impuestos por ingresos, ventas y propiedad; en California por los mismos rubros el 2,8% y en el total del país el 1,8%. Este ejemplo permite afirmar que resulta falso que los inmigrantes indocumentados no contribuyan a la economía: Texas y California recibieron en 2010 más de 4 billones de dólares por este concepto. La mayoría de esos impuestos los pagan los hispanos indocumentados ya que ellos representan más del 60% del total de inmigrantes.

En esta noticia del Washington Post quedan claramente expuestos los aportes económicos de los inmigrantes indocumentados:

La controversia sobre los inmigrantes y los impuestos en general se centra en los inmigrantes ilegales. Las cifras exactas son difíciles de encontrar, pero los investigadores están de acuerdo en que del 50 al 60% de los inmigrantes ilegales en todo el país trabajan para empleadores que retienen de la nómina los impuestos sobre la renta y los pagos de la Seguridad Social y el Medicare. Los autores del estudio del Instituto Urbano suponen que esto lo hace el 55% de los empleadores. Para obtener puestos de trabajo, muchos de los inmigrantes utilizan números falsos de la Seguridad Social. Eso significa que ingresan en el sistema de Seguridad Social por beneficios que nunca recibirán y pagan impuestos sobre la renta sin tener que presentar una declaración para determinar si han pagado de más.

Según los investigadores, al otro 40 a 50% de los inmigrantes ilegales se les paga por debajo de la mesa (Karin Brulliard, 2006; traducción propia).

A pesar de los impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados quedan excluidos de casi todos los beneficios gubernamentales, los únicos beneficios que reciben son el Emergency Medical Care, la educación pública a nivel primaria y secundaria y la posibilidad de ser elegido como sujeto de crédito. Algunos de estos servicios los inmigrantes no los utilizan por temor a ser deportados. Nada más, por concepto de las aportaciones al Medicare, prestación que no utilizan los inmigrantes indocumentados, en 2011 había 500 mil millones de dólares en fondos suspendidos[6], como vemos en el Cuadro 4.

Otro elemento utilizado por la propaganda antiinmigrante se relaciona con las remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen. Se menciona que estos miles de millones de dólares se sacan de la economía norteamericana para beneficio de la economía de otros países, y quedan muy pocas utilidades a las empresas norteamericanas. Incluso, se llega a decir que son una de las principales causas de que la economía de ciertos estados (con amplia presencia de hispanos) no funcione como debiera. Con una cita del pensamiento del Tea Party se puede ilustrar la ideología que intenta imponerse por todo Estados Unidos:

¿Por qué no pagar de 10 a 15% más por una comida en un restaurante, o una nueva casa, siempre que garantice que los estadounidenses tengan puestos de trabajo en suelo americano? ¿Hay un norteamericano de pura sangre que tendría un problema con eso? Si entendieran lo que realmente está en juego, no lo harían. El dinero que ganan los estadounidenses se mantendría en Texas y recircularía entre otros texanos. El alquiler y las hipotecas se pagarían, los alimentos se comprarían en las tiendas locales, la economía prosperaría. El dinero ganado por aquellos que entran ilegalmente al estado, con la complicidad de los empleadores sin escrúpulos que les ofrecen empleos, se envía a México a través de las remesas. La economía de Texas no recibe la ventaja del efecto multiplicador de aumentar el consumo en el estado. En su lugar, se envían $21,5 mil millones de dólares por concepto de remesas a México (Tea Party Patriots of Alvin, Texas, 2011).

¿Cuánto dinero mandan los inmigrantes y cuanto aportan a la economía de EE.UU.? Para responder esta pregunta habría que elaborar un artículo aparte, por eso sólo señalaremos unos datos que marcan la magnitud de las aportaciones de los hispanos a la economía de dos estados, Texas y California. Según informa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas representaban en 2008 sólo 9 centavos por cada dólar de contribución a la economía estadounidense por los migrantes hispanos.

Como decíamos en párrafos anteriores, el trabajo de los hispanos en EE.UU. es muy importante para que sus empresas se fortalezcan. Los ahorros que los empresarios obtienen cuando contratan a hispanos, si bien no los podemos medir estadísticamente, sí tenemos información sobre los bajos salarios que reciben en comparación con los pagados a los blancos, los afroamericanos y los asiáticos. Por ejemplo, según información del Bureau of Labor Statistics, en 2009 los hispanos (tiempo completo) ganaban a la semana $541, los blancos $757, los negros $601 y los asiáticos $880. La diferencia es muy alta e intervienen varios factores en estas diferencias salariales, como nivel educativo, capacitación, idioma, etc., pero un factor predominante en esta diferencia es la discriminación racial y de género. La mayoría de los hispanos se ocupan en servicios personales, labores de oficina, construcción y en ventas. ¿Por qué tendría que haber esa diferencia tan grande con otros grupos étnicos cuando están realizando los mismos trabajos?

Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la construcción donde se ocupa el 10,5% de los hispanos, las diferencias salariales son muy marcadas por grupos étnicos. Según la organización Laborers International Union of North America (LIUNA),

[...] agruparse en un sindicato contribuye a neutralizar la discriminación en la paga. El informe más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales [Bureau of Labor Statistics] demuestra que las trabajadoras de la construcción sindicalizadas disfrutan de una ventaja en la paga de 70%. Los hispanos disfrutan de una ventaja en la paga de 64%, y para todas las otras minorías, la ventaja es de 42% (LIUNA, 2007).

Los sindicatos son una buena opción bajo las condiciones críticas que vive el mundo del trabajo, sin embargo, a un trabajador de la construcción indocumentado le es difícil sindicalizarse, prefiere aceptar una paga menor a ser deportado. Trabajadores hispanos con miedo a sindicalizarse, con salarios menores a los demás grupos étnicos, con pocas prestaciones sociales y con la obligación de pagar impuestos, se convierten en una fuente de ganancia para los empleadores y de recursos al fisco. De esta manera, los inmigrantes hispanos documentados o no contribuyen con su trabajo, su consumo, sus impuestos a la economía. Con palabras del Immigration Policy Center:

Los inmigrantes no son la causa del desempleo en los Estados Unidos. La investigación empírica ha demostrado repetidamente que no existe una correlación entre la inmigración y el desempleo. De hecho, los inmigrantes -incluyendo los no autorizados- crean empleos a través de su poder adquisitivo y su capacidad empresarial, compran bienes y servicios de empresas de EE.UU. y crean sus propios negocios, ambos contribuyen a sostener los puestos de trabajo de estadounidenses. La presencia de los nuevos trabajadores inmigrantes y de los consumidores también estimula la expansión de las empresas, lo que crea nuevos puestos de trabajo. Además, los inmigrantes y los trabajadores nativos no suelen competir en los mismos mercados de trabajo, ya que tienden a tener diferentes niveles de educación, diferentes ocupaciones, se especializan en otras tareas, y viven en diferentes lugares (IPC, American Immigration Council, 2011; traducción propia).

El hecho de que la presencia del inmigrante indocumentado se quiera manejar de otra manera, sólo es una argucia para seguir manteniendo a los hispanos en condiciones desventajosas. La discriminación rinde buenas ganancias al capital estadounidense. La discriminación racial y de género también contribuye a que las empresas transnacionales reduzcan el costo de mano de obra y se coloquen en mejores condiciones en la competencia internacional. Esto se hace a través del trabajo informal que realizan en su gran mayoría los inmigrantes indocumentados en los grandes países desarrollados, como parte del proceso de globalización.

Debido a que las prestaciones sociales encarecen la mano de obra, es factible utilizar a los sectores más vulnerables para seguir manteniendo la mano de obra mal pagada. Los empresarios utilizan trabajadores inmigrantes indocumentados, y especialmente mujeres, para que realicen ese tipo de trabajo. En EE.UU., en la ciudad de Los Ángeles, los indocumentados se insertan (sin derecho a pensión ni a seguridad social) en industrias como la de aparatos eléctricos y electrónicos y las de prendas de vestir, y en este tipo de empresas predominan las mujeres operarías. Se utilizan también las diversas formas de trabajo flexible, como empleo temporal y subcontratación. A estos trabajadores inmigrantes se les niega los derechos que tienen los trabajadores formales, como “compensaciones de los trabajadores en salud, empleo, seguro de vida y pensiones” (Vogel, 2006: 2). Según este mismo estudio, en 2004 en el condado de los Ángeles se registraban 679 mil trabajadores informales, que representaban un 15% del total de las personas que reportaron haber tenido un empleo; en 2007 de acuerdo a nuestros cálculos se registraban 624.712 trabajadores informales, que representaban el 14,6%. Para 2009, incluimos dentro de los trabajadores informales a aquellos que se registraron en el censo económico quinquenal como trabajadores por su cuenta (tienen un negocio registrado), que consideramos también como informales, de esta manera para el condado de los Ángeles los trabajadores informales alcanzaron la cifra de 981.986 personas, un 20% de la fuerza laboral. Estos trabajadores informales no son aquellos que se ven vendiendo en las calles o esperando en las esquinas a que alguien los contrate, su trabajo no está en la calle sino entre paredes:

El estudio de The Economic Rountable revela que, de hecho, la mayoría de los trabajadores informales trabajan fuera de la vista del público en las fábricas, restaurantes, almacenes, talleres, hogares de ancianos, edificios de oficinas y viviendas particulares. En números reales, los investigadores estiman que estas 20 actividades principales emplean, en el condado de Los Angeles, más de 180 mil trabajadores indocumentados (Vogel, 2006: 3; traducción propia).

El libre mercado y la crisis económica de 2008 mostraron el deterioro de las condiciones de los trabajadores estadounidenses y del mundo, también evidenciaron que esto es producto de la implementación de políticas que concentran la riqueza y el poder en unas cuantas manos, mientras el resto de la población se empobrece. Tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados lo más importante es rescatar a la banca, al capital financiero, a costa de quitar prestaciones a los trabajadores, del desempleo, de revivir formas de explotación que creíamos desaparecidas (trata de personas), etc. Exigen ese rescate los gobiernos europeos, los asiáticos y los latinoamericanos. Para ejemplificar la situación de EE.UU., Chomsky señala: “[...] el programa del presidente Obama fue un regalo para los ejecutivos de Wall Street’ y un golpe alplexus solar para sus indefensas víctimas” (Chomsky, 2011).

Los efectos de la crisis económica en la situación de las migrantes hispanas

En esta parte del trabajo vamos a señalar los cambios que la crisis económica de 2008 provocó en las condiciones socioeconómicas de las mujeres hispanas. Algunos son producto de la crisis y otros del escaso crecimiento de la economía estadounidense desde hace varios años.

Las corrientes migratorias contemporáneas de trabajadores hacia Estados Unidos tienen su principal fuente en México y los países latinoamericanos, cerca de 12 millones de nativos mexicanos y alrededor de 21 millones de mexicanos de segunda generación o más, radican en este país del norte. El Cuadro 6 presenta, en porcentajes, la población migrante por sexo, región y país; claramente, las mexicanas representan el 25,6 % y el resto de América Latina el 22,30 %, esto revela que el 47,9% del total de las migrantes residen en Estados Unidos. Lo que muestra la relevancia de la fuerza de trabajo femenina hispana en EE.UU. Estas estadísticas fundamentan la importancia que tiene el volumen de los ingresos de esta población, tanto para vivir en este país de residencia como en sus países nativos.

Cambios en la situación laboral de las mujeres hispanas de 2007 a 2010 Uno de los principales cambios observados por efecto de la crisis es el aumento del desempleo, aunado a la discriminación ya tradicional por motivos de género, etnia y clase social. La situación mundial de la mujer en el ámbito laboral está demandando una transformación estructural de todo el entorno de sus relaciones laborales, dentro del marco mínimo que establecen las sociedades democráticas. Si bien es cierto que se ha progresado en esta materia, aún quedan cuestiones pendientes, entre las que destacan las leyes de igualdad para el trabajo de las migrantes, dado que su problemática impide a estas mujeres desarrollarse en un ambiente de completa igualdad con respecto a otras mujeres, pues predomina la existencia de estereotipos tradicionales, pero que en general podemos referirnos a los papeles de las nacionalidades, las apariencias físicas, los étnicos, de educación y clase social. Esto es bastante claro cuando observamos las tasas de desempleo en los Estados Unidos por grupo étnico (Gráfico 3):

La primera observación es que la tasa femenina de desempleo abierto, a partir de 2007 se disparó de 4,5 a un 8,6 en 2010, esto en términos absolutos nos dice que 2 millones 45 mil mujeres perdieron su ingreso. Por grupos étnicos, las mujeres blancas son las menos desempleadas, muy lejos de los niveles de desempleo de las mujeres afroamericanas y latinas. Estás últimas presentaron un crecimiento de 6,3% en 2005 a 11,4 % en 2010. Lo anterior explica una diferencia sustancial de tasas de desempleo entre grupos étnicos, ya que el desempleo relativo de las mujeres latinas es más o menos lo doble de las blancas, aún cuando es menor que la de las afroamericanas. Otro cambio observado con el avance de las corrientes migratorias de hispanas es el aumento de las mujeres ocupadas de 2002 a 2010, las cuales crecieron a una tasa promedio anual de 2,35% por arriba de otros grupos étnicos como podemos ver el en Cuadro 7.

Ocupación y profesiones

Las actividades donde se concentran las hispanas son: servicios personales, servicios de gestión y profesionales, ventas y manufactura. Durante los años de crisis, la ocupación creció tanto en las actividades consideradas calificadas como en las de escasa calificación, de este modo la posibilidad de obtener un empleo estaba en los dos extremos de las actividades; de seguir con esa tendencia el mercado laboral se polarizará. En los servicios profesionales, de representar el 21,7% en 2002 aumentó al 24,1% en 2010. Mientras que en los servicios personales, donde predominan las labores de cuidado, de representar el 28,6% en 2002 subieron al 33,2% en 2010. Las bajas más importantes en estos años de crisis fueron en ventas y en la manufactura, especialmente en esta última. Esta disminución es producto de los efectos que la crisis económica en EE.UU. ha tenido sobre la industria y el traslado de las fábricas a los países emergentes.

Nivel de ingresos de las hispanas

El desempleo y la baja de la actividad económica llevan al estancamiento de los salarios semanales pagados a las trabajadoras hispanas. En la Gráfica 4 observamos que los salarios en todos los grupos étnicos tuvieron una tendencia a la baja.

Por ejemplo, en 10 años los ingresos de las hispanas aumentaron, solamente, a una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 1,10%. El grupo étnico más afectado en sus ingresos fueron las blancas, su TCPA fue de 0,68%, las mejores posicionadas fueron las asiáticas. El hecho de que las blancas permanezcan con ingresos estancados quizá pueda explicarnos, en alguna medida, su disposición a criminalizar al inmigrante hispano. Si comparamos los ingresos anuales de las mujeres inmigrantes de Cuba ($22.099), El Salvador ($18.229), República Dominicana ($17.822) y México ($15.276), con los de China ($30.552) o Vietnam ($24.136), tenemos que las hispanas siguen siendo el sector que recibe los menores ingresos de todos los grupos étnicos, y las mexicanas las de menores ingresos de todas.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres hispanos se han venido cerrando a lo largo de los últimos 10 años. En 2000, el ingreso medio de las mujeres representaba el 87,8% del ingreso medio de los hombres. En 2010 esta distancia se acortó y los ingresos de las mujeres representaron sólo el 90,7% del de los hombres hispanos. Creemos que esta situación se debe a que los hispanos son los peor pagados, por eso hombres y mujeres casi se igualan en la pobreza. También se ha observado que en los niveles de salarios más bajos ambos sexos acortan su diferencia. Situación diferente viven las mujeres, blancas que son las que tienen la brecha salarial más grande respecto a los hombres, como podemos ver en el Cuadro siguiente:

La propiedad y las hipotecas entre la población hispana

La crisis actual tuvo su manifestación más conocida en la quiebra de las hipotecas de alto riesgo (subprime). Los hispanos, dado su nivel de ingreso y su estatus migratorio, son un sector sumamente vulnerable al respecto. Por ejemplo, “el 62% de los propietarios latinos dicen que tuvieron ejecuciones hipotecarias el año pasado [2008]” (López, Livingston y Kochhar, 2009). Dentro de la comunidad de los inmigrantes hispanos, el 53% está preocupado de que su casa entre en ejecución hipotecaria el próximo año y tengan que abandonarla. Las pocas perspectivas que les ven a su situación económica, obliga a las familias a recortar gastos en comida, compra de autos, muebles y otros bienes. La crisis ha golpeado a todos los grupos étnicos y culturales, las mujeres hispanas por estar en los sectores más empobrecidos, son las que más resienten la pérdida de la casa o la incapacidad de pagar la renta. Lo más alarmante es que los gobiernos con su política monetarista no buscan la salida en el crecimiento económico y, por lo tanto, disminuyen las posibilidades de empleo y de mejoras en los salarios. Siguen apostando al fortalecimiento del capital financiero para salir de la crisis y a los ajustes en el gasto público.

Por último, un factor que influye en la situación de las mujeres hispanas es su derecho a los seguros de salud. En EE.UU. existen varios tipos de seguros de salud, que pueden dividirse en dos grandes rubros: los privados y los gubernamentales. Dentro de los primeros están los que otorga el patrón (el trabajador/a contribuye con una parte) y el que compra el trabajador/ra. Los segundos se dividen entre el Medicaid (seguro para las personas de bajos ingresos) y el Medicare (personas de más de 65 años). Como podemos observar en el Cuadro 9, los seguros que disminuyeron son los privados y el que más aumentó es el Medicaid, que cubre a las mujeres de bajos ingresos. El aumento se dio sobre todo de 2008 a 2009. Sin embargo, las mujeres hispanas que tienen bajos ingresos o están indocumentadas no pueden comprar un seguro de salud. Según un informe publicado el 11 de mayo de 2011, las mujeres, especialmente las hispanas y las de bajos ingresos, han sido más afectadas que los hombres por la debilidad de la economía y los mayores costos de atención a la salud. Las mujeres jóvenes e hispanas, y aquellas con ingresos bajos o moderados, se vieron particularmente afectadas. La mitad de las mujeres cuyos ingresos cayeron por debajo del 133% de la línea de pobreza no tenían seguro médico el año anterior, mientras que más de la mitad de las mujeres hispanas cayeron en esa categoría (KHAN, 2011). A pesar de las carencias, las hispanas que tienen algún tipo de seguro de salud son privilegiadas, porque en 2009 había 7 millones sin cobertura en salud.

Un buen número de trabajadoras inmigrantes, que no son atendidas en consultas médicas ni hospitales, si llegan a internarse en un hospital se endeudan en fuertes cantidades de dinero. Es por este motivo que algunas inmigrantes cuando se enferman regresan a México a curarse.

Por último, la crisis y el estancamiento de la economía norteamericano no auguran buenos tiempos para las migrantes. Se observa un endurecimiento de las políticas antiinmigrantes, en las cuales se las criminaliza, afectando en mayor medida a las mujeres que se ven expuestas a bandas de polleros y a la delincuencia organizada. Respecto a sus condiciones de trabajo, la información presentada da cuenta de la gran cantidad de hispanas sin seguridad social ni empleo y con los salarios más bajos de todas las trabajadoras. Aunado a lo anterior, está la discriminación por motivos raciales o étnicos, sexuales o culturales. De todo ello se benefician los gobiernos, los patrones y los delincuentes; las menos favorecidas con su trabajo son las migrantes y sus familias.

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Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Correo electrónico: <gmarin@unam.mx>.↵

Académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Correo electrónico: <patrod@unam.mx>.↵

La región centroamericana está integrada por los siguientes países; El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Belice, y México.↵

Cuando se menciona a las centroamericanas se incluye a las mexicanas, salvo que se diga lo contrario.↵

Sin embargo, actualmente Europa está desplazando a los Estados Unidos como la región más atractiva, en parte por razones culturales y de idioma, pero también por el notable crecimiento económico de España e Italia en las últimas dos décadas. Otros destinos importantes son Canadá (con medio millón de emigrantes latinos), los Países Bajos, el Reino Unido y Australia. También destaca el caso de los más de 100 mil latinoamericanos, un 60% de ellos argentinos, que viven actualmente en Israel, muchos atraídos por las ventajas económicas que ese país ofrece a los inmigrantes.↵

Suspense Funds: aportes que recibe el Seguro Social que no son empleados por los contribuyentes.↵

9

Un recorrido por las políticas migratorias en España y su impacto sobre la migración femenina Latinoamericana[1]

Alejandra Arroyo[2]

Introducción

España, severamente golpeada por la crisis que se desencadenó en el año 2008 a nivel global, no logra recuperarse en lo económico, financiero y laboral, a pesar de las fuertes medidas anticrisis impuestas a su población. En efecto, en los meses recientes ha pasado por fuertes reordenamientos de su política social, económica y financiera, lo que le ha traído como consecuencia crisis política. No solamente ha tenido que reordenar estos rubros, sino que ante la creciente entrada de migrantes de todo el mundo, especialmente latinoamericanos que se ha venido dando desde años atrás, y que no cesa, a pesar de que dejó de ser paraíso de inmigrantes debido a su problemática de crisis actual, ha reformado su ley de extranjería, recrudeciendo los parámetros para la aceptación de nuevos migrantes. Todo esto, no sólo por esta razón, sino porque la Unión Europea ha rediseñado también los parámetros generales para la Comunidad en lo referente al ingreso de población extranjera a través de todas sus fronteras, por medio del Pacto Migratorio el cual indica a todos los Estados miembro para el rediseño de propias leyes migratorias, atendiendo a sus propias necesidades y limitaciones para la aceptación de inmigrantes.

Los latinoamericanos han sido fuertes proveedores de mano de obra calificada y no calificada en España, debido a los lazos culturales y de idioma que facilitan su internación e integración al país. Sin embargo, ante la fuerte entrada de éstos y de otros inmigrantes vecinos, y ante la imperativa presentada por el Plan Global de las Migración, recientemente entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Extranjería 2/2009, del 11 de diciembre, que reforma la Ley Orgánica 4/2000, de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que recrudece las medidas para la aceptación de inmigrantes.

Un factor que preocupa a la Comunidad Europea es el déficit demográfico que sufre y que pone en riesgo la producción y la reproducción al interior de la Comunidad. Se ha planteado, sin embargo, que las migraciones son un factor de repoblamiento y/o de distribución de la población que coadyuva al sostenimiento de las regiones a través de la dispersión del trabajo, los valores y las sinergias para el desarrollo y el crecimiento. La historia de las migraciones lo ha demostrado. No obstante, las políticas restrictivas y con vetas de discriminación y sobre todo de criminalización de las migraciones contradice las necesidades de repoblamiento de la región europea que padece de tasas bajas de natalidad y de envejecimiento de su población poniendo en jaque el futuro de las próximas generaciones y los servicios de salud y pensiones a los que los Estados están obligados.

La inmigración latinoamericana se ha convertido para España, sin ser reconocido expresamente, en un factor importante que coadyuva al crecimiento y desarrollo realizando tareas que muchos trabajadores españoles han abandonado, dejándoselo, sin proponérselo a la población migrante que ha tomado estos puestos.

Las mujeres, que representan un sector mayoritario entre los inmigrantes latinoamericanos, han realizado importantes transformaciones en la vida de la población inmigrante y la local. Son éstas las que han desarrollado las cadenas migratorias, reagrupando a sus familiares -cuando antes esto lo realizaba el migrante masculino-, y se han convertido en soporte económico de sus familias dejadas atrás a través de las remesas que envían a partir de trabajos en situación de precariedad como lo es el empleo en los servicios domésticos, de limpieza y cuidados, en los que en casos realizan hasta 60 horas a la semana. Las leyes de extranjería recientemente introducidas afectan a las mujeres pues obstaculiza y retrasa los procesos de reagrupación familiar, pues los requisitos, entre cosas, son incompatibles con su realidad salarial y su situación de precariedad en lo laboral. En este trabajo se presentan datos que nos ayudarían a entender mejor la situación de las mujeres inmigrantes latinoamericanas para pugnar por leyes migratorias con perspectiva de género, para que los gobiernos latinoamericanos, de cuyos países emanan gran cantidad de migrantes, sean capaces de firmar convenios migratorios bilaterales que se adecúen más a las necesidad de población femenina migrante y sus hijos.

La crisis en España

La crisis que se desató a finales de 2008 en Estados Unidos y que se extendió de manera global, afectó a Europa y Latinoamérica aunque de manera desigual tanto en los países europeos como latinoamericanos. España resultó contundentemente afectada, repercutiendo principalmente en la caída del empleo, lo que ha representado uno de los problemas más graves para el país. Para enero de 2011, mientras la tasa de desempleo en la Europa de los 27 es de 9,5%, para España, en enero de este mismo año, ésta representa 20,4% (Eurostat, 2011), y ha sido uno de los puntos cruciales para provocar la desesperación de la población y para el gobierno que no logra revertir la tendencia a la baja en el desempleo, o bien siquiera lograr detenerla. Si bien para el año 2011 pareciera que poco a poco se va restableciendo la tendencia crítica de pérdida de empleo, las mismas autoridades en el país han advertido que tomará años alcanzar los niveles de empleo del año 2007 de antes de la crisis.

Por otra parte, al interior de la Unión Europea existe una preocupante crisis de baja natalidad y de aumento de la tasa de envejecimiento. El déficit demográfico presenta problemas a mediano y largo plazo, puesto que de ello depende la viabilidad y fortaleza de los Estados en el sentido de producción, consumo, y generación de recursos para el futuro, como lo es que la tasa de retiro de los trabajadores no sería reemplazada con trabajadores jóvenes para fondear, a través de los impuestos, programas de retiro y pensiones y otras agendas de bienestar social. De acuerdo a datos provisionales de Eurostat (2010), la población en la Unión cifra en alrededor de 501 millones de habitantes, donde ha habido un crecimiento de la población en los últimos 10 años de 18 millones de personas con diferencias significativas de población entre los distintos países. Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumania han visto su población disminuir, mientras que países como España, Francia, Italia y Reino Unido han mantenido su población estable en los últimos años, peros se espera que ésta disminuya en las próximas décadas. El país que más población tiene en la Europa de los 27 es Alemania con 81,757 millones de habitantes, seguido por Francia con 64,709; Reino Unido, 62,041; e Italia 60,397. España, con 47,150 millones de habitantes (INE, 2011) se ha mantenido en la media. Italia, principalmente, está entre los países que podrían perder un tercio de su población. La esperanza de vida de la población europea va a la alza, situándose en promedio en 82 años para las mujeres y 76 en los hombres (Paniza, 2010). Mientras que la población de menos de 15 años de edad se ha reducido del 17,7% para el año 2008 a 15,7%, y la proporción de la población de 65 años o más ha aumentado de 15,3% en el año 1998 a 17% en 2008. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, la tasa de natalidad bruta, entendida como los nacimientos por cada 1,000 habitantes, se situó en 10.51, representado el nivel más bajo desde 2003 (INE, 2010) en contraste con el aumento continuo de los últimos 10 años. La tasa de fecundidad en España, para el año 2010, es de 1,38 hijos por mujer, y la edad media de maternidad entre las mujeres no ha variando en años recientes en 31,9 años, situación que preocupa y ocupa a los gobiernos en España, que en el pasado reciente incentivaban la maternidad con premios económicos a las parejas, que a raíz de la actual crisis han sido retirados. De este modo, esta problemática expuesta, ejemplificada para el caso de España, pero que se repite en la baja tasa de natalidad en los países de la Unión Europea, considera, de acuerdo a las proyecciones de las Naciones Unidas, que la población disminuirá en prácticamente todos los países europeos hacia el año 2050. Por otra parte, la población europea está envejeciendo. La población de menos de 15 años de edad se ha reducido del 17,7% para el año 2008 a 15,7%, y la proporción de la población de 65 años o más ha aumentado de 15,3% en el año 1998 a 17% para ese mismo año.

En vista de lo anterior, al interior de la Comunidad se está considerando el repoblamiento de la región a través de la llamada “migración de reemplazo”, que contempla el nivel de migraciones internacionales necesario en cada país para evitar la disminución y el envejecimiento de la población que resultan de las tasas de fecundidad y mortalidad bajas. Es decir, se requiere de un movimiento de personas al interior del territorio que permita crear un equilibrio poblacional. No obstante, se requiere de ciertos niveles tanto de número de personas que se necesita en cada país, como la “calidad” de éstas. Los gobiernos, ante la crisis y las perspectivas de funcionamiento al interior han requerido de una revisión general de numerosas políticas y programas bajo una perspectiva de largo plazo. Entre ellas están la edad de jubilación, los niveles y tipos de pensiones de jubilación y de servicios de salud, la participación de la fuerza de trabajo, las contribuciones de los asalariados y de las empresas, y también las políticas de inmigración y sobre todo de integración de los contingentes de inmigrantes y sus descendientes, amén de pensar en programas de reemplazo poblacional con las migraciones.

Algunos datos de las migraciones en España

Como era de esperarse, como resultado de la crisis en España bajó la entrada de migrantes al país. La tabla siguiente muestra cómo descendió notablemente la internación de extranjeros trabajadores de todas las nacionalidades al país, desde 2007 -año en que estalló la crisis- en la que la cifra representa 7, 666 millones de personas y que no muestra mucha variación con respecto al año 2006. Se observa una fuerte caída para el año 2008 a 5, 930 millones de personas y en 2009 la cifra llega a 5, 249 millones, aunque empieza a repuntar en el último año 2010 alcanzando la suma 5.730.667, de los cuales 2,4 son ciudadanos comunitarios, lo que representa el 12,2% del total de la población española empadronada de 47,150 millones de personas. Entre los extranjeros no comunitarios, destacan los ciudadanos marroquíes con 769.920, los ecuatorianos con 387.367 y los colombianos con 292.212 personas. Por otra parte, los extranjeros decrecen en 17,067 personas para el año 2010. Entre estos últimos, los pertenecientes a la UE 27 aumentan a 42.319, sumando 2.392.491 personas, mientras que los no comunitarios se reducen en 59.386 personas, situándose en 3.338.176 (INE, 2011).

La inmigración latinoamericana está representada por casi todos los países de América Latina, aunque con diferente peso y características debido a las diferencias socioeconómicas y políticas entre los países. Con el inicio del Siglo XXI, la tendencia de la migración latinoamericana hacia España aumenta atraída por el creciente desarrollo de ésta, el mejoramiento del nivel de vida, los índices democráticos y las oportunidades de trabajo que conlleva. España es el país europeo que más ha firmado acuerdos bilaterales con los gobiernos de los países latinoamericanos. Acuerdos que han sido insuficientes ante la crecida de la inmigración no documentada. Entre los países con mayor población migrante hacia España se encuentra Ecuador, seguido por Colombia y Bolivia que ya superó a Argentina. Le siguen Perú, Brasil y República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Cuba, Chile y Honduras. México quedó fuera de la tabla de los principales países emisores de migrantes hacia España, ya que los mexicanos en una gran mayoría migran hacia Estados Unidos del Norte. Todo parece indicar que la población latinoamericana continuará abriendo nuevos puertos de arribo en la Unión Europea, con todo y sus complejas y refinadas leyes migratorias, pues el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, la saturación de puestos de trabajo en este país, y las cada vez más precarias condiciones de traslado, arribo y establecimiento en ese país, abre puertas de entrada de migrantes a otros países, desde luego España, pues existen lazos históricos, culturales, de lengua y religión que nos une.

Como puede observarse en la tabla anterior, también, aparte de que el total empadronado de migrantes latinoamericanos de ambos sexos de los países representados en ella se ha mantenido un flujo constante,, de entre 170 mil y 175 mil personas entre los tres años de la crisis, es de observarse que enfáticamente la migración femenina es superior a la de los hombres en el caso de todos los países, menos Ecuador y Chile cuyas cifras por sexo son casi iguales; y notorio es también que en el caso de Brasil las cifras muestran una marcada diferencia entre hombres y mujeres siendo éstas la mayoría por mucho en relación con los hombres migrantes (INE, 2011).

Como se observará en el siguiente gráfico, el rango mayor de las mujeres latinoamericanas que ingresa al país va de los 25 a los 34 años de edad, toda una generación de mujeres en edad fértil y de mayor capacidad de trabajo. Pero no es menor el rango de las mujeres entre 40 y 49 años de edad, que representa, también un segmento muy productivo en el trabajo y que es la edad del mantenimiento de los hijos.

Situación laboral de las mujeres inmigrantes

En una publicación reciente emitida por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tituló, algo que, a mi parecer, parecería ilusorio como “Las remesas a América Latina y El Caribe durante 2010. Estabilización después de la crisis”, sobre todo por aquello de la “estabilización” de la crisis, algo que en este momento muchos ponen en duda, frente a lo recurrente que han sido las manifestaciones de desasosiego, principalmente entre los países más emproblemados de la Unión Europea, a saber, España, Italia, y Grecia, y sobre todo “después de la crisis”, que si bien ésta ha dado signos de alguna recuperación, la misma realmente no cede y parecería o que se recrudece o se estanca sobre todo para la mayoría de la población en el mundo. Para España, de acuerdo con analistas del Banco de España, “la creación de empleo en los próximos cuatro años no compensará ni la mitad de lo que perdió en la crisis” y que “el ritmo de la recuperación será mucho menor que en la crisis de los años noventa del siglo pasado” {El País, 2011). Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que España crecerá por debajo del 2% al menos hasta 2017, aunque eleva las previsiones de 2011 y 2012, pero rebaja las de 2013 en adelante.

No obstante, el FOMIN apunta que “las remesas que recibieron los países de América Latina y el Caribe provenientes de Estados Unidos y España en 2010 registraron un ligero incremento de 0,2% a tasa anual, luego de un fuerte descenso en 2009″ totalizando 58.900 millones de dólares, aunque, como el mismo organismo apunta, la inflación en los países receptores y el fortalecimiento de las monedas locales respecto al dólar redujeron el poder de compra de las remesas recibidas situándolas en niveles más bajos en -8,7% con relación al año anterior, 2009. México, en estrecho vínculo con la economía de Estados Unidos, de donde proviene casi la totalidad de la remesas, después de un significativo descenso de éstas en al año 2009 debido a la crisis de -16%, recuperó los envíos en 2010 en 0,12%; mientras que en la región Andina y Sudamérica las remesas cayeron en -4,1% y -5,3% respectivamente, principalmente porque los envíos provenientes de España y Japón decayeron notablemente porque sus economías no se recuperan {El País, 2011). En efecto, la importancia de las remesas enviadas desde España a Latinoamérica, se constituyen en la segunda fuente de ingresos en la región. Paradigmático es el caso de Ecuador, donde las remesas que provienen de España son superiores a las provenientes de Estados Unidos. Como era de esperarse, éstas bajaron con el estallido de la crisis debido a la baja en el empleo dónde los inmigrantes en España fueron los más golpeados, debido a la precariedad en sus empleos y la caída en el rubro de la construcción que es el sector donde más se ocupan. A saber, para el año 2010, las remesas de España a los países latinoamericanos cayeron -22% comparado con el año anterior, pero para el año 2011 éstas sólo habían caído -1%; por eso se habla de estabilización del mercado laboral en España.

De acuerdo a los datos presentados en la tabla de arriba, sabemos que la migración latinoamericana a España se compone del 44% de hombres y 56% de mujeres. Los hombres se ocupan principalmente el rubro de la construcción y las mujeres en el rubro de los servicios de cuidado relacionado con los servicios domésticos, la hotelería y el cuidado de niños, enfermos y ancianos. Las mujeres migrantes latinoamericanas en España no fueron muy afectadas por la crisis debido a la alta demanda de estos servicios, pues simplemente en el sector turismo, donde las mujeres trabajan en hoteles, restaurantes, y bares como camareras no encuentran mucha competencia con otras mujeres migrantes, debido al idioma, principalmente, ni con las mujeres autóctonas que han dejado de atender ese rubro. Lo mismo ha sucedido con la atención a ancianos y niños, empleo que no deja de cesar, más si existe un alto porcentaje de personas de la tercera edad, que como se ha mencionado anteriormente ocupa una alta tasa en los países europeos y España también. Los hombres encuentran mucha más competencia en el sector de la construcción. No sólo es la caída del empleo en este sector, sino que tienen que competir con hombres provenientes otras regiones países europeos, principalmente de los países del Este. De acuerdo a esto, la caída en el empleo en el sector de la construcción en diciembre de 2010 alcanzó -15% mientras que otros sectores de los servicios mostraron niveles de empleo similares a los de 2009 con una tasa de crecimiento de 0,1%. Con esto, la pérdida de empleos entre las mujeres migrantes que trabajan en España fue menor que la de los hombres. Las pérdidas de empleo se concentraron entre los migrantes de la región andina y de otros países sudamericanos, registrando caídas de sus empleados asalariados en España de alrededor de -6,5 % y -5,5% respectivamente.

Cuando se habla de la feminización de la inmigración en España nos referimos a la cantidad de mujeres latinoamericanas que ingresan al país a trabajar que cómo se ha demostrado es mayor al del ingreso de los hombres, pero también habría que hablarse de la feminización del empleo en vista de que mayoritariamente las mujeres encuentran trabajo casi solamente en sector servicios, especialmente el sector del servicio doméstico, a pesar de los grados calificación y educación formal que muchas mujeres migrantes latinoamericanas poseen. Este sector de la economía laboral casi olvidado, mal comprendido, minimizado e invilibilizado en las sociedades es precisamente el que ha sostenido el constante flujo de remesas a Latinoamérica. Y es un sector que ha sido socialmente útil y necesario para la reproducción del trabajo en España. A pesar de la llamada “emancipación” de la mujer española en la que ha ingresado masivamente a la fuerza de trabajo formal, las relaciones al interior de los hogares no ha cambiado reproduciéndose los roles patriarcales de desequilibrio en la realización de las tareas del hogar, y el trabajo doméstico que ellas realizaban ahora recae en la mujer migrante, amén de que en el nuevo “estado de bienestar” en el que España entró, sobre todo a partir de su ingreso a la Comunidad Europea, socialmente les impide realizar este tipo de labores como se hacía en el pasado.

El Estado español promovió en el pasado la entrada de un contingente anual con cupos específicos para trabajadoras domésticas (Solana, 2006). Además, en el año 2005 hubo un importante proceso de regularización que permitió a las mujeres acceder a estos trabajos de manera un poco más formal, aunque en España este tipo de “contratos” para los servicios domésticos recaen el régimen especial que no está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, por ser una relación laboral basada en la confianza. Por tanto, no recibe seguridad social, ni tiene prestaciones por desempleo ni por baja. Sin embargo, ellas trabajan y mandan remesas a sus lugares de origen consistentemente. De acuerdo al estudio realizado en la provincia de Tarragona, en Barcelona (Arroyo, 2010), éstas, en el año 2007, en términos de ingresos pueden llegar a ganar de 400 a 1.000 euros al mes, dependiendo del número de horas que trabajan, situando entre 10 y 12 euros la hora, lo que les permitía enviar entre 100 y 250 euros a sus familias. Los envíos los hacen a través de locutorios debido a que las comisiones que ahí se pagan son más baratas que en los bancos, y no tenían una cuenta bancada en Tarragona o en sus lugares de origen.

El rediseño de la política migratoria en la Unión Europea

Una vez más, se ha rediseñado la política migratoria común frente a los fuertes movimientos de personas que ingresan a la región, principalmente de sus vecinos africanos en primer lugar, y de los latinoamericanos que no cesan de ingresar en búsqueda de mayores y mejores oportunidades. De este modo, se comenzó a discutir al interior del Consejo lo que finalmente es el Planteamiento Global sobre las Migraciones acordado en 2008 con el objetivo de crear una política migratoria “justa, equilibrada y eficaz”. El Pacto trata con todos los aspectos de las migraciones, es decir, la gestión de la migración legal, la lucha contra la migración ilegal y las sinergias entre migración y desarrollo. Se considera que las migraciones deben ser reguladas y “organizadas” para que alcance el factor de intercambio humano y de crecimiento especialmente para aquellos países europeos cuyo desarrollo económico y el envejecimiento de la población requieren de inmigración legal, considerando que la migración irregular perjudica a los países de destino por su vinculación con el trabajo no declarado, trayendo como consecuencia una situación de vulnerabilidad para el migrante frente a los casos de explotación y sobreexplotación, malas condiciones de trabajo y escasas normas de salud y seguridad. La inmigración irregular trae consigo consecuencias negativas para el desarrollo, pues las oportunidades de integración en el país huésped son escasas. También incide en el envío de remesas a sus países de origen al carecer de formas legales de envíos a través de canales formales, lo que acarrea altos costos para los migrantes y sus familias en el país huésped y también de origen. El controlar, regular y organizar las migraciones se supone reducirá la demanda de las organizaciones criminales implicada en la trata de seres humanos y el contrabando, reduciendo el riesgo de explotación, especialmente la trata de mujeres con el fin de realizar trabajos de explotación sexual y en los servicios mal pagados.

El Pacto se compone de una serie de objetivos políticos y de orientaciones estratégicas para una política europea de inmigración y asilo que se lleva a cabo alrededor de cinco medidas nacionales y europeas. La primera medida se centra en la organización legal de la inmigración teniendo en cuenta las prioridades, las necesidades y la capacidad de acogida determinada por cada Estado miembro. Corresponde a cada Estado poner en práctica sus propias políticas de inmigración y decidir el número de personas que desea admitir en su territorio en función de sus necesidades de mercado de trabajo.

El Pacto privilegia la admisión de trabajadores altamente calificados y los trabajadores con alta calificación intelectual como científicos e investigadores. Promueve la inmigración circular con el objetivo de evitar la fuga de cerebros. La reagrupación familiar dependerá de la capacidad de acogida de los Estados miembro y de la capacidad de integración de las familias. Se consideran factores esenciales de integración el conocimiento de la lengua del país huésped, el conocimiento de la cultura y el acceso al empleo. Del mismo modo, se considera integración a la capacidad de acomodo y vivienda de los inmigrantes. Otra de las medidas es la lucha contra la inmigración ilegal, especialmente garantizando el retorno de los extranjeros en situación de irregularidad a su país de origen o a un país de tránsito, promoviendo el retorno voluntario y creando dispositivos de ayuda al retorno voluntario que deberán ser generalizados en todos los Estados miembro. La cooperación con los países de origen y de tránsito es de suma importancia. Los Estados miembro deberán tener acuerdos bilaterales con los países terceros que sean necesarios para construir los instrumentos legales para que los inmigrantes ilegales sean expulsados. Del mismo modo, las readmisiones se endurecen y es a partir de acuerdos de readmisión con los países terceros que se facilitarían los procedímientos de retorno. Asimismo, las regularizaciones se harán caso por caso limitándolos a motivos humanitarios o económicos.

Cada Estado miembro es responsable del control de las fronteras exteriores por tierra, aire o mar de la parte que le corresponda a su territorio. Los Estados miembro se comprometen a emplear todos los medios necesarios para ejercer esta responsabilidad para el control de las fronteras. A partir del año 2012 se contará con visados biométri-cos, es decir, con visas con fotografía digitalizada y huellas dactilares para lo cual se contará con el Sistema de Información de Visados que conectará digitalmente a todos los consulados y las administraciones centrales de los Estados miembro con el objetivo de identificar con mayor eficacia y certeza a los titulares de un visado con sus países de origen. Este sistema permitirá luchar contra la inmigración irregular. Se ha creado la Agencia de Fronteras (FRONTEX) para gestionar la cooperación operativa de las fronteras exteriores de la UE, con lo que se pretende hacer realidad la responsabilidad compartida financieramente, y que será utilizada para la creación de nuevas infraestructuras en las zonas de cruce y para los sistemas de vigilancia. El Pacto apela a la implantación de un régimen común de asilo europeo recordando que cualquier extranjero perseguido tiene derecho a obtener ayuda y protección en el territorio de la Unión Europea conforme a los valores fundamentales de la Unión y los compromisos internacionales de los Estados miembro. Se facilita la cooperación entre los Estados miembro para acercar los procedimientos y las jurisprudencias nacionales a un punto común que permita evitar las discrepancias en la concesión del régimen de refugiado en los Estados de la Unión. Y finalmente, el quinto punto de la agenda del Pacto se refiere a la creación de una asociación con los países de origen y tránsito con el fin de fortalecer las sinergias entre migración y desarrollo mediante la cooperación entre los países de destino, origen y de tránsito. Como un factor importante de las relaciones exteriores de los países de la Unión Europea, las migraciones representan un punto significativo para las buenas relaciones entre éstos y la Unión. Con esto, la creación de Acuerdos con los países expulsores de migrantes deben tener en cuenta todos los aspectos de las migraciones, ofreciendo a los ciudadanos de estos países las posibilidades de inmigración legal adaptadas al estado de sus mercados de trabajo, auspiciando la migración circular aduciendo que se adquiere experiencia profesional para contribuir al ahorro y el desarrollo. Otro de los planteamientos del Pacto es el de crear instrumentos financieros específicos para facilitar las transferencias del producto de su trabajo a bajo costo y con eficiencia.

Los Estados miembro de la Comunidad Europea adecúan, otra vez, sus propias políticas migratorias de acuerdo a sus parámetros, necesidades y problemáticas, que desde luego son diferentes entre los países europeos no sólo por sus situación geográfica en el continente, -lo que significa que no es lo mismo la situación espacial de España que la de Noruega- por ejemplo, así como no es lo mismo ser un país de tránsito a otro, o ser un país francamente atractivo para los inmigrantes como la ha sido España en los últimos años. La construcción de la Unión Europea ha constituido una amplia zona de libre circulación de personas, lo cual significa progreso en términos de libertad y factor de prosperidad. Esta evolución ha requerido de una gestión solidaria y común entre los Estados miembro. Las decisiones que toma un Estado miembro en materia de migración tienen repercusiones sobre el resto. España es uno de los países, junto con Italia y otros en la costa del Mediterráneo, que facilita la entrada a Europa. La Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 y 8/2000 que regía en España, “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” ha sido ya claramente superada ante la cada vez más creciente inmigración en España y la problemática que le representa para el Estado, fuertemente emproblemado ante la crisis, especialmente en el asunto del empleo. Así, esta Ley ha sido modificada por la Ley Orgánica 11/2003 y 14/2003.

Como era de esperarse, la ley se recrudece. Entre los puntos más importantes de la reelaboración de la Ley Migratoria en España, que ya ha sido aprobada y echado a andar, se encuentra el punto de la persecución de la inmigración irregular sin importar la acogida humanitaria a la que por principio en la Unión Europea se deben todos sus miembros. El objetivo, según se declara, es evitar y perseguir a las mafias que introducen inmigrantes sin documentación y la explotación de seres humanos. Se privilegia la migración circular con contratos de trabajo, es decir, los programas de trabajo con fecha de retorno a su país de origen y la concatenación de contratos, es decir, la contratación de las mismas personas para los mismos trabajos en diferentes etapas. A través de imponer más mecanismos para la contratación de origen, se desalienta la contratación de extranjeros por parte de los empresarios. Estas contrataciones sólo se llevarán a cabo cuando se requiera de trabajadores de acuerdo a la determinación de la nueva Comisión Laboral Tripartita de Inmigración de la situación nacional de empleo y la elaboración del catálogo. Habrá sanciones para los empresarios que contraten trabajadores extranjeros irregulares hasta con 100 mil euros, a aquellos que no den de alta en la seguridad social a sus empleados extranjeros o que contrate trabajadores con autorizaciones no aptas para el sector o ámbito geográfico. Sin embargo, existe la posibilidad de que en caso de contrataciones frustradas de aquellos trabajadores que se han desplazado desde su lugar de origen a España y no se les haya dado de alta en la seguridad social, éstos puedan contratarse con otra empresa o en otro sector por determinado plazo.

Uno de los aspectos que se presenta con mayores restricciones en las modificaciones a la Ley de Extranjería es referente a las reagrupaciones familiares, pues ahora éstas se limitarán a los padres y abuelos mayores de 65 años, siempre y cuando el familiar tenga una residencia continua de 5 años en España y acredite sus ingresos. Acota la reagrupación sólo a la familia nuclear, y los hijos de 16 años de edad podrán tramitar un permiso de trabajo además del de residencia. La novedad es que las uniones libres y las parejas de hecho podrán reagruparse. Otra de las novedades de la ley es que, por primera vez, las extranjeras víctimas de violencia doméstica pueden obtener una autorización para facilitar la denuncia. Si hay condena se le concede el permiso de residencia y trabajo; en caso contrario, y si es indocumentada, se le sancionará por éste hecho. La nueva ley, asimismo, prevé infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, como los matrimonios de conveniencia.

Conclusiones

Las migraciones no cesan alrededor del mundo. Lo único que podría contener el movimiento masivo de personas en el planeta, que no cesarlo, es que los Estados y los gobiernos organicen sus estados de bienestar y de “buen vivir” al interior de sus territorios y que desaparezcan las desigualdades y las inequidades entre su población, empleo, salarios justos, prestaciones y sobre todo seguridad. Nadie, realmente, quiere abandonar su país, ni a sus familias, ni sus hogares. Es la necesidad lo que hace la migración. De cualquier manera, es necesaria la firma de acuerdos migratorios bilaterales equitativos y responsables para la gestión de las migraciones latinoamericana con la Unión Europea.

Como se muestra en este trabajo en la tabla de los países más representativos de emigración latinoamericana, grandes volúmenes de mujeres migrantes viajan hacia España. Por tanto, la firma de estos acuerdos debiera pugnar por arreglos más equitativos, racionales y justos en cuanto a las contrataciones de sus mujeres, sobre todo en el aspecto de los servicios domésticos, y empezar, a través de la visibili-zación de éste de manera legal, la dignificación de esta labor.

Por otra parte, la ley migratoria en España se recrudece en varios aspectos que afectan a Latinoamérica. En primer lugar el asunto de la reunificación familiar. Las mujeres latinoamericanas se establecen, en gran parte, como cabeza de familia en España, desde donde envían remesas a sus hogares en su país de origen. En el pasado reciente poco a poco iban trayendo, con grandes esfuerzos económicos, a sus familias nucleares, inclusive a sus parejas de hecho. Ahora se restringe solamente a padres mayores de 65 años, a sus hijos y parejas siempre y cuando acrediten hogar, ingresos y permanencia. El problema es que gran cantidad de mujeres no tienen contratos formales. En el sector doméstico no tienen seguridad en el empleo ni prestaciones de salud, desempleo y educación. Por tanto la situación se les está dificultando cada vez más.

En cuanto a las remesas, éstas deberían ser más organizadas a través de canales formales de envío, por una parte, para lo cual se necesitaría formalizar y legalizar su estancia en el país algo que está resultando cada vez más difícil, porque si bien lo datos presentados en este ensayo pertenecen a los inmigrantes empadronados, dejan fuera un gran contingente de personas no empadronadas por carecer de documentos que les permita estabilizar su situación en el país. Los gobiernos de sus países de origen deberán organizar y facilitar la recepción de remesas en cuanto a costos por comisiones y, por otra parte, es necesario los proyectos productivos para las regiones que permitan que estas remesas apoyen el crecimiento, no sólo que estas remesas sean para el consumo privado de los hogares. Para esto, se necesita estabilidad y voluntad política para considerar que las migraciones son benéficas para ambos lados, el país emisor y el receptor. Son benéficas no solamente económicamente, sino socialmente y culturalmente, pues el intercambio puede favorecer el crecimiento de las personas por contacto, conocimiento de otras culturas, aprendizajes, inclusive laborales y de entrenamiento, etc. Pero, las nuevas leyes parecen criminalizar a la migración, sobre todo a la migración no documentada aumentando con esto el dolor, la angustia y la frustración de las personas.

El Plan Global de las migraciones prevé la entrada de migrantes cada vez más calificados a la vez que le es necesario también recibir a los migrantes menos calificados para cubrir los puestos que la población europea ha dejado de ocupar, principalmente en la agricultura, la construcción y los servicios. Estas nuevas políticas un tanto más restrictivas entran en contradicción con la necesidad de recibir población migrante, a pesar de que, como ya se mencionó, se ha planteado la necesidad en Europa de cubrir el déficit demográfico a través de la movilidad y el ingreso de personas. Por otra parte, no deja de sorprender que bajo el recrudecimiento de la ley migratoria en España se observa la persistencia a criminalizar el asunto de la inmigración y se recrudecen las medidas legales para la expulsión del país a aquellos migrantes que no han podido ordenar su documentación de estancia legal en el país. Las medidas incluyen el aumento en los días de inter-namiento en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIÉ) de 40 a 60 días, sin que se le reconozca su personalidad jurídica a la que todas las personas tenemos derecho, así como el derecho al recurso ante los tribunales competentes reconocidos por la ley y la Constitución Española. Tal y como lo menciona Samuel Gamero Benítez (2009), abogado experto en Extranjería:

Lo más atractivo, es que hay delincuentes comunes, que no llegan a pagar los días que se le están imponiendo a personas trabajadoras y dignas, por el sólo hecho de no tener un papel que les regularice, incluso se han presentado casos en que la persona ha presentado su documentación de arraigo social y tiene en su poder la instancia y han sido internados y devueltos al país de origen, al considerar que el resguardado no está en ningún momento regularizando la residencia en España, pues está sujeto a su aprobación o denegación, dureza, mala fe, incomprensión.

Con todo, podemos afirmar que las migraciones son benéficas para ambas partes, el país emisor y el país huésped. El asunto está en la organización de éstas bajo el reconocimiento del beneficio, en el reconocimiento de que no hay trabajo de primera o de segunda, que las personas somos iguales, que debe desaparecer la discriminación y la violencia contra los migrantes, sean hombres o sean mujeres, que se deben dignificar los empleos con todas las prerrogativas de la ley. Las recientes modificaciones a la Ley de Extranjería en España más parecen de tipo coyuntural frente a la crisis y parecen contradictorias a las necesidades de reemplazo debido a su problemática agudizada de bajas tasas de fecundidad y de envejecimiento de la población. Por otra parte se presta a la discriminación de las personas por categorías, al restringir la entrada de migrantes sin calificación y ponderar la entrada del migrante calificado, ya sea en las labores del campo o los servicios, o bien aquellos más calificados como técnicos y científicos, sin considerar que gran parte de la población mundial sufre a causa de las desigualdades económicas y sociales que el sistema globalizador se ha encargado de diseminar por el planeta obstruyendo las oportunidades para muchos. La crisis persiste.

No en balde podemos decir, como ya muchos lo hacen, que ésta ha sido una crisis de la civilización, pues los perjuicios que este capitalismo salvaje y depredador han causado sobre la población mundial no tienen nada de civilizado. Por el contrario, ha desatado los demonios de la clasificación de personas por color, etnia, religión, clase, nivel educativo y poder adquisitivo, por no decir que la lucha entre los géneros persiste y persistirá mientras no se cree consciencia de que el mundo es para todos y todas y que esta lucha económica y social no parece conducir al bienestar equilibrado, en equidad, ni entre las naciones ni entre las personas, olvidando que hay un fino hilo tejido en oro y plata invisible que nos une a toda la humanidad.

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Trabajo presentado en el Seminario Internacional de GT de CLACSO, "Equidad de Género y Cambio Social en América Latina y el Caribe", realizado en Caracas, Venezuela el 19 y 20 de julio de 2011 en el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela. La autora desea agradecer a la becaria Montserrat Mosqueda Martínez de la UAM-UNAM y a Manuel Arena, asistentes de investigación por su valioso apoyo para la elaboración de este trabajo. ↵

Profesora investigadora TC, Universidad Autónoma Metropolita (UAM), Dpto. de Filosofía, México↵

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La Argentina oligárquica agroexportadora y los cambios en el orden de género

Silvia Berger[1]

EL TRABAJO[2] CUYO ESBOZO PRESENTAMOS, se encuadra dentro de un proyecto que se focaliza en distintos países de América Latina con el objetivo de construir una historia comparada del siglo XX sobre las desigualdades de género y la evolución de la brecha de género. Analizaremos la evolución de las desigualdades de género en el marco de los tres distintos regímenes de acumulación que han signado el desarrollo argentino desde la plena inserción del país, alrededor de los años ochenta del siglo XIX, en el mercado mundial, tras un largo período de desarticulación del espacio político y luchas intestinas.

1. El primer régimen de acumulación, que designaremos como el correspondiente a la Argentina oligárquica, se extendió desde 1870 hasta los primeros años de la década del treinta del siglo XX. Su rasgo fundamental fue la rápida expan-sión económica liderada por las exportaciones ganaderas, a las que luego se sumaron las agrícolas, y que tuvo como eje a la región pampeana, en el marco de una política de irrestricto librecambio. Por el contrario, en las regiones del interior donde se concentró el grueso de la población durante el periodo colonial se produjo la destrucción final de las formas de producción precapitalistas, incapaces de sostener la competencia de las importaciones que ingresaban de ultramar. El crecimiento se apoyo en un acelerado incremento de la población del área pampeana con una masiva inmigración europea (especialmente española e italiana). La política migratoria estaba basada en la atracción indiscriminada de mano de obra y no de pequeños capitalistas que compraran la tierra, ya que esta era propiedad de la oligarquía ganadera que la explotaba. Los inmigrantes podían arrendar las tierras pagando una renta superior a la que se obtenía con la ganadería; se trataba de una situación totalmente distinta a la de Estados Unidos o Canadá en que la tierra era entregada en forma gratuita a los inmigrantes para que la pusiesen en explotación. De esta manera, los inmigrantes fueron la mano de obra necesaria para la expansión agrícola, así como para la construcción de la infraestructura que esta requería[3](puertos[4], ferrocarriles[5], redes cloacales y de agua corriente, etcétera). También impulsaron el desarrollo de las ciudades (especialmente Buenos Aires y Rosario), donde se concentraban las actividades de exportación e importación, el comercio, las finanzas y una incipiente industria cuyo núcleo económico más relevante eran los grandes frigoríficos que procesaban la carne para la exportación. En la década del veinte, construida ya la infraestructura a lo largo de todo el país, el crecimiento mostró signos de desaceleración y hacia fines de la misma la agricultura y la ganadería comenzaron a competir por el uso de la tierra. La crisis mundial, con la acentuada caída de los precios de exportación y el consiguiente impacto sobre el producto la ocupación y el nivel de ingresos de la población, marcó el fin del régimen de acumulación.

2. Etapa de sustitución de importaciones. La contracción de las importaciones como consecuencia de la caída de los ingresos de las exportaciones, y luego, la contracción de las mismas como consecuencia de la guerra, crearon las condiciones para un proceso de sustitución de importaciones que se tradujo en una duplicación del personal ocupado por la industria manufacturera entre 1935 y 1945. Finalizado el conflicto, pese a la reactivación del comercio internacional, la sustitución de importaciones fue adoptada como una estrategia deliberada de crecimiento apoyada en una fuerte protección arancelaria. La mano de obra necesaria para la expansión de la industria manufacturera, fue provista por migraciones internas desde las provincias más atrasadas. A comienzos de los años sesenta comenzó una segunda fase de sustitución de importaciones centrada no ya en los bienes de consumo masivo, sino en los bienes intermedios, y sobre todo en los bienes de consumo durable. De esta manera se desarrollaron fuertes presiones hacia la contracción y diferenciación de los salarios, así como para el re direccionami-ento del gasto público del bienestar social a la creación de la infraestructura necesaria para la flamante industria automotriz y las grandes empresas de insumos intermedios. Estas presiones estaban, obviamente, orientadas a expandir la rentabilidad y el mercado para las nuevas industrias. Además, en un país de escasa mano de obra y fuerte sindical-ización, esto dio lugar a crecientes enfrentamientos sociales en el marco de un aumento de la oposición de los sectores exportadores primarios a los elevados costos de la mano de obra y a los aumentos de impuestos que apoyaban la sustitución de importaciones.

3. Etapa de predominio del capital financiero. En 1976, con un golpe de Estado, comenzó un proceso de apertura y desregulación del mercado que culminó en los años noventa con una acelerada desintegración de la estructura industrial, muy elevados niveles de desocupación y subocupación y un nivel de salarios industriales un 30% inferior al de 1974. La actividad financiera aumentó su importancia y devino en eje fundamental para la inversión de los grandes capitales. Las exportaciones agrícolas crecieron aceleradamente, pero no lo suficiente para cubrir el crecimiento de las importaciones resultante de la apertura económica y el desmantelamiento industrial. El déficit, fue cubierto mediante el endeudamiento externo, que al devenir insostenible generó en 2001 una profunda crisis y un cambio en el régimen de acumulación, cuyos rasgos aún imprecisos en múltiples aspectos, no serán aquí objeto de análisis.

Cada uno de estos regímenes, y esta es la hipótesis fundamental que orienta nuestra investigación, supone no sólo distintas tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y distintos niveles de brechas salariales, sino también distintas configuraciones de ¡a organización del proceso de reproducción social, donde el ámbito doméstico asume distintas tareas tanto en lo referente al cuidado como en la provisión de los elementos materiales imprescindibles para la reproducción. Aunque muchos de los cambios se inscriben en lo que podría denominarse una tendencia general ligada al desarrollo, sus ritmos, alcances y características asumen en el marco de estos regímenes características peculiares. En especial en un país como la Argentina, que ha seguido en su desarrollo una parábola especial, dado que a comienzos de siglo por su ingreso per capita era uno de los diez países más ricos del mundo. Los datos censales no permiten recortar con precisión los distintos regímenes de acumulación. Cubren los años 1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. Pueden utilizarse como aproximación para examinar los cambios en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo durante el régimen oligárquico los censos de 1895 a 1947 (en el censo de 1914 no se puede desagregar la tasa de actividad por grupos de edad). Los de 1947 a 1980 para los referidos a la etapa de sustitución de importaciones, y finalmente, los de 1980 a 2001 para el régimen de la valorización financiera. Los resultados constituyen una primera y sólida validación de nuestra hipótesis básica. Si nos concentramos en la tasa de actividad femenina y la graficamos, su evolución confirmaría la hipótesis de Goldin (1995) sobre la forma de la tasa de participación de la fuerza de trabajo femenina en el desarrollo económico y en la historia económica. Tuvieron que pasar 100 años para que se recuperara el nivel medio de la tasa de actividad femenina existente en 1891.

El gráfico que sigue permite ver los profundos cambios en la tasa de actividad femenina por grupos de edades.

Indudablemente, esta aproximación general debe ser convalidada mediante el análisis de los mecanismos que operan en la organización social de los cuidados en cada uno de los regímenes de acumulación. Es evidente que los cambios no son lineales. Hay avances y retrocesos en la tasa de participación que ocurren en diferentes momentos para distintos grupos demográficos y muestran modificaciones que se tratarán de demostrar están relacionados con la organización económica y su correlato en el orden de género predominante.

La argentina oligárquica en su momento constitutivo, 1880-1914

Esta investigación está centrada en el régimen oligárquico y se ha basado, en principio, en las transformaciones ocurridas entre 1895 y 1914, en que se establece la lógica central del régimen de acumulación y de su reproducción.

La participación en la actividad económica remunerada de las mujeres fue muy alta al comienzo de este período (prácticamente superior al 40% para todos los grupos de edad comprendidos entre los 15 y 59 años) y presenta grandes diferencias con la observada en 1914 y 1947 (ver gráficos), debiéndose analizar las causas y consecuencias de este cambio.

El régimen de acumulación[6]

Hacia 1870, los efectos de la política librecambista liderada por Inglaterra y la caída en los costos de transporte internacionales crearon evidentes oportunidades para las exportaciones agropecuarias. Los grandes propietarios terratenientes pampeanos, y la élite política ligada a ellos, comenzaron un complejo proceso orientado a consolidar la organización nacional, atraer capitales externos para la construcción de la infraestructura (red de transporte ferroviario, puertos, electricidad, telégrafos, etc.) e inducir un fuerte movimiento inmigratorio que fue favorecido, incluso, con la entrega de pasajes gratuitos en Europa. Esto es acompañado, a partir de 1880, con medidas orientadas a favorecer la inserción de una masa de inmigrantes altamente heterogénea desde el punto de vista cultural, lingüístico y religioso, mediante las leyes de matrimonio civil y de enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria, entre otras. Se inicia así un período de acelerado crecimiento económico que se extiende hasta 1930.

Este crecimiento, posibilitado por la masiva inversión inglesa en ferrocarriles, tuvo como eje la paulatina puesta en explotación del suelo de la región pampeana, cuya producción sufrió sucesivas transformaciones en función de los cambios en los precios de los productos, el transporte y el desarrollo de nuevas formas de conservación de los alimentos, así como por la introducción de nuevas razas de animales, nuevos tipos de cultivos y nuevos contingentes de mano de obra. Todo esto tuvo como objetivo la maximización de la renta del suelo en un contexto rápidamente cambiante (Ver Gráfico 3).

La utilización del suelo era altamente extensiva. El ganado se alimentaba en praderas naturales, y un creciente ejército de productores agrícolas, en su mayoría italianos pero también españoles, explotaba el suelo como arrendatarios, ya que éste estaba apropiado y explotado por la oligarquía para la ganadería y su precio impedía la posibilidad de acceso a la propiedad.

Se trataba de una agricultura itinerante. El suelo se cultivaba durante un número variable de años, según su calidad, y se restituía luego su fertilidad con el uso ganadero. Hacia 1920, la agricultura tenía niveles de mecanización similares a los norteamericanos y se realizaba en explotaciones de mucha mayor superficie que en ese país. Si bien, la mayoría de las explotaciones se apoyaban, salvo para la cosecha, exclusivamente en el trabajo familiar, la mayor parte de la producción se realizaba en unidades de mayor tamaño que disponían de trabajo asalariado permanente. El modelo de crecimiento se basó en el librecambio, lo que determinó un muy escaso desarrollo industrial y la eliminación de las formas de producción más atrasadas en el interior del país, aunque se preservó en éste, por razones políticas para conservar la unidad nacional, la actividad de Cuyo como productora de vinos y aguardiente y de Tucumán, como productora de azúcar. La contracara del carácter extensivo de la producción agraria fue la elevada concentración de la población en las ciudades y sobre todo en los puertos de salida de la producción: Rosario y, fundamentalmente, Buenos Aires.

El desarrollo de las actividades ligadas al transporte, la comercialización y el procesamiento de la producción agraria requerían un volumen mayor de mano de obra que la producción rural propiamente dicha, e impulsaban a su vez la expansión de los servicios y de la construcción en los centros urbanos.

El 72% del crecimiento de la población, originado principalmente por la inmigración, tuvo lugar en el ámbito urbano[7]. Como señala Alejandro Bunge (1920; 1941), el sistema de explotación del suelo en la Argentina requería cuatro veces menos mano de obra que en los países europeos, dadas la fertilidad, las condiciones del suelo y lo extensivo de su explotación, que permitía una elevada producción por hombre ocupado, “razón por la cual se requiere mucho menos población rural para igual volumen de producción agrícola y ganadera que en los países europeos”. Sin embargo en la administración pública, los transportes, las manufacturas, el comercio y los servicios públicos se hace necesario, a igualdad de movimientos, casi igual numero de personas en este país que en los otros países citados, por lo que la proporción que se radica en las zonas rurales es mucho menor”. Según el censo de 1914 el sector agrícola sólo concentraba alrededor del 26% de la población ocupada (el 30% de hombres y el 6% de mujeres) (Ver Gráfico 4).

El nivel de actividad creció entre 1880 y 1912 a una tasa anual acumulativa del 6,6%, el producto per cápita al 3,2% anual y el crecimiento de las exportaciones totales fue de 6,1% en el mismo periodo (Ferreres, 2005). La industria manufacturera, aunque tiene un peso restringido en el producto, tiene una alta tasa de crecimiento, pese a las trabas que impone a su crecimiento la política de librecambio.

La notoria prosperidad de Argentina descansó en la elevada productividad del trabajo agrario y la obtención de una elevada renta internacional, así como en la ausencia de estructuras preca-pitalistas previas de real importancia (como, por ejemplo, las que existían en México, Perú y otros países latinoamericanos) que incidieran negativamente sobre el ingreso per capita. Esto no excluye que existieran muy acentuadas heterogeneidades en las estructuras de producción, circulación, distribución y consumo en cada uno de las regiones y actividades.

Los salarios reales crecieron pese a los inmensos flujos inmigratorios, aunque a un ritmo lento en una sociedad donde el suelo ha sido apropiado por un muy reducido sector de la sociedad y la renta del mismo muy elevada determinaba una muy fuerte concentración del ingreso y de la riqueza.

El impacto del régimen de acumulación en el género

Como se ha visto, el crecimiento económico estuvo acompañado de una profunda caída de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Nuestra hipótesis es que esto es resultado de dos procesos distintos. En la Ciudad de Buenos Aires (y probablemente en las ciudades de Córdoba y Rosario) la tendencia es levemente ascendente (13% entre 1895 y 1914); las mujeres se insertan en las nuevas actividades en expansión. En el resto del país, donde la participación era mucho más alta en 1895 (44,5% contra 31,6% en Capital Federal) la participación cae fuertemente (37%) como consecuencia de la desaparición de muchas de las actividades tradicionales, y la acelerada expansión de una agricultura en la que las mujeres no integran la mano de obra retribuida. La tendencia hacia el final del período es, sin embargo, la caída de la participación femenina también en las grandes ciudades como consecuencia del escaso dinamismo de las actividades reservadas a las mujeres en razón de la segmentación del mercado laboral y el profundo impacto de la inmigración sobre la tasa de nupcialidad y la estructura de la familia. Los hogares conformados por los inmigrantes tendieron paulatinamente, a lo largo de este régimen de acumulación, a formar familias nucleares donde la mujer casada no participaba en el mercado de trabajo. Paralelamente “la ideología de la domesticidad” (Scott, 2000) que plantean en los procesos discursivos la división sexual del trabajo y la condición femenina como incompatible con el mundo del trabajo extradomésti-co, comienza a hacerse sentir en todo el país.

Características de la información disponible

Los relevamientos censales de población se comenzaron en este país en 1869. El primer Censo no tiene la información desagregada por sexo, por lo tanto es poco el uso que se le puede dar en este trabajo. Por el contrario, el Segundo y el Tercer Censo nacional, realizados con criterios estadísticos similares, en 1895 y 1914 respectivamente, si lo permiten. Son los llamados Censos antiguos.

Entre las preocupaciones más importantes de las autoridades que realizaron los Censos antiguos estaba la temática poblacional y su relación con la representación político partidaria[8], la que aparece como prioritariamente tratada en el Congreso Nacional. Le sigue en importancia la educación, área que prematuramente preocupaba al gobierno en sus aspectos cuantitativos y de recursos humanos. En tercer término, la agricultura y la ganadería, en concordancia con las bases productivas del modelo; y por último la estadística militar.

Una de las diferencias entre los Censos antiguos y modernos es la forma de definir la población que trabaja a partir de la categoría utilizada. A principios de siglo XX se trataba de tener un inventario de las “profesiones” o habilidades de la población a partir de ¡os 14 años sin considerar si lo estaban desarrollando en el momento del censo. Actualmente, interesa distinguir entre aquellos que están ejerciendo una ocupación (la semana anterior) y aquellos que están desocupados, ya sea porque perdieron su ocupación anterior o porque se quieren incorporar al mercado de trabajo y no encuentran una manera de hacerlo. A veces, se acota la definición de trabajador a quien haya dedicado a esta actividad la mayor parte del tiempo, o al menos una cantidad de tiempo la semana anterior, sin quedar registradas, por lo tanto, las personas que realizaron una actividad remunerada pero que le dedicaron menos horas que a otras actividades, o que no sobrepasan una jornada laboral mínima preestablecida. En estos casos están los estudiantes y amas de casa que ejercen alguna actividad laboral[9].

En los Censos antiguos la información está definida como “profesiones, oficios y medios de vida”. El hecho de que se considerara la actividad como medio de vida llevó a incluir a los rentistas y a los mendigos. Por ejemplo, el Censo de 1914 reconoce que bajo “profesión”, se deben considerar también a los individuos que no tienen una verdadera y propia profesión, sea porque viven de sus rentas, o porque por su edad, no pueden trabajar, o porque no encuentran ocupación (desocupados)[10].

“Pero, entre las personas que no trabajan y las que lo hacen, no existe una distinción clara: figuran personas que no pertenecen ni a una ni a otra categoría. Debe observarse, además, que un buen numero de personas no tiene profesión estable, o ejerce varias, al mismo tiempo; y este hecho ha aparecido en los censos, de un modo mas notable de lo que se creía anteriormente (braceros que participaban del trabajo agrícola como del industrial, según donde encontraban ocupación, muchos jornaleros cambian de profesión según las estaciones; numerosas profesiones libres son ejercidas simultáneamente por los mismos individuos; abogados y periodistas; medico y profesor; portera y zapatero, etcétera)”[11]. Tampoco permite saber si es patrón o dependiente, etcétera.

En ambos Censos se resolvió considerar “sin profesión” a las mujeres que desempeñan las tareas del hogar “pese a que estas tareas contribuyen al bienestar del hombre”[12], si no manifestaron expresamente tener una profesión. En el Censo de 1914 hay una instrucción adicional: “Si por la poca edad del censado o por tratarse de una mujer que vive del trabajo de su esposo o padre, no tiene profesión, dejará en blanco la línea”. Esto implica que sería registrada como “sin profesión”.

Por otra parte, ciertas actividades económicas femeninas se caracterizaban por la ambigüedad, por la constante movilidad que caracterizó el trabajo de las mujeres de la época, ya sea por la flexibilidad que las mujeres requerían para ejercerlos en momentos distintos de sus ciclos de vida en que se veían más demandadas por sus familias y en los cuales eran irreemplazables (por matrimonio, embarazo, cuidado de niños, de familiares ancianos o enfermos, etc.), o por la versatilidad que caracterizó al empleo femenino, producto de la constante búsqueda de mejores salarios que aparecían en los textos de la época (de costurera a prostituta, de sirvienta doméstica a obrera de fábrica, o de lavandera a empleada de comercio).

Estas asociaciones del trabajo femenino al trabajo doméstico o a la prostitución, así como la movilidad ocupacional, juegan en contra de una fiel medición censal de la productividad femenina. Aunque estas limitaciones son inherentes a cualquier intento de cuantificar el trabajo, tanto de hombres como de mujeres, tienen un impacto particularmente significativo en la medición del trabajo femenino a principios del siglo XX.

En este trabajo se trató, en la medida de lo posible, de efectuar la adecuación para hacer compatible la información con los Censos modernos. Es por ello que para calcular la Población Económicamente Activa (PEA) de 14 años y más se eliminaron las categorías: “rentistas”, “estudiantes”, “varias sin especificar” y “mendigos”.

Las mujeres en el mercado de trabajo, 1880/1914

En los albores del siglo la participación femenina en el mercado de trabajo fue alta, y se caracterizó por la combinación de funciones domésticas y económicas muchas veces indiferenciadas, que se realizaban en industrias familiares como talleres o pequeños comercios. El trabajo para el mercado realizado en el hogar constituía una parte importante de la producción en la actividad agrícola pero también en algunas actividades manufactureras y de servicios. Para Ernesto Kritz (1974) los procesos modernizadores llevaron a un crecimiento de la población que no fue seguido en la misma proporción por un aumento de la población económicamente activa. Este desfasaje se explica por la marginación que sufrieron las mujeres a la hora de participar de las nuevas actividades productivas. Veamos entonces como se presenta la tasa de actividad para todo el país. En el gráfico de la tasa de actividad femenina de todo el siglo XX observamos que en este primer periodo un descenso significativo.

La Ciudad de Buenos Aires, que en 1895 representa el 17% de la población total del país, pasa, en 1914, a representar un 20%[13]. El dinamismo de esta ciudad en crecimiento se transmite al comportamiento de la tasa de actividad femenina, que es totalmente diferente de la nacional. Aquí, la tasa aumentó pese al escaso trabajo industrial y la disminución de la edad de nupcialidad.

Se parte de una tasa de actividad altísima en 1895, resultado de una elevada participación en el interior y también de una fuerte inserción laboral de las inmigrantes, recién arribadas, en las ciudades.

En el interior del país la apertura del comercio internacional y la integración del mercado interno, llevo a la destrucción de las actividades que en el siglo XIX habían absorbido a las mujeres (Guy, 2008). Efectivamente, con la incorporación del país al mercado mundial quedaron fuera del mercado las formas atrasadas de producción, por ejemplo la tejeduría artesanal, que en 1869 constituía una de las fuentes principales de ocupación de las mujeres en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Incluso el cultivo de algodón prácticamente desapareció durante el cambio de siglo, ya que menos mujeres eligieron girar hilo y tejer cuando se podían comprar productos de fábrica hechos en Gran Bretaña y EE.UU. a menor precio y mejor terminado. Una situación similar existía entre los tejedores de lana. En consecuencia, a partir de 1914 la lana y el algodón hilado estuvieron ausentes o escasamente representados en la Argentina industrial. Según un informe de 1909, sólo un molino de hilo de algodón con 9 mil husos y cinco fábricas de tejido de algodón con 1.200 telares operaba en la Argentina. Las seis empresas empleaban 1.575 trabajadores[14].

Estas transformaciones productivas generaron a su vez modificaciones en las relaciones laborales. En Buenos Aires se afianzó el trabajo a domicilio (sweating system), que se aplicaba desde finales del siglo anterior en la industria textil, la del vestido y el calzado. Este sistema concentraba el grueso de la fuerza de trabajo femenina, e implicaba largas jornadas de trabajo (13 o 14 horas diarias), bajos salarios y muy malas condiciones sanitarias. Sin embargo, las ventajas eran importantes para el industrial, quien ahorraba no sólo en maquinarias, sino en gastos de locación y en salarios de mano de obra fija.

En síntesis, en 1914 las tres cuartas partes de la PEA femenina seguían concentradas en las mismas media docena de ocupaciones tradicionales que ya habían agrupado a las mujeres en 1895, con algunas ocupaciones en franco retroceso (tejedoras).

Una limitada excepción la constituyen las maestras y profesoras, cuya cantidad aumentó casi cinco veces con respecto a la registrada en 1895. Esto fue una consecuencia de la implementación en 1884 de la Ley 1.420 de Educación Común (universal, obligatoria, gratuita y laica). La función encomendada al sistema educativo en sus orígenes estuvo más vinculada a la esfera de lo político, que a lo económico. La educación jugó un papel preponderante en torno a la integración social, la consolidación de la identidad nacional, la generación de consenso y la construcción del propio Estado. El rasgo centralista de este sistema permitió que estas funciones se desarrollasen bajo la conducción ideológico política de los sectores oligárquicos vinculados al puerto de Buenos Aires. Una estructura educativa y un curriculum centralizado y elaborado desde el Estado nacional contribuyó a que el proyecto económico agroexportador de la generación del 80 adquiriese un alto grado de hegemonía en todo el territorio nacional. De todas maneras, la sanción de la Ley 1.420, significó un enorme progreso en materia educativa. El analfabetismo descendió un 30% entre 1895 y 1914; y se había reducido al 13,6% de la población total en 1947. Sin embargo el crecimiento en la cantidad de docentes se relacionó también con la fuerte concentración de ingresos de la época. Más del 14,4 % de las mujeres se dedicaban a la enseñanza de idiomas, artes plásticas, música, institutrices, etc., servicios que estaban orientados hacia la élite.

En cuanto a la brecha salarial existente entre varones y mujeres, actualmente se esta trabajando en la reconstrucción de los salarios por sexo para este periodo. En general las brechas eran muy significativas.

Las migraciones y el género

Entre 1895 y 1914 la población total del país se duplicó, lo que implicó una tasa de crecimiento de 36,25 % habitantes[15] (varones 37,1% y mujeres 35,4%). Para 1869 la pirámide de la población total, por sexo y edad adopta la forma que caracteriza a las poblaciones jóvenes base ancha (41% entre 0 y 14 años) y una rápida disminución en los grupos de edades sucesivas. En 1895 la población total conserva su estructura joven y lo mismo puede decirse de la población censada en 1914. Es decir que todo este periodo se caracteriza por altos niveles de fecundidad y mortalidad. Sin embargo, no permanece invariable la relación entre los sexos. Aumenta el predominio de hombres sobre mujeres a medida que aumenta la inmigración, pese a que la razón de masculinidad entre los inmigrantes disminuye[16].

Los saldos migratorios disminuyeron considerablemente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914) y los contingentes anteriores comenzaban a envejecer (los extranjeros se concentraron en las edades superiores). Como consecuencia de esta evolución se restituyó el equilibro entre los sexos. El aumento de la razón de masculinidad por el arribo de extranjeros produjo un aumento de la tasa bruta de nupcialidad.

En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, la tasa de nupcialidad cae a 5,9.

El tipo de vivienda y las relaciones de género

El tipo de vivienda da lugar a un determinado orden de género. En la medida que haya varias familias viviendo en el mismo lugar o familias extensas, el trabajo de cuidado puede compartirse con otras personas, lo que permite que muchas mujeres puedan dedicarse a tareas remuneradas. En el período hay un aumento de la demanda de vivienda. Se expande el área ocupada de la ciudad y se incorporan tierras periféricas por la extensión de la red de transporte. La instalación de la red ferroviaria permitió que ya en 1882 existiera la infraestructura completa de 6 ramales, que tenían centro en la Capital. La máxima extensión de esta red se alcanza en 1898 con 386,5 kilómetros. La expansión del área ocupada en las ciudades, en especial en la ciudad de Buenos Aires posibilitado por la extensión de la red de transporte hace que la población de los sectores populares, especialmente los migrantes que alquilaban una habitación en un conventillo puedan construirse su casa propia. Esto hace que dejen de convivir con otras familias, que además son extensas (lo que permite que trabajen mientras otras personas -mujeres- se hacen cargo del cuidado de niños y ancianos). Al constituirse como familias nucleares las mujeres deben hacerse cargo de la organización del cuidado. Estos cambios van acompañados de otros, muy importantes, en el plano ideológico. Con esta infraestructura urbana, en la Ciudad de Buenos Aires pasan a residir fundamentalmente las familias de mayor poder económico y político -la élite-, dueñas de las mejores tierras y enriquecidas por el auge agroexportador. También, un número de profesionales, de empleados administrativos y de trabajadores del sector de servicios -comercio, educación, transportes-, cuya expansión también se debió al negocio de la exportación, formaban los sectores medios urbanos. Sus posibilidades de mejoría económica y progreso social estaban ligados a la marcha exitosa del modelo agroexportador.

Desde fines de siglo crecía una masa de trabajadores, de talleres manufactureros y gremios de la construcción, así como los trabajadores de las nuevas actividades económicas y de las industrias relacionadas con la expansión de las exportaciones agropecuarias. Era la clase obrera argentina. Los inmigrantes que no pudieron trabajar en el campo fueron trabajadores asalariados que conformaban la clase obrera urbana, entre ellos los que contaban con algún recurso o con un oficio formaron la clase media. Los hijos de inmigrantes obreros lograron ascender socialmente por una carrera profesional o por un cargo de administración pública. Entre esos dos sectores había una cercanía, era una franja de la sociedad que comprendía los sectores populares urbanos. Los conventillos eran lugares baratos donde vivían los inmigrantes, y fue un negocio para comerciantes que compraban el lugar y lo vendían. Viviendo en estos lugares encontramos al 27% en 1887 y disminuye al 9% en 1904. Ese 9% restante vivía más hacinado que antes. Según Alejandro Bunge alrededor de 1920 faltaban 150 mil viviendas para los obreros. El Estado construyó muy pocas. Cafferata desde el Congreso lanzó un plan de Casas Baratas donde se planeaba construir 3 mil viviendas pero en 1943 se habían construido sólo 990.

La extensión de la red de transporte hizo posible la incorporación de tierras periféricas al tejido urbano. La mayor disponibilidad de tierra y de medios de transporte facilitó el acceso a la vivienda primero de los sectores medios que podían pagar el tranvía que los conducía al trabajo diariamente y luego con la electrificación de la red tranviaria también los sectores populares, originalmente compuestos por inmigrantes, quienes contaban ahora con la opción de construir su vivienda, sin tener que alquilar una pieza en algún conventillo. A su vez, esto mejoraba la situación sanitaria de la población, ya que disminuía el hacinamiento. A medida que las viviendas colectivas eran desalojadas y se constituían hogares de una sola familia, el trabajo del cuidado de la familia y las tareas domésticas recaían exclusivamente en las mujeres, debido a la imposibilidad de compartir estos quehaceres con vecinos o con otros integrantes de la misma familia que antes convivían en un mismo hogar. Esta situación impedía que las mujeres dispusieran del tiempo suficiente para dedicarse a otras tareas remuneradas, quedando ellas a cargo de la organización del cuidado y va creando las bases materiales para su retiro del mercado de trabajo.

Cambios en las relaciones simbólicas de las relaciones de género[17]

En este período las mujeres no fueron consideradas en condiciones de igualdad con los hombres aunque la Constitución Nacional de 1853 sostenía la igualdad de todos los habitantes sin distinción de raza, nacionalidad, clase o sexo. Se equiparaba la situación de la mujer a la de los menores, que aparecían como incapaces. La mujer soltera era capaz de hecho pero no lo era de derecho. Una vez casada sufría una disminución en su capacidad y quedaba bajo la representación exclusiva de su esposo. Recién en 1905 aparece un espacio legal, en la Ley 4.661 sobre descanso dominical, en la que aparecen mencionadas las mujeres; y en 1907 la Ley 5.291 de Trabajo de Mujeres y Menores sanciona el reconocimiento de nuevos sujetos sociales: la mujer y el menor trabajador en la industria y el comercio. Recién en 1926 cambia el estatus civil de la mujer.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX se define el ideal de “Madre” como actividad exclusiva de y para las mujeres, ex-cluyente de cualquier otra. De acuerdo a Marcela Nari (1996) y Donna Guy (1994) creció el consenso social en torno a la maternidad (cualquiera fuera su clase social), de manera tal que el trabajo asalariado se tornaba en una amenaza y algunos, incluso, eran contradictorios con esta, sólo en razón de cómo la maternidad había sido definida como práctica social e ideológica. Lo contrario ocurría con el trabajo domestico, con la atención y cuidado de los niñ@s. No importaba cuan duras podían resultar tales tareas, ni las condiciones materiales en que se realizaban. Eran tan naturales que perdían su estatus de trabajos. Sin embargo, las tareas realizadas en las explotaciones familiares eran saludables.

Los argumentos en boga hacia fines del periodo bajo estudio eran, pese al aumento de la tasa de actividad femenina en la Capital Federal, que el trabajo asalariado provocaba la degeneración física y moral de las mujeres[18]. La creciente llegada de las mujeres a las fábricas y talleres fue un cimbronazo en la vida obrera, todo había cambiado. Desde conservadores recalcitrantes hasta socialistas y anarquistas reaccionaron ante este nuevo fenómeno; en general, todos coincidieron en señalarlo como negativo. Comenzó una gran campaña de exaltación del papel de las mujeres como madres y ejes del núcleo familiar, cuyo rol se suponía que se desvirtuaba al trabajar fuera del hogar. Se atacó el trabajo femenino en las fábricas, con argumentos que iban desde lo fisiológico (supuesta debilidad del organismo femenino) hasta lo moral, ya que se consideraba que las fábricas eran un “antro de perdición”, sobre todo para las jóvenes. Cada grupo, desde conservadores recalcitrantes hasta socialistas y anarquistas, propusieron diferentes “soluciones” para el “problema”, siendo la predilecta devolver a las féminas a sus hogares. De todas formas, existía consenso en aceptar a este como un “mal necesario”[19]. La otra cara de este enfoque era que las mujeres acarrearían la reducción salarial y/o el desplazamiento de la mano de obra masculina. Estas amenazas eran sentidas por algunos políticos y, especialmente, por el movimiento obrero. Esto pasaba al mismo tiempo en el plano internacional.

Este es el inicio de la construcción en la Argentina del sustrato ideológico de la familia nuclear: el hombre proveedor y la mujer cuidadora, que predominará durante la siguiente etapa de “sustitución de importaciones”.

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Miembro del Plantel de Directores de International Association of Feminist Econo-mics (IAFFE). Correo electrónico: <sberger@fibertel.com.ar>.↵

Agradezco a la Lie. Sofía Warmerdan la colaboración en la recopilación de información.↵

De acuerdo con Arceo (2003) los costos de transporte pueden hacer imposible la agricultura, -a mas de 25 km de distancia de una estación- dado el peso importante de los fletes sobre los costos. Por su parte Cortes Conde (1979) muestra que el 59% de la tierra disponible para usos agrícolas no se encontraba incorporada a esa actividad entre 1880 y 1882, mientras que entre 1900 y 1902, como consecuencia del avance del arrendamiento agrícola, esa proporción se había reducido al 38%.↵

El puerto de Buenos Aires se construyo entre 1887 y 1898; el puerto de Rosario, si bien desde 1853 fue el puerto de la Confederación Argentina, en 1902 se construyen nuevos muelles; en el puerto de Bahía Blanca perteneciente a Ferrocarriles del Sur se inician los trabajos en 1883 y el muelle es inaugurado el 26 de setiembre de 1885, ampliándose entre 1902 y 1908.↵

Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina con capitales ingleses, franceses y argentinos. Esta red llegó a ocupar el décimo puesto en el mundo, con cerca de 47 mil kilómetros hacia fines de la Segunda Guerra Mundial↵

Arceo (2003); Cortes Conde (1979); Scoobie (1968).↵

El periodo 1895-1914 presenta la mayor tasa media anual de crecimiento de la población de la historia Argentina: 36.1 por mil.↵

Cabe recordar que Argentina es un país federal, pero la unión nacional es en base a provincias muy desiguales; y el control de ciertos partidos en ciertas regiones, sobre todo a partir de 1880, centralizó toda la actividad fuertemente en el nivel federal. ↵

Esta categoría fue adoptada en casi todo el mundo en esta época. Para más información ver: Anderson, Margo 2010 The History of Women and the history of Statistics (s/d). En Argentina se adopto la clasificación italiana. Para Chile véase: Gálvez Pérez, Thelma, Bravo Barja, Rosa s/f "Siete décadas de Registro del trabajo femenino 1854-1920" en Revista de Estadísticas y Economía (Santiago de Chile) N° 5 (Santiago de Chile: INE). ↵

Esta claro que en Argentina en este momento no existía como tal el problema de la desocupación sino que, en general, faltaba mano de obra; por el contrario, uno de los problemas era la extensión de la jornada de trabajo de 10 a 14 horas según la actividad. ↵

Censo (1914: Tomo III).↵

Censo (1895: Tomo II).↵

A fines del siglo XX representara sólo alrededor del 7% de la población del país.↵

"La decadencia de la industria artesanal en el interior, así como el espectacular desarrollo económico de la región costera dio como resultado una drástica reducción en el porcentaje de mujeres adultas que declaraba una profesión o recibía remuneración por su trabajo" Guy (1981; traducción propia).↵

Entre 1870 y 1914 ingresaron al país cerca de 7,5 millones de personas de las cuales retornaron a sus países de origen 4,5 millones. De acuerdo al Censo de población Argentina (1895, Tomo II) ningún otro país en este periodo tuvo la proporción de extranjeros que la que tuvo Argentina, en números relativos. EE.UU. tuvo mayor proporción en números absolutos. Este es uno de los hechos más notables que se conocen en la historia demográfica de las naciones, si se toma en cuenta el volumen inmigratorio en relación con el tamaño total de la población que lo recibe, el caso argentino es aun más sobresaliente. En 1869 el 12,1% era extranjero, mientras que en 1895 el 25,4% eran extranjeros, fundamentalmente italianos (61%) y españoles (17,4%). Entre los provenientes del resto de Europa predominan los rusos, austríacos y húngaros. En esta época a Estados Unidos (que queda más lejos que Argentina, que posee tierras ricas, fértiles y casi despobladas) llegan 9 millones de extranjeros que representan el 14,7% de extranjeros y a Australia 15,6% En América sólo Uruguay tuvo un porcentaje de población extranjera similar o mayor (pero no hubo un censo reciente). Las oportunidades de empleo que ofrecía Argentina, así como los salarios relativamente elevados que se pagaban (véase más adelante), constituyeron los atractivos básicos.↵

Es llamativo observar cierta ideología de la época a partir de las consideraciones que se hace el Dr. Martínez (director del Censo) en el censo de 1895 donde dice: "[...] es ventajoso por que "el hombre es mas activo y mejor remunerado, contribuye en mayor grado que el de la mujer al engrandecimiento y prosperidad de la nación [...]. Se supone que en el futuro la diferencia entre los sexos ira disminuyendo hasta que encontrándose densamente poblada el elemento femenino llegue a dominar, (cuando disminuya la entrada de inmigrantes)". Nuevamente la lectura que hace el Director del Censo o 1895 "[...] 2/3 de esa inmigración se compone de varones, muchos de los cuales se casaron con mujeres argentinas -nueva raza inteligente y vigorosa (los productos de la refundición son superiores a cada uno de los seres que les dieron vida)" Censo de población (1895: Tomo II).↵

Connell (2002) plantea que la estructura de género tiene cuatro dimensiones: 1) relaciones de poder; 2) relaciones de producción/división sexual del trabajo; 3) relaciones emocionales y; 4) relaciones simbólicas. Las relaciones simbólicas involucran la totalidad del sistema de comunicación de una sociedad, en tanto que incluye el leguaje hablado y el escrito, el lenguaje corporal, la forma de vestir, los rituales de iniciación y los religiosos, las actividades como el deporte o el trabajo, y los productos culturales como el cine, la fotografía o la danza. Así, hablar de hombre o mujer va mucho más allá de una enunciación descriptiva; nos remite a un sistema de interpretación acumulado a lo largo de la historia que define un lugar físico y un lugar simbólico para cada persona en el entramado social.↵

Ante la inevitabilidad del trabajo femenino la Ley 11.317 de 1924 prohibía el ejercicio de cualquier profesión, por cuenta propia o ajena, en calles, plazas o sitios públicos a las mujeres solteras menores de 18 años. Estaba prohibido, también, emplear a mujeres de cualquier edad en horarios nocturnos y en industrias y tareas calificadas como peligrosas o insalubres. No se prohibía el trabajo de las empleadas domesticas y en especial de la enfermeras que también era nocturno.↵

Se establece la Ley 5.291 del Salario Familiar, reglamentada en 1908 para la Capital Federal y Territorios Nacionales, y sólo se aplicaba a establecimiento industriales. En 1924 fue modificada y se amplió a industrias y comercios.↵

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Subjetividades y prácticas en salud sexual y reproductivA

Mujeres indígenas usuarias de programas estatales de salud en Argentina

Raquel Irene Drovetta[1]

“Pero no, si no sabíamos nada, ha venido uno

y después han venido ¡os seis, como maíz derramado [...]“.

Introducción

Este artículo propone analizar el impacto de las políticas de salud sexual y reproductiva implementados por el Ministerio de Salud de Argentina, en poblaciones indígenas de la localidad de Susques, provincia de Jujuy, específicamente en la región de la Puna de Atacama, al norte del país.

Se trata de políticas de salud organizadas principalmente a través del Programa Materno Infantil y el Programa de Planificación Familiar y promovidas en el marco de la Atención Primaria en Salud (en adelante APS)[2]. La población objetivo a la que se orientan está compuesta por mujeres pertenecientes a la etnia Atacama, fundamentalmente aquellas en edad reproductiva, quienes desde fines de la década del setenta, paulatinamente, han comenzado a utilizar los servicios de salud pública de la Unidad Sanitaria local. Lo que hoy es un hospital (inaugurado en 2011) que presta cobertura a unas 3.000 personas del departamento Susques, comenzó siendo apenas una posta sanitaria. Las acciones sanitarias planificadas por el Estado, han estado destinadas fundamentalmente a reducir la mortalidad materna y pos neonatal, que históricamente mostró niveles críticos en la región. Específicamente la institución sanitaria local, a través del Programa de APS, y contando con el accionar de agentes sanitarios, se ha concentrado -sobre todo en las últimas dos décadas- en generar acciones que han contribuido a modificar la trayectoria reproductiva femenina, a través de la reducción en la cantidad y frecuencia de nacimientos, y en la búsqueda por evitar embarazos adolescentes. Los planificadores de las áreas de salud y desarrollo social parecen coincidir en que el alto número de hijos es un factor que contribuye a agudizar la condición de vulnerabilidad de estos hogares, en un contexto en que actualmente el 40% de los mismos tienen jefatura femenina y donde las familias frecuentemente están constituidas por madres en edad reproductiva, cuyas hijas paralelamente son madres adolescentes[3].

Por otra parte, a través de la entrega de subsidios a las familias, el Estado persigue la reducción de los índices de pobreza de la población local a través de la aplicación de políticas de entrega de dinero, altamente focalizadas en las mujeres. Según los resultados de una encuesta aplicada en la localidad de Susques[4], el 85% de los hogares recibe a por medio de algún miembro una ayuda, subsidio o plan del gobierno. Es preciso mencionar, además, que la extensión del Programa de APS implicó la retracción del modelo de atención a la salud tradicional o indígena -que fue predominante hasta la década del ochenta- y aumentó las restricciones a la participación familiar y comunitaria en el acontecimiento reproductivo, especialmente el parto, como resultado de la intensificación en la aplicación de prácticas biomédicas. De esta manera, la extensión del sistema alopático en la región ha significado una lucha por la apropiación del campo del conocimiento terapéutico, anteriormente concentrado de manera exclusiva en la medicina tradicional indígena.

De la misma forma, las mujeres locales son usuarias de programas de salud que no han sido específicamente pensados en función de acercar soluciones acordes a su cosmovisión de la salud, la enfermedad y la terapéutica. Esto no contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos sanitarios, tanto materiales como humanos, destinados a la región, derivando en una serie de desacuerdos entre las prácticas terapéuticas tradicionales y las biomédicas. Entre otras causas, a esto obedece el ocultamiento de los embarazos durante el mayor tiempo posible y la resistencia a concurrir a los controles prenatales.

Grupo de análisis

Damos cuenta, en esta oportunidad, de la experiencia de dos generaciones de mujeres quienes han tenido su primer parto antes o posteriormente a 1992, etapa a partir de la cual se ha profundizado un proceso de extensión del modelo alopático de atención a la salud que incluye, fundamentalmente, la implementación de controles prenatales, la entrega de métodos anticonceptivos y la institucionalización obligatoria de los partos.

La fecha seleccionada, responde a un criterio sugerido de demarcación histórica, dado que es en esas fechas cuando se comienzan a observar con mayor claridad los impactos del Programa de APS sobre la trayectoria reproductiva femenina. Los indicadores más evidentes son el descenso de la mortalidad materna, el aumento de los partos institucionalizados y la realización de al menos un control prenatal antes del parto, de los cinco recomendados por los profesionales. Este trabajo es parte de una investigación desarrollada entre 2006 y 2010, donde se realizaron entrevistas en profundidad a mujeres indígenas de la localidad de Susques. Las entrevistadas se ordenan en dos grupos de análisis conformados ad hoc a los fines de caracterizar dos generaciones reproductivas. Una primera generación reproductiva está compuesta por mujeres cuyo primer parto aconteció antes de 1992, la que denominamos primera generación. La segunda generación está compuesta por aquellas mujeres cuyo primer parto fue posterior a esa fecha. Hemos observado que existen dentro de un mismo grupo de mujeres, variedad de trayectorias reproductivas. Las mujeres del departamento Susques, aun cuando compartan una identidad y una cultura, reflejan en sus trayectorias de maneras diversas, el impacto de determinados acontecimientos. Sin embargo, las diferencias más radicales se encuentran al comparar grupos de mujeres según la pertenencia a un grupo generacional.

De esta manera se observan cambios notables, por ejemplo, en la transición generacional de madres e hijas, no sólo en la reducción de la fecundidad y el espaciamiento de los nacimientos entre las mujeres de la segunda generación, sino incluso en la relación que establecen con el sistema de salud estatal en su versión local y con otros sistemas terapéuticos. De aquí la importancia de analizar inter generacional-mente las características de los nombrados momentos reproductivos, y la influencia de las políticas sanitarias y sociales sobre los mismos.

El análisis de las trayectorias reproductivas femeninas, supone que las mismas están conformadas por una serie de acontecimientos por los que atraviesan las mujeres durante el transcurso de su etapa reproductiva, constituyéndose como indicadores superlativos, las etapas del embarazo, el parto y el puerperio. Las trayectorias reproductivas enuncian construcciones particulares de hechos que acontecen en la vida de cada mujer, en los que influyen factores tan variados como los procesos de socialización primaria y la interacción con los agentes de salud (Lerner et. al., 2000). Sin embargo, advertimos que aspectos como la pertenencia étnica y la generación se constituyen también como factores fundamentales en la definición de las características que asume dicha trayectoria en la vida de cada mujer. La trayectoria reproductiva es un proceso y, en tanto tal, es dinámico y se transforma a lo largo de la vida de una mujer. Las experiencias de tener un hijo, utilizar métodos anticonceptivos, perder un embarazo, tener un parto domiciliario, someterse a una cesárea, entre otros, son acontecimientos que pueden tener lugar dentro de una trayectoria reproductiva y suponen para las mujeres y las familias, una carga subjetiva importante, plena de significados.

Breve descripción de las generaciones de mujeres en estudio

La actividad principal en la que se ocupan las mujeres locales es el pastoreo de ganado de llamas, que implica la movilidad seminómada. Esto determina una particular conformación del espacio destinado a la ocupación femenina, propia de estas unidades domésticas rurales. Además, y como forma de contribuir a la diversificación de ingresos, se dedican al hilado, tejido y confección de artesanías para su posterior venta. En tanto, la migración es un fenómeno que en la región continúa siendo prioritario de los varones, las mujeres han debido establecer estrategias que les permitan generar dinero sin movilizarse fuera de la región. La solicitud de subsidios del Estado se ha configurado como una de ellas.

Las mujeres de la primera generación reproductiva en estudio tuvieron su primer parto antes de 1992, ocurriendo este en su domicilio, ya sea en la casa del pueblo, la casa de campo o algunos de los puestos o estancias de pastoreo, dependiendo de si lograron predecir la fecha del nacimiento y prepararse para atravesar el mismo en un domicilio específico y en compañía de otras personas. Cuentan, como máximo nivel de instrucción formal alcanzada, la escuela primaria, con un abandono temprano de la escolarización básicamente para trabajar en la unidad doméstica familiar. Las edades de este grupo de mujeres van entre los 38 y 55 años, y el promedio de hijos nacidos vivos es de 5 por mujer. Las integrantes de este grupo en su mayoría han nacido y crecido en el ámbito rural, pastoreando ganado desde pequeñas y colaborado en otras faenas rurales. Si bien algunas de ellas hoy pasan mayor tiempo en el pueblo de Susques, mantienen un vínculo activo con el ámbito rural y el mundo simbólico que allí se gesta, con retornos frecuentes a la casa de campo, si es que no continúan ellas mismas a cargo del pastoreo. Constituyen el grupo de mujeres más representativo de la idiosincrasia y las costumbres locales en transición, en tanto son quienes han atravesado el cambio social más importante a nivel reproductivo, que significó la implantación del Programa de APS. Estas mujeres han tenido atención biomédica recién a partir de su segundo o tercer parto, por lo que están en condiciones de establecer comparaciones entre la etapa en que se atendían fundamentalmente a través de recursos de la medicina tradicional, y la etapa posterior, donde sus embarazos recibieron algún control prenatal y sus partos fueron institucionalizados, transformándose concretamente en la primera generación de usuarias de la oferta en salud local. De esta manera, su trayectoria reproductiva se halla dividida en dos etapas, atendidas por dos modelos médicos diferentes[5], e involucrando por lo tanto a un conjunto de actores heterogéneos en torno al hecho reproductivo.

Por su parte, la segunda generación de mujeres ha atravesado estas instancias vitales con una trayectoria reproductiva que si bien es corta, está completamente moldeada al calor de las normas de la institución biomédica. No presentan en ninguno de los casos partos ocurridos en domicilios sino en instituciones de salud de la región, pero fundamentalmente en la Unidad Sanitaria Susques. Este grupo se caracteriza por una presencia casi continua en el pueblo y con un contacto notoriamente reducido con el ámbito rural. La obligatoriedad de la educación secundaria hasta los 17 años genera una mayor permanencia en el pueblo de estas mujeres. Como consecuencia, las relaciones sociales generales que entablan son más amplias y variadas en comparación con las de la generación anterior. Han accedido a la educación secundaria al menos en los primeros años, lo que les permitió permanecer más tiempo en la localidad que en el área rural. De esta manera, muchos de sus aspectos cotidianos están vinculados a la localidad, como el trabajo, las relaciones sociales, las relaciones de pareja, etc. Estas mujeres tienen entre 20 y 37 años. La posibilidad de transitar por el pueblo y acceder al contacto con otros agentes socia-lizadores (fundamentalmente institución biomédica y escuela) marca una diferencia en la manera en que estas mujeres construyen su recorrido vital y reproductivo, y en cómo suponen que deben atravesar estas etapas sus hijos e hijas en el futuro.

Si comparamos ambas generaciones, entre los cambios más notorios encontramos que las mujeres de la primera generación han accedido un bajo nivel de educación formal (primaria incompleta) mientras las mujeres más jóvenes en su mayoría completan el ciclo básico de la educación secundaria hasta los 15 años, que es obligatorio, lo que incide retardando o evitando su inserción como mano de obra familiar en las unidades domésticas rurales. En ambos casos, su trayectoria reproductiva está caracterizada por la maternidad temprana, la multiparidad, y la alternancia en las uniones a diferentes parejas a lo largo de su vida, fenómeno que ya se vislumbra en la nueva generación, aun cuando tengan un escaso recorrido vital. En el caso de las mujeres de la primera generación, el inicio de su trayectoria reproductiva coincide con una época en donde la presencia del sistema alopático era incipiente, por lo que se han nutrido fundamentalmente de la experiencia de sus madres y abuelas, a través de cuyos consejos atendieron sus embarazos, aplicando prácticas tradicionales. Sus partos acontecieron en sus domicilios y en algunos casos contaron con la presencia del único agente sanitario de ese momento, que oficiaba también como partero y ejercía prácticas tradicionales, paralelamente alas biomédicas. Esas experiencias reproductivas eran influenciadas por otras mujeres, generalmente de la familia, describiendo así la conformación de un proceso casi exclusivamente femenino y de gran trascendencia para la familia. En ese contexto, sin embargo, los riesgos de la mortalidad neonatal y la mortalidad materna eran elevados ante la imposibilidad de dar respuesta desde la terapéutica tradicional a los casos de urgencias obstétricas u otras emergencias. La falta de acceso a recursos en atención a la salud materna, y la imposibilidad de lograr un traslado rápido hacia tierras bajas en caso de necesidad, se constituyó como uno de los peligros más importantes que afrontaban las mujeres al momento de dar a luz.

A partir de la extensión del sistema de salud estatal, la presencia de profesionales biomédicos y la capacitación de más agentes sanitarios, el Programa de APS en la provincia de Jujuy se fortaleció paulatinamente. En la búsqueda por disminuir las tasas críticas de morbimortalidad infantil y materna, el sistema sanitario extendió la obligatoriedad de los controles de embarazo y la institucionalización del parto. Como resultado, estas mismas mujeres de la primera generación que en la década del ochenta tuvieron sus primeros partos en su hogar, comenzaron a ser “captadas”[6] por los agentes sanitarios y controladas por los biomédicos a partir de posteriores embarazos. Es en mujeres de la primera generación donde se advierte que su trayectoria reproductiva se vio modificada fundamentalmente por la intervención alopática aproximadamente a partir de la mitad de sus embarazos, que es cuando el programa comienza a ganar fuerza en la región. Esto genera que puedan comparar entre su experiencia inicial y posterior, al interactuar de forma recurrente con personal biomé-dico. Este proceso donde interviene la atención alopática ocasiona cambios notorios en el último tramo de su trayectoria reproductiva, asumiendo características como la medicalización de sus embarazos, partos y en menor medida sus puerperios, así como el acceso a métodos anticonceptivos (de patente). Esta etapa de mayor incidencia de la medicina alopática en sus procesos reproductivos, que transcurre pre-ferencialmente durante los años noventa, es sin embargo un proceso naturalizado por el grupo de las mujeres más jóvenes, de la segunda generación, quienes desde el inicio de su vida reproductiva han estad bajo el seguimiento de profesionales biomédicos. Ellas muestran modificaciones en sus trayectorias reproductivas, en comparación a la historia vital de la generación anterior, resultado de la aplicación de políticas sanitarias específicamente centradas en la salud materna e infantil.

En síntesis, observamos que la primera generación está constituida por mujeres quienes han transcurrido parte de su trayectoria reproductiva en ausencia de atención biomédica disponible, valiéndose de la auto atención y la terapéutica tradicional, y sólo posteriormente fueron integradas al actual sistema alopático. Las mujeres más jóvenes de la segunda generación, en cambio, han iniciado sus trayectorias reproductivas bajo el control del sistema público de salud, evidenciando mayores niveles de tolerancia a prácticas biomédicas impuestas y menores niveles de conflicto o evasión de la atención biomédica. En este sentido, la importancia de considerar en este abordaje el factor generacional radica en que nos brinda la posibilidad de observar los cambios que acontecen, de forma cada vez más acelerada, en torno a la conformación de las trayectorias reproductivas de las mujeres locales. El análisis intergeneracional nos permite, además, encontrar variaciones con el comportamiento reproductivo de las mujeres más jóvenes y adolescentes que está actualmente bajo mayor influencia de las recomendaciones del sistema biomédico, que el de las mujeres de la generación anterior. Incluso, como veremos, las recomendaciones biomédicas van íntimamente ligadas a prescripciones de orden moral, que estarían pretendiendo normar en el ámbito de los comportamientos reproductivos, a través “recomendaciones” acerca del uso de métodos anticonceptivos, la planificación familiar y la educación sexual en la escuela. Paralelamente, las políticas en el área de salud están acompañadas de otras acciones ejecutadas por el Estado, que desde fines de la década del noventa se ha concentrado en ambos grupos de mujeres, convirtiéndolas en objeto de programas sociales. Si bien estos programas son posteriores al avance y consolidación de la APS a nivel local, se advierten importantes vinculaciones, entre otras cosas porque el control de la salud materno infantil es una de las contraprestaciones que requiere el Estado para el otorgamiento de los subsidios e inclusive, recientemente, se impulsó el pago a la mujer embarazada, por cada control prenatal que realice.

Otra vinculación importante radica en que los programas se centran en mujeres que han sido madres, categoría que refuerza so-cialmente el rol reproductivo de estas mujeres, a la vez que persigue garantizar el bienestar de la madre y el hijo/a. A través del Ministerio de Desarrollo Social son particularmente las mujeres quienes reciben estos -exiguos- subsidios estatales destinados a complementar sus ingresos, por su rol de madres de numerosos hijos y/o por ejercer la jefatura de hogar[7].

Sistema sanitario local

El Programa de APS ha recibido un reimpulso en la década de los noventa a consecuencia de la suscripción de Argentina a tratados internacionales. Entre ellos destacan la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994 con la subsiguiente firma del Programa de Acción de dicha conferencia internacional, suscripto en  1995[8]. Esta política, aun cuando fue gestada en encuentros internacionales, impacta paulatinamente en lugares remotos como Susques dado que las cifras nacionales son evaluadas periódicamente por organismos destinados a tal fin. Esto hace que se desde la planificación central (Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Jujuy) se demuestre interés por reducir tasas que evidencian un sistema sanitario más deficiente como la mortalidad materna, aplicando para eso políticas altamente focalizadas[9].

Un ejemplo clásico es el reforzamiento en los programas de atención materno infantil. Esta alta focalización en acciones que redunden en la mejora de tasas criticas como las nombradas, hacen que la mujer en edad reproductiva se convierta en uno de los objetivos privilegiados del sistema de planificación central. En este sentido, el llamado Plan Federal de Salud aplicado en Argentina planeaba, para sus objetivos del periodo 2004-2007, un reforzamiento de la APS y del Primer Nivel de atención[10]. La importancia del reimpulso de esta política, se basa en las experiencias cosechadas. Desde los años ochenta, la llegada del Programa de APS en la región significó un cambio paulatino en la forma en que se desarrollaban los procesos de atención a la salud y la enfermedad de la población local.

En primer lugar, la inserción de la categoría de “promoción de la salud” requirió de los sujetos modificaciones importantes en la visión que hasta ese momento se tenía sobre la atención a la salud. Es que la promoción implica un desafío mayor a nivel institucional, que supone actuar en consecuencia y evitar la instalación y desarrollo de procesos mórbidos. A tal fin se implementan tareas conducentes a mejorar hábitos en la población, los cuáles desde la visión de los planificadores biomédicos suponen un riesgo a su salud. Con esta planificación se apunta a favorecer acciones preventivas, en tanto se trata de un contexto con altas tasas de pobreza, dificultad de acceso y vías de comunicación, un perfil étnicamente definido y una situación epidemiológica caracterizada por alta morbilidad y mortalidad infantil, en todos sus tipos[11]. Esto es observado como un importante logro en términos de los objetivos de dicho programa que apunta, entre otras cosas, a lograr la disminución en la fecundidad a través del uso de métodos anticonceptivos, además de la consabida institucionalización de los partos como forma de reducir las probabilidades de que ocurrencia de muerte materna e infantil[12].

Estos son sólo algunos ejemplos de las acciones a través de las cuales la institución biomédica ha logrado incidir en la modificación de las trayectorias reproductivas femeninas, estableciendo fundamentalmente controles en los embarazos y los partos.

Cambios en la atención del parto

El relevamiento de historias de vida en mujeres de dos generaciones diversas nos da un panorama acerca de las representaciones y prácticas sostenidas por cada uno de estos grupos en particular, en relación a los acontecimientos reproductivos. Es así como sabemos que la segunda generación en estudio está constituida por mujeres más jóvenes, que han sido captadas tempranamente por el sistema biomé-dico, llevando adelante controles prenatales y con partos acontecidos en la misma Unidad Sanitaria de Susques, y que incluso han tenido la oportunidad de acceder a métodos anticonceptivos inmediatamente al nacimiento de su primer hijo.

Como indicáramos al inicio, la construcción de dos grupos generacionales de mujeres responde a la necesidad de diferenciar entre trayectorias maternas influidas en mayor o menor medida por el sistema alopático. Es al analizar a esta segunda generación de mujeres cuando se observa con mayor fuerza la influencia a la que hacemos referencia. Específicamente en el caso de la atención y ocurrencia del parto, en tanto el sistema sanitario se extendió con más fuerza a inicios de la década del noventa, la institucionalización del parto se planteó como la acción en salud más consistente para hacer frente a los casos de morbimortalidad materna e infantil. El fundamento de esta acción se encuentra en que el parto atendido por profesionales con conocimientos biomédicos aumenta las probabilidades de poder resolver una urgencia obstétrica. En este sentido, las normas biomé-dicas proponen que sólo quien posea los conocimientos específicos sobre el manejo de una situación de parto y los riesgos que esta conlleva, puede desenvolverse en tales circunstancias[13].

Sin embargo, tales restricciones han sido adoptadas en menor medida para la atención del embarazo y el puerperio, por lo que los mayores cambios han acontecido específicamente en la atención del parto. Lo que décadas atrás era un espacio monopolizado por la atención y cuidados de la familia, y sobre todo mujeres cercanas a la parturienta, hoy es una sucesión de hechos planificados en función de evitar los riesgos intrínsecos al embarazo sin controles y un parto domiciliario no atendido por médico o enfermera[14]. Esto se corresponde, paralelamente, con el cambio en la percepción de las mujeres acerca de la necesidad de que el lugar del acontecimiento del parto sea una institución biomédica, cambio acontecido a nivel de las representaciones de las mujeres, en gran medida como resultado de las interacciones entre ellas y los agentes de salud.

La implementación de programas destinados a la atención materna e infantil, basado en la adopción a nivel de planificación en salud, del “enfoque de riesgos”, a partir del cual se propone identificar pri-mordialmente a la población vulnerable, conformada por madres e hijos, para evitar que se vean desdibujados dentro del ámbito de acción de políticas de corte universal. De esta manera, la vigilancia epidemiológica se convirtió en una herramienta para accionar en pos de mejorar tasas críticas de morbimortalidad en estos grupos vulnerables. Consecuentemente, la adopción del concepto de “riesgo”, para definir las condiciones en que acontece un parto en domicilio y la posibilidad del control de dichas condiciones dentro de la institución, ha sido un argumento de peso para la comprensión de la necesidad de acceder al parto en la institución para las mujeres de ambas generaciones.

Persistencia de la terapéutica tradicional en la atención de las etapas reproductivas

Aún hoy, las primeras acciones terapéuticas tradicionales frecuentemente emergen a través prácticas domésticas o de auto atención, encargadas de alivianar los padecimientos de los integrantes del núcleo familiar. Son estrategias de atención a la salud y la enfermedad que se generan especialmente dentro del hogar del padeciente y son ejercidas en mayor medida por la madre, quién se constituye como una primera terapeuta que brinda asistencia a padecimientos menores. Este rol es compartido frecuentemente con abuelas y abuelos dado que los hogares suelen contar con la presencia de tres generaciones, y son los adultos mayores quienes conservan los conocimientos heredados. El ejercicio de estas habilidades médicas familiares devela un alto grado de especialización de los propios miembros de las familias, que poseen conocimientos para tratar un amplio espectro de padecimientos. Es así como encontramos que gran parte de las prácticas terapéuticas, aplicadas por curadores del departamento Susques, están incluidas también dentro de la medicina doméstica que articulan las familias. Es frecuente que existan miembros de la familia que conozcan y apliquen la lectura de hojas de coca, curen el susto y hayan atendido partos de la primera generación de mujeres. En tanto, la práctica de la medicina doméstica en Susques reunía originalmente conocimientos acerca del manejo de la herbolaria. Sin embargo en sus prácticas, como resultado de la interacción con el sistema alopático, paulatinamente han sido incluidos los productos farmacéuticos y remedios de patentes, adquiridos en comercios de tierras bajas. La inclusión de medicamentos de patente, gradualmente, implicó también una apropiación de conocimientos de la biomedicina, que fueron resignificados, para adaptarlos a la terapéutica doméstica.

Dentro del espectro de acciones desarrolladas por las mujeres embarazadas encontramos múltiples prácticas que remiten a la medicina doméstica, autoaplicada, en tanto muchas de estas pueden ser homologadas a conductas de prevención de malestares e incluso a los controles prenatales. La similitud remite a que son acciones que pretenden, al igual que el sistema alopático, prevenir la instalación de procesos mórbidos, en tanto las mujeres conocen que la no observación de alguna de ellas, pueden conducir a la generación de algún padecimiento. También sus procesos de auto atención remiten a esta dinámica, donde aplican inicialmente prácticas en el ámbito doméstico y posteriormente se remiten a curadores tradicionales para la aplicación de acciones terapéuticas. Sin embargo, las prácticas médicas tradicionales se implementan en un espacio no simplemente alterno, sino marginal del ámbito terapéutico alopático preponderante (Dro-vetta, 2009). Inclusive, son sometidas a la desestimación por parte de gran parte de los biomédicos, quienes además generalmente son foráneos. Esto se debe a que la articulación entre prácticas provenientes de racionalidades médicas diferentes, se organizan en la cotidianei-dad de forma jerárquica, como reflejo de las relaciones de poder y dominación propias de cada contexto médico (Menéndez, 1994).

En este sentido, nos parece interesante resaltar cómo el sistema médico alopático ha logrado avanzar sobre lo que se suponía constituiría inicialmente una barrera cultural impuesta por la propia comunidad indígena, o una limitación a la deliberada acción de los curadores alópatas. Entendemos esta persistencia de las prácticas tradicionales, no sólo como un proceso de resistencia a hacer uso exclusivamente del modelo biomédico, sino además, como una estrategia que implica múltiples y paralelos acercamientos en la búsqueda de acceso a la atención de la salud, en un contexto donde las políticas y programas de salud han sido implementadas sin una adaptación previa a la cosmovisión local. De esta manera, el hecho de que perduren las prácticas sostenidas culturalmente y se vinculen con otras prácticas alopáticas, dando lugar a procesos de mixtura y alternancia en las terapias, responde entre otras cosas al intento de la comunidad por subsanar la distancia entre ambas racionalidades médicas, resultado de la ausencia de convocatoria a la propia comunidad en la planificación y aplicación de políticas sanitarias actuales.

Inadecuaciones entre el contexto y la planificación de políticas de salud

Una de las problemáticas que abordamos en este trabajo, y que es común a ambas generaciones de mujeres analizadas, es aquella que se genera como consecuencia de que la oferta de salud local no ha sido pensada específicamente para poblaciones de Pueblos Originarios, sino que responde a planificaciones nacionales estándar como el Programa de APS, con fuerte presencia en la provincia de Jujuy así como otras regiones del país. La ausencia de políticas interculturales en salud y/o de políticas que contemplen la dimensión étnica de las usuarias del servicio de salud local, es uno de los factores que incide dilatando la búsqueda voluntaria de las mujeres de atención a sus embarazos y partos con personal biomédico. Esto deriva en consecuencias negativas para la salud de las propias mujeres (y potencialmente la de sus hijos/as), y es contraproducente para el logro de objetivos sanitarios como la reducción de la mortalidad materna, la fecundidad y la mortalidad pos neonatal. Se observa la ausencia de acciones tendientes a promover el entendimiento entre la racionalidad biomédica y la medicina indígena, en el tratamiento de la salud de las mujeres, que redunden en un acercamiento entre prestadores de salud y usuarias. Tampoco se observan intenciones de adaptar las políticas sanitarias orientadas a este colectivo, y que por ejemplo contemplen atender e incluir prácticas vinculadas a la cosmovisión indígena, dentro de la atención a la salud sexual y reproductiva femenina, tal como las mujeres demandan. En su lugar se continúan implementando políticas y programas que desconocen la cosmovisión indígena sobre los procesos de salud, de enfermedad y de atención.

En Argentina frecuentemente las políticas de salud sexual y reproductiva carecen de abordajes específicos para el contexto en que se aplican. Un abordaje que dé cuenta de la inequidad de género como factor que obstaculiza el uso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, la ubicación geográfica y las dificultades de acceso y de permanencia y las distancias con las urbes y los centros de salud, la pertenencia étnicas y la identificación con una comunidad y la relación de esa usuaria con los servicios de salud de su contexto cultural, entre otros. Las políticas de salud sin una interpretación intercultural suponen el establecimiento de normativas propias de la racionalidad biomédica por sobre la cosmovisión local. Esto implica, además, que no se otorgue legitimidad a las prácticas y saberes de la medicina tradicional indígena y sus terapeutas, ni se aporte al respeto intercultural y a la conservación de prácticas y conocimientos ancestrales, aspectos que podrían incluso contribuir a la eficacia simbólica. Eventualmente, determinadas situaciones se resuelven a través de ajustes provisorios, y espontáneos. Algunos de estos contemplan “permisos” y flexibiliza-ción de las normas que rigen en la Unidad Sanitaria local, en función de acercar respuestas a las demandas de familiares o las propias mujeres. Estas demandas pueden implicar desde el consumo de comida tradicional durante la internación posparto, hasta la petición de parir de manera vertical.

Trayectorias reproductivas y normatividad. La interacción con agentes de salud

Una de las bases fundamentales en las que se asienta el funcionamiento de la APS es en los agentes sanitarios, que realizan su tarea en campo y son quienes se encuentran en contacto pleno con los usuarios y usuarias del sistema de salud. Según el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, las funciones de un agente sanitario consisten entre otras cosas, en “[...] la detección y captación de embarazadas, [y] la promoción del parto hospitalario”[15].

Es necesario resaltar que para el cumplimiento de estos objetivos el rol desempeñado por estos agentes ha sido crucial, en pos de la búsqueda de entendimientos y acercamiento entre racionalidades diversas, sostenidas tanto por los prestadores biomédicos como por la comunidad indígena. Para ello el Estado se ha valido, desde su puesta en funcionamiento, de la contratación como mano de obra de miembros de las comunidades, quienes acceden a la capacitación en salud alopática para formarse como agentes sanitarios, acción que contribuye aún hoy a la extensión de los servicios de salud y a la captación de la población como usuaria de dichos servicios. Incluso, han sabido aprovechar su posición dentro de la comunidad, la legitimidad de la que gozan y el hecho fundamental de ser nativos, para posibilitar el acercamiento entre posiciones, en un contexto donde aún se aplican en forma paralela, recursos terapéuticos provenientes de la medicina tradicional, aunque actuando en una situación de subalternidad (Me-néndez, 1992) respecto al modelo medico alopático.

La lógica obstétrica es un elemento más que durante décadas se ubicó en la vereda contraria de las representaciones de las mujeres locales de la primera generación. El nacimiento del hijo sobre el cuero de animal y la sangre impregnándolo todo, no tiene para ellas ninguna de las connotaciones que la biomedicina le impone. La pulcritud, la limpieza, la desinfección, los gérmenes, etc., son importaciones y adaptaciones que sólo están llevando a cabo las madres de esta nueva generación, quienes prestan menores resistencias a la obligación de institucionalizar sus partos. Así, los cambios en las prácticas del nacimiento, resultan de un proceso que tiene su equivalente en un cambio a nivel de las representaciones sociales. Las reticencias de una madre a que su hija ingrese a dar a luz a un hospital parecen comprensibles en tanto ellas no han atravesado por esa experiencia sino al final de su etapa reproductiva, lo que remarca las deferencias intergeneracionales a las que nos estamos refiriendo en este trabajo.

En tanto para las suegras, abuelas y hermanas, que fungieron como asistentes del parto de otras mujeres durante décadas, el cambio por la opción del parto institucionalizado no resulta un proceso fácil de asumir. Las mujeres de mayor edad, e incluso de la segunda generación, no acuerdan plenamente con la necesidad de la internación de la parturienta. Influye también el hecho de que estas mujeres probablemente no puedan acompañar durante el parto a la futura madre dentro de la sala de parto, donde sólo puede ingresar una de ellas, debiendo ceder su lugar a la pareja de la parturienta en caso de tenerla. Este tipo de restricciones presenciales aunque existieran, no eran tan rígidas en el espacio doméstico.

Por otra parte, el parto institucionalizado implica un rompimiento con la dinámica que hasta ese momento se consideraba cotidiana. El alejamiento temporal de la madre de la unidad doméstica, su internación y la probable internación social de sus hijos[16] y otros familiares, son acontecimientos que devienen en un necesario cambio de rutinas que podrían impactar en la realización de las tareas productivas. El pastoreo del ganado, sobre todo, es una actividad que demanda la presencia de cuidadores y no siempre puede ser delegado en otro miembro de la familia amplia. Esto constituye un argumento que ha sido esgrimido también por algunas mujeres, para quienes lo más importante era el regreso inmediato al hogar y el restablecimiento de las dinámicas alteradas, aun cuando en ese espacio deben guardar el reposo del posparto, que por disposición cultural es de un mes.

Otro de los interrogantes, que con mayor frecuencia atraviesa nuestra investigación, está relacionado con determinar cómo, cuándo y por qué las mujeres indígenas de la Puna jujeña se integraron al sistema de salud biomédico, más allá de las resistencias que interpusieran. La respuesta debe ser buscada en el análisis de las interacciones que a lo largo de las últimas décadas estas comunidades han establecido con los profesionales biomédicos, sean ellos agentes sanitarios, auxiliares obstétricas, enfermeras o médicos. En este sentido, y como contrapartida a las resistencias femeninas enumeradas anteriormente, la institución de salud debió implementar estrategias que permitieran vencerlas, generar hábitos en la comunidad, modificar sus representaciones acerca de la atención a la madre, y lograr la adhesión a dicha política. Sin embargo, cuando la sola enunciación de la norma no fue suficiente para convertir a las mujeres embarazadas en usuarias del sistema de salud, ni bastó con dar respuesta a las demandas específicas acerca de los beneficios de los que las mujeres esperaban gozar en la sala de partos, se generaron otras acciones más o menos premeditadas. En este sentido, dentro de las estrategias implementadas desde la institución biomédica observamos la notable influencia de los agentes sanitarios[17] sobre la normatividad, en función de la cual se articulan algunas conductas dentro de la comunidad. Específicamente, es notoria la incidencia de estos profesionales sobre aspectos relacionados con el comportamiento reproductivo femenino (Drovetta, 2009). Sabemos que esto no constituye novedad alguna, ya que mucho se ha escrito sobre el interés manifiesto de la medicina (sobre todo desde fines del siglo XIX) por regular los fenómenos reproductivos a través del cuerpo femenino. Sin embargo, cuando esta lógica es implementada en contextos indígenas, presenta características interesantes de analizar. Aun cuando excede las posibilidades de este trabajo, pretendemos sin embargo esbozar brevemente el rol que llevan adelante los agentes sanitarios en dichos procesos, ya que consideramos que con su accionar contribuyen a la modificación de la configuración de la trayectoria reproductiva femenina y promueven su medicalización.

En su condición de locales, los agentes sanitarios ofician como “traductores culturales”[18] y actúan como reproductores de una normatividad biomédica, que en ocasiones supera el ámbito de la prescripción de conductas vinculadas a lo sanitario, en tanto promociona y recomienda conductas que también tienen vinculación con una visión “moral” acerca de los comportamientos que debieran ajustarse a determinados patrones sexuales y reproductivos. Nos referimos a un conjunto de “recomendaciones”, ofrecidas a través de consejos y discursos, tendientes a dar forma a un conjunto de conductas ejercidas por las usuarias de salud. Preferentemente esto se da sobre la conducta de las mujeres durante su vida reproductiva y el ejemplo más claro es la recomendación del uso de métodos anticonceptivos que hacen los agentes sanitarios. En el caso de mujeres de la primera generación es fundamental el contacto directo, a través de las visitas domiciliarias pautadas en las rondas que exige la labor del agente sanitario. En el caso de las mujeres de la segunda generación, sobre todo adolescentes, el contacto puede no ser directo, sino a través de otras vías de socialización como son la escuela y la propia familia, específicamente las madres.

La escuela media constituye sin embargo, en la actualidad, un agente socializador muy importante del cual se sirve la institución sanitaria para extender la normatividad a la que nos referimos. Es a través del contacto que los agentes sanitarios toman con los alumnos y alumnas de la escuela que logran ofrecerles, en un mismo contexto, educación sexual; que incluye básicamente conocimientos acerca del uso de métodos anticonceptivos. De la misma forma, los agentes sanitarios buscan lograr cambios de actitudes en los adolescentes, desanimando la maternidad y paternidad tempranas y alertando sobre el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Dentro de la escuela son acciones destinadas específicamente a las mujeres más jóvenes de la segunda generación reproductiva. Este es además el ámbito seleccionado por el sistema de salud local, que a través de los agentes sanitarios promueve la transmisión de conocimientos sobre sexualidad y reproducción, con el objeto de evitar los embarazos tempranos en las adolescentes, remarcando cómo en la actualidad cuentan con la posibilidad de manejar su trayectoria reproductiva a través del acceso a métodos anticonceptivos. Esta acción está dirigida directamente a población adolescente, que es una parte mínima de la segunda generación reproductiva, porque varias de ellas son madres.

Sin embargo, el acceder a información, sobre cómo se produce un embarazo y los métodos anticonceptivos disponibles para evitarlo, no necesariamente implica que los y las adolescentes adopten prácticas preventivas, en tanto, si bien se refleja una disminución en la cantidad de nacimientos a nivel del departamento, la maternidad adolescente continúa siendo frecuente. Según los resultados aportados por los cuestionarios aplicados a 176 adolescentes de la escuela secundaria, el 90% explicó claramente cómo se produce un embarazo. Esto resulta paradigmático, en tanto se trata de adolescentes que demuestran poseer la información, pero que por alguna razón (que no nos detendremos a indagar en este trabajo) aún no dan muestras de haber incorporado dicho conocimiento para generar cambios observables en sus vidas cotidianas.

Previamente a los cambios que relatamos, las acciones que hoy se atribuyen los Programas de Planificación Familiar y las normas que generan, estaban reservadas al círculo íntimo familiar, o a lo sumo a la pequeña comunidad. Sin embargo, con el avance del Programa de APS, el radio de acción se amplía y estas potestades se trasladan a los planificadores del Estado y de allí a las beneficiarías. Para que este avance fuera posible, paulatinamente la familia como espacio de socialización primaria sufrió una retracción, en tanto la racionalidad biomédica con sus normas pasó a jugar un importante rol en el dictado de las normas regulatorias de la reproducción (Drovetta, 2010).

En la actualidad, en Susques no es sencillo para una mujer acceder a métodos anticonceptivos si no es por medio de un biomédico que se los entregue. Los agentes sanitarios, quienes se encuentran en mayor contacto con la población local, son quienes en mayor medida administran estos métodos de patente. El otorgamiento de estos elementos se basa en un criterio propio con que los agentes administran los recursos y los asignan, criterio que responde a una lógica institucional de la APS. Desde el punto de vista de las usuarias, las mujeres de Susques han encontrado ventajas en la utilización de métodos anticonceptivos, en tanto resaltan que con su uso han obtenido un grado de autonomía antes desconocido. Es que regulando la fecundidad ha logrado diferenciarse no sólo de sus madres, y de otras mujeres de generaciones anteriores, sino que de ellas mismas en otra etapa de su vida, específicamente refiriéndonos al caso de las mujeres de la primera generación. Además de las acciones prescriptivas ejecutadas por la institución de salud, encontramos otras herramientas que inciden en la modificación de la trayectoria reproductiva femenina, como es la “captación” de mujeres embarazadas, que constituye el primer paso para transformar a una potencial usuaria del sistema de salud en el objeto de acciones destinadas a evitar complicaciones que pudieran surgir en el embarazo y en el parto. Recordemos que en la Unidad Sanitaria no se cuenta con los medios necesarios para realizar cesáreas, por lo que debe preverse la derivación a la capital provincial de aquella mujer que requiera, en el momento del parto, esta intervención. Así, la “captación temprana” es una práctica institucionalizada, y por tal planificada, por medio de la cual se busca revertir el hecho de que muchas mujeres retrasan o evitan el contacto con los biomédicos cuando saben de su embarazo. Ante esta situación, donde es frecuente el ocultamiento inicial, personal de la institución ha elaborado estrategias destinadas a identificar, en primera instancia, a las mujeres en edad reproductiva, aprovechando el conocimiento que los agentes sanitarios tienen de la composición de las familias de su sector. A partir de este conocimiento, los agentes sanitarios realizan una especie de “monitoreo” sobre este grupo. Esto determina en el universo subjetivo de las mujeres -con más fuerza en el caso de la primera generación-la inclusión de un nuevo actor, los biomédicos, que se integran a un proceso que anteriormente se desarrollaba con la sola presencia de la familia y en ocasiones algún curador tradicional. La mujer se ve impulsada, así, a dar lugar dentro de su proceso de embarazo a la figura del representante de la institución alopática, ya sea a médicos, enfermeras, auxiliares obstétricas y/o agentes sanitarios.

En otras palabras, dado que frecuentemente se presentan estrategias de ocultamiento del embarazo en ambas generaciones de mujeres, las prácticas alopáticas se ajustan a nuevas estrategias que refuercen la detecciones de estos casos. Se hace evidente en esta instancia cómo el sistema biomédico busca estrategias a través de las cuáles intervenir en las trayectorias reproductivas femeninas. La detección temprana del embarazo le permite a sistema alopático garantizar no sólo la atención del embarazo y monitorear la continuación de este, sino asegurar la permanencia de la madre en el sistema después del parto, promoviendo prácticas de planificación familiar y utilización de métodos anticonceptivos. En esta instancia que ejemplificamos, se evidencia un notorio interés por el control del cuerpo femenino desde edades tempranas, prácticamente desde que la mujer comienza su etapa reproductiva. La mujer se constituye así en el objetivo prioritario de la aplicación de la medicina alopática, que va en busca del acontecimiento reproductivo para regularlo, aun a costa de intervenir en aspectos de la vida cotidiana. El no deseo de algunas mujeres por tener un nuevo embarazo y el ocultamiento de éste, no necesariamente tiene relación con la existencia de presiones sociales, que como ocurre en otras sociedades, que juzga a las jóvenes que han quedado embarazadas sin estar en matrimonio. Particularmente en Susques esta variable, que podría actuar como de “control” social, no es válida, lo que nos lleva a pensar que las mujeres más jóvenes, de la segunda generación en estudio, pueden no desear tener un nuevo embarazo, por razones de índole personal y no necesariamente familiar o social. También inciden, en el ocultamiento del embarazo, otras ideas vinculadas exclusivamente con la cosmología local, como el temor a que el feto sea “ojeado” o sufra algún tipo de daño como resultado de la exponerlo tempranamente al conocimiento de la comunidad.

Finalmente, el alejamiento de la posibilidad de un acceso a mejoras en su vida cotidiana y la posibilidad de moverse de Susques y acceder a movilidad hacia otros ámbitos, son actualmente vistas por las mujeres jóvenes como obstaculizadas por un embarazo. Esta movilidad era, probablemente, impensada para mujeres de generaciones anteriores.

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo pretendimos mostrar la incidencia de las políticas públicas en salud y desarrollo social sobre la trayectoria reproductiva de las mujeres indígenas del departamento Susques.

Observamos que, en el ámbito de la salud, no es simplemente un proceso de medicalización del embarazo y el parto lo que acontece, sino que se trata de un fenómeno más complejo que implica, entre otras cosas, la monopolización de la etapa reproductiva por parte del personal médico alopático. El resultado se plasma en un profundo cambio en el campo de referencia de la mujer, que anteriormente era influenciado por la experiencia de mujeres de generaciones anteriores, cuyos comportamientos eran tomados como modelo, dando lugar a que se reactualizaran a través de las generaciones las prácticas tradicionales que rodeaban a la reproducción. Al no existir ya ésta reactualización se rompe con antiguas prácticas y en su reemplazo se adquieren nuevas, pero ya de la mano de los agentes de salud biomédicos y a través de los programas de salud estatales, a los que las jóvenes son más permeables. Pero es preciso señalar, también, que la trayectoria reproductiva como proceso en el que se enmarcan hechos vitales que acontecen a lo largo de la vida de una mujer debe ser pensada, fundamentalmente, términos del acceso a los derechos reproductivos garantizados por la legislación actual, tanto sea nacional como provincial. Esto indica que los derechos reproductivos deben ser superadores de cualquier intento de imposición de un ideario biomédico.

Parte de las indagaciones nos condujeron también a describir y analizar la ausencia de políticas que contemplen la variable étnica en sus programas de atención a la salud sexual y reproductiva. En este sentido, entendemos que se requiere de una transformación de fondo, de parte de quienes tienen a cargo la planificación de políticas en esta área. En primera instancia implica que se debe reconocer la adscripción de las beneficiarías a la identidad indígena. Esto implica el ejercicio de no adjudicar identidades ni tampoco omitirlas. En este sentido, se sugiere necesario interponer análisis críticos en términos epistemológicos que revelen qué tipo de Sujeto epistémico sostiene a esta visión biomédica y, en consecuencia, qué políticas de salud sexual y reproductiva emergen de esta visión. Es de suponer que las destinatarias no respondan a los modelos considerados por los planificadores dando lugar a que, la no correspondencia entre Sujeto imaginado y real, genere inadecuaciones y desencuentros en la búsqueda de atención a la salud. En otros términos, es preciso indagar en qué medida constituyen las mujeres indígenas Sujetos epistémicos en función de los cuáles, en la actualidad, se piensa, se planifica y se aplica un política pública.

En este trabajo sostenemos que el cambio hacia la generación de políticas que contemplen a las beneficiarías de manera completa, si obviar su pertenencia étnica, debe darse a partir de los planificadores. Pero sabemos, sin embargo, que el cambio debe ser más profundo, ya que el desconocimiento de la cosmovisión indígena, incluso la in-visibilización de las demandas de estas comunidades es un problema cuya solución que debe ser encarada por todas las instituciones de la sociedad, no sólo las correspondientes al área de la salud. Es impreciso suponer que será suficiente la integración de prácticas tradicionales en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres locales, sin motivar cambios paralelos, que supongan el reconocimiento a las desigualdades de género, clase, generación, entre otras.

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Dra. en antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria posdocto-ral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.↵

El Programa de Atención Primaria en Salud surge como resultado de las conver¬saciones entre países llevado a cabo enl978enla Conferencia de Alma-Ata, realizada en Kazajstán, ex Unión Soviética. A los fines de cumplir con el objetivo de alcanzar una condición de "Salud para todos en el año 2000" se define la Atención Primaría de la Salud como estrategia global de atención a la salud de los pueblos.↵

Susques cuenta con 1.427 habitantes. Los datos más actuales son del 10 de octu¬bre de 2007 y provienen del registro interno del Programa de APS, en base a la pla¬nilla F 884. Los datos del Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda del año 2010 aún no fueron publicados con el grado de desagregación suficiente que permita conocer la población actual de la localidad.↵

La más reciente es una encuesta que ha sido confeccionada y aplicada durante 2009 en 176 casos de alumnos y alumnas de la escuela secundaria de la localidad de Susques por Graciela Freyermuth Enciso investigadora de CIESAS-Sureste, Chiapas, México y la autora.↵

En referencia a los modelos médicos, remitimos a las obras de Eduardo L. Me-néndez y su amplio desarrollo de estos conceptos, especialmente, Menéndez (1992).↵

La captación supone la identificación de las mujeres embarazadas antes de la semana 20 de gestación. Estas acciones se basan en la aplicación de lo que se conoce como "enfoque de riesgo" en la salud.↵

Entre los subsidios estatales más frecuentes se encuentran la "Pensión por ma¬dre de siete hijos"; el "Plan Jefe y Jefa de hogar" y el "Plan familia", entre otros, con mayor y menor incidencia según la edad de la beneficiarla, las características de la unidad doméstica, la categoría ocupacional, entre otras características.↵

La "Declaración del Milenio" redactada a partir de la conferencia realizada en New York en el 2000, y a la que Argentina suscribe, incluye 8 objetivos conocidos como los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que se propone serán alcanza¬dos en 2015, tomando como referencia los registros desde 1990. El quinto objetivo es el de mejorar la salud materna.↵

La eliminación de los partos domiciliarios es concebida como una de las armas más eficientes para la lucha contra la mortalidad materna.↵

Según el Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud de la Nación "La Aten¬ción Primaria de la Salud es una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud/enfermedad/ atención de las personas y del conjunto social, a través de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación" (2004: 20).↵

Esto da cuenta de cómo los recursos sanitarios se han volcado con mayor inten¬sidad a la atención de la salud reproductiva femenina, y materno infantil. Un ejemplo 10 constituye la política de institucionalización de los partos, la cual dio como resultado una notoria reducción de los partos domiciliarios que en la provincia de Jujuy para 1980 constituían el 20,8%, mientras para 1989 esa cifra se reduce al 8,4%, posteriormente al 3% en 1999 y permanece en constante descenso alcanzando el 1,69% en 2005. Otro logro es el que apunta a la reducción del número de nacimientos, observán¬dose para dicha provincia una reducción que va de 15.538 nacidos vivos en 1980, a 12.973 para 2005. El hallazgo de datos que den cuenta de dicha realidad para el departamento Susques presenta omisiones y falta de sistematicidad, pero se observa consecuentemente una reducción en los nacimientos, de 139 nacidos vivos en 1996, a 104 nacidos vivos en 2008 (DEIS, 2010). ↵

Aun así, las muertes neonatales prácticamente no se han modificado desde 1996 a la actualidad, aunque si se registran bajas en la mortalidad pos neonatal. Algo similar sucede con la mortalidad materna que continua siendo alta en otros lugares de la provincia de Jujuy, pero en el departamento Susques han acontecido casos aislados en 2001 y 2008. ↵

Incluso entre los organismos planificadores de salud, específicamente la Orga¬nización Mundial de la Salud hay acuerdo sobre el hecho de que las parturientas deben atender sus partos con "personal especializado", definiendo que entienden por ello al "profesional cualificado es un trabajador de la salud con formación médica y conocimientos sobre atención del parto (partera, enfermera diplomada o médico), que posee las aptitudes profesionales necesarias para atender partos normales y en¬cargarse del diagnóstico, el tratamiento o la remisión a otros establecimientos de los casos de complicación obstétrica" (UNFPA 2004: 7).↵

"Plan Federal de Salud", Ministerio de Salud de la Nación (2004).↵

Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy (2010).↵

La internación social es una modalidad que permite a los familiares que acom¬pañan a la parturienta (en caso de internación por enfermedades también sucede) acceder a cama y comida dentro de la institución sanitaria en Susques. En otras insti¬tuciones públicas de salud de Argentina este tipo de internación está contemplada en función de solucionar aspectos inherentes a la población que atienden los hospitales estatales, como la distancia del domicilio de los pacientes, la dificultad de acceso por falta de medios de transporte adecuados, los trastornos familiares por falta de espacio y tiempo para dedicar a la atención de los pacientes con impedimentos físicos o las dilaciones en el suministro de los insumos terapéuticos solicitados (Villanueva, 2001).↵

En su totalidad, y hasta la fecha, los agentes sanitarios son nueve hombres y una mujer, nativos de la región en la que prestan servicio, quienes se han capacitado para tareas de promoción y atención primaria de la salud.↵

Graciela Freyermuth presenta una situación similar para el caso mexicano de los Altos de Chiapas, donde identifica sujetos que ejercen el rol de "articuladores cul¬turales", cuyas funciones van más allá de la simple traducción, dado que además realizan interpretación y, adicionalmente, se comportan muchas veces dentro de lo políticamente correcto de cada una de las culturas (Freyermuth, 2005).↵

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Derecho al aborto en Argentina

Diez años de lucha por la libertad de decidir[1]

María Chaves[2]

A FINES DEL AÑO PASADO se cumplieron 10 años de la rebelión popular de diciembre de 2001 en Argentina, que terminó derribando al gobierno del presidente Fernando De la Rúa. Esas jornadas nos cambiaron la vida a toda una generación de jóvenes que vimos “la irrupción violenta de las masas en el gobierno de su propio destino”, lo que tiró por la borda el palabrerío teñido de escepticismo militante de todo tipo de profetas de aulas universitarias y de cafés, así como de los medios masivos de comunicación. Miles de trabajadores ocupados y desocupados, jóvenes, vecinos, estudiantes, mujeres, salimos a las calles contra un sistema que colapso. No es mi intención abordar en estas páginas un análisis sobre los sucesos ocurridos en mi país por esos tiempos. En lo que nos vamos a detener es en la lucha de las mujeres por el derecho al aborto que, sin lugar a dudas, cobra un gran impulso con el levantamiento de 2001.

Si hoy existe en la República Argentina un creciente apoyo social a la legalización del aborto por parte de la población, y se ha logrado un amplio debate sobre el tema en varios canales de televisión y medios de prensa, es gracias a la histórica lucha del movimiento de mujeres y feminista, y del fortalecimiento de la misma con los vientos de cambio que trajeron aparejadas las citadas jornadas del 19 y 20 de diciembre. No es producto ni del azar, ni de las declaraciones de algún ministro. Es un reclamo que se fue construyendo desde abajo. Pero la cada vez mayor aceptación de esta demanda por parte de los más diversos sectores de la sociedad no se tradujo en su concreción mediante su legalización. Los partidos políticos en el poder, ante la dicotomía de otorgar a las mujeres la libertad de decidir o confrontar con la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores más reaccionarios, optaron: el Vaticano (por ahora) gana siempre el partido[3]. Y la tarea por delante es ardua con la actual presidenta, Cristina Fernández, del Frente para la Victoria (FPV), manifiestamente en contra.

En noviembre de 2011, el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Campaña) -que ya había sido presentado dos veces en el Congreso-, perdió estado parlamentario[4]. Para que pueda volver a tratarse deberá ser presentado nuevamente, empezando el trámite legal de cero. Los harto lentos ritmos parlamentarios son enemigos de las mujeres que, mientras tanto, siguen muriendo por abortos clandestinos y sufriendo las secuelas de la prohibición. Mientras redactaba este artículo veía pasmada las noticias en la televisión sobre un nuevo caso (otro más) de una niña de 11 años, de la mesopotámica provincia de Entre Ríos, a quien la justicia le negó la realización de un aborto no punible. Son situaciones que se repiten a lo largo y ancho del país. Las mujeres ni siquiera pueden interrumpir su embarazo cuando la ley se los permite[5]. El fracaso que significó que el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no haya conseguido el dictamen reglamentario que necesitaba, nos tiene que hacer pensar y rediseñar una estrategia. A 10 años de aquellas jornadas que revitalizaron y dieron impulso a la pelea por este derecho, qué mejor que volver sobre los pasos dados, los avances y retrocesos durante una importante década de lucha, para rearmarnos en la búsqueda de fortalecer un gran movimiento por la libertad de decidir de las mujeres.

19 y 20 de diciembre: tomar las calles, alzar la voz, levantar la mano

Con las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 se abre una nueva etapa caracterizada por la irrupción de las masas en el escenario político nacional. De la mano de la profunda crisis económica y social se produce un fuerte cuestionamiento a todas las instituciones como los partidos políticos tradicionales (el Peronismo y la Unión Cívica Radical), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las conducciones sindicales, que se manifiesta en la expresión popular que atraviesa el conjunto de las movilizaciones, el “que se vayan todos”. La política se traslada “del palacio a las calles”. En los barrios de la Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) comienza a desarrollarse una nueva forma de organización política a través de la democracia directa, centrada fundamentalmente en las clases medias y vecinos, en la que también participan trabajadores/as y estudiantes. Se ponen en pie cientos de “asambleas populares” que en cada barrio se reúnen para discutir y tratar de resolver diferentes cuestiones[6]. Este proceso confluye con el movimiento de desocupados y la ocupación de fábricas por parte de sus trabajadores y trabajadoras ante el abandono de las mismas por sus patrones, lo que de conjunto constituirá un factor dinamizador central de la lucha de clases pos 2001.

Se unen voces de mujeres y feministas

Con el agravamiento de la crisis en el país las mujeres adquieren un rol más protagónico en los movimientos de resistencia. En el año 2002, 2.700.000 mujeres son jefas de hogar, de las cuales un sector se constituye en el motor del movimiento piquetero[7]. En la Ciudad de Buenos Aires, entre otros núcleos urbanos, miles de mujeres participan de las asambleas populares y un sector asalariado se destaca en una de las experiencias más importantes de ocupación de fábricas con la toma de la fábrica textil Brukman por parte de sus trabajadoras[8]. Podemos decir que en el período que se da pos diciembre de 2001 se produce un cambio respecto de la época de la ofensiva neoliberal que va de la “feminización de la pobreza a la feminización de la resistencia” (Daunes, 2002). El feminismo confluye con estos movimientos que al calor del “que se vayan todos” ven la necesidad de plantear entre sus demandas derechos para las mujeres. Podríamos decir que se estaba

[...] atravesando un embrionario proceso de cambio a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ya no están sólo las prácticas y discursos de las feministas y del movimiento de mujeres sobre el derecho al aborto, sino también aquellas instancias que emergieron o se reforzaron al calor de dicha revuelta. Vale decir: agrupaciones piqueteras, asambleas barriales, fábricas recuperadas, frentes de minorías sexuales, entre otros tantos ámbitos alternativos” (Belluci, 2003).

Si en los noventa el derecho al aborto fue un reclamo levantado casi centralmente por las organizaciones de mujeres y feministas, a partir de diciembre de 2001 empieza también a ser debatido y planteado por las asambleas populares, los movimientos de desocupados y los encuentros de fábricas recuperadas. En una reunión de la Asamblea Interbarrial nacional, que tiene lugar en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), en agosto de 2002, en la que participan más de 120 delegadas/os de todo el país, se resuelve casi por unanimidad levantar “junto con el movimiento femenino la despenalización del aborto” (Bonasso, 2002). Mientras que en una Interbarrial de Capital y Gran Buenos Aires, que tiene lugar el 11 de agosto de 2002, se resuelve, entre otras medidas: 1) que las mujeres asambleístas que vayan a participar del Encuentro Nacional de mujeres en Salta, el 17 de agosto, formen una delegación de la Interbarrial y que redacten un documento para llevar un mensaje de la Interbarrial al Encuentro; 2) debatir el tema del aborto en las asambleas; 3) impulsar junto con otras organizaciones una movilización por el derecho al aborto el 28 de septiembre, Día Latinoamericano y del Caribe por la Despenalización del Aborto.

En los Encuentros de Fábricas Tomadas y Trabajadores en Lucha, como los que tienen lugar en Brukman (2002) y en Rosario (2003), se conforman Comisiones de Mujeres de las que participan dirigentes sindicales, desocupadas, activistas estudiantiles y asambleístas que, entre otras cosas, debaten el tema del aborto y los derechos reproductivos, junto a feministas y militantes de partidos de izquierda. También se empieza a deliberar sobre el aborto en el movimiento piquetero. Esto se explica por dos factores centrales. Por un lado, la irrupción en las calles y la participación en instancias de democracia directa de miles de mujeres, muchas de ellas históricamente relegadas a sus hogares y sus trabajos. Por otro lado, una radicalización del feminismo que en amplios sectores supera el repliegue noventista y el aggiornamiento de ONG, y se atreve a salir de su territorio natural y traspasar las escalinatas del lobby parlamentario[9]. Al respecto, en su artículo “¿Existe el movimiento feminista?” (2002), Magui Bellotti, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM), señala que en los noventa se percibía un retroceso importante del movimiento feminista resumido en las siguientes cuestiones: 1) escasos espacios de debate y decisiones; 2) retrocesos en la articulación de acciones, en la ocupación del espacio público “informal” y en la actividad de denuncia; 3) la consecución de reformas legales como el objetivo casi exclusivo y el “lobby” como metodología principal; 4) consiguiente reducción del espacio público al espacio institucional, en detrimento del diálogo directo con la sociedad, así como oenegización, fragmentación y privatización del movimiento, entre otras.

Otra expresión de esto es que se crean grupos de feministas jóvenes que se proponen confluir con estos fenómenos[10]. El 8 de marzo de 2002, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se convoca en Capital Federal a un “escrache, peatonal feminista y cacerolazo” de mujeres que propone confluir con el cacerolazo de los asambleístas bajo la consigna “Revolución en la plaza, en la casa y en la cama”[11]. Al mismo tiempo, es notorio el apoyo que dan las feministas, tanto las históricas como las más jóvenes, a las trabajadoras de Brukman durante todo el conflicto[12]. Es así como luego de la rebelión popular de 2001 se produce un cambio importante en el feminismo que pasa de altos niveles de desarticulación, escasa presencia pública y moderación de los discursos, por citar algunas de las características que mencionamos más arriba, a una renovadora confluencia con las nuevas organizaciones populares que asumen como propia la pelea por los derechos de las mujeres, abrazando incluso demandas históricas como el derecho al aborto.

Un paso adelante: La asamblea por el derecho al aborto y el encuentro nacional de mujeres de Rosario en 2003

Desde enero de 2003 sesionó lo que se llamó la Asamblea por el Derecho al Aborto que se reunía todos los sábados en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, sobre esta última, en el local de la asamblea barrial de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. Convocada por Dora Coledesky, junto a quien escribe y otras feministas, la misma expresó la confluencia entre asambleístas, piqueteras, feministas, jóvenes, trabajadoras, lesbianas y travestís[13]. Primero éramos unas pocas, pero con el tiempo cada vez más mujeres se sumaron a construir la asamblea. El arzobispo de Rosario y presidente de la Conferencia Episcopal, Eduardo Miras, nos hizo un favor. Ordenó a cada párroco de su arquidiócesis reclutar al menos diez feligresas “fieles a su bautismo y con profundo amor a ¡a Iglesia” para confrontar con “¡as feministas abortistas”, dando estrictas indicaciones para que no vaya cualquier “devota” dado que “ese evento no es una instancia de formación sino de confrontación donde deben quedar claros y bien fundamentados los principios de orden natural que dignifican a la mujer” (Carbajal, 2003a). La Iglesia se preparaba para el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), y nosotras también.

El llamado del arzobispo a conformar esta suerte de “fuerza de choque”, ayuda a que crezca la participación en la Asamblea por el Derecho al Aborto. Desde la misma se convoca “a todas las mujeres que estén contra la ofensiva que organiza la Iglesia para el Encuentro de Mujeres de Rosario, a participar de una gran asamblea para resolver acciones comunes a seguir”[14]. Decenas de mujeres de movimientos de desocupados, feministas, grupos de lesbianas, travestís, estudiantes, trabajadoras, obreras de la textil Brukman y militantes de algunos partidos de izquierda se hacen eco de este llamado y, reunidas, resuelven convocar a realizar una asamblea en el marco del ENM. Es en medio de esta situación de efervescencia y radi-calización que puede entenderse el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Rosario en agosto de 2003, que constituye un punto de inflexión en la lucha por el derecho al aborto en Argentina. Por primera vez en 18 años el ENM ocupó la tapa de un diario nacional {Página/12), con un titular que decía: “El derecho a decidir copó las calles” y una foto a color de la enorme bandera violeta que levantaba la consigna “Por el derecho al aborto libre y gratuito”. Y, por primera vez en 18 años, se realizaba una asamblea sobre el tema en un ENM. La misma tiene lugar el sábado 16 por la tarde, luego de los talleres del Encuentro, en un aula de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y participan más de 500 mujeres que resuelven: realizar movilizaciones en todo el país el 28 de septiembre, Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe; convocar a un Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto con fecha a confirmar y marchar detrás de una bandera “Por la libertad de decidir”, entre otras resoluciones[15]. Entre las presentes se encontraban mujeres que integraban la Comisión por el Derecho al Aborto, el Foro por los Derechos Reproductivos, activistas de Acción Política LGTTB, Católicas por el Derecho a Decidir, sindicalistas de la CTA, desocupadas de la Red de Mujeres Solidarias y el Polo Obrero, activistas y académicas del Área de Estudios Queer, estudiantes de la Comisión de Mujeres de Sociales de la UBA, junto a referentes del movimiento de fábricas ocupadas como Celia Martínez, de Brukman, y militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)[16]. Luego se realizó una movilización hacia la Catedral rosarina de más de 10 mil mujeres, que varias periodistas denominaron como histórica, en la que se corearon, entre otras consignas: “si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”; “atención, atención, son una misma cosa cura, milico y patrón”; “Brukman es de las trabajadoras, y al que no le gusta, se joda…se joda”; “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”; “libertad a Romina Tejerina y a Claudia Sosa”; “¿hasta cuándo las sotanas persiguiendo a las lesbianas?”.

La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar y no faltó quien adjudicase el estallido de las mujeres a “grupos de comunistas” e “izquierdistas infiltradas”, según relató la periodista rosarina Sonia Tessa (2003). Lo que no se podía entender era que por primera vez la legalización del aborto se transformó en una bandera común para feministas, militantes de izquierda y mujeres trabajadoras, de clase media, y de los sectores populares. Zulema Palma de Mujeres al Oeste, militante del derecho al aborto desde hace varias décadas, afirmó al diario Página/’12:

El Encuentro de Rosario fue una explosión. Marcó un cambio cuantitativo y cualitativo en relación con el aborto. Ya no somos un grupo de mujeres feministas con conciencia de género de sectores medios las que nos movilizamos. Ahora se han involucrado en esta lucha mujeres piqueteras, de sectores más postergados y también mujeres de partidos de izquierda que siempre tuvieron la legalización en sus plataformas partidarias y tal vez presentaban algún proyecto pero que de ahí no pasaban (Carbajal, 2003b).

Si en el ENM del año anterior que tuvo lugar en Salta (2002), ya se había expresado la impronta de la rebelión popular de 2001, definitivamente en Rosario las calles se visten de “19 y 20″. El “fenómeno de Rosario” expresa entonces la masificación del reclamo del derecho al aborto y una mayor organización y articulación de las mujeres en la lucha por sus derechos.

En ocasión del 28 de septiembre, Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, la Asamblea convoca a movilizarse con un volante propio en el que reclama la separación de la Iglesia del Estado y denuncia que las mujeres no son mercancías, obteniendo una gran repercusión. Como nunca antes en la historia el país se realizan importantes movilizaciones en Córdoba (la segunda ciudad del país en cantidad de habitantes), La Plata (la capital de la provincia de Buenos Aires), San Salvador de Jujuy, Rosario, Mendoza y la patagónica Neuquén, y una marcha unitaria en la Capital Federal, que colma las calles desde la Plaza del Congreso a la histórica Plaza de Mayo con más de 7 mil mujeres. En un reportaje otorgado durante la manifestación a la periodista de Página/12 Mariana Carbajal, Dora Coledesky afirmaba: “Esto se lo debemos a la Iglesia que con su férrea oposición nos ha empujado a aglutinarnos”.

Comienzos de retroceso y fragmentación

Pero a esta altura habían empezado a surgir diferencias políticas entre las participantes de la asamblea alrededor de cómo continuar. Meses atrás, en mayo de 2003, asumía el gobierno de Néstor Kirchner del peronista FPV, quien intentó ganarse la simpatía de las clases medias progresistas. Alrededor de la discusión sobre la necesidad de avanzar en el derecho al aborto, y el planteo de la necesidad de promover un proyecto de ley, el movimiento empezó a dividirse entre un sector con expectativa en el gobierno nacional que buscaba la primacía del lobby parlamentario por sobre la lucha y la movilización, y otro representado en los grupos autonomistas, en desacuerdo con cualquier injerencia del Estado en la vida de las mujeres, que por ende rechazaba el apoyo a cualquier proyecto de ley.

El Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto votado en Rosario no se puede llevar adelante por diferencias políticas, y a fin de año la Asamblea se disuelve. Como señala Andrea D’Atri (2011):

La mayoría de sus integrantes avanzaron en la construcción de lo que luego fue la coalición de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Otras, como quienes conformamos la agrupación de mujeres Pan y Rosas, seguimos acompañando su reclamo unitariamente, sin compartir y criticando abiertamente sus alineamientos políticos y los intentos de reducir su estrategia al parlamentarismo. La mayor parte de los pequeños grupos autonomistas que habían surgido al calor de las jornadas de diciembre de 2001 fueron desintegrándose; sus militantes tomaron diversos caminos, incorporándose a otros movimientos sociales, integrándose al Estado, fortaleciendo su propia institucionalización como organizaciones de mujeres o abandonando la militancia.

El kirchnerismo y el movimiento de mujeres

A un año de la asunción de Kirchner como presidente, comienza a sentirse la recomposición económica y la movilización de masas que tuvo su auge a fines de 2001 y durante el 2002, empieza a extinguirse. La recuperación de la economía -manteniendo un modelo de dólar alto y salarios bajos, beneficiado por los precios internacionales de los productos agropecuarios- y la cooptación de gran parte del movimiento piquetero, de Derechos Humanos y de mujeres, le permitió al gobierno contener los reclamos y frenar las movilizaciones que habían sacudido al país dos años atrás. Con la lenta, pero sostenida, recuperación económica, las clases medias recompusieron su posición -incluso los afectados por “el corralito” lograron recuperar parcialmente sus ahorros- y por otro lado, el crecimiento de la industria permitió incorporar (o reincorporar) a una parte de la fuerza de trabajo. El nuevo gobierno sacó lecciones de lo que fue la rebelión popular de 2001. Acompañado por el crecimiento económico, comenzó a integrar algunas de las demandas más sentidas de la población para lograr cierta legitimación, y que la consigna “que se vayan todos”, así como la alianza entre las clases medias urbanas, los trabajadores desocupados y las fábricas recuperadas, se terminen diluyendo. La incorporación como funcionarios de figuras emblemáticas del movimiento piquetero -como Luis D’Elía- y su acercamiento a las Madres de Plaza de Mayo[17], fueron expresión de esto. Empieza un proceso de recomposición del orden institucional[18].

Al mismo tiempo, el gobierno buscó dar señales al movimiento de mujeres incorporando funcionarías al Estado y designando a Ginés González García como ministro de Salud, quien se pronunció abiertamente a favor de la despenalización del aborto. Poco tiempo antes se había puesto en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, una de las demandas pendientes del movimiento de mujeres. Como resultante, en un sector del movimiento de mujeres impacta la idea de que hay que “esperar ¡os cambios desde arriba”, manteniendo la presión sobre las instituciones, pero sin confrontación.

En mayo de 2004 se realiza en Buenos Aires el Io Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Derecho al Aborto impulsado por el Grupo Estrategias por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito integrado por activistas, feministas, médicas e intelectuales que habían sido parte de la Asamblea por el Derecho al Aborto, y que luego conformarán la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. La declaración de la convocatoria pone como eje de discusión “¡as estrategias jurídico legislativas”. En dicho Encuentro se resuelve:

Constituir una Comisión de elaboración de una nueva legislación nacional sobre aborto que incluya la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras doce semanas y que convoque a los legisladores autores y autoras de proyectos de ley a un trabajo conjunto para compatibilizar proyectos existentes. Propiciar la formación de un bloque de legisladores por el derecho al aborto [...] Exigir la reglamentación de los casos de abortos no punibles ya contemplados en el Código Penal (Grupo Estrategias para el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 2004).

Estos serían los inicios de la primacía de la estrategia del ¡obby parlamentario en estos sectores: una vuelta a de las calles “al Palacio”.

En junio de 2004 el gobierno propone la incorporación de la jueza Carmen Argibay a la Corte Suprema de Justicia (CS J) como un intento de relegitimar con aires nuevos esa institución tan fuertemente cuestionada. La trayectoria de Argibay como feminista y su autodefinición como “atea militante” (Hauser, 2004) generaron fuertes polémicas con la cúpula de la Iglesia Católica. Frente a las críticas de la Curia, Argibay inmediatamente matizó su posición afirmando: “No soy abortista, no mando a nadie a abortar. Respeto las leyes vigentes aunque algunas no las comparta” (Yapur, 2004). A partir de esta polémica, algunas organizaciones de mujeres deciden apoyar públicamente al gobierno. La Red de Mujeres Solidarias, junto con otros grupos, llama a movilizarse al Senado de la Nación en apoyo a la candidatura de Carmen Argibay a la CSJ. Pero, por si quedaban dudas, la jueza no dudó en afirmar en esa misma audiencia pública en el Senado que “todos los que me conocen saben que nunca fui una activista en esas cosas”[19].

Dentro de las organizaciones de mujeres hubo sectores que confiaron plenamente en que la incorporación de Carmen Argibay en la CSJ significaba un avance real en la lucha por los derechos de las mujeres, como la Red. Otras saludaron su candidatura, pero se dedicaron al silencio cuando ella misma reubicó su discurso, mientras que la agrupación Pan y Rosas, por el contrario, afirmaba: “Repudiamos los ataques de la Iglesia Católica y la derecha contra la Jueza Carmen Argibay [pero...] no podemos dejar en manos de las instituciones del régimen, como la Corte, la resolución de nuestros problemas” (2004). Y en un artículo de esa misma organización sostienen que: “El nombramiento de Argibay lo único que demuestra es que el gobierno ha tomado nota de que las mujeres ganamos las calles para ‘que se vayan todos’, participamos en las asambleas populares, en las fábricas ocupadas, en los movimientos de desocupados y protagonizamos la lucha por el derecho al aborto libre y gratuito” (Funes, 2004). Pero mientras el ministro de Salud hablaba a favor de la legalización y se designaba a Argibay en la Corte, la por ese entonces “Primera Dama” y senadora nacional, Cristina Fernández, prometía al Vaticano que no se iba a despenalizar el aborto en el país (2004), al igual que el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, quien reiteraba, por si quedaban dudas, que el gobierno no promovía su despenalización. Es así como, basadas en algunos “gestos” del gobierno, un sector de las organizaciones de mujeres optó por trasladar el reclamo en las calles al ámbito parlamentario, haciendo primar una lógica de celebrar “lo bueno” (como cuando el Ministro de Salud se pronunció a favor de la despenalización), y silenciar “lo malo” del gobierno (como, por ejemplo, los reiterados mensajes de Alberto Fernández y Cristina Fernández en contra de la legalización).

La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

En el mes de mayo de 2005 se lanza La Campaña que agrupa a diversos sectores y tiene fuerte repercusión en Buenos Aires, Córdoba,

Rosario, Mendoza y Neuquén. Desde su lanzamiento contó con el apoyo de cientos de mujeres y más de setenta organizaciones feministas, gremiales, ONG y partidos de izquierda, a los que se irían sumando nuevos agrupamientos, personalidades de la cultura y la intelectualidad, Centros de Estudiantes y diputados (Carbajal, 2005). La Campaña se impulsó en dos sentidos. Por un lado se elaboró un petitorio que dice “Apoyamos la despenalización y legalización del aborto para que toda mujer que decida interrumpir su embarazo pueda acceder al aborto legal, seguro y gratuito, en los hospitales públicos y en las obras sociales de todo el país”, que logró juntar miles de firmas. Por otro lado, cada organización llevó adelante las distintas actividades que creía convenientes bajo el lema unificador “M una muerta más por abortos clandestinos”.

A diferencia de otras organizaciones de izquierda que apoyaron acríticamente o se negaron a formar parte de la misma por sectarismo, la agrupación Pan y Rosas llamó a impulsar La Campaña en forma unitaria como un paso fundamental en la lucha por el derecho al aborto, pero críticamente: “No tenemos ninguna esperanza en el gobierno de Kirchner (o en algunos de sus ministros), lo que nos diferencia de muchas de las convocantes de esta campaña” (2005). Además, convocó a realizar actividades en facultades, fábricas y otros lugares de trabajo y estudio con el objetivo de involucrar a sectores de trabajadores y estudiantes para fortalecer un movimiento de lucha que mantenga independencia del Estado y sus instituciones.

Tras haber logrado una gran repercusión mediática, la primera etapa de la Campaña culminó en una masiva marcha el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, durante la cual se entregaron en el Congreso Nacional miles de firmas a favor de la legalización del aborto. Aunque se trató de una movilización unitaria, ya se empezaban a ver dos bloques claros. En la cabecera se encolumnaban organizaciones feministas de todo el país y a continuación agrupaciones, entonces afines al gobierno, como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Red de Mujeres Solidarias, y diversas ONG como el Foro por los Derechos Reproductivos, Mujeres al Oeste, la Comisión por el Derecho al Aborto, el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre otras. Luego, detrás de una bandera que decía “Bajo el gobierno de Kirchner las mujeres seguimos muriendo por aborto clandestino” marcharon la agrupación Pan y Rosas, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Lesbianbanda, jóvenes, feministas, el PTS, entre otros grupos.

Al año siguiente se lanzó “la segunda etapa” de La Campaña con una concentración frente al Ministerio de Salud para exigir que se aplique el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la reglamentación de los casos de aborto no punibles, entre otras demandas. Días antes, un alto funcionario del gobierno como Aníbal Fernández emitía declaraciones diciendo que “el aborto es un tema que no admite discusión” {Clarín, 2006). La Campaña no saca ningún pronunciamiento al respecto y se transforma cada vez más en un factor de “presión” sobre el gobierno sin cuestionar su negativa a legalizar el aborto y a confrontar con la Iglesia. Esto produce un quiebre al interior del movimiento. Mientras un sector avanza en su integración al Estado, como María José Lubertino, una de las referentes de La Campaña que meses después fue nombrada titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), otro sector critica a La Campaña por no denunciar los dichos del gobierno. El gobierno obtuvo así el visto bueno de buena parte de las organizaciones que luchaban por el derecho al aborto y continuó con gestos cosméticos, fundamentalmente con la incorporación de más figuras femeninas en puestos de poder gubernamental. Tal fue el caso de Nilda Garre, en el Ministerio de Defensa -quien también fue bien recibida por algunos organismos de Derechos Humanos-, Felisa Miceli, en el Ministerio de Economía, y más tarde la Romina Picolotti -referente de los asambleístas de Gualeguaychú- como Secretaria de Medio Ambiente.

En octubre de 2006 se realiza el XXI Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que fue una muestra de lo que venía sucediendo durante el año. Las posiciones en los talleres sobre aborto y anticoncepción mostraron nuevamente dos perspectivas claras: un sector que centró la discusión en la presentación de proyectos de ley y en esperar que el gobierno “desde arriba” otorgue el derecho; y otro que apoyando la presentación de proyectos de ley, hacía hincapié en la necesidad de impulsar la organización y coordinación de las mujeres en forma independiente del gobierno, confiando sólo en la fuerza del movimiento de mujeres. Durante todo ese año se realizan algunas movilizaciones por la libertad de Romina Tejerina[20], por el 28 de septiembre (aunque no una marcha unitaria como años anteriores), y por el 25 de noviembre, pero con poca convocatoria, en las que participa la militancia más organizada de los grupos de mujeres y de la izquierda, con cada vez menos repercusión.

Se presenta el proyecto de ley de la campaña en el Congreso

En 2007 vuelve a ponerse en debate el tema del aborto. Primero alrededor de casos emblemáticos, el de la santafesina Ana María Acevedo y el de N. de Jujuy, ambas jóvenes a las que se les impide ejercer su derecho al aborto no punible[21], La Iglesia y los médicos cumplen un rol central para que estos abortos no se puedan realizar. Las organizaciones de mujeres actúan de contragolpe repudiando los atropellos de la justicia, la curia y sectores de la medicina, y reclamando lo elemental, que se cumpla con los derechos mínimos ya adquiridos, como el aborto no punible.

El 28 de mayo de ese año se presenta por primera vez en el Congreso el proyecto de ley de La Campaña con gran repercusión mediática. Decenas de organizaciones de mujeres, feministas, sociales y políticas acompañan dicha presentación. Pero al mismo tiempo que va ganando prensa y sumando firmas, La Campaña va perdiendo poder de movilización y convocatoria[22]. El creciente apoyo de sectores de La Campaña al gobierno nacional llevó a una encrucijada al movimiento de lucha por el derecho al aborto. Muchas de sus integrantes acompañaron al candidato por el FPV, Daniel Filmus, para las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de ese año, bajo la firma de Mujeres Autoconvocadas, difundiendo un comunicado titulado “Por nuestros derechos decimos no’ a la derecha”, donde sostienen que “Nuestro país y especialmente la Ciudad Autónoma de Buenos cuentan con legislación de avanzada en cuento al reconocimiento de los derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular” (2007). Pero en el mismo no realizan ni una mención a que se mantiene la ilegalidad del aborto y los subsidios a la Iglesia. Estos debates también atraviesan los Encuentros Nacional de Mujeres que, aunque algunos medios intentan demostrar lo contrario, van perdiendo poder de convocatoria.

Cristina Fernández: La presidenta mujer

La asunción de Cristina Fernández, del FPV, generó nuevas expectativas. Una presidenta de la nación mujer. Mientras algunas organizaciones sostenían que había que apoyarla porque por su carácter de género iba avanzar en nuestros derechos, otras denunciaban el acuerdo de la Primera Mandataria con el Vaticano en relación al aborto.

El proyecto de La Campaña tuvo que volver a ser presentado en el Congreso en marzo de 2010 luego que perdiera estado parlamentario. Pero ni la firma de más de 50 diputadas y diputados de diferentes bloques, ni el creciente apoyo de la población pudieron convencer a la líder del partido de gobierno de promover la aprobación del proyecto de ley. El kirchnerismo, ni con mayoría parlamentaria, ni luego manteniendo una minoría significativa (ni tampoco ahora, que después de la reelección de Cristina Fernández volvió a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso), estuvo dispuesto a conceder este derecho. El 14 julio de 2010, con varias idas y vueltas previas (tanto kirchneristas como radicales habían cajoneado el proyecto de ley a fines del año anterior), el Congreso aprobó el proyecto de ley de matrimonio igualitario, una demanda histórica y sentida que según las encuestas contaba con el apoyo de más del 70% de la población. Después de una histórica jornada que culminó en un multitudinario festejo frente al Congreso Nacional, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en establecer este derecho. Durante meses la Iglesia se había dedicado a hacer campaña en contra de su aprobación con todo tipo de golpes bajos y mensajes denigrantes para la comunidad LGTTB, como por ejemplo decir que estaban frente a una “guerra santa”.

Esta derrota histórica sufrida por la curia dejó planteada la necesidad y la posibilidad de avanzar en la conquista de otros derechos democráticos como el derecho al aborto, así como en la separación de la Iglesia Católica del Estado y la ruptura de todos los históricos acuerdos con el Estado Vaticano. Pero para el gobierno la capitalización de la victoria política gracias a la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo fue suficiente[23]. Estaba planteado aprovechar el desprestigio de las ideas más reaccionarias de la Iglesia, y el descrédito a sus dictados morales, para de una vez por todas avanzar en la legalización del aborto. La expectativa del movimiento de mujeres, feminista y LGTTB al respecto era importante. María Rachid, ex vicepresidenta del INADI y presidenta de la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGTB), afirmó al respecto que “la despenalización del aborto es absolutamente posible en Argentina”. Pero pocos días después la presidenta optó por dar señales claras. A fines de julio los diarios anunciaron que la guía de atención del aborto no punible para el personal médico y no médico elaborada por el Ministerio de Salud se había convertido en resolución ministerial. Pero en menos de un día el ministro de Salud, Juan Manzur, salió a desmentirlo. Luego, en medio de la confusión, se supo que fue la presidenta quien llamó para ordenar que se volviera atrás con esa resolución[24].

Finalizó el año con una audiencia pública en la Comisión de Legislación Penal del Congreso, presidida por el diputado de la Coalición Cívica (oposición de centroderecha), Juan Carlos Vega, en la que se convocó a Manarme Mollmann de la organización Human Rights Watch (HRW) a debatir sobre el derecho al aborto. En las afueras del Congreso se concentró un grupo de fundamentalistas católicos que con cantos y pancartas confrontaba con las organizaciones de mujeres, sociales, políticas y estudiantiles que se congregaron allí para apoyar la audiencia.

2011: Elecciones y manipulación

El 2011 fue un año decididamente electoral en Argentina. Esto se expresó en todos los terrenos. Desde comienzo de año cada actor mostró su juego, y la presidenta no se quedó atrás. Por si a alguien le quedaban dudas del interés de Cristina Fernández en tratar de recomponer relaciones con la Iglesia, se despachó en la apertura de las sesiones legislativas con un discurso “apostando a la vida”, durante el anuncio de la extensión del subsidio de Asignación Universal por Hijo (AUH) para las embarazadas, algo que fue más que bien recibido por la Iglesia: “Cayó bien la apuesta por la vida”, tituló el diario La Nación en alusión a la reacción de los grupos ultracatólicos y las cúpulas eclesiásticas. La reacción de quienes tenían expectativas en avanzar en la legalización fue otra: “El primer día de marzo, cuando habló la presidenta, alguien dijo: ‘¿Y el aborto?’”, señalaba el diario Página/12 (Monfort, 2011). Foros, blogs, listas de mails como la Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA) reflejaron el debate entre las organizaciones de feministas sobre el significado del anuncio de la presidenta.

En abril se difunde una solicitada de La Campaña que dice “Aborto legal, una deuda de ¡a democracia” con cientos de firmas de diputados, artistas, intelectuales, sindicalistas, organizaciones estudiantiles, de Derechos Humanos, sociales y políticas. El 31 de mayo La Campaña convoca a un festival en la Plaza de los Dos Congresos por la aprobación del proyecto de ley de interrupción del embarazo, con poca concurrencia. La brecha entre la aparición mediática y la movilización por abajo se agranda. En medio del fervor electoral, y continuando con el lobby parlamentario como estrategia excluyente, su política de esperar el visto bueno de los diputados y no hablar del posicionamiento del gobierno nacional en relación al derecho al aborto, se hace cada vez más explícita. Como señala Andrea D’Atri: “en esa ocasión, tuvimos que insistir para que nos otorgaran el derecho a hablar como lo hacían las diputadas, funcionarías y figuras reconocidas del gobierno y la oposición derechista”[25].

El año termina con una derrota parcial para el movimiento de lucha por el derecho al aborto. Primero, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, cuyo partido había obtenido pésimos resultados en las elecciones primarias, decide convocar a una sesión para discutir el derecho al aborto, y presenta a último momento un proyecto de ley propio más regresivo aún que el que ya existe para los abortos no punibles. El cálculo electoral de Vega residía en obligar a cada partido, fundamentalmente al gobernante FPV, a hacer explícito su posicionamiento sobre el aborto. La sesión no se realizó porque en tiempos de campaña nadie quiso “exponerse”, pero sí tuvo lugar luego que Cristina Fernández obtuviera la reelección con el 54% de los votos. El Io de noviembre se inicia el debate parlamentario, pero lo que ocurrió ese día, y los días posteriores, fue una verdadera burla al movimiento de mujeres. De once diputados que representan al oficialismo sólo se presentó la diputada Diana Conti para decir que el tema no está en la agenda del gobierno. Son pocos los diputados que concurren a la sesión: “se aprobó el dictamen más progresista para la despenalización del aborto” afirmaba el diario La Nación luego de la reunión. Pero a los dos días, ese mismo diario titulaba “Escándalo en diputados: nunca hubo dictamen sobre aborto”. Cuestionado por sectores de la oposición derechista el dictamen finalmente se cae por diversas irregularidades, y el proyecto de ley de la Campaña pierde estado parlamentario, nuevamente.

Aproximaciones a un balance de 10 años de lucha por el derecho al aborto en Argentina (2001-2011)

El aborto es un derecho no conquistado en nuestro país. Y aunque gracias a la lucha que miles de mujeres y organizaciones venimos llevando adelante se logró que se instale la problemática en la opinión pública, y que las encuestas sean más favorables a la legalización, lo cierto es que poco y nada se ha avanzado en la actual legislación. Esto se traduce en que se perpetúa una situación de violencia hacia las mujeres quienes aún sabiendo que es ilegal, recurren a esta práctica en malas condiciones: se realizan entre 500 y 700 mil abortos anuales en el país, y más de 100 mujeres mueren por esa causa, según las últimas estadísticas difundidas por las integrantes de La Campaña. Se trata de violencia y de discriminación, ya que las que mueren son mujeres trabajadoras, de los sectores populares y jóvenes, es decir, las que no tienen el dinero suficiente para realizarse un aborto en condiciones de asepsia. Al mismo tiempo que tenemos que reconocer los pasos dados, debemos sacar la conclusión que -como ha quedado demostrado- el apoyo pasivo de amplios sectores de la sociedad y las negociaciones parlamentarias no son suficientes para conquistar este derecho.

El recorrido que hicimos desde el 2001 a la actualidad nos muestra cómo en tiempos de crisis económica las mujeres se ponen a la cabeza de la lucha por sus derechos, mediante la movilización y la acción directa en las calles. Pero las jornadas de diciembre de 2001 no sólo llevaron a que miles de mujeres tomaran en sus manos la reivindicación por el derecho al aborto, libre, seguro y gratuito, sino que otras organizaciones que surgieron al calor de ese proceso incorporan esta demanda tan sentida para las mujeres. Esto se traduce, hoy, en el apoyo de sindicatos, Centros de Estudiantes, grupos de Derechos Humanos y otras organizaciones de masas a la legalización, aunque por ahora se trate de un apoyo bastante pasivo. Como vimos a lo largo del artículo, luego del 2003 adquiere mayor dimensión la organización de las mujeres para luchar por el derecho al aborto, pero al poco tiempo -a tono con la situación nacional- esto empieza a cambiar. La recuperación económica fue replegando de las calles a los distintos actores que participaron de diciembre de 2001 y las mujeres no estuvieron ajenas a este proceso. El discurso favorable a la legalización de un sector del gobierno -aunque no se tradujo en hechos concretos-desencadenó una ruptura en el interior del movimiento de mujeres. Si bien el lanzamiento de La Campaña sirvió para dar un nuevo impulso a la pelea por el derecho al aborto y colaboró a su instalación mediática, la estrategia de hacer primar el lobby parlamentario y confiar en declaraciones favorables de algunos funcionarios gubernamentales, cuando más allá de alguna retórica lo que ha primado en el kirchnerismo es la posición contraria al derecho al aborto, llevó al movimiento a la desmovilización. No plantear claramente que para conquistar el derecho al aborto hay que enfrentar a los designios de la cúpula de la Iglesia Católica que tiene mucho poder, tanto social como económico y mediático (y sigue recibiendo cuantiosos subsidios del Estado).

Si en los noventas la pérdida de autonomía del movimiento de mujeres estuvo dada por una creciente integración al Estado y las instituciones del régimen mediante la incorporación de las organizaciones a diversas ONG y la marginación de quienes se mantenían lejos de la institucionalización, en la actualidad es el apoyo al gobierno nacional por parte de un sector mayoritario de las dirigentes del movimiento de mujeres, lo que atenta contra la autonomía del movimiento y contra la potencialidad que demostró desplegar cuando confluye en sus demandas con diversos sectores en lucha. Esta situación nos tiene que servir para reflexionar sobre los próximos pasos a seguir si realmente queremos conquistar un derecho democrático elemental como el derecho al aborto. Llevamos décadas de lucha, y como señalamos más arriba, estos 10 años de pelea incansable por el derecho a decidir dieron sus frutos aunque no hayamos conseguido aún la legalización del aborto. Hay que volver a presentar el proyecto de ley de La Campaña en el Congreso; desde ya. Pero de lo que se trata es de construir un movimiento en las calles, de transformar todo el apoyo social conseguido en una fuerza activa en las facultades, lugares de trabajo, colegios, organizaciones vecinales, que pueda convocar a miles de personas que se movilicen exigiendo este derecho. Esta es una de nuestras demandas, muy importante, pero no la única. Este pequeño recorrido, nos deja entrever que toda pelea por los derechos de las mujeres debe plantearse la autonomía del Estado, la Iglesia y los partidos del régimen, ya que estos son los interesados en mantener un statu quo que les permita mantener a las mujeres en la opresión y continuar explotando al conjunto de la clase trabajadora.

Porque nuestra pelea es por la libertad de decidir, peleamos por nuestra libertad y la de todos y todas.

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Este artículo fue elaborado en base a una ponencia presentada en el año 2007 en las VII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Agradezco especialmente a Jesica Calcagno, con quien iniciamos aquel trabajo, y a Andrea DAtri, ambas compañeras de militancia cotidiana, así como a Mabel Bellucci, activista feminista y queer, quien generosamente compartió conmigo una parte del material consultado.↵

Socióloga y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es una de las funda¬doras de la agrupación de mujeres "Pan y Rosas", en el año 2003.↵

Sólo a título individual algunos diputados de distintos bloques como el FPV, el partido Radical, la Coalición Cívica, entre otros, firmaron el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, pero como se vio en las últimas elecciones presidenciales, la única fórmula que, además de tener una intensa actividad militante al respecto, hizo campaña planteando la legalización del aborto y la separación de la iglesia del Estado fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores integrado por el PTS, el Partido Obrero y otros grupos. ↵

Este proyecto plantea la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, el acceso de toda mujer al sistema de salud público y gratuito para poder realizar esta práctica, la posibilidad de abortar pasado dicho plazo si se trata de una violación, si corre riesgo la vida o salud de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Para más información ver: <http://www.abortolegal.com.ar>. ↵

El aborto está permitido en el Código Penal argentino sólo en los casos en que se realice con "el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". Hay una discusión histórica por la lectura del mismo, el famoso debate conocido como de "la coma", ya que los sectores más reaccionarios y clericales insisten en que sólo se permite el aborto en caso de violación de mujer idiota o demente, y no en todo caso de violación. Más allá de esto, lo cierto es que en el país la realización de un aborto no punible se convierte en una tortura para las mujeres por el accionar de los sectores religiosos, el poder judicial y de los médicos.↵

Esta forma asamblearia de toma de decisiones tenía como expresión más reciente (aunque se trata de una tradición histórica de las masas, y en particular de las y los trabajadores) al movimiento de desocupados, que luego de los levantamientos del 96 y 97 en el interior del país, se masifica en el Gran Buenos Aires. También se organizan con el método asambleario los empleados de Aerolíneas Argentinas en la pelea contra su privatización y los obreros de la fábrica de cerámicas Zanon de Neuquén, por mencionar otros ejemplos.↵

En Argentina se denomina "movimiento piquetero" a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados cuyo movimiento se inició en 1996 en la localidad patagónica de Cutral Có. Su principal método de lucha fue el piquete y los cortes de carretera. Cumplieron un rol clave en las calles entre los años 2000 y 2004, cuando la desocupación pasó a tener índices de más de 20 puntos porcentuales. No se agruparon por su condición social cual sindicato, sino por afinidades políticas preferentemente de izquierda, constituyéndose decenas de agrupaciones piqueteras a lo largo y ancho del país. ↵

Brukman, situada en el barrio de Balvanera en Capital Federal, es ocupada el 18 de diciembre de 2001 por más de 60 de sus empleados (de los cuáles unas 50 eran mujeres) ante el abandono de la misma por parte de la patronal. Se constituye en un emblema de lucha y reciben la solidaridad de diversos sectores, entre ellos de las organizaciones feministas y de mujeres que destacan el valor de estas mujeres en ocupar la fábrica y ponerla a producir bajo su control. Carteles como "Ni capitalismo, ni patriarcado", o "Viva Brukman bajo control obrer@" podían leerse en la puerta del establecimiento. Cerca de 200 fábricas se ocuparon en el país por esos tiempos. ↵

Nos referimos a un proceso más general del feminismo de los noventa, aunque no englobamos en esta afirmación a todas las organizaciones, ya que hay varios grupos que enfrentaron la institucionalización↵

Un ejemplo de esto es el grupo denominado Feministas Autoorganizadas (FEAS) -antes llamado Espacio Abierto de Mujeres Autoconvocadas (EAMA)- que se constituye a principios de 2001 y se disuelve, aproximadamente, a fines de 2002. ↵

Los volantes que convocan están firmados por grupos feministas como ATEM, la Librería de Mujeres y FEAS.↵

Para mayor información se puede acudir a las ponencias presentadas en el Foro: "Obreras, movimiento de mujeres y feminismo: una experiencia de dos años de lucha y solidaridad" realizado el 12 de diciembre de 2003 en el Centro Cultural "Rosa Luxemburgo", frente a la fábrica Brukman, en la Capital Federal. Disponible en: <http://www.rirnaweb.corn.ar/ferninisrnos/rnarta_fontenla_obreras3.htrnl>.↵

12 Dora Coledesky fue una histórica luchadora por el derecho al aborto y los derechos de las mujeres en Argentina. Vuelta del exilio en Francia y con varios años de militancia trotskista, regresa a la Argentina en los ochenta donde comienza una ardua pelea por el derecho a decidir de las mujeres. Fue una de las integrantes de lo que se llamó la Coordinadora por el Derecho al Aborto, impulsora de la Asamblea por el Derecho al Aborto y de La Campaña. Como abogada y feminista promovió la elaboración del proyecto de ley de La Campaña. Falleció el 17 de agosto de 2009, meses después que su compañero de militancia y de vida, Ángel Fanjul. Como sostuve en un breve artículo que publiqué en su homenaje, Dora fue una "incansable luchadora".↵

La asamblea incluye entre sus demandas el derecho al aborto legal y gratuito, la realización de un encuentro nacional de mujeres por la libertad de decidir, el cese de persecuciones a las mujeres en situación de prostitución y a las travestís y la expropiación de la fábrica Brukman para sus trabajadoras y el control obrer@ de la producción. Por último, se llama a llenar de "19 y 20" el ENM.↵

Este hecho es muy significativo ya que en los ENM -que se realizan todos los años en Argentina desde 1986- participan organizaciones tan diversas que van desde el Opus Dei hasta la extrema izquierda, y se impone el método del consenso. Esto impide que las miles de mujeres que se reúnen puedan votar y resolver un plan de lucha, o tomar algunas resoluciones comunes, que permitan avanzar durante el año en la organización y la lucha por los derechos de las mujeres.↵

Luego del Encuentro, varias de las estudiantes de la Comisión de Mujeres de la Facultad de Sociales de la UBA (que además fue la primera Comisión de Mujeres de toda la universidad, conformada por estudiantes, algunas de ellas con militancia feminista, como quien escribe), obreras de Brukman como la citada Celia Martínez, docentes, militantes y dirigentes del PTS como Andrea D'Atri, deciden constituir la agrupación de mujeres Pan y Rosas, integrada por militantes de ese partido de izquierda y por independientes.↵

Con gestos como sacar el cuadro del dictador y genocida Videla de la ESMA, o la apertura del "Museo de la Memoria".↵

ara entender mejor este proceso recomendamos leer a Castillo, Christian 2011 La Izquierda frente a la Argentina kirchnerista (Buenos Aires: Planeta).↵

Ver: "Argibay reiteró su postura sobre el aborto en el Senado" 2004 en <¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.>.↵

Romina Tejerina es una joven jujeña que fue condenada en 2005 a 14 años de prisión por infanticidio. Quedó embarazada producto de una violación y cuando dio a luz sufrió de estrés pos traumático y dio muerte al bebé. Su violador, amigo de la policía, quedó en libertad. Desde entonces la pelea por su libertad se convirtió en una de las banderas del feminismo.↵

Ana María Acevedo terminó muriendo en el hospital Iturraspe, de Santa Fe, el 17 de mayo de ese mismo año. Al ser obligada por los médicos a continuar con su embarazo no pudo llevar adelante el tratamiento médico que realizaba contra el cáncer de mandíbula que la aquejaba, lo que le provocó la muerte.↵

La agrupación Pan y Rosas, por su parte, acompañó la presentación del proyecto de ley al mismo tiempo que sostuvo que para conseguir su aprobación había que fortalecer un gran movimiento de lucha por el derecho al aborto, independiente del gobierno, el Estado y sus instituciones.↵

El proyecto se votó por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Hasta último momento no se sabía si se iba a aprobar ya que el gobierno dejó "libertad de conciencia" a su bloque, algo que no ocurrió con ninguna otra ley. Pero más allá de esto, y aunque el proyecto de ley de matrimonio igualitario no fue propuesto por el gobierno nacional, los réditos que vinieron luego de su aprobación los capitalizó con creces, lo que dio aire al kirchnerismo que en ese momento venía perdiendo apoyo de las clases medias.↵

Apenas unos meses antes de este episodio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó en un documento del 22 de marzo del 2010 su preocupación por la restrictiva legislación sobre aborto presente en el Artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. Cuatro meses después, el 20 de julio, la CEDAW también reclama que se garantice el derecho al aborto no punible en el país. Más tarde, el 1 de abril de 2011, Argentina recibe la misma recomendación pero por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).↵

Esto se repitió en otras actividades durante el año, como el 28 de septiembre donde directamente dejaron hablar sólo a diputados y diputadas, negando la palabra a organizaciones que vienen luchando hace años por el derecho al aborto como Pan y Rosas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores -que además, como señalamos, fue la única organización que hizo campaña electoral durante todo el año por la legalización-, entre otras organizaciones.↵

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Una perspectiva feminista sobre las políticas sociales del espacio de integración creado por UNASUR[1]

Eugenia Correa[2]

Introducción

La construcción de un espacio de cooperación soberana a través de UNASUR, permite plantear una visión alternativa de cooperación económica internacional, que tenga como prioridad la convergencia en el desarrollo social, sustentable y equitativo. El segundo objetivo específico del tratado es “el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región” (UNASUR, 2008). A propósito de este segundo objetivo es necesario desarrollar diferentes análisis y propuestas, que permitan institucionalizar los diferentes componentes de la cooperación para el desarrollo social.

En este trabajo se busca analizar brevemente el rezago del gasto social en los países de la región y algunas de las condiciones institucionales que requieren estar presentes en el debate sobre cooperación internacional para el desarrollo social en UNASUR. Primero se exponen las razones del Consenso de Washington para contener y reducir el gasto público y el déficit en América Latina. En realidad, lejos de frenar la inflación, estas políticas mermaron la capacidad de los Estados nacionales de contender con los mayores problemas económicos y sociales, colocaron a los empresarios locales en una competencia global muy desigual por la ganancia y llevaron a los salarios y a los trabajadores a una precariedad creciente.

Posteriormente, se analizan las principales tendencias del gasto y el ingreso públicos en líneas gruesas para algunos de los mayores países de la región. Se estudian brevemente las brechas del gasto social y el déficit presupuestal que han mantenido y profundizado un déficit social que ahora se pretende enfrentar por la vía del mercado.

Finalmente se discuten las amplias consecuencias en la inequidad social y especialmente en la inequidad de género. El descenso o estancamiento en el gasto social con incremento en los ingresos tributarios indirectos es una combinación que aumenta la inequidad social. Toda la política de austeridad económica, fiscal y monetaria que impone alcanzar presupuestos equilibrados e incluso superávitarios a toda costa implica aumentar el déficit social.

De ahí la importancia de la cooperación internacional en el marco de UNASUR que permita la creación de metas de déficit presupuéstales comprometidas al desarrollo social, implementados con transparencia y rendición de cuentas; e instituciones que garanticen un verdadero progreso en equidad de género. La cooperación económica y financiera requiere fincarse en la progresiva ampliación del gasto público, especialmente del gasto productivo. Esto es, el gasto público dedicado a inversión en infraestructuras, principalmente para el transporte y comunicación latinoamericana, a educación e investigación científica y tecnológica, y a los servicios de cuidado. Una ampliación progresiva que presione a la plena utilización de los recursos productivos de una manera sustentable, especialmente de la capacidad laboral de la población latinoamericana que permita incorporar plenamente a las mujeres en la vida política, económica y social en toda la región.

Gasto público y mercado: las razones del consenso de Washington

Por muchos años en América Latina el gasto público se ha mantenido por debajo de los niveles que se han alcanzado en países desarrollados. Aunque no existe una medida reconocida por la literatura económica como óptima para el gasto público fue evidente que, a lo largo de las décadas en la segunda posguerra, los países con mayor gasto público fueron capaces de elevar su nivel de vida e incluso enfrentar en mejores condiciones el ciclo económico (Tanzi y Schuknecht, 2000; Hall, 2010). Al respecto estos autores señalan que:

[...] la rápida expansión del gasto público entre 1960 y 1980 es importante porque ocurrió cuando muchos países no estaban comprometidos con guerras; no había depresión y el desarrollo demográfico era en general fiscalmente bueno. Esa expansión refleja principalmente el cambio de actitud [...] hacia el papel del Estado [...] cuando los gobiernos eran percibidos por muchos por ser eficientes en la colocación y distribución de recursos y en la estabilización de la economía (Tanzi y Schuknecht; 2000: 16).

Fue esencialmente a partir de los años ochenta, con el ascenso de la visión monetarista que se ha difundido y prevalece en la literatura económica, la idea de que el mayor gasto público produce menor crecimiento (Mitchell, 2005). Esta idea no tiene pruebas para sostenerse. Incluso considerando solamente cortos periodos, en décadas recientes muy pocos países presentan una relación entre menor gasto y mayor crecimiento (Estados Unidos en el periodo de Reagan, Irlanda y Nueva Zelandia en los noventa).

En los diferentes reportes sobre la situación mundial producidos por el FMI prevalece la idea de que los recortes en el gasto público (si bien se consideran necesarios para la estabilización) producen recesión o al menos menor crecimiento económico. Las nuevas teorías del crecimiento y casi toda la macroeconomía moderna postulan que el mayor gasto público debe financiarse con impuestos y el “exceso” de impuestos introduce distorsiones en el comportamiento económico de los agentes. De ahí que se ha desarrollado una enorme literatura buscando probar que mayores impuestos disminuyen el crecimiento económico.

No obstante, en el universo teórico keynesiano y poskeynesiano el gasto público es un componente indispensable para la expansión de la demanda, es un estímulo a los negocios privados, y es fundamental para la generación y la estabilización de la ganancia (Galbraith, 1958; Minsky, 1987; Davidson 2009). Más aún, Minsky, haciendo uso de la “Kalecki-Levy” profit equation, sostenía que “[...] los beneficios agregados son idénticamente igual al déficit del gobierno, más el superávit comercial, más inversión, más consumo de las ganancias, y menos el ahorro de los salarios” (Minsky, 1992).

A pesar del debate, el gasto público ha sido esencial en todo el mundo por décadas durante el siglo XX para financiar infraestructura en energía, agua, transporte, para proveer servicios educativos y de salud, y para sostener la investigación científica tecnológica. Asimismo, ha sido fundamental para estimular la economía cuando se presentan las recesiones y depresiones económicas. Es además, un componente básico en un mundo altamente concentrado por sus potenciales efectos redistributivos y especialmente por la generación de empleos directos e indirectos que produce (Hall, 2010). En los Estados Unidos el gasto público federal, estatal y local en 2006, antes del inicio de la crisis global, llegó a representar el 36,1% del PIB, sólo en educación fue del 7%, en defensa el 4,8%, en welfare 3%, en salud el 6%, en pensiones el 5,7%.

Es importante, también, considerar la composición del gasto para reconocer los resultados que éste puede tener en la economía. Por ejemplo, el rápido crecimiento del gasto público entre los años veinte y cuarenta estuvo más vinculado a los acontecimientos de las guerras mundiales y a la reconstrucción después de la devastación de Europa y Japón. Posteriormente, en los cincuenta y sesenta estuvo destinado a la construcción de las instituciones del estado de bienestar, con mayor profundidad en los países desarrollados. De cualquier manera en varias de las mayores economías, una parte del gasto más o menos importante ha estado financiando por décadas al aparato industrial-militar y las guerras (Hobsbawm, 2007).

Sin embargo, hacia los años setenta y ochenta los acomodos y compromisos económicos y políticos de la posguerra que le dieron soporte y sentido al gasto público y su composición se fueron transformando aceleradamente, entre otras causas debido a los problemas de ganancia de las corporaciones iniciados en aquellos años (Bowles, Gordon y Weisskopf, 1991). A pesar de la importancia del gasto público y de las consecuencias que éste tiene sobre el desempeño económico y social, no existe un amplio conocimiento y debate social sobre su ejercicio ni sobre la rendición de cuentas.

En el caso de los países en desarrollo, la tercera generación de las políticas del consenso de Washington al inicio del siglo XXI, insisten en mantener una estabilidad macroeconómica basada en el superávit fiscal, aún cuando la situación política y social de estos países muestra el evidente “cansancio del ajuste”. Aunque en realidad se trata de retrocesos sociales graves, como el tederioro de los sistemas educativos, la ampliación de la marginación y de la pobreza en todas sus dimesiones, y de la destrucción de capacidades productivas, especialmente visible en el desempleo y su-bempleo. En América Latina, los gobiernos en permanente superávit, no importa su signo político ideológico, no tienen los instrumentos institucionales ni los recursos para llevar adelante una agenda de desarrollo. En muchos países de la región se han aprobado leyes de responsabilidad fiscal que obligan a los gobiernos a mantener presupuestos públicos equilibrados o superávitarios y leyes para la autonomía de los bancos centrales que impiden que estos actúen como la banca del gobierno. Estas leyes no se han derogado y por el contrario se consideran indispensables para mantener la estabilidad macroeconómica, precios y tipo de cambio estables.

Así, la literatura convencional más reciente (organismos internacionales, think tanks e incluso instituciones de los países de la región), no se plantea los urgentes problemas de la región, como el grave rezago del gasto público, su preferente destino en intereses y el contratismo y subcontratación imperante. Por el contrario, está dedicada a continuar dando soporte a: la idea del ajuste del gasto público como garante de la estabilidad macroeconómica; lograr incrementar la carga tributaria sobre el consumo; y, a alcanzar una mayor descentralización presupuestal y tributaria. En relación al gasto social, la literatura convencional tampoco se preocupa por la brecha social entre los países, o de la enorme deuda social, o del miserable nivel de ese gasto en términos per capita. Al contrario, ésta reclama que el gasto social está mal dirigido y que beneficia al quintil más rico de la población. De esa manera se insiste en los efectos regresivos del gasto social, y al mismo tiempo se soslaya la regresiva estructura tributaria, que recarga los impuestos despropor-cionalmente sobre empresarios medios y pequeños y asalariados.

Las políticas del Consenso de Washington se argumentaron como aquellas que permitirían frenar la inflación, estabilizar las economías y recuperar la capacidad de crecimiento a través de las fuerzas del mercado. Sin embargo, el ajuste constante del gasto público y la exigencia de presupuestos superávitarios muy pronto fueron mermando la capacidad de los gobiernos, no importa su signo político, de mantener en operación el crédito público y sus instuciones. El crecimiento económico, la inversión y las ganancias empresariales dependen de finanzas públicas en expansión y especialmente en expansión deficitaria. Especialmente en nuestros países con población activa y desempleo crecientes.

En realidad solamente una pequeña parte de la inversión necesaria para el desarrollo social puede ser realiada a través del mercado, de manera eficiente y altamente rentable. Muchas otras actividades, producción de bienes y servicios para el desarrollo con equidad, no pueden ser atendidas por el sector privado de la economía sometido a las condiciones de competitividad y rentabilidad. Así, disminuir las capacidades de los gobiernos y sus instituciones en la actividad económica esta profundizando las desigualdades, pero especialmente generando crecientes brechas de inequidad.

Las brechas en el gasto público social

En América Latina los avances en desarrollo económico y social han sido muy azarosos. En realidad la región no alcanzó nunca niveles de pleno empleo como sucedió en las décadas de la posguerra en los países desarrollados, de manera que los ingresos de los trabajadores y el consumo de las familias no fueron un importante soporte de la demanda. El gasto público ha sido un componente fundamental de esa demanda, ligándose con éxito al capital privado doméstico y logrando así elevadas tasas de crecimiento. Además, este gasto, en los últimos 20 años, ha sido el soporte a los inestables mercados financieros, alcanzando aún menores tasas de crecimiento económico.

Puede decirse que las épocas de mayor ocupación en la región han estado vinculadas al crecimiento del empleo en el sector público. Además, algunos países, especialmente los del llamado cono sur, alcanzaron un notable grado de desarrollo en derechos laborales y políticos, aunque los avances en la equidad de género venían siendo mucho más lentos. Sin embargo, las dictaduras y los gobiernos autoritarios que se extendieron en la región en los años setenta y ochenta anularon muchos de los avances democráticos socioeconómicos. Se produjo además un profundo cambio doctrinario: desde la regulación y el intervencionismo estatal hacia el modelo de libre mercado.

Desde los setenta en las economías bajo dictaduras y desde los ochenta con la crisis de la deuda externa, las políticas de ajuste presu-puestal produjeron encogimiento del Estado y transferencia de entidades del Estado al sector privado (exo privatización). Posteriormente, con el retorno de los regímenes democráticos en casi toda la región, en los noventa y dos mil, la participación de consorcios e inversionistas globales han conducido al contratismo, la asesoría privada, la transferencia de actividades estatales sustantivas a la empresa privada (Guerrero, 2004). A su vez, han proliferado los proyectos de asociación público privada (prívate public partnership) (Herzberg y Wright, 2006).

Aunque es indispensable contar con datos sobre el gasto público desagregado y en series largas de tiempo para el estudio de sus tendencias, esto no es posible. Las cifras más homogéneas son producidas por la CEPAL y sólo están disponibles a partir de 1990 y en algunos casos de 1997. De cualquier manera, no se cuenta con la desagregación por sexo, lo que limita el análisis en términos de equidad. En los mayores países de la región se producía información económica de calidad desde los años treinta y cuarenta, pero las dictaduras, el cambio de paradigma económico, la crisis de deuda y las hiperinflaciones que les acompañaron, dieron como resultado que ningún país tenga una estadística económica de mayor plazo.

De cualquier manera, a partir de las cifras disponibles sabemos que el gasto público total en relación al PIB en los últimos 20 años se mantuvo estancado en Brasil y Chile; cayó en México y Perú; aumentó modestamente en Bolivia; aumentó en la primer mitad de los dos mil para volver a caer en Colombia y Uruguay; y se incrementó de manera constante en Argentina, Ecuador, y Venezuela.

Con excepción de Brasil y Chile, el gasto público ha crecido más rápidamente en los años de ruptura del modelo neoliberal que en periodo previo. Está dinámica se explica por el notable crecimiento de los ingresos públicos alcanzado precisamente con el mejoramiento de los precios de las exportaciones y el mayor crecimiento económico. Este cambio en la tendencia del gasto y del ingreso público es más notable en los casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Al mismo tiempo, en los últimos años se aprobaron en casi todos los países de la región leyes de responsabilidad fiscal, que obligan a los gobiernos al equilibrio presupuestal, e incluso al superávit primario. Así, quedo legalizada la política fiscal procíclica, pues a menor crecimiento económico y menores ingresos, los gobiernos se ven obligados a disminuir el gasto público. Estas leyes fueron impulsadas por el Banco Mundial, y no han sido modificadas en los países que se alejaron del modelo neoliberal. Como puede verse en el Cuadro 1 por casi dos décadas se han mantenido superávit en el presupuesto público antes del pago de los costos financieros (balance primario) en la mayor parte de los países de la región.

Así, las leyes de responsabilidad fiscal que legalizan la política fiscal pro cíclica, impiden que los gobiernos utilicen el gasto público para frenar y revertir la inestabilidad económica y financiera. Por ello, cualquier cambio en las tendencias de los precios de energía y com-modities y en los flujos de capital externo que han favorecido a la región en los últimos 7 trimestres, producirá una caída de los ingresos y convertirá el ajuste del gasto público en una fuerza depresiva y con-traccionista adicional, como lo ha sido desde décadas atrás.

La fuerza redistributiva del gasto público se ha debilitado debido al destino del gasto, puesto que una parte importante se destina al pago de intereses de la deuda interna y externa. En la medida en que los mercados financieros reciclan débilmente sus pasivos en moneda local, el crédito al sector privado empresarial no bancario desciende, las tasas de interés activas aumentan y se mantienen muy por encima del crecimiento económico y de la inflación. Solamente Brasil destina más del 7% del PIB al pago de intereses de la deuda pública, es decir más del 25% del gasto total. El promedio latinoamericano es del 3% del PIB y 14% del gasto total. También debilita la capacidad redistributiva del gasto público la disolución de entidades públicas que directamente ejercían dicho gasto, la privatización de las operaciones básicas y la ejecución de este gasto a través de contratos prívate public partnership. El gasto público se ejerce a través de un sector privado monopólico y en ocasiones global de manera que se transfiere al exterior en moneda extranjera su rentabilidad. El gasto público así ejercido se convierte en una fuerza altamente concentradora, regresiva y creadora de inequidad económica y social (Galbraith, 2004).

Gasto social y superávit fiscal

En economías grandes y desarrolladas la deuda pública interna crea un flujo de liquidez, de rentabilidad y de certidumbre importante para la operación de los mercados financieros. Sin embargo, en los países de América Latina desde los años setenta con predominio de la deuda externa, este papel de la deuda pública no opera, puesto que la deuda externa y su servicio incorporan el mercado financiero local a las tendencias del mercado financiero del país acreedor. El ciclo de expansión y contracción de la liquidez del país acreedor no puede ser contenido por los países deudores y por el contrario, los mercados locales son más volátiles y vulnerables. Así, no solamente el crédito público, sino todo el funcionamiento del crédito, del financiamiento interno y del gasto público quedan vulnerables al comportamiento de los mercados financieros globales.

Los países en desarrollo, así insertos en la dinámica global se ven obligados al mantenimiento de presupuestos públicos superávitarios, destinando una parte muy importante del presupuesto público al pago de intereses durante muchos años y recortando todos los otros destinos del gasto público. Limitando la capacidad contracíclica del gasto, que es una función esencial en épocas de crisis, especialmente para la población afectada por el desempleo y subempleo.

El superávit presupuestal han debilitando la capacidad económica de los gobiernos y abierto paso a la explotación de los recursos naturales, energéticos y el propio mercado interno a los corporativos financieros y no financieros extranjeros o que operan principalmente en moneda extranjera. El debilitamiento de las instituciones locales, el desplazamiento de las corporaciones locales, el desempleo y deterioro general de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población, todo ello está cuestionado en muchos países en diferentes momentos la gobernabilidad y el desarrollo de crisis políticas. El superávit fiscal, las privatizaciones y el modelo de apertura comercial y financiera, convierten al mercado financiero local en un mercado más especulativo que de financiamiento a la actividad económica, muy alejado de las condiciones de rentabilidad de las empresas que dependen principalmente del mercado local sin posición monopólica.

En la región se formaron mercados domésticos muy concentrados, en segmentos muy dolarizados, con polos dinámicos más articulados hacia el mercado internacional y otros segmentos productivos menos dinámicos de actividades que dependen de las ventas locales, que pagan bajos salarios y que mantienen una rentabilidad basada en la precariza-ción del trabajo. Los bajos salarios y la precaridad laboral han afectado más duramente a las mujeres, aumentando la pobreza y la violencia de género (OIT-PNUD 2009; CEPAL, 2009a, 2009b; PNUD, 2010).

Los países en desarrollo se ven obligados por los mercados financieros (fuentes de crédito y agencias calificadoras) a mantener presupuestos públicos superávitarios mientras que los países que son sus principales socios de la Unión Europea o los Estados Unidos o Japón han mantenido por años déficit presupuéstales. Lo cual abre una brecha variable pero persistente de entre 3 y 5 puntos porcentuales del PIB en contra de los países menos desarrolados. Por muchos años, la disponibilidad de fondos públicos fue creciente, mientras que América Latina se el imponía la restricción presupuestal permanente. Este es la mayor inequidad económica, monetaria y financiera que confrontan los países de la región y que incluso bajo gobiernos de diferente signo se mantiene y amplia (Blieky Parguez, 2006). El gasto social en la región, aunque su cuantificación es muy cuestionable, se elevó en 3 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2005. Incluso el PNUD cuestiona la incidencia de dicho aumento en los indicadores de desarrollo social, señala que “aunque se ha observado una mejora en la incidencia del gasto social, una parte significativa de las erogaciones del Estado aún puede ser considerada neutral o regresiva” (PNUD, 2010).

Especialmente, ha sido notable el aumento del gasto social en relación al PIB en Brasil, Colombia, México y Venezuela. Más aún, si se observa el gasto per capita en dólares, los mayores aumentos son de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela. El gasto social está muy estancado en los casos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ahora bien, el promedio de la región está 6 puntos porcentuales del PIB por debajo de los Estados Unidos (país de por si muy bajo) y es menos de la mitad del gasto social de los países de la Unión Europea. Es muy notoria la diferencia entre los países de la región, especialmente entre aquellos que conforman la UNASUR, no sólo medido en dólares per capita, sino también como proporción del PIB. La brecha en el nivel de desarrollo entre los países de UNASUR se amplifica cuando se trata del gasto público social, notoriamente en los casos de Ecuador y Perú, menos notoriamente en los casos de Colombia, Chile México y Venezuela, mientras que es posible observar un mayor peso del gasto social sólo en Brasil y Argentina. Bolivia, siendo el país más rezagado de este conjunto, tiene un mayor compromiso con el gasto social en los últimos años. La consolidación de regímenes democráticos es un paso esencial, pues la inestabilidad política y la enorme cantidad de golpes de Estado en la región han sido un freno enorme a la legitimidad necesaria para la eficacia tributaria y presupuestal. Al respecto puede verse el Cuadro 2, en 100 años los países de América Latina y el Caribe han tendió 327 golpes de Estado, y precisamente aquellos con el mayor número de ellos con los que tienen el menor gasto social, como Bolivia, Perú y Ecuador.

Sin duda el nivel del ingreso nacional, así como la capacidad tributaria de cada país está explicando en gran medida esta enorme brecha económica y social. Esta brecha de desarrollo puede empezarse a cerrar desde el desarrollo social y puede hacerse al través de programas de cooperación fiscal y financiera en la región.

El Tratado de la Unión Suramericana (2008) tiene el objetivo de:

[...] construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.

Y el Artículo 3 de los objetivos específicos señala como segundo objetivo: “el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región”.

A pesar del tiempo transcurido, el avance de la cooperación suramericana aún no se plantea temas relevantes para avanzar a paso firme y con rapidez para el retroceso sustantivo y visible e la desigualdad económica. En todo ello, un paso sustantivo es integrar una perspectiva de equidad de género. La expansión deficitaria del gasto público, destinada a la expansión del gasto social es una prioridad para la equidad de género. Reestablecer la doctrina que responsabiliza al Estado y no al mercado de la protección del más débil y la necesaria socialización en la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo humano es también una prioridad para la equidad de género.

Instituciones y gasto público para la cooperación en UNASUR con una agenda de género

El signo político ideológico de varios de los gobiernos del sur de América cambió en los últimos años. Desde 1999 con Chávez en Venezuela han venido cambiando los gobiernos a través de elecciones democráticas, Chile 2000, Argentina y Brasil 2003, Uruguay 2005, Bolivia 2006, Ecuador 2007 y Paraguay 2008. Son gobiernos impulsados por distintos proyectos de izquierda social que se fortalecieron a partir del descontento de la población con el modelo neoliberal y las crisis económicas, sociales y políticas recurrentes que produjo. El desafío que estos gobiernos afrontan no es solamente abandonar las políticas neoliberales y enfrentar los grandes problemas económicos, institucionales y políticos heredados de años de neoliberalismo, sino especialmente reencontrar un camino para el desarrollo, en medio de una batalla ideológica política cotidiana. Con toda contundencia se han estado impulsando políticas para atender las más urgentes necesidades de reducir el hambre, la indigencia, la pobreza y el desempleo, aún con los pocos meses y años transcurridos. Los avances hacia sociedades más democráticas y justas requieren de la construcción institucional que garantice el acceso universal a los bienes y servicios básicos. La universalización de los consumos de bienestar: educación, servicios de salud, protección social, cultura. Avanzar en la modificación de las condiciones de inserción al trabajo, la precariedad laboral también es un desafío que la lucha por la equidad de género requiere incorporar.

Un paso adelante es cerrar brecha del desarrollo y construir la convergencia Suramericana y levantar la Suramérica social e ir cerrando la brecha del gasto social a través de compromisos de déficit presupuéstales dirigidos a la cooperación, para aumentar de manera sostenida por muchos años los consumos del desarrollo. El gasto en desarrollo social tendría que salvaguardarse de los efectos de las recesiones y el estancamiento económico, aumentándolo de manera permanente, a través de gasto deficitario. El superávit presupuestal público anual que prevalece constituye un freno a la expansión económica doméstica y, en esa medida, abre paso y favorece la participación de empresas y flujos de capital externos. Más aún, los países desarrollados y mayores socios comerciales de la región, como son los Estados Unidos, los países europeos y Japón, mantienen déficit públicos entre 7 y 10 puntos porcentuales anuales. De manera que existe una brecha entre ese déficit y el superávit de la región de entre 5 o 6 puntos porcentuales. Esta brecha continuará mermando las capacidades de crecimiento de las economías locales a favor del capital extranjero, que continúa fluyendo hacia la región posicionándose en actividades económicas de alta rentabilidad, con grandes participaciones e la propiedad de activos reales u financieros y una enorme capacidad política para mantener y ampliar los privilegios fiscales y de transferencia de ganancias de que han gozado.

Varios son los temas de convergencia institucional y presupuestal en la agenda de desarrollo social con equidad de género. Algunos de ellos se encuentran avanzados tanto en el Proyecto de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, como en la formación desde los años noventa por casi todos los países de observatorios de Igualdad de Género (Madsen y Torres 2010). Muchos de estos observatorios tienen objetivos más específicos como derechos o bien la violencia contra las mujeres, o el tráfico y la explotación sexual. Otros están enfocados en la indispensable producción estadística e indicadores que permiten, justamente, el análisis a profundidad y la formulación de políticas. Una tarea esencial es, precisamente, ampliar el debate hacia los temas del desarrollo social y de las políticas sociales en la convergencia regional y en la formulación de metas indispensables en materia de ocupación e ingresos de las mujeres. Las desigualdades regionales institucionales para el desarrollo social con equidad de género pueden observarse en el cuadro 3.

Conclusión

El recientemente firmado Tratado de la Unión Suramericana, UNA-SUR pretende construir un espacio de integración basado en el desarrollo social, económico y político entre sus pueblos, erradicar la pobreza y superar las desigualdades. Para ello se plantea la necesidad de avanzar hacia la convergencia en el gasto público social como un instrumento para impulsar políticas locales con dimensión regional. A su vez, se plantea la necesidad de discutir la organización institucional y jurídica que este proceso de integración regional puede alcanzar para estar fundado en el desarrollo social y no solamente en la integración económica. Los mayores temas de la inequidad de género que aparecen reiteradamente cada vez que estudiamos sus diversos aspectos son: la “invisibilidad” y el “reconocimiento”. Pero es indispensable también estudiarlos desde la perspectiva de las políticas monetaria y fiscal. Entender cómo las políticas de auteridad impuestas por la visión neoliberal han desplazado las responsabilidades en materia del desarrollo social a las escasas y selectivas respuestas que pueda dar el mercado, profundizando las desigualdades y especialmente la inequidad de género.

Los gobiernos con proyectos alternativos tienen bajo la UNASUR un gran proyecto de cooperación regional que tiene que dar urgentemente sus pasos hacia el desarrollo social regional. No basta con cooperación comercial o financiera, el desarrollo social no encontrará fórmulas permanentes de fortalecimiento si no es a través de la cooperación regional institucionalizada. La equidad de género en América Latina solamente podrá avanzar firmemente reconociendo la necesidad de políticas monetarias y fiscal regional, que permita el financia-miento sostenido a la producción de bienes y servicios sociales. Una de las tareas más importantes del feminismo de nuestros días es precisamente contener el avance de la doctrina del libre mercado, comprender que el desarrollo social no es tarea del mercado ni producto espontáneo del crecimiento económico, y avanzar en la construcción de espacios de desarrollo social supranacionales que posibiliten enfrentar las tensiones del nuevo reparto económico mundial y quebrar la imposición de las políticas de austeridad generalizadas.

La situación internacional favorable a la recuperación de los términos del intercambio, así como la expansiva demanda internacional de alimentos, materias primas, minerales y energéticos, ha permitido a varios países de América del Sur recuperar el ritmo de crecimiento económico, acumular reservas y estabilizar los precios y el tipo de cambio, e incluso renacionalizar parte de sectores productivos significativos. Más aún, se ha recuperado la reflexión de la cooperación y de la integración regional, con avances que pueden juzgarse lentos y difíciles, pero que señalan un cambio importante en la medida en que se concibe la necesidad de configuración de un verdadero bloque geoeconómico y geopolítico , a partir del alejamiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la constitución de la Unión Sudamericana de Naciones con la firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. En el contexto de UNASUR cerrar las brechas de desarrollo social significa instrumentar políticas de coordinación fiscal tales que posibiliten a los países más rezagados del bloque, alcanzar déficit presupuesta-Íes coordinados y respondiendo a las comunidades organizadas, a la creación de empleo público en áreas prioritarias de educación, salud, medio ambiente e investigación y desarrollo.

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Una primera versión de este trabajo se presentó en la I Conferencia Internacional "Balance de una Década" organizado por el Grupo de Trabajo Feminismo y Cambio en América Latina y El Caribe de CLACSO, en Caracas, Venezuela, del 18 al 22 de julio de 2011.↵

Doctora en Economía. Profesora del Posgrado en Economía de la Facultad de Eco¬nomía y miembro de la Unidad de Investigación en Economía Fiscal y Financiera en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Premiada por sus investi¬gaciones económicas y fundadora de la Revista Ola Financiera.↵