Violencias y cuidados

Aproximaciones a una relación ambivalente

Violencias y cuidados: aproximaciones a una relación ambivalente / Ximena Alba Villalever... [et al.] ; Editado por Raquel Rojas ; Marcial A. Garcia Suarez ; Izadora Xavier do Monte. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; San Pablo: Mecila, 2025.

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ISBN 978-631-308-179-0

1. Violencia. 2. Estado. I. Villalever, Ximena Alba II. Rojas, Raquel, ed. III. Garcia Suarez, Marcial A., ed. IV. Xavier do Monte, Izadora, ed.

CDD 301

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Violencias y cuidados

Aproximaciones a una relación ambivalente

Raquel Rojas, Marcial A. Garcia Suarez

e Izadora Xavier do Monte

(Editores)

Biblioteca Mecila-CLACSO Vol. 7

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Gloria Amézquita - Directora Académica

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

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Solange Victory - Producción Editorial

Valeria Carrizo y Darío García - Biblioteca Virtual

Violencias y cuidados. Aproximaciones a una relación ambivalente (Buenos Aires: CLACSO / Mecila, diciembre de 2025).

ISBN 978-631-308-179-0

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Editores de la serie

Gloria Chicote (UNLP)

Laura Flamand (COLMEX)

Gesine Müller (UzK)

Ramiro Segura (UNLP)

Editor académico

Joaquim Toledo Jr.

Índice

Introducción: Tensiones, ambivalencias y continuos entre violencias y cuidados en América Latina 9

Raquel Rojas, Izadora Xavier do Monte y Marcial Garcia Suarez

Parte I. Cuidados violentos

Los circuitos subterráneos del cuidado. El rol del crimen organizado 27

Raquel Rojas y Marcial Garcia Suarez

“Elas por elas”: trabalhadoras sexuais e cafetinas no cuidado de si e dos outros 61

Carolina Rezende Moraes

Parte II. Cuidados y reproducción de violencias

Convivências conflitivas do cuidado dentro das casas.
Processos judiciais, violências e rebeldia no trabalho doméstico 89

Regina Stela Corrêa Vieira, Bruna Salles Carneiro
y Pedro Augusto Gravatá Nicoli

Viejas y enclenques: acerca de cuidados y violencias 115

Paola Bonavitta y Natalia F. Franco

Parte III. Cuidados como resistencia ante violencias estatales

Binarismo bélico. Enquadramentos para violência de Estado
desde uma perspectiva feminista interseccional 141

Juliana Farias

Estudios feministas de seguridad y la elaboración del
concepto de feminicidio en el contexto latinoamericano:
¿qué diálogos son posibles? 165

Izadora Xavier do Monte y Natalia Tejero Rivas

Cuidados comunitarios para abrir grietas en un sistema violento. Experiencias organizativas en contextos de (in)movilidad 189

Ximena Alba Villalever y Martha Cecilia Ruiz M.

Sobre las autoras y los autores 215

Introducción

Tensiones, ambivalencias y continuos entre violencias y cuidados en América Latina

Raquel Rojas, Izadora Xavier do Monte y Marcial Garcia Suarez

Los cuidados y las violencias son dos temáticas ampliamente discutidas en contextos latinoamericanos, pero raramente puestas en diálogo. Entendidos muchas veces como conceptos, prácticas y relaciones en contraposición, cuando se los vincula es generalmente para resaltar sus cualidades antagónicas y mutuamente excluyentes. Esto es fácil de entender: mientras que los estudios sobre los cuidados se enfocan en procesos ligados a la sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001; Pérez Orozco, 2014) que permiten mantener y reproducir nuestro mundo de manera que “podamos vivir en él lo mejor posible” (Tronto y Fisher, 1990, p. 40), las discusiones en torno a las violencias resaltan estructuras, acciones u omisiones que limitan o impiden a las personas desarrollar todo su potencial (Galtung, 1969). Puesto de otra forma: mientras que los cuidados hacen posible una vida “que merece la pena ser vivida” (Pérez Orozco, 2014), la violencia la cercena, ya sea de raíz, o impidiendo su desarrollo pleno y en condiciones dignas. Además, desde una tradición que históricamente ha entendido a los cuidados como actividad femenina y del ámbito privado-familiar, no extraña que la violencia, generalmente asumida como característica masculina y proveniente desde afuera, se identifique como opuesta al cuidado.

Cuidados y violencias, entonces, aparecen a primera vista como términos contrarios y prácticas opuestas. Pero los binarismos absolutos, nos demuestra la vida en su complejidad, son difíciles de sostener. La ambivalencia cuidados-violencia permite analizar la relación entre estos términos no sólo como fenómenos opuestos –como ocurre, por ejemplo, cuando se compite por el presupuesto público que suele priorizar el financiamiento de armamento y políticas punitivas en detrimento de la ejecución de políticas de cuidado–, sino también como interrelacionados. Concretamente, nuestra propuesta es cuestionar el oxímoron cuidados-violencia, para discutir, a partir de la investigación con foco en América Latina, cómo estos fenómenos se relacionan. Más que ofrecer respuestas definitivas, este libro intenta abrir espacios para explorar en qué medida la violencia y los cuidados, aunque entendidos como opuestos, se benefician si son analizados en conjunto, resaltando a la vez cómo pueden estructurarse conjuntamente en determinados contextos.

Entendemos por cuidados, siguiendo a Corina Rodríguez Enríquez (2015), a las diferentes actividades y prácticas que son esenciales para la supervivencia cotidiana de las personas. Los cuidados engloban no sólo al acto de cuidar directamente a alguien a través de interrelaciones cotidianas, sino también a la gestión y organización de la oferta de cuidados, así como a las condiciones previas necesarias para proveer cuidados, es decir, la realización de tareas domésticas como la limpieza o la cocina, pero también la provisión de infraestructura que permite llevar adelante estas actividades. En este sentido, los actores que proveen cuidado son diversos, y operan a distintas escalas, abriendo la posibilidad a análisis tanto desde una perspectiva macro –enfocada en actores institucionales como el Estado y sus políticas públicas, el mercado y su oferta de servicios de cuidado, y la relación de ellos con familias y comunidades– tanto como micro, al enfocarse en relaciones cotidianas entre personas de un mismo núcleo familiar o al interior de una comunidad.

La violencia también tiene múltiples actores y se presenta de varias formas. Puede ser personal o estructural, intencional o no, manifiesta o latente, física o psicológica (Galtung, 1969). Dependiendo de quién la ejerza, puede ser considerada legítima o ilegítima. Así, algunas violencias –por ejemplo, aquella ejercida por actores estatales– son vistas como aceptables, mientras que otras requieren intervenciones, correcciones y moralización. Los distintos tipos de violencia, además, se encuentran conectados, presentando un continuum (Cockburn, 2004) que va desde lo personal a lo internacional, y que atraviesa lo social, político y económico. Así como los cuidados, entonces, las violencias conectan lo micro, meso y macro social.

El programa teórico de Mecila (2017), enfocado en la interrelación y constitución mutua entre desigualdades y convivialidad nutre nuestro abordaje teórico-analítico. Así, siguiendo la propuesta de Costa (2019), la convivialidad no debe entenderse como sinónimo de convivencia pacífica, sino en un sentido estrictamente analítico: se trata de una categoría que pone el foco en el momento de interacción dentro de las relaciones sociales. El vínculo co-constitutivo –aunque en apariencia abstracto– entre convivialidad y desigualdad se vuelve tangible en contextos concretos de convivencia. Estas configuraciones pueden manifestarse tanto en microesferas sociales, como al interior de una familia o una comunidad, como en macroesferas, como una ciudad o un país, e incluso en las conexiones que existen entre estos diferentes niveles. En este sentido, la propuesta de considerar que los cuidados están presentes en contextos violentos, que actores violentos también participan en prácticas de cuidado,1 y que agentes de cuidado también ejercen violencia, refleja esta tensión entre entornos de interacciones cotidianas pero atravesadas por desigualdades violentas y violencias desiguales.

Cuidados, violencias y desigualdades

Tanto para el estudio de los cuidados como de las violencias, considerar la intersección de variables como el género, la etnicidad o “raza”, la clase social y la ciudadanía es fundamental. Mientras que estos factores son necesarios para explicar la emergencia y reproducción de diferentes formas de violencias, en el caso de los cuidados, son predictores de las posibilidades de contar con acceso a cuidados de calidad, por un lado, y de soportar una mayor carga de responsabilidades de cuidado, por otro. Estas situaciones están intrínsecamente relacionadas unas con otras, en el sentido de que los grupos que tienden a estar mayormente expuestos a violencias son, a la vez, los que mayores cargas de cuidado experimentan.

De hecho, una dimensión del complejo entrelazamiento entre cuidados y violencias que ha sido relativamente más analizada es aquella que resalta cómo, si bien las actividades de cuidados se relacionan con prácticas de sostenimiento de la vida y el afecto, también pueden devenir en una carga impuesta, desigual y basada en jerarquías sociales que producen y reproducen relaciones de desigualdad (Rodríguez Enríquez, 2015). Desigualdades que, a su vez, están mediadas por regímenes de género, clase, etnicidad, ciudadanía, edad y/o lugar de residencia que afectan de manera desproporcionada a mujeres, migrantes y personas racializadas de comunidades marginalizadas, quienes cargan con una doble o triple jornada: productiva, reproductiva y comunitaria. Así, la organización social del cuidado se convierte en un espejo de las desigualdades estructurales de la región, a la vez que las propias relaciones que emergen entre quienes cuidan y quienes reciben cuidados pueden decantar en situaciones cotidianas de maltrato, abuso y violencia vividas tanto a un nivel físico, como simbólico y emocional. En otras palabras, la violencia estructural moldea la organización social de los cuidados, lo que a su vez acaba reflejándose en cuidados ofrecidos de forma imbricada con prácticas de violencia.

Existen además otras dimensiones de la relación entre cuidados y violencias, como aquellas que vinculan prácticas violentas con un discurso de cuidados. Así, por ejemplo, durante los mandatos de aislamiento en los embates más duros de la pandemia de COVID-19, hemos visto el binomio violencia-cuidados ir de la mano –y armas– de la policía que patrullaba y controlaba el cumplimiento de las medidas de contención (Sirimarco, 2021). El caso del COVID-19 es especialmente ilustrativo desde nuestra perspectiva, porque lo que vimos en algunos contextos fueron cuidados impuestos violentamente, ya que las medidas sanitarias estuvieron, de hecho, relacionadas con el cuidado de la vida. No obstante, se trató de medidas que fueron impuestas por las manos armadas del Estado y acompañadas de castigos en caso de desobediencia. Este ejemplo refleja con claridad la discusión que este proyecto quiere poner sobre la mesa: que los cuidados, aunque muchas veces ideológicamente conectados con discursos romantizados, en la práctica pueden ir acompañados de violencia de diversos tipos.

De ahí la importancia de esta propuesta: la asociación entre violencia y retórica del cuidado debe considerarse más allá de la idea de manipular la segunda para “ocultar” la primera. Se trata de una forma de cuidados que aparece como productiva de las relaciones convivenciales violentas. El cuidado y la violencia, en asociación, trabajan para que la violencia desaparezca como tal y reaparezca como humanitarismo, uso legítimo de la fuerza, o relaciones patriarcales al interior de la familia nuclear cisheteronormativa. Estudiar esta relación es uno de los elementos esenciales para deshacer las normatividades implicadas en el estudio de la violencia que mencionamos anteriormente.

Inversamente, en el campo de estudios del cuidado, como oportunamente ha sido señalado por María Victoria Pita y Eleonor Faur (2020), control y vigilancia suponen algo distinto, pero no cuidados, ya que prácticas de este cariz no consideran la dignidad de los sujetos. El intento de disociar control, vigilancia y cuidados, a partir de nuestro planteamiento, se hace visible como una normatividad que también es posible en el ámbito de los cuidados. La defensa de la sustitución de una lógica de seguridad (o violenta) por una lógica del cuidado se enfrenta a un reto, que es el de reificar la idea de oposición, de que el cuidado y la violencia son naturalmente opuestos y de que un enfoque del cuidado significa excluir la violencia. De la lectura de los capítulos que siguen queda aún más claro que es necesario abordar empíricamente la relación entre cuidado y violencia si queremos construir soluciones que realmente cambien las lógicas de Estado, favoreciendo una lógica del cuidado más inclusiva, igualitaria y menos violenta.

Los análisis contenidos en este libro muestran que los cuidados, en efecto, pueden aparecer relacionados con prácticas de control, vigilancia y violencia. Al integrar los hallazgos empíricos sobre la relación entre cuidados y violencia y diferenciarlos de la defensa normativa de una determinada política de cuidados, surge también algo interesante para pensar esta categoría analítica. Revalorizar los cuidados en nuestras sociedades significa no sólo hacerlo en oposición a la violencia, sino valorarlos a partir de una distinción más clara entre lo que en la práctica es efectivamente cuidado, i.e., acciones que permiten sostener una vida digna para todas las partes involucradas, y lo que es reproducción de estructuras sociales de desigualdad, o violencia sistémica.

Nuestra discusión, entonces, se enfoca tanto en actores violentos y sus relaciones con prácticas de cuidado, en actores –y, hay que decirlo, principalmente actoras– proveedoras de cuidados y sus prácticas en contextos violentos, así como en violencias sufridas y perpetradas por quienes cuidan. Además, si la violencia puede asociarse a un discurso de cuidados de forma de aparecer como menos violenta, como veremos, los cuidados también emergen como estrategias para hacer frente a violencias de diverso cuño.

Los análisis presentados a continuación tienen diversos protagonistas. Entre ellos, el Estado aparece como uno principal, ya sea como actor capaz de proveer cuidados y de distribuir responsabilidades, pero también como perpetrador de violencias, principalmente dirigidas a colectivos marginalizados. Las comunidades, con sus estrategias organizativas y adaptativas, también son abordadas en muchos capítulos, mientras que otros se enfocan en grupos violentos y actores ilegales. Las que están presentes en todos los análisis, sin falta, son las mujeres. Son principalmente aquellas racializadas y de clase popular las que “ponen el cuerpo” para cuidar a pesar de las violencias, así como para exigir justicia y contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas y menos violentas.

Organización del libro

Este libro se divide en tres partes. La primera, denominada Cuidados violentos, explora lo que ocurre cuando agentes ilegales y ligados a relaciones de violencia y explotación aparecen como una opción para cubrir necesidades apremiantes. En esta línea, el texto de Raquel Rojas y Marcial Suárez propone un abordaje diferente al estudio de organizaciones criminales. Enfocándose en el Primeiro Comando da Capital (PCC), este capítulo analiza el rol de actores violentos en la reproducción de la vida en cárceles y territorios empobrecidos donde muchos de los servicios del Estado no llegan, siendo su cara punitiva la más presente. El texto llama a repensar la frontera entre cuidados y violencias, así como las zonas grises entre legitimidad e ilegalidad, a la vez de reconocer la interconexión entre dinámicas intracarcelarias y extramuros. Al hacer esto, Rojas y Suárez proponen ampliar el espectro de actores considerados en los debates sobre la arquitectura social del cuidado –tradicionalmente limitada al Estado, las familias, el mercado y la comunidad– incorporando también a agentes ilegales y visibilizando una dimensión subterránea de la organización social del cuidado que conecta recursos institucionales del PCC con prácticas cotidianas sostenidas mayoritariamente por mujeres racializadas. Desde la literatura de los cuidados el texto busca aportar a la discusión preguntándose sobre las implicaciones teórico-prácticas de incluir a actores violentos como proveedores de infraestructura y condiciones para efectivamente acceder a cuidados, proponiendo la superación de la metáfora del “diamante de los cuidados”. Desde los estudios sobre el crimen organizado, a su vez, el texto permite conectar discusiones sobre violencia y sus distintas escalas con relaciones cotidianas que hacen visibles la complejidad de negociaciones convivenciales en el territorio.

El tercer capítulo, autoría de Carolina Rezende Moraes, también analiza la negociación entre prácticas violentas y de cuidado realizada por un colectivo muchas veces abordado como vulnerable desde la literatura académica: las trabajadoras sexuales. Con foco en el Distrito Federal (Brasil), el texto resalta no sólo cómo el Estado está ausente en la prestación de cuidados a estas trabajadoras, sino que a la vez aparece en su cara represora. Aunque el trabajo sexual no se encuentre penalizado en Brasil, tampoco cuenta con protección legal, dejando a quienes lo ejercen en una posición de vulnerabilidad. En un contexto en el que los abusos de poder de parte de los policiales son corrientes, la figura ambivalente de las cafetinas (proxenetas) surge como una manera de hacer frente a esta violencia. Estas mujeres, muchas de las cuales también han sido trabajadoras sexuales, son descritas como una figura compleja, que genera a la vez rencor, odio y miedo, pero también cariño y gratitud. La cafetina cuida, defiende de policías y clientes abusivos, pero también explota y violenta. Es en esta tensión que las trabajadoras sexuales y cafetinas elaboran y transforman discursos en los que se entrelazan violencia y cuidados de manera compleja y matizada, ante un contexto de amenaza permanente a la legalidad del trabajo sexual en el espacio público.

La segunda parte del libro, Cuidados y reproducción de violencias, nos remite a las conexiones de los cuidados tanto con violencias estructurales e institucionales, como con aquellas personales y cotidianas. Violencias que son a veces perpetradas por las personas que cuidan pero que, con más frecuencia, son sufridas por ellas, independientemente de encontrarse en una relación laboral o de otorgar cuidados a la propia familia. Los capítulos contenidos aquí, además, traen discusiones sobre violencia patrimonial, simbólica y patriarcal.

El texto de Regina Stela Corrêa Vieira, Bruna Salles Carneiro y Pedro Augusto Gravatá Nicoli ofrece un análisis de casos judiciales brasileños a través de una recomposición “a contrapelo” de los procesos en cuestión, poniendo el foco en la violencia patrimonial supuestamente cometida por trabajadoras remuneradas del hogar en contextos ampliamente desiguales. El capítulo se cuestiona sobre las formas de convivialidad en contextos de gran cercanía física pero grandes distancias sociales, que ilustra de manera paradigmática la relación entre convivialidad y desigualdades. De manera creativa y contundente, con una metodología que permite echar luz sobre actos de resistencia que no caben en los autos y procesos judiciales, les autores conectan las desigualdades vividas al interior de los hogares y la relación laboral –que no siempre es reconocida como tal– con el desigual trato ante la ley que empleadas y empleadores reciben cuando denuncian violaciones a sus derechos. El texto demuestra cómo las instancias judiciales protegen a unos y violentan a otras, como cuando el principio de inviolabilidad del domicilio no se aplica para la trabajadora del hogar acusada de robo, pero sí se considera una regla inviolable cuando se trata de inspeccionar si los empleadores cumplen con sus obligaciones laborales hacia quienes trabajan en sus hogares. O cómo para los tribunales perfumes y cremas importadas cuentan más que el bienestar de una madre gestante y del feto, o la integridad a no ser filmada en un cuarto de baño, o el derecho a recibir salarios dignos e indemnizaciones justas en caso de despidos. La discusión lleva necesariamente a preguntarse: ¿somos, realmente, iguales ante las leyes?, ¿qué violencias son vistas como tales y cuáles son consideradas, simplemente, como hechos cotidianos? La respuesta de les autores es contundente: “el valor de la dignidad de las trabajadoras domésticas es inferior al valor de los objetos, ya sean joyas, perfumes, una alfombra, bragas o paños de cocina”.

Paola Bonavitta y Natalia Franco discuten el aumento de la proporción de personas de la tercera edad en nuestras sociedades y la feminización de la vejez, así como lo que esto implica en términos de cuidados. Las autoras argumentan que detrás de la imagen de una “vejez enclenque” se esconde a personas de 60, 70 y 80 años que siguen trabajando, ya sea en el mercado informal o dentro de la casa cuidando de los demás, inclusive cuando ellas mismas necesitan ser cuidadas. Este análisis revela una situación profundamente paradójica: quienes han dedicado su vida a cuidar de otros, llegan muchas veces a la vejez sin redes de apoyo y sin reconocimiento social. Las autoras subrayan cómo cuidar implica tiempo, energía y desgaste, lo que puede obstaculizar la construcción de vínculos duraderos o de una red de contención propia. En este contexto, Bonavitta y Franco vinculan las violencias que enfrentan muchas mujeres mayores –físicas, simbólicas y psicológicas– con estructuras patriarcales que históricamente han desvalorizado el trabajo de cuidados. El capítulo ofrece así una reflexión crítica sobre los efectos del cuidado en los cuerpos y trayectorias de vida, y llama a repensar cómo nuestras sociedades entienden, distribuyen y reconocen el cuidado a lo largo del ciclo vital.

Finalmente, en la tercera parte, Cuidados como resistencia ante violencias estatales, retomamos la discusión –ya presente en la primera sección– sobre el rol del Estado y sus políticas públicas como uno que oscila entre la represión y el cuidado de la vida. Discusión que además llama la atención sobre el hecho de que si bien ciertas políticas y prácticas estatales caerían discursivamente en el segundo grupo para ciertos sectores de la sociedad –por ejemplo, intervenciones para generar más “seguridad”– son, al mismo tiempo, las que resultan en represión y violencia para otros grupos. Pero quienes sufren esta violencia no la reciben pasivamente, sino que se organizan para hacerle frente, como demuestran los capítulos aquí contenidos que también resaltan el rol de las organizaciones comunitarias en cuanto actores políticos y la importancia de los cuidados como estrategias de resistencia ante sistemas violentos.

En el sexto capítulo, Juliana Farias analiza diversas formas de violencia institucional en Brasil, centrando su atención en los cruces entre género, raza y territorio. Inspirándose en la noción de “intersecciones letales” propuesta por Patricia Hill Collins (2024), Farias examina cómo el Estado reproduce violencias sistemáticas dirigidas contra ciertos cuerpos, hogares y comunidades racializadas. El texto expone cómo estas violencias, que incluyen desde la invasión de hogares y la violencia obstétrica hasta el homicidio y la violencia sexual, forman un continuo que, aunque muchas veces aparece como fragmentado o cotidiano, constituye una red estructural de violaciones. A través de ejemplos de violencia racista y obstétrica, el capítulo pone en el centro las luchas de maternidades negras y periféricas que reivindican el derecho al cuidado y la vida digna para ellas y sus hijes. Farias amplía el espectro desde el cual considerar las luchas antirracistas de las mujeres de las periferias brasileñas, mostrando cómo el genocidio de la población negra es llevado a cabo conjuntamente por estructuras represivas y asistenciales; por la violencia homicida, pero también por la violencia sexual y estructural. Esta mirada crítica permite evidenciar cómo ciertas vidas y cuerpos son sistemáticamente tratados como desechables, revelando la lógica de exclusión que guía muchas de las acciones del Estado bajo el disfraz de la seguridad, la salud o el orden público.

Desde los estudios críticos de seguridad, Izadora Xavier do Monte y Natalia Tejero Rivas analizan la emergencia y difusión del concepto de feminicidio en América Latina, subrayando cómo el Estado selecciona qué violencias son tratadas como asuntos de seguridad y cuáles son ignoradas o relegadas, especialmente aquellas marcadas por sexismo y racismo. A través del estudio de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez (México), las autoras evidencian que las respuestas estatales al feminicidio no solo han sido insuficientes, sino que a menudo han generado más daño, criminalizando y hostigando a quienes luchan por justicia. La discusión revela una tensión entre seguridad y cuidado: mientras que los enfoques centrados en la seguridad suelen proteger a ciertos grupos a costa de la exclusión o vulneración de otros (una especie de “juego de suma cero”), los enfoques desde los cuidados plantean una alternativa más incluyente. En este paradigma, el cuidado de unes no implica el abandono de otres; al contrario, se basa en relaciones interdependientes y solidarias, mostrando así un camino más prometedor para abordar las violencias.

Finalmente, el texto de Ximena Alba Villalever y Martha Cecilia Ruiz M. se enfoca en organizaciones de personas migrantes en Guadalajara (México) y Quito (Ecuador), para visibilizar el continuum de violencias y desigualdades estructurales que motivan los procesos migratorios y que también marcan profundamente las experiencias de quienes migran en las sociedades de destino. Las autoras destacan cómo, frente a múltiples barreras cotidianas, estas personas se organizan colectivamente, transformando los cuidados en una acción política. A través de prácticas diarias, aparentemente “mundanas” o invisibles para el análisis político tradicional, como el apoyo mutuo, el compartir información o el cuidado colectivo, las organizaciones migrantes logran “abrir grietas” en el tejido de las violencias estructurales, generando espacios de resistencia y transformación. El texto insiste en el potencial político de lo cotidiano, de lo afectivo y de lo comunitario, desmontando la idea de que la acción política solo ocurre en grandes gestos o escenarios institucionales. En este sentido, los cuidados aparecen no solo como una necesidad ante la precariedad, sino como una estrategia de lucha frente a contextos de exclusión persistente.

¿Por qué hablar de cuidados y violencias hoy?

Enfocándose en la preocupante violencia contra mujeres en América Latina, Rita Segato (2006) describe a los feminicidios como crímenes de poder, como una dimensión política del control y de la capacidad punitiva del orden patriarcal sobre las mujeres. Pero, dice la autora, no todos los crímenes de estas características son iguales, proponiendo una distinción entre entre feminicidios y femi-genocidios. Mientras que el primer término engloba a todos los crímenes contra las mujeres “con intención letal”, el segundo se refiere a un grupo específico de feminicidios que no pueden ser explicados por móviles personales (Segato, 2016, p. 157). Desde esta perspectiva, aunque la violencia esté dirigida hacia un mismo sujeto –las mujeres– y tenga un mismo origen –el sistema patriarcal– las motivaciones son diferentes: personales en un caso, y simbólicas en otro. A pesar de tener una base material en el cuerpo de las mujeres, los femigenocidios tienen una manifestación simbólica, ya que estos cuerpos son utilizados como vehículos de información, como un mensaje de hombres para otros hombres, en las nuevas formas de guerra. El hecho de que el ataque sea a mujeres no es coincidencia ni mucho menos un detalle trivial; al contrario, se relaciona con su rol como sostenedoras de la vida. Como dice Segato (2016, p. 162): “atacando a las mujeres se ataca ese eje de gravedad, como quien implosiona un edificio. Se destruye por ahí. La mujer tiene ese papel de puntal, las feministas lo sabemos, de mantener el mundo en pie, de reproducir el mundo”. La centralidad de las actividades que reproducen la vida –y la importancia de quienes se encargan de estas tareas– hace de las mujeres, en esta perspectiva, un objetivo de la violencia.

Traer al centro del debate las tensiones entre violencias y cuidados, entonces, se vuelve indispensable ante las transformaciones y persistencias sociales, políticas y económicas que atraviesa hoy América Latina. En una región marcada por profundas desigualdades, por un lado, gana terreno la discusión sobre el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano universal –como han planteado autoras como Pautassi (2007, 2023)– lo cual empieza a permear tanto las agendas políticas como los discursos gubernamentales. Sin embargo, al mismo tiempo, frente a los persistentes y elevados índices de violencia, reaparecen con fuerza discursos punitivistas, que abogan por el endurecimiento de penas, la reducción de la edad de imputabilidad penal y el fortalecimiento del sistema carcelario.

Los conflictos territoriales, la falta de oportunidades y la marginalización sistemática de amplios sectores sociales alimentan ciclos de violencia que se reproducen en la relación entre grupos criminales y respuestas estatales cada vez más militarizadas. Este enfoque de la seguridad pública basada en la fuerza no solo no resuelve las causas estructurales de la violencia, sino que además genera nuevas tensiones sociales y violaciones a los derechos humanos, aumentando, necesariamente, la presión sobre las organización social del cuidado y las estructuras que la sostienen. Frente a este panorama, resulta urgente adoptar una perspectiva que amplíe el debate, reconociendo la relación profunda entre violencias y cuidados. Comprender cómo estos fenómenos están entrelazados permite situarlos en contextos más amplios, que incluyan las condiciones materiales de vida, las desigualdades históricas y las formas de organización social. Solo al entender estas conexiones, podremos imaginar y construir salidas colectivas que nos acerquen a una sociedad más justa, incluyente y sustentada en el cuidado mutuo, en lugar de en la exclusión y el castigo.

Bibliografía

Carrasco, Cristina (2001). La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? Mientras Tanto, (82), 43-70.

Cockburn, Cynthia (2004). The continuum of violence. A Gender Perspective on War and Peace. En Wenona Giles y Jennifer Hyndman (eds.), Sites of Violence: Gender and Conflict Zones (pp. 24-44). Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Collins, Patricia Hill (2024). Intersecções letais: raça, gênero e violência. São Paulo: Boitempo.

Costa, Sérgio (2019). The Neglected Nexus between Conviviality and Inequality. Novos Estudos Cebrap, 38(1), 15-32.

Galtung, Johan (1969). Violence, peace and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.

Mecila (2017). Conviviality in Unequal Societies: Perspectives from Latin America – Thematic Scope and Preliminary Research Programme. Mecila Working Paper Series, 1. São Paulo: Mecila.

Pautassi, Laura (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Serie Mujer y Desarrollo, (87). CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/5809-cuidado-como-cuestion-social-un-enfoque-derechos

Pautassi, Laura (2023). De la polisemia a la norma: el derecho humano al cuidado. Buenos Aires: Fundación Medifé Edita.

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.

Pita, María Victoria y Faur, Eleonor (2020). Lógica policial o ética del cuidado. Revista Anfibia.

Rodríguez Enríquez, Corina (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, (25), 30-44.

Segato, Rita Laura (2006). ¿Qué es un feminicidio? Notas para un debate emergente. Revista Mora, (12), 21-32.

Segato, Rita Laura (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficante de Sueños.

Sirimarco, Mariana (2021). Entre el cuidado y la violencia. Fuerzas de seguridad argentinas en pandemia y aislamiento. Revista de Estudios Sociales, (78), 93-109.

Tronto, Joan y Fisher, Berenice (1990). Towards a feminist theory of caring. En Emily K. Abel y Margaret K. Nelson (eds.), Circles of care: Work and identity in women’s lives (pp. 36-54). Albany: State University of New York Press.

1 La literatura sobre los cuidados señala que, aunque hay circunstancias o momentos en el ciclo vital en los que la necesidad de cuidados es mayor, todos los miembros de la sociedad requieren cuidados, incluso cuando se encuentran en la plenitud de su vida productiva. Esto quiere decir que nadie está completamente al margen de las relaciones de cuidado.

Parte I

Cuidados violentos

Los circuitos subterráneos del cuidado

El rol del crimen organizado

Raquel Rojas y Marcial Garcia Suarez

Introducción

Los cuidados hacen posible sostener la vida, nuestras sociedades y el mundo tal como lo conocemos. Todas las personas necesitamos cuidado, aunque en algunas circunstancias y momentos del ciclo vital más que en otros. Si bien la necesidad de cuidados es universal, los modelos de provisión varían ampliamente según el contexto.

El análisis de la provisión de cuidados cuenta con una sólida tradición, que ha desarrollado diversas tipologías para clasificar y comparar los arreglos institucionales asociados al bienestar social. A partir de la influyente propuesta de Gøsta Esping-Andersen (1990) –y considerando las críticas que ha suscitado por su omisión del rol de las mujeres y sus aportes desde el ámbito doméstico– han surgido nuevos enfoques teóricos. Entre ellos se destaca la idea de regímenes de cuidado, que exploran las formas y los espacios en que se organiza la provisión de cuidados en la sociedad, y la metáfora del diamante del cuidado, que identifica cuatro actores fundamentales en dicha provisión: el Estado, el mercado, la familia y la comunidad. Esta propuesta ha sido particularmente influyente, y se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas para representar la distribución y organización del cuidado en distintos contextos sociales.

Las discusiones latinoamericanas sobre los cuidados han reinterpretado los conceptos y abordajes desarrollados en otras sociedades a la luz de las características de la región. Como afirman Cristina Vega y Encarnación Gutiérrez Rodríguez (2014, p. 13), acercarse al concepto de cuidados desde el contexto latinoamericano, condicionado por la preponderancia de la economía informal y marcado por una gran heterogeneidad, resalta aspectos distintos de los priorizados en otras latitudes. En esta línea, nuevos conceptos y focos de interés han surgido en la región. Entre ellos, la dimensión comunitaria de los cuidados –el vértice menos explorado del diamante– ha adquirido una gran relevancia. Y si bien esto ha ayudado a calibrar el peso de los actores a la luz de las dinámicas de las sociedades latinoamericanas, la propia idea del diamante y sus cuatro pilares mencionados no ha sido cuestionada.

Este texto busca contribuir a esta discusión, llamando la atención sobre la necesidad de incluir en el análisis a otros actores que, aunque menos visibles, son centrales en las periferias de muchas ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, y aunque de manera marginal, algunos estudios mencionan a agentes como iglesias, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o grupos filantrópicos, sobre todo cuando analizan el apoyo y los recursos recibidos por centros de cuidado comunitario para poder llevar a cabo sus actividades. Nuestro análisis presenta un enfoque diferente, y recae en un actor que podría parecer contraintuitivo en un inicio: el Primeiro Comando da Capital (PCC), un grupo del crimen organizado. Para ello, examinamos las prácticas del PCC orientadas a proteger la vida de sus miembros y de las familias de estos frente a contextos con grandes carencias en la provisión de servicios básicos, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

Aunque existen reportes que documentan los servicios y programas de asistencia social ofrecidos por actores violentos como el PCC, la propuesta de este trabajo es analizar estas dinámicas desde una perspectiva teórica centrada en los cuidados. Este enfoque permite abordar la problemática desde un ángulo distinto, destacando cómo, en contextos donde las instituciones tradicionales encargadas de proveer cuidados no logran satisfacer las necesidades de la población, otros actores –en muchos casos, criminales– emergen para ocupar ese vacío. Argumentamos que observar el tipo de vínculo que se establece en estas situaciones no solo amplía nuestra comprensión sobre la arquitectura de la provisión de cuidados, sino que también permite visibilizar con mayor nitidez la tensión inherente entre cuidados y violencias. Otro aspecto clave que este enfoque permite analizar es la relación entre las dinámicas macro y micro, es decir, el vínculo entre la provisión de infraestructura y recursos para el cuidado, por un lado, y las prácticas cotidianas e interpersonales que transforman esos recursos en actos concretos de cuidado entre personas. Como veremos, el PCC desempeña un papel central en esta provisión; sin embargo, también son fundamentales las mujeres que actúan como nexo entre la organización y sus miembros, aunque su contribución no siempre sea visibilizada.

Resulta crucial subrayar que no buscamos idealizar la conducta de los actores criminales, ni eximirlos de responsabilidad en la violencia ejercida tanto en las cárceles como en las comunidades bajo su control. Por el contrario, nuestro objetivo es llamar la atención sobre los riesgos de instrumentalización del cuidado en contextos donde éste se convierte en objeto de negociación dentro de relaciones marcadas por la coacción, la lealtad forzada y la pertenencia al mundo del crimen.

Este texto se organiza en seis secciones. Tras esta introducción, la siguiente sección profundiza en el concepto de cuidados y en las formas en que estos han sido abordados en la literatura latinoamericana, destacando la metáfora del diamante del cuidado y los distintos circuitos que operan en su provisión. La tercera sección se centra en las discusiones sobre el crimen organizado en América Latina, examinando las relaciones y tensiones entre actores violentos, el Estado y las poblaciones que habitan en territorios bajo control de grupos criminales. En la cuarta sección, presentamos al actor principal de este estudio: el Primeiro Comando da Capital (PCC). Analizamos su estructura organizativa, sus objetivos, y las nociones de ayuda y apoyo que han acompañado a la organización desde sus orígenes. La quinta sección expone ejemplos concretos de las acciones del PCC orientadas a preservar la vida de los reclusos y sus familiares, el rol de las mujeres en asegurar que los flujos de cuidado circulen efectivamente entre la organización y sus miembros, así como la recepción que estas prácticas tienen por parte de las comunidades locales. La sección seis presenta las reflexiones finales, poniendo en diálogo los hallazgos empíricos con el marco teórico sobre los cuidados y proponiendo que agentes del crimen organizado pueden ser comprendidos como un actor más en la arquitectura de provisión de cuidados.

Los cuidados, tendiendo puentes entre diamantes y circuitos

Los cuidados, necesarios para reproducir y sostener la vida, engloban relaciones a diferentes niveles –macro, meso y micro– que dan lugar a varias formas sociales. Esto ha dado pie a diferentes vertientes de literatura. Por un lado, los análisis sobre cómo las sociedades cuidan se enfocan en instituciones y actores que operan a nivel macro, ya sea proveyendo infraestructura, distribuyendo o asumiendo responsabilidades y/o garantizando derechos. Por otro, a nivel micro, la literatura de los cuidados se ha enfocado en relaciones interpersonales, por ejemplo, al interior de los hogares, explorando la experiencia cotidiana de quienes cuidan y quienes reciben cuidado, la cual se encuentra atravesada por desigualdades basadas en regímenes de género, clase y raza/etnicidad, entre otras. En este sentido, vemos que los cuidados emergen como un concepto-bisagra que, lejos de implicar una separación dicotómica entre estructura social y relaciones interpersonales cotidianas, integra ambas dimensiones (Rojas, 2022).

La literatura sobre instituciones y cuidados, es decir, la mirada macro, siguiendo la tradición europea que analiza y clasifica diferentes tipos de regímenes de bienestar (Esping-Andersen, 1990), ha introducido el concepto de regímenes de cuidado para describir los arreglos institucionales y espaciales para la provisión y distribución de cuidados (Kofman y Raghuram, 2009). Complementando la idea de regímenes, la metáfora del diamante de los cuidados –que obtiene su forma por las cuatro instituciones que lo conforman y se ubican en los vértices: el Estado, el mercado, las familias y la comunidad– ilustra la arquitectura de provisión de cuidados en una determinada sociedad (Razavi, 2007).

Los debates latinoamericanos, en diálogo con estas propuestas, han preferido el concepto de organización social del cuidado, con la intención de remover la idea de rigidez que la noción de régimen connota. A decir de Eleonor Faur (2011), en contextos altamente desiguales como los latinoamericanos no es posible identificar un régimen de cuidado aplicable a toda la sociedad. Al contrario, una mirada atenta descubrirá “múltiples diamantes” que emergen debido a un acceso diferenciado a servicios según la posición que las personas ocupan en la estructura social. Tomando como ejemplo el cuidado infantil en Argentina, Faur señala la existencia de una compleja mezcla de modelos de cuidado que combinan una miríada de políticas sociales fragmentadas: mientras que parte de la provisión estatal es universal, otras prestaciones están sujetas a la comprobación de recursos y dirigidas sólo a la población de bajos ingresos; al mismo tiempo otros servicios dependen de la participación en el mercado laboral formal; y el resto son opciones privatizadas, mediadas por el mercado, a las que acceden solamente quienes pueden pagar por ellas. No es sorprendente, entonces, que los resultados sean muy heterogéneos. Es precisamente esta heterogeneidad la que el concepto de organización social del cuidado intenta resaltar.

A nivel de relaciones interpersonales, los estudios sobre cuidados han dejado claro que la mayoría de quienes se dedican a estas actividades son mujeres, y que al interior de esta categoría hay grandes diferencias según clase social, pertenencia étnica o ciudadanía (Anderson, 2000; Gutiérrez Rodríguez, 2010; Hochshild, 2000; Hondagneu-Sotelo, 2001; Lan, 2006; Valenzuela, Scuro y Vaca Trigo, 2020). La regla casi universal puede resumirse en que, a menor poder, mayor carga de responsabilidades y menor acceso a opciones para cubrir las propias necesidades de cuidado. En otras palabras, las responsabilidades de cuidado, a nivel interpersonal, tienden a ser transferidas a quienes detentan menos poder en la sociedad (Tronto, 2013; 2015).

Al cuidar emergen relaciones sociales particulares. Actividades como hacer dormir a un bebé, alimentar a alguien mayor, administrar medicamentos a una persona enferma o cocinar para una familia pueden realizarse por salario o de forma gratuita, dentro del hogar o en una institución pública o privada, y siguiendo reglas preestablecidas o de manera más bien informal. Aunque la tarea en sí cambie poco, los significados atribuidos al trabajo realizado varían según los arreglos concretos. Es precisamente esta pluralidad en las formas y relaciones sociales al interior del trabajo de cuidados lo que Nadya Araujo Guimarães (2020; 2021) describe con la idea de circuitos de cuidado.

Con foco empírico en el caso brasileño, Guimarães identifica, al nivel de las relaciones interpersonales, tres circuitos de cuidados: 1) el trabajo de cuidados no remunerado, realizado al interior de los hogares y para el beneficio de la familia, en el cual los cuidados son entendidos como una obligación y justificados a través de un discurso donde el amor y la responsabilidad familiar aparecen como ideas centrales; 2) los cuidados remunerados, que califican a las actividades de cuidado como una profesión (aunque al interior de este circuito existan diferentes niveles de reconocimiento del trabajo en tanto profesión –por ejemplo, enfermeras cuentan con mayor prestigio que trabajadoras del hogar– la característica principal de este circuito es la retribución monetaria de quienes realizan el trabajo); y 3) los cuidados en tanto ayuda, una forma común en sociedades altamente desiguales y en sectores en donde, por un lado, el acceso a servicios públicos se encuentra muy reducido y, por otro, optar por cuidados privados no es una opción viable debido a los costos que esto significa. Al interior de comunidades marginalizadas, entonces, algunas personas atienden a otras, sin reconocer que estas actividades constituyen trabajo ni cuidado. Estas ayudas raramente son realizadas esperando una remuneración monetaria, y en los casos en los que hay una retribución de este tipo, esta suele ser informal e inestable (Guimarães, 2020; 2021).

Según Guimarães los tres circuitos identificados –los cuidados como obligación, como profesión y como ayuda– aunque engloban las mismas actividades, se diferencian en los actores que consideran aptos para realizar las tareas, los significados atribuidos al trabajo, el tipo de relación social que emerge (comercial o no), y la forma de retribución (monetizada o no). La noción de circuitos, prestada de las ciencias económicas y en particular del trabajo de Viviana Zelizer (2006) y sus circuitos comerciales, explica el foco en los cuidados en tanto trabajo.

Aunque la noción de cuidados considera al trabajo como parte central del concepto, amplía la definición para incluir también a la persona que recibe cuidados, sus necesidades, experiencias y derechos. El concepto de cuidados pone entonces de relieve el componente relacional e interpersonal de la actividad: alguien que presta cuidados y los recibe otra persona.2 Además, esta perspectiva resalta que, aunque hay circunstancias o momentos en los que la necesidad de cuidados es mayor –niñez, envejecimiento, discapacidad, enfermedad mental o crónica, y periodos de enfermedad aguda–, todos los miembros de la sociedad requieren cuidados incluso en la plenitud de su vida productiva. Nadie está al margen de las relaciones de cuidado. En este orden de ideas, de acuerdo con Valeria Esquivel, los cuidados amplían el análisis al centrarse no sólo en los costos de estas actividades para quienes lo proporcionan –la mayoría de las veces, mujeres– destacando las contribuciones al bienestar de quienes reciben cuidado (Esquivel, 2011, p. 10).

La perspectiva de los cuidados, entonces, abre a consideración el otro polo de la ecuación: no solo las necesidades y los derechos de quienes proveen cuidados, sino también de las personas que lo reciben y la sociedad que se beneficia con ellos. Un estudio sobre circuitos de cuidados, desde este abordaje, debe necesariamente incluir también un análisis de las relaciones que emergen entre quienes cuidan y quienes reciben cuidados. Es decir, además de preguntarnos sobre las motivaciones de quienes proveen cuidados, nos interesa también tener en cuenta el tipo de vínculo que emerge y su fortaleza desde la perspectiva de quienes se benefician de este trabajo.

Siguiendo la idea de que los cuidados pueden entenderse como un concepto-bisagra –es decir, como una categoría que articula tanto dimensiones estructurales como relaciones interpersonales–, proponemos que resulta productivo combinar la metáfora del diamante de los cuidados, que aborda la provisión institucional del cuidado, con la formulación de los circuitos de cuidado, centrada en las motivaciones y vínculos que se tejen a través de prácticas cotidianas. Desde esta perspectiva, entonces, buscamos resaltar que los circuitos identificados por Guimarães, basados en relaciones interpersonales, no operan en un vacío social, sino que se apoyan en actores institucionales –tradicionalmente representados en el diamante– que ponen en marcha y sostienen dichos circuitos mediante normas, convenciones, infraestructura y recursos.

Este texto se centra en un actor que, a primera vista, puede parecer contraintuitivo en los debates sobre cuidados: el Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización criminal surgida a comienzos de la década de 1990 en las cárceles de San Pablo, Brasil. A través del análisis de las relaciones entre violencias y cuidados, proponemos una ampliación tanto de la metáfora del diamante del cuidado como de la noción de circuitos de cuidado, en línea con lo propuesto por Guimarães. Sostenemos que, en contextos donde los actores tradicionales de la arquitectura del cuidado tienen una presencia limitada o debilitada, pueden emerger agentes violentos que operan como un motor que pone en marcha y sostiene circuitos subterráneos de cuidado. Estos actores no solo suplen funciones básicas, sino que también generan vínculos de pertenencia que refuerzan su legitimidad territorial, al tiempo que ejercen un poder coercitivo sobre las poblaciones bajo su influencia y reproducen relaciones de desigualdad.

Crimen organizado, Estado y población civil en la literatura latinoamericana

Las relaciones entre el crimen organizado y las poblaciones que residen en sus territorios de influencia han sido abordadas por la literatura a través de encuadres como control territorial, dominación y orden. A partir de conceptos como gobernanza criminal (Arias, 2006; Sampó, 2021), gobernanza híbrida (Pimienta, Suárez y Ferreira, 2021; Cabrera-Nossa, Suárez y Pimienta, 2024), o clúster de orden (Dewey, Míguez y Saín, 2017), diferentes autores han descrito la manera en que actores violentos no estatales como narcotraficantes, milicias u otras organizaciones ilegales producen reglas, autoridades y formas alternativas de dominación, valiéndose del poder estatal y del reconocimiento o apoyo otorgado por las poblaciones locales. Es decir, lejos de profundizar la idea de un Estado ausente, esta literatura hace hincapié en la presencia de diferentes fuentes de autoridad en el mismo espacio, donde violencia, reglas y conducta moral son manejadas tanto por actores legales como ilegales (Pimienta, Suárez y Ferreira, 2021, p. 7).

Si bien la sinergia o al menos complementariedad entre actores estatales y aquellos involucrados en prácticas ilegales es central para estos abordajes, la relación establecida con la población en el territorio también es clave. Grupos criminales buscan activamente la cooperación de las comunidades locales, por ejemplo, a modo de pactos de silencio que permiten evitar arrestos o a través de ayuda para esconderse de la policía en casos de intervención de la misma (Arias, 2006). Este apoyo de la comunidad es logrado no sólo a través de violencia u acciones coercitivas –por ejemplo, presencia de miembros del grupo criminal portando armas públicamente, o castigos a quienes infringen reglas– sino también ofreciendo el suministro de servicios y asistencia social, creando relaciones con la sociedad civil que pueden convertirse en capital político (Dewey, Míguez y Saín, 2017).

La creación de vínculos entre grupos violentos y poblaciones marginalizadas a través del ofrecimiento de asistencia social básica dista mucho de ser un fenómeno nuevo. No obstante, la pandemia por COVID-19 emerge como un momento relevante para su análisis, debido a la intensificación de estas prácticas en contextos de emergencia social y ante el sentimiento de abandono del Estado experimentado por ciertos grupos poblacionales. En esta línea, Marcos Alan Ferreira (2022) señala que durante la crisis sanitaria las organizaciones criminales reforzaron su presencia en la vida de las sociedades latinoamericanas, especialmente a través de la adopción de medidas de restricción a la movilidad para evitar la propagación del virus. Esto fue particularmente visible en países donde los mandatarios mostraron mayor reticencia a reconocer la gravedad de la situación y donde menores limitaciones a la movilidad fueron impuestas por el Estado, como fue el caso de Brasil bajo Jair Bolsonaro y México con Manuel López Obrador.

Enfocándose en el caso mexicano, Laura Atuesta Becerra y Samantha Pérez Dávila (2021) analizan la importancia de la asistencia alimentaria y de emergencia ofrecida por grupos criminales en este contexto. A partir de un análisis de noticias periodísticas, detallan múltiples instancias de entrega de víveres y dinero a las poblaciones locales, a veces dirigidas a grupos específicos –personas de la tercera edad o niños y niñas– además de mobiliario escolar, equipos informáticos, útiles escolares y uniformes, así como obras de mejoramiento de infraestructura escolar e inclusive la construcción de un hospital privado, todo financiado por grupos narcotraficantes. Principalmente en los dos últimos ejemplos, que implican la financiación de infraestructura básica, se puede observar que el rol que el crimen organizado asume en algunas localidades va más allá de una ayuda efímera, organizando el acceso a derechos básicos como salud y educación.

Nuestra propuesta en estas páginas es analizar el fenómeno recién descrito, abordado en la literatura sobre crimen organizado en el marco de asistencia social, desde la perspectiva de los cuidados. Es decir, proponemos considerar las prácticas aquí descritas y que permiten acceso a alimentación, seguridad, educación y salud como pieza central de la organización social de los cuidados de las poblaciones marginalizadas en territorios de influencia de grupos criminales.

Argumentamos que realizar este cambio de enfoque nos permite entender que, cuando las instituciones identificadas tradicionalmente como responsables de la provisión de cuidados en la sociedad –el Estado, las familias, el mercado y la comunidad– no satisfacen las necesidades de las personas, otros actores surgen para llenar esas brechas. Atender estas relaciones y reconocer la participación de actores ilegales nos permite no solo ampliar nuestra comprensión de la arquitectura de provisión de cuidados, sino también entender cómo las relaciones de explotación pueden construirse bajo el ropaje de cuidados.

Analizar la participación de actores criminales en la provisión de cuidado no significa exonerarlos de su responsabilidad en la violencia perpetrada sobre poblaciones en sus territorios de influencia. Muy por el contrario, somos conscientes de que el control de la comunidad en estos casos es, en palabras de Luke Dowdney (2003), “de naturaleza tiránica”, por lo que la relación entre actores del crimen organizado y población local debe ser entendida en términos de “reciprocidad forzada” (Dowdney, 2003, p. 54). Esto significa que el acceso a cuidados en estos casos se aleja del reclamo feminista de considerar el cuidado como un derecho (Pautassi, 2007, 2023), emergiendo en cambio una perspectiva de intercambio de favores y obligaciones morales de alto riesgo donde, cuando los arreglos se rompen, la violencia es utilizada sin miramientos para castigar.

La propuesta de considerar estos circuitos subterráneos del cuidado, entonces, es justamente no dejar afuera a actores incómodos en la provisión de cuidados que, nos guste o no, están cubriendo necesidades apremiantes, a la vez que crean relaciones sociales de alto riesgo.

El Primeiro Comando da Capital:
origen, organización y objetivos

La historia de violencia y violaciones de todo tipo en el sistema penitenciario brasileño es conocida. Aquí queremos detenernos en su relación con los orígenes del Primeiro Comando da Capital (PCC), señalando que la propia lógica de encerramiento masivo amplifica el alcance de los grupos criminales. Aunque esta observación no se limite al contexto brasileño, el caso del PCC es ejemplar. En esta línea, existe un extenso corpus de investigación que estudia el ambiente penitenciario como un espacio que permite la reproducción de grupos criminales y, al mismo tiempo, crea las condiciones a través de las cuales establecen relaciones de legitimidad, comunidad y protección (Lessing, 2014, 2017; Salla, 2006; Skarbek, 2011; Snyder y Duran-Martinez, 2009).

La evolución del sistema penitenciario, analizada por Fernando Salla (2006, 2007), brinda una mirada retrospectiva necesaria para comprender la lógica interna que permitió estructurar esta organización. Según este autor, a finales de 1976 el estado de San Pablo tenía una población de 17.192 presos, la cual para 1986 había crecido en 40 por ciento (Salla, 2007). La superpoblación en las penitenciarías y la ausencia de políticas públicas para atender las necesidades de los reclusos creó un sistema perverso, en el que la violación de los derechos humanos estaba lejos de ser una excepción, obligando a las personas privadas de libertad a sobrevivir el encierro en condiciones absolutamente precarias.

En este contexto, la masacre de la prisión de Carandirú marcó un punto de inflexión. En octubre de 1992, buscando contener un motín que se alzó en los pabellones de Casa de Detención de San Pablo, la policía militar intervino de manera violenta, dejando un saldo de 111 presos asesinados (Salla, 2007, p. 78). Aquí es importante señalar que esto ocurrió a pesar de que Brasil era signatario de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (28/09/89), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (20/07/89) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (16/01/92).

El surgimiento del PCC, en agosto de 1993, debe ser leído como una reacción a este hecho. La mejora de las condiciones en las cárceles aparece como una de sus principales reivindicaciones, justificando su postura precisamente en el episodio de la masacre de Carandirú, ocurrida el año anterior a su fundación. El discurso de protección de la vida de los presos en un ambiente de extrema violencia estuvo presente desde la génesis de la organización y, como veremos, es la forma en que este actor crea lazos de comunidad y legitimidad, tanto dentro de la cárcel como más allá de sus muros. De hecho, en el artículo cuarto del estatuto del PCC de 1997, se establece “la contribución de los que están en libertad a sus hermanos dentro de la prisión, a través de abogados, dinero, ayuda a los familiares y acción de rescate” (Rizzi, sf). Vemos entonces que la conexión prisión-extramuros es la base sobre la cual descansa la estructura del PCC.

Aunque sin una estructura vertical y rígida al nivel local –como en el caso de otros actores del crimen organizado (InSight Crime y Center for Latin American & Latino Studies [CLALS], 2020)– el PCC tiene una gran repercusión en el territorio. Se organiza a través de las llamadas sintonias, células o comités que trabajan en diferentes temas en las cárceles y fuera de ellas, en las ciudades brasileñas. Este ha sido el modelo de gestión de la facción desde los diversos cambios internos que se produjeron tras la mega rebelión de 20063 (Manso y Dias, 2018, p. 14). Así, según la descripción provista por InSight Crime y CLALS (2020, p. 17), el PCC se encuentra estructurado en cuatro principios organizadores o divisiones: liderazgo, necesidades de los reclusos, administración y economía criminal. Cada uno de estos, a su vez, vuelve a dividirse en sintonías particulares. Si nos enfocamos en el principio que considera las necesidades de los reclusos, vemos que este cuenta con cuatro sintonías que proveen diferentes servicios: abogados y defensa legal para los miembros de la organización recluidos, servicios de transporte para que familiares de los presos puedan visitarlos, ayuda mutua para los reclusos, y asistencia a familiares de presos con gastos cotidianos.

La financiación de estos servicios es posible gracias a la estructura organizativa del PCC que, en la división administrativa, cuenta con una sintonía llamada cebolla. Esta sintonía recauda fondos través de cuotas mensuales que, como se encuentra establecido en el estatuto del PCC, cada “hermano” que no se encuentra privado de libertad debe pagar a las arcas de la organización. Se estima que en 2023 el importe era de aproximadamente 1.600 reales (Camilo, 2023). Esta cuota permite cubrir los honorarios de los abogados que atienden los casos de quienes están recluidos, haciendo además posible la reproducción cotidiana de la vida de los presos, a través de fondos para compra de kits de higiene y alimentación para llevar a la prisión –los llamados jumbos4– que son gestionados y entregados por las mujeres de los presos, las cunhadas (cuñadas, es decir, las parejas de los hermanos). Muchas de estas mujeres tienen que desplazarse por largas horas para llegar hasta las cárceles, y el PCC provee los ómnibus para su transporte e, inclusive, casas de apoyo para que quienes viven en localidades distantes tengan un lugar donde pasar la noche cuando van a visitar a los presos (Adorno, Costa y Konchinski, 2019). Además, parte de los fondos recaudados son utilizados para cubrir las necesidades básicas de la familia de los reclusos.

Estas dinámicas brindan elementos para comprender las líneas generales que promovieron el “partido” entre los internos como un actor que podía ofrecer seguridad y cobertura de sus necesidades inmediatas. La importancia de estas ayudas queda en evidencia al analizar el perfil social, económico y racial de los reclusos en el sistema penitenciario. Esto nos permite vislumbrar las vulnerabilidades de estas comunidades carcelarias y no carcelarias ya que, para entender la institución penal, no basta solo con mirar el espacio al interior de los muros, sino también todo el universo que está más allá de ellos. Asimismo, es importante traer al análisis a quienes hacen de puente entre los presos y el PCC, permitiendo que los flujos de cuidado circulen efectivamente entre la organización y sus miembros.

Según el Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024), el estado de San Pablo tiene 197.865 personas privadas de libertad, y de éstas, más del 95 por ciento son hombres. La sobrerrepresentación de los reclusos se refleja además en otros factores que crean una situación de mayor fragilidad: casi el 70 por ciento son negros y jóvenes. Con ello, estamos frente a una población de aproximadamente 130 mil personas privadas de libertad en el estado de San Pablo quienes, aunque recluidas y bajo la tutela del Estado, se encuentran abandonadas por este, en tanto la satisfacción de sus necesidades básicas dentro de las cárceles es vista como responsabilidad individual de cada recluso, que debe gestionar cómo cubrirlas de manera privada, con el apoyo de su familia. De hecho, reportes sobre presidios brasileños señalan que los presos se encuentran en condición de hacinamiento, con precarios niveles de higiene y con grandes déficits de alimentación, en un ambiente donde las tasas de infección por VIH y tuberculosis son varias veces superiores a las de la población general (InSight Crime y CLALS 2020, p. 27). Ante este panorama, el PCC emerge como solución, ofreciendo protección y cobertura de las necesidades básicas de sus miembros en el sistema carcelario, ante un Estado que no brinda las mínimas condiciones de supervivencia a los reclusos.

Pero la actuación del PCC trasciende los límites del sistema penitenciario. Por un lado, la protección que ofrece no se restringe al ámbito intramuros: son, en efecto, personas con perfiles demográficos similares –hombres jóvenes, negros, provenientes de las favelas– quienes, fuera de las cárceles, se ven más intensamente afectados por la violencia estatal, en particular la policial, y encuentran en la pertenencia al PCC una estrategia posible de supervivencia. Como señala un informe sobre la expansión del poder del PCC en las últimas décadas:

en un entorno tan brutal, la idea de solidaridad y autoprotección frente a un Estado abusivo es muy poderosa, lo que permite a sus miembros comprometerse con una vida delictiva y afirmar que siguen un camino ético en el que los delincuentes se defienden y respetan mutuamente en pos de un objetivo común (InSight Crime y CLALS, 2020, p. 26, traducción propia).

Además, a través del apoyo para los presos y a la población que reside en sus territorios de influencia, el PCC contribuye a la reproducción social de la vida tanto dentro como fuera de la prisión. Este accionar posibilita el mantenimiento de vínculos de solidaridad y cohesión comunitaria, que de otro modo podrían quebrarse ante la limitada presencia del Estado y la fragmentación del tejido social. Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias (2017) señalan que esto, justamente, ha permitido el establecimiento de una conexión entre la prisión y el mundo del crimen de una manera articulada que no se había visto antes. Lo que muchas veces queda oculto en este análisis, y que queremos resaltar en la siguiente sección, es como este mecanismo es posible solo gracias al trabajo de las cunhadas, mujeres negras de las periferias, que son quienes operan como nodos clave en la provisión de cuidados a través de este circuito subterráneo.

Cuidados y violencias en el continuum cárcel-extramuros

Dentro de la cárcel

El PCC, como hemos visto, se funda con el objetivo de proveer seguridad en un entorno en el que la violencia reinaba de forma absoluta e indiscriminada dentro de las cárceles. Pero esto no quiere decir que su actuar esté libre de violencia; por el contrario, se trata de una lógica y una estructura que, en cierta medida, puede entenderse como una economía de la violencia (Wolin, 1960).

Los ejemplos de cómo el PCC va adquiriendo legitimidad dentro de sus muros son variados, pero uno de los más emblemáticos es el relato sobre el asesinato del hijo de un policía en 2006, en cuyo caso entra en juego otra sintonía conocida como disciplina. Según un artículo publicado en El País (Gortázar y Alessi, 2020), miembros del PCC visitaron la casa del joven asesinado, demandando hablar con el padre. Una vez con él, entregaron el siguiente mensaje: “Sabemos que usted es policía, pero hemos venido a preguntarle cómo quiere que matemos a los tipos [que mataron a su hijo]. ¿Puede decirme cómo?”.5

Este ejemplo ilustra lo que podría denominarse un sistema de justicia paralela, en el cual no opera un sistema legal formal, sino un orden que, en cierto sentido, garantiza la reparación a través de la venganza y la violencia. Para Gabriel Feltran (2018) existe una correlación no solo entre la expansión y consolidación del PCC y la regulación del mercado ilegal, sino también con la preservación de la vida de los “hermanos” dentro del sistema penitenciario. En este contexto, no hay violencia que no pase por un rito específico de la organización: si se comete un acto violento sin el consentimiento de la facción, el perpetrador será juzgado por no haber respetado las normas internas establecidas.

La sintonía encargada de la disciplina crea las condiciones para proteger a los “hermanos”, regulando la violencia dentro de los muros de la institución penal y organizando, al mismo tiempo, la vida cotidiana en prisión. Así, según Steven Dudley (2020), desde sus inicios el PCC se ha considerado a sí mismo no solo como una organización criminal, sino también –y en igual medida– como una organización social y política. En este marco, una vez consolidado su control sobre las cárceles, la facción no solo comenzó a designar a los líderes de los bloques de celdas, sino también a organizar aspectos fundamentales de la vida carcelaria, como la asignación de lugares para dormir o la distribución de tareas diarias, como la limpieza de celdas, a través de estos mismos líderes. Además, el PCC actúa como mediador en disputas entre reclusos y ha impuesto regulaciones internas, como la prohibición del consumo de drogas –particularmente de crack– en las prisiones bajo su control.

La regulación de la violencia al interior de las cárceles puede leerse también como una forma de asegurar el mantenimiento de la vida de los reclusos y, en cuanto tal, como una forma de cuidado que, lejos de crear espacios libres de violencia, convive con ella y, aún más, la utiliza como forma de control.

Entre la cárcel y el exterior

Para poder sobrevivir en las cárceles, además, los reclusos necesitan acceder a alimentos, productos de limpieza, vestimenta, y otros enseres de uso cotidiano que no son provistos por el sistema carcelario. Y si bien el PCC ayuda en este sentido, proveyendo fondos para su compra, estos no llegarían hasta las manos de sus miembros sin el trabajo de las cunhadas, las parejas de los presos que manejan el dinero, compran los productos necesarios, cocinan para los reclusos, preparan el jumbo, y emprenden el viaje para visitar a sus compañeros. De hecho, según datos de 2015, el 77 por ciento de la población visitante a prisiones en Brasil son mujeres, mientras que el 23 por ciento restante está compuesto por hombres y menores de ambos sexos (CLADEM, 2015, citado en Xavier do Monte, 2023, p. 174).

En su etnografía titulada Mulher Fiel. As Famílias das mulheres dos presos relacionados ao Primeiro Comando da Capital, Jaqueline Ferraz da Lima (2014) describe la importancia de las visitas de las cunhadas a las prisiones, demostrando, en palabras de Karina Biondi (2014) como “la relación mujer-preso impacta en la relación institución-preso”. Es decir, a través de las visitas de estas mujeres los reclusos obtienen no solo los recursos básicos para su supervivencia, sino que también –gracias a esta demostración de que “tienen familia”– se minimiza el riesgo de maltrato dentro de la prisión. La familia se considera un indicador de que el criminal tiene posibilidades de reinsertarse en la sociedad y dejar la vida delictiva de lado, como explica una de las mujeres entrevistadas por Ferraz de Lima (2014, pp. 64-65, traducción propia):

Ellos [el establecimiento carcelario] ven a la familia como la que puede sacar al ladrón de la vida del crimen. Eso es bueno para el preso. […] Es por eso también que para mí es muy importante venir. Para mostrar que el preso tiene familia.

La infraestructura provista por el PCC mencionada en la sección anterior –ómnibus para el transporte y casas de apoyo para el alojamiento– forma parte de este circuito que permite que los presos puedan acceder a productos básicos y mantener contacto con sus familias. Pero quienes en última instancia sostienen el vínculo entre el PCC y sus miembros encarcelados, inclusive a costa de su propio bienestar, son mujeres. Según varios relatos, estas mujeres tienen que soportar maltratos y violencias de distinta índole, tales como operaciones policiales que detienen los ómnibus en camino al presidio para revisar sus pertenencias (las llamadas blitz) o largas filas en las cárceles para revisión de sus jumbos y comidas. Estas instancias son vividas como situaciones de mucho estrés y “falta de respeto”, sin nunca poder estar seguras de que las dejarán entrar, y si lo hacen, si será con o sin el jumbo (Ferraz de Lima, 2014).

Pero, sin lugar a dudas, el procedimiento más violento y humillante por el que tienen que pasar son las revisiones íntimas, conocidas como vexatória, para la cual deben desnudarse y someterse a inspecciones de cavidades genitales y anales, bajo el supuesto de que podrían estar transportando droga u otros artículos prohibidos. Este procedimiento, que puede leerse como violencia de género (véase Xavier do Monte, 2023), es interpretado a la vez como parte de los mecanismos que desincentivan las visitas de familiares a los presos. Pero las mujeres siguen asistiendo a las visitas semana tras semana, garantizando la supervivencia de los reclusos y haciendo posible la marcha de la maquinaria que mantiene en funcionamiento al PCC, a pesar de las altas probabilidades de sufrir violencia, ya sea perpetrada por el grupo criminal –que las juzga moralmente de manera constante (Corrêa, Gomes y Teixeira, 2023; Ferraz de Lima, 2014)– o por agentes del Estado.

Fuera de la cárcel

Como ya señalamos, la actuación del PCC trasciende los muros del sistema penitenciario. Esta expansión no se refiere únicamente a su capacidad para regular el crimen y reducir los índices de violencia –primero dentro de las cárceles y, posteriormente, en todo el estado de San Pablo (Dudley, 2020)–, sino también al accionar de la sintonía de ayuda, orientada a responder las demandas y necesidades de las personas que habitan en las periferias urbanas y que están directa o indirectamente vinculadas con la población carcelaria. Esta forma de intervención revela cómo el PCC no solo establece control territorial a través de la violencia, sino también mediante prácticas de asistencia que refuerzan su legitimidad y capacidad de gobierno en contextos marcados por la presencia limitada del Estado. En palabras de Manso y Dias:

La fuerza del PCC proviene no solo de su capacidad para gobernar el crimen, sino también del atractivo de su propuesta: un mundo criminal pacificado, capaz de mejorar la vida de sus miembros, de sus familias y de los residentes de los barrios en los que operan (Manso y Dias, 2018, p. 123, traducción propia).

En un artículo publicado en el diario Folha de São Paulo en 2006, se relata cómo funciona esta dinámica de “intercambio”, en la que el PCC ofrece seguridad y asistencia a las familias a cambio de apoyo para el establecimiento de biqueiras (lugar de venta de drogas):

En un escenario diseñado por favelas llenas de barracas, basura, alcantarillado a cielo abierto y donde no llegan carteros, basureros ni servicios sociales, la facción criminal PCC instaló una de sus bases de venta de droga en San Pablo con el apoyo de los vecinos. A cambio, creó una especie de programa de asistencia social, llamado «Ajuda da Correria6 para o Social», que distribuye leche, gas y cestas de alimentos básicos a 200 familias registradas (Tomaz, 2006, traducción propia).

Esta estructura, que crea las condiciones para mantener la vida frente a los desafíos en regiones donde hay grandes déficits de infraestructura y no llegan las políticas públicas de sanidad, trabajo y educación, se convierte en una medida que legitima la presencia del grupo criminal en el territorio. Además, no se trata de una ayuda menor. Según el mencionado artículo, este programa particular distribuía por semana:

150 bolsas de dos kilos de leche en polvo, 100 litros de sopa y hasta 60 cilindros de gas para cocinar. El “programa” también incluye medicinas y ropa de bebé, que se distribuyen incluso a quienes no están registrados. Favorece principalmente a 97 familias de una zona de riesgo de la parte baja de la favela (Tomaz, 2006, traducción propia).

Ante un panorama desolador, no resulta sorprendente que la población respalde a un grupo criminal cuando acciones como estas representan una gran ayuda. Entrevistados por Tomaz (2006), varios miembros de la comunidad explican la importancia de programas de este tipo en su vida cotidiana, y la consiguiente fidelidad que sienten hacia el PCC. Además, destacan que la presencia del grupo adquiere distintos significados según la posición social que se ocupe:

Para ustedes en la ciudad, el PCC trae miedo; para nosotros, en la favela, trae leche. Lucía, 19 años

Nunca hablaré mal de ellos [los miembros del PCC] ni los denunciaré a la policía. No me hacen daño. Un día mi hijo tuvo mucha fiebre y no tenía dinero para comprar medicinas. Le expliqué lo ocurrido a un funcionario del partido, que volvió con el dinero en la mano y me fui a la farmacia. Bruna, 30 años

El partido [PCC] nos ayuda más que el gobierno. Mi mujer está desempleada. Tiene que ir a la ciudad, tomar el autobús y pasar por muchos trámites burocráticos para que la inscriban en un programa social. Aquí todo es rápido. João, 27 años

Los ejemplos en esta sección permiten ver que el accionar del PCC articula de forma continua no sólo espacios internos y externos a la prisión, sino que entrelaza lo legal con lo ilegal, y lo violento con lo vinculado al cuidado. Más allá de estas dimensiones, también la idea de legitimidad aparece bajo otra luz. La presencia de una organización criminal como el PCC comienza a percibirse como lógica e incluso necesaria y legítima, en tanto se basa en la premisa de priorizar la vida y la subsistencia en contextos donde el Estado ha dejado de cumplir una función efectiva. Así, la legitimidad no se construye sobre la legalidad formal, sino sobre la capacidad concreta de proveer seguridad, cuidados y una cierta forma de orden en territorios profundamente marcados por la exclusión.

Pero, mientras este actuar permite la reproducción social de la población en las cárceles y en los territorios de su influencia, reproduce a su vez jerarquías y violencias de corte patriarcal, ya que, aunque la prestación de cuidados a los presos –pilar fundamental del PCC– descanse en el trabajo de mujeres negras y de las periferias, estas se ubican en una posición subordinada dentro de la organización (Corrêa, Gomes y Teixeira, 2023; Gonçalves, 2023).7 Así, aunque el PCC subsidie este trabajo, aportando a la manutención de los presos y otorgando las infraestructuras que posibilitan las visitas, el trabajo que las mujeres realizan es naturalizado e invisibilizado bajo la etiqueta de “visitas familiares”, como también es invisibilizada la violencia que ellas afrontan para sostener estas dinámicas.

Reflexiones finales

Los análisis sobre la organización social del cuidado han ido cambiando a lo largo del tiempo, reconociendo no solo transformaciones históricas, sino también diferencias geopolíticas. Esto responde al hecho de que los modelos de provisión de cuidado varían considerablemente según la sociedad en cuestión, reflejando estructuras sociales, económicas e institucionales particulares.

Así, mientras que en contextos con fuerte presencia estatal el componente comunitario tiende a tener un rol secundario, en América Latina –y especialmente en el caso de poblaciones marginalizadas– la comunidad adquiere un papel central en la provisión de cuidados. Siguiendo a Faur (2011), es importante subrayar además que en contextos heterogéneos no puede hablarse de un régimen de cuidados aplicable a toda la sociedad; por el contrario, la estructura del diamante de los cuidados –es decir, el peso relativo del Estado, el mercado, la familia y la comunidad– varía significativamente según el grupo social y su posición dentro de la estructura social. Y las diferencias son marcadas: mientras algunos sectores cuentan con ingresos suficientes para acceder a servicios a través del mercado, aquellos que viven en zonas con escasa presencia estatal y carecen de recursos para costear servicios privados, dependen de formas alternativas de ayuda, que en ciertos casos generan relaciones sociales precarias y de alto riesgo.

Nuestra propuesta es seguir la línea de estos debates y, a la vez, avanzar un paso más en el análisis. Más que sugerir que se debe reconocer la coexistencia de múltiples diamantes de cuidado dentro de una misma sociedad –en función de desigualdades estructurales y diferencias territoriales– subrayamos la necesidad de ampliar el marco analítico para incorporar a otros actores institucionales según el contexto. En este sentido, planteamos que, en determinados escenarios, es necesario considerar el crimen organizado como un actor más en la provisión de cuidados, superando la imagen del diamante.

En línea con este planteo, este capítulo ha explorado el rol del PCC, una organización del crimen organizado con fuerte presencia tanto en el sistema penitenciario como en territorios urbanos del estado de San Pablo (y más allá), identificándolo como un actor subterráneo en la organización social del cuidado en las periferias. Aunque investigaciones previas han examinado su papel en la provisión de “asistencia social”, nuestra propuesta de analizar este accionar desde la perspectiva de los cuidados permite visibilizar cómo, en contextos marcados por una débil presencia estatal, deficiencias en infraestructura, escasa cobertura de servicios básicos y falta de bienes esenciales para la reproducción de la vida, actores como el PCC emergen para suplir necesidades urgentes, garantizando mínimas condiciones para el ejercicio del cuidado. Iniciativas que brindan acceso a alimentación, atención en salud o apoyo económico constituyen ejemplos concretos de este accionar. De este modo, cuando los actores tradicionales del diamante del cuidado no logran asegurar las condiciones necesarias, otros –ilegítimos o informales– ocupan ese lugar, generando circuitos subterráneos con dinámicas, sentidos y formas de reciprocidad propios.

Nos referimos al PCC como un actor subterráneo precisamente porque, al tratarse de una organización ilegal, las relaciones que establece con sus miembros y con las poblaciones que habitan sus territorios de influencia no están formalizadas ni reguladas por marcos institucionales legalmente reconocidos. Estas relaciones operan entonces en una zona ambigua y se sostienen en lógicas propias de relacionamiento y rendición de cuentas. Así, el carácter subterráneo del PCC no solo alude a su condición ilegal, sino también a la opacidad de los vínculos que construye como proveedor de cuidados en contextos de exclusión estructural.

Más allá del nivel macro, centrado exclusivamente en los actores institucionales como proveedores de las condiciones estructurales para el cuidado, hemos visto que la acción del PCC se manifiesta también en relaciones cotidianas que permiten la reproducción de la vida tanto dentro de las cárceles –a partir del trabajo de las mujeres de los presos– como en los territorios periféricos. En otras palabras, el PCC no funciona como una “caja negra” que actúa de forma abstracta o distante, sino a través de personas concretas –cunhadas, miembros y operadores– que traducen los recursos del PCC en comida y artículos de primera necesidad que hacen llegar a los presos, o bien, que distribuyen alimentos, medicamentos y dinero en los barrios. En el ejercicio de estas prácticas se tejen vínculos interpersonales con quienes reciben estos apoyos, lo que contribuye no solo a la eficacia material de sus “programas”, sino también a la legitimación del accionar del PCC, dentro y fuera del sistema penitenciario.

Al centrar la mirada en quienes reciben estos beneficios, observamos que las relaciones generadas por el accionar del PCC adquieren sentidos profundamente distintos de los que caracterizan a los vínculos establecidos con los actores tradicionales del diamante del cuidado. Según la noción de circuitos del cuidado propuesta por Guimarães (2020, 2021), existen diversos arreglos concretos que permiten satisfacer las necesidades de cuidado de la población, lo que da lugar a distintos tipos de relaciones. Así, mientras el circuito basado en la obligación se articula en torno a vínculos afectivos, familia y amor, el circuito profesional se organiza a partir de relaciones monetizadas, y en el circuito de las ayudas prevalece una lógica de reciprocidad entre los miembros de una comunidad (véase la discusión en la sección 2).

A través de la participación de actores del crimen organizado como el PCC, es posible identificar la conformación de un circuito subterráneo de cuidados, en el que las relaciones de apoyo se estructuran en torno a la noción de lealtad. Pero no se trata de una lealtad del PCC hacia sus beneficiarios, sino de una exigencia impuesta en sentido inverso: mientras el actor violento genera las condiciones mínimas para que familias y comunidades puedan ejercer cuidados, quienes acceden a estos beneficios retribuyen con su fidelidad a la organización. Sin embargo, lejos de configurarse como una negociación entre partes iguales, lo que observamos es que las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad –expresada en escenarios como la falta de medicamentos para un bebé enfermo, desempleo crónico, la imposibilidad de acceder a alimentos básicos o la exposición constante a la violencia– son empujadas hacia el PCC, viendo su vínculo con este actor muchas veces como la única alternativa para sobrevivir.

Este circuito subterráneo da lugar, entonces, a relaciones sociales marcadas por la coerción, donde la retribución ocurre en términos de lealtad irrestricta. Así, lejos de que los cuidados sean concebidos como un derecho que debe ser garantizado a todos los miembros de la sociedad (Pautassi, 2007, 2023), aparecen como una moneda de cambio que termina reforzando la vulnerabilidad de las personas involucradas en esta transacción. Aceptar ayuda del PCC se asemeja a la firma de un cheque en blanco a favor de la organización criminal, con consecuencias inciertas y potencialmente peligrosas.

Esta dinámica pone de relieve la compleja y ambivalente relación entre violencia y cuidados que se manifiesta en este contexto. A través de sus estructuras organizativas, el PCC logra establecer una red de protección que trasciende los límites del sistema penitenciario, articulando mecanismos de cohesión social en espacios marcados por la exclusión y la limitada presencia estatal. Su accionar se sostiene en un discurso que lo posiciona como garante de la vida y el bienestar de sus miembros y sus familias; sin embargo, este mismo accionar está atravesado por prácticas violentas que revelan la ambigüedad de su papel.

Hemos señalado también que el trabajo de provisión de cuidado a los presos, base del PCC, no sería posible sin la participación de mujeres que fungen de nexo entre la organización criminal y sus miembros, haciendo posible que estos reciban los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas, ante un sistema penitenciario que privatiza la reproducción de la vida de quienes se encuentran privados de libertad. El PCC aparece como una estructura que subsidia este cuidado, y en cuanto tal, como el motor que pone en marcha este circuito subterráneo de cuidado, conectando recursos institucionales con prácticas cotidianas sostenidas mayoritariamente por mujeres racializadas de las periferias. Las cunhadas, entonces, son las que permiten en última instancia la manutención de la vida en las prisiones, sosteniendo la estructura del PCC y ayudando a su legitimación, aunque detentando una posición subordinada en la estructura patriarcal de la organización.

Este análisis ha buscado hacer diferentes aportes a las discusiones sobre cuidados en la región. Primero, identificando la necesidad de ampliar el marco analítico para poder incorporar a actores no tradicionales cuando se discute la organización social de los cuidados, superando la noción del diamante. Segundo, resaltando la necesidad de considerar la tensión entre cuidados y violencias que, lejos de ser un oxímoron, aparecen como un continuo con fronteras porosas. Tercero, demostrando cómo, inclusive cuando el análisis recae en un actor prioritariamente masculino como el PCC, son nuevamente las mujeres las principales proveedoras de cuidados. Y, por último, llamando la atención sobre los riesgos de la instrumentalización de los cuidados. Cuando la sostenibilidad de la vida está en juego, las personas se ven forzadas a relacionarse con actores ilegales si esto les permite sobrevivir. En este sentido, nuestro llamado es a reconocer que, aunque incómodos o indeseables, actores como el PCC no pueden ser ignorados en la provisión de cuidados. Estos, aunque contribuyen a cubrir necesidades urgentes, lo hacen a costa de generar relaciones sociales de alto riesgo y, en muchos casos, de perpetuar estructuras de desigualdades, vulnerabilidad y coerción.

Bibliografía

Adorno, Luis; Costa, Flávio y Konchinski, Vinicius (11 de agosto de 2019). PCC cria núcleo para administrar imóveis e abrigar familiares de presos. UOL.https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/08/11/pcc-tem-setor-para-abrigar-familiares-em-cidades-de-presidios-federais.htm

Anderson, Bridget (2000). Doing the dirty work? The global politics of domestic labour. London: Zed Books.

Arias, Enrique Desmond (2006). The dynamics of criminal governance: Networks and social order in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies, (38), 293-325. doi:10.1017/S0022216X06000721

Atuesta Becerra, Laura H. y Pérez Dávila, Samantha (2021). Presencia de los grupos criminales y de las fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Aguascalientes: CIDE.

Biondi, Karina (2014). Etnografia no movimento: Território, hierarquia e lei no PCC [Tesis de doctorado]. Universidade Federal de São Carlos. http://neip.info/novo/wp-content/uploads/2017/03/Biondi_Territorio_Herarquia_PCC_Tese_UFSCAR_2014.pdf

Cabrera-Nossa, Irene; Suárez, Marcial Alecio y Pimienta, Marilia (2024). Hybrid governance and violent non-state actors: examining the case of Brazil and Colombia. Revista Brasileira de Estudos de Defensa, 11(2), 301-317.

Camilo, José Vítor (4 de septiembre de 2023). ‘Facilidades’ do PCC custam quase R$ 20 mil por ano a integrantes da facção. O Tempo. https://www.otempo.com.br/cidades/facilidades-do-pcc-custam-quase-r-20-mil-por-ano-a-integrantes-da-faccao-1.3226170

Corrêa, Fabíola Perez; Gomes, Mayara de Souza y Teixeira, Rosângela (2023). Trabalho, invisibilidade e agência: a atuação das mulheres nos 30 anos do Primeiro Comando da Capital. Fonte Segura, 201. https://fontesegura.forumseguranca.org.br/trabalho-invisibilidade-e-agencia-a-atuacao-das-mulheres-nos-30-anos-do-primeiro-comando-da-capital/

Dewey, Matías; Míguez, Daniel Pedro y Saín, Marcelo Fabián (2017). The strength of collusion: A conceptual framework for interpreting hybrid social orders. Current Sociology, 65(3), 395-410.

Dowdney, Luke (2003). Children of the drug trade. A case study of children in organised armed violence in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 7 letras.

Dudley, Steven (15 de diciembre de 2020). How PCC ‘Discipline’ Helped Gang Control the Underworld. InSight Crime.

Esping-Andersen, Gøsta (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press.

Esquivel, Valeria (2011). La economía del cuidado en América Latina. Poniendo los cuidados en el centro de la agenda. El Salvador: PNUD.

Faur, Eleonor (2011). A widening gap? The political and social organization of childcare in Argentina. Development and Change, 42(4), 967-994.

Feltran, Gabriel (2018). Irmãos: uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras.

Ferraz de Lima, Jacqueline Stefanny (2013). Mulher Fiel: As famílias das mulheres dos presos relacionados ao Primeiro Comando da Capital. [Tesis de maestría]. Universidade Federal de São Carlos. https://repositorio.ufscar.br/items/846c69fe-b302-4daa-935f-e010549356dc

Ferreira, Marcos Alan (2022). Organizações criminosas e governança híbrida na América do Sul: O contexto da COVID-19. Revista Relaciones Internacionales, 95(2), 117-738. doi: https://doi.org/10.15359/ri.95-2.5

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2024). 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. https://publicacoes.fo-rumseguranca.org.br/handle/123456789/253.

Gonçalves, Rosângela (2023). “Madrinhas”, “cunhadas”, “irmãs” e “peregrinas”: o encarceramento de mulheres e as dinâmicas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Revista de Ciências Sociais, 53(3), 93-129. doi: 10.36517/rcs.53.3.d04

Gortázar, Naiara Galarraga y Alessi, Gil (22 de junio de 2020). Onde o Estado se ausenta, o PCC atua. Outras Mídias. https://outraspalavras.net/outrasmidias/onde-o-estado-se-ausenta-o-pcc-atua/

Guimarães, Nadya Araujo (2020). O cuidado e seus circuitos: Significados, relações, retribuições. En Nadya Araujo Guimarães y Helena Hirata (eds.), O gênero do cuidado. Desigualdades, significações e identidades (pp. 91-128). Cotia, SP: Ateliê Editorial.

Guimarães, Nadya Araujo e Hirata, Helena (2021). Care work: A Latin American perspective. En Nadya Araujo Guimarães y Helena Hirata (eds.), Care and care workers. A Latin American perspective (pp. 1-24). Cham: Springer.

Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (2010). Migration, domestic work and affect: A decolonial approach on value and the feminization of labor. New York: Routledge.

Hochshild, Arlie Russell (2000). Global care chains and emotional surplus value. En Will Hutton y Anthony Giddens (eds.), On the edge: Living with global capitalism (pp. 130-46). London: Vintage.

Hondagneu-Sotelo, Pierette (2001). Doméstica. Immigrant workers cleaning and caring in the shadows of affluence. Berkeley: University of California Press.

InSight Crime y Center for Latin American & Latino Studies [CLALS] (2020). The Rise of the PCC: How South America’s most powerful prison gang is spreading in Brazil and beyond. CLALS Working Paper Series, 30. https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2020/12/InSight-Crime_The-Rise-of-the-PCC-1.pdf

Kofman, Eleonore y Parvati, Raghuram (2009). The Implications of Migration for Gender and Care Regimes in the South. Social Policy and Development, 41. Ginebra: UNRISD.

Lan, Pei-Chia (2006). Global Cinderellas. Migrant domestics and newly rich employers in Taiwan. Durham: Duke University Press.

Lessing, Benjamin (2014). How to Build a Criminal Empire from Behind Bars. Prison Gangs and Projection of Power. https://conference.iza.org/conference_files/riskonomics2014/lessing_b9947.pdf

Lessing, Benjamin (2017). Counterproductive punishment: How prison gangs undermine state authority. Rationality and Society, 29(3), 257-297. https://doi.org/10.1177/1043463117701132

Manso, Bruno Paes y Dias, Camila Nunes (2017). PCC, sistema prisional e gestão do novo mundo do crime no Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, 11(2), 10-29. https://doi.org/10.31060/rbsp.2017.v11.n2.854

Manso, Bruno Paes y Dias, Camila Nunes (2018). A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia.

Pautassi, Laura (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Serie Mujer y Desarrollo, 87. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/5809-cuidado-como-cuestion-social-un-enfoque-derechos

Pautassi, Laura (2023). De la polisemia a la norma: el derecho humano al cuidado. Buenos Aires: Fundación Medifé Edita.

Pimienta, Marília Carolina B. Souza; Suárez, Marcial Alécio Garcia y Ferreira, Marcos Alan (2021). Hybrid governance as a dynamic hub for violent non-state actors: examining the case of Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Política Internacional, 64(2), e007. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329202100207

Razavi, Shahra (2007). The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options. Gender and Development Programme, 3. Ginebra: UNRISD.

Rizzi, Ricard Wagner (sf). Estatuto do PCC - Primeiro Comando da Capital 1997. Primeiro Comando da Capital - Facção PCC 1533. https://faccaopcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_faccao_pcc_1533_1997_primeiro_comando_da_capital/

Rojas, Raquel (2022). Another turn of the screw. The COVID-19 crisis and the reinforced separation of capital and care. Mecila Working Paper Series, 48.

Salla, Fernando Alfonso (2006). As rebeliões nas prisões: novos significados a partir da experiência brasileira. Sociologias, (16), 274-307. https://doi.org/10.1590/S1517-45222006000200011

Salla, Fernando Alfonso (2007). De Montoro a Lembo: As políticas penitenciárias em São Paulo. Revista Brasileira de Segurança Pública, 1(1), 72-90. .

Sampó, Carolina (2021). Una aproximación teórica, el concepto de gobernanza criminal en América Latina. En Sonia Alda Mejías (coord.), Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina (pp. 9-19). Real Instituto Elcano, Fundación Friedrich Naumann.

Skarbek David (2011). Governance and prison gangs. American Political Science Review, 105(4), 702-716. doi:10.1017/S0003055411000335

Snyder, Richard y Durán-Martínez, Angélica (2009). Drugs, Violence, and State-Sponsored Protection Rackets in Mexico and Colombia. Colombia Internacional, (70).

Tomaz, Kleber (2 de julio de 2006). PCC conquista favela com leite e comida. Folha de S. Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0207200601.htm

Tronto, Joan C. (2013). Caring democracy. Markets, equality, and justice. Nueva York: New York University Press.

Tronto, Joan C. (2015). Who cares? How to reshape a democratic politics. Ithaca: Cornell University Press.

Valenzuela, María Elena; Scuro, Lucía y Vaca Trigo, Iliana (2020). Desigualdad, crisis de los cuidados y migración del trabajo doméstico remunerado en América Latina. Asuntos de Género, 158. Santiago: CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46537-desigualdad-crisis-cuidados-migracion-trabajo-domestico-remunerado-america

Vega, Cristina y Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (2014). Nuevas aproximaciones a la organización social del cuidado. Debates latinoamericanos. Presentación del Dossier. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (50), 9-26. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6297/1/RFLACSO-01-Ic50-Vega.pdf

Wolin, Sheldon (1960). Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Xavier do Monte, Izadora (2023). O gênero como categoria de análise crítica e empírica da segurança internacional: ilustrações a partir do caso brasileiro. En Natália Maria Félix de Souza, Fernanda Barth Barasuol y Cristine Koehler Zanella (orgs.), Feminismo, gênero e relações internacionais (pp. 153-179). Belo Horizonte: Fino Traço.

Zelizer, Viviana (2006). Circuits in economic life. Economic sociology_the european electronic newsletter, 8(1), 30-35. https://hdl.handle.net/10419/155879

2 Esto se aplica también para el autocuidado, que supone la existencia de infraestructuras y condiciones previas obtenidas a través del trabajo de otras personas.

3 Iniciada en el estado de San Pablo en la noche del 12 de mayo de 2006, la llamada mega rebelión hace referencia a una serie de atentados contra fuerzas de seguridad y algunos objetivos civiles ordenados por el PCC. Los ataques dejaron un saldo de 564 personas asesinadas (505 civiles y 59 agentes públicos) y 110 heridas entre el 12 y el 21 de mayo de 2006.

4 Se conoce como jumbo a la bolsa de plástico transparente que contiene los productos alimenticios, de higiene personal, vestimenta y/o de necesidad cotidiana que, junto con comidas preparadas por ellas mismas, las mujeres llevan a los presos para la satisfacción de sus necesidades básicas (véase Ferraz de Lima, 2013).

5 Traducción propia de la versión original publicada en El País: “Sabemos que o senhor é policial, mas viemos lhe propor como quer que matemos os caras [que mataram seu filho]. Pode me dizer como?”

6 “Correria”, según el artículo, significa crimen “en el lenguaje de la calle” (Tomaz, 2006).

7 Según Gonçalves (2023), aunque el número de mujeres dentro del PCC haya aumentado en las últimas décadas y el bautismo de “hermanas” sea ahora permitido, las mismas aún deben someterse a decisiones de estructuras netamente masculinas. De manera similar, Corrêa, Gomes y Teixeira (2023) afirman que el hecho de que sean principalmente hombres quienes forman parte de la cúpula central del mando contribuye al mantenimiento de las normas conservadoras, sexistas y machistas.

“Elas por elas”: trabalhadoras sexuais e cafetinas no cuidado de si e dos outros

Carolina Rezende Moraes

Introdução

O presente capítulo8 objetiva contribuir para elucidar a natureza das fontes de autoridade que desempenham um papel na governança do trabalho sexual no Distrito Federal (DF). Com essa finalidade, apresenta resultados parciais da minha pesquisa de doutorado. Por se tratar de um recorte de uma investigação mais ampla, com conclusão prevista para 2026, algumas das análises aqui desenvolvidas possuem um caráter descritivo e preliminar.

De todo modo, desenvolvo este estudo com base na literatura pertinente, a qual indica que, pelo menos desde os anos 2000, as dinâmicas informais – que operam paralelamente ao Estado ou apresentam uma relação ambígua com o poder público – têm desempenhado um relevante papel na organização do trabalho sexual no Brasil (Blanchette, Murray, Mitchell, 2017; Barreto, 2008, 2015; Cesar, 2011; Costa, 2018; Góes, 208; Guerra, 2019; Leite, 2008; Murray, 2015; Santos et al., 2021)

Além disso, fundamento o trabalho também no histórico de ativismo das organizações e coletivos de trabalhadoras sexuais (TSs), cuja trajetória remonta às décadas de 1970 e 1980. Inicialmente, esse movimento social teve a contestação da violência policial como eixo central, redirecionando-se, posteriormente, para incluir demandas ligadas à saúde pública, especialmente em resposta à epidemia de HIV/AIDS (Leite, 2008; Murray, 2015).

Para elaborar sobre esses pontos, tenho adotado a categoria da governança da prostituição, a partir do trabalho de Wagenaar, Amersberger e Altink (2017). A governança do trabalho sexual no Brasil envolve uma rede de atores/atrizes públicos/as e privados/as que, por meio de negociações e disputas, implementam políticas, trocam recursos e informações, e criam regras que podem afetar sua autonomia em relação ao Estado (Moraes, 2021; Wagenaar, Amesberger, Altink, 2017).

Já sobre o movimento de prostitutas brasileiro, tem sido demonstrado que as TSs, embora vitimizadas pela violência estatal, tornaram-se parceiras do próprio Estado na difusão de estratégias de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Essa experiência de parceria controversa foi analisada por autoras como Murray (2015) e Guerra (2019) e pelas próprias TSs (Leite, 2008; Santos et al. 2021).

Em outro sentido, desde 2021, quando iniciei a condução de pesquisas empíricas com um coletivo de TSs no DF – Coletivo Tulipas do Cerrado, Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo –, observei que, apesar da reestruturação do movimento para priorizar questões de saúde sexual e reprodutiva, a interação com os agentes de segurança pública continua a ser um ponto de tensão significativo na vida das TSs. Por exemplo, em algumas ocasiões, enquanto realizava entrevistas semiestruturadas em território onde ocorre a oferta de trabalho sexual, ouvi relatos aparentemente contraditórios sobre a atuação deles. Enquanto algumas TSs faziam questão de descreverem os policiais como “tranquilos”, “educados” e até mesmo protetores, outras os identificaram como a principal fonte de violência.

Em paralelo a isso, ao longo de pesquisa etnográfica com o coletivo citado, constatei uma variação da centralidade da ideia de violência em seus discursos e práticas, em função do meu nível de imersão em seu cotidiano. Inicialmente, ao manter uma posição mais distanciada, limitando-me a entrevistar as participantes, os discursos que abordavam a violência eram predominantemente direcionados ao Estado, de forma não monolítica, incluindo policiais, agentes de saúde, políticos, entre outros. No entanto, à medida que me aprofundei no campo do trabalho sexual, começaram a surgir reflexões sobre violência em relação a outras atrizes, como as chamadas cafetinas e madrinhas.

Diante dessas percepções, e para contribuir com a elucidação da natureza das fontes de autoridade que desempenham um papel na governança do trabalho sexual no DF, proponho que as TSs produzem discursos que aproximam violência, ilicitude e cuidado, para fundamentar a autoridade e a falta de autoridade de diversos atores/atrizes estatais e não estatais. Lançar um olhar sobre as cafetinas permite a constatação da forma como TSs fazem isso, de forma mais nuançada do que as expectativas presentes em suas relações com o aparato estatal.

Cafetões/inas são enquadrados/as pela legislação formal na figura jurídica dos rufiões. Ou seja, são indivíduos que atuam como intermediários na organização do trabalho sexual, podendo gerenciar locais de prostituição, negociar com clientes e, em alguns casos, estabelecer regras e condições para as TSs. Essa prática, que é considerada criminosa no Brasil, é constatada por essa pesquisa como comum no trabalho sexual do DF.

Diante desse panorama, após a apresentação da metodologia, esse artigo revisita a literatura sobre trabalho sexual no DF e aborda as relações das TSs com cafetinas e policiais, para elucidar as complexas interações vividas por elas junto às diversas fontes de autoridade que operam no DF. Em seguida, problematizo as narrativas que emergem dessas relações. Ao fim, com o exemplo do contexto da pandemia de covid-19, demonstro como essa complexidade deve ser considerada para os estudos sobre a governança do trabalho sexual.

Metodologia

O presente capítulo é a continuação de dois trabalhos anteriores. Um deles é minha pesquisa de mestrado (2021), em que investiguei os discursos utilizados pelos/as atores/atrizes que influenciam e/ou desejam influenciar a organização do trabalho sexual e das TSs no Brasil.

Em relação a isso, o ordenamento normativo brasileiro aborda a prostituição de formas potencialmente divergentes. A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), instrumento de caráter administrativo produzido pelo Ministério do Trabalho, reconhece o trabalho sexual como uma ocupação. Assim, ante à licitude desta atividade, até o presente momento nenhuma lei considera o ato de comercializar o próprio serviço sexual como crime ou ilegalidade. Além disso, a CBO descreve as funções de trabalhadores/as do sexo, suas condições de exercício e os riscos envolvidos, bem como destaca a importância de ações educativas em saúde sexual e de estratégias para minimizar as “vulnerabilidades da profissão” (Brasil, 2005).

Já a legislação penal criminaliza a prática de “tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça” (Brasil, 1940), bem como a manutenção de “estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente” (1940). Essas práticas são popularmente nomeadas como cafetinagem. Os textos da norma criminal sobre a cafetinagem incorporam a prostituição como uma forma de exploração sexual e a prostituta como vítima dessa exploração.

À luz dessa situação em que a prostituição ora é uma atividade trabalhista e ora é um ato de exploração de dimensão sexual, os/as atores/atrizes que investiguei demonstraram, no geral, insatisfação com essas normas e desejo por mudá-las ou complementá-las.

Em outro trabalho, desenvolvido em coautoria com Mariana Assis (Moraes e Assis, 2023), argumentamos que os coletivos de TSs têm desempenhado um papel fundamental no preenchimento de lacunas das políticas públicas. Isso acontece, entre outras situações, quando os coletivos percorrem as ruas ensinando as práticas e a ética da redução de danos para pessoas em situação de rua, usuários/as de drogas, TSs e outros públicos que não acessam o Estado de forma qualificada. Em complemento, esses grupos propagam esse conhecimento e o adaptam a suas condições e desejos. Com isso, os coletivos criam modelos alternativos aos estatais para prover saúde e cuidado, por exemplo.

Acompanhamos TSs engajando-se na educação em torno da prevenção combinada às ISTs, ensinando e compartilhando recursos como preservativos e lubrificantes em média escala a clientes, outras TSs, frequentadores de bares, entre outros. Evocando essas práticas, os coletivos de TS argumentam pela sua importância para o cuidado da sociedade (Moraes, Santos, Assis, 2021; Santos et al., 2021). No presente capítulo, retomo o interesse em como atores/atrizes privados/as e públicos/as influenciam a organização da prostituição e também na forma como operam os discursos sobre o provimento de bens e serviços por esses/as atores/atrizes. Contudo, com foco em um território específico, as ruas do DF, e distinguindo das análises anteriores, enfatizo os discursos e as práticas daquelas pessoas que, independentemente de terem opiniões e anseios sobre a legislação e as políticas públicas em vigor, organizam o trabalho sexual cotidianamente em nível local.

Por consequência, o objetivo do artigo é contribuir para elucidar a natureza das fontes de autoridade que compõem a governança do trabalho sexual no DF. Conforme detalho a seguir, sua autoridade para organizar o trabalho sexual é fundamentada pela forma como os/as atores/atrizes operam discursos sobre cuidado e violência. Para isso, após revisão de literatura sobre trabalho sexual no DF, a pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa. Foi realizada uma análise de discurso crítica (Fairclough, 2003; 2012) sobre dados coletados através de entrevistas semiestruturadas conduzidas desde 2020 com TS brasileiras e com agentes públicos/as do DF. Além disso, foram utilizadas observação participante e etnografia junto ao Coletivo Tulipas do Cerrado.

Nesse contexto, tenho produzido diário de campo enquanto acompanho as integrantes do Coletivo citado em seus espaços de atividade cotidiana, especialmente em territórios de oferta de trabalho sexual no DF. Também participo, junto a elas, de atividades como litígio judicial, atuação em eventos, debates e execução de projetos, entre outras, conforme anuência da Coordenadora Geral da Organização, Juma Santos.

Quem é autoridade no trabalho sexual do DF brasileiro: primeiras impressões empíricas

Uma das concepções predominantes acerca do trabalho sexual no imaginário social, tanto em âmbito global quanto no Brasil, abrange a ideia de que essa prática está imersa em um contexto de violências, riscos e perigos (Barreto, 2008; César, 2011; Kotiswaran, 2011; Prada, 2018; Piscitelli, 2008; 2012). Tal perspectiva tem legitimado a formulação de diversas legislações que reforçam a noção de que as TSs se encontram em uma condição de escravidão e exploração sexual (Blanchette, Murray, Mitchell, 2017; Blanchette, Silva, 2014; Lowenkron, 2015; Murray, 2015).

Nessa linha, uma análise sucinta dos dispositivos legais brasileiros pertinentes indicaria as TSs como vítimas de exploração, especialmente sexual, perpetrada por aqueles indivíduos que são os únicos formalmente criminalizados nessa relação: cafetões/inas. Conforme a legislação, a autoridade, ilícita, cotidiana sobre a prostituição recai sobre esses intermediários. Por outro lado, a licitude da venda do próprio serviço sexual demandaria que a trabalhadora sexual deveria ter a autoridade sobre sua atividade profissional e sua negociação com clientes – sem poder contar com outros/as atores/atrizes, como patrões/oas.

Contudo, elaborando sobre a atuação estatal, Blanchette, Murray e Mitchell (2017) se concentraram na relação da polícia com a prostituição no Rio de Janeiro e propuseram reflexões sobre o aparente descompasso entre o texto da legislação e a prática social em todo o Brasil. Segundo os autores e a autora, existe uma complexa rede composta por facções, milícias, policiais e outros/as atores/atrizes, tanto estatais quanto não estatais, que, ao utilizarem narrativas punitivistas e contrárias à validação da prostituição como um trabalho, justificam violências e violações aos direitos de prostitutas. Isso significa que, embora elas não sejam constantemente criminalizadas ou permanentemente violentadas pelos/as agentes do Estado, a criminalização e a violência que enfrentam são facilmente legitimadas dentro desse contexto.

Para iniciar uma compreensão desse cenário no DF, onde conduzo a pesquisa, reviso as poucas pesquisas empíricas com TSs feitas nesta região. Embora essas pesquisas não respondam diretamente à questão de quem controla ou manda na prostituição, elas fornecem elementos que contribuem para a elucidação desse aspecto. Nesse sentido, os textos esclarecem a discrepância entre os discursos normativos e outras fontes concretas de influência no trabalho sexual, por meio de análises de registros de ocorrência, da mobilidade das TSs, das narrativas de policiais e moradores/as de territórios de oferta de trabalho sexual, e dos atores/atrizes com quem elas têm conflitos.

Silva (Silva, Caruso, 2019; Silva, 2016) voltou-se à análise sobre a prostituição feminina em uma avenida brasiliense, a Via W3 Norte, onde há um abundante mercado de trabalho sexual. Em seu campo, ela destacou que é comum a associação discursiva entre prostituição e criminalidade, de modo que a imprensa e a vizinhança locais aliam a presunção de que a prostituição é uma prática de sexualidade desviante com a ideia de que isso atrai outras práticas desviantes, como crimes.

Somando a isso, Silva (2016) também analisou registros policiais de ocorrência que mencionavam a palavra prostituição e termos relacionados e correlatos. A partir disso, constatou que as categorias de cafetinagem e rufianismo, que, conforme a legislação vigente, deveriam ser objeto de criminalização, apareceram em um número extremamente reduzido de documentos (três registros). Entre todos os 121 registros de ocorrência relacionados a trabalho sexual produzidos entre 2010 e 2015 nas delegacias estudadas por ela, as TSs foram classificadas como vítimas em aproximadamente 40% dos casos, como testemunhas em 15% e como autoras do possível9 crime em 45% dos registros. Quando essas profissionais foram identificadas como vítimas de crimes violentos, a maioria das ocorrências referia-se a ameaças (17 de 42 registros), sem relação com a exploração sexual evocada pela legislação. Foram quatro os registros em que elas eram apresentadas como vítimas de estupro.

Outra categoria que emergiu na pesquisa de Silva (2016) foi o tráfico de drogas. Foram frequentes as narrativas que relacionavam o contexto da oferta de trabalho sexual ao uso e à venda de substâncias ilícitas. Silva explicou essa associação, a partir da análise “[d]as ocorrências e também nas representações sociais dos moradores”: “a mesma facilidade e comodidade em que a disposição das prostitutas nos estacionamentos da W3 norte oferece aos clientes como vitrine do sexo, também garante a furtividade e rapidez para a comercialização de drogas” (p. 100). Isso significa que os interlocutores da pesquisa – policiais e moradores da região – não manifestaram preocupação ou percepção de situações de exploração sexual ou cafetinagem, mas sim com outra prática popularmente considerada desviante: o uso e a venda de substâncias ilícitas.

Em um estudo de profundidade sobre trabalho sexual e Estado no DF, Rodrigues (2003) observou uma capilaridade nas tentativas de controle e de exercício de influência na prostituição. Nos territórios onde ocorria a oferta de trabalho sexual durante sua pesquisa, os conflitos se perpetuavam tanto entre as TSs quanto por parte de jovens adultos de classe média e policiais militares que transitavam por essas áreas. Rodrigues também indicou que, no caso do envolvimento de policiais civis, havia um interesse maior em conduzir investigações quando a prostituição estava associada a denúncias de tráfico de drogas e, especialmente, de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Capela (2013), em outro trabalho empírico, apresentou indicativos que podem contribuir para meu objetivo de pesquisa. Ele observou uma dispersão dos locais de oferta de trabalho sexual motivada por influência e controle de terceiros/as. Durante o período de sua pesquisa, entre 2010 e 2013, constatou que, enquanto anteriormente as TSs estavam concentradas em uma quadra específica da chamada Via W3 Norte, ao final do estudo elas encontravam-se espalhadas por toda aquela avenida. Essa migração ocorreu devido à “presença excessiva da polícia” (p. 131), que abordava tanto os clientes quanto as próprias TSs, sob a justificativa de fiscalizar o porte de drogas, então considerado crime.

Isso implica que, embora os discursos criminalizadores em relação às TSs não se reflitam na quantidade de registros de ocorrência, a presença ostensiva da polícia é legitimada. O que, por sua vez, influencia o dia a dia dessas trabalhadoras. Atualmente, minha pesquisa de campo reitera esse elemento: a presença policial, independentemente de resultar em investigações e denúncias formais, impacta as práticas das TSs. Por exemplo, ao longo da Via W3 Norte, presenciei patrulhas policiais frequentes, incidentes de abordagens violentas por parte dos agentes de segurança pública, e até mesmo prisões de TSs, baseadas em reclamações de clientes sobre crimes patrimoniais ou relacionados ao tráfico de drogas supostamente cometidos pelas TSs. Outras TSs manifestaram receberem ameaças de serem criminalizadas como cafetinas ou exploradoras sexuais de crianças e/ou adolescentes. Em resposta a essas situações, algumas TSs reduzem sua clientela devido à desconfiança em relação aos clientes, o que afeta negativamente sua renda. Outras optam por evitar o local por semanas, entre outras estratégias adotadas para mitigar os riscos.

Essas pesquisas acompanham as constatações de Blanchette, Murray e Mitchell (2017) de que discursos criminalizadores são operados de modo a legitimar violências e perseguições que TS sofrem. Em uma perspectiva voltada aos discursos mais do que às práticas, em análise crítica de 22 entrevistas com acadêmicas, agentes estatais e trabalhadoras do sexo de diversas regiões brasileiras, e observação participante, detalhei que: i. em relação às garantias trabalhistas para o trabalho sexual, predomina a omissão estatal amparada pela ausência de determinações legais e institucionais que obriguem uma atuação sobre o tema; ii. quando há uma atuação estatal favorável e/ou protetiva em relação às TSs, essa geralmente decorre de discursos sobre saúde sexual e reprodutiva e/ou de relações e compromissos individuais entre os/as agentes do Estado e as trabalhadoras; iii. a violência contra as TSs e nos territórios onde elas trabalham raramente é combatida ou reparada pelo Estado; e iv. há uma significativa rede de agentes paralelos ao Estado que se organizam em torno do trabalho sexual e de outros/as atividades não necessariamente lícitas (Moraes, 2021).

Nesse sentido, argumentei que há um pano de fundo de naturalização das situações de vulnerabilidade vividas por essas pessoas, como se sua existência não despertasse a mesma atenção e ação por parte do Estado em comparação com outros grupos. Argumentei (Moraes, 2021) que as TSs são populações “perdíveis”, nos termos de Butler: “são consideradas ameaças à vida humana como a conhecemos, e não como populações vivas que necessitam de proteção contra a violência ilegítima do Estado, a fome e as pandemias” (2015, p. 53).

Quanto à atuação daqueles/as agentes paralelos/as ao Estado, a pesquisa de Silva (2016, p. 139) abordou um importante ator para a manutenção da prostituição em Brasília. Trata-se do “primo”. Ele é um segurança das prostitutas, aquele que recebe uma parte do valor do programa para protegê-las e “fazer barraco” com os clientes que não as pagam devidamente. Ele não é necessariamente um parente delas e, nos termos legais, poderia ser enquadrado em rufianismo. Diferenciando-se do primo, sua pesquisa mencionou o “cafetão”, descrito em seu texto como “o explorador, que bate e explora as prostitutas” (Silva, 2016, p. 139). Apesar de descrever esses atores, Silva explicou que pouco pôde aprofundar a discussão sobre as figuras do/a cafetão/ina, considerando esse tema como “interdito, vedado e tergiversado” (2016, p. 123) devido à criminalização associada a essas atuações. Relembro, no entanto, que sua pesquisa encontrou poucos casos de potencial criminalização desses/as atores/atrizes, resultando em escassas ocorrências policiais. Parece que a criminalização de rufiões/ãs se apresenta mais como uma ameaça do que como uma realidade.

Capela (2013) sequer mencionou o/a cafetão/cafetina em seu texto. Já Rodrigues (2003) os/as incluiu como parte de diversos sujeitos que exercem violência contra as TSs, pessoas que influenciam a “entrada na prostituição”, indivíduos que competem entre si (cafetinas contra cafetinas), e como pessoas que, embora criminalizáveis, não são criminalizadas.

No meu campo, por outro lado, os primos nunca foram mencionados, e tampouco os cafetões. Em contrapartida, há uma frequência significativa na menção às cafetinas e às “madrinhas”. Essas figuras são quase sempre citadas nas conversas sobre quem organiza os territórios onde o trabalho sexual é oferecido e sobre quem perpetua a violência contra as TSs. Esse comportamento me deixou particularmente em dúvidas sobre se cafetinas e madrinhas são diferentes nomes para a mesma pessoa e sobre se elas teriam o mesmo enquadramento jurídico.

Certa vez, entrevistando uma das TSs idosas do coletivo, perguntei a ela sobre a cafetinagem. Ela prontamente afirmou que nunca foi cafetinada. “Ao contrário”, ela teve uma madrinha. Constatando que eu iria perguntar mais a respeito, ela continuou: “era a madrinha que me explorava! a madrinha me roubava!” Em dúvida sobre qual a diferença entre essas duas figuras, segui: “Mas então [cafetina e madrinha] não são a mesma coisa?”. Ela respondeu:

Entrevistada 1: Não! A madrinha brigava por causa de mim, a madrinha me cuidava, a madrinha me tirou da feira do cú.10 A madrinha me ensinou a ganhar dinheiro…

Eu: Então a madrinha machuca às vezes, mas ela cuida também…

E1: Ela cuida! Ela cuidava mais do que machucava, porque ela me protegia.

A E1 já foi apresentada para mim tanto como ex-cafetina quanto madrinha por algumas TSs que acompanhei.

Intrigada, conversei com Beatrys,11 outra TS. Eu disse a ela que eu ainda tinha dúvidas sobre o que seria uma madrinha e se ela se diferenciaria de uma cafetina. Ela, com um tom de revolta na sua voz, discorreu sobre elas como igualmente responsáveis pela distribuição de trabalho nas ruas em que acontece a oferta de prostituição. A partir disso, descreveu ambas como “monstros”:

Beatrys: Eu tive que enfrentar vários monstros dentro da rua, pra vender o meu corpo. E, se eu não tivesse o dinheiro pra estar naquele local, eu tive que passar por ameaça. Eu sofri a violência, entendeu?

Eu: Elas te batiam?

Beatrys: Batiam mesmo. Eu já levei tanto na cara (…). E até hoje isso existe no meio da rua. Esses monstros ainda existe na rua, ainda estão na rua, entendeu? E o que eu acho engraçado é que tem anos que a gente fala sobre cafetinagem no Brasil, mas as pessoas que estão ainda no crime de cafetinagem explorando esses corpos estão ainda na rua. (…) Elas não têm esse senso de humano. Sabe aquela coisa [de humanidade], sabe? Eu fico imaginando quem é filha12 desses monstros na rua. [Por] que [elas] falam que são filhas, né? São pessoas que estão na mão desse gatilho, dessas pessoas.

Conforme fui entendendo, e Beatrys confirmou, as filhas recebem algum tipo de proteção de suas madrinhas e também prestam contas a elas sobre seus trabalhos e rendimento.

Beatrys então compartilhou suas experiências pessoais que reforçaram sua desconfiança em relação a essas pessoas. Após, em um tom enigmático, mencionou que há ativistas, defensores/as das causas das TSs e das pessoas trans, que argumentam que há “madrinhas” que são autoridades legítimas e essenciais para esses grupos sociais. Ela também comentou que já viu essas figuras sendo chamadas de “fadas madrinhas”: “Que fada madrinha? Fada madrinha não te rouba, ela não te explora, ela não vai te colocar uma faca no teu pescoço pra te obrigar a dar dinheiro, usar seu corpo pra dar dinheiro”.

Dessa forma, Beatrys apresentou uma perspectiva bastante distinta daquela da E1. Buscando compreender como uma pessoa, com ocupação presumidamente ilícita e precarizada, poderia ter tanto poder sobre as TSs, levantei o questionamento a partir do que a legislação supostamente busca reparar, a exploração sexual: as cafetinas têm poder para obrigar as TSs a exercerem práticas sexuais indesejadas ou sem consentimento?

Beatrys esclareceu que não: ela e outras TS do seu círculo têm autonomia quanto a suas práticas sexuais. Contudo, uma vez que uma pessoa se torna TS de pista,13 ela depara-se com um território em que há uma hierarquia de antiguidade – aquelas que atuam há mais tempo organizam quem trabalha onde e para quem. Logo, se uma madrinha permite que as novatas trabalhem onde querem e/ou para quem querem, produz-se uma dívida financeira. Se a madrinha oferece proteção diante da violência estatal e de clientes, a sensação de endividamento parece aumentar.

Além disso, as madrinhas também viabilizam que as TSs sejam capazes de realizar as intervenções estéticas que as ajudem a alcançar seus corpos desejados. Ouvi relatos de madrinhas garantindo apoio financeiro para tal e até mesmo realizando elas próprias as cirurgias ou conduzindo as terapias hormonais. Com essas dívidas, as TSs são ameaçadas, não para exercerem práticas sexuais que não desejem e/ou sem consentimento – o que constitui exploração sexual –, mas para realizarem crimes patrimoniais, como furtos e roubos, para conseguirem os valores demandados. Junto a isso, o inadimplemento pode ter como consequência agressões físicas.

Esse comportamento se assemelha ao que relataram e que presenciei ser realizado pelos policiais. Esses/as agentes também furtam valores das TSs, sob ameaça de levá-las até uma delegacia e atribuir a elas algum crime (mesmo que o trabalho sexual por si só não configure ilicitude) ou mesmo de utilizar a arma de fogo contra elas. As experiências que acompanhei também apontaram que, diferentemente das cafetinas, os/as policiais também roubam os clientes – ameaçando expô-los como consumidores do trabalho sexual – e demandam das prostitutas serviços sexuais não pagos e sem consentimento, configurando, assim, exploração sexual.

Em outro momento, acompanhei uma entrevista14 com uma TS que já foi cafetina. Sua entrevista demonstrou uma oposição entre a segurança pública – os/as policiais – e uma espécie de segurança privada – as cafetinas e madrinhas. A primeira seria violenta, agressiva, injusta e cruel, sendo que a segunda seria corajosa, cuidadosa e justa. Em outras palavras, para ela, até quando cafetinas exercem a violência, haveria justiça:

E2: “polícia são os piores bandidos”. Igual os políticos da gente. Eles são os verdadeiros bandidos de gravata. (…) Não tô generalizando todos, mas tem muito policial pilantra e corrupto. Eu conheço, nesse Setor Comercial Sul,15 que eles fazem coisas absurdas, entendeu? Tanto policial que me perseguia, mas eu botava eles no chinelo. Vixe, eu fazia cada coisa com esses policial aqui. Eu não aceitava eles baterem em filha minha. (…) Eu subia em cima da viatura. Eu brigava mesmo! Eu brigava pelos meus direitos mesmo, entendeu? Às vezes me ameaçavam e eu não aceitava. Eu falava “ai que eu sou rica, eu tenho meu advogado”. [Eu fazia] Aquela bagunça de bicha, né? (…) Segurança pública? Eles não sabem respeitar as pessoas.

Em relação à cafetina, ela detalhou que “é aquela pessoa que não explora aquela pessoa que está trabalhando o trabalho sexual. Ela ajuda e apoia aquelas pessoas”. Continuando seu relato, ela contou que bateu em uma antiga cafetina que impedia as TSs trans de exercerem o trabalho em uma região. De certa forma, ela tornou-se uma “heroína” que garantiu a expulsão de uma cafetina dita exploratória do território. Como consequência, ela passou a ser temida por umas e respeitada por outras. Além disso, seu discurso busca se legitimar no cuidado e na proteção que ela exerce sobre as demais TSs.

Nota-se, então, uma intercambialidade entre madrinhas e cafetinas que tanto cuidam quanto ferem, violentam e protegem de violências. Diante disso, emergem, para a pesquisa empírica sobre o trabalho sexual no DF, essas atrizes antes vislumbradas como interditas, vedadas e tergiversadas. De fato, as experiências e relatos explícitos sobre cafetinagem só foram apresentados para mim depois de muita imersão no Coletivo. Mas elas somam-se aos primos, aos policiais e às próprias TSs como autoridades em disputa na organização cotidiana do trabalho sexual.

Diante da necessidade de análises mais aprofundadas sobre a atuação dessas figuras, na próxima seção apresento considerações iniciais sobre o que as legitima como autoridades. Para isso, discorro sobre os discursos que buscaram legitimar as TSs durante a pandemia de covid-19.

Como se é autoridade no trabalho sexual do DF brasileiro: violência, (i)legalidade e cuidado

Nesta seção, retomo as questões formuladas na minha pesquisa de mestrado – a) quais atores/atrizes compõem a governança da prostituição no Brasil e como eles/as se relacionam? e b) como os discursos destes atores/atrizes compõem a governança da prostituição no Brasil? No entanto, aprofundo-me em formular essa segunda análise sobre aqueles/as que efetivamente exercem influência e controle no dia a dia do trabalho sexual: cafetinas e TSs. Quer dizer, meu foco não são os/as atores/atrizes que tentam influenciar, ou que influenciam, a legislação e a política sobre essa matéria, mas aqueles/as que influenciam o seu dia a dia.

Como aquela pesquisa foi conduzida entre 2019 e 2021, pude presenciar que, desde o início da pandemia, os coletivos de TS arrecadaram doações financeiras e de alimentos para garantir a subsistência de suas famílias e realizaram atividades – presenciais e remotas – de formação política, autocuidado e terapia coletiva. Além disso, inspiradas pelas práticas realizadas durante a epidemia de HIV/Aids, elas produziram cartilhas e postagens com orientações acessíveis para seu público quanto à prevenção em relação à covid-19. Essas ações se propagaram em várias cidades do país, conduzidas por coletivos de TS, e foram acompanhadas pela centralidade da noção de cuidado. A exemplo:

Imagem 1. “Estamos de quarentena, mas o cuidado não pode parar”, março de 2020. Material utilizado com permissão das Tulipas do Cerrado

Mais que isso, além de orientar práticas voltadas à sobrevivência, a centralidade do cuidado esteve presente no discurso dessas atrizes. Nesse sentido, TSs e aliados/as buscaram argumentar que “o trabalho sexual é essencial: não apenas como uma profissão, mas também como uma atividade que desempenha um papel central na educação em saúde, no cuidado e na resistência. (…) [e reivindicar] que as trabalhadoras do sexo tenham acesso a tudo o que precisam para trabalhar com segurança e cuidar de si mesmas, de suas famílias, de suas colegas e de seus clientes16” (Santos et al., 2021, p. 9). Elas seriam essenciais à sobrevivência de si próprias e de sua comunidade.

A presente seção orienta-se em torno dessa constatação e, complementando outras pesquisas neste sentido (Calabria et al., 2024; Moraes, Santos, Assis, 2020; Santos et al., 2021), acrescento a ambiguidade da cafetina/madrinha no cenário do DF.

No período pandêmico, as TSs de pista dessa região logo perceberam que não poderiam cumprir a principal medida de prevenção: isolamento social. O trabalho sexual de pista é, por natureza, uma atividade que envolve contato físico. Durante a epidemia de HIV/Aids, a conscientização sobre o uso de preservativos e, posteriormente, a adoção da prevenção combinada foram estratégias eficazes para orientar as práticas das TSs conforme a comunidade científica especializada. No entanto, no contexto analisado, essas profissionais enfrentaram obstáculos ao tentarem seguir as diretrizes promovidas pela comunidade de saúde.

Somando a isso, as prostitutas foram alvo de estigmatização e violação de direitos, como apresento em relatos de três trabalhadoras sexuais entrevistadas:

Existiu política pública pra profissional do sexo quando nós, que não éramos causadoras do HIV, mas éramos rotuladas como transmissoras desse vírus. Aí pronto, o Ministério da Saúde: “vamos correr atrás de cuidar das puta e dos viados que estão passando HIV. (…) Aí surgiu essa política pública porque acha que a mulher profissional do sexo, prostituta, é só boceta. E depois nunca mais houve política pública. Mais nada. Isso aqui [apontando para si mesma] não é uma dona de casa, não é uma mãe, não é avó, é só boceta. A gente não é mais nada na nossa vida, só boceta. Esqueceu de políticas públicas” (Juma Santos, 2020).

Porque existe, de fato, esse moralismo, esse falso moralismo, que as pessoas que mais atacam ou agridem prostitutas em redes sociais ou com discurso. (…) Então essa vertente dessas pessoas são muito cruéis nesse sentido. E o aparato estatal não faz absolutamente nada, não desenvolve nenhuma política que vá diminuir isso, a educação também na escola não versa muito sobre essa questão. Não se discute nada. (…) Eu não conheço nenhuma ação de agente estatal pra essa questão da prostituição. Na verdade não há, não havia, não há agora. Tudo que havia no governo anterior eram projetos e grupos de trabalho, que eram importantes, claro! Mas esse auxilio de fato não tem agente estatal nenhum que consegue fazer nada com relação a essa questão. (Keila Simpson, 2021)

Lógico que só poderia piorar [a situação das trabalhadoras sexuais diante do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro]. A gente, que passou quase dezesseis anos como governo de esquerda, que recebia o movimento social, que tinha respeito com o movimento social, que era uma sociedade mais fraterna, com mais justiça social, e entra um governo de centro-direita, com vários problemas nesse governo. A questão do estigma, do preconceito, a discriminação. Lógico que os movimentos sociais, inclusive o movimento de puta e o movimento LGBT e outros movimentos como o movimento indígena e os movimentos, vários movimentos sociais sofreram muita repressão, discriminação e preconceito. (Lourdes Barreto, 2021)

Como se vê, nesse período, o ceticismo com o aparato estatal extrapolou a experiência com a segurança pública. Os relatos analisados indicam a desconfiança generalizada em relação ao Estado.

Ao mesmo tempo, as TSs desenvolveram estratégias paralelas de proteção e resolução de problemas, especialmente nas áreas de segurança, cuidado e saúde. Nesse momento em que, além de lidar com os estigmas, elas violavam a principal orientação de saúde pública e da comunidade científica, as prostitutas enfrentaram grandes dificuldades para disseminar uma perspectiva que as reconhecesse como agentes essenciais ou necessárias no enfrentamento da pandemia. Elas, juntamente com acadêmicos/as que as apoiavam, empenharam-se ativamente nesse sentido, buscando seu reconhecimento como essenciais e almejando políticas concretas, como terem prioridade na vacinação (Moraes, Santos e Assis, 2020; Santos et al., 2021). Contudo não obtivemos essa conquista (Calabria et al., 2024).

O que argumento, entretanto, é que essas práticas de cuidado não são apenas paraestatais, mas também desafiam os limites da licitude. Embora se possa argumentar que um estado de necessidade financeira levou as prostitutas a manterem-se realizando o trabalho sexual, suas ações coletivas tampouco preservaram o isolamento, inclusive com diversos encontros presenciais. Elas confrontaram a legalidade vigente ou, no mínimo, as orientações de saúde pública. Nesse ponto, a prática de questionar a legalidade em prol do que é percebido como cuidado e justiça não é uma novidade para este grupo. Enquanto o trabalho sexual permanece como lícito, a cafetinagem é mais desafiadora, de forma que a (i)legitimidade e a (in)justiça das ações das madrinhas e cafetinas não são uma certeza sequer entre as TSs.

Quando conversei com Beatrys sobre as relações interpessoais no trabalho sexual de pista, comentei sobre o respeito que ela sempre demonstra ter pelas profissionais do sexo mais velhas que ela. Ela disse que é um “vínculo de família mesmo”. E continuou:

Beatrys: Eu cuido da Flávia17 como se fosse uma parente minha. Por quê? Porque eu sou muito grata à Flávia. Porque teve um certo período quando eu trabalhava na rua, querendo ou não tinha uma responsável por aquele local. E a Flávia foi uma dessas responsáveis. Só que ela não me explorava, sabe? Ela não chegava a me extorquir.

Em outra conversa, Flávia discorreu:

Flávia: Eu era a bicha mais danada daqui. (…) Eu era a única que, [se] roubava, quem roubasse comigo, nós dividia o dinheiro direito. (…) Eu nunca gostei de sacanagem e sabia levar as bichas para lugar que a polícia não ia passar para pegar nelas. (…) E eu brigava por causa das bichas.

Beatrys rejeita narrativas que defendem tanto madrinhas quanto cafetinas. Mas, do ponto de vista jurídico, Flávia poderia ser enquadrada como sua cafetina, por ser responsável por um local de oferta e prática de trabalho sexual. Flávia também poderia ser criminalizada por roubo, furto e violência. Mas sua violência é considerada justa por Beatrys.

Outras TSs demonstram carinho por suas madrinhas, almejam ser uma delas ou, como disse-me uma das prostitutas que acompanhei, sentem saudade de um tempo em que a hierarquia era alegadamente ainda mais rígida. Isso evoca, em última instância, a necessidade de que os estudos sobre prostituição e sobre TSs em contextos de crise reconheçam a existência e o discurso sobre essas atrizes não apenas como agentes de violência, mas também como promotoras de cuidado.

Ao incluir as cafetinas na análise, proponho um complemento às pesquisas sobre o trabalho sexual. Pelo menos no DF, as TSs e as cafetinas/madrinhas oferecem serviços que, constitucionalmente, deveriam ser fornecidos pelo Estado. Com seu histórico de experiências nesse sentido, elas desenvolveram competências que lhes conferem autoridade para influenciar em termos de cuidado e de segurança, ainda que esses sejam às custas de violência e ilicitude.

Além disso, foi durante a pandemia que Beatrys aproximou-se do coletivo. Ela estava prestes a ser expulsa de casa devido à falta de pagamento do aluguel e, sentindo-se solitária, precisava, em meio à pandemia, de coletividade. Neste processo, ainda que em conflitos internos, todas elas – madrinhas, cafetinas e TSs que amam, odeiam e/ou temem cafetinas -, produzem sentidos que desafiam a naturalização de suas vidas como “perdidas”. Seus discursos invertem as práticas estatais que, em geral, as violentam e invisibilizam, mas que, apenas em momentos pontuais as protegem. Durante a crise da pandemia, elas produziram e disseminaram discursos e práticas que as destacam como dignas de proteção e cuidado, além de geradoras de cuidado com os outros – junto à licitude, apesar dela ou até mesmo contra ela.

Conclusão

Quando perguntei à Flávia, porque ela se arriscava para proteger as outras trabalhadoras sexuais, ela explicou: “[É porque eu] Era da noite. Eu era defensora de puta, já apanhei por defender puta. Era meu instinto”.

Com esse trecho, Flávia expôs um encontro entre o discurso e a prática das TSs e das madrinhas/cafetinas em torno do cuidado de si e das outras, como elucidei nas seções anteriores. Na experiência da noite, da pista e da prostituição, emerge nela o que ela caracterizou como instinto de cuidado, mesmo que fosse um cuidado atravessado por experiências de violência. Ao contrário do trabalho sexual estar exclusivamente imerso em violências, riscos e perigos, como sugerem os discursos criminalizadores, as TSs parecem estar imersas em um compromisso com o cuidado.

Por essa razão, os achados dessa pesquisa caminham no sentido de que as TSs e as cafetinas/madrinhas produzem e reinventam discursos que aproximam violência e cuidado de forma mais nuançada do que as expectativas presentes em suas relações com o aparato estatal. Acompanhando isso, e diante de ameaças à legalidade do próprio trabalho sexual de pista,18 expor os matizes e as complexidades das dimensões menos lícitas do trabalho sexual se revela necessário, especialmente para aqueles/as comprometidos com a proteção e o cuidado das trabalhadoras sexuais.

Bibliografía

Barreto, Letícia (2008). Prostituição, gênero e sexualidade: hierarquias sociais e enfrentamentos no contexto de Belo Horizonte [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal de Minas Gerais.

Barreto, Letícia (2015), Somos sujeitas políticas de nossa própria história: Prostituição e feminismos em Belo Horizonte [Tese de doutorado]. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Florianópolis.

Blanchette, Thaddeus e Silva, Ana Paula (2014). As rotas da PESTRAF: empreendedorismo moral e a invenção do tráfico de pessoas no Brasil. Revista Ártemis 18(1).

Blanchette, Thaddeus; Mitchell, Gregory; Murray, Laura (2017). Discretionary Policing, or the Lesser Part of Valor: Prostitution, Law Enforcement, and Unregulated Regulation in Rio de Janeiro’s Sexual Economy. Criminal Justice and Law Enforcement Annual: Global Perspectives, 7, 31-74.

Butler, Judith (2015). Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Calabria, Amanda et al. (2024). Trabalhadoras sexuais no marco pandêmico brasileiro: efeitos em e relações com a saúde. Cadernos de Saúde Pública, 40(9), 1-11.

Capela, Gustavo (2013). O direito à prostituição: aspectos de cidadania [Dissertação de mestrado]. Universidade de Brasília, Faculdade de Direito.

César, Flávio Lenz (2011). O estado da Saúde e a “doença” das prostitutas: uma análise das representações da prostituição nos discursos do SUS e do terceiro setor [Trabalho de Conclusão de Curso]. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

Costa, Ana Carolina (2018). Putas mulheres: compartilhando saberes, construindo o cuidado [Dissertação de mestrado]. Universidade de Brasília, Ceilândia.

Fairclough, Norman (2012). Análise crítica do discurso como método em pesquisa social científica. Linha d’agua, 25(2), 307-329.

Fairclough, Norman (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. Psychology Press.

Góes, Juliana (2018). Abordagens teóricas e analíticas sobre a prostituição. Caderno Espaço Feminino, 31(1), 119-146.

Guerra, Carolina (2019). “Mulher da Vida, É Preciso Falar”: um estudo do movimento organizado de trabalhadoras sexuais [Dissertação de mestrado]. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, São Paulo.

Kotiswaran, Prabha (2011). Dangerous sex, invisible labor: Sex work and the law in India. Princeton University Press.

Leite, Gabriela (2008). Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Editora Objetiva.

Lowenkron, Laura (2015). Consentimento e vulnerabilidade: alguns cruzamentos entre o abuso sexual infantil e o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. cadernos pagu, 225-258.

Moraes, Carolina (2021). Governança da prostituição no Brasil: um mapeamento da disputa discursiva contemporânea [Dissertação de mestrado] Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política.

Moraes, Carolina e Assis, Mariana Prandini (2023). Alternative Models Of Care And Sex Work: Sex Workers’ Activism Disputing Public Policy In Brazil. Writing from below.

Moraes, Carolina; Santos, Juma e Assis, Mariana (2020). “ We Are in Quarantine but Caring Does Not Stop”: Mutual Aid as Radical Care in Brazil. Feminist Studies, 46(3), 639-652.

Murray, Laura (2015). Not fooling around: The politics of sex worker activism in Brazil [Tese de Doutorado]. Columbia University.

Prada, Monique (2018) Putafeminista. Veneta.

Piscitelli, Adriana (2008). Entre as” máfias” e a” ajuda”: a construção de conhecimento sobre tráfico de pessoas. cadernos pagu, 31, 29-63.

Piscitelli, Adriana (2012). Interseccionalidades, direitos humanos e vítimas. Discursos fora da ordem: sexualidades, saberes e direitos. São Paulo: Annablume, 199-226.

Rodrigues, Marlene (2003). Prostituição e polícia: um estudo de caso [Tese de doutorado]. Universidade de Brasília, Departamento de Sociologia.

Santos, Betania et al (2021). Sex Work, Essential Work: A Historical and (Necro) Political Analysis of Sex Work in Times of COVID-19 in Brazil. Social Sciences, v. 10 (2).

Silva, Cyntia e Caruso, Haydee Gloria (2019). A prostituição feminina na avenida W3 norte em Brasília: contribuições a partir do conceito foucaultiano de dispositivo. (SYN)THESIS, 12, 52-67.

Silva, Cyntia Cristina de Carvalho e (2016). Narrativas sobre a prostituição feminina na W3

norte: construindo um dispositivo [Dissertação de mestrado]. Universidade de Brasília, Departamento de Sociologia.

Wagenaar, Hendrik, Altink, Sietske, e Amesberger, Helga (2017). Designing prostitution policy: Intention and reality in regulating the sex trade. Policy Press.

8 Agradeço aos editores pelos valiosos comentários e sugestões, que contribuíram significativamente para a melhoria deste artigo. Também agradeço a Juma Santos e Lorenza Rezende Moraes pelos comentários durante a pesquisa.

9 Na fase de produção de registros policiais de ocorrência, há apenas a suspeita de que um crime tenha ocorrido, sem que tenha havido qualquer oferecimento de denúncia ou condenação.

10 Feira do Cú é o apelido dado ao Setor de Diversões Sul, ou CONIC, local de tradicional oferta de trabalho sexual em Brasília.

11 As Tulipas, integrantes do Coletivo, usualmente reclamam de pesquisadores/as que, segundo elas, coletaram suas reflexões críticas e as publicaram sem as creditarem. Devido a isso, as Tulipas geralmente solicitam que seus nomes reais sejam usados em publicações.

12 Filha é o termo utilizado para referir-se a quem responde às madrinhas.

13 A trabalhadora sexual de pista é aquela que oferece seu serviço nas ruas.

14 Quem conduziu essa entrevista foi o Chico Fritz, no âmbito do Projeto Tulipas do Cerrado pelo Trabalho Decente, financiado pelo Fundo Labora/Fundo Brasil.

15 O Setor Comercial Sul é uma região de Brasília com um tradicional mercado de trabalho sexual.

16 A autora traduziu todas as citações de trabalhos que não foram publicados em português.

17 O nome dessa pessoa foi alterado para preservar a identidade dela.

18 Nesse sentido, ver, por exemplo, o Projeto de Lei nº 778/2025, que altera o Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para prever a contravenção penal de prostituição em via pública.

Parte II

Cuidados y reproducción de violencias

Convivências conflitivas do cuidado dentro das casas

Processos judiciais, violências e rebeldia
no trabalho doméstico19

Regina Stela Corrêa Vieira, Bruna Salles Carneiro y Pedro Augusto Gravatá Nicoli

Introdução

Acusada de furto de joias na residência da patroa, uma trabalhadora doméstica teve sua casa revistada por policiais que nada encontraram. Câmera na suíte do casal revela o uso de perfume e maquiagem importados por empregada doméstica. Boletim de ocorrência contra trabalhadora doméstica pelo desaparecimento de tapete, calcinha e pano de prato da casa do empregador. Três trabalhadoras, Bianca*20, Ana* e Elena*, sumariamente dispensadas de seu emprego. Três histórias submetidas à apreciação do Poder Judiciário brasileiro.

A partir da análise desses processos trabalhistas, por meio da recomposição etnográfica do processo (Ferreira & Lowenkron, 2020) e da narrativa de contra-histórias (Hartman, 2008), este capítulo investiga as ambivalências entre cuidado e violências estrutural, simbólica e patrimonial ora sofrida, ora supostamente cometida por trabalhadoras domésticas, como potenciais formas de rebeldia diante da exploração. O que as narrativas processuais não nos contam sobre as trajetórias de vida das trabalhadoras do cuidado? O que revelam sobre convivialidade e desigualdades? O que pode ser nomeado como violência nesses contextos?

Com referencial teórico de Saidiya Hartman (2008, 2016, 2022) e Sergio Costa (2019), temos como objetivos: revisitar os processos judiciais, desvelando as violências sofridas na vida dessas trabalhadoras; explorar o nexo convivialidade-desigualdades a partir das tensões entre patroas e empregadas nas relações de cuidado, marcada por abismos sociais; compreender as nuances do que é violência na perspectiva do processo judicial e das trabalhadoras julgadas; recontar as narrativas processuais a contrapelo para conjurar insurgências das trabalhadoras domésticas, aparentemente discretas e individuais, como formas de resistência.

Não é por meio do processo judicial que conhecemos a fundo a vida, os sofrimentos e os desejos dessas mulheres. São trabalhadoras do cuidado que buscaram a justiça por reparação e se viram sofrendo mais uma violência, agora institucional, referendada pelos Tribunais brasileiros. Mas, as narrativas ali presentes, ainda que permeadas pela rigidez jurídica, dão condições para investigar as relações de “dentro de casa” entre patroas e empregadas, atravessadas pelo cuidado, violência e opressão. São três histórias comuns que não passam despercebidas diante da recusa por essas mulheres dos lugares de exploração e sujeição, seja pelo trabalho, classe, raça ou gênero.

Em termos metodológicos, os processos foram analisados integralmente, desde os documentos da petição inicial até as decisões nos tribunais superiores. Sua seleção foi realizada da seguinte forma: um deles foi caso de repercussão no campo jurídico-trabalhista na época de seu julgamento, por tratar-se de uma decisão que abriu exceção à estabilidade da gestante;21 os outros dois foram localizados por meio de pesquisa nas bases virtuais de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do repositório eletrônico Jusbrasil, utilizando os termos “furto”, “trabalho doméstico” e “emprego doméstico”,22 sendo que a seleção se deu pela particularidade dos objetos supostamente furtados. Escolhemos nomes fictícios para as trabalhadoras que ajuizaram as ações judiciais analisadas. Apesar de os processos não estarem protegidos pelo segredo de justiça, por se tratar de casos delicados, optamos por não trazer outras referências sobre as ações, como forma de resguardá-las.

O capítulo se organiza, após esta introdução, em mais quatro partes. Na primeira, “Três histórias que se entrecruzam”, apresentamos os relatos sobre Bianca*, Ana* e Elena* que compõem os autos dos processos trabalhistas objeto de análise, quais as suas narrativas, pedidos ao Judiciário, respostas e acusações dos(as) empregadores(as), e os desfechos das demandas. Na segunda parte, “Faces da violência no trabalho de cuidado remunerado”, dimensionamos as violências históricas ainda presentes no cotidiano das trabalhadoras domésticas, apontando a sua face estrutural. Já na terceira, investigamos “As resistências que não cabem nos autos”, o caráter de rebeldia das trabalhadoras domésticas que recusam a lógica de submissão e exploração do trabalho, desvelando as convivências nada pacíficas do cuidado na casa dos outros. Ao final, apresentamos nossas conclusões.

Três histórias que se entrecruzam

Bianca* foi admitida como empregada doméstica, de maneira informal, para trabalhar na residência de um casal de idosos, no interior do estado de São Paulo (Caso 1). Somente um ano depois, em 2008, os empregadores fizeram o seu registro formal de emprego. Por oito anos, ela cumpriu a jornada de segunda-feira à sábado, quarenta e quatro horas semanais, sem gozar do intervalo para descanso e refeição, recebendo um salário mínimo. Ela nasceu no estado da Paraíba, na região Nordeste do país e migrou para São Paulo, história de inúmeras outras trabalhadoras domésticas no Brasil (Thurler, 2011).

Ana* trabalhou no domicílio de um casal, em Brasília, na capital do país, na região Centro-Oeste, em bairro de classe alta, entre 2013 e 2014, por praticamente um ano (Caso 2). Seu estado de origem é a Bahia, também na região Nordeste do país. Com registro na carteira de trabalho, ou seja, com emprego formalizado, ela recebia um salário mínimo na época, morava na periferia. A distância entre os bairros é de, pelo menos, uma hora de ônibus.

Elena* foi diarista23 na casa de um dentista, na capital do estado do Espírito Santo, e também morava distante do local de trabalho, em uma cidade vizinha. Apesar de trabalhar três vezes por semana, cumprindo o horário de 7h às 17h, não teve sua carteira de trabalho assinada (Caso 3). Ela relata que em alguns meses não recebeu sequer o salário mínimo. Trabalhou sem qualquer proteção trabalhista ou previdenciária.

Três trabalhadoras domésticas que limpavam, lavavam e cozinhavam. Tomavam conta de uma casa que não era sua, cuidavam de pessoas que, a princípio, eram estranhas, praticamente todos os dias. Um trabalho complexo e multifacetado que envolve dimensões materiais, físicas, relacionais e emocionais (Soares, 2012), marcado pela hierarquia entre quem contrata e é contratado e pela pessoalidade de quem presta o serviço. Pelo abismo social entre quem cuida e é cuidado.

Mas essas histórias se entrecruzam não só pela identidade funcional, uma vez que há um fato comum em cada uma delas que foge da habitualidade dos processos trabalhistas: a acusação do cometimento do crime de furto. Nos três casos, os documentos funcionais da relação de trabalho são sucedidos por boletins de ocorrência, realizados pelos empregadores – agora supostas vítimas – contra as trabalhadoras.

A narrativa dos empregadores, que aqui nos interessa menos do que a das trabalhadoras, parece uníssona: somente a trabalhadora doméstica poderia ter-se apropriado dos objetos que sumiram, pois seria a única pessoa que adentrou na casa, que acessava aquela intimidade, que saberia onde as joias, o perfume, ou o tapete estariam. O centro das alegações de patrões e patroas passa a ser a confiança, uma característica central para as relações de cuidado, que teria sido frontalmente abalada pelo suposto furto, independentemente do tempo de prestação de serviço e de convívio íntimo com a empregada.

Bianca* trabalhou oito anos para o casal que a acusou do furto de joias, sem ter direito às férias regulares, aos recolhimentos para o seguro social ou ao pagamento das horas extraordinárias (Caso 1). Quando os empregadores retornaram das férias, perceberam o sumiço de joias, buscaram a autoridade policial e incriminaram a trabalhadora. Sem qualquer prova, compeliram a trabalhadora a permitir que o investigador de polícia adentrasse sua residência. Ela teve sua casa revistada, sem mandado de busca e apreensão, requisito para que a inviolabilidade do domicílio seja afastada. Em contrapartida, durante o contrato de trabalho da Bianca*, a mesma garantia de inviolabilidade do domicílio foi mantida para impedir qualquer fiscalização laboral na casa da patroa, a fim de averiguar se todos os seus direitos estavam sendo respeitados.

Por depender do salário para viver, mesmo após essa situação humilhante e constrangedora, Bianca* retornou à residência da patroa e se deparou com as portas trancadas, o seu acesso foi restrito às dependências externas. Diante da situação insustentável e ofensiva para a trabalhadora, a empregadora rescindiu o seu contrato de trabalho, mas colocou como se fosse por “iniciativa do empregado”, fazendo com que ela recebesse um valor menor a título de verbas rescisórias: somente R$ 587,46, no ano de 2015 (cerca de 175 dólares), após trabalhar por oito anos na residência.

Já Ana* foi acusada de utilizar “pertences pessoais da empregadora”, como perfume, maquiagem, cremes e desodorante (Caso 2). Mesmo grávida, no quinto mês de gestação, foi surpreendida com a dispensa por justa causa. Ana* havia entrado no banheiro da suíte dos patrões não só para se ajoelhar diante do vaso sanitário e limpar a sujeira, como de costume, mas experimentou os cremes, maquiagem e perfume que ali estavam. O uso da suíte era “exclusivo” do casal, enquanto a trabalhadora tinha autorização apenas para higienizá-lo. A patroa percebeu a utilização dos cosméticos ao verificar que “um frasco de perfume importado e caro que nunca havia usado” estava “quase vazio”, ocorrendo o mesmo com “cremes que não utilizava com frequência” (Caso 2).

Para os empregadores, a ousadia de Ana* em utilizar produtos caros era ainda mais inadmissível porque, quando viajavam, costumavam trazer lembrancinhas para a empregada, como chocolate e um perfume. Com a desconfiança, os patrões instalaram câmeras no banheiro e verificaram nas imagens que Ana*, antes de encerrar a jornada de trabalho, violou a propriedade da patroa porque usou seu creme de rosto, acetona, desodorante, perfume, batom e escova de cabelo.

Já Elena* foi incriminada pelo patrão por supostamente furtar objetos como: “tapete personalizado bem-vindo”, trena, talheres, calcinha, sutiã, brinco, relógio, creme de cabelo, perfume, pano de prato. Seu patrão que se autointitula “um homem de bem” na contestação, afirma que “não iria a nenhuma Delegacia de Polícia para reclamar de mais ou menos R$5.000,00 [aproximadamente mil dólares]” mas sim para “evitar que outras pessoas de bem sofram o mesmo problema” (Caso 3).

As três trabalhadoras domésticas buscaram a Justiça do Trabalho como um meio de reparação, seja para reconhecer o vínculo empregatício por todo o período de labor e ter pagas parcelas remuneratórias, seja para reverter a modalidade da dispensa, seja para receber uma indenização por danos morais diante das acusações de furto. Complementarmente, no caso de Ana*, o pleito envolvia também a garantia de sua estabilidade como gestante, prevista na Constituição.

A reivindicação dos direitos por si só nos aparece como um atrevimento cometido por essas mulheres que, em seus gestos, desafiaram as hierarquias dessas relações. A demanda por uma outra resposta institucional, face aos boletins de ocorrência, pode ser lida como uma forma de vingança contra esses empregadores. Nos processos judiciais, são elas que ditam as narrativas iniciais e apresentam os pedidos, ainda que as histórias venham a ser recontadas, validadas ou rechaçadas. Mesmo com todas as limitações, contradições, violências institucionais e rigidez próprias do mundo jurídico, há um espaço para que essas trabalhadoras, intermediadas por advogadas(os), tenham voz. Para que digam sobre as humilhações e constrangimentos que sofreram e reafirmem que também possuem dignidade, honra e imagem.

Como desfecho no processo, Bianca*, que trabalhou por oito anos para a mesma família, só conseguiu a retificação da data de admissão na carteira de trabalho. Segundo o juiz do caso, não houve grave ofensa à sua honra, até mesmo porque seria “incontroverso nos autos que a reclamada e sua família foram vítimas de fato criminoso, os quais tiveram subtraídos bens de elevado valor enquanto estiveram ausentes da residência em razão de viagem de lazer” e “mais natural ainda é a adoção de medidas complementares de segurança após o fato ocorrido, com a inclusão de novo sistema de trancamento (…) e a limitação da circulação da reclamante no estabelecimento” (Caso 1).

Ana*, que estava grávida de cinco meses, teve a dispensa por justa causa chancelada pela Justiça do Trabalho, pela instância superior. Sua falta grave foi o uso de cosméticos “caros e importados” que não lhe pertenciam (Caso 2). No imaginário dos empregadores e dos juízes do caso, esses produtos sequer podiam lhe pertencer. O tribunal entendeu que a aplicação da penalidade máxima do Direito do Trabalho estaria correta, sobrepondo-se à estabilidade provisória da gestante no emprego – que deveria proteger as necessidades da futura mãe e do nascituro.24 Afinal, Ana* assumiu uma postura que “não se espera” de uma empregada doméstica, subvertendo a ordem e aproximando-se minimamente da realidade da patroa (Caso 2).

Já Elena*, acusada do furto de objetos como um tapete e uma calcinha, viu um desfecho diferente para o seu processo. Apesar de não reconhecer o vínculo empregatício como diarista, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que seu patrão teria o dever de compensar a falsa acusação, condenando-o ao pagamento de cinco mil reais como indenização pelo dano moral sofrido. Foram levadas em consideração pelo julgador: “a gravidade da lesão, para o que também considero, dentre outros fatores, a prestação de serviços durante o período de três meses e a ausência de notícia quanto à conclusão do inquérito policial; a capacidade econômica do reclamado” (Caso 3).

As noções sobre dignidade, imagem e honra aparecem de formas distintas nos autos para cada uma das partes envolvidas. Como se a violação ao “patrimônio” (objetos) dos empregadores merecesse maior proteção jurídica do que a dignidade das trabalhadoras. A revista policial, sem mandado judicial, dentro da casa de Bianca* ou a estabilidade provisória no emprego da Ana* por causa de sua gestação parecem não ter o valor jurídico daqueles supostos furtos.

Os julgadores tratam com certa naturalidade o fato de empregadores acusarem as empregadas por furto, sob a justificativa de que só elas teriam aquele acesso – a única exceção é a decisão em última instância do processo de Elena*. Nesse raciocínio, só as trabalhadoras domésticas teriam a capacidade de saber onde a joia, o perfume caro ou as calcinhas estariam. Afinal, só elas sabem qual é o funcionamento de cada uma dessas casas, sabem os segredos, os conflitos e as brigas. Só elas possuem as chaves, além dos proprietários-empregadores. Há um certo domínio do funcionamento daquele ambiente pelas trabalhadoras, ainda que as câmeras passem a estar presentes.

Os casos aqui apresentados, no contexto do emprego doméstico, demonstram que há uma relação conflituosa entre convivência e constrangimento, entre intimidade e violência, de quem presta o cuidado e quem paga por ele. Dentro das casas, duas realidades muito distintas colidem e a distância socioeconômica é permeada pela ambiguidade afetiva (Brites, 2007). Nesse espaço, a relação convivialidade-desigualdade torna-se evidente, chamando atenção para o nexo inseparável entre a interdependência dos seres humanos entre si e as profundas desigualdades que permeiam as relações em que esse convívio acontece (Costa, 2019).

Nesse sentido, a casa em que há contratação de trabalho doméstico remunerado pode ser entendida como lugar de convivência compulsória, marcado por uma proximidade de corpos de pessoas pertencentes a diferentes grupos sociais, no qual as relações cotidianas são também caracterizadas pelas assimetrias de poder (Rojas Scheffer, 2022). Sendo assim, a subtração de determinados objetos ou o uso de produtos de higiene pessoal pelas trabalhadoras parece aproximar essa distância social, dinamizar a hierarquia e subverter a ordem.

Não temos a intenção de apurar se os furtos foram ou não cometidos pelas trabalhadoras, ou se houve quebra de confiança no uso de um perfume, mas de complexificar a análise, situando-a na materialidade das condições do trabalho doméstico no Brasil, sob a ótica das possibilidades de insurgência dentro da casa dos outros, como uma forma possível de resposta às violências historicamente sofridas. Afinal, o que é a violência patrimonial face a uma constante violação de direitos na exploração do trabalho alheio? O que os pequenos furtos ou usos representam na assimetria hierárquica da relação de trabalho dentro do ambiente doméstico?

Faces da violência no trabalho de cuidado remunerado

É sobre os ombros e os corpos das trabalhadoras domésticas remuneradas que recai grande parte da carga de trabalho de cuidado no Brasil (Ibge, 2022; Araújo e Pinheiro, 2023). São mulheres como Bianca*, Ana* e Elena* que vivem a realidade de trabalho precarizado, marcado pelos baixos salários, pela informalidade e ausência de proteção social. De forma contraditória e injusta, prestam um serviço que, direta ou indiretamente, tem como objetivo maximizar o bem-estar dos outros (Araújo e Pinheiro, 2023).

Utilizamos a referência teórica de Saidiya Hartman (2022; 2016; 2008), que parte da centralidade das relações raciais e do racismo para a conformação das sociedades, como será explicitado neste tópico. No Brasil há 5,8 milhões de pessoas ocupadas no trabalho doméstico, equivalente a 5,9% da força de trabalho, das quais a grande maioria são mulheres (91,4%), conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, sistematizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (2023). As mulheres negras continuam sendo a maioria da categoria (67,3%). Trata-se de uma categoria profundamente estruturada pela divisão sexual e racial do trabalho.

Nos processos trabalhistas analisados, não há registro da autodeclaração racial das trabalhadoras, somente cópias de má qualidade dos documentos de identificação, o que não permite conclusões definitivas sobre a cor da pele de cada uma delas. Isso revela a perpetuação do racismo institucional no Judiciário, que tradicionalmente ignora as dinâmicas das relações raciais e suas desigualdades.25 Ainda assim, nas dinâmicas migratórias internas brasileiras, há a racialização de mulheres originárias das regiões Norte e Nordeste para trabalharem em estados do Centro-Oeste e do Sul. E esse é o caso de Bianca*, natural da Paraíba que foi trabalhar no estado de São Paulo; e de Ana*, nascida na Bahia, que foi trabalhar na capital do país, Brasília. Não há dados no processo sobre a origem de Elena*.

Além da marcação de gênero e raça, outra característica do mercado de trabalho doméstico no Brasil é sua precarização. Mesmo após a Emenda Constitucional nº 72/2013, que equiparou os direitos de trabalhadoras domésticas ao dos demais trabalhadores,26 a informalidade continua a forma de contratação predominante, como é a história de Bianca* e Elena*. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Contínua, apenas 24,7% possuem carteira de trabalho assinada e 35,3% são seguradas da previdência social (DIEESE, 2023).

Apesar de ser um trabalho imprescindível para a sobrevivência humana e existência das sociedades, a desvalorização persiste: 13,4% das trabalhadoras domésticas estão em posição de extrema pobreza, recebendo até um quarto do salário mínimo e 26,2% estão em posição de pobreza, recebendo entre um quarto e meio salário mínimo (DIEESE, 2023). Ao lado disso, mais da metade das trabalhadoras domésticas são responsáveis pelo domicílio, são “chefes de família” (DIEESE, 2023).

Paradoxalmente, o trabalho de cuidado, que supre diariamente as necessidades físicas e emocionais dos outros, é produzido por meio da violenta estrutura da escravidão, racismo, sexismo e descartabilidade (Hartman, 2016). As muitas faces da violência da exploração do cuidado são inerentes ao capitalismo, que ao longo de sua história o canibaliza: desde o mercantilismo, com a domesticação das mulheres europeias e a expropriação da capacidade reprodutiva das mulheres nas colônias, até o atual capitalismo financeirizado, com a pauperização das famílias e ampliação da necessidade de transferência dessas tarefas (Fraser, 2024).

Tais faces da violência estrutural conformam o trabalho doméstico. São mulheres negras, forçadas a performar afetividade, que historicamente sustentam famílias brancas a custas de suas próprias famílias (Hartman, 2016). Além de generificado, o cuidado é racializado, carrega resquícios da escravidão e do colonialismo. Isso significa que todo o histórico de sequestro, exploração dos corpos e territórios dos povos negros moldou e orientou as divisões raciais do cuidado global (Raghuram, 2019).

Segundo Hartman (2016), a continuidade entre a escravidão e liberdade está subscrita pelo trabalho doméstico das mulheres negras. A violência contra os corpos das mulheres negras aparece como uma questão central na teoria de Saidiya Hartman (2016; 2022) não só na conformação do mundo moderno – junto com a escravidão –, como também para definir as suas experiências como trabalhadoras.

As trabalhadoras são tratadas como objetos que servem aos outros, como se não pudessem agir “por si ou para si”, ou como se fossem “algo necessitado de direcionamento, sob a imposição da senhora ou do senhor” (Hartman, 2022, p. 96). Equiparadas a objetos, elas podem ser simplesmente descartadas. Foi o que aconteceu com Bianca*, que depois de oito anos de convívio quase diário foi acusada de furto e sumariamente dispensada, sem sequer receber todas as verbas trabalhistas que lhe eram devidas. Já Ana* foi dispensada por justa causa por ter usado os cosméticos da patroa, medida chancelada pelo Poder Judiciário, mesmo estando grávida de cinco meses.

Na forma de um conceito de dicionário, a Hartman (2022) traça algumas definições para o que chama de “Manual do trabalho doméstico geral”:

Manual: próprio ou pertencente à mão ou às mãos, feito ou desempenhado com as mãos. (…) O uso do corpo como ferramenta ou instrumento. (…) uma propriedade manuseada por outro. Também uma coisa a ser possuída. A ser manuseada como pertencente, anexada, marcada, invadida, ingerida, não autônoma. Manual: ser manejada por outro, ser manejada ao bel-prazer; ser manejada como um exercício da vontade do outro, ser separada de sua própria vontade, motivações ou desejos (p. 95-96).

Neste “Manual”, a autora aponta para o que seria esperado de uma trabalhadora doméstica: silêncio, obediência, submissão e disposição – das mãos, do corpo, da mente (Hartman, 2022, p. 95-97). Ela acaba por denunciar a realidade de abuso, violência e exploração do trabalho e das trabalhadoras. Manual: “relacionado ao manuseio, a ser manuseada, a ser manuseada como uma ferramenta ou instrumento; a ser manuseada como uma escrava, como uma mocinha qualquer, como uma puta, como uma vadia, como uma crioula” (Hartman, 2022, p. 96).

Os supostos danos ao patrimônio dos empregadores, por meio de pequenos furtos ou usos, como os processos trabalhistas relatam, não se equiparam às violentas condições de formação e existência do trabalho doméstico, especialmente na América Latina, que carregam as marcas de uma escravidão não acabada (Telles, 2011; Bernadino-Costa, 2007). Os direitos das trabalhadoras domésticas, mesmo após um longo histórico de lutas e conquistas, continuam sendo desrespeitados, como os casos e os dados demonstram.

Do mesmo modo, as humilhações e constrangimentos relatados pelas trabalhadoras, nos autos dos processos analisados, revelam que a lógica de exploração do trabalho e dos corpos persiste e ainda é perpetuada. Além de acusada injustamente pelo furto de joias, Bianca* teve a sua residência revistada por um policial, na frente de vizinhos e familiares. Depois, a patroa passou a cercear o seu acesso dentro da casa que limpava porque “continuava desconfiando” da trabalhadora (Caso 1). Ainda, após a dispensa, ao buscar recolocação profissional, Bianca* descobriu que a ex-patroa a acusou novamente para a sua nova empregadora. Já a Ana* passou a ser vigiada por câmeras instaladas na frente de um banheiro, após a patroa perceber que os seus perfumes e cremes estavam sendo utilizados, e mesmo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que esse tipo de monitoramento fere o direito à dignidade e intimidade, configurando abuso do poder diretivo do empregador, a dispensa por justa causa foi mantida pela Justiça (Caso 2).

O peso da dignidade das trabalhadoras aparenta ser menor do que a “integridade” dos objetos das casas dos patrões e patroas. Ainda que estejamos tratando de relações de trabalho individuais, situadas em casas específicas, longe da arena pública, as condições se repetem e são coletivizadas. Assim, amparadas em Johan Galtung (2010, p. 27), podemos dizer que os conflitos no âmbito do trabalho doméstico envolvem pelo menos dois diferentes níveis de organização da sociedade: de uma esfera “micro”, entre indivíduos, entre empregador e empregada, para um nível “meso”, entre gêneros, gerações, classes, nações.

Segundo o autor, os conflitos exigem uma análise transdisciplinar, sendo que o conflito “micro” pode se manifestar como violência verbal, acompanhada de linguagem corporal, outras vezes como violência física. Já a nível “meso”, o conflito torna as pessoas conscientes das estruturas que produzem a sociedade e a si mesmas, “que fazem parte de seus mundos sociais tácitos”, pois há identificação entre sujeitos, seja por classe, seja por gênero (Galtung, 2010, p. 29). Nesse contexto, a violência estrutural é aquela que leva em consideração as estruturas sociais, políticas e econômicas. Ao lado disso, a medida da paz seria aquela em que as necessidades e direitos básicos dos cidadãos e cidadãs são satisfeitos (Galtung, 2010).

A violência estrutural remete ao “navio negreiro como útero do mundo moderno” (Hartman, 2016) e constitui o trabalho de cuidado remunerado em suas faces de raça, gênero, classe e sexualidade. Essa violência, no entanto, não costuma ser abordada ou sequer é considerada como ponto relevante para que o Poder Judiciário forme seu convencimento nos julgamentos.27 Se fosse, os processos de Bianca* e Ana* certamente teriam outros resultados.

Nesse sentido, o direito revela sua face reprodutora das relações de poder na sociedade, ou seja, enquanto instrumento que reforça e legitima o status quo e as violências sistêmicas (Scales, 2006; MacKinnon, 1989; Olsen, 1983). Essa face tem especial desdobramento no “fazer” do direito, ou seja, nos métodos jurídicos de interpretação e aplicação das normas ao caso concreto, empregados no rito processual, que disfarçados por uma suposta objetividade e neutralidade reproduzem exclusões (Bartlett, 1990). Contra as trabalhadoras domésticas, a violência institucional via processo é consequência da desconsideração das relações assimétricas entre empregadores e empregadas e peculiaridades do trabalho no ambiente privado do lar. Ou seja, da omissão em reconhecer a violência estrutural no trabalho de cuidado remunerado.

Ainda que o princípio da proteção ao trabalhador seja o que sustenta e particulariza o ramo juslaboral (Barbagelata, 1996), os ritos processuais e a análise meritória são resultados “das correlações de forças econômicas e políticas, estando impregnado, por isso mesmo, da visão de mundo da classe dominante” (Severo e Souto Maior, 2022, p. 2776). O manejo das categorias jurídicas acaba servindo para inverter a lógica de expropriação do trabalho, desprotegendo e reiterando as humilhações e constrangimentos sofridos no curso do contrato de trabalho. As justificativas dadas nas decisões judiciais para não conceder direitos, como a suposta “insuficiência probatória” mesmo diante dos boletins de ocorrência lavrados, demonstram que o valor da dignidade das trabalhadoras domésticas é menor que o valor de objetos, sejam joias, perfumes, tapete, calcinha ou panos de prato.

É justamente neste ponto que o apagamento das histórias dessas trabalhadoras é também uma forma de violência que se aplaca sobre elas ao longo dos julgamentos. Assim, para além das faces da violência presentes no cotidiano do trabalho doméstico e no modo como o direito é aplicado para perpetuação das relações de poder, o próximo item deste capítulo focará no que as narrativas processuais não contam sobre as trajetórias de vida das trabalhadoras do cuidado. Pensar no que não foi dito nos autos do processo abre espaço para reinterpretação dos atos que estão em julgamento.

As resistências que não cabem nos autos

O direito lida com a violência de forma normativa, prescreve determinados atos como crimes e contravenções e atribui a noção do que é violência a tais tipologias (Galtung, 2010). Bianca* e Elena* foram acusadas pelo crime de furto, tendo seus patrões registrado boletim de ocorrência contra elas, listando os objetos supostamente “desaparecidos” (Caso 3). Já o uso de produtos de higiene pessoal da empregadora não possui tipificação penal, mas Ana* foi tratada como “criminosa em potencial” com a instalação de câmeras para vigiar seus passos na casa. Não houve conclusão dos inquéritos policiais, nem pedidos de explicação para as trabalhadoras, mas mesmo assim seus despedimentos foram mantidos pela Justiça.

Hartman (2022) conta que a recusa ao trabalho, os modos de vida e intimidade entre algumas jovens negras, nas primeiras décadas do século XX, no bairro de Harlem, na cidade de Nova York, eram por si só considerados como “fora da lei”, o que veio a ser enquadrado no crime de “vadiagem”28 (p. 251). Isso porque, como na história de Esther Brown,29 elas se recusaram a viver “como certo pela lei”, como empregadas domésticas, submetidas à humilhação e às condições injustas de trabalho. Rejeitaram as únicas oportunidades disponíveis na época para jovens e mulheres negras: serviços gerais e trabalho doméstico, “o tipo de trabalho que tomava a pessoa por inteiro, não apenas seu tempo de trabalho, mas seu tempo de vida” (Hartman, 2022, p. 248). Nesse contexto, eram enquadradas como infratoras da lei por recusarem o trabalho doméstico e de cuidados.

Nos casos aqui analisados, nem Bianca*, nem Ana*, nem Elena* aceitaram os rótulos dados por seus empregadores, insurgindo-se contra eles por meio do acionamento da Justiça. É via processo judicial que cada uma delas tem oportunidade de narrar sua versão da história, inicialmente mediadas pela petição de seus advogados. Bianca* disse ter sido “submetida a situações inimagináveis que a abalaram tanto emocionalmente, quanto psicologicamente” (Caso 1) quando foi acusada de roubar as joias da patroa, pois em oito anos de relação ela nunca havia dado nenhum prejuízo à casa. Elena* também alegou ter sofrido danos morais, causados pela atitude do patrão que “acusou a reclamante de roubo e lavrou boletim de ocorrência, tudo sem qualquer fundamento, não comparecendo, inclusive, ao depoimento na delegacia para o qual foi intimado” (Caso 3).

Ambas falam do abalo emocional que a acusação de furto lhes causou, mas não deixam de buscar formas de reparação pela via judicial. Trazem a narrativa para si, buscando demonstrar o desarrazoado da conduta das pessoas que lhes acusaram. No caso de Bianca*, a empregadora não só acusa, como vai com um policial à residência da trabalhadora para buscar as joias, que não são encontradas, mas mesmo assim passa a trancar armários e portas. Ao apresentarem suas versões, as trabalhadoras usam o processo para, de certa forma, “virar essa vergonha do avesso e transformá-la em orgulho” (Hartman, 2022, p. 71).

Contudo, o espaço processual quase não dá espaço para essa contra-narrativa. Pelo contrário. Nenhum dos julgadores entendeu que as acusações eram infundadas ou ofensivas, pois o livre acesso às residências faria ser “normal e natural sua inclusão no inquérito policial para apuração do fato criminoso” (Caso 1). Em contrapartida, não questionam se outras pessoas do mesmo convívio, como familiares ou amigos, teriam sido também inseridas no rol de suspeitos, para além das trabalhadoras domésticas.

As suspeitas de furto a objetos da casa são retratadas na literatura sobre emprego doméstico como algo comum nesse tipo de relação (Brites, 2014; Rojas Scheffer, 2022; Monticelli, 2022). Trata-se de uma “crença subjacente” entre patrões e patroas de que as “trabalhadoras domésticas obviamente furtam”, mesmo quando os objetos desaparecidos são encontrados ou estavam com um membro da família (Brites, 2014). Evidencia-se aqui o nexo convivialidade-desigualdades, sendo essa “crença” um retrato do abismo social entre pessoas que convivem na mesma residência. Como explica Raquel Rojas Scheffer (2022),

Em um contexto onde mulheres de classes sociais mais baixas passam a maior parte do dia rodeadas de uma abundância que provavelmente nunca experimentam em seu próprio lar, o furto aparece como uma das principais ameaças mencionadas por empregadores. (…) o fato de a trabalhadora ser recorrentemente suspeita no caso de objetos perdidos pode ser visto como um reconhecimento tácito das posições opostas que assumem as trabalhadoras e os empregadores na estrutura social. (p. 501-502, tradução das autoras).

Vê-se, portanto, uma normalização das suspeitas contra trabalhadoras domésticas, rotuladas como um “elemento perigoso” dentro do lar (Brites, 2014, p. 6), que é também reproduzida pelo Poder Judiciário nos processos analisados. Como pondera Tatau Godinho (em entrevista para Vieira, 2018), se por um lado o Brasil contabiliza mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, por outro há pelo menos 6 milhões de empregadores domésticos. Considerando que a magistratura brasileira ocupa os extratos de renda mais altos30 e é composta majoritariamente por pessoas brancas,31 a tendência ao julgarem um processo é de identificação com o empregador doméstico, inclusive porque esses juízes e juízas muito provavelmente também contratam serviços domésticos para suas próprias casas.

Não há surpresa, portanto, no pouco espaço dado nos processos para que as trabalhadoras domésticas relatem sua versão da história. Bianca* prestou seu depoimento em audiência, momento em que afirmou “nem saber que joias” teriam sido roubadas (Caso 1). Já Elena* teve a oitiva de seu depoimento negada, pois o juiz entendeu “não haver controvérsia em relação aos fatos”, do que resultou o indeferimento do pedido de indenização por dano moral, justificando que o empregador não a teria acusado de furto, mas apenas registrado boletim de ocorrência pelos objetos desaparecidos (Caso 3). Ora, tendo em vista os rótulos e suspeitas que pairam sobre as trabalhadoras domésticas, o fato de um empregador registrar como furto o desaparecimento de objetos de dentro de casa (Caso 3), ao mesmo tempo em que dispensa os serviços da trabalhadora, pode sim ser considerado uma acusação, ainda que feita nas entrelinhas.

Vale lembrar que aqui estamos falando de casos que chegaram à Justiça, por conta do encerramento da prestação de serviços. Mas antes de ajuizarem as ações, por quantas microviolências, constrangimentos e acusações essas trabalhadoras passaram? Possivelmente, em suas contra-narrativas, elas contariam outras situações em que precisaram responder sobre o suposto sumiço de moedas, alimentos e produtos de higiene, já que naquela residência as “ladras em potencial” são elas. Apesar de ser raro que empregadores denunciem para a polícia ou processem judicialmente as trabalhadoras que supostamente os furtaram, em substituição, eles optam por fazer questionamentos diretos às trabalhadoras, que beiram a abusividade, ou encerrar a relação laboral por quebra de confiança (Rojas Scheffer, 2022; Monticelli, 2022; Brites, 2017).

Diante de tão discrepante relação de poder, em que não há direito ao contraditório, apenas a inquisição e o rompimento do contrato, o furto pode ser lido como um “ato de resistência, orientado a redistribuir bens e satisfazer as necessidades das trabalhadoras com vistas a estabelecer uma ordem mais justa” (Rojas Scheffer, 2022, p. 504, tradução das autoras). Assim, contradizendo os empregadores, que interpretam o furto de pequenos objetos como “carência” ou “necessidade” (Monticelli, 2022), Bianca* e Elena* poderiam nos revelar que o fizeram – se é que fizeram – para demonstrar controle sobre a casa, poder em face dos patrões, representando uma contraofensiva às humilhações e um ressarcimento pelo tempo de serviço prestado e mal-pago.

A compreensão do furto como expressão de rebeldia é compartilhada por Hartman (2022). Ao reconstituir as histórias de jovens negras consideradas “fora da lei”, a autora conta que a “revolta das mulheres negras contra a ‘degradação pessoal de seu trabalho’ e as ‘condições de trabalho injustas’ se expressava em recusas militantes: ‘enrolação’, mau humor, pequenos furtos, instabilidade e mudanças rápidas e infrutíferas de senhores” (Hartman, 2022, p. 248). Gestos como esses contrariam a subordinação entendida como elementar ao contrato de emprego e revelam a relação conflituosa existente entre quem trabalha e quem paga pelo trabalho.

Retomando a ideia da casa como lugar de convivência compulsória entre trabalhadoras domésticas e empregadores, em que se expressam assimetrias de poder, há um esforço das famílias empregadoras em demarcar de forma clara a separação entre esses mundos: “quarto de empregada”, “banheiro de empregada”, “dependências de serviço”, o uso de uniformes e utensílios separados (Brites, 2007, p. 106). O “saber o seu lugar” pelas empregadas inclui não acessar outros espaços da casa, como a “mesa de jantar da família, seus banheiros, a sala de estar ou a piscina” (Rojas Scheffer, 2020, p. 13).

Consequentemente, atos sutis que confrontam essas demarcações também são formas de enfrentamento do poder dos empregadores, como desobedecer regras sobre alimentação e ordem espacial (Rojas Scheffer, 2022), queimar roupas, salgar a comida e usar produtos que não lhes foram destinados (Monticelli, 2017). Essas atitudes são representativas da rejeição ao “manual de bom comportamento” prescrito às trabalhadoras domésticas, que buscam seu direito de “perder as estribeiras; se enfurecer; acabar com tudo” (Hartman, 2022, p. 97).

O caso de Ana* pode também ser interpretado como desobediência, afinal, ela ousou utilizar “cremes, esponja de pó compacto, desodorante” e “pentear o cabelo diante do espelho” de um cômodo que era de uso exclusivo dos donos da casa (Caso 2). Em seu depoimento pessoal, Ana* afirma que “não foi proibida de utilizar produtos de higiene adquiridos pela reclamada”, que “todos os produtos registrados nas fotografias” tiradas pela câmera posta pela empregadora eram de sua propriedade e que “se utilizava do espelho do banheiro suíte [da patroa] por ser maior” em comparação ao banheiro que era destinado para seu uso (Caso 2).

Interessante notar que a empregadora alega que “que não proibiu expressamente a reclamante de utilizar seus produtos de higiene pessoal, por considerar desnecessário” (Caso 2). No olhar da patroa, Ana* teria ultrapassado os limites e supostamente óbvios que estavam postos dentro do ambiente doméstico, o que significou quebra de confiança grave a ponto de justificar a dispensa por justa causa de uma mulher grávida. Possivelmente, Ana* também sabia que fora contratada para limpar o banheiro e não olhar-se no espelho, que o esperado era que ela limpasse maus odores ao invés de se perfumar, que arrumasse a casa ao invés de se pentear. Por alguns minutos ela agiu por sua vontade, abrindo brechas na submissão dentro da casa dos outros.

Por fim, a Justiça do Trabalho acabou por referendar o entendimento de que o ultrapassar de limites cometido por Ana* representou falta tão grave que justificou a dispensa por justa-causa, afastando a estabilidade provisória da gestante. A gravidade do ato não está em uma ou duas borrifadas do perfume caro, mas na insubmissão. Como explica Hartman (2022), “o insulto era que se esperava que ela fosse grata, como se cozinhar e esfregar fossem a rotina de tocar piano da mulher de cor, como se seus únicos talentos fossem a habilidade de ‘lavar e passar até os dedos sangrarem e arderem’ e a devoção sacrificatória” (p. 248).

Conclusões

As reflexões feitas ao longo deste capítulo tiveram como base a compreensão de que o trabalho doméstico e de cuidados é constituído pela violência que demarca relações de gênero, raça, classe e origem. Dentro da casa dos outros, o nexo convivialidade-desigualdade revela-se em múltiplas faces, permeando as tensões entre empregadas e patroas, a convivência e os constrangimentos na intimidade, os afetos abalados por suspeitas, as humilhações e a busca por justiça.

O contexto de precariedade e subalternidade do trabalho doméstico denota a violência estrutural que nele se engendra, reproduzida desde o navio negreiro, útero do mundo moderno segundo Hartman (2016). Por isso, dimensionar essa violência é imprescindível para compreender as respostas que lhe são apresentadas pelas trabalhadoras domésticas – insurgentes, criativas e subversivas.

As três histórias de Bianca*, Ana* e Elena* nos mostram os abismos sociais no cuidado e as nuances do que é violência na perspectiva do processo judicial. A busca pela reparação pela via judiciária, diante de acusações dos empregadores e do rompimento do contrato de trabalho, apresenta-se como uma forma de recusa e de desobediência, como um meio de tomar para si a narrativa e tornar público os constrangimentos sofridos. Já os furtos e desvios da conduta “prescrita” tentam subverter a lógica de controle e exploração, dinamizando a hierarquia e questionando a ordem.

Diante da ausência de proteção social e das desigualdades violentas, atitudes vistas pelos empregadores como temerosas podem representar, para as trabalhadoras domésticas, formas de reafirmar a sua dignidade, ainda que pontual e silenciosamente. Como se fossem capazes de fazer com que a violação de direitos pela via da exploração do trabalho tenha, no mínimo, o mesmo peso que o tão estimado patrimônio dos empregadores. Diante da “lei que pretende mantê-las em seu lugar” (Hartman, 2022, p. 271), atos aparentemente discretos e individuais podem ser lidos como formas de resistência.

Portanto, quando recontadas as narrativas processuais a contrapelo, permite-se revisitar os três casos considerando os gestos de resistência dessas trabalhadoras domésticas, seja pela escolha de agirem de forma insubmissa no interior das casas que impõem sua subjugação, seja por buscarem reparação perante um sistema judicial que se revela reprodutor das assimetrias de poder presentes na sociedade. A partir dessa percepção, os enunciados que condenam essas trabalhadoras passam a ser mais facilmente compreendidos como pertencentes a um sistema mantenedor de desigualdades, por isso seus casos podem ser incorporados a uma biografia coletiva sobre insurgência e rebeldia.

Bibliografia

Barbagelata, Héctor-Hugo (1996). O particularismo do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr.

Bartlett, Katherine T. (1990). Feminist Legal Methods. Harvard Law Review, Cambridge, 103(4), 829-888.

Bernadino Costa, Joaze (2007). Sindicato das Trabalhadoras Domésticas no Brasil: Teorias da Descolonização e Saberes Subalternos. 274p. Tese (Doutorado em Sociologia) Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília.

Brites, Jurema (2007). Afeto e desigualdade: gênero, geração e classe entre empregadas domésticas e seus empregadores. Cadernos Pagu, Campinas, 29, 91-109.

Brites, Jurema (2014). Domestic service, affection and inequality: Elements of subalternity. Women’s Studies International Forum. http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2014.03.009

CNJ - Conselho Nacional de Justiça (2021). Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Brasília: CNJ.

CNJ - Conselho Nacional de Justiça (2024). Protocolo para julgamento com perspectiva racial. Brasília: CNJ.

CNJ - Conselho Nacional de Justiça (2025). Dados de Pessoal do Poder Judiciário. Portal Justiça em Números, Brasília, CNJ. https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-mpm-pessoal

Conjur - Consultor Jurídico (2017). Doméstica grávida que usou cosméticos da empregadora reverte justa causa. Redação Conjur, São Paulo. https://www.conjur.com.br/2017-jan-25/domestica-usou-cosmeticos-empregadora-reverte-justa-causa/

Costa, Sérgio (2019). The Neglected Nexus between Conviviality and Inequality. Novos Estudos Cebrap, 113, 15-32

Dieese (2023). O trabalho doméstico 10 anos após a PEC das Domésticas. Nota técnica nº 106. Estudos e Pesquisas, São Paulo.

Ferreira, Letícia, y Lowenkron, Laura (2020). Etnografia de documentos: Pesquisas antropológicas entre papeis, carimbos e burocracias. Rio de Janeiro: FAPERJ, E-papers.

Fraser, Nancy (2024). Capitalismo canibal: como nosso sistema está devorando a democracia, o cuidado e o planeta e o que podemos fazer a respeito. São Paulo: Autonomia literária.

Guimarães, Nadya A., y Pinheiro, Luana S. (2023). O halo do cuidado no Brasil: desafios para medir o trabalho remunerado do cuidado no Brasil. En: Cuidar, Verbo Transitivo: caminhos para a provisão de cuidados no Brasil. Brasília, IPEA.

Hartman, Saidiya (2008). Venus in two acts. Small Axe, 12(2), 1-14

Hartman, Saidiya (2016). The Belly of the World: A Note on Black Women’s Labors, Souls, 18(1), 166-173.

Hartman, Saidiya (2022). Vidas rebeldes, belos experimentos: histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais. São Paulo: Fósforo.

Ipea (2020). Nota técnica nº 75: Vulnerabilidades das trabalhadoras domésticas no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ipea, Brasília.

MacKinnon, Catharine A. (1989). Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Monticelli, Thays A. (2017). “Eu não trato empregada como empregada”: empregadoras e o desafio do trabalho doméstico remunerado. Tese (Doutorado em Sociologia) Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Monticelli, Thays A. (2022). Entre tensões e afetos: incompatibilidades nas práticas e direitos no trabalho doméstico. Revista Anthropológicas, ano 26, 33(1), 200-222.

Nicoli, Pedro A. G., y Vieira, Regina S. C. (2020). Diaristas domésticas também têm direito à quarentena remunerada durante a crise do coronavírus. Justificando, 24 mar. https://www.dmtemdebate.com.br/diaristas-domesticas-direitos-diante-a-crise-do-coronavirus

Olsen, Frances (1983). The Family y the Market. Harvard Law Review, 96, 1497–1578.

Rojas Scheffer, Raquel (2020). Physically Close, Socially Distant. Paid Domestic Work and (Dis-)encounters in Latin America’s Private Households. Mecila Working Paper Series, 27.

Rojas Scheffer, Raquel (2022). Cercanía física, distancia social Trabajo doméstico remunerado y (des)encuentros en hogares de América Latina. En: Convivialidad-desigualdad: explorando los nexos entre lo que nos une y lo que nos separa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; San Pablo: Mecila, 477-521.

Scales, Ann (2006). Legal Feminism: Activism, Lawyering and Legal Theory, New York: New York University Press.

Severo, Valdete S., y Souto Maior, Jorge L. (2020). A Justiça do Trabalho como instrumento de Democracia. Revista Direito e Práxis, 11(4), 2773–2801.

Soares, Angelo (2012). As emoções do care. En: Hirata, Helena, & Guimarãoes, Nadya A. Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care. São Paulo: Atlas, 44-59.

Spivak, Gayatri C (1998). Can the Subaltern Speak? Die Phiosophin, 14(27), 42-58.

Telles, Lorena (2011). Libertas entre sobrados: contratos de trabalho doméstico em São Paulo na derrocada da escravidão. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Thurler, Ana L. (2011). Migrações nacionais, gênero e relações sociais de dominação. Revista Dimensões, 26, 205-222.

Uol (2017). TST mantém justa causa de grávida demitida por usar creme e batom da patroa. Portal Uol, Redação, 17 ago. https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/08/17/tst-justica-justa-causa-empregada-domestica.htm

Veja (2017). Grávida é demitida por justa causa por usar creme da patroa. Portal Veja Negócios, Redação, 16 ago. https://veja.abril.com.br/economia/gravida-e-demitida-por-justa-causa-por-usar-creme-da-patroa

19 Agradecemos à Bianca Tavolari que, em discussão preliminar sobre a análise desses dados, sugeriu-nos o método de leitura documental de Hartman (2022).

20 Utilizamos o asterisco para assinalar que se tratam de nomes fictícios para as trabalhadoras que ajuizaram as ações judiciais analisadas.

21 Inclusive, o julgamento foi objeto de notícias em portais especializados (Conjur, 2017), assim como na grande mídia à época dos julgamentos em diferentes instâncias (Veja, 2017; Uol, 2017).

22 Com o objetivo de alcançarmos resultados mais precisos, inserimos os referidos termos no campo de pesquisa de jurisprudência “Palavras na ementa (e)” do Tribunal Superior do Trabalho, que resultou em nove acórdãos diferentes. Ao analisarmos todos eles, privilegiando julgados mais recentes, escolhemos mais um caso. Como os objetos supostamente furtados eram semelhantes entre os resultados (joias), partimos para a pesquisa no repositório eletrônico Jusbrasil, utilizando os mesmos termos, acrescentando “rescisão indireta” e selecionando todos os Tribunais Regionais do Trabalho. A pesquisa apresentou 33 resultados, sendo o último caso foi selecionado pela especificidade dos objetos furtados.

23 “Diarista” é o termo popularmente dado para trabalhadoras domésticas supostamente autônomas, que prestam serviços para diferentes domicílios ao longo da semana. Na lei que regulamenta a profissão no Brasil (Lei Complementar 150/2015), a diarista se distingue da empregada doméstica por prestar serviço por até 2 dias por semana na mesma residência. Em consequência, essa trabalhadora não tem direito ao emprego formal, sendo uma exceção à proteção trabalhista – o que é altamente questionável, pois cria uma discriminação injustificada a esse grupo de trabalhadoras, infringindo os ditames da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho (Nicoli e Vieira, 2020).

24 A estabilidade provisória da gestante está prevista no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (…) b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.

25 Cumpre registrar que, em 2024, o Conselho Nacional de Justiça editou o “Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial” com o objetivo de orientar a magistratura para o enfrentamento ao racismo.

26 Historicamente, o direito brasileiro concedeu às trabalhadoras domésticas menos direitos que os demais trabalhadores urbanos e rurais. Com fim do período de escravização legal, em 1888, as leis trabalhistas editadas excluíram essa categoria de sua proteção, como foi o caso da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Só em 1972, com a Lei 5859, as trabalhadoras domésticas passaram a ter alguns direitos, mas muitas das proteções trabalhistas não lhes foram estendidas. Foi somente em 2013 que a Emenda Constitucional 72 equiparou os direitos das trabalhadoras domésticas com os demais trabalhadores (Vieira, 2018).

27 Ainda que o Conselho Nacional de Justiça tenha editado dois protocolos que orientam magistrados e magistradas a aplicarem a perspectiva de gênero e raça a julgamentos, tematizando diretamente desigualdades estruturais e racismo estrutural, sua aplicação ainda não é majoritária nas instâncias decisórias da Justiça brasileira (CNJ, 2021; CNJ, 2024).

28 O crime de vadiagem, importado da Inglaterra, nas décadas de 1910 e 1920, era uma “categoria ampla e praticamente universal; como a maneira de andar (…) que facilitava a prisão e a acusação de jovens pela polícia sem evidência de crime ou infração da lei (…) Aqueles que não tinham prova de vínculo empregatício eram considerados propensos a praticar ou a se envolver com o vício e o crime. Os estatutos de vadiagem forneciam meios legais de dominar os recém-libertos.” (Hartman, 2022, p. 256-257).

29 Esther Brown é uma personagem, sujeita política, no livro de Hartman (2022, p. 18), é “marafona e revoltada, insiste em ser tratada como as meninas brancas” e, como as demais personagens: “imaginava incansavelmente outras maneiras de viver e nunca deixou de considerar como o mundo poderia ser de outra forma” (p. 13).

30 Remuneração mensal acima de 16 salários mínimos, ou 4,3 mil dólares

31 Segundo os dados de pessoal do Poder Judiciário, 80,6% dos magistrados e magistradas se declaram brancos, 11,8% pardos, 1,8% amarelos, 1,6% pretos e 0,2% indígenas (CNJ, 2025).

Viejas y enclenques: acerca de cuidados
y violencias

Paola Bonavitta y Natalia F. Franco

Introducción

Desde hace décadas atravesamos el fenómeno demográfico llamado (desafortunadamente)32 “envejecimiento poblacional”. En América Latina se ha observado la creciente cantidad de personas mayores en la población, con vejeces más prolongadas y con un proceso de feminización de las mismas. Esta realidad demográfica ha logrado instalarse en la agenda económica, social, política y mediática. Sin embargo, desde la propia denominación se asocia con valoraciones negativas, cargas y estereotipos edadistas que afectan directamente a todas las personas envejecidas y envejecientes (Franco, 2022). Dichas representaciones se recrudecen aún más para las vejeces subalternas, dado que el paso del tiempo trae consigo el cúmulo patriarcal, clasista y racista. La colonialidad del poder y de género han estructurado (y siguen estructurando) las sociedades en supremacía de “lo masculino” (género), pero también lo hacen respecto de la “eterna y dorada juventud” (edad). La organización de la vida bajo estas lógicas estructurales tejió las bases morales y responsabilidades asignadas a las mujeres respecto de los cuidados. Es sabido que son ellas quienes mayoritariamente se ocupan de sostener la vida (Bonavitta y Presman, 2022).

Como señalamos, por primera vez a nivel mundial atravesamos el desafío de la longevidad. Esto, por un lado, promueve una celebración de la prolongación de la vida; pero, por el otro, pone en tensión la calidad de vida, los vínculos, las políticas públicas y por supuesto la organización social de los cuidados, sobre todo desde una lectura interseccional, que afirma que las responsabilidades en torno a los trabajos de cuidado recaen sobre todo en mujeres empobrecidas y racializadas. Este aumento de la esperanza de vida, entonces, tensiona los logros de emancipación de las vidas de las mujeres, en el sentido de que “agrega años a la continuidad de cuidados que las mujeres desarrollan invisiblemente” (Navarro, 2019, p. 120). Se reconoce que el cuidado es clave en las relaciones, en la vida cotidiana, en la existencia planetaria, y son las mujeres quienes envejecen cuidando a otras personas, a la vez que cuidan el territorio y el medio ambiente.

Los trabajos de cuidado son los que permiten la sostenibilidad de la vida, aquellos que se encargan de que se reproduzca y se sostenga la vida humana y no humana. Sin ellos, no hay vida digna ni buen vivir posible. Y si bien todas las personas necesitamos ser cuidadas en algún momento (o algunos, o todos) de nuestra vida, no todos recibimos los mismos tipos de cuidados ni bajo las mismas condiciones. A su vez, históricamente estas labores han quedado a cargo de las mujeres, en una distribución inequitativa, lo cual reproduce desigualdades e incrementa el espiral de desventajas, que, muchas veces, se convierten en microviolencias y violencias de género. A decir de Corina Rodríguez Enríquez (2021), la sobrecarga de trabajos de cuidado puede convertirse en “vectores de reproducción de desigualdad”; es decir, perpetuar las injusticias y, por ello, la manera en que se organizan los cuidados en nuestras sociedades dista mucho de aquello que entendemos por Buen Vivir:

Al hablar de Buen Vivir queremos hacer una ruptura radical con una lógica productivista y de crecimiento, para sustituirla por una lógica de sostenibilidad multidimensional (ambiental, social, reproductiva): ‘Suma Qamaña es una expresión aymara que no significa vivir mejor que hoy, ni mejor que los demás, tampoco es una preocupación constante por mejorar la vida, sino simplemente una vida buena. Expresa también un Vivir Bien en sentido comunitario, una sociedad buena para todos´33 (Pérez Orozco, 2014, p. 244).

Pensar la sostenibilidad de la vida en sus múltiples dimensiones es central en el trabajo de los cuidados y en la construcción de una vida en plenitud. Los cuidados se llevan a cabo en el espacio doméstico, en las comunidades, en los territorios, con los bienes naturales. Lo que implica sabernos enraizados, en conexión y en unidad con el todo. Esto se encuentra frágil y pasible de ser quebrantado en sociedades que promueven el individualismo. Se instalan dinámicas que, en nombre de la “neutralidad” y la “libertad”, desplazan los intereses comunes compartidos y afincan el interés individual y el “salvarse solo” como modos de estar y operar en la vida. Estas dinámicas horadan los lazos e identidades sociales, llevan al desencuentro y resquebrajan el bien común (Cardelli, 2020). Estas sociedades no sólo agudizan el individualismo, la crueldad y robotizan la vida, sino que además refuerzan los mandatos patriarcales, sobrecargan los cuerpos de las mujeres a la vez que invisibilizan el trajín constante de cuidado y sostén que estas realizan.

Los trabajos de cuidados estructuran la vida y van adquiriendo diferentes características en las trayectorias vitales. Los roles se alternan y de ser proveedoras de cuidados, pasamos a ser quienes demandan prácticas de cuidados. Tomar conciencia de la vulnerabilidad de la vida posibilita pensar en ese pasaje entre el dar y el recibir cuidados, pues se envejece cuidando y también requiriendo cuidados.

En el presente capítulo, apuntamos a tensionar las categorías que vinculan los trabajos de cuidados, las violencias patriarcales y la vejez de las mujeres guiadas por los aportes de la gerontología y los feminismos decoloniales. Recuperaremos las experiencias y relatos de mujeres mayores de 60 años de la ciudad de Córdoba, Argentina, desde una metodología feminista, interseccional y centrada en los afectos y emociones, para indagar en sus subjetividades y vivencias en torno al envejecimiento, los cuidados y las violencias patriarcales que las atraviesan.

Descolonizar las miradas sobre las vejeces

La perspectiva decolonial surge a fines de los años 90 cuando se recuperan las investigaciones realizadas por el sociólogo Aníbal Quijano (1998, 2000), que dejaron al descubierto las relaciones de dominación que perduran tras la colonización. A partir de allí se produjeron estudios y reflexiones teóricas en torno a problemáticas sociales que, hasta el momento, eran consideradas como asuntos saldados dentro de las ciencias sociales del contexto latinoamericano (Bidaseca et al., 2012). Desde la perspectiva decolonial, la colonialidad es entendida como la contracara de la modernidad (Mignolo, 2010) y genera un orden en el que lo eurocéntrico/occidental se erige como forma “autorizada” desde la cual construir conocimiento y alteridades en la modernidad (Mignolo, 2010; Quijano, 1998). La colonialidad ha dejado múltiples huellas en las formas de organización social. El racismo estructural que existe en América Latina tiene su raíz en esta colonialidad. También esta colonialidad ha organizado los trabajos de cuidado de manera tal que, como señalamos anteriormente, recaen sobre todo en las mujeres pobres y racializadas.

Por su parte, las feministas decoloniales han cuestionado la prácticamente nula atención prestada al género por parte de algunos teóricos decoloniales. Se critica a Quijano por presentar sus planteamientos desde un determinismo biológico presente en la concepción de género y de presentar a la raza como una noción que invisibiliza al género como categoría histórica (Lugones, 2008). En este trabajo apuntamos a realizar una lectura decolonial y feminista de los cuidados, contemplando las diferencias que se manifiestan en nuestras sociedades al momento de cuidar y de recibir cuidados. Un análisis situado desde el Sur, en el que nos preguntamos: ¿cómo están organizados los cuidados de las viejas? ¿Qué pasa con las viejas enclenques? ¿Qué implicancias encontramos en la distribución de estas tareas? ¿Cómo se sostienen estas vidas frente a Estados ausentes y sociedades edadistas? ¿Por qué la desigual distribución de los cuidados se convierte en una violencia de género? Algunas de estas preguntas intentaremos responder en este escrito que es parte de dos investigaciones en curso, situadas en la ciudad de Córdoba, Argentina, con mujeres mayores de 60 años.

¿Por qué hablar de viejas enclenques? Para la Real Academia Española, “enclenque” es aquella persona que carece de fuerzas, que se encuentra débil, flaca, enferma y no puede valerse por sí misma ni ponerse de pie. Basta con apenas rascar las creencias sobre la vejez y todas estas representaciones aparecen. Los estereotipos edadistas han moldeado la idea de que a medida que se envejece se pierde fuerza, vitalidad y se enferma, por lo tanto se es una vieja, un viejo enclenque. Aquí, no queremos reforzar los estereotipos sobre la vejez, todo lo contrario, queremos problematizar aquellas estructuras, prácticas y dinámicas patriarcales que permean el envejecimiento y que en conjunto con otros factores (biológicos, ambientales, culturales, etc.) influyen en la calidad de vida de las mujeres envejecidas. Es sabido que, con la feminización de la vejez, las mujeres viven mayor cantidad de años en relación con los varones, pero ello no garantiza la calidad. Hablamos de “viejas enclenques” para mencionar a aquellas mujeres mayores que en sus vidas han sido las históricas proveedoras de los cuidados y han llegado a la vejez con la acumulación de patriarcado, violencias en sus cuerpos manifiestas en dolencias, malestares y enfermedad. Luego de destinar una vida cuidando a otros, ahora que son viejas y enclenques, ¿cómo y quién/es las cuidan?

Entendemos que los cuidados no se reducen a la discapacidad, la enfermedad, la dependencia, ni a un rango etario de la vida. El cuidado es para todas las personas a lo largo de sus vidas, como dice Araujo Guimarães (2024): “el cuidado tiene múltiples rostros, facetas o formas de aparecer como una relación en la vida en sociedad” (p. 68).

El reconocimiento del cuidado como un derecho humano fue un avance fundamental que se instaló en las agendas políticas y de género. Correr los cuidados de la esfera familiar e involucrar al Estado en estas responsabilidades fue y sigue siendo clave. En este sentido, para lograr que el derecho a cuidar, ser cuidadas y el autocuidado sucedan durante el curso de la vida, es necesario asumir el cuidado como una responsabilidad y una tarea colectiva, que a su vez camine hacia la erradicación de las desigualdades (Pautassi, 2024).

Cuidar denota un fenómeno multidimensional, dinámico y complejo, con componentes científico-tecnológicos orientados hacia la dimensión biológica de la persona cuidada y componentes humanísticos orientados hacia la dimensión emocional, intelectual, social, cultural y espiritual (Ramacciotti, 2020, p. 5).

Los cuidados involucran todas las actividades indispensables que se realizan a diario para satisfacer las necesidades que permiten la existencia y mantenimiento de las personas. Incluye tareas que abordan los cuidados físicos (alimentación, salud, higiene, descanso) tanto como los emocionales y psicológicos. Para cuidar se requiere de tiempo, de capacidades y de conocimientos; e involucra también tanto elementos materiales como afectivos. Gran parte de los cuidados se realizan en el ámbito doméstico y no son retribuidos ni económica ni simbólicamente; además, tradicionalmente se han asociado a las mujeres por estereotipos biologicistas.

Sobre ello, el patriarcado, la colonialidad y el capitalismo encuentran en el cuerpo de las mujeres el sitio perfecto para anclar sus opresiones y reducirlas a términos de “propiedad”. Federici (2015) pone de manifiesto que, junto a la privatización de la tierra, se forjó una nueva división sexual del trabajo, lo que Carol Pateman (1988, citada en Federici, 2015) definió como “nuevo contrato sexual”, en el que se ocultó la condición de trabajadoras de las mujeres en sus múltiples roles superpuestos (madres, esposas, hijas, viudas). Este nuevo contrato transformó a las mujeres en un bien común. Según Federici (2015), se estableció así un nuevo orden patriarcal en el que las mujeres quedaron subordinadas tanto a sus empleadores como a los hombres en general. Como señala la autora, “una vez que las actividades de las mujeres fueron definidas como no-trabajo, el trabajo femenino se convirtió en un recurso natural, disponible para todos, no menos que el aire que respiramos o el agua que bebemos” (Federici, 2015, p. 173).

Al estar desigualmente distribuidos los trabajos de cuidado y reproductivos, los cuerpos de las mujeres son sobreexplotados y, además, los trabajos a los que acceden tienen menos valor en términos de capital que los trabajos realizados por varones.

Así, los accesos femeninos al mercado laboral en el espacio público son más dificultosos, sus salarios más bajos y combinar dobles y triples jornadas laborales (trabajo remunerado, trabajo doméstico y de cuidados, trabajo voluntario o activista en caso de hacerlo) implica un enorme esfuerzo. Es por ello que estas desigualdades se convierten también en violencias de género en la medida en que la misma sociedad y los mismos Estados las imponen y reproducen. No obstante, ¿qué entendemos aquí por violencia de género? La violencia de género se sostiene como una estrategia fundante de dominio y ejercicio de poder. Rita Segato señala:

Entiendo los procesos de violencia, a pesar de su variedad, como estrategias de reproducción del sistema, mediante su refundación permanente, renovación de los votos de subordinación de los minorizados en el orden de status, y permanente ocultamiento del acto instaurador. Es solamente así que estamos en una historia, la profundísima historia de la erección del orden de género y de su conservación por medio de una mecánica que rehace y revive su mito fundador todos los días (Segato, 2003, p. 6).

Esta violencia es estructural, y Segato expresa que son las pedagogías de la crueldad quienes reproducen esas violencias. La autora sostiene que esto se explica cuando se comprenden las lógicas y mandatos de la masculinidad hegemónica, en las que se exigen y celebran ciertas características (como virilidad, agresividad, fuerza, extroversión, entre otras) y se cuestionan otras vinculadas a lo femenino (sensibilidad, paciencia, receptividad, empatía, entre otras). Por tanto, la sociedad crea y recrea, mediante pedagogías de la crueldad (Segato, 2018) masculinidades violentas y alejadas de todo tipo de trabajo de cuidado. La propuesta que trae Rita Segato justamente trata de crear contra-pedagogías de la crueldad a partir de privilegiar una acción comunitaria y colectiva antes que individualista y violenta, que acabe con cofradías masculinas y pactos patriarcales.

Crisis de los cuidados

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las mujeres viejas representan más del 54 por ciento de la población de personas mayores (+60) en el mundo. Asimismo, en virtud de las condiciones materiales y simbólicas en las que se enmarcan los cursos de vida, el riesgo de ser pobre es mayor en las mujeres que en los varones y, además, esta brecha se acentúa a mayor edad. Para 2022, el número de personas de 60 años y más de la región supera los 88 millones y medio, lo que representa un 13,4 por ciento de la población total (CEPAL, 2022). Estas vejeces son, a su vez, cuidadas por mujeres: en el 86 por ciento de los casos las tareas de cuidados de las personas mayores son asumidas por una mujer, que suele ser la esposa, hija o nuera de quien recibe los cuidados, y suponen más de 12 horas diarias de trabajo (CEPAL, 2022). Esta situación contribuye a acrecentar la “crisis de los cuidados”,34 sumando y reforzando las desigualdades de género ya existentes.

Esta crisis de los cuidados tiene unas implicaciones de género centrales, ya que (…) el reparto histórico de los trabajos de cuidados ha estado asociado a las relaciones de poder de género, así, tanto los fenómenos de desequilibrio como de reequilibrio están profundamente marcados por el género (Pérez Orozco, 2006, p. 9).

A su vez, la crisis de los cuidados evidencia la desigualdad existente entre las propias mujeres: de clase, etnia, orientación sexual, nivel de educación, etcétera. Estas desigualdades tan naturalizadas contribuyen luego a sostener las violencias de género que vemos en la sociedad de manera cotidiana. Como expresa Gherardi (2017), la violencia de género que ocurre en la privacidad de las relaciones de pareja es reflejo de las violencias cotidianas que se “producen en ámbitos públicos y comunitarios, que naturalizan las relaciones desiguales de poder entre los géneros y que luego encuentran su expresión en la vida de pareja y familiar” (Gherardi, 2017, p. 36). Las desiguales condiciones de vida y la desigual distribución de los cuidados sostienen una estructura social que es patriarcal y violenta en su totalidad.

Por otra parte, como señala Mónica Roque, las redes de apoyo han ido disminuyendo a lo largo del tiempo.

Hay un estudio que salió hace poquito que plantea que hoy una mujer de 80 años, a nivel latinoamericano, tiene en promedio seis hijos o hijas y 24 nietos o nietas. O sea, una gran red de cuidados. Pero las mujeres que hoy tienen 40 años cuando lleguen a la vejez van a tener en promedio dos hijos o hijes y cuatro nietos o nietes. Entonces, esa red se va a ir achicando (Roque, 2022, p. 56).

Sumado a ello,

las mujeres afortunadamente y haciendo uso de nuestros derechos hemos irrumpido en el mundo público, hemos salido a trabajar, a militar o a estudiar. Estamos en el mundo público dejando esas horas de cuidado que hacemos; no las dejamos definitivamente porque las mujeres seguimos cuidando más inclusive en la vejez que los varones, pero sí se han disminuido esas horas de cuidado (Roque, 2022, p. 56).

A pesar de los avances en derechos, la modificación de algunos roles tradicionales y la participación de las mujeres en la esfera pública, estas continúan cargando con la mayor parte de las horas dedicadas a los cuidados. Para Freixas (2021), las mujeres han (y siguen) acumulando “horas-regalo”, desde niñas se aprende a estar pendientes de las necesidades de hermanas/os, madre, padre, abuelas/os, pues “hemos sabido ser cuidadoras empáticas en cualquier dirección posible… Sin embargo, no tenemos ninguna seguridad acerca de quién nos va a cuidar cuando no seamos capaces de hacerlo por nosotras mismas” (p.101). Si bien las personas construyen redes y son el sostén para los momentos de necesidad, no debe reducirse la responsabilidad a lo personal o familiar. Con redes de cuidado más reducidas y las dobles y triples jornadas laborales de las mujeres, es absolutamente necesario la intervención del Estado y del mercado para organizar una política de cuidado en la vejez que sea realmente contemplativa de las intersecciones.

Metodología propuesta

Este trabajo es resultado de una investigación llevada a cabo por las autoras con mujeres viejas. Entendemos por viejas a aquellas mayores de 60 años o más, en concordancia con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (2015), que Argentina ratificó e incorporó en su Constitución Nacional (2017). A su vez, en nuestro país se establecen los 60 años como la edad mínima para que las mujeres accedan a la jubilación o a la moratoria previsional (realizando los aportes correspondientes para ello).

Sobre esto, los discursos que promueven la productividad asociados a términos como “utilidad”, “rendimiento” y “juventud”, conllevan a pensar erróneamente a las vejeces como improductivas y a ubicarlas como una carga para los sistemas económicos. Esta visión reducida impide ver, por un lado, que las poblaciones mayores se han convertido en un sector comercial y económico rentable, es decir, en una fuente de negocios (Franco, 2022). Y por el otro, que muchas de las mujeres mayores de 60 años que han accedido a la jubilación o moratoria en ocasiones continúan trabajando en el mercado informal (por necesidad económica o por elección), algunas como cuidadoras. Otras se jubilan y dedican mayor tiempo a las tareas de cuidados de otros familiares, como responsabilidad, reciprocidad o sentido del deber. De esta manera, las mujeres continúan aportando al trabajo reproductivo –y productivo–, realizando tareas de cuidado y del hogar. Y así es como la sostenibilidad de la vida sigue siendo parte de sus rutinas independientemente de su situación previsional.

Trabajamos con 25 mujeres de la ciudad de Córdoba recuperando narrativas sobre sus experiencias, subjetividades y miradas en torno a los trabajos de cuidado. Tienen más de 60 años,35 y muchas de ellas también son cuidadoras, acompañan y sostienen las vidas de otras viejas enclenques, así como de infancias en sus territorios. Demandan cuidados y, a su vez, los brindan o han brindado.

Estas viejas enclenques forman parte de dos grupos de mujeres con las que trabajamos las autoras. Un grupo se reúne en torno a talleres de género en un comedor de un barrio urbano popular de la ciudad de Córdoba, Argentina. El otro es convocado a través de su participación en un programa radial sobre vejeces en una radio comunitaria de la misma localidad. Ellas pertenecen a sectores populares, han sido trabajadoras en los ámbitos de las economías informales y trabajadoras domésticas, algunas de ellas son mujeres racializadas, con vidas precarias.

Entre las técnicas empleadas se encuentran los grupos focales, las cartografías feministas y las entrevistas focalizadas. Durante nuestra investigación hemos utilizado técnicas metodológicas que ponen en el centro el cuerpo y las emociones, buscando dar cuenta de los sentires que atraviesan estos temas en corporalidades que han vivido violencias de género, que han sido cuidadoras y que, ahora, demandan –en muchas ocasiones– cuidados. Cabe aclarar que las mujeres entrevistadas no se encuentran en situación de discapacidad o con padecimientos físicos o mentales, son mujeres autónomas e independientes en el desarrollo de su vida diaria.

Realizamos una investigación feminista, entendiendo que esta “debe partir de la idea del encuerpamiento ya que buscamos rebatir la tradición científica ‘desencarnada’ y visibilizar el hecho de que hacemos investigación con y desde unos cuerpos concretos” (García y Díaz, 2022, p. 5). Asimismo, al hablar temáticas vinculadas al cuidado y la sostenibilidad de la vida, aparece la lógica afectiva de manera constante:

El estudio del afecto en investigaciones feministas es crucial para analizar las rutas afectivas de poder patriarcal y mapear las dimensiones afectivas de estas estructuras con el objetivo de entender cómo los afectos/emociones/sentimientos nos abren a negociaciones de resistencia feminista (Pedwell y Whitehead, 2012, p. 24).

El cuidar a otras personas pone en el centro el cuerpo y las emociones que se ven involucradas en toda su complejidad, es un trabajo que se vincula a lo afectivo comprendiendo a esto último como una situación que nos afecta. Pero también la afectación sucede en quienes investigamos: investigadoras feministas, activistas, que también somos cuidadoras y que nos contemplamos como personas envejeciendo. Lejos de una propuesta objetiva y neutral, también ponemos en un lugar central lo emocional-afectivo.

Por otra parte, empleamos también la cartografía feminista como una técnica que permite iluminar aspectos que no figuran en las estadísticas. Mapear los dolores, los sentires, los placeres que se ponen en juego en el acto político que es el sostener la vida:

Ese papel en blanco se vuelve nuestro territorio, un espacio donde asentar nuestros cuerpos atravesados por los relatos, las memorias y las experiencias, incluso aquellas que no fueron pero que podrían ser. Cada una pudo sentirse en el cuerpo debido a la proximidad, a lo cotidiano y a la marca de un sistema patriarcal que nos violenta y nos asusta (Bonavitta, 2024, p. 11).

Para presentar los resultados, recurriremos a sus narrativas, relatos y experiencias. Las mismas serán organizadas en dos ejes de análisis: 1) el registro del trabajo de cuidado en el cuerpo; 2) las violencias que aparecen en los cuerpos de las cuidadoras. Estas líneas, que aparecen como categorías de análisis en nuestros proyectos marco de investigación, nos ayudarán a desarmar y comprender las miradas en torno a la experiencia de cuidar y ser cuidadas de mujeres mayores de 60 años de la ciudad de Córdoba, y también de quienes cuidan a estas mujeres viejas enclenques.

El registro del trabajo de cuidado en el cuerpo

¿Dónde se ubica el cuidado en el cuerpo de quien lo brinda? ¿Cuáles son las emociones/sentires/pensares que afloran con él? Con estas preguntas guías buscamos desentramar las experiencias de cuidar junto a las mujeres entrevistadas. El cuidado es una experiencia integral, por ser corporal, subjetiva, cognitiva, social. Se ubica en un tiempo-espacio y es pasible de ser historizada por cada una de las mujeres. En un mundo abrumado por la inmediatez, automatismos y ciberconexiones, que insisten en anular la experiencia del cuerpo, es fundamental recuperar la pausa, el registro y develar-resignificar lo que allí se cristaliza: “–Yo cuido porque siento amor, sólo amor. –¿Y dónde sentís ese cuidado, en qué parte del cuerpo? –En la espalda, en la nuca” (entrevistada 1, 2022). Cuidar duele también, cansa, pesa. Se siente en la nuca y en la espalda generalmente. Tras el mando de hacerlo por amor, solemos no registrar lo que pesa.

Se corre el riesgo de

olvidar el cuerpo, dar por hecho su existencia y no preguntarnos qué necesidades lo recorren… El cuerpo pasa a verse únicamente como un objeto, un recipiente en el que se guarda la fuerza de trabajo, un medio para la obtención de una mayor acumulación de capital (González Celis y González Llama, 2020, p. 52).

Anular la dimensión corporal, material conlleva a anular todo el entramado que sostiene la vida y a costa de sus existencias: “–Estuve cuidando a mi mamá por años. Ella estaba enferma. Pobre vieja, en la cama, siempre jodida. –¿No te cansabas? –Y… no sé…. no pensaba mucho en eso, lo tenía que hacer” (entrevistada 4, 2020). Por un lado, los mandatos aparecen como incuestionables, pero, por otro, lo que surge aquí tiene que ver con el compromiso con la vida. Asegurar un buen vivir, un digno vivir y, también, dignidad al morir, implica acompañar. El problema es cuando ese acompañamiento se realiza en soledad, sin redes, sin comunidad.

Somos 4 hermanos, pero me tocó sólo a mí cuidar a mamá (entrevistada 5, 2024).

Soy hija única, me costó mucho tomar decisiones en torno a los cuidados de mis padres. A mi padre lo terminé internando en un hogar y fue una decisión que me hubiera gustado tener con quién consultar (entrevistada 6, 2023).

Yo estaba sin pareja, y no podía conocer a nadie porque me quedé cuidando a mis padres. Hoy tengo 74 años y pienso qué lindo hubiera sido tener una vida como las demás mujeres, en familia (entrevistada 1, 2019).

La falta de red se resiente en las corporalidades, en la estima y en los anhelos de las cuidadoras. Se deben resignar deseos, metas, aspiraciones para realizar este trabajo. Se deben reajustar las maneras en las que se organiza la cotidianeidad, incluido el autocuidado. Es por ello que los feminismos comunitarios proponen los cuidados en comunidad como una forma no solo de organizar y distribuir el sostén de la vida, sino también como una manera de politizar este tipo de labor, dando cuenta de su importancia radical para la vida misma.

El punto está en comprender que la vida humana (y no humana) es interdependiente, y nos necesitamos recíprocamente para poder hacer que nuestras vidas sean dignas y bien-vividas. Distanciándose de la caridad –donde la relación que se establece es asimétrica– los cuidados en comunidad proponen una lógica horizontal que además entiende que la vida no es propiedad privada y que todas las personas tenemos un compromiso con ella.

Las violencias que aparecen en los cuerpos de las cuidadoras

Pluralizar la definición de la violencia machista permite trazar una especie de cartografía de su simultaneidad e interrelación. Se trata de comprenderla como una red de violencias interconectadas, concatenadas, aunadas y de mirar esos nudos de conexión para producir sentidos. Es ahí, en esa mirada compleja del entramado, donde se devela el funcionamiento cruel de un sistema que explota a los cuerpos feminizados (Gago, 2019). En esta red, las violencias se conectan con los hogares asfixiados por una crisis económica que vacía las ollas, con la precarización laboral y diferencias en los salarios según el género, con el trabajo doméstico invisibilizado, con la cancelación de prestaciones de obras sociales, accesos a medicamentos y tratamientos, con prácticas ecocidas sobre los territorios, que no hacen más que activar la supervivencia. Estas violencias atentan contra aquellas que cuidan y han dedicado sus vidas a los cuidados de otros:

Toda la vida fue de sacrificios, yo cuidaba los chicos y hacía las cosas de la casa, siempre estirando el pesito para que alcance. Él siempre me insultaba cuando yo le decía que no alcanzaba, que guarde la plata, que los chicos necesitaban. Llegó a negarme la comida durante dos días para que aprenda, me dijo “vos no tenés idea de qué es trabajar, te la pasas acá adentro, yo manejo la plata como quiero”, todavía me acuerdo y se me anuda el estómago (entrevistada 17, 2024).

Siempre me trató como que yo no sirvo para nada. Me dice que reniega de mí porque yo vivo cansada. Él no ve que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy de un lado a otro trabajando en la casa, lavo la ropa, hago las compras, me recorro negocios buscando precios para que alcance la plata, ¿cómo no me voy a cansar? (entrevistada 23, 2024).

Yo lo estoy cuidando, le preparo la comida y él me putea de arriba a abajo, me echa, me corre. Yo sé que no está bien, pero me pone mal que me eche, yo también estoy cansada (entrevistada 17, 2024).

Me dijo que no servía para nada porque manché con yogurt al bebé, a mi nieto (entrevistada 9, 2020).

Estas mujeres son, en general, empobrecidas y racializadas. Han sufrido discriminación de clase y de raza a lo largo de sus vidas. Y, justo por ello, se les dificulta tercerizar los cuidados o comprarlos puesto que no tienen los recursos para hacerlo. Por tanto, el único recurso con el que cuentan son sus propios cuerpos, que reciben violencias múltiples en el marco de una estructura patriarcal que invisibiliza el rol de las mujeres en la sostenibilidad de la vida. El mandato de cuidar y ser sostén afectivo se reproduce en las lógicas familiares que entrampa a las mujeres a la vez que las domestica para silenciarse ante las violencias. Como dice Freixas (2021), “a partir de una educación que nos ha hecho sumisas, dispuestas y entregadas a la felicidad ajena y perpetuamente alejadas de nuestros deseos” (p. 102).

Reconocer las violencias patriarcales desde una perspectiva del curso de la vida, permite abordar la dimensión histórica del fenómeno y entender que afecta a mujeres de todas las edades. Las violencias por motivos de género contra las viejas es una problemática poco apalabrada y explorada, mucho menos se denuncia, dado que en ocasiones se deslegitiman las palabras de quienes las atraviesan. No obstante, suceden y transcurren en medio de historias invisibles y complejas:

¿Quién te va a mirar si sos una vieja fea y gorda? (entrevistada 21, 2024).

Me pegó mi marido, estamos los dos jubilados, lo tuvo que denunciar mi hijo para que lo saquen de mi casa (entrevistada 7, 2024).

Es mi papá pero no puede gritarle así a mi mamá solo porque está viejo (entrevistada 8, 2024).

Yo no daba más, siempre pensé en que él iba a cambiar, toda una vida cuidándolo, intentado siempre hacer todo bien para conformarlo y que no se enoje. Mis hijos me decían que ahora que estamos viejos qué me voy a separar, que ya no es tan malo como antes porque está viejo. Yo también estoy vieja y no quiero más esto (entrevistada 18, 2023).

Entendemos que estas violencias no son un hecho único y aislado, sino que constituyen un continuum. Se trata de una reproducción constante de la violencia a lo largo del curso de vida de las mujeres, mediante acciones, prácticas, creencias, ideologías que atraviesan la dimensión individual, pareja, familia y otros espacios de la sociedad (Herrera Bautista y Rodríguez Rodríguez, 2023). Este continuum de violencias aumenta también las condiciones de explotación y todo aparece como parte de un engranaje en el que se alimentan mutuamente las condiciones de violencia estructurales así como las desiguales reparticiones de los trabajos de cuidado.

En los mapeos y cartografías corporales que realizamos en los talleres, las violencias se ubican prácticamente en los mismos lugares que los trabajos de cuidados: espalda, estómago, piernas y útero. En esos lugares se resiente el cuerpo, se marcan los dolores.

Imagen 1. Mujeres realizando actividad sobre los trabajos de cuidados y su distribución en el día a día. Junio de 2023

Fuente: Fotografía de Carolina Rojo

Imagen 2. Trabajo realizado en un taller comunitario. Junio de 2024

Fuente: Fotografía de Carolina Rojo

Justamente, eso de lo cual no es tan fácil hablar se representa en un dibujo, en una imagen, en los sentires corporales que también nos comunican. Allí se da cuenta de ese malestar vigente.

Nuestros cuerpos dan cuenta de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que hemos atravesado. Cuando somos capaces de verlos y de sentirlos, descubrimos mucho más de lo que es aparente. Están marcados por nuestros recuerdos, nuestras experiencias y por lo que esas experiencias nos han hecho sentir. En el cuerpo aparece nuestra historia (Bonavitta, 2024, 10).

“Cada vez que me acuerdo de sus gritos y zamarreos me vuelve a aturdir y a doler, es como si nunca pasara” (entrevistada 14, 2024). Las violencias están ahí, con marcas ineludibles. Como algo que no termina de irse más. Y al trabajar con ellas mediante el registro del cuerpo, aparece fácilmente la huella del patriarcado en las mujeres.

Conclusiones

El aumento de vejeces y la crisis de los cuidados en la que estamos insertas las sociedades implica repensar en políticas de cuidados integrales, en prácticas y organización de la sostenibilidad de la vida con una perspectiva prolongada, comunitaria, que involucre a diversos actores y no deposite las cargas y desigualdades en los cuerpos e historias de las mujeres. Sabemos que los cuerpos más oprimidos son justamente los de las mujeres más empobrecidas, racializadas; en ellas recaen las desigualdades de género y, también, las consecuencias de las violencias patriarcales estructurales.

Desde edades tempranas, a las mujeres se las educa para ser para los demás, se cuida para arriba, para abajo, para derecha e izquierda del sistema familiar, se cuida a hermanas/os, padres, madres, abuelas/os. Queda claro que los cuidados son claves para relacionarnos. También nos vinculamos con un territorio, proveedor y suelo fértil para la existencia, al que se mira con avaricia extractivista, quebrantando la base común a todos que nos garantiza la vida.

La crisis estructural de los cuidados se entronca con las desigualdades y violencias patriarcales. En los cuerpos de las mujeres, se alojan las dolencias, malestares, sacrificios, anulación y postergación de deseos, tras brindar a manos llenas tareas de cuidados para y por otros. No obstante, cabe aclarar que el envejecer también es un proceso plural, diverso, atravesado por experiencias particulares y por desigualdades sociales específicas; en clave interseccional nos lleva a identificar que no se envejece de igual forma. Se pasa la vida cuidando, pero la pregunta que inquieta es quién cuidará a esa vieja proveedora de cuidados cuando ya no pueda valerse por sí misma. ¿Quién cuida a las viejas enclenques? ¿A quiénes les importan sus vidas? ¿Podemos hablar aquí de buen vivir y buen morir cuando la dignidad se termina negociando? Y también nos preguntamos: ¿quién las protege?, ¿quién se encarga de diseñar y sostener un futuro digno que las atraviese por un buen vivir y un buen morir?

La importancia de tener un sistema de cuidados integral que pueda contemplar a las vejeces así como una ley integral de cuidados que tienda a reconocer los cuidados en la vejez es fundamental desde dos perspectivas. En primer lugar, porque las mujeres cuidamos siempre, aún en la vejez. Las jubilaciones de las mujeres nunca son jubilaciones del trabajo de cuidar. En segundo lugar, por la necesidad misma de recibir cuidados y carecer de ellos. Esos vacíos institucionales, del Estado y del mercado, son parte de las violencias patriarcales a los que nos expone el patriarcado capitalista. ¿Qué sucede con las viejas enclenques pobres, campesinas, indígenas, racializadas? ¿Cuántas violencias más pueden soportar sus cuerpos maltratados?

Se requieren propuestas intersectoriales, en las que formen parte el Estado, el mercado, las organizaciones sociales y los sindicatos, así como especialistas en el tema, para diseñar y organizar una política de cuidados en la vejez que sea realmente contemplativa de las intersecciones que atraviesan las mujeres, sobre todo en Nuestra América.

Bibliografía

Agostino, Ana (2023). Prólogo. En Romina Mauros y Sandra Sande (comps.), Diálogos (im)perfectos / Vejeces y feminismos (pp. 9-14). Udelar, FCS-TS, Área de Vejez y Trabajo Social.

Araujo Guimarães, Nadya (2024). Mirando hacia una sociedad del cuidado, pero viviendo bajo múltiples y desiguales formas de producir cuidados: ¿hay luz al fin de ese túnel? En A. Comelin-Fornés, V. Perrotta y J. A. Pineda Duque (eds.), La sociedad del cuidado y políticas de la vida (pp. 65-92). CLACSO; INMujeres; UNAM; UNRISD.

Bidaseca, Karina et al. (2012). La articulación entre raza, género y clase a partir de Aníbal Quijano. Diálogos interdisciplinarios y lecturas desde el feminismo. Papeles de Trabajo: Instituto de Altos Estudios Sociales, 10(18), 195-218. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5875347

Bonavitta, Paola (2024) Cartografía feminista: una apuesta práctica desde la epistemología de las emociones. EntreDiversidades, (21), 1-18. https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V21.2024.E02

Bonavitta, Paola y Presman, Clara (2022). Cuidados, autocuidados y Buen Vivir. La experiencia de mujeres de la periferia de Córdoba. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 3(9), e210124. https://doi.org/10.46652/pacha.v3i9.124

Cardelli, Mariano (2020). El “Buen Vivir” y la Seguridad Social. Un análisis de dos conceptualizaciones presentes en las políticas de los gobiernos nacional-populares de la primera década y media de los 2000 en Latinoamérica. En P. Danel y C. Tello (coords.), Decolonialidad, identidades divergentes e intervenciones (pp. 109-125). La Plata: UNLP/ Facultad de Trabajo Social. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/97864/Documento_completo.pdf-DFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CEPAL (2022). Envejecimiento en América Latina y el Caribe. Inclusión y derechos de las personas mayores. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48567

Federici, Silvia (2015). La acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres. En Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva (pp. 97-208). Madrid: Traficante de Sueños.

Franco, Natalia (2022). Envejecimiento demográfico: sentidos, creencias y estereotipos viejistas. Apuntes de Demografía. https://apuntesdedemografia.com/2022/10/15/envejecimiento-demografico-sentidos-creencias-y-estereotipos-viejistas/

Freixas, Anna (2021). Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres. Madrid: Capitán Swing.

Gago, Verónica (2019). Violencias: ¿Hay una guerra «en» y «contra» el cuerpo de las mujeres? En Verónica Gago, Potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo (pp. 65-89). Buenos Aires: Tinta Limón.

García, Elisa y Díaz, Silvia (2022) Una propuesta de investigación feminista para el estudio de la misoginia: notas reflexivas de los procesos de investigación. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (56), 83-106. https://doi.org/10.5944/empiria.56.2022.34439

Gherardi, Natalia (2017). Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres: más que un mandato legal. Revista Pensar en Derecho, (9), 33-47. https://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/9/prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.pdf

González Celis, Inés y González Llama, Amaia (2020). Donde se sostiene la vida. Cuidados, cuerpo(s) y comunidad en tiempos de pandemia. Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, (69). https://doi.org/10.18543/inguruak-69-2020-art03

Herrera Bautista, Martha y Rodríguez Rodríguez, Guadalupe (2023). El continuum de la violencia de género en el espacio privado y su reproducción en la sociedad. Revista de Estudios de Antropología Sexual, 1(13), 136-159.

Lugones, María (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (9), 73-101. http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a06.pdf.

Mignolo, Walter (2010). Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Del Signo.

Osborne, Raquel (2009). Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Pautassi, Laura (2024). El curso de la vida con derechos. Autonomía, universalidad e igualdad. En A. Comelin-Fornés et al. (coords.), La sociedad del cuidado y políticas de la vida (pp. 163-188). CLACSO; INMujeres; UNAM; UNRISD.

Pedwell, Carol y Whitehead, Anne (2012). Affecting feminism. Questions of feeling in feminist theory. Feminist Theory, 13(2), pp. 115–129. http://doi.org/10.1177/1464700112442635

Pérez Díaz, Julio y Abellán García, Antonio (2018). Envejecimiento demográfico y vejez en España. Panorama social, (28). https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/028art02.pdf

Pérez Orozco, Amaia (2014). La sostenibilidad de la vida en el centro… ¿y eso qué significa? En L. Mora y J. Escribano (eds.), La ecología del trabajo: el trabajo que sostiene la vida. Albacete: Bomarzo.

Pérez Orozco, Amaia (2006). Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico. Revista de Economía Crítica, (5), 7-37.

Quijano, Aníbal (1998). Colonialidad, poder, cultura y conocimiento en América Latina. Ecuador Debate, 227-238. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bits-tream/10469/6042/1/RFLACSO-ED44-17-Quijano.pdf

Quijano, Aníbal. (2000). ¡Qué tal raza! Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 6(1), 37-45. https://www.alainet.org/es/print/104865

Ramacciotti, Karina (2020). Cuidar en tiempos de pandemia. Descentrada. Revista Interdisciplinaria de Feminismos y Género, 4(2), e126. https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe126/12574

Roque, Mónica (2022). Enfoque de cuidados como base de las desigualdades. En M. Ferreyra et al., Políticas públicas y perspectiva de género: indicadores, seguimiento y monitoreo. CLACSO.

Rodríguez Enríquez, Corina (2021) La articulación de las dinámicas productivas y reproductivas en las economías latinoamericanas. En V. Alonso et al. (coords.), Heterogeneidad estructural y cuidados: nudos persistentes de la desigualdad latinoamericana. Buenos Aires: Teseo.

Segato, Rita (2003). Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia. Buenos Aires: Prometeo.

Segato, Rita (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo.

Wagon, María (2021). Crisis de los cuidados y violencia contra las mujeres. Un análisis de la repercusión de la pandemia del COVID- 19 en la vida de las mujeres. Argumentos. Revista de Crítica Social, (24), 166-190.

32 Pérez Díaz y Abellán García (2018) sostienen que la expresión es desafortunada, al hacer uso de una falsa analogía, de tipo organicista entre poblaciones y seres vivos. Las poblaciones no envejecen ni mueren.

33 Pérez Orozco afirma que toma estas palabras de la definición que se da de suma qamaña-vivir bien en la web del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (Pérez Orozco, 2014, p. 244).

34 Pérez Orozco (2006, p. 18) expresa que la crisis de los cuidados surge a raíz del resquebrajamiento del modelo previo del reparto del cuidado, el cual se basaba en una división estricta: por un lado, el ámbito público de economía monetizada y regido por la lógica de la acumulación; por el otro, el espacio privado-doméstico de economía no monetizada, donde las mujeres ejercían el rol de cuidadoras no remuneradas. En este contexto, el mercado asumía que el asalariado se encontraba libre de cargas relacionadas con los cuidados y plenamente a disposición para el empleo. Esta realidad se sostenía si, invisibilizada, se encontraba el ama de casa asumiendo las responsabilidades de cuidado. El Estado de Bienestar, en tanto, se erigía sobre la pareja heterosexual y la familia nuclear. El mencionado modelo se ve resquebrajado por diferentes factores, entre ellos: la inserción de las mujeres en el mercado laboral y el cambio en los tipos de familias (incremento de hogares unipersonales o monomarentales), así como la crisis económica dentro del modelo del Estado de Bienestar que lleva a que, en muchas familias, sean varones y mujeres quienes tengan que trabajar en el espacio público alterando las dinámicas de cuidado, etc.

35 Es importante destacar que considerar solo el criterio cronológico para definir la entrada a una etapa de la vida resulta insuficiente, dado que reduce y no contempla los variados cambios que acontecen con el devenir existencial. En este sentido, adherimos al paradigma del curso de la vida y el envejecimiento saludable (OMS), que comprenden el envejecer como un proceso continuo y no lineal, que se encuentra en interrelación con los factores que condicionan la salud y bienestar.

Parte III

Cuidados como resistencia ante violencias estatales

Binarismo bélico

Enquadramentos para violência de Estado desde uma perspectiva feminista interseccional

Juliana Farias

Introdução

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024. Duas mulheres se encontram para irem juntas até um estúdio gravar duas aulas para um curso intitulado “Maternidades e violências: fortalecimento do direito à saúde e redes de acolhimento”.36 Organizado pela Rede Transnacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA)37 em parceria com o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), este curso é fruto de demandas apresentadas por mães e demais familiares de vítimas da violência de estado durante uma atividade da 33ª Reunião Brasileira de Antropologia,38 no ano de 2022. As duas mulheres em questão somos Maria Dalva Correia da Silva e eu. Ela, uma das lideranças da Rede Nacional de Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado; eu, uma antropóloga que realiza pesquisas sobre violência de Estado.

Conheci Dalva no ano de 2004, durante um ato público para reivindicar justiça para as quatro vítimas fatais do episódio que ficou conhecido como Chacina do Borel.39 Fazia um ano que Thiago da Costa Correia da Silva tinha sido executado sumariamente por agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O protesto consistiu numa caminhada do Largo do Machado até o Palácio das Laranjeiras, sede do Governo do Estado, tendo como protagonistas as mães e demais familiares das vítimas fatais daquela e de outras chacinas ocorridas em favelas cariocas.

Passados vinte anos de interlocução, troca, convivência e muito aprendizado, trago neste capítulo uma parte das reflexões sobre violência de Estado que hoje tenho a possibilidade de realizar porque tantas mães e familiares de pessoas que tiveram o direito à vida violado por agentes do próprio estado brasileiro acolheram uma estudante branca/do asfalto como apoiadora deste movimento social, me ensinaram a ajustar o foco das pesquisas e a tomar como objeto de análise o próprio estado, em seus diferentes segmentos.40 O diálogo com a aula da professora Maria Dalva Correia da Silva anunciada no início deste texto concretiza o lugar de referência que ela ocupa, ao lado de Patrícia Oliveira, Márcia Jacintho, Deize Carvalho, Ivanir Mendes, Fátima Silva, Janaína Alves, Edrilene Neves, Aline Leite, Ana Paula Oliveira, Patrícia Oliveira, Fátima Pinho, Bruna Silva, Irone Santiago, além das já falecidas Vera Flores, Marilene Lima e Julia Procópio e todas as mães e familiares das articulações políticas que tive contato a partir da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência (RJ) e, posteriormente, a partir da Rede Nacional de Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado.

Assim sendo, vale explicitar que o estado aparece nesta reflexão em forma de engrenagem – uma “engrenagem de gestão das mortes dos moradores de favelas” (Farias, 2020). Portanto, trata-se de um estado que não foi delimitado a partir de uma escolha pré-definida de recorte analítico sobre este ou aquele órgão ou instância estatal,41 mas todo e qualquer “segmento de estado” que tenha aparecido através do percurso das mães e familiares de vítimas que tive a possibilidade de acompanhar ao longo de diferentes pesquisas (Farias, 2005; 2008; 2020).42

O presente capítulo está dividido em quatro partes desiguais: após esta breve introdução, passamos para a seção “Exercício de reflexão via articulação corpo/casa/favela”, dedicada a refletir sobre execuções sumárias, chacinas, invasões de casas, violência sexual e tortura como parte de um mesmo conjunto de tecnologias de controle de corpos e territórios inerentes à engrenagem de mortes em questão. Na terceira seção, aciono novamente a aula de Correia (2024) no curso “Maternidades e violências: fortalecimento do direito à saúde e redes de acolhimento”, para discutir conexões entre execução sumária e racismo obstétrico, considerando a lógica do cuidado materno.

Por fim, a quarta parte do capítulo costura os argumentos sobre o teor heteronormativo da lógica bélica. Enfatizando as articulações entre os marcadores de raça, gênero, sexualidade e território na conformação do processo genocida em curso no Brasil, destaco a relevância do diálogo com a publicação mais recente de Patricia Hill Collins em Português, o livro “Intersecções letais” (2024), no qual a autora aborda situações de “dominação política em que a morte, ou a ameaça de morte, é evidente” (Collins, 2024, p. 10).

Exercício de reflexão via articulação corpo/casa/favela

Tiago não foi morto por ele portar uma arma, ele foi morto por ser jovem, negro e morar numa favela. (Correia, 2024)

No texto em destaque na epígrafe, Dalva Correia (2024) chama nossa atenção para a articulação entre gênero, geração, raça e território. Diferentes pesquisas comprovam que o homem jovem negro é o alvo prioritário do processo genocida em curso no Brasil.43 Essa intersecção específica, que pauta o alvo de processos históricos de criminalização, perseguição e execução, traz no centro esse corpo que é atingido pelos disparos de fuzis da Polícia Militar, da Polícia Civil e/ou do Exército; o corpo que é ilegalmente retirado do local do crime e levado – já cadáver – para um hospital público sob o argumento de que aqueles que efetuaram o disparo prestaram socorro à vítima; o corpo que chega ao Instituto Médico Legal para ser examinado por um médico que também faz parte do quadro de profissionais do campo da Segurança Pública;44 o corpo que vai habitar o inquérito policial como aquele que, ainda vivo, atirou no agente de estado em serviço e, por isso, foi morto; o corpo que vai habitar a papelada a partir da qual o Ministério Público vai decidir se arquiva o caso ou se deixa ir pra frente em forma de processo judicial.

Além de ser um corpo negro, esse corpo é reconhecido socialmente como “corpo de homem”, seja em função da genitália (um determinante biologizante que também pauta classificações de estado), seja por outros atributos que carrega. Sob esta angulação, são mais frequentes análises sobre casos de homicídios decorrentes de intervenção policial – os famosos “autos de resistência” – nos quais os homens jovens negros são as vítimas fatais. A imensa maioria desses casos são denunciados por familiares dessas vítimas, em sua geral suas mães, mas também irmãs, tias e avós, enfim, mulheres que se colocam à frente da luta por justiça e contra a violência de estado. O ponto para o qual quero chamar atenção aqui é que enquanto algumas dessas mulheres choram por filhos, sobrinhos, netos e maridos executados, outras mulheres são elas mesmas executadas, outras continuam vivas, mas foram estupradas por soldados; outras continuam vivas, mas foram torturadas dentro de caveirões (Farias, 2021).

Na sequência dessa reflexão, portanto, argumento que para realizar o debate sobre violência estatal considerando os marcadores de gênero, raça e território, é imprescindível perseguir imbricações políticas configuradas por duas lógicas historicamente estabelecidas: uma que confere ao Estado a legitimidade do uso da força45 e outra que estimula/legitima/compõe violências decorrentes de “dessimetrias de poder relativas a gênero”, nos termos propostos por Debert e Gregori (2008). As reflexões aqui compartilhadas são pautadas por situações de violência institucional produzidas a partir do entrecruzamento entre gênero, raça e território – algo que a socióloga Patricia Hill Collins tem chamado de “intersecções letais” (2024). O debate proposto prioriza também o diálogo com a produção sobre “genocídio antinegro” (Vargas, 2005; 2012; Rocha, 2014; Flauzina e Vargas, 2017) e abordagens que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tratam de “violência policial antinegritude” a partir da análise de “afinidades imperiais antinegras nas práticas de policiamento racializado no Brasil” (Alves e James, 2017).

Informada por este enquadramento teórico-metodológico (que também é parte do posicionamento ético-político aqui registrado), realizo o exercício de reflexão via articulação corpo/casa/favela considerando execuções sumárias, chacinas, invasões de casas, violência sexual e tortura como parte de um mesmo conjunto de tecnologias de controle de corpos e territórios inerentes à engrenagem de mortes em questão.

Vilma,46 moradora de uma das favelas cariocas onde realizei trabalho de campo nos anos de 2015 e 2016, teve a casa invadida durante uma operação da Polícia Militar. Foi logo cedo, pela manhã: ela já havia saído para trabalhar, sua filha de 13 anos estava dormindo e sua filha de 16 anos estava saindo pra ir pra escola. Vilma contou que os policiais entraram na casa dela chamando a filha que estava dormindo de vagabunda, piranha e a mandando levantar e que também durante essa invasão um dos policiais deu um chute nas costas da sua filha mais velha e o desenho da sola do coturno desse agente ficou marcado na parte de trás da blusa do uniforme da escola da menina. Vilma concluiu esse relato da seguinte forma: “Eles vão fazer mais o quê aqui? Daqui a pouco tão estuprando minhas filhas”.

Em contextos como esse, “vagabunda” e “piranha” são palavras que precisam ser lidas enquanto xingamentos que compõem um quadro mais amplo de violências de gênero que também aparece embutido na violência institucional que caracteriza operações como essa que a Polícia Militar realizou na zona norte do Rio. A invasão daquele dia não ficou marcada apenas na memória das três moradoras da casa, mas ficou marcada no uniforme de uma das meninas: o peso do coturno fincado no chão da sala e dos outros cômodos se fez sentir nas costas da adolescente que ia para a escola. A favela, a casa e o corpo da filha de Vilma são marcados pela invasão da polícia. O estupro não precisa acontecer para aterrorizar: o “daqui a pouco tão estuprando” denunciado por Vilma indica uma espécie de possibilidade cotidiana do estupro.

O “vagabunda” direcionado para a filha de Vilma foi ouvido por Gizele Martins (2016), na Maré, em situação diferente. Não foi da boca do policial que o “vagabunda saiu”. Em “Atingidas”, Martins (2016, p. 22) escreve: “Minha adolescência e juventude foram marcadas por enfrentar e ver dia a dia a violência do Estado na minha porta. Eram casas invadidas por policiais, além das corridas constantes do caveirão e, ainda, ouvir do alto som do caveirão “Sai da rua, vagabunda”; “Sai da rua, morador. Eu vim roubar a sua alma”.” Os blindados mudam, mas a violência do estado continua na porta da casa: no mesmo texto Martins (2016) fala dos tanques de guerra que circularam dia e noite pelas ruas da Maré durante um ano e cinco meses de ocupação do Exército, período marcado por “violações às mulheres com revistas, abusos machistas, até acusações de estupros”, afirma a autora.

Os tanques e as acusações de estupro habitam a mesma seção no texto de Gizele Martins – a presença do Exército brasileiro em diferentes favelas potencializa a guerra inventada pelo Estado. São inventadas disputas de território, são inventadas retomadas de território: bandeiras verde e amarelas foram hasteadas em locais de visibilidade de cada favela onde foram instaladas UPPs; já na Maré, a “Força de Pacificação” composta por 2 mil militares do Exército e 500 militares da Marinha hasteou a bandeira nacional no dia seguinte da sua chegada ao conjunto de favelas.47

Há inúmeras situações nas quais esta mesma mulher, cujo corpo é racializado e sexualizado enquanto é criminalizado, estava de calcinha e sutiã no momento no qual a sua casa foi invadida. Se, para aquela moradora, a invasão da sua casa teria sido experimentada de outra maneira caso ela estivesse trajando blusa e calça, essa informação não pode ser tratada como um dado menor. Não se trata de considerar a invasão mais ou menos grave em função das roupas da moradora, mas sim de construir um percurso analítico que enxergue casa e corpo interseccionados enquanto alvo da ação do estado naquele território. Territórios, casas e corpos passíveis de serem invadidos/violados por agentes de estado armados em serviço. Práticas de estado para suas margens: a “margem” enquanto um espaço localizado entre corpos, leis e disciplina (Das e Poole, 2004).

Sigo atenta à “gramática que visa garantir a estabilidade da representação da violência masculina a partir de um paralelo negativo com as posições afeminadas”, como argumenta Mombaça (2016, p.12), “de mulheres cis, bichas, travestis e outras corporalidades marcadas como femininas e representadas como necessariamente frágeis e passivas frente a violência”. Assim, esta análise se propõe a enxergar nesse amplo conjunto de tecnologias governamentais a multiplicidade de formas de violentar pessoas que, aos olhos “machulentos”48 do Estado, são vistas como mais frágeis (seja em função de suas inscrições de gênero e raça, seja em função de sua orientação sexual).

Neste exercício reflexivo, também levo em conta o fato de que feminizar corpos e pessoas também pode ser um ato de violência, circunscrito em diagramas de demonstração de força e julgamento moral característicos de diferentes violações de direitos. Carrara e Vianna (2006) refletem a respeito da diferenciação entre os homicídios de mulheres travestis e homens gays no Rio de Janeiro, em função das características dos crimes e o cruzamento destas com as inscrições de gênero dos corpos. Efrem Filho (2016) explicita a conexão entre a “brutalização dos corpos” e a “brutalização do sexo” através de uma lista de atos violentos composta por “golpe de faca peixeira no ânus”, “morte antecedida pelo estupro”, “pênis decepado e enfiado na boca”. O autor afirma que “a brutalização do sexo ou da sexualidade se desenvolve num cenário em que sexualidade, crime e violência se constituem reciprocamente” (Efrem Filho, 2016, p. 329).

Seguindo essa linha de raciocínio, Gizele Martins e eu desenvolvemos uma análise de “circuitos urbanos do terror de estado” considerando os marcadores sociais de raça, gênero, sexualidade e classe/território (Martins e Farias, 2024). Discutimos, dentre outras situações que marcam a presença militarizada do Estado nos territórios de favelas e periferias, diferentes tipos de circulação forçada: 1) adolescentes homens, negros, lidos por agentes de estado como heterossexuais que são “pegos” e obrigados a entrar na viatura vendados, ficam rodando por horas seguidas, apanham e depois são largados em algum lugar dentro da mesma favela – prática conhecida como “pegar pra dar um susto”; 2) adolescentes e jovens mulheres, racializadas, lidas por agentes de estado como heterossexuais e adolescentes homens, racializados, lidos como homossexuais que são obrigados a entrarem nas viaturas e dentro desses veículos oficiais sofrem violência sexual (enquanto a viatura circula por dentro da favela).

Trata-se, então, de capturar etnograficamente situações nas quais a violência institucional está ancorada na imaginação da nação como masculina (Das, 2011). Ao refletir sobre determinadas características da violência colonial durante a invasão de diferentes territórios do sul global, McClintock traz a ideia de “rituais atrozes de masculinidade militarizada” (2010, p. 53) – uma ideia que faz sentido quando voltamos nossa atenção para os casos de estupro e que também faz sentido ao analisarmos casos de execução sumária e chacina, considerando as conexões entre processos de generificação e racialização de corpos e territórios.

Na manhã do dia 25 de dezembro de 2015, uma moradora da Rocinha foi agredida e estuprada por dois agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que realizavam uma operação na favela. Na madrugada do dia 05 de agosto de 2014, outras três mulheres foram estupradas no Jacarezinho por seis agentes da Unidade de Polícia Pacificadora instalada no local em janeiro de 2013. No dia 18 de abril de 2012, cinco meses antes da instalação da UPP na Rocinha, quatro agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), também da PMERJ, levaram para um beco uma mulher que foi vista furtando e a estupraram. Esses três casos foram noticiados na grande mídia e para todos os casos o comando da PMERJ e/ou o Secretário de Segurança Pública se posicionaram, a princípio dizendo que iriam apurar as informações, e posteriormente, declarando que tais episódios refletiam atuações reprovadas pela corporação. Independente do rumo que dado a cada investigação, importa ressaltar que, assim como ocorre nos casos de execuções sumárias, a responsabilização individual de cada agente envolvido é o caminho recorrente para não haver nenhum tipo de responsabilização institucional.

No caso do Jacarezinho, o Comando da PMERJ declarou em nota, inclusive, que “a conduta grave desses policiais militares, em desacordo com os ensinamentos recebidos durante a formação, atentou contra o sentimento de dever e decoro da classe. A ocorrência deste crime, por agentes garantidores da lei, é inadmissível” (Abdalla, 2014). Quatro dos policiais acusados foram expulsos da corporação, desses quatro, três foram denunciados49 pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por estupro das três moradoras – sendo duas adultas e uma adolescente. Mais uma vez, o poder judiciário tratou o caso através das condutas individuais de cada agente, fortalecendo a ideia de exceções que fogem à regra.

Enquanto os casos são tratados como exceção pelo alto escalão, nas favelas é sabido que a prática é recorrente. Antes do caso mais recente da Rocinha ser noticiado, algumas moradoras já estavam realizando denúncias não formalizadas sobre os estupros, dizendo que havia becos que eram evitados nas suas idas e vindas do trabalho, pois sabiam, pelas amigas, que policiais da UPP estavam abusando sexualmente de moradoras em determinados locais da favela.

Além de não se tratar de casos isolados, essa prática não faz parte, apenas, do repertório de violações do Exército brasileiro ou da PMERJ. No dia 18 de outubro de 1994, 110 agentes da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma operação na favela Nova Brasília, a pretexto de cumprir 104 mandados de prisão temporária. Durante tal operação, 14 moradores foram executados e 3 moradoras com idades de 15, 16 e 19 anos sofreram abusos sexuais e foram torturadas.50

Independente das críticas que podem ser direcionadas aos mecanismos internacionais de julgamento por violações de Direitos Humanos, considero importante a possibilidade que a denúncia do Caso Nova Brasília traz de se enxergar o Estado brasileiro enquanto responsável tanto pelas execuções sumárias de 13 moradores de favela, quanto pelos estupros e torturas sofridos por 3 moradoras. Ao menos nesta denúncia, execuções sumárias e estupros estão conectados.

As invasões dos territórios, das casas e dos corpos se atualizam no detalhe da comida roubada pelo PM de dentro da geladeira; na criança que fica indignada porque o PM comeu o bolo de chocolate que a mãe tinha acabado de fazer; na moradora que tava de camisola quando os soldados arrombaram a porta da sua casa. Esse tipo de violência se enraiza no cotidiano: são invadidos os territórios, são saqueadas as casas, são penetrados/perfurados os corpos na guerra que o estado inventa.

Durante operações policiais em favelas, golpes de fuzil no rosto de um homem jovem negro se somam com empurrões, puxões de cabelo e braço, chutes e socos na orelha, na barriga e nas pernas de mulheres jovens negras; apertos na bunda e nas coxas de mulheres se somam às ameaças de morte e às incontáveis chacinas realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Aditivos de violência e terror que reunidos conformam o que Vianna (2018) disse tratando o “Estado como experiência última de terror”. Diferentes denúncias escutadas ao longo desses 20 anos explicitam passagens nas quais corpo e território se tornam quase indistinguíveis: sangue/chão; pedaços de corpos/chão – ambos marcados pela violência das forças policiais.

Nessa guerra cuidadosamente arquitetada pelo Estado brasileiro, as mulheres não são estupradas para que engravidem e gerem filhos que serão registrados com a nacionalidade do soldado-estuprador, como ocorreu com parte das 20 mil mulheres muçulmanas e croatas durante os 3 anos (1992-1995) de duração da guerra da Bósnia, como nos informa Andrea Peres (2011). O estupro aqui se soma ao conjunto de tecnologias de destruição de corpos e vidas: não se objetiva o fortalecimento de uma nacionalidade e sim a atualização da soberania do estado racista brasileiro através do genocídio, da faxina étnica que destrói corpos e territórios negros.

Neste exercício analítico, estupros são entendidos como “arma de terrorismo de massa extremamente eficaz”, conforme sugere Angela Davis (2016 [1981]), e também como “arma de guerra”, “instrumento de limpeza étnica” e “tentativa de extermínio”, de acordo com Peres (2011). Afirmando que “a escravidão se sustentava tanto na rotina do abuso sexual quanto no tronco e no açoite” e que o “racismo sempre encontrou forças em sua habilidade de encorajar a coerção sexual”, Davis denuncia a “institucionalização do estupro” nos Estados Unidos e qualifica com precisão o encorajamento do estupro de maneira sistemática enquanto “política não escrita do Comando Militar dos Estados Unidos” (IDEM: 182). Sua análise evidencia, ainda, que os soldados americanos aprenderam que estuprar as mulheres vietnamitas era um “dever militar necessário” em função da lógica racista empregada nos treinamentos de guerra para disseminar a visão de que se lutava “contra uma raça inferior” – fato que é ratificado através da informação de que tais soldados foram inclusive “instruídos a ‘revistar’ mulheres com seu pênis” (idem).

Estamos diante de invasões e conquistas que fazem gênero e fazem raça nesses territórios através de atos de violência; fazem o gênero e a raça das mulheres estupradas e dos homens executados sumariamente – fenômenos cuja simetria é invisibilizada, não apenas pela hierarquização entre violências letais e menos letais ou entre vítimas fatais e vítimas sobreviventes, mas também pela hierarquização instituída via enquadramentos misóginos produzidos no interior do campo institucionalizado da segurança pública (das políticas públicas e também dos núcleos de pesquisa acadêmica sobre segurança pública).

Execução sumária e racismo obstétrico: conexões pela lógica do cuidado materno

Eu sempre protegi o meu filho, eu sempre falava pra ele “eu nunca vou te abandonar”. Quando o Tiago nasceu, no dia três de julho de 1983, eu fui internada no Hospital Bezerra de Menezes e sofri violência obstétrica. O Tiago já nasceu sofrendo. Eu fiquei um dia e uma noite, todas as outras mães foram atendidas, eles fizeram cesárea, e eu fiquei. O Tiago foi tirado com fórceps, eles quebraram, os médicos quebraram o úmero esquerdo dele, e durante quatro meses eu andava pra todos os lugares procurando ortopedista, porque não podia engessar, eles colocavam a tala e ele chorava muito. No dia que eu tive alta no hospital, o pediatra falou ‘você tá liberada, mas seu filho vai ficar’, eu falei ‘eu não vou sair daqui sem o meu filho’. Parei na porta da coordenação e lá eu fiquei até o Tiago ter alta. Foi uma luta. Eles só colocaram ‘devido ao parto difícil, recém-nascido sofreu fratura no úmero esquerdo’. Ele chorava muito, ele tomava remédio pra dor e não passava. Eu achava que não tava cuidando dele direito. Mas graças a deus ele ficou bem, não ficou com problema no braço. (Correia, 2024).

Nesta outra parte da aula que Dalva Correia gravou para o curso “Maternidades e violências: fortalecimento do direito à saúde e redes de acolhimento” (mencionado anteriormente), nossa professora chama atenção para dois aspectos que considero relevantes para a continuidade da reflexão aqui proposta: 1) a ideia de “proteção” em contraposição à ideia de “abandono”; 2) a referência ao racismo obstétrico51 para discutir violência de estado. “Cuidar direito” do braço quebrado do bebê recém-nascido foi uma dentre as tantas tarefas de cuidado realizadas por Dalva em relação ao seu filho Tiago.

O fato de Tiago ser um sobrevivente do racismo institucional desde o próprio nascimento é uma informação central pro debate aqui proposto – afinal, o fato de um homem jovem negro que foi executado sumariamente aos 19 anos de idade na favela onde morava ter tido um osso do seu braço quebrado pelo profissional de saúde no momento do parto é uma evidência desse projeto político genocida que está em curso no Brasil. Estão em jogo aqui distintas dimensões de “cuidado”: o cuidado da mãe em relação ao filho; a ausência de “cuidado” dos profissionais da unidade pública de saúde com o bebê negro e com sua mãe, uma mulher negra moradora da favela do Borel.

Em relação à primeira dimensão mencionada, é vasta a produção acadêmica feminista sobre o cuidado da mulher/mãe em relação ao filho, de modo que aciono aqui um atalho para mães moradoras de favelas no Rio de Janeiro cujos filhos foram atingidos pela violência de estado.52 O cuidado com a gestação, com o parto, com o bebê recém-nascido, com a alimentação, a saúde, a vestimenta, os estudos da criança, do adolescente e do jovem – momento do curso da vida interrompido pela ação armada do estado, a partir da qual a lista se amplia para o cuidado do sepultamento, o cuidado com a memória, o cuidado com a saúde da família em luto, o cuidado com as outras mães e familiares de vítimas que passa a conhecer na luta por justiça. Esta seria a lista resumida.

Não é meu objetivo aqui esgotar todas as possíveis dimensões de cuidado envolvidas nesses contextos,53 mas apenas enfatizar algumas conexões desenvolvidas por Dalva Correia (2024). Refletindo sobre violências de gênero enquanto (e a partir de) violações de estado, compreendo que incursões em determinados territórios por agentes de Estado armados guardam estreita conexão com “invasões” de corpos femininos ou feminizados – seja na violência sexual perpetrada por agentes das forças policiais, seja a invasão pelo bisturi. O debate da institucionalização do estupro de Davis (2016), mencionado na seção anterior, se conecta à institucionalização das chacinas e à institucionalização da violência obstétrica.

Na sequência das análises que argumentam que a representação contemporânea do Estado é constituída por e constituinte de relações de gênero (Brown, 2006; Curiel, 2024; Padovani, 2014; Vianna y Lowenkron, 2017; Aguião, 2017; Sander, 2024), reflito, então sobre contextos de acionamento dos braços armados do Estado para “pacificar”, “civilizar”, “ordenar”, “controlar” e “neutralizar” territórios de periferias, as pessoas que nesses territórios habitam e seus corpos racializados. Segue em curso no Brasil o genocídio antinegro, na atualização cotidiana de violências coloniais institucionalizadas. Observo, portanto, uma engrenagem de controle de corpos e territórios pautada pelo “direito de fazer a guerra”, como se refere Mbembe (2018), os mortos e os vivos – desde o nascimento.

A recusa do médico plantonista em realizar o parto pode ser lida como parte da engrenagem de administração burocrática de corpos tanto quanto a falsa prestação de socorro pelos agentes policiais que desfazem a cena do crime após a chacina, deslocando as vítimas, já mortas, do local dos fatos até um hospital público. A reflexão sobre a “tecnologia da posse”, nos termos de McClintock, nos permite enxergar por outro ângulo a posse do corpo – gestante / parturiente / negro / objetificável. É o processo de criação de “mundos de morte”, como nos ensina Mbembe (2018), ao desenvolver seu conceito de “necropolítica” argumentando que “soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto” (2018, P. 39).

É a fronteira entre a vida e a morte nas “mãos” do Estado. A mão treinada para manusear o bisturi e a mão treinada pra manusear armas de fogo – ambos equipamentos bélicos nesse processo genocida em curso. Para encerrar esta seção, vale enfatizar que racismo e violência obstétrica não configuram episódios esporádicos na rotina de pessoas gestantes no Rio de Janeiro: o racismo obstétrico compõe o conjunto de violações de direitos humanos de forma cotidiana e, como qualquer outra tecnologia de controle de corpos, configura violências institucionalizadas.

A lógica militarizada é tão heteronormativa quanto racista

Nas reflexões aqui registradas, aparecem entrelaçados racismo, machismo, lgbtfobia e misoginia na atualização de práticas governamentais de controle de corpos, populações e territórios, tornando possível enxergar esse “binarismo bélico”, que atualiza os duplos eu/outro; aliado/inimigo, produzindo uma espécie de fusão entre eu-aliado que praticamente aloca como outro-inimigo tudo e todos que não são “sua imagem e semelhança”. Assimetrias de poder de gênero, raça e sexualidade marcam ações militarizadas de agentes de estado armados em territórios de favelas e periferias urbanas.

Ao elaborar a noção de “interseccionalidades letais”, Collins (2024) argumenta que para entendermos melhor as relações de poder, precisamos olhar alguns casos de violência de perto, perceber como determinados atos de violência estão conectados. Nesse sentido, “a intersecção letal oferece uma visão da estrutura social das relações de poder, na qual as experiências de um indivíduo com a violência refletem as formas como as relações de poder são organizadas e impostas” (2024, p. 10).

Processos de classificação e criminalização de corpos, populações e territórios compartilham bases históricas em lógicas bélicas: os inimigos podem não ser os mesmos, mas o estado, para se manter soberano, sempre vai depender da construção de um inimigo público – e essa classificação é pautada por assimetrias de poder de raça, gênero, sexualidade e território. Sendo assim, a construção desse “outro” como inimigo obedece a regras racistas, machistas, LGBTfóbicas, misóginas, capacitistas e classistas. Daí a relevância da obra de Collins em nosso enquadramento, trazendo a perspectiva interseccional como uma forma de análise crítica que enxerga sistemas de poder como interligados, interdependentes – “a interseccionalidade descreve como vários sistemas de poder convergem para catalisar expressões de violência que recaem mais fortemente sobre determinados grupos” (Collins, 2024, p. 9).

Sigo na defesa de agendas de pesquisa que levem em consideração o fato de que a lógica militarizada é tão heteronormativa quanto racista. Para compreender diferentes dinâmicas inerentes ao controle governamental de corpos e territórios, são imprescindíveis lentes analíticas dedicadas aos corpos classificados como descartáveis, abjetos (Rui, 2014), desobedientes, dissidentes e indesejáveis.

Bibliografía

Abdala, Vitor (01 de setembro de 2014). Policiais acusados de estupro no Jacarezinho são expulsos da Polícia Militar. Agência Brasil.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-09/policiais-acusados-de-estupro-no-jacarezinho-sao-expulsos-da-policia-militar

Aguião, Silvia (2017). Quais políticas, quais sujeitos? Sentidos da promoção da igualdade de gênero e raça no Brasil (2003-2015). Cadernos Pagu, (51).

Anistia Internacional (2003). Rio de Janeiro: Candelária e Vigário Geral, 10 Anos Depois. Londres: Amnesty International Publications.

Araújo, Fábio (2011). Narrativa do terror e do sofrimento: relato materno sobre o desaparecimento forçado do filho. Sociedade e Cultura, v. 14.

Azevedo, Desirée; Sanjurjo, Liliana e Nadai, Larissa (2020). Subnotificação e medidas excepcionais no manejo e fluxo de corpos: a Covid-19 no Brasil. Boletim extraordinário CAAF|Unifesp. N° 4.

Barros, Rachel (2016). Urbanização e “pacificação” em Manguinhos: Um olhar etnográfico sobre sociabilidade e ações de governo. Tese de Doutorado – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos.

Brown, Wendy (2006). Finding the man in the State. En: Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil (ed.). The anthropology of the state: a reader. Oxford: Blackwell Publishing.

Carrara, Sérgio; Vianna, Adriana (2006). “Tá lá o corpo estendido no chão…”: a violência letal contra travestis no município do Rio de Janeiro. Physis, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2,p. 233-249.

Collins, Patricia Hill (2024). Intersecções letais: raça, gênero e violência. Tradução Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo.

Correia, Dalva (2024). Curso “Maternidades e violências: fortalecimento do direito à saúde e redes de acolhimento” – Aula 6 do Módulo Maternidades Violentadas. Realização: Rede Transnacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA); Centro latino-americano em sexualidade e direitos humanos (CLAM) / Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; INCT/InEAC – Universidade Federal Fluminense.

Corte Interamericana de Direitos Humanos (2017). Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil. Sentença de 16 de fevereiro de 2017 (exceções preliminares, mérito, reparações e custas). Série C nº 333. [S. l.]: Corte IDH. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_333_por.pdf.

Cruz, Monique (2024). Cidadanias mutiladas: racismo, militarização e segurança pública no Rio de Janeiro. Abrindo Diálogos – Periódico de Direitos Humanos, Rio de Janeiro.

Cruz Silva, Evandro (2023). Até tirar-lhes a vida: uma genealogia do auto de resistência. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, UNICAMP.

Curiel, Ochy (2024). A nação heterossexual - Análise do discurso jurídico e do regime heterossexual a partir da antropologia da dominação. Belo Horizonte: Editora Luas.

Das, Veena; Poole, Deborah (2004). State and its Margins: Comparative ethnographies. En: ______. Anthropology in the Margins of the State. New Mexico: School of American Research Press. Pp 03-33.

Davis, Angela (2016 [1981]). Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo.

Davis, Dana-Ain (2020). Racismo obstétrico: a política racial da gravidez, do parto e do nascimento. Amazônica - Revista de Antropologia. vol. 12(2).

Debert, Guita; Gregori, Maria Filomena (2008) Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 66.

Debert, Guita; Pulhez, Mariana (orgs) (2019). Desafios do cuidado: gênero, velhice e deficiência. 2.ed. Campinas: UNICAMP/IFCH. 152 p.

Efrem Filho, Roberto (2016). Corpos brutalizados: conflitos e materializações nas mortes de LGBT. Cadernos Pagu, v. 46.

Eilbaum, Lucia (2023). De direitos, vítimas e humanos: moralidades e categorias em disputa em torno da “violência de Estado”. En: Alexandre Werneck; Leticia Ferreira. (Org.). Questões de moral, moral em questão. Rio de Janeiro: Morula, p. 271-298.

Eilbaum, Lucia; Farias, Juliana (2024). Maternidades violentadas – Quando o Estado mata, quem acolhe?. Le Monde Diplomatique, On line.

Farias, Juliana (2021). Gender Violence, State Violations. Academia Letters, Article 1831.

Farias, Juliana (2020). Governo de Mortes: uma etnografia da gestão de populações de favelas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Papéis Selvagens Edições.

Farias, Juliana (2019). Zona de tatuagem: um carimbo do estado no corpo do favelado. Revista De Antropologia, 62(2), 275-297.

Farias, Juliana; Lago, Natália; Efrem-Filho, Roberto (2020). Mães e lutas por justiça. Encontros entre produção de conhecimento, ativismos e democracia. Sexualidad, Salud y Sociedad: revista latinoamericana: 146-180.

Fernandes, Camila (2022). Figuras da Causação: as Novinhas, as Mães Nervosas e as Mães que abandonam os Filhos. Rio de Janeiro: Editora Telha.

Ferreira, Carolina B (2018). “Of the Government of Care: Bodies, Disabilities, Sexuality and Poliomyelitis in Brazil”. Comunicação no II Summer Program in Social Sciences, Institute of Advanced Studies, Princeton.

Flauzina, Ana Luiza; Vargas, João Costa (2017). Introdução. En: Flauzina, Ana Luiza P.Vargas, João Costa (orgs). MOTIM: horizontes do genocídio antinegro na Diáspora. Brasília: Brado Negro.

Hirata, Helena; Guimarães, Nadya (orgs) (2012). Cuidado e Cuidadoras: as várias faces do trabalho do care. São Paulo, Editora Atlas.

Justiça Global (2003). Execuções Sumárias no Brasil – 1997/2003. Rio de Janeiro: Justiça Global/Núcleo de Estudos Negros.

Lacerda, Paula Mendes (2015). .

Lago, Natalia (2020). Nem mãezinha, nem mãezona: mães, familiares e ativismo nos arredores da prisão. Sexualidad, Salud y Sociedad: 231-254.

Leite, Márcia (2004). “As Mães em Movimento”. En: Birman, Patricia y Leite, Marcia (org.). Um Mural para a Dor: Movimentos Cívico-Religiosos por Justiça e Paz. Porto Alegre: Ed. UFRGS/CNPQ-PRONEX. pp.141-190.

Martins, Gizele (2016). A militarização nas favelas cariocas, em tempos de Olimpíadas. Em: Atingidas – Histórias de vida de mulheres na cidade olímpica. Rio de Janeiro: Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – Pacs.

Martins, Gizele; Farias, Juliana (2024). Circuitos urbanos do terror de estado: uma abordagem antirracista e interseccional da militarização. Ponto Urbe, 32(1).

Mbembe, Achille (2018). Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. San Pablo: N-1 Edições.

Mcclintock, Anne (2010). Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Brasil: Editora da UNICAMP.

Medeiros, Flavia (2016). Matar o morto: uma etnografia do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro. Niterói: EdUFF.

Mombaça, Jota (2016). Rumo a uma distribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência!. São Paulo: Oficina de Imaginação Política.

Monte, Izadora X. (2023). “The thing with sexual exploitation”: gender representations and the Brazilian military in an UN peace mission. Revista Brasileira De Política Internacional, 66(2), e024. https://doi.org/10.1590/0034-7329202300224

Peres, Andréa (2011). Campos de estupro: as mulheres e a Guerra na Bósnia. Cadernos Pagu, Campinas, n. 37.

Pierobon, Camila (2022). O duplo fazer dos corpos: envelhecimento, adoecimento e cuidado na vida cotidiana de uma família. Cadernos Pagu, n.64.

Ramos, Paulo C.(2021). Contrariando a estatística: genocídio, juventude negra e participação política. São Paulo: Alameda Editorial.

Ramos, Silvia et al (2022). Pele alvo: a cor que a polícia apaga. Ilustrações de Douglas Lopes. Rio de Janeiro: CESeC.

Rocha, Luciane (2020). Judicialização do sofrimento negro. Maternidade negra e fluxo do Sistema de Justiça Criminal no Rio de Janeiro. Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro), núm. 36.

Rui, Taniele. Nas tramas do crack: etnografia da abjeção. São Paulo: Terceiro Nome; Fapesp, 2014.

Sander, Vanessa. 2024. Pavilhão das sereias: uma etnografia dos circuitos de criminalização e encarceramento de travestis e transexuais. Rio de Janeiro: Editora Telha.

Silva, Uvanderson; Santos, Jaqueline L.; Ramos, Paulo. Chacinas e a politização das mortes no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2019.

Sinhoretto, Jacqueline; Silvestre, Giane; Schlittler, Maria Carolina. 2014. Desigualdade racial e segurança pública em São Paulo: letalidade policial e prisões em flagrante. Sumário executivo. São Paulo: Universidade Federal de São Carlos – Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos.

Weber, Max. (1999). Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

Vianna, Adriana; Farias, Juliana. A guerra das mães: dor e políticas em situações de violência institucional. Cadernos Pagu (37), 2011.

Vianna, Adriana; Lowenkron, Laura. O duplo fazer do gênero e do Estado: interconexões, materialidades e linguagens. Cadernos Pagu (51), 2017.

36 O curso é coordenado pelas professoras Lucía Eilbaum (UFF), Laura Lowenkron (UERJ) e Natalia Fazzioni (Fiocruz), com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O curso está disponível na plataforma do Laboratório de Telessaúde (UERJ), através do link https://www.telessaude.uerj.br/teleeducacao/course/search.php?search=maternidades.

37 A Rede Transnacional de pesquisas sobre Maternidades destituídas, violadas e violentadas - REMA surge da articulação de núcleos de pesquisa, coletivos e movimentos sociais que integram o projeto «Maternidades destituídas, violadas e violentadas: construção de redes de pesquisa, acolhimento e formação em torno ao direito às maternidades», coordenado pela antropóloga e professora da UFF Lucía Eilbaum, aprovado no âmbito da Chamada Pró-humanidades/CNPq (2022), na linha “Projetos em Rede – Políticas públicas para o desenvolvimento humano e social”. Atentas a diferentes formas de gestão das maternidades e às regulações sobre «cuidado», temos trabalhado com casos específicos de violações e violências conectadas a práticas e argumentos de agentes públicos, profissionais, gestores e formuladores de políticas públicas, para compreender a quem é reconhecido e a quem é negado o direito de gestar, de ser mãe e de maternar, de exercer esse papel social e como exercê-lo. Para maiores informações, acessar: https://rema.uff.br/

38 Tratava-se do “Simpósio Especial Maternidades Destituídas, Violentadas e Violadas”, coordenado por Déborah Allebrandt (UFAL) e Taniele Rui (Unicamp). Foram três manhãs de intensos debates, todas com sessões divididas entre participantes do movimento social e participantes da academia. Tive a alegria de debater a sessão 2, intitulada “Maternidades violentadas”, da qual participaram Ana Paula Oliveira (Mães de Manguinhos), Mirian Duarte (AMPARAR/UFABC) e Luciane Rocha (Kennesaw State University).

39 No dia 16 de abril de 2003, dezesseis policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma operação no Morro do Borel, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, operação que resultou nas mortes de Carlos Alberto da Silva Ferreira, Carlos Magno de Oliveira Nascimento, Everson Gonçalves Silote e Thiago da Costa Correia da Silva, além de ter deixado mais dois moradores – também homens, jovens e negros – feridos. O episódio ficou conhecido como “Chacina do Borel” e passou a ser apresentado por organizações de defesa dos Direitos Humanos como “caso emblemático” do uso excessivo da força pelos agentes do Estado (Cf. Justiça Global, 2003; Anistia Internacional, 2003). Para uma análise detalhada deste episódio e seus desdobramentos políticos, ver Farias (2008, 2009).

40 Me refiro a segmentos de Estado tendo como referência a análise de Souza Lima (2002) sobre formas administrativas de “gestar e gerir desigualdades”, através da qual o autor nos incentiva a enxergar nuances nos exercícios de poder de “um estado segmentado e conflituoso”.

41 A definição de Estado aqui adotada decorre da renúncia à realização de uma teoria do Estado, sendo acionada a argumentação de que “o Estado não tem essência”; “O Estado não tem em si uma fonte autônoma de poder” (Foucault, 2008, p. 105): “O Estado nada mais é que o efeito, o perfil, o recorte móvel de uma perpétua estatização, ou de perpétuas estatizações, de transações incessantes”; O Estado não é nada mais que o efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas (Foucault, 2008, p. 106). Persigo, então, a proposta de interrogar o problema do Estado pelo lado de fora, a partir das “práticas de governamentalidade” (Foucault, 2008). Entendendo que muitas dessas práticas compõem o que venho chamando de engrenagem de gestão das mortes dos moradores de favelas ocorridas durante ações militarizadas, decidi elaborar um desenho de pesquisa a partir do qual a movimentação e os posicionamentos políticos dos familiares de vítimas me indicassem para quais destas práticas de governamentalidade eu deveria voltar minha atenção.

42 A abertura da agenda dos familiares de vítimas se deu através de convites variados (alguns mais formais, outros menos), que tanto partiam dos familiares relacionados ao caso específico que motivou a atividade (uma audiência judicial no Fórum, por exemplo) quanto surgiam via demandas mais gerais por apoio e solidariedade, como acontece com frequência nas ações convocadas pela Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência (RJ).

43 Ver, entre outros, Cruz (2024), Cruz (2023), Ramos (2021), Silva, Santos e Ramos (2019) e Sinhoretto, Silvestre e Schlittler (2014), bem como os dados divulgados no relatório da pesquisa “Pele alvo: a cor que a polícia apaga”, da Rede de Observatórios da Segurança junto ao CESeC, no qual as autoras afirmam que “a polícia é o núcleo duro do racismo brasileiro” (Ramos et al., 2022).

44 Estamos diante de um processo de atualizações dos mecanismos de controle governamentais sobre populações residentes em territórios nos quais a centralidade da atuação dos braços armados do estado se dá de maneira articulada a uma determinada forma de administração burocrática de corpos (Medeiros, 2016; Farias, 2019; Azevedo, Sanjurjo e Nadai, 2020).

45 Nesta reflexão, o enquadramento teórico para abordar a questão da legitimidade do uso da força pelo Estado é pautado pela leitura crítica que Veena Das e Deborah Poole (2004) elaboram a respeito da teoria weberiana sobre estado. No sentido proposto por Das y Poole (2004), pensar a relação entre a formação do estado e o monopólio do uso da força é pensar, necessariamente, funções de ordenamento do estado e a violência a partir da compreensão de que “informada como é por um retrato particular da natureza humana, a teologia política europeia presenteou o estado com a qualidade da transcendência e com o monopólio sobre a força” (Das y Poole, 2004, p. 7). As autoras constroem sua crítica ao enquadramento teórico que enxerga o estado “como um projeto sempre incompleto que precisa ser constantemente difundido – e inventado – através da evocação da terra inculta, da terra sem lei e da selvageria que não somente se coloca fora da sua jurisdição como também o ameaça de dentro” (idem), explicitando que tal crítica se direciona fortemente às elaborações de Max Weber sobre o estado: “Pode ser válido retomar aqui a famosa formulação de Max Weber sobre o critério para se considerar uma organização política como um estado” (idem). Neste ponto, Das e Poole recuperam trecho da edição norte-americana de Economia e Sociedade de 1978 que corresponde à seguinte passagem da edição brasileira: “Hoje, o Estado é aquela comunidade humana que, dentro de determinado território – este, o “território”, faz parte da qualidade característica –, reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física legítima, pois o específico da atualidade é que a todas as demais associações ou pessoas individuais somente se atribui o direito de exercer coação física na medida em que o Estado o permita” (Weber, 1999, pp. 525-526).

46 Nome fictício.

47 Para uma abordagem feminista das ações do exército brasileiro no Haiti, ver Monte (2023).

48 Utilizo “machulento” no sentido proposto por Mombaça (2016) em suas reflexões sobre ficção de poder: como “um dos nomes da masculinidade tóxica” (2016, p. 9).

49 O caso tramita via Auditoria da Justiça Militar: Processo Nº 0261693-08.2014.8.19.0001 e Processo No 0086613-81.2024.8.19.0000, já passou por diferentes recursos e desmembramentos, sendo o destino dos réus ainda inconclusivo quando da finalização da redação deste capítulo.

50 Sobre o caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, ver Corte IDH, 2017.

51 Aciono a definição de “racismo obstétrico” elaborada por Dána-Ain Davis (2020), compreendendo que “o termo racismo obstétrico é uma extensão da estratificação racial e está inscrito tanto na estigmatização historicamente construída das mulheres negras como nas lembranças de suas interações com médicos, enfermeiras e outros profissionais médicos durante e após a gestação. O racismo obstétrico é uma ameaça para a vida das mães e para os desfechos neonatais. O termo inclui, mas não se limita a lacunas críticas de diagnóstico; negligência, desdém e desrespeito; causar dor; e exercer abuso médico por meio de coerção à realização de procedimentos ou de realização de procedimentos sem consentimento” (2020, p. 755).

52 Para análises sobre lutas contra violações de direitos protagonizadas por mães e demais familiares de vítimas de violência, ver Leite (2004), Araujo (2011), Vianna e Farias (2011), Barros (2015), Lacerda (2015), Lago (2020), Rocha (2020), Farias, Lago e Efrem-Filho (2020), Eilbaum (2023), Eilbaum y Farias (2024).

53 Para discussões sobre trabalho feminino de cuidado no Brasil, ver Hirata y Guimarães (2012); Ferreira (2018); Debert y Pulhez (2019); Fernandes (2022); Pierobom (2022).

Estudios feministas de seguridad y la elaboración del concepto de feminicidio en el contexto latinoamericano: ¿qué diálogos son posibles?

Izadora Xavier do Monte y Natalia Tejero Rivas

Introducción

¿Pueden las propuestas teóricas de la corriente anglosajona de los feminist security studies (Cohn, 2011; Sjoberg, 2016) tener pertinencia para analizar contextos como los de América Latina? ¿Es posible comprender algo sobre el feminicidio –como una categoría endógena a los contextos latinoamericanos– a partir de los aportes de los estudios feministas de seguridad?

Proponemos que el feminicidio, además de ser una innovación jurídica impulsada por el movimiento feminista latinoamericano –y aquí nos interesa específicamente el caso de México–, constituye también un potencial desafío que el feminismo latinoamericano, y en este capítulo el mexicano en particular, plantea a las concepciones tradicionales de seguridad que imperan en la región. Un desafío que puede percibirse con mayor claridad cuando se analiza a través de las lentes de los estudios feministas de seguridad.

En la primera parte, analizaremos cómo la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa construye el concepto de feminicidio como un término que describe la experiencia de las mujeres en el contexto de Ciudad Juárez a principios de los años 2000. El análisis de materiales archivados producidos por la organización nos permitirá entender cómo un colectivo de mujeres desarrolla sus propias concepciones de amenaza, y cómo estas desafían las definiciones tradicionalmente estatocéntricas.

En la conclusión de este trabajo, sugerimos que el conflicto entre el movimiento social y el gobierno de Juárez no se debe simplemente a una negligencia estatal. Se trata de una negligencia patriarcal: el resultado de la incapacidad política de los Estados para articular dos lógicas que terminan oponiéndose y compitiendo entre sí. Por un lado, una comprensión de la seguridad centrada en la protección de la soberanía, la economía y el crimen. Por otro, una preocupación por desactivar amenazas desde una lógica de ética del cuidado, entendido como labor, bienestar relacional, como atención a la memoria y, además, como una práctica que no opera bajo una lógica de suma cero ni produce “daños colaterales”.

Una lógica del cuidado, según Gutiérrez Rodríguez (2018), no es solo una comprensión normativa distinta de una “ética masculina”. Para Gutiérrez Rodríguez, la ética del cuidado está vinculada a un trabajo específico y a condiciones materiales que permiten procesos de duelo político que buscan abrir debates sobre la injusticia de ciertas muertes y violencias causadas por lógicas estructurales discriminatorias.

Con el fin de realizar un análisis de contenido a partir de la consulta de archivos de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), se recopilaron las siguientes fuentes: 1) el sitio web de la organización;54 2) los testimonios dados para el documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas;55 3) la entrevista fechada de 2019 de Norma Andrade para el libro Las izquierdas mexicanas desde los movimientos sociales en el siglo XXI. Problemas y perspectivas (Olivares Islas y Hernández Román, 2019); 4) diferentes testimonios y declaraciones dadas a periódicos nacionales (La Jornada) e internacionales (UN News) sobre el feminicidio y los casos de las madres que conforman NHRC.

Estas fuentes proporcionan información sobre los movimientos de resistencia a través de la organización social, la (auto)formación legal y la circulación de información entre redes de madres para buscar, tanto de forma individual como colectiva, respuestas legales no solo al asesinato de sus hijas, sino también para enfrentar las respuestas legales al asesinato de sus hijas y para enfrentar los sistemas que permitieron su vulneración. El material abarca el período de 2001 a 2023, y en él se documentan sucesos que se remontan hasta 1993.

Fue analizado temáticamente con el objetivo de reconstruir el camino que lleva tanto a la formación como al uso del concepto de feminicidio, así como dicho proceso ocurrió simultáneamente y en oposición a procedimientos de deslegitimación por los actores estatales. Estos procedimientos van desde la construcción del asesinato de mujeres como una no-amenaza hasta la persecución activa y la perversión de los procedimientos legales con el fin de desmovilizar a los movimientos sociales.

En la segunda parte de este trabajo, explicaremos qué son los estudios críticos de seguridad en relaciones internacionales, corriente en la que se incluyen los estudios feministas de seguridad, y cómo estos se diferencian de las formas tradicionales de entender la seguridad.

Proponemos que los estudios feministas de seguridad se desarrollan en tres generaciones, que corresponden a distintas críticas sobre la construcción de amenazas en el contexto estadounidense –construcciones que exigen respuestas militarizadas–, lo que ya nos da una idea de la concepción tradicional de seguridad: la práctica de definir amenazas que requieren respuestas militares.

Aclaramos, en esta segunda parte, que los estudios feministas de seguridad (EFS) se denominan así, en parte, porque –como ocurre comúnmente en los estudios de género— surgen como una elaboración teórica de preocupaciones previamente formuladas por el movimiento de mujeres.

Así, emergen como una respuesta de los movimientos feministas pacifistas de los años 70 y 80 frente a la carrera armamentista y nuclear, desarrollando su crítica inicial en el contexto de la Guerra Fría (Cohn, 1987; Cockburn, 2012). Los EFS se renuevan a partir de los años 2000, en el marco de la Guerra contra el Terrorismo, y más recientemente sus autoras desarrollan una crítica que también profundiza en la crítica del continuum entre militarización nacional e internacional, así como del imperialismo y el colonialismo como fenómenos centrales para entender las dinámicas de (in)seguridad (inter)nacional.

El análisis del caso mexicano, del trabajo activista de conceptualización y de la búsqueda por priorizar el feminicidio como argumento para una desmilitarización de la comprensión de la seguridad no solo revela las potenciales conexiones que pueden establecerse entre los estudios feministas de seguridad (EFS) anglosajones y las reflexiones latinoamericanas, sino que también ofrece una perspectiva original para la producción dentro del campo de estudio.

En relación con lo que ya existe en términos de estudios críticos de seguridad y EFS, el enfoque en torno al feminicidio es innovador porque reflexiona, más allá del discurso y las élites, sobre cómo los movimientos sociales impactan en la construcción y comprensión de la seguridad. Esta reflexión también enriquece el panorama del campo con casos empíricos provenientes del Sur Global. Creemos que, con el tiempo, la expansión del foco hacia el Sur Global contribuirá a evidenciar la conexión entre imperialismo, colonialismo, violencia, género y raza.

Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la relegación de las amenazas de feminicidio

Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, al noroeste de México, justo al sur de El Paso, Texas, ha sido ampliamente mencionada, especialmente debido al fenómeno conocido como “Las muertas de Juárez”. Esta expresión, que emergió a finales de los años noventa y principios de los 2000, describe un patrón en el que mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras de maquiladoras o estudiantes, desaparecían y, en ocasiones, eran encontradas sin vida, con señales de tortura sexual (Álvarez Díaz, 2003).

El proceso mediante el cual estas torturas y asesinatos dejaron de ser tratados como hechos aislados y banalizados –tanto por los medios como por las autoridades– para convertirse en un delito tipificado y reconocido internacionalmente como feminicidio, es el resultado de una lucha social. A partir de este movimiento se abre un espacio para discutir las inseguridades y las distintas formas de seguridad femenina.

Proponemos un nuevo marco para la discusión que problematiza los discursos sobre seguridad. Al cuestionar por qué algunas violencias son abordadas como problemas de seguridad mientras que otras no lo son, los movimientos contra el feminicidio generan reflexiones que nos permiten examinar cómo, al priorizar ciertas formas de violencia, otras son relegadas o incluso producidas.

Juárez se convirtió en el centro de atención de quienes se interesaron por los asesinatos sistemáticos de mujeres (Rodríguez, 2002; Segato, 2014), lo que dio lugar a la formulación de la noción de feminicidio como una categoría analítica (Monárrez Fragoso, 2000). Este proceso, sin embargo, fue gradual.

A principios de los años 2000, las organizaciones, la sociedad civil y algunos investigadores periodísticos hacían un uso escaso o nulo de la categoría de feminicidio, a pesar de ser conscientes de las desapariciones y asesinatos sistemáticos de mujeres, así como de su minimización por parte de las autoridades, como se explicará más adelante. Inicialmente, el concepto de feminicidio se utilizaba con mayor frecuencia para nombrar un fenómeno estructural de violencia contra las mujeres, especialmente en Ciudad Juárez, y no tanto para designar casos individuales.

En el documental Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas se identifican dos ejemplos de este tipo de definiciones. El primero aparece en una secuencia de la marcha V-Day realizada en 2004. V-Day México 2004 fue una campaña internacional contra la violencia hacia las mujeres, parte del movimiento global V-Day, fundado por la dramaturga y activista Eve Ensler, autora de Los monólogos de la vagina. Ese año, el movimiento centró su atención en Ciudad Juárez, en respuesta a los numerosos casos de feminicidio que venían ocurriendo en la ciudad desde la década de 1990. Al registrar el evento, los documentalistas de Bajo Juárez muestran al periodista Sergio González Rodríguez, quien, en uno de sus testimonios, se refiere al feminicidio como un fenómeno.

Otro testimonio fundamental que aparece en este documental al definir el feminicidio es el de Norma Andrade, cuya historia adquiere particular relevancia en este análisis. Residente de Ciudad Juárez, Norma se movilizó tras la desaparición de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, en 2001. Lilia, madre de dos hijos, desapareció un día después de salir del trabajo; su cuerpo fue hallado nueve días después, a pesar de que Norma había notificado a la policía pocas horas después su desaparición.

Nueve años pasaron hasta que la investigación encontró rastros de ADN en el cuerpo de Lilia que coincidían con perfiles genéticos presentes en los cuerpos de otras víctimas de asesinato y violencia sexual. Sin embargo, el responsable nunca fue identificado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2024).

Como consecuencia de esta falta de respuesta por parte del Estado, el gobierno mexicano fue declarado culpable por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, esta resolución llegó tras 23 años de lucha liderada por Norma Andrade junto a otras familias. Esta lucha se cristalizó principalmente en la creación del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que busca a mujeres desaparecidas y, en casos como el de Lilia –quien fue encontrada sin vida, pero sin que su caso fuera debidamente investigado–, reclama justicia.

El documental Bajo Juárez retrata la participación de Norma Andrade en la marcha del V-Day, aunque ella no utiliza la palabra “feminicidio” para referirse a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Esto refleja cómo el término “feminicidio” fue integrándose paulatinamente en el vocabulario de las madres que exigían justicia, así como en el de las principales integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC). El concepto se consolidó completamente después de su tipificación, cuando Norma Andrade recibió capacitaciones sobre lo que este término significaba ante la ley. Se puede afirmar que, al mismo tiempo, el trabajo de politización del fenómeno de la desaparición realizado por activistas como Norma fue esencial para el proceso que permitió la tipificación legal del feminicidio.

El Diagnóstico sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, coordinado por Marcela Lagarde en 2007, define la violencia feminicida como un continuo de violencias estructurales, simbólicas, físicas, sexuales, psicológicas e institucionales que pueden culminar en el asesinato de mujeres por razones de género. Este informe también señala la responsabilidad del Estado en dicha violencia, al destacar su omisión, negligencia e impunidad frente a la falta de prevención, investigación y sanción de estos crímenes.

Además de reunir datos alarmantes en distintas regiones del país, el diagnóstico fue fundamental para la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y contribuyó decisivamente a la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal mexicano. Según el artículo 235, este delito se define como el homicidio de una mujer motivado por razones de su género.

Norma Andrade en la actualidad define a NHRC como “una organización conformada por la sociedad civil por familiares de víctimas de feminicidio”. La organización se ha posicionado como una herramienta de enseñanza y guía legal para familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, y es en virtud de eso que ha dedicado espacios para instruir sobre el significado de este término, así como sobre los efectos de su tipificación en la ley mexicana.

En un sitio web, donde se actualizan las actividades de la organización, como participaciones en foros internacionales y entrevistas concedidas para libros y documentales, se dedica un espacio para relatar el contexto personal y social que llevó a sus integrantes a la movilización en 2001 y, eventualmente, a la consolidación de NHRC como organización en 2003. En el portal se menciona que la creación de la organización fue “a raíz de la desatención a las demandas de justicia judicial, la inacción gubernamental, la violación de derechos humanos y la recurrente desatención a las víctimas” (NHRC, 2010).

Aunque la tipificación del feminicidio en el Código Penal lo convierte en un crimen individual, las activistas insisten en que se trata de un fenómeno social que refleja patrones estructurales de violencia de género. De hecho, muchas mujeres como Norma Andrade comenzaron a movilizarse sin utilizar inicialmente el término “feminicidio”, pero sus luchas fueron fundamentales para que este fuera reconocido legalmente. En un círculo virtuoso, una vez tipificado el feminicidio, estas mismas mujeres adoptan el concepto, lo difunden y le otorgan mayor fuerza política y simbólica, reforzando la dimensión social del fenómeno que la ley redujo a casos individuales.

Aún más importante –y esto es lo que nos interesa a partir de aquí–, el documental Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas relata los feminicidios en Ciudad Juárez tomando como punto de partida el asesinato de Lilia. El documental incluye testimonios de organizaciones como NHRC, residentes de Ciudad Juárez y autoridades locales. Sin embargo, también narra la historia de una disputa en torno a las ideas de seguridad y cuidado.

En el documental se muestra cómo las autoridades, a través de sus declaraciones, minimizan y niegan la existencia de una situación crítica contra las mujeres. Miembros de la fiscalía mencionaron que lo que estaba ocurriendo era más bien una “satanización” de Juárez al vincular cualquier homicidio con el fenómeno de feminicidio, que en la ciudad los feminicidios “no estaban ocurriendo” allí, y que incluso “de 1993 a la fecha de grabación [2006] tenemos 356 víctimas. Con todo el respeto que se merecen, no son números tan escandalosos”.

Por otro lado, NHRC responsabiliza al gobierno por los números, no solo negando que no sean “escandalosos”, sino también porque considera que son responsabilidad de las autoridades. NHRC denuncia al gobierno por tratar a las víctimas como “desechables” (Minard y Carmo, 2024). Norma Andrade ha mencionado en entrevistas que la minimización del caso de su hija está explícitamente ligada a la marginalización que las mujeres sufren incluso antes de su desaparición:

Un día estaba trabajando en una fábrica, al día siguiente desapareció, al siguiente la encontraron muerta, mientras que otra persona ya la había sustituido en el trabajo. Así que [su muerte] solo es importante para su familia, no para la sociedad, ni para el gobierno, ni mucho menos para las autoridades o la empresa (Minard y Carmo, 2024; traducción propia).

La negligencia hacia el feminicidio viene acompañada por acciones del gobierno que son interpretadas como antagónicas por la organización. No solo se naturalizan las muertes de mujeres al considerarlas numéricamente irrelevantes, sino que el Estado se vuelve responsable de ellas cuando, ante las demandas de los familiares de las víctimas por explicaciones, responde con manifestaciones de violencia hacia los mismos.

Este es el caso de Miguel David Meza Argueta, primo de Neyra Acuzena, una víctima de feminicidio en 2003. Miguel, que no se encontraba en el estado de Chihuahua en el momento del crimen, fue detenido y obligado a confesar bajo tortura la autoría del crimen (Poy Solano, 2005), y liberado tres años después. La tía de Neyra narró que tras una confrontación entre Miguel David y la procuraduría, donde él exigía que los responsables del feminicidio de Neyra fueran encontrados, la respuesta del procurador –quien en varias ocasiones había expresado estar cansado de las insistencias– fue que “pronto” tendría a los responsables. Al día siguiente, Miguel David fue arrestado y torturado (Sánchez y Cordero, 2008).

Las acciones que simulan justicia, y con las que las autoridades pueden alegar que los casos han sido resueltos, son tan comunes en México que son conocidas simplemente como “carpetazos”. Estos son actos perversos de manipulación de la justicia que en lugar de responder a la inseguridad palpable que las mujeres mexicanas viven, la refuerzan y se suman a ella, al reprimir activamente los intentos de judicializar o politizar la violencia sufrida.

La dinámica que organizaciones como NHRC mantienen con el Estado es ambivalente. Por un lado, es percibido como un actor violento, pero, por otro, como el único que puede proporcionar diálogo y resolución. Esta ambivalencia corresponde a la lógica de la protección masculina que discutiremos a continuación.

En este caso, la idea de que el Estado es fuente de inseguridad para las mujeres no podría ser más literal. Actos de minimización, revictimización y represalia llevan a los familiares de las víctimas de feminicidio a identificar al gobierno como un antagonista de organizaciones como NHRC. Cuando Norma Andrade fue confrontada con la pregunta sobre quiénes son sus enemigos, ella respondió: “El gobierno, así de fácil. (…) Era nuestro enemigo porque se la pasaba acusándonos, así, literal. (…) Era con quienes nos teníamos que pelear”.

Al mismo tiempo, la formulación del concepto de feminicidio ha permitido una mayor organización y legitimidad en las demandas. Aunque ayuda a las mujeres de Juárez a nombrar las violencias que sufren, este proceso no ha generado una redefinición de la seguridad junto al Estado. Nombrar las inseguridades que afectan principalmente a las mujeres no ha transformado la noción de seguridad, sino que ha dejado aún más claro cómo estas inseguridades son producidas y sostenidas por el propio Estado.

Los conflictos entre NHRC y el Estado muestran que las disputas –profundamente asimétricas– entre movimientos sociales y el Estado son clave para entender cómo se estructuran las violencias y los problemas de seguridad. Lejos de limitarse a responder a presiones externas, el Estado actúa activamente para silenciar las voces que cuestionan su visión de qué amenazas merecen atención y cuáles deben ser ignoradas.

Al centrarse en las disputas entre los movimientos de mujeres en Juárez y las autoridades locales, se revela con claridad el Estado como un actor patriarcal. Es justamente en esta dinámica donde las experiencias de organizaciones como NHRC permiten comprender cómo el Estado, al excluir ciertas vivencias, decide qué formas de violencia reconoce como problemas de seguridad y cuáles ignora. Las prioridades estatales que se basan en concepciones estrechas de las “violencias que importan” no solo ignoran las amenazas que enfrentan las mujeres, sino que además se convierten en una amenaza para el trabajo de cuidado. En este caso, entendemos el trabajo del duelo político llevado a cabo por la NHRC como una forma particular de cuidado. El Estado no solo se limita a priorizar una seguridad que no puede garantizar para todas, sino que también genera amenazas que compiten con soluciones basadas en el cuidado, entendido aquí también como políticas de la memoria (Gutiérrez Rodríguez, 2018). Tras no haber sido capaz de impedir la muerte de mujeres, el Estado actúa políticamente de forma que impide que el duelo por esas mujeres sea visible y público, con el fin de sostener sus propias políticas de (in)seguridad.

Esto evidencia que algunas violencias son consideradas relevantes dentro de una lógica estatal patriarcal, mientras que otras se desestiman. Este es, precisamente, uno de los aportes clave de los estudios feministas de seguridad: mostrar cómo el Estado produce activamente inseguridad para determinados grupos.

Lo que ha recibido menos atención, y es lo que buscamos subrayar aquí, es la necesidad de enfocar el análisis en el Sur Global, mediante una mirada empírica sobre cómo los movimientos de mujeres han desafiado las concepciones dominantes de seguridad.

Estudios feministas de seguridad y desafíos latinoamericanos 

Las cuestiones de guerra y paz fueron centrales en la constitución de las relaciones internacionales (RI) como disciplina autónoma a principios del siglo XX. Fue precisamente el debate en torno a la guerra lo que permitió su diferenciación respecto de la ciencia política y la historia. Con el tiempo, los llamados “estudios de la guerra” dentro de las RI evolucionaron hacia un enfoque centrado en el concepto de seguridad y su papel en la preservación de la integridad territorial del Estado.

En las concepciones tradicionales, la seguridad se basa en la premisa de que la política sólo es posible cuando se garantiza la protección del Estado-nación (Hobbes, 1983; Wolfers, 1952). La diciplina de RI establece una distinción fundamental entre amenazas internas y externas al Estado (Waltz, 1979), cada una de ellas requiere diferentes usos de violencia por actores específicos: policía frente a las amenazas internas y el ejército frente a las externas. Durante casi un siglo, estos postulados han sustentado las principales reflexiones sobre seguridad en el campo de las RI.

A partir de la década de 1980, comenzaron a surgir críticas a las concepciones tradicionales de seguridad y política. Estas críticas señalan que la idea de “amenaza” es una construcción política, y que los medios para garantizar la integridad territorial de un Estado no son evidentes por sí mismos, sino resultado de disputas políticas. También cuestionan el postulado de que la integridad territorial sea una condición previa necesaria para la política, y argumentan que, para distintos grupos sociales, las amenazas más urgentes no provienen necesariamente de enemigos externos (Delori, 2021). Por ejemplo, al comparar los datos sobre violencia doméstica con los del terrorismo, las probabilidades de que una mujer muera en un ataque terrorista son considerablemente menores que las de ser asesinada por su pareja o expareja.

Finalmente, los críticos de la idea de que la seguridad territorial defendida militarmente debe ser la máxima prioridad del Estado sostienen que la construcción de la seguridad estatal es siempre un juego de (in)seguridad: es decir, que la protección de unos implica necesariamente la inseguridad de otros (Bigo et al., 2006). Esto contradice no sólo la “narrativa oficial” del Estado –que presenta la seguridad como un servicio ofrecido de forma homogénea a toda la población–, sino que también plantea un enfoque crítico en sentido académico. Los estudios críticos de seguridad no buscan simplemente aumentar la seguridad del Estado, sino entender cómo las ideas de “amenaza” y “seguridad” se construyen política y socialmente (Bigo, 2015; Puar, 2017).

En el caso de los estudios feministas de seguridad, la reflexión sobre la construcción política de la seguridad como estrategia prioritaria incorpora el género como una categoría clave de análisis. Es decir, las investigadoras en este campo buscan demostrar que la capacidad de persuasión de los discursos de seguridad está profundamente ligada al género, a las ideas de masculinidad y feminidad. Además, argumentan que la defensa de una concepción militar y estratégica de la seguridad se basa en políticas que benefician principalmente a los hombres, siempre que estos acepten participar en la dominación violenta sobre otros y respalden a las fuerzas militarizadas.

Estas fuerzas militarizadas, como señalan Martins y Farias (2024), no se limitan a ejércitos o cuerpos policiales comandados por generales, sino que también incluyen milicias, redes del narcotráfico y otros actores armados.

En lugar de centrarse en amenazas externas como el terrorismo o el narcotráfico internacional, o en cálculos de equilibrio de poder entre potencias, las autoras de los Estudios Feministas de Seguridad (EFS) se interesan por fenómenos como el continuum de violencia, desde lo doméstico hasta lo internacional (Freedman, 2017); la violencia colonial entendida como forma de guerra (Pandit, 2025); y otras dinámicas que desafían las distinciones tradicionales entre lo interno y lo internacional (Howell, 2018).

Frente a la visión clásica del escenario internacional como un exterior amenazante del que los hombres armados deben proteger a mujeres y niños, las investigadoras feministas se enfocan en analizar y describir los vínculos entre Estados militarizados y estructuras patriarcales. Desde esta perspectiva crítica, la seguridad no se entiende como un objetivo político centrado en la protección de fronteras, sino como una herramienta para mantener la dominación masculina y las jerarquías globales de poder que oprimen a minorías de género, sexuales, raciales y nacionales.

La definición de prioridades en materia de seguridad es, en este sentido, un juego patriarcal: decide quién debe ser protegido y quién puede ser atacado. Y es patriarcal porque dicha definición está en manos de hombres en el poder, que la utilizan para sostener sus posiciones de autoridad.

Como veremos, la forma en que el Estado trata a las mujeres de Nuestras Hijas de Regreso a Casa –y a los hombres que las apoyan– cuando cuestionan esas prioridades políticas, ilustra claramente este punto. Las mujeres de NHRC no solo critican la centralidad de la “guerra contra el narcotráfico” como prioridad estatal, sino que también proponen nuevas prioridades de seguridad, como la atención al feminicidio, y plantean formas específicas de enfrentar las inseguridades femeninas: a través de la presión sobre el sistema legal (más que sobre la policía) y mediante un enfoque en los sistemas económicos, políticos y culturales que reproducen la desigualdad de género.

Uno de los énfasis que proponemos recuperar en la conclusión es el valor político del trabajo de cuidado que encarna su militancia. Al desafiar también el poder patriarcal de las instituciones y de los hombres que las controlan, estas mujeres dejan de ser vistas como “sujetos a proteger” y pasan a convertirse en “amenazas al sistema”, siendo por ello perseguidas.

Cynthia Enloe (1983) y Carol Cohn (1987) inauguraron en la década de 1980 el campo de los estudios feministas de seguridad, con un enfoque inicial en la política nuclear de los países centrales, la carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS, y el sesgo masculinizado de quienes tomaban las decisiones en política exterior. Hacia finales del milenio, esta crítica se renovó y se reorientó hacia el análisis de las políticas antidemocráticas impulsadas en el marco de la “guerra contra el terrorismo”.

Iris Marion Young (2003) acuñó la expresión “lógica de la protección masculinista” para explicar cómo la imagen del Estado como Leviatán –y, por tanto, como patriarca protector– ha facilitado la aceptación de políticas de seguridad contrarias a los principios liberales que supuestamente fundan a Estados Unidos, como lo ejemplifica la Patriot Act tras el 11 de septiembre.

Por su parte, Chandra T. Mohanty conceptualizó las nociones de “democracias imperiales” y “regímenes securitarios” para describir territorios como la frontera entre Texas y México, la Franja de Gaza o Cachemira: espacios marcados por la aplicación interna de lógicas de guerra que, en teoría, deberían reservarse para conflictos interestatales.

Para Mohanty, estos conceptos explican mejor la violencia estructural en esos lugares que el propio concepto de guerra, al mismo tiempo que cuestionan la separación entre lo interno y lo internacional. En su análisis, destaca lo que llama el “continuum de desposesión” y el papel de las masculinidades militarizadas a nivel global. Más que generar un sentimiento de “seguridad ontológica” como sostienen algunos autores de RI, Mohanty argumenta que la lógica securitaria es binaria y jerárquica: produce cuerpos “fuera del orden (constitucional)” que pueden ser eliminados o brutalizados, reforzando así el poder de los hombres armados.

Los Estudios Feministas de Seguridad evolucionaron con el paso de la Guerra Fría a la “guerra contra el terrorismo”. De la crítica inicial al militarismo fronterizo y a las estructuras sexistas de toma de decisiones sostenidas por las industrias armamentistas, las autoras avanzaron hacia una crítica más profunda. No se trata solo de rechazar la militarización de las fronteras, sino de cuestionar la idea de que existe una diferencia ontológica entre la violencia doméstica y la violencia internacional. El género, junto con la raza y la colonialidad, permite desestabilizar las dicotomías entre “civil” y “militar”, “interno” e “internacional”. El argumento no es que las amenazas contemporáneas estén disolviendo barreras, tal como afirman autores como Bigo (2015), sino que tales barreras han sido siempre construcciones artificiales.

El concepto de continuum de violencia, que plantea que la seguridad interna y la internacional no son esencialmente distintas, sino que comparten raíces estructurales, recupera una idea clásica del feminismo: la división entre lo doméstico y lo público es una construcción política, no una realidad natural (Pateman, 2009). Esta idea, aplicada al ámbito internacional y a la guerra, revela que las fronteras entre violencia doméstica e internacional han servido principalmente para invisibilizar y relegar las violencias sexistas y racistas dentro de los propios Estados.

El feminicidio, como se sabe, es un concepto desarrollado en América Latina para nombrar las dinámicas particulares de violencia letal contra las mujeres. En este sentido, existe una relación inmediata entre dicho concepto y el pensamiento crítico que sostiene que la seguridad no es una condición homogénea, sino una experiencia diferenciada. Este reconocimiento permite reflexionar sobre cómo ciertas inseguridades son elevadas al rango de “amenaza”, mientras que otras son ignoradas.

La retórica de la protección, en muchos casos, reproduce subordinaciones, al exigir que ciertos grupos acepten una protección definida por otros. El feminicidio nombra precisamente esta violencia patriarcal de control: la idea de que la muerte de una mujer, a manos de una pareja o un desconocido, puede ser justificada porque “no se comportaba como debía” (Segato, 2024).

A partir del trabajo de la organización mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, vemos que la conceptualización del feminicidio no solo subraya la inseguridad específica de las mujeres, sino también la negligencia y responsabilidad del Estado en estos crímenes. El feminicidio, en este contexto, no solo no recibe una respuesta eficaz del Estado, sino que además va acompañado de un refuerzo de respuestas militarizadas ante la inseguridad, lo que se traduce en mayor poder para hombres armados y en la reafirmación de masculinidades violentas.

Esta lógica se profundiza aún más cuando las mujeres se organizan y denuncian públicamente los límites de la seguridad estatal: en lugar de recibir protección, ellas mismas se convierten en objetos de violencia estatal. Denunciar la responsabilidad del Estado frente al feminicidio activa los mismos mecanismos que justificaron las violencias en primer lugar. Más que ignorar amenazas femeninas, el caso de NHRC muestra –algo que los estudios feministas de seguridad del Norte Global muchas veces no abordan– el papel del Estado como agente activo de insegurización, y su resistencia a cualquier intento de repensar la seguridad desde otras lógicas, como el cuidado.

El trabajo político y académico de las mujeres busca precisamente visibilizar cómo el asesinato sistemático de mujeres se convierte en una “no-amenaza”. Melissa Wright (2011) demuestra cómo el discurso social y mediático que estigmatiza como prostitutas a las trabajadoras desaparecidas en Juárez sirve para desactivar la alarma social, deshumanizando a las víctimas y minimizando los riesgos típicamente femeninos, mediante ideologías patriarcales sobre la sexualidad y la moral femenina.

Sin embargo, más allá del análisis de Wright, nuestra investigación muestra que el problema no radica solo en la violencia inicial del asesinato de mujeres sin justicia, sino en el doble castigo que enfrentan quienes intentan politizar esa violencia, cuestionarla y exigir respuestas. Esto refuerza la idea de que los estudios feministas de seguridad, cuando se apropian y contextualizan en clave latinoamericana, tienen un enorme potencial crítico.

El enfoque en respuestas armadas, en el fortalecimiento del aparato militar o policial como solución a los problemas sociales, afecta de manera particular a las mujeres, aunque no exclusivamente. La principal diferencia entre el contexto de origen de los EFS y el latinoamericano está en las amenazas priorizadas: en los países del Norte, la justificación se basa en el discurso del terrorismo; en América Latina, es el narcotráfico el que sustenta el refuerzo de los hombres armados y de las respuestas militares.

Esta política no solo no reduce las amenazas que enfrentan las mujeres, sino que las agrava. El feminicidio no es causado por la existencia de grupos armados ilícitos, sino por estructuras sociales patriarcales, incluso las de los Estados donde la violencia se privilegia como forma de relación social en lugar del cuidado. Hablar de seguridad desde las perspectivas aquí discutidas, significa señalar el modo en que la seguridad estatal siempre es construida sobre el poder de unos frente a la “inseguridad” impuesta para otro grupo. El abordaje de los cuidados, que es más incluyente y amplio, no enfrenta los cuidados de un grupo contra otro. Cuidados de unos no implica abandono de otros, ya que no es un juego de suma cero. Los conflictos políticos aquí no se refieren únicamente a la responsabilidad o a la negligencia estatal: se trata de cómo concebimos lo político.

Finalmente, la violencia estatal contra organizaciones como NHRC revela cuán frágil es la posición de las mujeres como “protegidas”: más que una garantía, es una trampa. En el momento en que grupos de mujeres se organizan para cuestionar las prácticas estatales, el sistema reproduce sobre ellas las mismas violencias que dice combatir. Como señala Iris Marion Young, la protección masculinista tiene dos caras: se presenta como caballerosa mientras no se le cuestione. Pero una vez desafiada, el protector puede convertirse rápidamente en una amenaza.

Conclusión

Las acciones de mujeres como Norma Andrade y organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa ejemplifican una forma de cuidado profundamente politizada: el cuidado no solo de los cuerpos ausentes y asesinados de sus hijas, sino también del tejido comunitario roto por la violencia estructural y la negligencia estatal. Sobre todo, el cuidado de la memoria. El trabajo de cuidados que aquí emerge es distinto, más ligado a la búsqueda de justicia.

Estas mujeres asumen tareas que el Estado ha abandonado –buscar, investigar, denunciar, acompañar emocionalmente– activando un trabajo emocional y político que desafía a un sistema que desvaloriza sus vidas. Arlie Hochschild (2013; Ehrenreich y Hochschild, 2002) entiende el cuidado como una labor afectiva desigualmente distribuida, y en este caso, vemos cómo las mujeres mexicanas asumen el peso emocional y logístico de enfrentar a un Estado que, en lugar de protegerlas, las revictimiza. Así, el cuidado se transforma en una práctica de resistencia y de producción de justicia frente a la inseguridad patriarcal institucionalizada.

El caso de Ciudad Juárez, marcado por la violencia feminicida y la lucha de organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, puede analizarse a través del concepto de “cuidado” propuesto por Hochschild. Esta autora destaca cómo las mujeres, incluso cuando participan en el mercado laboral, continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado, lo que denomina la “doble jornada”.

En el contexto de Juárez, las madres y familiares de las víctimas de feminicidio asumen un rol de cuidadoras no solo en el ámbito doméstico, sino también en la esfera pública, al luchar por justicia y reconocimiento para sus hijas. Este activismo puede interpretarse como una extensión del trabajo de cuidado, donde las emociones y el compromiso personal se convierten en herramientas para enfrentar la negligencia y la violencia institucional. Así, el cuidado trasciende el ámbito privado y se convierte en una forma de resistencia política y social, evidenciando cómo las estructuras patriarcales y estatales delegan en las mujeres la responsabilidad de sostener la vida y la justicia en contextos de violencia sistemática.

Ampliando esta reflexión desde la perspectiva del concepto de “cuidado” de Hochschild, podemos entender que la labor realizada por organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa constituye un trabajo de cuidado radical que confronta directamente con las concepciones militarizadas y masculinizadas de la seguridad estatal. Este tipo de cuidado, que no se limita al entorno doméstico sino que se proyecta en la exigencia pública de justicia, memoria y dignidad para las víctimas de feminicidio, interpela el aparato estatal en su forma más estructural: su definición de qué vidas merecen protección. En lugar de responder a este llamado con sensibilidad o transformación, el Estado responde frecuentemente con resistencia, represión y criminalización de las propias cuidadoras, como se observa en los múltiples casos de acoso, amenazas y detenciones arbitrarias a familiares de víctimas.

Esta resistencia evidencia que las prioridades de seguridad del Estado no son neutrales, sino que están profundamente arraigadas en un proyecto patriarcal que busca preservar jerarquías de género y de raza. La seguridad, lejos de ser un bien público universalmente distribuido, funciona como una herramienta de orden y control social que selecciona, con base en marcadores de género, clase y etnia, quiénes son sujetos dignos de ser protegidos y quiénes pueden ser descartados o silenciados. En este sentido, el trabajo de cuidado realizado por las madres y activistas no solo exige justicia para los crímenes cometidos, sino que propone una reconfiguración de las prioridades estatales: una seguridad centrada en la vida, en el bienestar comunitario y en la erradicación de violencias estructurales.

La violencia que estas mujeres enfrentan no solo a través del asesinato de sus hijas, sino también mediante la indiferencia institucional y el desprecio público está íntimamente ligada a la explotación del cuidado sobre la que se sostienen las sociedades capitalistas. Este sistema no solo desvaloriza el trabajo de cuidado, haciéndolo invisible y no remunerado, sino que también lo delega casi exclusivamente en las mujeres, especialmente en mujeres racializadas y de clases populares, mientras perpetúa una política de seguridad que prioriza la defensa de intereses económicos y geopolíticos masculinizados. Así, las desigualdades de género no solo se manifiestan en los crímenes y omisiones que caracterizan el feminicidio, sino también en la estructura económica y política que depende del sacrificio constante de las cuidadoras. Replantear la seguridad desde el cuidado, como proponen estos movimientos, implica una crítica radical al orden patriarcal y capitalista, y una invitación a imaginar políticas centradas en la sostenibilidad de la vida y no en su vigilancia o control.

Bibliografía

Álvarez Díaz, J. A. (2003). Las muertas de Juárez: Bioética, género, poder e injusticia. Acta Bioethica, 9(2), 219-228.

Bigo, D. (2015). Policing insecurity today: Defense and internal security. Londres: Palgrave Macmillan.

Bigo, D. et al. (2006). Illiberal practices of liberal regimes: The (in)security games. París: L’Harmattan/Centre d’études sur les conflits.

Bigo. D. (2001). Editorial: La vía militar de la guerra al terrorismo y sus desafíos. Cultures & Conflits, (44).

Cockburn, C. (2012). Antimilitarism: Political and gender dynamics of peace movements. Londres: Palgrave Macmillan.

Cohn, C. (2011). ‘Feminist security studies’: Toward a reflexive practice. Politics & Gender, 7(4), 581-86.

Cohn, C. (1987). Sex and death in the rational world of defense intellectuals. Signs, 12(4), 687-718.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2024, mayo 2). La CIDH presenta un caso contra México ante la Corte IDH por la desaparición, violencia sexual y muerte de una adolescente en Ciudad Juárez. https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2024/050.asp

Delori, M. (2021). Ce que vaut une vie: Théorie de la violence libérale. París: Éditions Amsterdam.

Ehrenreich, B. y Hochschild, A. R. (eds.) (2002). Global woman: Nannies, maids, and sex workers in the new economy. Nueva York: Metropolitan Books.

Enloe, C. H. (1983). Does khaki become you? The militarisation of women’s lives. Londres: Pluto Press.

FilosCrítica CD y DFC [FilosCrítica] (2019). Nuestras hijas de regreso a casa [Video]. YouTube.

Freedman, J. (2017). Gender, violence and politics in the Democratic Republic of Congo. Londres: Routledge.

Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (2018). Political subjectivity, transversal mourning and a caring common: responding to deaths in the Mediterranean. Critical African Studies, 10(3), 345-360. https://doi.org/10.1080/21681392.2019.1610010

Hobbes, T. (1983). Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. San Pablo: Abril Cultural.

Hochschild, A. R. (2013). So how’s the family? And other essays. Berkeley: University of California Press.

Howell, Alison (2018). Forget ‘militarization’: race, disability and the ‘martial politics’ of the police and of the university. International Feminist Journal of Politics, 20(2), 117–136. https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1447310

Martins, G. y Farias, J. (2024). Circuitos urbanos do terror de Estado. Uma abordagem antirracista e interseccional da militarização. Ponto Urbe, 32(1), e226624.

Minard, N. y Carmo, A. (2024, diciembre 5). Mexico: Boom in organised crime making femicide invisible, local activist says. UN News.

Monárrez Fragoso, J. E. (2000). La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999. Frontera Norte, 12(23), 87-117.

Olivares Islas, L. A. y Hernández Román, B. C. (coords.) (2019). Las izquierdas mexicanas desde los movimientos sociales en el siglo XXI. Problemas y perspectivas. México: Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica.

Pandit, N. (2025). A feminist analysis of the coloniality of militarization: thinking with Kashmir at the margins of the Global South. International Feminist Journal of Politics, 27(1), 201–223. https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2447605

Pateman, C. (2009). The sexual contract. Stanford: Stanford University Press.

Poy Solano, L. (15 de mayo de 2005). Denuncian en Juárez tortura a joven acusado de asesinato. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2005/05/15/index.php?section=politica&article=016n1pol

Puar, J. K. (2017). Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times. Durham: Duke University Press.

Radford, J. y Russell, D. E. (eds.) (1992). Femicide: The politics of woman killing. Nueva York: Twayne Publishers.

Rodríguez, S. G. (2002). Huesos en el desierto. Barcelona: Anagrama.

Russell, D. E. y Harmes, R. A. (2006). Feminicidio: Una perspectiva global. México: UNAM.

Sánchez, A. y Cordero, J.A. (2008). Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Vkngm-hVVDE

Segato, R. L. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Sociedade e Estado, 29(2), 341-371.

Segato, R. (2024). Estruturas elementares da violência. Río de Janeiro: Bazar do Tempo.

Sjoberg, L. (2016). What, and where, is Feminist Security Studies? Journal of Regional Security, 11(2), 143-161.

Valdez, D. W. (2021). Cosecha de mujeres: El safari mexicano. Atlanta: Peace at the Border.

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Boston: McGraw-Hill.

Wolfers, A. (1952). ‘National security’ as an ambiguous symbol. Political Science Quarterly, 67(4), 481-502.

Wright, Melissa (2011). Necropolitics, narcopolitics, and femicide. Gendered violence on the Mexico-U.S. border. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 36(3), 707-731. https://doi.org/10.1086/657496

Young, I. M. (2003). The logic of masculinist protection. Reflections on the current security state. Signs, 29(1), 1-25.

54 Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Disponible en: https://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/; último acceso: 04/05/2025.

55 Bajo Juárez: la ciudad devorando a sus hijas. Dirección: Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero. Producción: Alejandra Sánchez, José Antonio Cordero y TV UNAM, 2006. https://www.youtube.com/watch?v=Vkngm-hVVDE.

Cuidados comunitarios para abrir grietas en un sistema violento

Experiencias organizativas en contextos
de (in)movilidad

Ximena Alba Villalever y Martha Cecilia Ruiz M.

Introducción

La tendencia global de securitización de las fronteras y criminalización de poblaciones migrantes reverbera de formas distintas en localidades específicas. Limita la movilidad, controla y violenta no solo a poblaciones en tránsito, sino también a aquellas que buscan establecerse en otro lugar, diferente al que nacieron. Esto es particularmente evidente en las movilidades en los corredores migratorios del continente americano, especialmente tras las duras medidas adoptadas o reforzadas por el gobierno de Estados Unidos: cierre de vías para la migración regular; controles migratorios, detenciones y deportaciones; despliegue de fuerzas armadas en la frontera con México, y, a través de amenazas y acuerdos en condiciones desiguales con gobiernos conocidos por ser “origen” y “tránsito” de las migraciones hacia EE.UU., la externalización de sus políticas de restricción y control migratorio hacia el sur del continente (Varela Huerta, 2019). Aunque este tipo de estrategias se reforzaron especialmente en los primeros meses de 2025, no son nuevas y sus efectos llevan años extendiéndose por la región y golpeando a poblaciones móviles o forzadas a la inmovilidad. Esta situación presenta barreras a veces infranqueables y generalmente violentas. Se materializa en expresiones xenófobas y racistas que se naturalizan y afectan a gran parte de la población que aspira a llegar a EE.UU., pero también golpea a poblaciones migrantes que se han establecido en otros países de la región y que no necesariamente tienen por objetivo continuar el trayecto hacia este país del norte.

En este capítulo nos enfocamos, justamente, en personas migrantes y refugiadas que se han asentado en ciudades latinoamericanas para buscar nuevas oportunidades de vida, así como en personas que retornaron de manera voluntaria o forzada desde diversos países del norte y luchan colectivamente para abrir espacios de reinserción. Estas poblaciones confrontan barreras sociales, políticas y económicas que se expresan en un continuum de violencias (Cockburn, 2004; París Pombo, 2023) que no son sólo físicas y directas sino también simbólicas y estructurales (Galtung, [1969] 2005). Nuestro objetivo central es examinar cómo estas poblaciones extranjerizadas y racializadas se organizan y tejen redes de apoyo y cuidado mutuo para responder a las violencias, especialmente aquellas que son más sutiles pero también más extendidas, como las largas esperas para obtener papeles o renovarlos y los prejuicios y discriminaciones que enfrentan cada día e impiden alcanzar una vida plena. Nos centramos en organizaciones de base migrante y en prácticas organizativas relativamente estables que surgen y se despliegan en barrios y espacios comunitarios, y cuestionan la imagen de las personas migrantes como simples víctimas y “grupos vulnerables”.

Examinamos estas prácticas organizativas en dos ciudades: Guadalajara, en México, y Quito, en Ecuador. En ambas encontramos una compleja combinación de movimientos migratorios –de salida y llegada, incluyendo retornos, crecientes deportaciones y re-emigraciones–, así como luchas colectivas con diferentes grados de organización e institucionalidad. Al ser dos ciudades grandes del interior y alejadas de las fronteras, la población migrante encuentra mayores oportunidades de trabajo e incluso estudio y cierta anonimidad que le permite “pasar desapercibida”. Además, se alejan hasta cierto punto de los circuitos de violencia organizada que son comunes en ambos países pero están más expandidos en otras zonas, como los estados del norte y sur de México y las provincias costeras de Ecuador. Sin embargo, también encontramos que en ambas ciudades se erigen constantemente fronteras sociales construidas en una base de violencias silenciosas, cotidianas y naturalizadas, frente a las cuales la población se organiza para defenderse a través de formas de cuidado igualmente silenciosas y cotidianas.

Las luchas que seguimos de cerca nos invitaron a repensar las formas de acción política colectiva, más allá de nociones dicotómicas de adaptación o desobediencia, y desde los cuidados y las prácticas cotidianas y mundanas que no siempre son reconocidas como acciones políticas. Además, estas luchas nos revelaron el papel central que juega el género en las organizaciones de personas migrantes, refugiadas y retornadas, no solo porque las mujeres y las disidencias sexo-genéricas tienen cada vez más protagonismo en ellas,56 sino también porque los cuidados y la construcción de comunidad se estructuran y despliegan de formas distintas en relación con el género.

Más que comparar dos contextos nacionales y locales que son distintos, nos interesa mostrar cómo los países latinoamericanos se conectan por viejas y nuevas movilidades como aquellas que se han dado entre México y Ecuador (Álvarez Velasco, 2019), y entre la región andina y mesoamericana de manera más amplia. Estas conexiones no se dan únicamente a través de tránsitos migratorios que tienen como destino final EE.UU., sino también por asentamientos temporales o permanentes y por las redes que las personas migrantes tejen en y entre ciudades latinoamericanas golpeadas por precariedades materiales, desigualdades y violencias. Para esto, buscamos responder las siguientes preguntas: ¿de qué manera las acciones cotidianas de migrantes organizades inciden en la construcción de comunidades de cuidado y formas de resistencia frente a las violencias? ¿Qué impacto tienen las prácticas organizativas impulsadas por las mismas personas en (in)movilidad en sus procesos de (re)asentamiento? Nuestras reflexiones se basan en los resultados de una investigación etnográfica realizada entre julio y diciembre de 2024 en las dos ciudades arriba mencionadas.57 La investigación consistió en acompañar y participar en las actividades de las organizaciones identificadas y seleccionadas de acuerdo a algunos criterios previamente establecidos58 y la accesibilidad que algunas ofrecieron. Nos parecía fundamental entablar un diálogo horizontal desde el inicio con las diversas organizaciones para que el estudio pudiera ser beneficioso para todas las partes. Por ello, con cada organización se realizaron actividades distintas y que les resultaran más atinadas: con algunas se realizaron talleres para discutir de forma más abierta sus procesos organizativos y los sentidos que dan a sus luchas colectivas; con otras se apoyaron actividades con objetivos específicos y que eran de interés para las organizaciones. Además, realizamos entrevistas a las personas que impulsaron y participan en estos espacios organizativos, y mantuvimos largas charlas informales en espacios urbanos diversos.

El capítulo está organizado de la siguiente manera. Primero, introducimos nuestro marco y propuesta conceptual para examinar los procesos de organización y lucha colectiva de poblaciones en (in)movilidad. Partimos de la noción de luchas migrantes que en la última década se ha extendido en el campo de los estudios migratorios latinoamericanos (Stang, 2023), aunque tomamos distancia de posturas que entienden y analizan estas luchas como movimientos sociales y nuevos movimientos sociales. Más bien, ponemos a dialogar esta literatura crítica sobre las migraciones con análisis feministas que proponen acercarse a los procesos organizativos y la lucha colectiva desde la perspectiva de los cuidados y el paradigma de los comunes (Vega Solís, Martínez-Buján y Paredes, 2018). En segundo lugar, presentamos brevemente las organizaciones con las que trabajamos en las dos ciudades, y los contextos en las que estas surgen, destacando algunas diferencias y puntos de encuentro en las dinámicas de Quito y Guadalajara. Finalmente, analizamos la forma en la que, desde prácticas cotidianas de acompañamiento, cuidado mutuo y construcción de espacios colectivos para recrear la vida y hacerla más vivible, las organizaciones de migrantes, refugiades y retornades abren grietas en un sistema que aísla y constriñe la vida de personas en movilidad e inmovilidad.

Abrir grietas es una noción central en nuestro análisis. Surgió de nuestro trabajo de campo y la manera en que las mismas personas migrantes hablan de sus procesos de lucha y resistencia colectiva. También es una imagen que varias autoras utilizan para explicar las “resistencias minúsculas” de grupos invisibilizados y relegados, esas que surgen cuando el poder es mayúsculo y produce situaciones que no parecen tener salida, pues limitan, aíslan, ahogan y generan miedo, pero no evitan que, desde abajo, con golpecitos muchas veces imperceptibles pero constantes, se abran fisuras y broten “esperanzas pequeñas” que cuestionan la violencia como un poder total y paralizante y muestran cómo la vida se sostiene o resurge incluso en los ambientes más adversos (Fernández-Savater y Varela Huerta, 2020; Walsh, 2017). Se trata de una noción que reivindica el potencial de las luchas comunes y cotidianas. En el campo de las migraciones, estas luchas implican silenciosas estrategias frente al violento régimen de restricciones y control a la movilidad, a través de gestos mundanos de sociabilidad y afectividad (Papadopoulos y Tsianos, 2012) que abren posibilidades y permiten seguir moviéndose o, como en el caso que nos atañe, ayudan en la llegada, el asentamiento y el inicio de una nueva vida, sin que esto signifique que estas luchas están libres de tensiones o transforman del todo las estructuras de desigualdad.

Cuidados y comunidad para sostener la vida

Los estudios sobre migraciones y cuidados, desde una perspectiva feminista, han crecido considerablemente en los últimos años y se han concentrado, principalmente, en dos cuerpos de literatura. Por un lado, las “cadenas de cuidado” y trabajos feminizados, racializados y precarizados (tareas domésticas, de crianza, atención a personas dependientes) que sostienen la vida e interrogan las dinámicas de algunas instituciones, como familia, Estado y comunidad (véase, por ejemplo, Mallimaci Barral et al., 2022). Por otro lado, y más recientemente, los cuidados como parte de un tejido social transnacional que los colectivos migrantes, y sobre todo mujeres, despliegan durante tránsitos migratorios irregularizados y peligrosos, para proteger la vida tanto física como emocionalmente, como sucede en los corredores migratorios latinoamericanos (Yarris y Castañeda, 2014; Alvarez Velasco y Varela Huerta, 2022). El caso de las caravanas migrantes ha sido parte de estos análisis sobre los “cuidados en el camino” y frente a políticas migratorias restrictivas y violentas. Nuestro trabajo se ha nutrido de estos estudios que entienden los cuidados como una perspectiva analítica, particularmente útil para visibilizar y examinar las desigualdades sociales, y como un ejercicio político (Tronto, 1998; Molinier y Legarreta, 2016; Vega Solís, 2019). Es decir, sacan los cuidados del ámbito puramente privado y privatizado, para analizarlos como parte de procesos más amplios (económicos, políticos, sociales, ambientales) y a la vez situados que constituyen luchas por la vida en colectivo, como se destaca en el segundo cuerpo de literatura.

Desde este punto de partida, y siguiendo los aportes del feminismo al paradigma de los comunes, que ubica la reproducción social y los cuidados en el centro de las discusiones, entendemos los cuidados como bienes comunes, desde una aproximación que tiene en cuenta:

la variedad de ámbitos en los que las colectividades generan, comparten y gestionan –además de bienes naturales y materiales específicos– espacios, relaciones, saberes, estéticas, espiritualidades y memorias, organizando su desarrollo y uso bajo formas de autoridad más horizontales y más participativas, asociadas, en muchos casos, a reclamos y luchas específicas (Vega Solís, 2019, p. 51).

En este sentido, los cuidados implican un complejo entramado de vínculos, conexiones, formas de cooperación y relaciones de sociabilidad, afectividad y politicidad que se tejen en el día a día para hacer en común y comunalizar los recursos materiales e inmateriales que son necesarios para sostener la vida. Estos se vuelven particularmente importantes cuando los Estados se desentienden de la protección social, y cuando las redes de apoyo y el tejido comunitario se pierde, como ocurre en los procesos migratorios y, de manera más general, en contextos de profundización de políticas privatizadoras, neoliberales e individualistas. Estas prácticas de cooperación dan forma a una comunidad unida por sentimientos de identificación y solidaridad que va más allá de la familia nuclear. Fomentan, además, la construcción de comunidades de cuidados y apoyo mutuo que representan un sostén vital en momentos de incertidumbre, extrema precarización y limitada infraestructura pública, como se evidenció durante la pandemia del COVID-19 (Ruiz Muriel, 2023).

Los estudios críticos sobre las migraciones internacionales también se han apoyado en el paradigma de los comunes para analizar las prácticas organizativas de poblaciones migrantes, desde marcos más amplios y experiencias diversas, cambiantes e impredecibles, de adaptación y lucha al mismo tiempo, que pueden ser institucionalizadas o bastante informales, móviles (Papadopoulos y Tsianos, 2012) o ancladas a un espacio y territorio específico (Gago, 2018), como nos interesa mostrar en este capítulo. Estos estudios invitan a pensar estas prácticas organizativas como “formas alternativas de existencia y vida” que requieren “cultivar, generar y regenerar los contenidos, prácticas y afectos que facilitan los movimientos” y también los asentamientos de personas migrantes (Papadopoulos y Tsianos, 2012, p.191), ya que implican compartir información y conocimientos clave que se han producido colectivamente y que permiten acceder a recursos básicos para sostener y recrear la vida. Además de acciones y relaciones diarias y concretas, de confianza, solidaridad, reciprocidad y amistad, esta política de los cuidados y lo común implica preocuparse por quienes están a nuestro alrededor y mirar más allá de nuestra existencia individual y particular.

Por tanto, comprendemos los cuidados comunitarios en un sentido amplio, como un hacer, hacerse y sostenerse en común, cooperando, y no como trabajos de cuidado comunitario ligados a movimientos sociales o procesos de gobierno comunal, como destacan otros estudios. Nos referimos a estrategias y luchas colectivas que son a veces públicas y otras muy silenciosas, impulsadas para sortear prejuicios y barreras, abrir caminos hacia una vida más digna de ser vivida y sostener un mundo en común. En palabras de Fisher y Tronto, aquí los cuidados fungen como una actividad realizada “para mantener, prolongar o reparar nuestro ‘mundo’, para poder vivir en él de la mejor forma posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotres mismes y a nuestro entorno, los cuales buscamos entretejer en una red compleja que sustente la vida” (Fisher y Tronto, 1990, p. 40).59 Abordamos los cuidados desde este espectro más amplio porque las poblaciones con las que trabajamos nos mostraron, a través de las actividades que realizan y los sentidos que dan a la organización social, por un lado, el valor de acompañar y ser acompañades y comprendides por personas que se encuentran en situaciones similares a las suyas, y, por otro lado, la necesidad de derribar los miedos y luchar para cambiar –en algo– las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en las que viven.

De hecho, la noción de cuidados emergió durante el trabajo de campo, como una categoría local, que fue repetidamente usada tanto por mujeres como por hombres que son parte de procesos organizativos. Por ello, hacemos eco de algunas reflexiones críticas que argumentan que los cuidados como un común se estrechan al adherirlos exclusivamente con las mujeres y la feminidad, aunque han sido ellas quienes, históricamente, han sido asociadas y responsabilizadas de las tareas de cuidado y el sostenimiento de la vida. Pero mantener estas ideas y prácticas como naturalmente “femeninas” dificulta pensar y tratar los cuidados como un recurso de todes, como argumenta Vega Solís (2019), y como una preocupación que debería generalizarse, pues la desposesión y la falta de protección afecta a grupos cada vez más grandes de la población, aunque con efectos diferenciados, como mostraremos más adelante.

Organizarse para hacer frente a las violencias y (re)construir tejido colectivo

México y Ecuador están atravesados por un continuum de desigualdades y violencias sistémicas, que son naturalizadas, como la precarización laboral y expresiones sexistas, racistas y xenófobas. Además, en ambos países se han extendido formas más directas de violencia, no solo desde grupos criminales organizados sino también desde actores estatales, con expresiones incluso extremas, como muertes violentas, desapariciones forzadas, amenazas y extorsiones, que golpean particularmente a poblaciones extranjerizadas y racializadas y provocan desplazamientos forzados internos y motivaciones adicionales para migrar internacionalmente. Estas y otras condiciones ubican a estos dos países en dinámicas centrales dentro de los diversos corredores migratorios latinoamericanos y conectan a México y Ecuador a través de diversas formas de movilidad.

México tiene una larga y compleja historia de emigración hacia EE.UU., pero en las últimas décadas, su posición como país de tránsito y (más recientemente) destino se ha vuelto cada vez más evidente, no solo para personas de Centroamérica y el Caribe, sino también de Sudamérica, además de África y Asia. En México han transitado mayoritariamente personas provenientes de Honduras, Guatemala, Cuba, Haití, Venezuela y, en los últimos años, Ecuador (Calva Sánchez, 2024), aunque la intensidad de los flujos varía mucho dependiendo del momento y de las restricciones vigentes, así como de las condiciones cambiantes de países de origen y de destino. Al mismo tiempo, por las crecientes barreras impuestas por EE.UU. y la externalización de sus fronteras (Torre Cantalapiedra, 2019; París Pombo, 2016; Alba Villalever y Schütze, 2021), México se ha vuelto un “país tapón” (Varela Huerta, 2019) –lugar de esperas y establecimientos transitorios, temporales o permanentes– para personas que no necesariamente vislumbraban quedarse en este país. En otros casos, México sí fue un país elegido como destino final, ya sea por cuestiones de refugio, particularmente en el caso de Venezuela y Colombia, o de establecimiento por razones de estudio, trabajo o reunificación familiar. A todo esto se suma un flujo inverso hacia México, conformado por personas retornadas o deportadas que se reestablecieron en diversas ciudades mexicanas (Rivera Sánchez, 2013; Medina y Cordero, 2021), luego de vivir en EE.UU.

Ecuador tiene una historia de al menos cinco décadas de migración hacia EE.UU., con tránsitos vía México (Álvarez Velasco, 2019). Sin embargo, desde inicios de este siglo su patrón migratorio se diversificó. El país se tornó simultáneamente en receptor de migrantes y refugiades que llegaron desde países andinos (Colombia, Perú, y desde 2015 Venezuela) y desde otras regiones del mundo; crecientes emigraciones, retornos y más recientemente re-emigraciones, y un “trampolín migratorio” que lo articula con otras naciones de origen y destino, como explica Álvarez Velasco (2019). Fue el retiro del visado de turismo para ciudadanes de todos los países del mundo, en 2008, lo que convirtió a Ecuador en lugar de tránsitos de personas del Caribe, Asia, África y Medio Oriente que se dirigen al norte y, en menor medida, al sur (Brasil, Argentina, Chile). Desde la pandemia del COVID-19, el panorama migratorio ecuatoriano se ha vuelto a complejizar: por un lado, se vive una nueva “ola” emigratoria, con miles de personas de Ecuador tratando de llegar a EE.UU., aunque muchas, sin éxito, son deportadas o no se atreven a cruzar por los violentos controles fronterizos y se quedan en México; por otro lado, salidas de venezolanes que se asentaron en este país y nuevas llegadas de migrantes y refugiades (Jokisch, 2023), y esto a pesar de los altos niveles de desempleo, subempleo y violencia que tiene Ecuador desde 2021.

En ambos países, las condiciones que encuentran las personas migrantes, y con la intención de (re)establecerse, son difíciles y les ponen, con frecuencia, en situaciones de vulnerabilidad y precariedad socioeconómica y legal. Varios factores inciden en estas situaciones, que se reforzaron poco antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. Además de economías frágiles, mercados laborales altamente informales y políticas de protección social estatal que se han debilitado en los dos países (Bayón Jiménez et al., 2021; Gandini y Fernández, 2022), les migrantes se enfrentan a las restricciones adoptadas por los gobiernos de México, Ecuador y otras naciones latinoamericanas dentro de un contexto regional y global de securitización de las migraciones. Esto ha implicado: mayor selectividad y requisitos para obtener permisos y regularizar la situación migratoria; opciones limitadas y complicadas para acceder a una residencia permanente y, cada vez más, permisos temporales que no garantizan un camino hacia la permanencia ni acceso efectivo a derechos. Estas restricciones no solo inciden en la irregularización migratoria que afecta a un creciente grupo de migrantes; también refuerzan formas precarias de legalidad que están estrechamente relacionadas con un sistema administrativo caracterizado por infraestructura deficiente y una burocracia ineficiente (Rojas Wiesner y Basok, 2020), que hace que los trámites migratorios y solicitudes de refugio tomen cada vez más tiempo, y en el cual las personas migrantes tienen sus derechos limitados. Este sistema está informado por esquemas de desigualdad, criminalización y estigmatización frente a personas migrantes y retornadas, lo cual ha reforzado la xenofobia y limitado su acceso a vivienda y trabajo digno, educación y salud (Bayón Jiménez et al., 2021; París Pombo, 2023). Son estas condiciones las que han exigido a migrantes, refugiades y retornades organizarse, tejer redes de apoyo y cuidado mutuo, como único camino para sostener la vida. A los colectivos y organizaciones que acompañamos en Guadalajara y Quito60 los une el objetivo de reconstruir las redes de apoyo que perdieron al moverse y la manera en que, día a día, construyen tejido comunitario y nuevas formas de “familia” que van más allá de las relaciones de parentesco y del ámbito privado. Sin embargo, el número y tipo de experiencias organizativas que encontramos en las dos ciudades es muy distinto y responde a las particulares dinámicas migratorias de cada país y localidad.

Guadalajara tiene una larga historia migratoria, no solo como lugar de emigración, sino también de retorno, de establecimiento y, crecientemente, de tránsito, al ser una de las grandes ciudades atravesadas por la ruta ferroviaria de occidente (Gutiérrez Vásquez et al., 2022). Desde finales del siglo pasado, pero de forma más intensa desde la segunda década del 2000, la ciudad ha visto dinámicas aceleradas de tránsito migratorio de poblaciones en condiciones muy precarias. Frente a la deficiencia estatal para atender a estas poblaciones, la sociedad civil y los grupos religiosos han sido los que mayoritariamente se han organizado para atender particularmente a estas poblaciones en tránsito. Sin embargo, las poblaciones migrantes de personas establecidas y retornadas en Guadalajara, menos visibles, también se han organizado para luchar por condiciones dignas de vida y tratos justos. Dos de estas organizaciones con las que tuvimos oportunidad de trabajar fueron “Caminantas” y “GDL Sur - Grupo Destino y Libertad”. La primera es una organización creada en 2021, impulsada por mujeres y dirigida a cualquiera que se identifique como mujer. El perfil de sus fundadoras, así como del resto de integrantes de la Red Caminantas, es diverso en cuanto a lugares de origen, nacionalidades, razones para migrar y procesos de movilidad (en contextos de refugio, reunificación familiar, por estudios o trabajo, o incluso por establecimiento al no poder continuar hacia el destino que habían elegido). Entre quienes forman parte de esta red hay fuerte presencia de mujeres profesionales y, sobre todo entre las coordinadoras, experiencias previas de activismo social y político. Quizás por esto último, las integrantes de Caminantas destacan constantemente que el feminismo es fundamental en el activismo migratorio ya que abre espacios para que las migrantes participen más activamente y tomen decisiones autónomamente. Con esta perspectiva, ofrecen información práctica para la integración, asesoría legal, apoyo emocional y espacios de reflexión, encuentro y esparcimiento. La segunda organización surgió en 2010, como un espacio multifuncional (vivienda, lugar de trabajo y encuentro, etc.) para apoyar a hombres61 de origen mexicano (con algunas excepciones), que crecieron en EE.UU, fueron deportados y están impedidos de regresar formalmente al país que, durante muchos años, consideraron su hogar. El perfil de personas que atiende esta organización es mucho más puntual: además de haber sido deportados, pertenecieron a pandillas en EE.UU., pasaron un tiempo en prisión en ese país, y/o se encuentran luchando contra algún tipo de adicción, muchas veces resultado de todo este conjunto de situaciones precarias y difíciles. Se trata de un grupo de hombres con cultura binacional y lazos familiares entre México y EE.UU.

Aunque estas dos organizaciones parecen muy distintas, ambas se formaron como espacios de encuentro entre personas que han vivido situaciones similares, para (re)integrarse en una ciudad que no terminan de entender y les extranjeriza o les criminaliza, y para crear nuevos lazos de familiaridad y comunidad. Además, ambas organizaciones están muy ligadas a las diversas estrategias de la sociedad civil y grupos religiosos por la defensa de las personas migrantes, con las cuales realizan actividades, mesas de diálogo, e incluso impulsos de incidencia política que buscan mejorar las condiciones de tránsito y establecimiento en la ciudad. A pesar de que sus condiciones y sus necesidades son distintas a las de las personas en tránsito, ven también los reflejos de las desigualdades que afectan de forma transversal a las distintas poblaciones migrantes y manifiestan la necesidad de luchas conjuntas y la defensa de todas las personas en movilidad.

En Quito encontramos una realidad distinta, con un amplio abanico de organizaciones de migrantes, refugiades y personas que retornaron voluntariamente de España, Italia, México. Algunas tienen varios años de existencia y otras son más nuevas; unas están bastante activas y otras casi por desaparecer y con pocos integrantes, pues varias de las personas que fundaron estos espacios han vuelto a migrar o están pensando en hacerlo. Esta realidad responde a las particulares dinámicas económicas, laborales y migratorias de Ecuador, que está golpeado por una larga crisis económica, y de su capital, que es una de las principales ciudades de asentamiento y reasentamiento. Quito es el lugar que ha concentrado muchos procesos organizativos, así como foros migratorios nacionales, regionales e internacionales que, en los últimos años, han sido promovidos por agencias internacionales de “ayuda humanitaria” que se multiplicaron desde la llamada “crisis migratoria venezolana” y, en gran medida, han reemplazado el rol del Estado en la atención a poblaciones migrantes y refugiadas. Curiosamente, varias de las organizaciones de base que identificamos se crearon y formalizaron justamente para aprovechar estos fondos internacionales. Es decir, hay un componente de pragmatismo en la creación de estos espacios organizativos, desde donde se busca acceso a recursos (fondos para proyectos, trabajo remunerado, etc.) para cubrir necesidades urgentes y subsistir, pues la infraestructura pública de protección se ha desmantelado y la asistencia humanitaria es puntual y temporal. Pero las organizaciones de migrantes también tienen objetivos más amplios, sueños y utopías, como desnaturalizar la xenofobia, el racismo, la homofobia y la violencia de género, pues varios colectivos están integrados por personas que sufren discriminaciones múltiples, por su condición de “extranjeros” y parte de grupos marginalizados: mujeres, afrodescendientes, hombres gays, personas viviendo con VIH. Esto les ha empujado a organizarse, a crear espacios propios y más autónomos, con alianzas más horizontales y procesos más participativos.

Fueron justamente colectivos con mayor autonomía, trabajo comunitario y enfoque feminista y antirracista, los que escogimos para la investigación.62 En este capítulo, nos concentramos en dos: la asociación civil “Venezuela en Ecuador” (VEAC), y un espacio de gastronomía afrocolombiana llamado “Palenque”. La primera fue creada en 2015 y formalizada dos años después. Es una de las organizaciones de venezolanes más antiguas y estables en Quito, con actividades de información e incidencia en procesos de regularización migratoria, apoyo en integración social y laboral y, desde la pandemia, servicios de salud con costos accesibles. Como gran parte de les fundadores de VEAC han vuelto a migrar, quienes se han quedado han tejido nuevas redes, algunas locales y presenciales y otras virtuales y transnacionales, para apoyar a personas recién llegadas y mantener lazos con quienes se han ido o están en el camino. Así, VEAC coordina algunas acciones con otras organizaciones de inmigrantes, de varias nacionalidades, y con ecuatorianes retornades, a través de la red Alianza Migrante. El segundo espacio fue impulsado por personas colombianas y venezolanas que, después de perder sus fuentes de ingreso durante la pandemia, se juntaron para abrir un restaurante de comida y música del Caribe colombiano y reivindicar la historia libertaria negra y la cultura afrocolombiana. Se trata de una estrategia colectiva de subsistencia y un espacio de identificación, encuentro y apoyo mutuo entre colombianes y venezolanes radicades en Quito. Les integrantes de Palenque mantienen vínculos con otros grupos de migrantes que se juntan para trabajar, con activistas feministas y antirracistas, y son parte del colectivo Corredores Migratorios, donde mujeres y migrantes se reúnen para pensar las movilidades internas e internacionales, pensarse como migrantes y construir otro tipo de narrativas al respecto.

Las luchas migrantes y procesos organizativos que encontramos en Guadalajara y Quito son heterogéneos y difícilmente se podrían encasillar en categorías cerradas o trazar distinciones rígidas: entre procesos más organizados, formales y con demandas claras, y otros más informales y de resistencia silenciosa; entre aquellos de carácter “social” y otros más “políticos”, pues varias organizaciones combinan actividades públicas y más claramente políticas con otras de esparcimiento, recreación y acompañamiento cotidiano. Lo que es común a todos estos espacios organizativos y queremos resaltar es que en todos ellos se actúa políticamente cuando se tejen redes de solidaridad, se rompe con prácticas individualistas y se sostiene cuando todo es incierto o parece desmoronarse. En este sentido, el cuidado mutuo es un motivante central, el origen mismo de la organización. Así indicaron las coordinadoras de Caminantas, recordando cómo la pandemia llevó a la mayoría de ellas a un estado de supervivencia, donde tuvieron que buscar medicinas y cuidarse mutuamente. Pero poco a poco, cuidar de sí mismas y entre sí ya no les era suficiente, como comentó una de ellas: “Es que todo lo que hemos vivido, otras también lo están padeciendo”. Por eso les parecía importante construir una red de apoyo y solidaridad entre mujeres que compartieran similares experiencias y dificultades, que entendieran de la misma forma el desgaste y las barreras a las que se enfrentan en su cotidianidad. Algo parecido expresó el coordinador de Alianza Migrante, un ecuatoriano retornado de México, cuando explicó por qué se creó esta red de organizaciones, también durante la pandemia. “Vivíamos pérdida de empleo, desalojos, abandono estatal. Por eso creamos primero un tejido comunitario virtual, para apoyarnos mutuamente, coordinarnos; fue el primer paso, incluso antes de tener un objetivo claro y central como red.”

Asimismo, en varios de los colectivos que encontramos, otro aspecto fundamental ha sido rememorar elementos culturales que les son familiares y que, a través de comida, música, fiestas y festejos, les dan sentido de pertenencia e inclusión, y son parte de sus estrategias de resistencia frente a la hostilidad urbana y la extranjerización. Lo interesante es que, al tener las organizaciones una composición binacional o multinacional, la fiesta y el festejo se vuelven también espacios que problematizan las fronteras nacionales y fortalecen la interculturalidad y promueven la necesidad del cuidado mutuo. Nos enfocaremos a continuación en algunas de estas estrategias que “abren grietas” y en las percepciones de las personas involucradas en ellas.

Abrir grietas, con estrategias comunitarias y desde la cotidianidad

En un taller organizado con Caminantas, les pedimos a las mujeres que coordinan la red –tres colombianas, dos mexicanas y una venezolana– que nos explicaran, a través de objetos, fotografías y memorias, lo que para ellas significa el cuidado y la comunidad. Las respuestas fueron diversas, pero complementarias: la foto de un plato de sopa caliente y un suero para rehidratarse; una manta con la inscripción “todas somos migrantes”, llevada al frente de un grupo en una marcha del 8 de marzo, día internacional de las mujeres; el “Manual para trabajar en México”, que fue uno de los primeros resultados materiales de la organización; la foto de una piedra y un frasco con miel sobre un mantel de cocina, entre otras. Al presentarlos al resto del grupo, les pedimos que se tomaran algunos minutos para comentar, en pocas palabras, lo que estos objetos evocaban a las demás. Las reacciones fueron igual de diversas: la sopita evocaba cariño, cuidado, pero también el miedo a no tener ese cuidado o pasar totalmente sola un momento de quebranto o necesidad, como sugería el suero. Asimismo, la foto de la piedra, que fue titulada “cuidados colectivos” e inicialmente causó desconcierto, fue explicada en pocas palabras por Mariángel, la única venezolana del grupo: “cuidarlas con comida”. Explicó que en los hogares venezolanos es común tener una piedra en la cocina para machacar ajos. La miel, por otro lado, representa para ella el cuidar a las demás, pues se puede utilizar en casos de enfermedad o lesiones. La foto de la marcha evocaba lucha, hermandad, resistencia y la necesidad de caminar juntas. Al lado de todos estos objetos que las participantes conectaron con cuidados cotidianos y tejido comunitario, el “Manual para trabajar en México” mostraba cómo la organización produce y ofrece herramientas prácticas para proteger(se) de las violencias estructurales, resultantes de un sistema que tiende a empujar a las personas migrantes a los márgenes. Se trata de un texto de difusión elaborado por ellas mismas para explicar algunas normas legales fundamentales para las personas migrantes. Fue pensado como una herramienta para que sus compañeras pudiesen mejorar su situación laboral en México, y desde ahí ampliar otros derechos, “tejer redes” y cambiar algo la vida (Caminantas, 2022). En todos estos casos, era evidente que para las participantes los cuidados se construían en colectivo y dando forma a una nueva “familia” y una comunidad que les permite sentirse seguras y plenas, y que es tanto la fuente como el motor de la lucha. Son estos cuidados colectivos y herramientas de autoprotección las que hacen grietas en un sistema excluyente.

Además de las estrategias básicas para sortear la dificultad de la situación laboral –estrategias puestas en movimiento para “maniobrar en un campo social hostil” (Medina y Cordero, 2021)–, desarrollar espacios de esparcimiento y diversión resulta fundamental: para sentirse acompañades, segures y parte de un grupo que comparte experiencias, tradiciones y culturas. Por ejemplo, el espacio multifuncional de GDL Sur funge también como taller para trabajar en la restauración y modificación de automóviles clásicos, para convertirlos en “low-riders”, una de las aficiones del colectivo, pues les conecta con su vida en EE.UU. Esta actividad, así como la exhibición de los automóviles en las calles de la ciudad, funciona como forma de esparcimiento que permite a los “homies” –como se autodenominan– construir redes y comunidad entre ellos. Además, en el espacio de GDL Sur, ubicado en un barrio en el que las mismas poblaciones locales tienen condiciones precarias, la organización se ha esforzado por reconstruir un tejido comunitario y ofrecer momentos de diversión. Desde 2019, el 31 de octubre, día de “Halloween”, GDL Sur se convierte en un lugar de goce para niñes y adultes. Los “homies” transforman su espacio –de vivienda, trabajo y rehabilitación– en una casa del terror, se disfrazan y se preparan para recibir a las filas de personas del barrio durante horas. En palabras de Roberto: “la idea era nosotros divertirnos y que ellos vivieran un poquito lo que es el ambiente en el que crecimos, de cotorreo, diversión (…). Pero me di cuenta de que habíamos hecho algo comunitario (…), todos lo compartimos, lo vivimos, lo disfrutamos”. Este es un momento de escape, pero también un momento en el que las diferencias y barreras sociales que les separan de una sociedad que les discrimina y una cultura de la que no se sienten del todo parte, se desvanecen. A través de este espacio de diversión tanto para los “homies” como para las personas del barrio construyen puentes, aunque sea de forma efímera.

Algo similar encontramos en algunos colectivos en Quito, donde los cuidados y el tejido comunitario se construyen a través de acciones que parecen mundanas. Una de las primeras imágenes que nos llevaron a esta idea de los cuidados como políticas cotidianas y mundanas de y entre migrantes (Papadopulus y Tsianos, 2012), fue la de Daniel, coordinador de Venezuela en Ecuador. Este hombre corpulento y barbón continuamente arregla y repara el pequeño local que tiene la organización, para así ofrecer un espacio físico cómodo y digno. Lo hace con sus propias manos, haciendo del lugar un espacio de información para venezolanes recién llegades, y un sencillo pero accesible centro médico para migrantes y no migrantes que buscan servicios de salud a bajo costo y sin todo el papeleo y los filtros que hay en los programas de ayuda humanitaria y los servicios públicos locales. Cambiar las luminarias quemadas, preparar café, atender el timbre que suena constantemente, recibir familias con niñes y conectarlas con programas de alojamiento y alimentación, organizar agasajos navideños y además estar pendiente y pronunciarse públicamente sobre las cambiantes normas migratorias que hay en Ecuador, son algunas de las acciones que Daniel despliega junto a una red de aliades y activistas. En estas acciones hay una solidaridad y una ternura radical que mantienen a flote y facilitan la llegada y el asentamiento –transitorio o más permanente– de personas migrantes.

Asimismo, quienes son parte de Palenque se juntaron para cuidarse y recrear sus vidas en un contexto de creciente hostilidad contra personas extranjerizadas y racializadas. Mary, una joven originaria de Cartagena –Caribe colombiano– es una de las creadoras de este espacio que, como ella dice, se ha convertido en una especie de “albergue”, una “pequeña comunidad” y “un hogar con muchos migrantes”. Mary considera que los espacios comunitarios permiten escapar de procesos burocráticos y acceder a información útil y recursos necesarios para la vida diaria, no solo trabajo e ingresos sino también vivienda, que puede resultar difícil de conseguir cuando la xenofobia y el racismo campean. Por ello, se apoyan entre sí: juntes buscan un lugar para arrendar, luego mandan “al más blanquito y con menos acento extranjero” a hablar con les arrendataries y así evitan malas caras o rechazo por ser “migrantes y además negros”. Estas estrategias se combinan con otras, que también exigen una colectividad: preparar y servir comida, hacer música e intentar construir otras narrativas que les desestigmaticen. Así lo hicieron, junto al colectivo Corredores Migratorios del que son parte, cuando participaron en un encuentro académico y cultural sobre migración. Subieron al escenario, llamaron al público presente y nos sacudieron mientras leíamos la historia que habían escrito sobre el lugar de donde vienen. Una historia donde la pobreza y la violencia son parte de la cotidianidad, pero también la música, el baile, la olla comunitaria de sancocho y los lazos afectivos que sostienen la vida diaria y que, tanto en Colombia como en Ecuador, les han permitido fugar de experiencias de opresión y encontrar espacios de alegría y libertad.

Reflexiones finales

Los distintos espacios organizativos que conocimos y de los que aprendimos desarrollan estrategias diversas para reconstruir sus vidas en ciudades latinoamericanas marcadas por precariedades y un continuum de violencias, y para sortear barreras y fronteras internas. Hemos resaltado las prácticas cotidianas de acompañamiento, apoyo y cuidado y la construcción de redes comunitarias que migrantes, refugiades y retornades construyen, día a día, para abrir grietas en un sistema individualista, que fragmenta, despoja y constriñe la vida. Estas grietas se abren en clave de lucha colectiva, cuando se comparten y se vuelven comunes recursos que son esenciales para navegar en contextos restrictivos y violentos, y, a través de gestos mundanos de sociabilidad y afectividad, se reconstruye un tejido social y material que permite sostener la vida. Pero lejos de romantizar estas luchas, más bien acentuamos las continuas tensiones entre poder y resistencia, entre violencia y cuidados, entre políticas de muerte y, como destacan académicas y activistas feministas, la potencia –siempre indeterminada– que tiene la lucha colectiva de trenzar el sostenimiento humano y la defensa de la vida (Vega Solís, Martínez-Buján y Paredes, 2018) en contextos urbanos cada vez más hostiles. En este sentido, reconocemos que las ciudades, especialmente en América Latina, son, al mismo tiempo, espacios de oportunidades y desigualdades, precariedades y resistencias, como encontramos en Guadalajara y Quito. Por ello, las luchas y espacios organizativos de poblaciones en (in)movilidad, aunque se multiplican y adquieren nuevas y diversas formas, también pueden ser espacios precarios de lucha, con personas que continuamente entran y salen, vuelven a migrar o se desgastan entre la subsistencia diaria y el tiempo y los recursos que exige el activismo social y político. Insistimos, entonces, que se trata de “esperanzas pequeñas” y “estrategias minúsculas” pero necesarias en un momento en que el poder parece volverse mayúsculo.

Pero hay un elemento adicional en el que se vuelve evidente la articulación entre violencias y cuidados, en el que cobran sentido estas prácticas comunitarias para cuidarse, acompañarse y apoyarse como estrategias de lucha frente a las posiciones desventajosas a las que se ven enfrentadas. Para todas las personas con las que hablamos fue importante no solo el poder construir comunidad, sino también el saber que estaban apoyando a otras personas que se encontraran en situaciones similares a las suyas. El crear y fomentar estos espacios de lucha conjunta le ofrece a la población en movilidad herramientas para sortear las violencias cotidianas a las que se enfrentan: constante discriminación, falta de comprensión, explotación, violación de derechos, situaciones de precarización difíciles de superar, entre muchas otras que no pudimos mencionar aquí. Y es que además de su necesidad por construir redes para facilitar sus vivencias y sus experiencias en localidades en las que la incertidumbre es apremiante y la discriminación constante, las personas con las que hablamos tienen muy clara la necesidad de trascender las fronteras en sus luchas, la necesidad de construir comunidades y redes de solidaridad más amplias y más duraderas, particularmente para luchar contra un sistema cada vez más restrictivo. En este contexto resulta aún más evidente cómo los cuidados no son –no deberían ser– una práctica y una responsabilidad exclusiva de la familia nuclear, sino que son prácticas colectivas y cotidianas que a veces pasan desapercibidas. Así, lo comunitario se cierne en la necesidad de trascender lo individual, en palabras de Liliana, una de las co-creadoras de Caminantas. Comenzamos este capítulo haciendo alusión al momento concreto de restricciones y hostilidades al que se enfrentan múltiples poblaciones en (in)movilidad, pero lo que el análisis nos muestra es que, aunque las redes de solidaridad radical son indispensables para sostener la vida en momentos de crisis, no es sólo en estos momentos en los que es indispensable organizarse, sino que la construcción de comunidades y prácticas organizativas que se van armando también desde la cotidianidad, desde el acompañamiento y el cuidado, permiten actuar de forma más eficaz frente a estos momentos de crisis.

Bibliografía

Alba Villalever, Ximena, y Schütze, Stephanie (2021). Trayectorias migratorias y violencia organizada en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos. Periplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 5(1), 82-107.

Álvarez Velasco, Soledad (2019). Ecuador-México-Estados Unidos. La producción de una zona de tránsito entre políticas de control y la autonomía de la migración. En Blanca Cordero, Sandro Mezzadra, y Amarela Varela Huerta (coords.), América Latina en movimiento. Migraciones, límites y sus desbordamientos (pp. 63-98). México: Traficantes de Sueños/ Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Álvarez Velasco, Soledad y Varela Huerta, Amarela (2022). En el camino, ¿si nosotras no cuidamos, quién entonces? Mujeres, epidemiología popular migrante y economía del cuidado en los corredores migratorios de las Américas en tiempos de COVID-19. Revista Tramas y Redes, (2), 23-53.

Bayón Jiménez, Manuel et al. (2021). Viviendo al límite. Entre la discriminación y la indolencia: una aproximación a la inmigración en Ecuador. Quito: Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador, Red Clamor y GIZ.

Calva Sánchez, Luis (2024). Transiciones de la migración ecuatoriana en tránsito por México, 1998-2023. Carta económica regional, 36(133), 89-115.

Caminantas, red de mujeres migrantas (2022). Manual para trabajar en México. Dirigido a personas migrantes. Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL / Corporativa de Fundaciones / Fondo de Cooperación Alemán, GIZ.

Cockburn, Cynthia (2004). The continuum of violence. En Wenona Giles y Jennifer Hyndman (eds.), Sites of violence: Gender and conflict zones (pp. 24-44). Berkeley: University of California Press.

Fernández-Savater, Amador y Varela Huerta, Amarela (2020). Silencio, pasividad y disimulo: maneras de escapar cuando no hay salida y una Postdata. Acta poética, 41(2), 29-46.

Fisher, Berenice y Tronto, Joan (1990). Toward a Feminist Theory of Caring. En Emily Abel y Margaret Nelson (eds.), Circles of Care (pp. 36-54). Albany: State University of New York Press.

Gago, Verónica (2018). Neo-comunidad: circuitos clandestinos, explotación y resistencia en Buenos Aires. En Cristina Vega Solís, Raquel Martínez-Buján y Myriam Paredes (coords.), Cuidado, comunidad y común. Extracciones, apropiaciones y sostenimiento de la vida (pp. 75-93). Madrid: Traficantes de Sueños.

Gandini, Luciana y Fernández, Alethia (2022). Inclusión social de personas en movilidad en México: un reto heredado y acentuado con la pandemia de la COVID-19. En Gisela Zapata, Marcia Vera Espinoza y Luciana Gandini (eds.), Movilidades y covid-19 en América Latina: inclusiones y exclusiones en tiempos de “crisis” (pp. 131-153). México: UNAM.

Galtung, Johan ([1969] 2005). Violence, peace and peace research. En Matthew Evangelista (ed.), Peace studies. Critical concepts in Political Science (pp. 21-52). Nueva York: Routledge.

Gutiérrez Vázques, Edith (2022). Contar gente, contar historias: las migraciones a Guadalajara y Chapala. En Olga Aikin Araluce, Adriana González Arias y Asmara González Rojas (coords.), Diversidad migratoria en Guadalajara y Chapala (pp. 23-44). Guadalajara: ITESO.

Jokisch, Brad D. (2023). Ecuador Juggles Rising Emigration and Challenges Accommodating Venezuelan Arrivals. Migration Policy Institute-Migation Information Source. https://www.migrationpolicy.org/article/ecuador-migration-trends-emigration-venezuelans

Mallimaci Barral, Ana Inés et al. (2022). Migraciones y cuidados en y desde América Latina. Periplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 6(2).

Medina, Rafael Alarcón y Cordero, Blanca L. (2021). Capítulo 5. Homies en la línea: Deportación, cultura y subjetividades en la industria del teletrabajo en Tijuana. En Rafael Alarcón Medina (ed.), El call center global. Cultura, trabajo y poder en el capitalismo digital (pp. 179-212). México: El Colegio de la Frontera Norte.

Molinier, Pascale y Legarreta, Matxalen (2016). Subjetividad y materialidad del cuidado: ética, trabajo y proyecto político. Papeles del CEIC, (1), 1-14.

Papadopoulos, Dimitris y Tsianos, Vassilis (2012). After citizenship: autonomy of migration, organisational ontology and mobile commons. Citizenship Studies, 17(2), 178-196.

París Pombo, María Dolores (2016). Políticas migratorias restrictivas y violencia institucional contra los migrantes. Ecuador Debate, 97, 85-102.

París Pombo, María Dolores (2023). Externalization, violence, and migrants’ lengthy wait at Mexico’s northern border 1. En Ximena Alba Villalever et al. (eds.), Forced Migration across Mexico (pp. 57-72). Nueva York: Routledge.

Rivera Sánchez, Liliana (2013). Migración de retorno y experiencias de reinserción en la zona metropolitana de la Ciudad de México. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, (21), 55-76.

Rojas Wiesner, Martha Luz y Basok, Tanya (2020). “Legalidad ilegal” y precariedad: la perspectiva desde el sur de México. Sociologias, 22(55), 74-103.

Ruiz Muriel, Martha Cecilia (2023). On the Streets. Deprivation, risk, and communities of care in pandemic times. Anti-Trafficking Review, (20), 33-53.

Stang, Fernanda (2023). Luchas migrantes. En Cecilia Jiménez Zunino, Cecilia y Verónica Tprin (coords.), Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías críticas para su abordaje (pp. 275-286). Córdoba: Teseo Press.

Torre Cantalapiedra, Eduardo (2019). Violencia, migración y refugio. Una mirada reflexiva a contribuciones sobre violencia estructural y movilidad geográfica. Huellas de la Migración, 4(7), 81-107.

Tronto, Joan C. (1998). An ethic of care. Generations: Journal of the American society on Aging, 22(3), 15-20.

Varela Huerta, Amarela (2019). México, de ‘frontera vertical a ‘país tapón’. Migrantes, deportados, retornados, desplazados internos y solicitantes de asilo en México. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales, 14(27), 49-76.

Vega Solís, Cristina; Martínez-Buján, Raquel y Paredes, Myriam (coords.) (2018). Experiencias y vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el sur de Europa. Madrid: Traficantes de Sueños.

Vega Solís, Cristina (2019). Reproducción social y cuidados en la reinvención de lo común. Aportes conceptuales y analíticos desde los feminismos. Revista de Estudios Sociales, (70), 49-63.

Yarris, Kristin y Castañeda, Heide (2014). Encounters of Violence and Care. Central American Transit Migration through Mexico. Somatosphere Web. https://somatosphere.com/2014/encounters-of-violence-and-care-central-american-transit-migration-through-mexico.html/

Walsh, Catherine (2017). Gritos, grietas y siembras de vida. En Catherine Walsh (ed.), Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (pp. 17-45). Quito: Abya-Yala.

56 Aunque conocemos y reconocemos la creciente presencia de personas transgénero y no binarias en organizaciones de migrantes y refugiades, en este trabajo tuvimos que mantener un espectro binario de género dado que ninguna de las organizaciones y personas activistas con las que trabajamos se identificó por fuera de este binario.

57 La investigación fue financiada con una beca del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos, CALAS, por sus siglas en inglés.

58 Nuestro proyecto se centró exclusivamente en colectivos y organizaciones de base migrante y no en organizaciones de la sociedad civil o activistas de manera más amplia.

59 Traducción propia.

60 En Guadalajara trabajamos con dos organizaciones. En Quito con cuatro, además de una red de organizaciones; sin embargo, para este capítulo nos enfocaremos únicamente en dos de ellas.

61 Inicialmente, la organización trabajó también con mujeres, sin embargo, por la dificultad de las condiciones de trabajo, decidieron enfocarse exclusivamente en la población masculina.

62 Las cuatro organizaciones con las que trabajamos en Quito son: Venezuela en Ecuador, Ecuavella, Asociación Lluvia de Arco Iris, y un colectivo creado alrededor de un restaurante de comida afrocolombiana, Palenque. Además, seguimos a una red que articula a algunas de las organizaciones antes mencionadas: Alianza Migrante.

Sobre las autoras y los autores

Ximena Alba Villalever

Doctora en Antropología por la Freie Universität Berlin, en Alemania. Es docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad, y coordinadora del área de Estudios de Género en el programa de Master sobre Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina. Su publicación más reciente, en coautoría, es el libro Forced Migration in Transit. Migrant Experiences of Organized Violence in Mexico and Turkey, publicado por Routledge en 2024.

Paola Bonavitta

Doctora en Estudios Sociales de América Latina, magister en Sociología y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomada en Feminismos Campesinos, Populares e Indígenas del Abya Yala por la Universidad Nacional de Jujuy y en “El feminismo en América Latina: aportaciones teóricas y vindicaciones políticas” por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora adjunta de CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es parte del Programa de Género de la Universidad Provincial de Córdoba y docente de grado y posgrado de dicha institución. Se ha especializado en los estudios de género, sostenibilidad de la vida, violencias de género y educación. Coordina El Telar, comunidad de pensamiento feminista latinoamericano y la asociación civil de dicha comunidad.

Bruna Salles Carneiro

Doutoranda e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisadora do Grupo Trabalho e Resistências da UFMG e do Diverso UFMG – Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. 

Juliana Farias

Professora adjunta do Departamento de Sociologia da UERJ; coordena o projeto de extensão “Militarização e marcadores sociais da diferença” (DSOC/ICS/Uerj – PR3 Depext no 7731) em articulação com sua participação na Rede Transnacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA). Doutora pelo PPGSA/UFRJ. Pesquisadora do CIDADES/Uerj e do MTTM/USP.

Natalia F. Franco

Doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Villa María, Argentina. Maestranda en Gerontología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Es becaria doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Es Licenciada y Profesora en Psicología por la UNC. Diplomada en Diversidad Sexual por la UNC y en Formación en Acompañantes Comunitarias/os Contra la Violencia de Género por la Universidad Provincial de Córdoba y el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Se ha especializado en estudios de género, feminismos, violencias patriarcales, envejecimiento y vejez.

Pedro Augusto Gravatá Nicoli

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e membro do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. É Doutor em Direito pela UFMG. Concluiu dois pós-doutorados, um na UFMG em 2015 e outro no departamento de Gênero, Sexualidade e Estudos Feministas da Duke University, nos Estados Unidos. Foi pesquisador visitante no Collège de France, na Organização Internacional do Trabalho, no Instituto de Estudos Avançados de Nantes e na Universidade de Estrasburgo. É chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito da UFMG. É coordenador do Diverso UFMG – Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual e de Gênero. Desenvolve pesquisas em Direito do Trabalho, Direitos Humanos e diversidade, especialmente em temas como precariedade, informalidade, margens do mundo do trabalho, gênero, sexualidade, direitos LGBTQIA+ e cuidado.

Carolina Rezende Moraes

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na Universidade de Brasília, onde também formou-se mestre em Ciência Política e bacharela em Direito. Além disso, é pesquisadora no Supremo Tribunal Federal. Entre suas publicações, citam-se “Alternative Models of Care and Sex Work: Sex Workers’ Activism Disputing Public Policy In Brazil” (2023) e “We Are in Quarantine but Caring Does Not Stop: Mutual Aid as Radical Care in Brazil” (2020).

Raquel Rojas

Docente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Su investigación explora cuestiones de desigualdad e interseccionalidad, relaciones laborales y el impulso para transformar el cuidado de una preocupación privada en un asunto de política pública. Antes de incorporarse a la Universidad de Cambridge, Raquel fue investigadora y docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin (2021-2023), e investigadora postdoctoral en Mecila, el Centro Maria Sibylla Merian Centre for Conviviality and Inequality in Latin America (2023-2024). También fue becaria PLAS de Princeton en 2024. Raquel es doctora en Sociología por la Freie Universität de Berlín y máster en Ciencias Sociales por la Universidad Humboldt de Berlín. Desde 2018, ha sido reconocida como investigadora de Nivel I por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT-Paraguay).

Martha Cecilia Ruiz Muriel

Doctora en Ciencias Sociales por la Vrije Universiteit Amsterdam, en Países Bajos. Es profesora visitante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador, en el Departamento de Sociología y Estudios de Género, y docente de la Especialización en Migraciones Internacionales, Desarrollo y Derechos Humanos. Además, es coordinadora de investigaciones de la Fundación Quimera, organización integrante del Observatorio Latinoamericano sobre trata de personas y tráfico de migrantes, capítulo Ecuador. Publicó en 2022 el libro Transacciones eróticas en la frontera sur de Ecuador, editado por FLACSO Ecuador.

Marcial A. Garcia Suarez

Doutor em Ciência Política e professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, Rio de Janeiro. Foi pesquisador do Belfer Center for Science and International Affairs da Harvard Kennedy School (2006-2007) e pesquisador sênior do Maria Sibylla Merian Centre for Conviviality and Inequality in Latin America (MECILA), em São Paulo (2024). Sua pesquisa concentra-se na violência e suas dinâmicas a partir de uma perspectiva comparada, com interesse particular nos modos de governança criminal na América Latina. Editou os livros Power Dynamics and Regional Security in Latin America (2017, Palgrave Macmillan), Brazil in the Contemporary Political Context: Challenges and Perspectives (2021) e International Politics in the Americas: Challenges and Tensões (2022), os dois últimos publicados pela Editora da Universidade Federal Fluminense, e State Lethality, Organized Crime, and Criminal Governance as a Political Agenda in Latin America pela Lexington Publishers (2026). Coordena o Grupo de Análise de Política Internacional da Universidade Federal Fluminense, com foco em questões relacionadas ao estudo da violência em suas diversas formas e em diferentes níveis, seja local, nacional ou internacional. É atualmente pesquisador visitante na Universidade de Colônia como parte do projeto MECILA.

Natalia Tejero Rivas

Doctoranda en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Su investigación actual gira en torno a la circulación de seguridad en la región latinoamericana así como la convergencia de la policía y militares en las nociones de seguridad nacional. Anteriormente ha trabajado en temas de necropolítica en México y en la conceptualización del feminicidio como teoría de seguridad crítica desde América Latina.

Regina Stela Corrêa Vieira

Professora de Direito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É doutora, mestra e bacharel em Direito pela Universidade

de São Paulo (USP). Realizou um estágio de pesquisa doutoral no Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris, equipe

“Genre, Travail et Mobilités” (CRESPPA-GTM). É pesquisadora do Cebrap e proponente da pesquisa “Who Cares? Rebuilding care in a post-pandemic world” (CEBRAP). Atualmente, atua como coordenadora-adjunta do Núcleo TransUnifesp (2025-2027).

Izadora Xavier do Monte

Professora do curso de Relações Internacionais da UEPB. Doutora em Sociologia pela Universidade de Paris 8, mestre em Política Internacional e Comparada pela UnB e em Gênero, Política e Sexualidades pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Foi junior fellow no SCRIPTS, Contestations of the Liberal Script, na Universidade Livre de Berlim e também no Mecila, programa conjunto da Universidade de Colônia e CEBRAP. Pesquisa sobre gênero e militarização no Brasil.