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América Latina

La democracia en la encrucijada

Edición en homenaje a la visita de la presidenta Dilma Rousseff a la Argentina

Nicolás Trotta y Pablo Gentili (Compiladores)

Víctor Santa María (Prólogo)

Alejandro Grimson I Antonio Elías Boaventura de Sousa Santos I Casandra Castorena Sánchez

Cecilia Nahón I Daniel Filmus I Darío Salinas Fernando Mayorga I Ignacio Ramonet I Julio C. Gambina

Jürgen Habermas I Leandro Morgenfeld I Lorena Soler Pablo González Casanova I Theotônio dos Santos Verónica Giordano I Yamandú Acosta

ÍNDICE

Prólogo

Víctor Santa María

Presentación

Nicolás Trotta y Pablo Gentili

HACIA DÓNDE VA AMÉRICA LATINA

América Latina y el mundo: crisis, tendencias y alternativas

Pablo González Casanova

Una década de transformaciones en América Latina

Daniel Filmus

La ofensiva del gran capital y las amenazas para América Latina

Theotônio dos Santos

América Latina: nuestra

Yamandú Acosta, Verónica Giordano y Lorena Soler

La ofensiva del capital y el ocaso del progresismo en el Mercosur

Antonio Elías

La democracia intercultural en América Latina: procesos y desafíos

Fernando Mayorga

TRUMP Y AMÉRICA LATINA

El triunfo de Donald Trump: paradojas y peligros para América Latina

Cecilia Nahón

El plan Trump y sus impactos en México

Casandra Castorena Sánchez

Trump entre el proteccionismo y la liberalización

Julio C. Gambina

Los desafíos de América Latina tras el terremoto Trump

Leandro Morgenfeld

América Latina y el Caribe ante el próximo gobierno estadounidense

Darío Salinas

DESAFÍOS MUNDIALES

Las 10 claves que explican el Nuevo Sistema Mundo

Ignacio Ramonet

Por una polarización democrática: cómo segar la hierba bajo el populismo de derechas 

Entrevista a Jürgen Habermas

Tiro de gracia a la globalización

Alejandro Grimson

La incertidumbre: entre el miedo y la esperanza

Boaventura de Sousa Santos

Prólogo

Víctor Santa María*

América Latina: la democracia en la encrucijada reúne aportes que nos ayudan a pensar algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy nuestro país, la región y el mundo.

Publicamos este libro en ocasión de la visita de la presidenta Dilma Rousseff a la Argentina, un evento organizado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dilma representa uno de los íconos más destacados en la lucha por la defensa de la democracia. Trágicamente, el golpe que la destituyó ha puesto en evidencia las nuevas formas de desestabilización que enfrenta hoy el estado de derecho democrático, inclusive en una nación con las dimensiones y la importancia geopolítica de Brasil.

Hemos invitado a Dilma Rousseff a la Argentina porque queremos homenajear a una de las grandes mujeres latinoamericanas, a la presidenta democráticamente elegida por más de 52 millones de brasileños y brasileñas, que ha comandado, junto con Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los procesos de transformación social y de ampliación de derechos ciudadanos más significativo de la historia latinoamericana.

Publicamos este libro porque creemos que siempre ha sido fundamental acompañar nuestras experiencias de cambio con análisis críticos, reflexiones, interpretaciones, debates e intercambios plurales y abiertos, que nos permitan entender cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos.

En este volumen podrán encontrarse numerosos aportes, todos ellos recientes y producidos a la luz de los cambios que está viviendo América Latina y el mundo, que ayudan a comprender y a debatir qué factores y procesos configuran hoy algunas de las principales tendencias políticas, económicas, sociales, culturales y educativas que nos obligan a repensar nuestras estrategias de lucha en defensa de la democracia.

Este es uno de los desafíos que nos propusimos cuando creamos la Universidad Metropolitana para la Educación y elTrabajo, UMET. Que ríamos construir un espacio de formación superior de los trabajadores, gestionado por sus organizaciones sindicales y pensado para ofrecer una oportunidad educativa de excelencia académica que combine los gran des desafíos de una formación humana integral, con los aportes con temporáneos y fundamentales para la formación profesional en distin tos campos del conocimiento.

Desde su fundación, hace poco más de tres años, la UMET no ha parado de crecer, afirmándose como una universidad de nuevo tipo, que ratifica en cada acción su vocación pública y su compromiso con la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias. Es por eso que la UMET ha intervenido de forma cada vez más activa en el debate público nacional y regional, organizando actos, jornadas, simposios y conferencias de gran impacto, y contribuyendo con la circulación y producción de ideas y de conocimientos fundamentales a través de la edición de documentos, revistas y libros que, como éste, nos ayudan a comprender mejor qué está pasando, para luchar mejor por los principios que siempre hemos defendido: la construcción de sociedades más inclusivas, de democracias más activas, de una mayor participación de los trabajadores y de las trabajadores en la definición de los destinos de nuestras naciones. En definitiva, la construcción de sociedades más justas, donde la soberanía popular no sea sistemáticamente subordina a la voluntad y a la arbitrariedad de los poderosos.

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”, sostuvo alguna vez Evita. Y este es el desafío que asumimos desde la UMET y que tratamos de construir con otras organizaciones como CLACSO. Un desafío que nos impone la necesidad de hacer del conocimiento una herramienta de lucha para afirmar derechos, para construir libertades y multiplicar oportunidades a los que siempre se las han negado las oligarquías y los poderes dominantes. Creemos que este debe ser el papel de la universidad en una sociedad democrática.

Pensar y contribuir a entender las encrucijadas de la democracia en América Latina y el mundo quizás no alcance para enfrentar los grandes retos con que nos interpelarán las luchas populares. Sin embargo, si no somos capaces de entender qué ha pasado, por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos, seguramente tendremos grandes dificultades para organizar las resistencias y proponer las alternativas que hoy nos exige la construcción de un proyecto político basado en la promoción de la igualdad, la afirmación más irrestricta de los derechos humanos, la democracia y la justicia social, en una Argentina y en una América Latina cada vez más injustas y desiguales.

Este pequeño libro es un paso más en el inmenso desafío democrático que deberemos enfrentar juntos.

*. Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), director del Grupo Octubre, secretario de Cultura de la CGT, presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, diputado por el Parlasur.

Presentación

Nicolás Trotta* Pablo Gentili **

La democracia enfrenta hoy una profunda crisis. Quizás, la haya enfrentado siempre. Pero en América Latina esta crisis tiene un sentido muy especial. Hemos vivido tiempos de profundas transformaciones. Momentos de cambio en que gobiernos progresistas y populares promovieron políticas públicas de inclusión social que afirmaron y ampliaron derechos históricamente negados a las grandes mayorías.

Avanzamos en una disminución de la pobreza y de la exclusión social sin precedentes; la educación pública amplió sus alcances y millones de jóvenes latinoamericanos ingresaron a la universidad, siendo gran parte de ellos la primera generación de estudiantes de nivel superior en sus familias; en algunos de nuestros países, el mercado de trabajo experimentó un significativo proceso de formalización, haciendo de la ampliación del empleo un efectivo mecanismo de inclusión y estabilidad; los derechos humanos ampliaron su horizonte, afirmándose en nuevos campos: la diversidad étnica, cultural y sexual, la plurinacionalidad, los bienes comunes, el desarrollo sostenible, el acceso a la información y el conocimiento, la salud reproductiva, la paz, el buen vivir y tantos otros. Fueron años de una profunda transformación democrática en nuestra región.

Pero también, y como amarga paradoja, fueron años en los que la democracia no pareció ser el camino que las sociedades eligieran para profundizar, multiplicar y ampliar estos cambios.

La nuestra es una crisis en la que se ha puesto en jaque no solo la democracia social, participativa, deliberativa y popular, sino también la democracia representativa y republicana, inclusive en su versión más tímidamente reformista. No vivimos solo una crisis de la democracia sustantiva, radical, transformadora y libertaria. Vivimos la crisis de la democracia burguesa en su versión más sistémica: aquella en que los ciudadanos y ciudadanas solo cuentan como votantes ocasionales, aspirando mediante el recambio de gobernantes a maximizar su bienestar y a defender sus intereses y privilegios.

La situación parece compleja y, no pocas veces, perturbadora. En América Latina, o las sociedades no votan o, cuando lo hacen, eligen gobiernos que claramente se contraponen a los derechos que afirman su reconocimiento como sujetos ciudadanos. La gente, cuando vota, parece estar votando contra la gente. Muchas veces, siquiera vota. Expresa su opinión con la contundencia del silencio, o la indiferencia.

En Paraguay y Honduras, dos golpes de Estado derrocaron sus gobiernos democráticos ante la casi total indiferencia mundial. 52 millones de brasileños y brasileñas votaron por Dilma Rousseff, lo cual poco importó a la hora dedestituirla mediante un golpe infame que ha puesto a Brasil al borde del abismo autoritario. Colombia avanzó en el inmenso desafío de construir una paz duradera que acabara con más de medio siglo de guerra. Sin embargo, más del 65% de la ciudadanía no se pronunció en el plebiscito convocado a tal fin. Así, menos del 20% del total de los votantes se expresaron en contra del acuerdo de paz, lo cual alcanzó para ganar la consulta. Un hecho que expresa sin eufemismos la fragilidad de una democracia en la que, ante asuntos de la mayor relevancia, la ciudadanía siquiera se siente interpelada a opinar.

En todos los países de la región aumenta el abstencionismo.

En otros, cuando la gente vota, parece confiar más en los representantes conservadores o en salvadores mesiánicos, que en los partidos progresistas, liberales o republicanos. El triunfo de Mauricio Macri en la Argentina y el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, alertan sobre una tendencia que se amplía en la región: la emergencia de gobiernos de derecha que llegan al poder prometiendo redoblar y consolidar las conquistas democráticas de los últimos años, ampliando la inversión externa, estabilizando las economías, mejorando los indicadores sociales y la inserción de nuestros países en el mundo. Una promesa que se aproxima a la estafa electoral, cuando observamos que, en el caso argentino, concluyendo el primer año de gobierno de Macri, lo que quedan son 5 millones de nuevos pobres, un endeudamiento de más de 45 mil millones de dólares, un déficit fiscal creciente, una inflación galopante, un desempleo en ascenso y la multiplicación de privilegios, prebendas y beneficios para las oligarquías locales, los grupos multinacionales que dominan la economía nacional y los amigos del poder.

En la actual coyuntura, todo proyecto de defensa y afirmación de la democracia debe asumir el desafío de pensar qué ha ocurrido en nuestros países y qué factores podrán orientar la reproducción de regímenes cada vez más excluyentes y discriminadores, o la emergencia de procesos de resistencia y lucha popular que permitan revertir el nuevo ciclo conservador que se cierne sobre nuestra región. Entender, en definitiva, qué ha pasado en América Latina, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para fortalecer alternativas democráticas que superen este modelo de exclusión que amplía y multiplica la injusticia social en la región más desigual del planeta.

Este libro, que publicamos en ocasión de la visita de Dilma Rousseff a la Argentina, aspira a contribuir con esta tarea.

En su primera sección, “Hacia dónde va América Latina”, Pablo González Casanova, Daniel Filmus, Theotônio dos Santos, Yamandú Acosta, Verónica Giordano, Lorena Soler, Antonio Elías y Fernando Mayorga, nos ayudan a entender algunas de las dimensiones que permiten hacer un diagnóstico crítico acerca de lo que ha ocurrido en nuestra región durante los últimos años, apuntando sobre desafíos y retos aún pendientes.

La segunda sección, “Trump y América Latina”, cuenta con los trabajos de Cecilia Nahón, Casandra Castorena Sánchez, Julio C. Gambina, Leandro Morgenfeld y Darío Salinas, quienes analizan diferentes aspectos y consecuencias del que, para muchos, ha sido el inesperado triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Un hecho que, sin lugar a dudas, tendrá grandes efectos regresivos y antidemocráticos en la geopolítica mundial.

Finalmente, en la tercera y última sección, “Desafíos mundiales”, Ignacio Ramonet, Jürgen Habermas, Alejandro Grimson y Boaventura de Sousa Santos, desmenuzan algunos de los grandes desafíos que a nivel global nos interpelan y nos exigen una gran dosis de esperanza y creatividad política.

Debatir las encrucijadas de la democracia es hoy, más que nunca, una forma de contribuir a hacer de las nuestras sociedades más justas, más igualitarias y libres. Ojalá que este libro sirva para inspirar reflexiones y luchas que nos ayuden a avanzar en esta dirección.

* Rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y del Trabajo, UMET.

** Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ.

Hacia dónde va América Latina

América Latina y el mundo: crisis, tendencias y alternativas

Pablo González Casanova*

El sistema de dominación y acumulación en que vivimos –conocido como capitalismo– tiene como atractor principal la acumulación de poder y riquezas. En su comportamiento actual, para lograr sus fines el sistema emplea todos los modos de producción que lo precedieron. Combina el trabajo asalariado con el esclavismo, y uno y otro con el trabajo del siervo y con las nuevas formas de tributación y despojo, que hoy se ocultan en deudas impagables y réditos usureros, que los acreedores cobran con bienes y territorios por las buenas o por la fuerza.

A los países endeudados, cuando les llega la hora de pagar y no tienen con qué, los hacen acumular deuda sobre deuda y pagar más y más intereses hasta que por fin los embargan y los obligan a desnacionalizar y privatizar propiedades nacionales y estatales... es decir, los despojan. Esa es la nueva acumulación primitiva o por desposesión en una de sus muchas variantes. Todo ocurre en un conocido proceso por el que los gobiernos deudores someten sus decisiones, su dignidad y sus políticas a las corporaciones y complejos acreedores, que son quienes realmente mandan.

Los políticos colaboracionistas creen que ser un buen político es obedecer a esos que mandan, es enriquecerse con los que mandan y es llegar a ser como los que mandan. Piensan que así es la vida, y hasta dicen y se dicen que la historia también es así, y que quienes no entienden los cambios actuales se están aferrando a un pasado que ya no existe, y se ocultan los avances con sus necios prejuicios.

Piensan también que en este mundo, aunque no lo digamos, todos somos sinvergüenzas, pero que ellos –los políticos distinguidos, y que mandan, queramos o no– son más inteligentes y eficaces que quienes los critican. Ganas tuvieran sus opositores de ser como ellos. Así piensan.

Todo lo anterior parecería anecdótico si no sirviera para darnos cuenta de que la crisis que vivimos es una crisis económica, moral, intelectual, política y social. Es una crisis que abarca todas las actividades de la vida humana, incluso las del conocimiento de lo que pasa y de lo que va a venir en el mundo y el país. Y en la que sus trabajadores de tierra, mar y aire, sus campesinos, agricultores y mineros, sus comunidades indígenas y no indígenas, sus sectores medios y sus juventudes, tendrán más posibilidades de defenderse, y de ganar, si a una organización de organizaciones sectoriales, regionales, fabriles, comunales, barriales, añaden la organización desde abajo y con los de abajo de su voluntad colectiva y personal; la organización de su conocimiento y del saber, la organización de su conciencia para mejor lograr lo que los trabajadores y los pueblos quieren, y para impulsar –lo que es fundamental– el fortalecimiento y organización de nuestra moral de lucha, de cooperación, de compañerismo y también de concertación de voluntades tanto para resistir como para luchar. Y así construir las relaciones y estructuras de otro mundo posible y necesario en que, con la democracia –como poder del pueblo–, se organice la vida y el trabajo para alcanzar esa emancipación, esa libertad y ese respeto a las diferencias de raza, edad, sexo, religión, filosofía, para las que la humanidad dispone hoy de conocimientos y técnicas que consolidan la emancipación humana.

Si los sueños del pasado se quedaron en sueños –y los sueños, sueños son–, hoy, con las técnicas de organización de que disponemos y una fuerte moral colectiva, se pueden realizar si no cejamos en nuestra decisión de lucha y nos organizamos en redes, en coordinadoras, en colectividades, en colectivos, en comités de fábrica, de barrio, de calle y en otros enlaces presenciales y a distancia, que constituyan un nuevo tipo de partido capaz de construir las bases de otro mundo posible.

Hoy podemos hacer que nuestra lucha solidaria de pueblos y trabajadores viva ese paso de lo ideal que se vuelve real. Sí se puede. Aunque estemos en plena tormenta, o por eso mismo.

La crisis en que vivimos es una crisis que rompe muchas de las tendencias que se daban, en particular las que buscan su solución dentro del actual sistema de dominación y acumulación capitalista, con sus mentirosos actos caritativos, generosos, humanitarios, y hoy, hasta dizque para salvar la tierra que ellos mismos están, con su entrañable codicia, destruyendo.

Las grandes crisis de este sistema de dominación y acumulación movido por el afán de poder, de riquezas y utilidades, no solo obedecen a que baja la tasa de utilidades de las compañías, o a que hay problemas de sobreproducción o de subconsumo. No solo se deben a especulaciones de unos cuantos banqueros que quiebran a miles de deudores, como la crisis que se desencadenó en 2008 y que sirvió de detonador de esta, de la que el mundo todavía no sale.

Las crisis se producen también deliberadamente por las corporaciones financieras, para maximizar su poder, sus riquezas y utilidades, para debilitar a los trabajadores y hacer que pierdan sus derechos y bajen la fuerza de sus demandas y que, hasta para comer, se sometan a toda suerte de tiempos, ritmos, riesgos, salarios de hambre, enfermedades seguras y daños incurables.

Las crisis provocadas, inducidas, sirven a la vez para que las grandes corporaciones hagan negocios a costa de medianas y pequeñas empresas, y hasta de países a los que sacan fuera de los mercados nacionales e internacionales, o a los que entre deudas, presiones y colusiones someten, suplantan o integran a sus propias compañías privadas –como es el caso del petróleo mexicano–, o de inmensas regiones del territorio nacional que pasan y pasarán a ser “enclaves coloniales”. Las crisis inducidas se enfocan también contra los servicios públicos, que los grandes capitales quieren privatizar a toda prisa, o en incesantes acometidas, como ocurre con las universidades, los hospitales, las pensiones... y con la educación toda, que buscan desmoronar para transformarla en negocio de unos cuantos. En esos servicios públicos codiciados incluyen hasta las pensiones y jubilaciones y el conjunto de la seguridad social. Todas esas actividades, en vez de ser una carga fiscal, aumentan sus haberes y poderes. Así como los patrones de la educación forman estudiantes mental y materialmente eficaces y eficientes para los servicios que requieren, o los patrones de los hospitales estimulan tratamientos y medicamentos que duran tanto como lo que permiten los recursos y seguros de los clientes…

Empeñados en tan fieros empeños, los grandes patrones ni por asomo piensan en las personas a las que despojan y ponen en la calle, sanos o enfermos, y que de la noche a la mañana se quedan sin recursos para sus gastos elementales de salud, educación, pensiones, producción, comunicación, servicios, alimentación y hasta de agua para beber. Es más, a quienes se vuelven vendedores de la calle, cuidadores de automóviles, boleros*, plomeros, relojeros, les quitan sus trabajos con persecuciones de la policía o con productos que ya no tienen compostura, o que salen “compactos” de las grandes fábricas y, cuando una pieza no sirve, se van a la basura.

La variada ofensiva afecta a grandes y pequeños países, campos y ciudades, montes y lagos, ríos y mares, suelos y subsuelos, lo cual significa una creciente disminución de los empleos y de las fuentes de trabajo, medidas a las que acompañan con macropolíticas de represión y corrupción que no solo incluyen la violación de los derechos nacionales sobre el territorio, la población, la soberanía, sino los derechos humanos que ellos mismos dicen defender y que de por sí ya están muy limitados.

Entre sus agresiones destaca el incesante ataque a los derechos agrarios de las comunidades, y el despojo por parte de narcos y mafiosos de los recursos y las tierras de ejidatarios*, comuneros y pequeños propietarios. La ofensiva no sólo incluye los derechos sociales y los de los agricultores y campesinos, sino los derechos sindicales y los derechos ciudadanos... Es más, a la devaluación de la moneda, a la inflación creciente que prepotentemente juraron controlar, añaden la congelación de salarios en moneda y especie, o servicios y mercados antes subsidiados y hoy desaparecidos o por desaparecer a favor de megaempresas que todo lo producen y todo lo venden, hasta las semillas de las que la vida no nace, y los remedios que desatan pandemias.

Mientras eso y más ocurre –y al mismo tiempo–, los hacedores de tanto daño, y que a tantos dañan, se pasean y pavonean haciendo como que son grandes señores, respetables funcionarios, responsables y seguros empresarios, eficientes y eficaces hombres de Estado. A su pública apariencia añaden un doble teatro que también pone en crisis la realidad... desapareciéndola... ¡La realidad no aparece! De un lado, si el éxito de la dominación en crisis se debe a la cooptación y colusión de cuadros y clientelas subordinadas y subrogadas que circulan a través de todo el sistema gubernamental abierto y encubierto, de otro se debe al arte maravilloso de la televisión, de la propaganda, a la sociedad de consumo, combinada con mezclas, alianzas y amalgamas de una macropolítica de corrupción y represión que funciona desde los grandes mandos de la globalización neoliberal y “desde la sombra” hasta los gobiernos y grupos criminales abiertos y encubiertos que juegan sus respectivos papeles entre autonomías y sujeciones, entre soberanías y servidumbres, amalgamadas o coludidas…. Con razón muchos autores no solo hablan de una crisis del capitalismo sino de una crisis de la civilización. Algo de eso es lo que está pasando aquí y en el mundo que domina el complejo empresarial-militar-político y mediático de Estados Unidos y de la Unión Europea, con sus redes de aliados, socios y subordinados de una globalización que se distingue de la política imperialista anterior por lo menos en dos terrenos: uno consiste en que, más que dominar a los Estados-Nación desde un centro rector, las sedes imperiales están organizando una burguesía global, cuyos enlaces consolidados reciben el apoyo necesario para enriquecerse y acumular, siempre que del ingreso nacional total las corporaciones se queden con la mayor parte. A esas medidas que organizan la lucha de clases global, quienes de veras mandan añaden otras por las que regularmente dominan a sus socios periféricos. Consisten estas en darles “luz verde” en la corrupción y la represión, una corrupción y represión de las que se benefician en grande las metrópolis y que la banca mundial oculta, cuando en realidad son ellas y ella quienes hacen del narcotráfico y el terrorismo uno de los principales negocios del “enlace globalizador” de las corporaciones financieras, armamentistas, mineras, agroindustriales, constructoras, y de los variados servicios que les dan para la construcción de infraestructuras y meganegocios en las ciudades y territorios de la periferia, al tiempo que los gobiernos nativos adquieren cuantiosas deudas interiores-exteriores, que no destinan al desarrollo del país sino a la importación de materiales y productos que los prestamistas producen y de los que se deshacen en ventas negociadas para el descomunal enriquecimiento y la buena marcha de las corporaciones y sus deudores. La creciente deuda externa no se emplea así para adquirir bienes de producción que les hagan competencia en medio de la crisis sino para la adquisición de bienes de consumo que las corporaciones no tienen a quién vender.

A tan nuevas y renovadas medidas se añade otra más, que es importante señalar, y es la que concierne a la organización global de la lucha de clases, que corresponde a la impresionante novedad de los llamados “golpes de Estado blandos” aplicados sobre todo contra los llamados “gobiernos progresistas” o “de izquierda”. En la lucha global de clases se usan, con beneficios sin cuento, los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno local, asesorado e informado este por el gobierno global y apoyados abiertamente por las burguesías nacionales. En la lucha se combinan las guerras “internas”, reales, con las virtuales, con o sin uso de los militares, y mediante la combinación de la inflación con el desabastecimiento, de la publicidad y la propaganda con los agentes provocadores. La novedad prevaleciente se basa en el uso de las contradicciones de clase de pueblos y trabajadores, que tiran a los gobiernos progresistas con el apoyo de los poderes legislativo y judicial, y a veces con el del segundón en el poder ejecutivo, todo en medio de un ejército que defiende el orden legal existente... La globalización es otro imperialismo, muy otro, en Occidente y también en Oriente; en el neoliberalismo de aquí y en el estatismo no menos sofisticado de allá.

En cuanto a los gobiernos que luchan eficaz y eficientemente en las redes de los socios comprometidos y leales, la globalización neoliberal apoya su fidelidad siempre que le den más y más de lo que les piden o que no incurran en desobediencias. En ambos casos se les amenaza con denunciarlos y, si es necesario, cuando ya no les sirven, las propias corporaciones y complejos apoyan las denuncias de latrocinios y crímenes, y les aplican los calificativos de “gobiernos fallidos” o de “gobiernos canallas”. Así es el arte de gobernar “eficientemente”, así se ejerce una llamada “democracia” que ha sido privatizada por las grandes corporaciones y utilizada por la clase política para ocupar puestos jugosos de elección popular y disponer de las ventajas y concesiones de que se sirven sus jefes políticos y clientelas.

En México, el sistema político, con sus sindicatos y organizaciones del antiguo sector popular, obrero y agrario, actúa en un mundo fantasmagórico en que las mutuas acusaciones de corrupción o violencia criminal, individual y colectiva, generalmente son inconsecuentes y “allí quedan” –en meras denuncias–; mientras los partidos políticos, a más de sus luchas internas y de sus alianzas desideologizadas entre los que se dicen de derecha o de izquierda, más que presentar y defender un programa alternativo socialdemócrata, o reformista, o que retome como programa la Constitución que ya se deshizo, se dedican a acusaciones personales de latrocinios, crímenes y flaquezas, con un agravante más: que cuando presentan un programa para la solución de los problemas nacionales y sociales, sus candidatos, una vez elegidos, casi siempre se olvidan de las promesas y muestran, con variados tonos, su pobre y elocuente deterioro moral.

En medio de tan grave situación se dan dos circunstancias a nivel mundial que hacen cada vez más necesaria la organización de los pueblos y los trabajadores: la amenaza a la vida en la Tierra si el capitalismo subsiste, y el horror sistémico que vive la humanidad con la actual organización del trabajo y de la vida.

Para la solución de todos esos problemas y para el establecimiento de una democracia desde abajo y con los de abajo, el papel de los trabajadores va a ser crucial, y a su presencia como actores fundamentales de la emancipación quiero dedicar unas palabras finales, a reserva de referirme en otra ocasión al reciente Congreso Nacional Indígena y del EZLN con su extraordinario acuerdo de consultar a sus comunidades sobre la posibilidad de librar la lucha electoral con todos los mexicanos que se sumen al proceso emancipador, y que para ello fundan el poder del pueblo mexicano. Los trabajadores cumplirán en este y en todos los proyectos emancipadores un papel fundamental para su organización y éxito. De hecho, todos los problemas referidos incluyen la presencia activa de los trabajadores en su sentido más amplio, que es el correcto, y al mismo tiempo hay otros problemas que directamente les conciernen y de los que me gustaría hablar, así como de los retos que se les presentan para una organización y una lucha que puedan hacer de la clase obrera y del pueblo trabajador uno de los actores que con su vanguardia construya la democracia, es decir, la soberanía del pueblo sobre la de monarcas, oligarquías, burocracias y corporaciones.

La crisis está afectando en el mundo y en nuestro país a los trabajadores como a la inmensa mayoría de los seres humanos y amenaza afectar a todos los seres vivos y al mismo planeta Tierra. Esto es científicamente exacto. Pero por lo que se refiere a los trabajadores, algunos datos y cifras pueden ser muy ilustrativos, y son esenciales para darnos cuenta de la urgente tarea de organizarnos y de las mejores formas de hacerlo.

Empleo un estilo telegráfico para dar cuenta de algunos. Según la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de personas son víctimas de trabajo forzado. Según la Walk Free Foundation, el número de esclavos en México es de 376.800 personas. Los peligros de desempleo por la robotización y el uso de nuevas tecnologías y de “sistemas inteligentes” varían en las distintas regiones y en una misma región. El riesgo de la automatización del trabajo en los países de la OCDE alcanza el 9%. Parece estar subestimado... Una investigación de la Universidad de Oxford calcula que los trabajos en alto riesgo de perderse alcanzan al 47% en Estados Unidos.

En todos estos casos se habla de trabajos que pueden ser automatizados en una década o dos. La mayoría corresponde a transportes, labores de producción y también de trabajo administrativo y de oficina. Otra amenaza más se refiere a los desplazados por la violencia, que según el Consejo Noruego para refugiados en México llegan por lo menos a 281.400, con unos que son masivos –es decir de 10 o más familias–, y en que destacaron 15 estados. De 2007 a 2011 se estima que pasaron a Estados Unidos 115 mil personas de las 254 mil que querían entrar solo en Ciudad Juárez.

Como la ayuda a los campesinos ha sido totalmente abandonada de acuerdo con la política neoliberal globalizadora, 11.300.000 mexicanos se encuentran en la extrema miseria, cifra proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Entre trabajadores, periodistas, estudiantes, líderes comunales y muchos otros, como víctimas se registran más de 100.000 homicidios intencionales de 2006 a 2012, según el Informe Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Según cifras estimadas de organizaciones de la sociedad civil, el promedio anual de migrantes indocumentados que ingresa a México puede llegar a 400 mil. Y hay migrantes que llegan de Asia, África, el Caribe, Sudamérica, que tratan de pasar a Estados Unidos como indocumentados por ciudades del Este y el Oeste. La emigración actual es inmensa; la del futuro tiende a ser mayor.

No puede uno ignorar que todos estos datos son muy “incómodos” para los ricos y los poderosos y para quienes los encubren y ensalzan, que simplemente no quieren oír nada del mundo desagradable. Pero son muy importantes para quienes creemos que otro mundo es posible y luchamos poco o mucho para que hasta lo que parece imposible sea posible, como decía aquel letrero del 68. Y querríamos terminar este recuento refiriéndonos a los jóvenes, que son quienes van a vivir en el futuro inmediato como trabajadores manuales e intelectuales.

Sobre todos ellos pesa el peligro de la privatización de escuelas y universidades. Al conflicto magisterial que la llamada reforma educativa alentó se añaden crecientes daños y amenazas a las escuelas y universidades públicas. En ambos niveles, niñez y juventud viven problemas que parecen identificarse con una política expresa –y no solo indirecta– de desarrollo del subdesarrollo. No debemos nada más enfrentar esa política sino acrecentar las fuerzas de pueblos y trabajadores y de las organizaciones que con ellos y para ellos luchan por otra organización del trabajo y de la vida.

Ser trabajador es ser obrero, campesino, empleado, profesor, ingeniero, médico, abogado, y profesionista en el uso de las manos y la inteligencia. Si en los trabajadores productivos se encontró por la teoría crítica al protagonista de la emancipación, la historia fue mostrando varios hechos significativos que es necesario llevar a la conciencia y a la acción.

Uno de ellos es que a los trabajadores de la producción industrial se tienen que añadir hoy los de la agricultura, los de las comunidades, los desplazados, los sin papeles y también los de la distribución, los transportes y servicios, así como los trabajadores que viniendo de las clases subalternas y de los sectores medios viven en carne propia y en su conciencia la irracionalidad de un sistema dominado por quienes están enfermos de poder, utilidades y riquezas, a tal grado que se oculta el estado universal de barbarie y de inmoralidad que el sistema dominante impone, amenazando hoy la existencia de la propia vida de sus beneficiarios y la de sus descendientes, hechos todos que no son producto de mentes deprimidas a las que acusan de catastrofistas, sino de quienes, junto con los pueblos y los trabajadores organizados en su moral de lucha, de cooperación y participación, lidiaremos y venceremos.

* Ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Texto presentado en el Foro Público: “Crisis Global y Nacional: Las Perspectivas Estratégicas de L@s Trabajador@s”, el 19 de octubre de 2016.

*. Lustrabotas.

*. Propietario o usufructuario de un ejido o tierra comunal.

Una década de transformaciones en América Latina

Daniel Filmus*

El inicio del Siglo XX coincidió con el surgimiento de profundos procesos de transformación política, económica y social en América Latina. Sobre fines de los 90, la región había atravesado por un período de crisis de una magnitud sin precedentes producto de la aplicación de las políticas recomendadas por el llamado “Consenso de Washington”. Durante esta década, la fuerza del mercado, impulsada por el proceso de globalización económica, impregnó todos los aspectos de la vida del continente. Reducción del papel del Estado, privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, desindustrialización, predominio del sector financiero y cesión de soberanía política y económica fueron algunas de las principales características de esta etapa.

A pesar del relativo éxito que por momentos mostró la propuesta neoliberal en la evolución de determinados indicadores macro-económicos (como una tendencia al crecimiento del PBI, el control de la inflación y el logro de una disciplina fiscal), los resultados de estas políticas fueron dramáticos para la mayoría de los latinoamericanos. El aumento de la desocupación, la desigualdad y la exclusión fueron una característica común a toda la región. Las democracias débiles, que habían sucedido a las dictaduras que predominaron durante las décadas de los 70 y 80, se vieron sometidas a demandas populares de una envergadura sin precedentes y no encontraron respuestas que les permitieran mantener los proyectos de concentración de la riqueza vigentes. De esta manera, dejaron lugar a nuevos procesos populares que, aun con características diferenciales en cada país, mostraron rasgos comunes.

Algunos de estos procesos provenían de largas tradiciones en la lucha por el acceso al gobierno, como el caso del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y el Frente Amplio (FA) en Uruguay. En cambio, la mayoría de los nuevos gobiernos de la región surgieron de situaciones difícilmente predecibles en los años anteriores, que tuvieron como común denominador un origen vinculado a la profunda crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales. Entre otros, el acceso a la conducción del Estado por parte de Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo responden a este fenómeno de falta de condiciones de sustentación por parte de los grupos de poder político y económico.

Luego de una “década larga” de importantes transformaciones realizadas por estos nuevos gobiernos nacionales y populares es posible analizar que, por primera vez en muchos años, un conjunto importante de países de la región logró combinar un pujante crecimiento económico con una mejor distribución de la riqueza (Barcena A. y Prado A., 2016 y Filmus, D., 2016). Este hecho, inédito para el medio siglo anterior, es producto de que la mayor parte de estos gobiernos ha llevado adelante políticas no ortodoxas en el campo económico y social. Políticas que significaron afectar los intereses de los sectores de privilegio y avanzar en modelos que permitieron redistribuir la riqueza en dirección a los grupos poblacionales históricamente más postergados.

En un contexto de relativo repliegue de los gobiernos populares a partir del triunfo electoral de la derecha en Argentina, el golpe de Estado blando en Brasil y la derrota del referéndum por la reelección en Bolivia, resulta necesario abrir un análisis acerca de las conquistas y asignaturas pendientes de esta última década en América Latina. En esta dirección, el presente artículo tiene como objetivo presentar un sintético panorama sobre los procesos comunes que vivieron los países de la región, enfatizando los trascendentes avances que se han logrado en torno al crecimiento económico, igualdad social, democratización de derechos e integración regional. La mirada sobre cada uno de estos procesos también permite identificar los límites y las dificultades que los modelos de desarrollo económico social progresistas tuvieron en su implementación. El análisis de las conquistas y las tareas pendientes se torna imprescindible para plantear los desafíos futuros de los movimientos nacionales y populares latinoamericanos en los difíciles momentos que debe transitar.

1. Plena vigencia de la institucionalidad democrática

Uno de los rasgos comunes a los procesos transformadores latinoamericanos ha sido el respeto por los sistemas democráticos. A diferencia de las experiencias ocurridas en los años setenta, el impacto de las dictaduras en el continente generó una profunda conciencia sobre la necesidad de que los cambios políticos, económicos y sociales deban ocurrir en un contexto de plena vigencia de la institucionalidad democrática. Este no es un tema menor si tomamos en cuenta que, como ya hemos señalado, muchos de estos procesos transformadores surgen a partir de profundas crisis de legitimidad de la representación popular y de los partidos políticos.

Crisis que en un conjunto de casos (Argentina, Venezuela, Bolivia, entre otros) desencadenaron situaciones de violencia y de peligro de ruptura del orden constitucional. Quizás el más emblemático lo constituya el acceso al gobierno del primero de los líderes de esta etapa, Hugo Chávez (1999), por la vía electoral, tras haber intentado llegar al poder mediante un levantamiento militar en 1992. Por el contrario, en numerosas ocasiones los gobiernos progresistas fueron los que debieron enfrentar embates contra la institucionalidad. Algunos exitosos, como las experiencias de Honduras (2009) y Paraguay (2012) y, más recientemente, Brasil (2016).

En estos casos, mediante mecanismos espurios vinculados a los poderes Legislativo o Judicial y con un fuerte apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, las fuerzas conservadoras lograron derrocar a los presidentes bajo una fachada de aparente continuidad democrática. También Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa sufrieron otros intentos de ruptura institucional. En todos estos casos, la fuerte movilización popular, combinada con un inmediato accionar de los presidentes y de los organismos regionales, impidió que los intentos golpistas de diferente tipo consiguieran deponer a los mandatarios.

La nueva institucionalidad regional, encabezada por el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), jugó un papel preponderante en estos procesos, a partir de la aprobación unánime en cada uno de estos organismos de Cartas Democráticas que sancionan muy fuertemente a aquellos países donde se produzca la ruptura del orden institucional. El embate parlamentario, judicial y mediático que provocó la destitución en el cargo de Dilma Rousseff, también se enmarca en este tipo de golpes “blandos” o “blancos”, que la ofensiva conservadora neoliberal intenta imponer en la región con el objetivo de desestabilizar y destituir a los gobiernos progresistas.

2. El Estado vuelve a ocupar un rol central en la conducción del modelo de desarrollo

La reconstrucción de un Estado fuerte y activo, capaz de liderar los procesos de transformaciones, fue uno de los principales desafíos de los nuevos gobiernos de la región. Ello implicó un profundo cambio en las estructuras y el papel que debía desempeñar el Estado, pero también exigió un gran cambio cultural respecto de la mirada social que la población tenía de este. La destrucción del Estado desarrollista que en América Latina había liderado los procesos de crecimiento de la posguerra fue uno de los objetivos centrales planteados por el Consenso de Washington para aplicar las políticas de mercado y desregulación (Smith y Korzeniewicz, 2000). Para ello, se realizó un profundo trabajo de deslegitimación de su papel en la sociedad. Como plantearon algunos autores (Barbeito y Lo Vuolo, 1992), los gobiernos neoliberales de las décadas finales del Siglo XX se esforzaron por transformar el Estado de Bienestar en un Estado de Malestar, costoso, ineficiente, burocrático y regresivo, al que los medios de comunicación contribuyeron fuertemente en deslegitimar frente a la opinión pública. De esta manera, el desmantelamiento y la privatización de las funciones que desempeñaba el Estado, realizado durante los noventa, se llevó adelante con un alto grado de legitimidad y consenso social.

Una década después, la enorme crisis que significó el fracaso del mercado como regulador del orden económico y social posibilitó que la tarea de reconstrucción se efectuara con un creciente consenso social respecto de la necesidad de recuperar su rol histórico. La ausencia de Estado no solo generó la destrucción del aparato productivo en muchos países de la región, con su consecuente desocupación y pobreza, sino que al mismo tiempo impidió el acceso a políticas públicas de protección social a quienes quedaron marginados del proceso económico.

La recuperación del papel del Estado se hizo sobre la base de la necesidad de su participación en la conducción del proceso de desarrollo y de distribución de la renta y los bienes que ese desarrollo genera. Un requisito previo fue la recuperación de la credibilidad en la capacidad estatal para servir al bien común. En este sentido, cumplió un rol destacado la confianza del pueblo en los líderes que accedieron a los gobiernos que condujeron la nueva etapa, lo que se tradujo en una importante relegitimación del Estado. De esta manera, como se señala en un reciente trabajo, podemos sostener que “actualmente, y a diferencia de décadas pasadas, existe en la región un mayor consenso respecto de que el papel del Estado es decisivo a la hora de garantizar los bienes públicos, dinamizar el crecimiento, fomentar el desarrollo productivo, intervenir en el desarrollo territorial y promover políticas igualitarias para concretar derechos y generar consensos en torno a pactos fiscales con efectos redistributivos” (Bárcena y Prado, 2016).

Uno de los aspectos centrales del nuevo rol del Estado estuvo vinculado a su recuperación como actor económico a partir de las nacionalizaciones y estatizaciones de empresas de vital importancia en sectores estratégicos de la economía. Ello permitió cumplir un triple objetivo: apropiarse de la capacidad de conducir el proceso de desarrollo, recuperar soberanía nacional en la toma de decisiones y estatizar una parte importante de la renta para dirigirla a la inversión pública y a los programas sociales. Particular trascendencia tuvo la nacionalización de las empresas de hidrocarburos. Venezuela (1999), Bolivia (2006), Ecuador (2007) y Argentina (2012) recuperaron para el Estado la capacidad de conducir las empresas petroleras.

Los países que más avanzaron en la nacionalización y estatización de sectores de la economía y empresas han sido Venezuela, Bolivia y Argentina. Bolivia tomó el control de las minas de estaño (2006), el acero (2007), los teléfonos (2008) y las compañías eléctricas (2010 y 2012). En Venezuela, las estatizaciones más importantes fueron las de la electricidad (2007), telefonía (2007), cemento (2007) y el Banco de Venezuela (2008). La Argentina, uno de los países donde los procesos de privatización habían sido más agresivos durante los noventa, emprendió un camino de recuperación de los principales resortes de la economía a partir de 2005, cuando estatizó el correo. La empresa Aguas Argentinas (2006), los fondos de pensión (2008), la compañía aérea de bandera –Aerolíneas Argentinas– (2009) y la fábrica de aviones (2009) fueron algunos de los pasos que se dieron en el camino de colocar al Estado en un lugar central en torno a la conducción del proceso de desarrollo económico.

Otro indicador del incremento del papel del Estado en el modelo de desarrollo es el importante crecimiento del gasto público, que permitió ampliar su capacidad para dinamizar la economía, favorecer el crecimiento y generar nuevas fuentes de empleo a través de la obra pública. Al mismo tiempo, y siguiendo una tendencia procíclica, también se amplió fuertemente el gasto social. Este había mostrado un leve incremento a mediados de la década de los noventa, pero culminó con un leve retroceso a comienzos de los dos mil. De esta manera, la participación del gasto público como porcentaje del PBI fue del 25% en el bienio 1992-1993ydescendió al 24,5% para el bienio 2002-2003. A partir del bienio siguiente, el gasto público creció hasta el 29,2% para 2010-2011.

Cabe destacar que el mayor incremento del gasto ocurrió a partir de 2008, ahora en un claro papel contracíclico, para hacer frente a las consecuencias que la crisis financiera global tuvo sobre nuestras economías. Esta situación obligó a reforzar los programas sociales de lucha contra la pobreza y a reorientar el gasto para evitar el efecto regresivo del aumento de los precios de los productos básicos. Pero también los gobiernos tomaron diferentes medidas para la estabilización de la demanda interna, mediante el aumento del gasto público no social (en especial, la inversión en infraestructura) como, sobre todo, del gasto social, incluidos programas de empleo yfomento productivo (créditos a microempresas) yde vivienda (Cepal, 2015). En los últimos años, la desaceleración del crecimiento económico de los países de la región provocó una leve caída del gasto público con relación al PBI y, al sostenerse el gasto social, este alcanzó proporcionalmente los niveles más altos.

3. Prioridad en el crecimiento del mercado interno y la generación de trabajo

Como señalamos, otro de los rasgos comunes de los procesos de los países latinoamericanos que lograron combinar crecimiento con distribución de la riqueza fue el esfuerzo por intentar cambiar el patrón de crecimiento, favoreciendo el desarrollo de un modelo productivo más centrado en la generación de trabajo y el mercado interno. Sin lugar a duda, las condiciones de financiamiento externo favorables y el alza en los precios de los productos primarios exportables jugaron un papel fundamental en el proceso virtuoso que vivieron los países de la región. Sin embargo, estos factores no explican por sí mismos las transformaciones producidas.

Las políticas de fomento a la industrialización, a la capacidad de agregar valor a partir de la innovación tecnológica y a la demanda interna, aunque incompletas, produjeron el acceso al consumo de grandes masas de población históricamente marginadas. A la vez, en muchos casos posibilitaron la movilidad social ascendente hacia la clase media de importantes sectores que vivían en la pobreza (Quenan, 2014). Estas medidas fueron acompañadas por políticas específicamente destinadas a proteger el trabajo registrado y revertir el proceso de flexibilización y desregulación laboral que imperó en los noventa.

Al contrario de lo que había ocurrido en la década anterior, donde el crecimiento económico estuvo acompañado de un aumento constante de la desocupación y el trabajo informal, en el período 2003-2014 el incremento del PBI produjo un fuerte ascenso de los niveles de ocupación y de trabajo formal. En los noventa, la desocupación en la región se incrementó del 7,5 a casi el 12%. En la última década, en cambio, el porcentaje de desocupados se redujo casi a la mitad.

Esta caída en la desocupación estuvo íntimamente vinculada tanto al cambio en el modelo de desarrollo –que privilegió las áreas productivas que favorecieron la creación de fuentes laborales– como a la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas específicamente a expandir el empleo y a proteger y regular las condiciones del trabajo. La dimensión laboral ha adquirido centralidad en el ámbito de las políticas económicas y sociales de la última década de la región (Cepal-OIT, 2014). Gran parte de los países han desarrollado estrategias que mejoran los ingresos de los trabajadores, como el aumento del salario mínimo, y diversas medidas para promover la formalización y fortalecer la institucionalidad laboral.

Todas estas políticas permitieron que la baja en la desocupación estuviera acompañada de un aumento en la proporción de asalariados con contrato formal (del 53,4%, en 2002, al 57,2%, en 2013), la importante ampliación de la cobertura de salud, que llegó a casi dos tercios de la población ocupada, y la disminución de la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres. De todas maneras, los principales cambios en el mercado de trabajo ocurrieron en el aspecto cuantitativo y no cualitativo, ya que la ampliación de este continuó sobre todo en sectores de productividad relativamente baja y media (Bárcena y Prado, 2016).

Por otra parte, este cambio en la orientación del modelo de crecimiento, cuyas limitaciones analizaremos más adelante, también generó condiciones para enfrentar las consecuencias de la crisis financiera global que ocurrió a partir de 2008. Al contrario de lo que ocurrió en otras regiones del mundo, los países de América Latina mostraron un alto nivel de resiliencia a nivel de crecimiento económico, situación financiera y sostenimiento de condiciones de vida de la población. Como señala Carlos Quenan: “América Latina evitó una recesión más profunda y pudo hacer frente a las turbulencias internacionales sin caer en una crisis monetaria o financiera desestabilizadora gracias a una disminución de las fuentes de vulnerabilidad durante la fase de crecimiento que se abrió en 2003” (Quenan, 2014).

Sin embargo, es evidente que el impacto de la crisis global produjo una fuerte desaceleración del crecimiento económico en la región. Este menor ritmo de crecimiento estuvo acompañado de síntomas que nos alertan sobre el “amesetamiento” en torno a las mejoras sociales que obtuvo la población en la década anterior. Estos problemas estructurales que evidencian los procesos de desarrollo están vinculados a las debilidades que todavía hoy podemos observar en los cambios del modelo productivo e impactarán fuertemente en la generación de condiciones adversas para la continuidad de los procesos nacionales y populares en América Latina.

4. Avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad

El desafío de la igualdad es el más importante que enfrentan los gobiernos de la región. Es sabido que América Latina no es el continente con mayor pobreza, pero sí con mayor desigualdad en el mundo. El papel activo del Estado fue fundamental para convertir esta problemática en uno de los temas centrales de la agenda de las políticas públicas. A partir de los años dos mil se comenzaron a instaurar con fuerza nuevas concepciones respecto de la igualdad, que incorporan otras miradas sobre el rol del Estado, considerando que es su obligación garantizar un enfoque integral de los derechos ciudadanos, en el que estos ya no podían restringirse a la participación ciudadana en la institucionalidad democrática a través del voto. Los derechos humanos, económicos, sociales y culturales cobraron mayor preponderancia tanto en la legislación de cada uno de los países como en las políticas económicas y sociales.

En cuanto a los ingresos, esta mirada permitió que la última década significara un quiebre importante con respecto a las tendencias de evolución de la pobreza y la desigualdad de las décadas anteriores. El balance de los ochenta había mostrado que el estancamiento económico de la región había sido acompañado de un importante crecimiento de la pobreza, que pasó del 40,5 al 48,4% de los habitantes. Casi la mitad de los latinoamericanos eran pobres sobre los inicios de los noventa. En esa década, a pesar del crecimiento económico, la disminución de la pobreza medida en porcentaje fue muy leve (del 48,4 al 43,8%). Pero en valores absolutos, la cantidad de pobres aumentó de 204 a 225 millones de personas. Las políticas aplicadas a partir de inicios del nuevo siglo permitieron que la pobreza descendiera fuertemente: del 43,9 al 29,2% entre 2002 y 2015. La caída de la indigencia también mostró indicadores importantes: del 19,3 al 12,4% en esos años.

Sin embargo, es posible marcar dos momentos muy diferentes en este período. El primero termina con la crisis mundial de 2008 y se caracteriza por una baja de la pobreza de manera abrupta: entre 2002 y 2007, el número de personas pobres se redujo a un ritmo del 3,8%, y el de indigentes, al 7,1% anual. A partir de ese momento, la disminución de la pobreza y la indigencia frenó su ritmo hasta amesetarse e inclusive invertir la tendencia en números absolutos en los últimos años.

Ello no implica que el impacto de las condiciones internacionales haya sido homogéneo en los distintos países de la región. Mientras que en algunos de ellos (como Uruguay, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Ecuador) la pobreza continuó descendiendo, en otros (particularmente en México y Venezuela) la tendencia fue inversa.

En cuanto a la desigualdad, también se verificó un cambio importante en comparación con la tendencia al aumento constante de las décadas anteriores. Los estudios basados en el coeficiente de Gini muestran que la desigualdad disminuyó en proporciones significativas en quince de diecisiete países de la región en el período comprendido entre 2002 y 2011. Por supuesto, el nivel de reducción de la desigualdad no ha sido homogéneo entre los distintos países ni en los diferentes subperíodos. Entre 2002 y 2008, el ritmo de disminución de la desigualdad superó el 1% anual en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y Uruguay (Cepal, 2015). Paradójicamente, la reducción de la desigualdad se produjo en forma más manifiesta a partir de 2008. Uruguay, Bolivia, El Salvador, Argentina y Ecuador, entre otros, muestran un descenso más marcado del coeficiente de Gini en este período.

En casi todos los casos, esta reducción de la desigualdad está mucho más vinculada a la creación de trabajo, a la mejora de los ingresos salariales y al papel del Estado en la inversión social pública en áreas como la educación, salud y previsión social, que a la acción fiscal directa a través de la redistribución producida por la acción impositiva. La posibilidad de una reforma tributaria progresiva de gran envergadura continúa pendiente.

Como ya señalamos respecto de la desigualdad, el ingreso laboral constituye el principal factor del ingreso total de los hogares y, por lo tanto, el mayor determinante de la mejora de la condición económica de las familias. En la mayor parte de los países de la región se combinaron dos elementos que mejoraron el ingreso laboral. Por un lado, el incremento del ingreso laboral medio por ocupado, al haberse producido una reducción en la brecha salarial entre trabajadores calificados y de baja calificación. Por otro, la incorporación de más miembros de la familia al mercado laboral.

Cabe destacar que, salvo en los casos de Argentina y Brasil, donde aumentó la participación de la masa salarial en el total del PBI, en el resto de los países no se modificó la distribución funcional del ingreso entre trabajadores y propietarios del capital. Ello significa que en la mayor parte de los países no se pudo volver atrás con los procesos de concentración del beneficio del crecimiento en manos del capital, que se había manifestado en las décadas de hegemonía neoliberal. Esta situación agrega incertidumbre al comportamiento futuro de la tendencia a la disminución de la desigualdad en la región en momentos de escaso crecimiento de las economías.

Pero, junto con la mejora producida por la situación laboral, hubo otras políticas públicas que marcaron una presencia activa del Estado y contribuyeron a la disminución drástica de la pobreza. Estas políticas fueron posibles porque se incrementó en gran medida el gasto social. Entre 2000 y 2010, el gasto público aumentó del 25 al 30% del PBI en la región. A su vez, el gasto social pasó de un promedio del 55% del presupuesto público en la década de los noventa, a casi el 65% en los últimos años. Como al mismo tiempo el PBI de la región creció en un porcentaje cercano al 50%, el incremento de los recursos que los gobiernos destinaron a atender la cuestión social mostró una envergadura inédita. La mayor parte (el 51,3%) del aumento del gasto social como porcentaje del PBI se debe a la inversión realizada en seguridad social y planes de asistencia social. La importante ampliación de la cobertura a la atención de la previsión social, inclusive a sectores que no habían aportado en su vida como trabajadores, y el progresivo envejecimiento de la población en un conjunto de países explican el crecimiento del gasto en la seguridad social.

Respecto de la asistencia social, el nuevo enfoque en torno a los derechos sociales que imperó en muchos países de la región en la última década significó el desarrollo de numerosos programas sociales destinados a los sectores más postergados y con precarias condiciones de acceso al trabajo formal. Entre ellos, cabe destacar los programas de transferencia condicionada (PTC), que constituyen transferencias monetarias y no monetarias a familias en situación de pobreza con hijos menores de edad, con la condición de que cumplan con compromisos asociados a condiciones de salud, educación y nutricionales de los hijos. Surgidos a partir de las urgencias que planteó la crisis de los dos mil, durante la última década incrementaron fuertemente su cobertura, su alcance geográfico, el monto de las transferencias realizadas y el nivel de institucionalización dentro del ámbito de las políticas sociales de cada uno de los países. En muchos casos se convirtieron en verdaderos símbolos del compromiso del Estado con la universalización de los derechos a partir de cambios constitucionales y legislativos que comienzan a explicitar la necesidad de este tipo de políticas redistributivas.

Algunos de los programas que mostraron mayor nivel de impacto fueron el Programa Bolsa Familia (Brasil), la Asignación Universal por Hijo (Argentina), Plan Equidad (Uruguay), Chile Solidario (Chile), Bono Jacinto Pinto (Bolivia), Bono de Desarrollo Humano (Ecuador) y el Programa Tekopora (Paraguay).

La inversión en educación fue otro de los destinos del gasto social que mayor alza tuvo en la última década (1,9% del PBI). La mayor parte de los esfuerzos estuvieron dirigidos a la ampliación de la cobertura, tanto hacia la primera infancia como hacia el nivel medio. Ello permitió que, por ejemplo, la proporción de jóvenes de la región en edad de terminar el secundario que obtuvo el título medio pasara del 37 al 58% entre 1997 y 2013. Cabe destacar que la mayor inversión y el aumento de los índices de escolaridad en todos los niveles también tuvieron su correlato en la disminución de la desigualdad educativa medida en años de escolaridad.

El gasto en salud y especialmente el destinado a vivienda, agua potable, saneamiento y equipamiento comunitario fueron los que menos se incrementaron en la última década. Sin lugar a duda, esta escasa inversión impacta en el mantenimiento de grandes bolsones de marginalidad territorial y habitacional que rodean a los principales centros urbanos de América Latina. La concentración poblacional de los sectores de menos recursos incide fuertemente en la reproducción social de un conjunto de fenómenos que, como la inseguridad, la marginalidad urbana, la precariedad del acceso a los bienes públicos, etcétera, profundizan las condiciones de segregación y pobreza.

En síntesis, a pesar de las deudas sociales persistentes, el avance en torno a la igualdad en América Latina ha sido sustantivo. Como señala la Cepal (2012), el crecimiento, con mayor énfasis en la acción social del Estado y mayor equidad distributiva, significó un fortalecimiento de la ciudadanía social. En esta materia, el primer decenio del Siglo XXI fue una década ganada para América Latina. Este progreso es particularmente valorado en un momento en que en la mayor parte de los países del mundo se verifican tendencias a profundizar la regresividad distributiva (Gómez Sabaini, Jiménez y Podestá, 2010). Por ello, el citado trabajo de la Cepal concluye que América Latina, una región tradicionalmente rezagada en el tema, comenzó a cerrar la brecha que la separa de las naciones más desarrolladas.

5. Ampliación de derechos y nuevas formas de participación democrática

La ampliación de los derechos de género, etnia y raza en los años que siguieron al inicio de siglo en América Latina fueron sustantivos en casi todos los casos, si bien los países avanzaron con dinámicas y tiempos diferentes.

En lo que respecta a las mujeres, los logros fueron muy importantes. Alcanzaron una paridad absoluta en el acceso a los distintos niveles del sistema educativo, por lo que hoy la escolaridad no muestra brechas de género. En el caso de la educación superior, por ejemplo, al contrario de lo que ocurre en otras regiones en desarrollo, la diferencia es ligeramente mayor a favor de las mujeres. El 23,5% de ellas concurren a este nivel, mientras que en los varones matriculados el porcentaje se reduce al 21,5%. Es posible afirmar que las mayores desigualdades de género en el ámbito educativo se vinculan a que los tipos de carrera profesional donde predomina la matrícula femenina son relativamente menos valorizadas por el mercado.

En cuanto al acceso al mundo del trabajo, las brechas se redujeron, aunque distan de alcanzar los niveles de igualdad del sistema educativo. En los últimos quince años, la participación de las mujeres en el mercado laboral tuvo un incremento del 40 al 53%. La proporción de mujeres sin ingresos propios bajó del 42%, en 2002, al 32%, en 2011. Ello se debió, en buena medida, a los PTC. Sin embargo, el índice de desocupación es un 35% más alto en el caso de las mujeres, quienes al mismo tiempo tienen mayor presencia en el sector informal y en actividades precarias, domésticas y de menores ingresos.

Las mejoras obtenidas respecto de la igualdad de género en relación con el mercado laboral, aun con las limitaciones señaladas, están íntimamente vinculadas a las políticas públicas aplicadas por los Estados. Algunas de ellas son la promoción del acceso al empleo, la creación de instancias de formación profesional, la ampliación de la licencia por maternidad, la puesta en marcha de programas de atención a la infancia focalizados en la transferencia de ingresos a las madres, la protección del trabajo doméstico, el reconocimiento del trabajo en el hogar y la implementación de nuevos programas de ampliación de la previsión y protección social para mujeres.

El derecho a la participación política de las mujeres se amplió de manera sustantiva. Numerosos países implementaron legislaciones que promueven su participación en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero cuatro de ellos alcanzaron la paridad de representación en sus Congresos: Ecuador (2007), Bolivia (2010), Venezuela (2008) y Costa Rica (2009).

Es mucho también lo que se avanzó respecto de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva que, en muchos casos, se incorporó a la Constitución. Sin embargo, en pocos países (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Paraguay) existe un marco legal de niñez y adolescencia para la prevención del embarazo adolescente. Un fenómeno similar se observa sobre el derecho a la educación sexual.

Otro grupo que se convirtió en beneficiario importante en la ampliación de los derechos dirigidos hacia las minorías ha sido el de los homosexuales. Casi todos los países incorporaron fuertes penalidades a la discriminación por género en sus legislaciones, pero algunos avanzaron aún más. Ecuador y Chile reconocieron las uniones civiles entre homosexuales. Argentina, Brasil y Uruguay se encuentran entre los primeros países del mundo en reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. A fin de legislar sobre nuevos derechos para las minorías, Argentina y Brasil avanzaron hacia garantizar la posibilidad de que cada ciudadano pueda decidir acerca de su identidad sexual.

La ampliación de derechos también ha tenido como uno de los actores protagónicos a las comunidades indígenas. Se trata de una población con un peso muy importante en la región, ya que significa cerca del 10% del total de habitantes agrupados en más de ochocientos pueblos indígenas reconocidos por los Estados (Cepal, 2006). Sobre fines de los ochenta, Rodolfo Stavenhagen (1988) advertía acerca de la ausencia de reconocimiento de derechos indígenas en la gran mayoría de las Constituciones de América Latina. En la actualidad, en solo cinco de veintún Cartas Magnas de la región no se reconocen algunos derechos a los pueblos originarios. La ampliación de derechos implementada durante la última década, en particular en Ecuador y Bolivia, ha sido denominada como “constitucionalismo plurinacional” (Yrigoyen, 2011) o “constitucionalismo dialógico e intercultural” (Aparicio, 2011). Influenciadas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007, estas reformas surgieron de asambleas constituyentes con amplia representación de estos pueblos y luego fueron ratificadas mediante referéndum (Aylwin, 2013). Su característica principal es que, sin cuestionar la unidad del Estado nacional, los define como plurinacionales, incorporando mecanismos de participación política y representación específica de los pueblos en las Asambleas Legislativas.

La población afrodescendiente también tiene una gran importancia numérica en la región. Se trata de ciento veinte millones de personas que, en su mayoría, habitan en Brasil. En este caso, se implementaron importantes políticas para la integración social, dirigidas específicamente hacia la población afrodescendiente, es decir, un 45% del total. La creación de la Secretaría Especial para la Promoción de la Igualdad Social por parte del presidente Lula en 2003, en dirección a cumplir con los objetivos establecidos por la ONU en la Conferencia Mundial Contra el Racismo realizada en Durban en 2001, se constituyó en un paso fundamental para trabajar en pos de la igualdad de derechos.

Uno de los principales programas desarrollados por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) ha sido el de Diversidad en la Universidad, que procura favorecer el acceso a los estudios superiores de grupos socialmente más vulnerables, con énfasis en negros e indígenas.

Cabe destacar que el gobierno surgido a partir del golpe “blando” que encabezó Michel Temer no integró ningún ministro afrodescendiente al gabinete. Al mismo tiempo, eliminó los ministerios de las Mujeres, de la Igualdad Racial, de la Juventud y los Derechos Humanos creados por Dilma Rousseff en su gestión.

A pesar de los grandes avances registrados en la década, las desigualdades vinculadas a la discriminación por género, raza y etnia siguen siendo muy marcadas. Una reciente investigación realizada por la Cepal sobre la base de datos de 2011 muestra que, en América Latina, el 38,8% de la población indígena es pobre. En el caso de los afrodescendientes, esta proporción es menor, un 22,3%, mientras que para quienes no son indígenas o afrodescendientes el porcentaje de pobreza desciende al 17%. Es evidente que la década mantiene como asignatura pendiente la atención principal del “núcleo duro” de la exclusión donde confluyen pobreza, etnicidad y género.

6. Fortalecimiento de la institucionalidad e integración regional 

Otra característica común de los procesos transformadores de América Latina fue la decisión de priorizar la necesidad de enfrentar los desafíos comunes de una manera colectiva. Esta determinación significó profundizar y modificar las perspectivas desde las cuales se habían desarrollado los procesos de integración a partir de la posguerra. Varios autores definieron este período como la “cuarta ola” de la integración latinoamericana (Dabéne, 2014), en un intento de dejar atrás la mirada estrictamente volcada al “mercado” que impregnó las políticas de las décadas anteriores. En efecto, a partir de los ochenta, la recuperación de las democracias y la hegemonía de las políticas neoliberales terminaron con una época en la cual la actividad conjunta de los gobiernos militares estuvo centrada sobre todo en las acciones represivas como la Operación Cóndor. Desde la perspectiva del Consenso de Washington, el objetivo principal de la articulación de las políticas regionales estuvo dirigido a afirmar el libre mercado en la región. Tanto el Mercosur (1991) como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1992) sur-

gieron con este objetivo.

La apertura de los mercados basada en el descenso drástico de los derechos arancelarios fue exitosa y logró elevar al 25,2% el comercio regional, que en 1990 representaba el 8,9% del intercambio total de América Latina. La crisis económica y financiera de fin de siglo retrotrajo el intercambio comercial regional a los niveles anteriores. En cuanto a las políticas de inserción internacional, el alineamiento con los Estados Unidos y las potencias hegemónicas resultó prácticamente total y no dio lugar a miradas autónomas por parte de los países latinoamericanos.

El nuevo período, que se inició con la asunción de Hugo Chávez en Venezuela, mostró su impronta en la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005. Allí, los principales países de la región optaron por no integrar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y privilegiar la ampliación de la capacidad de decisión e integración de América Latina. Esta mirada se plasmó en una nueva institucionalidad de la integración regional. La creación de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), en 2004, de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en 2008, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en 2011, son resultado de esta etapa. También se creó en 2012 la Alianza del Pacífico con la participación de México, Colombia, Perú y Chile, aunque desde una perspectiva diferente, vinculada a intentar una inserción más dinámica con la zona Asia Pacífico y a profundizar el libre comercio con los Estados Unidos. Esta divergencia en la mirada comercial no impidió que América Latina mostrara sus principales logros de esta etapa de integración regional, sobre todo el de mantener un importante grado de cohesión en el diálogo y el accionar político. Como planteó la Cumbre de Cochabamba (2006): “La construcción de un nuevo modelo de integración no puede estar basada únicamente en las relaciones comerciales”.

La creación de una institucionalidad regional que genere mayores condiciones de autonomía, un incremento en el grado de independencia en la toma de decisiones a nivel regional –y, en particular, como bloque– en los organismos multilaterales, el avance en el diseño de estrategias comunes en temáticas tradicionalmente no abordadas en forma conjunta –como la defensa, el desarrollo sustentable y las crisis globales– son algunos de los logros más importantes desde la perspectiva política en la última década. La unidad mostrada por los países latinoamericanos en torno a la inclusión de Cuba en las instituciones regionales, la oposición a la injerencia de los países centrales en nuestros territorios y el sólido apoyo a la posición de la Argentina respecto de la cuestión de las islas Malvinas son ejemplos de las coincidencias alcanzadas.

La posibilidad de incidir favorablemente en algunas de las crisis institucionales nacionales y en conflictos entre países integrantes del bloque también fue importante. Con referencia a este último punto, los casos exitosos de intervención en las situaciones de cuestionamiento a las democracias de Ecuador, Bolivia y Venezuela, así como en los conflictos binacionales como los protagonizados por Colombia, Ecuador y Venezuela, contrastan con las frustraciones del accionar de los organismos regionales respecto de Honduras, Paraguay y, recientemente, Brasil. Estos casos muestran que, a pesar de los progresos, todavía se encuentran fuertes límites a la acción frente a algunas de las crisis democráticas de la región.

Respecto de los procesos de integración económica y productiva, los avances que se produjeron han encontrado fuertes limitaciones en las condiciones estructurales de los patrones de desarrollo. El intercambio comercial entre los países de América Latina, por ejemplo, tuvo un comportamiento claramente procíclico (Porta, 2008). Ello implicó que, después de acompañar la tendencia del crecimiento de las economías de la región hasta 2008, se estancara desde entonces e incluso disminuyera su importancia frente al total del intercambio comercial. De cualquier manera, aun en los mejores años, el comercio intrarregional nunca superó el 15% del total de las exportaciones.

Una de las limitaciones más importantes al crecimiento del comercio regional está relacionada con las características históricas que presenta su patrón de exportación, que se caracteriza por ser escasamente diversificado y concentrado en bienes primarios o manufacturas basadas en recursos naturales cuyo destino principal son el mercado extrazona.

Esta relación se invierte si tomamos solo las manufacturas de contenido tecnológico medio y alto. En este caso, las exportaciones regionales hacia los países de América del Sur alcanzan porcentajes cercanos al 40%. Ello permite tener una dimensión de la importancia que reviste este comercio para el desarrollo productivo y la capacidad de agregar valor e incrementar la demanda laboral en cada uno de nuestros países.

Un ejemplo de los déficits que aún hoy tenemos respecto a las estrategias de integración productiva y comercial es el magro resultado que muestran en la actualidad el Mercosur y la Corporación Andina de Naciones (CAN) en cuanto a la participación del mercado regional en las ventas totales.

Mientras la proporción del comercio al interior de la Unión Europea (UE) por parte de sus países miembros alcanza el 63%, en el TLCAN, el 48%, y en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), el 26%, en el caso del Mercosur y la CAN, esta relación es del 14 y el 7,5%, respectivamente. Cabe destacar que en el último año la caída del comercio intrarregional en cada uno de estos agrupamientos ha sido muy importante. Los intercambios económicos al interior del Mercosur se contrajeron un 23%, y en la CAN, el 20%. La frustrada puesta en marcha del Banco del Sur es un ejemplo de las dificultades de llevar a la práctica los procesos de integración.

En síntesis, nunca se ha enfatizado tanto en los discursos y en las declaraciones de las organizaciones multilaterales de la región la necesidad de mayor integración de los países de América Latina como en esta última década. Ante los importantes logros obtenidos en esta dirección a nivel político y en la capacidad de mostrar una posición común frente al mundo, la realidad sigue estando bastante alejada de los discursos en cuanto a nivel económico.

7. Los límites en la transformación del modelo productivo

Hasta aquí, hemos analizado algunas de las más importantes transformaciones que llevaron adelante los procesos nacionales y populares latinoamericanos en la última década. Los datos demuestran que este período significó el momento de mayor crecimiento en cuarenta años para América Latina. También observamos que, por primera vez en mucho tiempo, estos procesos estuvieron asociados a una serie de concepciones, decisiones y medidas que permitieron acompañar el crecimiento económico con una mejor distribución de la riqueza y con políticas destinadas a generar mayor igualdad social. El fortalecimiento del papel del Estado, la disminución sustantiva de las tasas de pobreza e indigencia y una mayor integración regional fueron otras de las consecuencias virtuosas de este proceso.

Sin embargo, a pesar de la importancia de los logros alcanzados, hoy se pone en cuestión la capacidad de dar continuidad a estos procesos o de avanzar en su profundización: “Los progresos en una mayor equidad distributiva son innegables, pero inquieta la sustentabilidad de estas mejoras, que parecen respaldarse más en la evolución del ciclo económico que en transformaciones estructurales” (Bárcena y Prado, 2016). La desaceleración del crecimiento ocurrida en los últimos años pone de manifiesto la fragilidad de algunas de las mejoras conseguidas y, al mismo tiempo, hace evidente que América Latina muestra aún hoy una importante dependencia de la producción y exportación de productos primarios. El riesgo de repetir los comportamientos pendulares, incluida la cíclica restricción externa que le impide contar con las divisas para importar los insumos necesarios para sostener los procesos de industrialización, es evidente.

La caída del ritmo de expansión de las economías latinoamericanas delúltimo quinquenio, hasta el punto de llegar a una contracción del 0,4% del PBI en 2015, está íntimamente vinculada a la baja de los precios internacionales de las commodities. Entre 2011 y 2015, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron un 30%, mientras que tanto para el caso de los metales como para el grupo de los productos energéticos la caída fue mayor, cerca del 50%. El impacto que este proceso ha tenido sobre los términos de intercambio fue notable. Solo para el último año (2015), las pérdidas para la región ascendieron a 92.000 millones de dólares, lo que equivale al 1,9% del PBI regional (Cepal, 2016). La vulnerabilidad de las economías de América Latina ante situaciones como la que presenta la desaceleración de la economía mundial, en particular la de los países en vías de desarrollo y especialmente China, se ha vuelto a poner de manifiesto.

Esta situación crítica por la que atraviesan las economías de la región nos obliga a reflexionar acerca de por qué, a pesar de haber transitado por un período de crecimiento muy importante liderado por un conjunto de gobiernos con vocación fuertemente transformadora, América Latina vuelve a mostrarse vulnerable a las condiciones del mercado internacional y, en particular, a los precios de los productos primarios.

En este contexto, cabe destacar que el único país cuyos indicadores lo separan de algunas de estas tendencias es la Argentina, donde si bien las actividades vinculadas al sector primario crecieron fuertemente, no fue menor el crecimiento de la actividad industrial y de servicios con incorporación de mano de obra intensiva, lo que generó al mismo tiempo un incremento equilibrado entre el mercado interno y las exportaciones (Cypher, 2013). La industria manufacturera que, como vimos, mostraba un crecimiento inferior al 20% en América Latina, en el caso argentino logró un aumento en la producción del 93%. Ello permitió que, al contrario de lo que ocurrió en la región, su participación en el total del PBI se incrementara casi un 2%. Siguiendo esta tendencia, no se observa en nuestro país una pérdida de participación de las manufacturas en el total de las exportaciones.

A pesar de esta particularidad, la Argentina no parece escapar a la necesidad de analizar críticamente las dificultades para la transformación del modelo productivo que muestran el conjunto de países latinoamericanos que emprendieron políticas progresistas, nacionales y populares.

8. Reflexión final: la próxima ola

Colocar en debate los límites que tuvieron las transformaciones del modelo de desarrollo que siguieron los procesos latinoamericanos en la última década no implica poner en cuestión los importantes logros alcanzados en materia económica, política y social. Muchos de esos avances fueron reflejados a lo largo de este artículo. Por el contrario, se trata de un debate imprescindible para profundizar esas conquistas.

Es evidente que el neoliberalismo que pretende recuperar la iniciativa no cuenta con propuestas nuevas para la región. Reitera las que ya fracasaron y llevaron a nuestros países a una profunda crisis. Los gobiernos de Temer y Macri muestran las limitaciones del neoliberalismo para encontrar estrategias que permitan el crecimiento del país y la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Su principal objetivo es tirar abajo las conquistas y los derechos obtenidos en la última década y restaurar la lógica de concentración de la riqueza que imperó en la década de los

90. El debate sobre los logros y las asignaturas pendientes en materia de estrategias y modelo de desarrollo no tiene únicamente un valor histórico o académico.

Como señalara recientemente Álvaro García Linera (2016), los procesos de transformación política y social nunca son lineales, se producen por “oleadas”. El actual momento de relativo repliegue de las fuerzas nacionales y populares debe dejar lugar a una nueva ola de grandes cambios a favor de los pueblos latinoamericanos. Para que ese proceso de transformaciones llegue antes y avance más allá de lo conquistado en estos años, es necesario potenciar nuestra capacidad de aprendizaje respecto de las enormes conquistas obtenidas, de los obstáculos a los que nos hemos enfrentado y de las asignaturas que aún hoy están pendientes. Este ejercicio seguramente contribuirá a construir la organización política y las bases programáticas para las luchas sociales y las disputas electorales con que los movimientos nacionales y populares de América Latina recuperarán la iniciativa en los próximos tiempos.

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* Daniel Filmus es sociólogo (UBA), magister en Educación e investigador del CONICET. Fue secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2000-2003) y ministro de Educación de la Nación (2003-2007); miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco (2007-2011, reelegido en 2013); senador nacional (2007-2013); y secretario de Asuntos Relativos a Malvinas y Atlántico Sur de la Cancillería (2014-2015).

El presente artículo sintetiza las ideas propuestas en el trabajo “El fin del casillero vacío. Una década de transformaciones y desafíos pendientes en América Latina” que forma parte de la compilación Pensar el Kirchnerismo realizada por Daniel Filmus y editada por Siglo XXI (2016).

La ofensiva del gran capital y las amenazas para América Latina

Theotônio dos Santos*

La discusión en marcha en el mundo de hoy se concentra en comprender la profundidad de la crisis financiera iniciada en 2007 y su relación con el conjunto de graves limitaciones del actual sistema mundial para garantizar la sobrevivencia de la humanidad. Estaríamos en una crisis final del capitalismo que hasta 2016 no ha alcanzado una recuperación suficiente, por lo menos en sus centros más importantes. En este contexto general, las economías hoy llamadas “emergentes” se desprenden de una posición subordinada del sistema mundial y conducen al surgimiento de muchos grupos de investigación que trabajan sobre la crisis mundial.

Como resultado de este giro de preocupaciones, emergen nuevos temas antes menospreciados en los centros de investigación conservadores, como la importancia de la concentración de la producción, del ingreso y de las riquezas, así como del intercambio mundial de bienes y valores. Podría deducirse que sería casi imposible prever e interpretar estos fenómenos antes despreciados o, inclusive, suprimidos del centro de las preocupaciones científicas.

No creo que debamos hacer un trabajo demasiado grande para localizar las principales tendencias que se están desarrollando en la economía mundial para tener una capacidad de previsión y de identificación de sus posibles direcciones. La verdad es que la crisis iniciada en 2007 era relativamente previsible, pero su profundidad y duración sí se hizo más difícil de prever, debido a la existencia de muchos factores condicionantes de la misma. Si analizamos globalmente las últimas estadísticas macroeconómicas, veremos que emergen nuevos poderes económicos, sobre todo en Asia y, particularmente, en China e India. El gobierno chino, principalmente, está activando sus reservas (de cerca de 400 billones de dólares), que representan un enorme volumen de liquidez en un mundo donde prevalecen las deudas en los antiguos centros de poder. El antiguo grupo de las siete mayores economías y la Trilateral (Estados Unidos, Europa y Japón) son cada vez más incapaces de pagar sus deudas, por lo general mayores que el valor de sus Productos Internos Brutos (PIB), pues se trata de economías donde prevalecen los déficits comerciales externos y los déficits fiscales internos.

De esta manera se impone la tendencia a la valorización del yuan. Así, China gana el poder de emitir su propia moneda con circulación internacional. Esto se multiplica cuando el gobierno de China busca fortalecer su economía creando “fondos soberanos” juntamente con otras potencias superavitarias, con el objetivo de ampliar mundialmente sus inversiones. El gobierno chino ya lo viene haciendo desde algún tiempo atrás, mientras el yuan tiene circulación internacional creciente (del 2% de las divisas en el mercado internacional en 2012, el yuan alcanza el 8% en 2016). Es así como países de la OPEP y de Asia, que están actuando en la misma dirección, pueden aumentar su preferencia por la divisa china.

Venezuela, como veremos, disminuyó mucho su capacidad de influencia internacional con la drástica caída del precio del petróleo y perdió mucha capacidad de crear un fondo soberano poderoso, porque ya no tiene reservas importantes. Pero esta situación provisoria debe cambiar. Se hace necesario que economías poderosas como la brasileña se liberen de la dictadura ejercida por sus bancos centrales que impiden la creación de estos fondos, además de sabotear la creación del Banco del Sur y del Banco de los BRICS, que los pondrían en el centro del desarrollo de las Américas del Sur y Central, del Caribe y del Atlántico Sur. Sin despreciar una audaz política de aproximación del comercio con el Pacífico –centro privilegiado de los cambios de la economía mundial–.

Los cambios en el cuadro mundial y el destino de la humanidad 

Después de un período de confrontación con estos cambios tan perjudiciales para los antiguos centros de poder hegemónico, se inició una ofensiva comandada por los Estados Unidos de presión sobre las economías del antiguo Tercer Mundo, con un movimiento concentrado en la baja del precio internacional del petróleo. Este cuadro llevó a intentos de golpes e invasiones contra los centros alternativos al poder de estas potencias. Es así que Estados Unidos desata una situación de caos en el Oriente Medio, centrándose en Irán, Irak, Siria, Libia y extendiéndose a Paquistán y Afganistán, pero perdiendo poder en toda la región.

Al naufragar en sus intentos de dominar el Oriente Medio, intenta frenar el crecimiento de Rusia y su influencia creciente en la región que históricamente se vinculó con la Unión Soviética. Su intento de arrinconar a Rusia a través de un golpe en Ucrania desemboca en la pérdida de Crimea. Pero todo se hará más grave con el fin de la debacle petrolera, con la dificultad de integrar Turquía en un frente fracasado en el Oriente Medio y en Siria, en particular. Toda la ofensiva desatada en la región está en grave crisis en razón del aumento del precio del petróleo. Si Venezuela consigue mantenerse bajo la dirección de la izquierda en los próximos años, seguramente va a entrar en ese esquema de aprovechamiento productivo de las reservas ya descubiertas y su utilización como fondo de inversión que sirva de base, incluso, para fondos de inversión privados y compra de empresas mixtas. Es muy interesante anticipar esta situación porque, como veremos, el uso estratégico de estas reservas puede revertir rápidamente los impasses de la presente coyuntura.

El mundo latinoamericano (incluido Brasil) y caribeño se encuentra

en este momento sobre-determinado por la amenaza de la rebaja de las inmensas reservas que aún posee. Sin embargo, estos países han vivido, desde inicios de este siglo hasta hace tres o cuatro años, una situación de aumento espectacular de sus reservas monetarias, que contrastan con las enormes deudas internacionales con que convivían en los años 80 y 90 del siglo pasado. Un mundo de países debilitados por deudas colosales y que no tenían dinero para impulsar una política de desarrollo debido a una deuda paralizante, se encontraban con grandes excedentes financieros, que permitían instalar gobiernos capaces de unir crecimiento económico y redistribución de renta, aunque moderada. Pero la miseria en que vivía y aún vive un tercio de la población de estos países permite que la reorientación de 2 a 3% de sus Productos Internos Brutos hacia estas poblaciones produzca cambios radicales en las vidas de millones de personas.

Es difícil aprender a convertir sus propios títulos de deuda en fuerzas para el desarrollo. Claro que hay poca gente dispuesta a comprar, en ese momento, los títulos de deuda sin ningún respaldo en producción de bienes o inclusive, valores ligados a servicios públicos o privados. Sin embargo, los Estados Unidos se mantienen con la emisión de títulos de deuda estatales sin ninguna perspectiva de ser pagados por un gobierno que no tiene posibilidades de cubrir sus deudas, ya que carece de propuesta alguna de obtener un superávit fiscal que pueda permitir la disminución de su deuda. Con esta aventura, los Estados Unidos están recorriendo un camino muy peligroso porque se aguarda una gran devaluación que derrumbaría los valores del dólar masivamente. Podríamos prever que no solamente se trata de una hipótesis, sino que se siente, se sabe, que vamos a tener una gran devaluación del dólar. En un país que paga 0% de intereses por sus títulos públicos, comprar estos títulos que se emiten en una moneda en devaluación es un claro suicidio económico, cuyo costo solo puede ser asumido por países que tienen poderosos intereses geopolíticos comunes con el país de moneda decadente.

Esta situación nos muestra que tenemos que repensar mucho y estudiar mucho, no solamente con una visión regional del mundo, sino con una visión que se aproxime más a la realidad. Este fenómeno global, si lo analizamos con lo que está pasando en 2016, indica que estamos viviendo una alteración en la correlación de fuerzas dentro del sistema económico mundial, en el cual los centros de poder económico están convirtiéndose en países comandados por grandes concentraciones financieras que dependen cada vez más de poderosas empresas estatales y colosales transferencias de recursos estatales. Este es un fenómeno realmente inesperado para aquellos economistas formados por el discurso neoliberal, e influenciados por una campaña contra las empresas públicas y por las ventajas de la privatización que predominaron desde la década del 80 hasta inicios del Siglo XXI, cuando esta ofensiva entra en decadencia.

Las mayores empresas

A pesar de la campaña privatista, estas ideas fueron rápidamente reconvertidas a partir de los años 2000. Si nos basamos en las 10 primeras empresas, según el valor de sus acciones, veremos que la primera empresa en el mundo, en 2007, era Petro China, con una diferencia bastante grande en relación a la segunda. Mientras Petro China se acercaba a un billón de dólares de acciones, la Exxon de Estados Unidos, que es una empresa privada, pero muy relacionada al sistema estatal y particularmente al Pentágono, aparecía en segundo lugar. La demanda de los productos de esta empresa proviene de instituciones estatales, financiados con recursos públicos.

La General Electric se colocaba en tercer lugar, según el valor de sus acciones. Empresa muy ligada también al Pentágono y toda la estructura militar de EE.UU., y también con inversiones a nivel global. Luego se colocaba la China Mobil e Industria y en quinto lugar la Microsoft, seguida de Gazprom, empresa estatal de Rusia. Habría que destacar que el Estado ruso retoma recientemente esta empresa, que había sido privatizada por políticas de conversión de empresas públicas en privadas, generando súbitamente grandes riquezas, lo que promovió que los especuladores empezaran a comprar la Gazprom. No queda claro cómo fueron exactamente privatizadas esta y varias otras empresas.

Al re-nacionalizarla, el presidente Putin logró retomar el eje principal de la economía rusa, cambiando drásticamente la correlación de fuerzas de la economía mundial. No solamente por la situación del petróleo y gas, la presencia rusa inaugura una fase muy complicada, porque su participación aumentó mucho la competencia en la explotación petrolera y gasífera mundial. La presencia de Gazprom permitió, por ejemplo, que en ese momento se realizaran reuniones de Rusia con Arabia Saudita, que es una acción fuera de lo común, excepto por los intereses comunes en relación a los hidrocarburos.

China también se ubica en este juego de poder en el Oriente Medio, y probablemente esto tiene que ver con una estrategia petrolera que no se administra solamente desde la OPEP, sino que articula el apoyo de otros centros petroleros para conseguir, realmente, tener una posición de fuerza mundial. La obsesión de los Estados Unidos de mantenerse como líder incontestable de la economía petrolera mundial lo pone en confrontación con casi todos los países del mundo.

En el caso de América Latina, estas ambiciones desmedidas de los grupos dominantes en Estados Unidos llevaron al gobierno de ese país a forzar situaciones políticas en la región. Frente al decisivo hecho de que no cuentan más con apoyo militar para sus aventuras totalitarias, tienen que promover golpes de Estado apoyados fundamentalmente en congresos deslegitimizados, leyes absurdas improvisadas para servir a sus intereses, intervenciones jurídicas que convierten a la policía y a los tribunales en poderes medievales, así como en el dominio y monopolio absoluto de los medios de comunicación.

Es grave observar cómo las fuerzas de izquierda latinoamericanas se ablandaron con los pocos años de ejercicio del poder. Frente a la ofensiva general del gran capital en decadencia, se acomodan a su propuesta de retroceso ideológico y cultural que pretende transformar estas acciones desesperadas en fuente de una nueva legalidad que confunde la democracia con la movilización monopólica de los medios de comunicación y la restricción a los poderes populares que venían acumulándose en el Siglo XXI, para desespero del gran capital en general.

El intento de “restringir” la cuestión democrática a una posibilidad de escoger un candidato entre los ya definidos por partidos sin participación popular; una incorporación formal de los pueblos sometidos desde las colonias, negándoles las cuotas para integrarse en los verdaderos centros de decisión; unas restricciones a la moral patriarcal que se restringe a la libertad y realización parcial de las mujeres sin darles el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En fin, transformando conquistas parciales en objetivos finales y buscando ocultar la radicalidad del moderno ideal democrático según el cual la plena realización de los individuos no solamente debe ser “reconocida” socialmente, sino que debe buscar el pleno ejercicio de su condición de ser humano y de su poder para orientar los destinos de la humanidad, liberándola del sometimiento a las fundamentales contradicciones sociales que la oprimen. Se trata, al fin de cuentas, de restringir la plenitud del ideal democrático a simulacros de democracia.

Además, está claro que no se puede aceptar la reducción del concepto de democracia a los principios liberales que contradicen históricamente los principios democráticos. La libertad de los explotadores y violentos dominadores no puede ser un principio ordenador de un mundo cada vez más interactivo. No podemos aceptar como principio el de explotar a las grandes mayorías y acumular el 50% de la riqueza en manos del ya famoso 1% de la población mundial, en nombre de una eficiencia económica muy discutible. Si no fuera por el terror organizado y promovido por un sistema de poder en crisis profunda, sería jocoso pretender que la humanidad deba someterse a un mundo marcado por colosales desequilibrios económicos, crisis humanas y ambientales, permanentes amenazas de violencia y advertencias dramáticas a la sobrevivencia de la humanidad y del propio planeta Tierra.

Está, pues, al orden del día una batalla de ideas que se dibuja en el planeta con fuertes colores. Nuestra capacidad de movilización contra la ofensiva del gran capital es crucial. Pero esta debe reivindicar la defensa de una nueva sociedad, de una nueva economía y de una nueva cultura, así como la creación de los instrumentos necesarios para que cada ser humano se convierta en el dueño de su propio destino.

* Profesor emérito de la UFF; investigador nacional Senior de la UERJ; presidente de la Cátedra UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable (REGGEN); Premio Mundial Economista Marxiano 2013 de la Asociación Mundial para la Economía Política (WAPE); director del CEPPES; Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO (2015); Premio Cátedra Maestro Torres Gaitán del IIEc / UNAM (2016).

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: “Democracia en jaque”, el 19 de octubre de 2016.

América Latina: nuestra

Yamandú Acosta, Verónica Giordano y Lorena Soler*

Hacia fines de 2008, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advertía en una intervención en la revista Reforma: “No hay que equivocarse, esta no es una época de cambios sino un cambio de época”.1 Y continuaba: “Se han puesto en riesgo dos bienes públicos globales vitales para la supervivencia del mundo como lo conocemos: la estabilidad financiera y la seguridad climática”.²

Bárcena asociaba el cambio a la crisis. En este artículo, proponemos una deriva que sondea los mismos conceptos y reflexiona sobre algunos fenómenos recientes que vuelven a tensionar la idea de cambios en la época o cambios de época. ¿Cómo evaluar hoy nuestra época? ¿Cómo evaluar el cambio? ¿Qué decir de la(s) crisis? Ensayaremos un desarrollo que ancla en las diversas disciplinas de origen de los autores, sociología, historia, filosofía, y que se proyecta en el terreno común de nuestras preocupaciones, el pensamiento crítico latinoamericano.

En los años recientes, los autores de este texto hemos dedicado un esfuerzo común por explorar la relación entre intelectuales, ideas y cambio social en América Latina. La intención inicial fue relacionar dos momentos claves en la construcción del pensamiento social latinoamericano, que coincidieron con instancias también claves de manifestación de significativos cambios sociales y políticos: los años setenta y la primera década del siglo XXI.

Desde una perspectiva política y de construcción estatal, identificamos en 1999 el inicio de un nuevo ciclo en América Latina, cuando Hugo Chávez asumió el gobierno de Venezuela e inauguró un proceso de cambio social que tomaría al poco tiempo una dimensión regional. Con conceptualizaciones muy amplias, este nuevo ciclo fue caracterizado como: nuevas izquierdas en el gobierno, gobiernos posneoliberales o antineoliberales, rupturas populistas o reconfiguraciones del bloque hegemónico.

Más allá de los matices, con el nuevo siglo muchos países de la región, entre los que se cuentan Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay –dos de ellos, Paraguay en 2008 y Brasil en 2016, con gobiernos democráticos interrumpidos por lo que se han dado en llamar golpes “parlamentarios”– avanzaron en transformaciones contrastantes con la realidad de exclusión social y extrema pobreza de las décadas previas de neoliberalismo rampante.

En la medida en que la correlación de fuerzas de cada caso lo permitió, estas experiencias de gobierno cuestionaron –no sin contradicciones– los pilares del orden neoliberal del cual se asumían como superadoras. Los cambios introducidos han sido muchos y en variados sentidos y su análisis excede los marcos de este texto.

La complejidad política de estos procesos interpeló a los autores de este trabajo para una reflexión sobre el rol de los intelectuales y su articulación con el campo político. La derrota de las experiencias revolucionarias, la instauración de las dictaduras militares, la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, y sobre todo el desarrollo del neoliberalismo como paradigma dominante, horadaron las bases del pensamiento social latinoamericano. Las miradas de gran escala y las preguntas integrales fueron perdiendo lugar y fueron reemplazadas por un conocimiento especializado y microscópico en cuanto a los objetos de estudio, soslayando el papel de la historia en la explicación de la realidad social.

Este diagnóstico común nos invitó a revisitar la obra de algunos pensadores críticos latinoamericanos como Arturo Andrés Roig, Jorge Graciarena, Sergio Bagú, Orlando Fals Borda, Domingo Rivarola, entre otros. En nuestro equipo de trabajo también hemos abordado cuestiones relativas a la dependencia, el desarrollo y el industrialismo que tanto habían preocupado y ocupado a los intelectuales de los años sesenta y setenta, ofreciendo nuevas perspectivas y nuevas posibilidades de aplicación de conceptos típicos de esos años, como por ejemplo el concepto de enclave, que Alfredo Falero retoma críticamente para caracterizar a la sociedad del conocimiento en el Uruguay actual.³

Los acontecimientos recientes nos han conducido a replantearnos las preguntas iniciales. En América Latina, la idea de cambio de época aparece tensionada por la afirmación de fuerzas de derecha que vuelven a implementar recetas de aquel neoliberalismo que sumió a América Latina en la extrema pobreza, el desempleo, la desindustrialización, la aguda dependencia de los organismos internacionales, etcétera. En Estados Unidos, Donald Trump está haciendo una campaña electoral agresiva que, lejos de propinarle enemigos, le ha permitido cosechar cada vez más afectos. Y en Europa, la arquitectura de la integración se ha sacudido fuertemente después del Brexit.

Lo que antes eran solo señales dispersas que indicaban el agotamiento del ciclo progresista y una eventual regresión en la conquista de derechos, tanto de mayorías como de minorías tradicionalmente invisibilizadas o discriminadas, hoy tiene la potencia de los hechos.

Cambio sin crítica. Crítica al cambio

Más allá de los esfuerzos empeñados, es cierto que los gobiernos progresistas no lograron revertir la desigualdad. Hoy sigue siendo escandalosa la concentración de una cada vez mayor riqueza en un muy reducido porcentaje de la población planetaria. América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo.

En el plano cultural, los proyectos transformadores de las primeras décadas del siglo XXI han fallado en la construcción de una hegemonía alternativa a la hegemonía neoliberal, la cual a pesar de los cambios introducidos pudo conservar significativas cuotas de poder. En este contexto, se hace evidente el enorme poder que han logrado sostener sus portavoces: los viejos y nuevos agentes de producción pero también los viejos y nuevos agentes de difusión de ideas. El mapa político actual de América Latina está en proceso de reconfiguración con gobiernos que ampliamente podríamos agrupar como de derechas. Sus fuerzas sociales y políticas ponen en circulación ideas vehiculizadas por expertos y think tanks que dotan de sentido a la construcción del orden y construyen una comunidad de ideas. En estas condiciones, las redes de expertos se han vuelto agentes poderosos y fortalecidos en el campo del saber.

En la década del noventa estas redes fueron un factor clave en la implementación de proyectos de construcción hegemónica, que se apoyaron mucho más en las organizaciones transnacionales que en la competencia político-partidaria. Recientemente, ellas han recobrado relevancia por su protagonismo político en la gestión estatal en el marco de los actuales gobiernos.

En el plano de las ideas, estas redes están promoviendo un nuevo “sentido común” y una atmósfera hostil a la proliferación de prácticas que otorguen a la noción de cambio un contenido de crítica.

Con el argumento aparentemente inclusivo y universal de promover una educación pública de calidad, los gobiernos que se inscriben en el nuevo “giro a la derecha” colocan a las universidades y a los sistemas científicos nacionales en el mero papel de montajistas o ajustadores de engranajes de un pensamiento pensado por otros, afirmando la condición periférica de nuestra región en el capitalismo global. Se trata de un verdadero disciplinamiento del saber.

En un reciente trabajo sobre el PRO (Partido Propuesta Republicana) en Argentina, Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti recuerdan que, ya en los años 40, teóricos como Friedrich Hayek entendían que la gran tarea era conquistar las mentes mediante una acción pedagógica prolongada, que debía comenzar por las elites y luego seguir con las masas, y en la cual el papel de las fundaciones y think tanks era crucial.⁴

Impregnados de las concepciones neoliberales mainstream, los expertos y las redes transnacionales en las que se aglutinan cuentan con recursos materiales y simbólicos suficientes como para legitimar el proyecto de cambio que impulsan las derechas actualmente en el gobierno.

Portadores de un saber estrictamente técnico, los expertos elaboran sus argumentos con conceptos nominales y fáciles de comunicar, ofreciendo un saber aplicado y descontaminado de ideología, que es percibido como la solución más eficaz y eficiente para los problemas sociales actuales.

Los expertos se vuelven así figuras confiables. Y articulados en redes con otros expertos, comparten la forja de su expertise en los permanentes trasvasamientos entre la empresa privada y la gestión estatal.

Los vasos comunicantes entre el sector privado y el Estado son a la vez el resultado y los potenciadores de gobiernos que hacen de la tecnocracia su leit motiv. En Ecuador, a comienzos del año 2014 el partido del presidente Rafael Correa, Alianza País, perdió la Alcaldía de Quito a manos de Mauricio Rodas, formado en Estados Unidos y ex director de la Fundación Ethos, con sede en México, de la cual participan en calidad de asesores personajes encumbrados del neoliberalismo en América Latina, entre ellos Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia (2001-2002) y nuevamente candidato en las elecciones de 2014; el venezolano antichavista Ricardo Hausmann, ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Moisés Naim, editorialista de El País de Madrid y ministro de Venezuela cuando promovió el paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevó en 1989 al Caracazo, con centenares de muertos; el anunciante mexicano Carlos Elizondo Mayer-Serra; los empresarios Alejandro Ramírez Magaña (dueño de Cinépolis) y Agustín Coppel; y el polemista y escritor liberal Enrique Krauze.

Este escenario se completa con el cuadro de presidentes actuales, entre los que prima la condición de empresarios antes que la condición de hombres de la política. En 2013, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, se abrió un proceso electoral del cual resultó triunfante el empresario Horacio Cartes. En 2014, otro empresario, Juan Carlos Varela, asumió la presidencia en Panamá. En Argentina, en 2015 resultó electo el empresario Mauricio Macri, que desde hacía ocho años ocupaba el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien además, según estudios de la socióloga Ana Castellani, se ha rodeado de un alto funcionariado compuesto en un tercio de su totalidad por empresarios. Y en los últimos meses, en Brasil, el impeachment a Dilma Rousseff ha dado lugar al despunte de un fenómeno similar a los casos hasta aquí mencionados: el ascenso de la CEOcracia de Michel Temer, en funciones actualmente hasta tanto se expida el proceso contra la presidenta.

La condición de empresarios, no obstante, no debe opacar algunas diferencias. Mauricio Macri proviene de una familia menos distinguida que las tradicionales familias de derecha latinoamericanas (como Sebastián Piñera en Chile). No obstante, el apellido Macri se asocia con las grandes fortunas amasadas a costa de no arriesgar la rentabilidad en ninguna causa justa ni en ningún partido político. Así, a la hora de involucrarse en la política electoral, Macri creó su propio partido y le entregó la administración de la riqueza a su padre Franco Macri, a tal punto que –señalado por el affaire de los Panama Papers– Macri (hijo) alegó no conocer el destino de su dinero, que era pretendidamente administrado por su padre.

Por su lado, en Paraguay, Horacio Cartes es un empresario del tabaco que supo ser el outsider de un partido centenario, el Partido Colorado. Es más, podría arriesgarse que Cartes salvó a dicho partido de su crisis final.

En Venezuela, un país en donde las derechas son la oposición (a diferencia de las derechas en el gobierno de Paraguay y Argentina), Horacio Capriles representa otra forma de derecha, que en este caso sí proviene de la clase política. A los 25 años, Capriles fue electo diputado del Congreso de la República por el estado de Zulia y en el año 2000 asumió como alcalde de un importante municipio de Caracas. Capriles hizo de la renovación política su eslogan, con un estilo de ejercicio del poder que se fue desbocando en la medida en que Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro, consiguieron sostenerse en el gobierno.

La crisis actual como punto de partida de la crítica

Con excepción del siempre referenciado caso del grupo Comuna en Bolivia, todavía no han sido suficientemente estudiados los grupos de intelectuales que han acompañado a los gobiernos inscriptos en el denominado “giro a la izquierda” de la primera década del siglo XXI.

Sin duda, este acompañamiento ha sido sinuoso y hasta errático en muchos casos, quizás porque la heterodoxia política de los mencionados gobiernos ha despertado más interrogantes que certezas a la hora de aportar organicidad o afiliaciones.

Así, los impulsos del pensamiento crítico durante la fase de gobiernos “progresistas” han sido fragmentarios y no es posible trazar una línea acumulativa, como sí lo es para el caso del pensamiento crítico de las décadas del sesenta y setenta. En algunas experiencias, incluso, dichos impulsos críticos han estado impregnados de un excesivo posibilismo y voluntarismo que ha ido en detrimento de replanteos epistemológicos que alienten las investigaciones.

Con el avance de las derechas en la región, la revitalización del pensamiento crítico debe afrontar el desafío de superar los escollos que presenta una división de trabajo intelectual en la que los países periféricos cumplen el rol de meros montajistas de piezas teóricas y metodológicas elaboradas en los países centrales.

En las nuevas condiciones, las series de datos presentadas a través de modernas tecnologías online desplazan al pensamiento crítico, el cual de este modo queda confinado a la devaluada condición de ensayo filosófico.

Creemos que otro mundo es deseable y posible. Si otro mundo no fuera posible, la crítica del mundo actual sería nihilista. La construcción de lo posible desde el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias comunitarias o colectivas en sinergia con las cuales este se construye, anticipan en este mundo, otro mundo u otros mundos posibles. La referencia a la intervención de Alicia Bárcena que tomamos al comienzo de este texto, aunque pronunciada desde un punto de vista distinto al que aquí asumimos, también promovía un diagnóstico similar. Bárcena reconocía la existencia de una crisis de escala global, que ponía en riesgo “la supervivencia del mundo como lo conocemos”, y frente a la crisis (¡en 2008!) asumía una perspectiva optimista: “Será posible que en este milenio se elimine la pobreza extrema y la desigualdad de la faz de la tierra. La redefinición del sistema financiero internacional ofrece la oportunidad y por ello representa el inicio del cambio de época”.5 Mirada la época desde el presente, podemos decir que la crisis es efectivamente planetaria y que se precisan más cambios, cambios profundos.

Bárcena se refería a una crisis financiera. Pero la crisis actual es más que una crisis financiera, es más que una crisis de valores... podemos afirmar que desde el punto de vista filosófico es una crisis de convivencia, es una crisis de la humanidad.

La misma se ha expresado –entre otras muchas manifestaciones– en la extensión y profundización del paro en varios países centrales, en los salvatajes de algunas economías europeas, en los combates en Oriente Medio, en las guerras desplegadas en Irak, Libia y Siria, en las crisis humanitarias en África y Haití, en la reproducción de la indigencia y la pobreza a nivel planetario.

El fundamentalismo neoliberal del mercado ha potenciado a los fundamentalismos religiosos, que en muchos casos han desplazado a las religiones en nombre de las cuales pretenden actuar. Como efecto colateral, ha potenciado también la proliferación de organizaciones y prácticas del terrorismo que han encontrado en aquellos fundamentalismos su condición de posibilidad.

Tanto la lógica del capital como la lógica del terrorismo coinciden en la promoción de un estado generalizado de incertidumbre que tiende a que nadie pueda sentirse definitivamente seguro. Estas lógicas coinciden también en que ambas producen víctimas, y ya no como efecto colateral, sino como condición esencial constitutiva de cada una de las mismas.

Las lógicas totalizadas de producción (tanto en su versión de competencia de mercado como de terror), no obstante su carácter constitutivamente destructivo –de la naturaleza y el hombre, como ya anotaba Marx en el Siglo XIX–, no solamente persisten sino que se extienden y profundizan. Llevan al límite las condiciones de posibilidad de la reproducción de la vida en general y de la vida humana en particular en un horizonte de futuro no muy lejano de crisis de la humanidad.

En este contexto, de relaciones dominantes construidas sobre la matriz de un capitalismo salvaje globalizado y globalizante, creemos que el locus de la crítica es el de las poblaciones territorializadas, afectadas en sus posibilidades de producir y reproducir su vida en términos de una vida digna para todos y todas sin exclusiones. Territorializar la vida humana para asumir una posición crítica de un capital trasnacional desterritorializado que destruye exponencialmente la vida humana y la naturaleza.

En el caso de América Latina, esto ha sido comprendido por los intelectuales críticos de los años sesenta y setenta de manera creativa. Pero también por algunos pensadores fundacionales del pensar latinoamericano.

“Nuestra América” (1891), de José Martí, es un manifiesto filosófico, político y cultural paradigmático porque desde su propio título nos lleva a colocarnos en un lugar –geográfico, pero también histórico, político, social, cultural y finalmente “humano”– y en relación al mismo sentir, pensar y actuar como integrantes de un “nosotros” que nos trasciende en nuestra individualidad. Ese lugar es “Nuestra América” y ese “nosotros” es el de “nosotros los latinoamericanos” o los “nuestroamericanos”, como ha insistido Horacio Cerutti-Guldberg en perfecta sintonía con el sentido de lo latinoamericano asumido e impulsado por Arturo Andrés Roig.

En este texto de Martí, valora Roig, emerge la quiebra de las totalidades opresivas externa e interna: “Emergencia nacional y emergencia social, como momentos inescindibles para la postulación de una ética universalista que ponía la inflexión de la mirada en los grupos humanos en los que la alteridad alcanzaba su máxima expresión”.⁶

El locus filosóficamente elaborado por Martí define el topos de una América que es y que presenta una serie de problemas. Entre ellos, uno no menor es la falta de reconocimiento entre los diversos –indios, negros, criollos, españoles– que más allá del diferente color de piel expresan la universal dignidad de hombres y mujeres. Un problema, el de la falta de reconocimiento entre los diversos, que no puede ser soslayado a la hora de pensar el tortuoso proceso de construcción de la democracia en América Latina, donde a los impulsos de igualdad han sucedido inevitablemente feroces (bajo las dictaduras) y brutales (bajo las derechas consagradas por las urnas) impulsos de segregación.

Martí propone la utopía de una América que implica un nosotros de semejante plenitud utópica. Desde la topía, y con la iluminación crítica de la utopía, es que se construye lo posible en términos de un nosotros en la territorialidad de nuestra América. Este nosotros constituye un verdadero aporte para nosotros mismos y para la construcción en nosotros de lo humano universal, y por lo tanto como universalismo concreto.

Con un ímpetu decolonial, antes de que la onda del pensamiento decolonial todo lo abarcara, Martí nos ofrece un universalismo concreto que discierne críticamente al universalismo abstracto de la tradición moderno-occidental, a través del ejercicio del a priori antropológico que tanto ha señalado y elaborado Arturo Andrés Roig.

Este a priori antropológico implica tenernos a nosotros mismos como valiosos y tener como valioso conocer y conocernos y realizarnos por nosotros mismos. No se trata de postular ninguna pretensión de autarquía, sino solamente de autonomía, de independencia y de libertad como precondición para construir relaciones con las alteridades configuradas por otros nosotros. Se trata de relaciones en las que hombres y mujeres puedan no ser “un ser abandonado, sojuzgado y miserable”, como señalaba Marx.

En el actual contexto de avance de las derechas y sus expertos, la tarea es urgente: asumir una posición crítica del capital trasnacional desterritorializado que nos hace miserables, en el doble sentido de infelices (los pobres) y mezquinos (los ricos).

*Yamandú Acosta es profesor e investigador de la Universidad de la República (Uruguay). Verónica Giordano y Lorena Soler son profesoras e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires y CONICET. Junto con Waldo Ansaldi recientemente han publicado América Latina piensa América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2015. Los autores coordinan el Grupo de Trabajo CLACSO “Ideas, intelectuales y cambio social en los albores del siglo XXI”.

Artículo publicado en “Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano”, CLACSO, Nº 36, julio de 2016.

1. Retomaba palabras de Osvaldo Sunkel, tal como consta en el texto citado.

2. Alicia Bárcena, “Cambio de época o época de cambios?”, Reforma, 13 de noviembre de 2008, p. 15. Disponible en http://www.cepal.org/ prensa/noticias/columnas/8/35068/Reforma_columnaAB131108OK.pdf.

3. Falero, Alfredo. Los enclaves informacionales de la periferia capitalista: el caso de Zonamérica en Uruguay. Un enfoque desde la Sociología. Montevideo: UdelaR, 2011.

4. Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio y Bellottin, Alejandro. Mundo Pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Buenos Aires: Planeta, 2015, p. 245.

5. ibídem.

6. Roig, Arturo Andrés. Etica del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo. Mendoza: EDIUNC, 2002, p. 113.

La ofensiva del capital y el ocaso del progresismo en el Mercosur

Antonio Elías*

El día de mañana se puede dar un crecimiento en la economía, pero siempre en una proporción menor, se va a entrar en un proceso cíclico como siempre lo hubo en el capitalismo pero con mayor estancamiento y cada cierto tiempo con nuevas crisis. El capitalismo se puede sostener, pero la tragedia humana va a ser peor. El capitalismo de mañana necesariamente va a ser peor que el de hoy. No hay una predestinación a su desaparición, para ello se requiere una intervención consciente de la humanidad a través de los movimientos sociales y políticos.

REINALDO CARCANHOLO1

La consideración de cuál es y cuál debería ser la inserción internacional de los países que hoy integran el Mercosur exige formularse algunos interrogantes vitales, como los siguientes: ¿La interacción entre los actuales gobiernos de los países miembros del Mercosur permitirá avanzar en un verdadero proceso de integración regional favorable a los intereses de la clase trabajadora y sus aliados? ¿O, por el contrario, hará que los capitales puedan moverse libremente, generando la concentración de la riqueza y su contracara, la exclusión social? En definitiva: ¿inserción soberana o subordinada?

El cambio sustancial que se está produciendo en la correlación de fuerzas al interior de Argentina, Brasil y Venezuela permite sostener que probablemente se avance hacia mayores niveles de subordinación. Ello no implica desconocer la existencia de diferencias importantes, desde el punto de vista de un posicionamiento estratégico latinoamericanista, entre Venezuela y Bolivia –que integran el ALBA– y los países fundadores del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La crisis de la economía mundial se traslada aceleradamente de los países centrales a los periféricos. Se revaloriza el valor del dólar y se deprecian las monedas de los países del sur; caen sustancialmente los precios de los productos primarios exportables y comienza un proceso de debilitamiento económico de los países y un empobrecimiento creciente de las clases subordinadas. Todo lo cual ha generado la agudización de la lucha de clases y los procesos de disputa por el poder (político, económico y social); en algunos países hay niveles altos de confrontación e inestabilidad y el predominio electoral del progresismo muestra fisuras importantes.

Dicho esto en el marco de una ofensiva del capital transnacional para imponer mega tratados cuyas disposiciones exceden largamente tanto el actual nivel de apertura como el nivel de restricciones que se imponen a los Estados para impedir que establezcan sistemas de reglas económicas nacionales que limiten la expansión de las empresas y la maximización de sus beneficios.

Los Estados Unidos –impulsor y motor fundamental de estos tratados– buscan la profundización, hasta sus últimas consecuencias, del modelo de acumulación vigente, lo que implica la expansión del capital a los ámbitos que aún están en manos del Estado y la consolidación de una nueva estructura institucional favorable al capital transnacional.

Analizar laactualsituación implica comenzar por ubicar el tema en el marco de la ofensiva del capital por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la decaída tasa de ganancia.

La ofensiva estratégica del capital

A partir de la crisis de principios de los años 70 y la fuerte caída de la tasa de ganancia, se produce una ofensiva del capital para imponer un nuevo modelo de acumulación. En la misma se pueden identificar varias fases y diferentes formas de dominación política. Las características de cada fase, en tanto son procesos sociales contradictorios, conllevan complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las tendencias del capital y de la correlación de fuerzas en cada país.

Los organismos multilaterales imponen una acción deliberada y programada en nuestros países, por lo cual se debe analizar la importancia que han tenido en nuestro continente los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas de segunda generación del Banco Mundial, así como los cambios institucionales que se incluyen en los tratados de inversión y de libre comercio, en particular los tratados plurilaterales que actualmente impulsan los Estados Unidos.

En el marco de una reestructuración capitalista, se han impulsado desde los organismos multilaterales cambios institucionales y políticas económicas tendientes a eliminar las fronteras que impedían la penetración del capital transnacional y el sistema de regulaciones que limitaba o coartaba la maximización de beneficios.

La división de la ofensiva del capital en fases es obviamente una presentación estilizada y que, lógicamente, no se corresponde linealmente con los procesos de cada uno de los países de un continente caracterizado por la heterogeneidad.

Es de destacar, además, que los cambios de fases están precedidos de crisis económicas que provocan modificaciones tanto en la formas de dominación como en las características del modelo de acumulación, incorporando nuevas estrategias para preservar o aumentar la tasa de ganancia del capital.

En una primera fase, de principios de los setenta a mediados de los ochenta, se intentó desarrollar un nuevo modelo de acumulación del capital destruyendo o reduciendo al mínimo los Estados de bienestar del continente. Como ese objetivo no podía lograrse en un contexto democrático, se recurrió a dictaduras militares y/o gobiernos autoritarios como instrumentos para destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores y las fuerzas políticas que los representaban, a la vez que se intervenían las universidades y se perseguía a los intelectuales. Sobre la “tierra arrasada” se impusieron medidas económicas que habrían sido inviables si se hubiera mantenido la democracia: se redujo el salario real, se bajaron los impuestos al capital y se abrieron las economías al exterior de forma unilateral, con una reducción drástica de los aranceles a las importaciones y la liberalización de los flujos financieros.

En la segunda fase, desde mediados de los ochenta a fines de los noventa –cuando son desplazadas las dictaduras en el marco de la crisis de la deuda externa– las políticas económicas implementadas en este período, por gobiernos democráticos, toman como punto de referencia al llamado Consenso de Washington. Un modelo económico con fundamentos neoclásicos, que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa, asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia de las economías.

En lo relativo a la inserción internacional, impulsa una apertura de la economía sosteniendo que el único crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera (...) y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a un sistema de tasas múltiples (Williamson, John, 1991: 43). En esa misma dirección, plantea la importancia de captar inversión extranjera directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología.

A la vez plantea la liberalización financiera con tasas de interés determinadas por el mercado, rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable política. Propone mejorar el funcionamiento del mercado a través de la desregulación y del respeto a los derechos de propiedad, que “constituyen un prerrequisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista” (Williamson, John, 1991: 55).

La tercera fase se inicia a principios del nuevo siglo y se caracteriza básicamente por las reformas institucionales de segunda generación, que se realizaron buscando viabilizar el cumplimiento de los objetivos del Consenso de Washington. En efecto, en los últimos años de la década de los noventa era notorio que dicho Consenso no había dado los resultados que se preveían. La hipótesis central para explicar los magros resultados fue que el marco institucional creado para implementar el modelo de desarrollo anterior (proteccionista y estatista) era inadecuado para llevar adelante las políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda generación se encuadran en esa concepción.

El modelo de acumulación que se impulsa en esta tercera fase de la ofensiva capitalista profundizó el desplazamiento del Estado por el mercado y la apertura de la economía bajo el reiterado y falso argumento de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que facilitaría el ingreso de capitales y de tecnología.

Implicaba, además, que “el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica” (BID, 2000: 4).

Estas reformas, llamadas de “segunda generación”, pretenden expulsar el poder político de la economía y dar estabilidad a las reglas de juego económico autonomizando a los Bancos Centrales y creando agencias reguladoras independientes de los gobiernos de turno. Las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero.

La cuarta fase, que comienza en la presente década, demuestra que la crisis en los países centrales no detuvo la ofensiva del capital a través de la penetración de las empresas transnacionales en la mayoría de los mercados del continente americano, porque “la sociedad contemporánea transita un camino de crisis, funcional a un proceso permanente de concentración y centralización del capital como forma de acumulación de los capitalistas [...] la crisis supone la salida de escena de algunos actores económicos y el ingreso de otros, en un nuevo escalón de desarrollo tecnológico y de capacidad de la fuerza de trabajo para transformar la naturaleza y al propio ser humano” (Gambina, Julio, 2013: 17).

Como consecuencia del fracaso de la Ronda de Doha, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dejó de ser el ámbito principal para que los países centrales impulsaran la realización de acuerdos internacionales. Durante más de dos décadas se realizaron acuerdos bilaterales de comercio (TLC) en todo el mundo, y en los últimos cinco años se ingresó en una nueva etapa: los acuerdos son plurilaterales, abarcan múltiples continentes y están hegemonizados por los Estados Unidos.

En el contexto de la crisis mundial desatada en 2008 en EE.UU. se busca la profundización hasta sus últimas consecuencias del modelo de acumulación vigente, lo que implica la expansión del capitalismo contemporáneo en los ámbitos que aún están en manos del Estado y en la consolidación de una nueva estructura institucional impuesta por el capital transnacional.

Dicho objetivo aún no se ha logrado porque no se han concluido las negociaciones de los tratados plurilaterales de nueva generación, por fuera de la OMC, que van a profundizar la globalización y el dominio de las empresas transnacionales, entre los que se destacan el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Trade in Services Agreement (TiSA).

Con estos tratados plurilaterales, Estados Unidos busca consolidar su modelo de acumulación y asegurar los mercados de sus principales áreas de influencia, a la vez que intenta frenar el avance de China y Rusia.

El Mercosur y sus limitaciones

El Tratado de Asunción (26/3/1991) configura una extensión al plano regional de las estrategias aperturistas, monetaristas y anti estatistas vigentes en los países firmantes, y para amplios sectores políticos y empresariales implicaba la redefinición del papel del Estado y la flexibilización laboral.

En diciembre de 1994, en Ouro Preto (Brasil), se aprobó un protocolo complementario estableciéndose una unión aduanera imperfecta, que entró en vigencia el 15/12/1995. En la resolución 32/00, el Consejo del Mercado Común decide “reafirmar el compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”.2

El Mercosur ha firmado un número muy reducido de tratados de comercio que no incluyen la liberalización completa, ni temas referidos al sistema regulatorio. Los países con los que mantiene acuerdos vigentes son: Chile (1996), Bolivia (1997), México (2002), Perú (2005), Israel

(2007), India (2009) y Egipto (2010).

Un aspecto central que no puede ignorarse son los déficits del bloque regional. Entre otros, la exagerada confianza en los resultados de la liberalización comercial y el regionalismo abierto es negada al interior del bloque, donde se mantienen persistentemente barreras al comercio arancelarias y para arancelarias. A título de ejemplo, en 2014 el gobierno argentino prohibió el uso de los puertos uruguayos para trasbordar mercaderías a su país.

En los hechos no existe un mercado ampliado efectivo, lo que impide que los pequeños países puedan atraer inversiones con escalas de producción suficientes para participar en el mercado regional. No se han resuelto tampoco las grandes asimetrías existentes, las que se agravaron como consecuencia, entre otros aspectos, de políticas cambiarias contradictorias en la región y de la falta de coordinación de políticas macroeconómicas.

La estructura institucional es frágil e insuficiente para resolver los múltiples problemas de la integración. La incapacidad de incidir en la resolución de conflictos se vio con toda notoriedad en el diferendo entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa sobre el río Uruguay. Otro aspecto central es que la división del trabajo regional no incluye la complementación productiva.

La incorporación de nuevos miembros, como Venezuela y Bolivia (en proceso de ratificación parlamentaria), puede ser muy importante desde el punto de vista geopolítico y energético, pero difícilmente pueda resolver los déficits anteriormente señalados.

La falta de capacidad y/o voluntad de los socios para avanzar en la consolidación y profundización del proyecto de integración incluye también las posiciones divergentes entre sus miembros respecto a la realización de acuerdos con la Unión Europea.

En 2015, Brasil y Uruguay plantearon la posibilidad de hacer un acuerdo a “diferentes velocidades”, con el fin de evitar que las objeciones argentinas impidieran su realización. Esta alternativa se abandonó por dos razones: la Unión Europea tiene mandato para negociar en conjunto con todo el Mercosur, y Buenos Aires decidió ingresar nuevamente en las negociaciones.

El progresismo como alternativa

Como contrapartida a la ofensiva del capital y en el contexto de una importante crisis económica, surge el progresismo como alternativa a los gobiernos que aplicaron el neoliberalismo del Consenso de Washington. Gobiernos de derecha que fueron incapaces de dar lo que prometían y fueron derrotados electoralmente por organizaciones políticas con fuertes raíces en la izquierda y una importante base social en los trabajadores y en los pueblos originarios. Así sucedió en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Todo ello, en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto “progresismo” en un gran paraguas que cubre a gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

Los gobiernos progresistas del Cono Sur, con todas sus diferencias, se inscriben dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. Llegan al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, y en esa lógica asumen las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo: son los casos de Brasil y Uruguay, donde es notorio que pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En esos dos países los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizan el capitalismo. Esto no significa que no haya espacios sociales y políticos por disputar en cada uno de ellos.

En Bolivia, Ecuador yVenezuela, la situación fue muy distinta;hubo avances importantes en el enfrentamiento a las empresas transnacionales, restringiendo su capacidad de acumulación. Los cambios fueron más profundos y fuertes en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y la construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen y que estos países han evolucionado de manera bastante diferente por presiones externas ypor problemas internos.

El Alba-TCP apunta a una nueva forma de encarar los procesos de integración regional poniendo énfasis en la colaboración y la complementación política, social y económica entre naciones para avanzar en proyectos alternativos al neoliberalismo. Se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechan las ventajas de la cooperación entre diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países.

Son parte de ese bloque dos países que se han integrado al Mercosur –Bolivia y Venezuela–, a ellos se suman Cuba (impulsor fundamental del Alba junto a Venezuela), Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas, y Surinam. El Alba no ha logrado constituirse como un espacio de integración económica regional alternativo, como lo demuestra la integración de Venezuela y Bolivia al Mercosur.

Los pequeños países se integraron a un megaproyecto plurilateral

Paraguay y Uruguay se integraron al TiSA sin pedir el aval de los restantes miembros del Mercosur y sin que ningún país en forma oficial pidiera el tratamiento del tema y, menos aún, el retiro de las negociaciones.

El TiSA fue creado con el objetivo de liberalizar el comercio y la inversión en servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al capital en todos los sectores, incluyendo servicios públicos. Con este nuevo acuerdo las empresas transnacionales buscan superar las limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios firmado en 1995.

Para entender el énfasis otorgado a los servicios es muy ilustrativo el siguiente texto:

“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo” (Boron, Atilio, 2012: 23).

Las negociaciones del TiSA son parte del proceso de cambios institucionales impulsados por los países centrales para reducir al mínimo las fronteras económicas, los sistemas de regulación que protegen el desarrollo productivo nacional, los derechos de los trabajadores y la existencia de empresas públicas, todo lo cual facilita la penetración de las empresas transnacionales, principales beneficiarias de los tratados de libre comercio y de protección recíproca de inversiones. Este acuerdo, al igual que los otros tratados plurilaterales, se negocia al margen de la OMC, evitando así que se discutan los reclamos históricos de los países más pobres, entre otros, la eliminación de los subsidios agrícolas que utilizan como política proteccionista los países centrales.

Los principales objetivos de los impulsores de este acuerdo son que sus empresas tengan: a) libre acceso a los mercados sin limitaciones de ningún tipo; b) trato nacional, iguales condiciones que las empresas nacionales con mayores beneficios, sin ninguna forma de discriminación; c) trato de nación más favorecida, recibiendo el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan, tienen varios “blindajes”:

1) El “statu quo”, el cual “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos” (ISP, 2014: 14). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.

2) Las “disposiciones de trinquete”, que implican que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajustan a las obligaciones del acuerdo, sea dirigido a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (ISP, 2014: 14). Esto significa que solo se podrán hacer cambios en la dirección de mayores niveles de liberalización.

3) Las diferencias serán reguladas y arbitradas por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país. Se establece una privatización de la justicia que favorece a las empresas transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones.

4) Todos los mercados existentes son parte del tratado, salvo que sean excluidos a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TiSA. Esto contrasta con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, aprobado en 1995, que les permite a los países elegir cuáles servicios quieren liberalizar en lo que se denomina “lista positiva”.

5) El TiSA solo excluye de las obligaciones del tratado a los “servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental” que cumplan el doble requisito de no ser provistos “en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios” (ISP, 2014: 14), con lo cual quedan incluidos, entre otros, educación, salud y seguridad social (cuando existen proveedores privados); electricidad, agua y telefonía (porque se comercializan).

Con este acuerdo se reducen las soberanías nacionales, ya que se pierde control de las economías, y se afecta la democracia, en tanto los acuerdos adquieren carácter supraconstitucional. Los inversores extranjeros obtendrán así protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del “libre” comercio, aunque estas estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, la seguridad pública, la estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión, generando un deterioro significativo de ellos.

La izquierda logró que Uruguay se retirara del TiSA

En agosto de 2013 el gobierno uruguayo –presidido por José Mujica y siendo canciller Luis Almagro– solicitó el ingreso alTiSA y,cuando fue aceptado, se incorporó inmediatamente a las negociaciones (9/2/2015). Tabaré Vázquez ordenó el retiro de las negociaciones en setiembre de 2015. Para entender este inusual proceso de entrada-salida de un acuerdo internacional es necesario destacar algunas de sus más importantes carencias:

1) La “reserva” o el “hermetismo” se llevaron a tales extremos que la solicitud de ingreso se conoció recién en julio de 20143 y la incorporación a las negociaciones era desconocida por el propio Tabaré Vázquez, luego de haber asumido la Presidencia de la República.

2) Se aceptaron como condición de ingreso a las negociaciones los acuerdos ya realizados por los países miembros sin haber tenido acceso a los textos aprobados.

3) Un país básicamente exportador debienes de origen agropecuario abandonaba un reclamo histórico de los países del tercer mundo para que se eliminen los subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido una condición para negociar en la OMC la liberalización del comercio de servicios.

4) Las empresas públicas que tienen monopolios y/o compiten con marcos regulatorios que las protegen, tal es el caso de las telecomunicaciones, iban a tener que competir con empresas con enormes economías de escala y posiciones dominantes a nivel mundial.

5) Se entraba en franca contradicción con las definiciones programáticas del Frente Amplio; en el programa 2015-2020 se sostiene que “las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la agenda externa del Mercosur (…) impulsando Uruguay la profundización de los Acuerdos de Complementación Económica con los países de Latinoamérica y el Caribe”. 4

Luego de asumir la presidencia, Tabaré Vázquez dijo que había tomado conocimiento por la prensa de la integración al TiSA 5 y, posteriormente, resolvió trasladar la información disponible a la dirección del Frente Amplio para que tomara posición acerca de si se continuaba o no en las negociaciones. A partir de ese momento se desató una disputa hacia el interior del Frente Amplio y dentro del propio gobierno sobre la conveniencia o no de este tratado, que era rechazado por el movimiento sindical y sus múltiples aliados, a la vez que cuestionado por la Universidad de la República e intelectuales ligados a la izquierda social y política.

El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió el 5de setiembre de 2015, por 117 votos a 22, plantear al Poder Ejecutivo que era inconveniente “seguir participando en las negociaciones del TiSA”. La resolución fue comunicada al presidente de la República, el cual resolvió el retiro de las negociaciones el 7/9. La izquierda uruguaya ganó una batalla contra la ofensiva del capital transnacional y derrotó, a su vez, una metodología de hacer política basada en el secretismo.

Se agudiza la ofensiva del capital

Se está produciendo una contraofensiva imperialista que incluye, necesariamente, una radicalización conservadora de las burguesías locales que buscan la desestabilización de los gobiernos progresistas, quienes “en las nuevas condiciones no podrán mantener los niveles de compensación social con que algunos gobiernos han ido administrando la crisis y conservando la base social, a menos que los gobiernos utilicen el poder estatal que poseen para reducir el poder del capital. Esto implica admitir el conflicto de clases como necesidad, hasta para la permanencia de los gobiernos de izquierda mediante elecciones” (Stolowicz, Beatriz, 2012: 398).

Los recientes resultados electorales en Argentina (22/11/2015) y Venezuela (6/12/2015) han sido un muy duro traspié para las fuerzas progresistas. La presidencia de Mauricio Macri se inscribe, sin la menor duda, dentro la ortodoxia del capital, si bien estará limitada, en parte, por la falta de mayorías parlamentarias propias. En el caso de Venezuela, la situación es la contraria: el Poder Ejecutivo sigue en manos de los herederos de Chávez pero en el parlamento tiene amplísima mayoría la oposición.

En Bolivia (21/2/2016) fue derrotada, por una diferencia mínima, la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Movimiento al Socialismo para posibilitar la reelección del presidente Evo Morales en 2020. No debe olvidarse, sin embargo, que en 2014 el triunfo del actual presidente demostraba que quienes han realizado transformaciones institucionales profundas a favor de los pueblos originarios y han implementados políticas económicas heterodoxas bien organizadas y sistemáticas lograban triunfos electorales significativos.

Dilma Rousseff, que triunfó en las elecciones de 2014 –fue reelecta y el Partido de los Trabajadores obtuvo su cuarta presidencia consecutiva–, está muy debilitada por los casos de corrupción y el pedido de juicio político para su destitución. En Brasil, la recesión económica y la polarización política generan una situación fuertemente inestable y quitan capacidad de acción al gobierno.

En Uruguay, si bien en las últimas elecciones (2014) Tabaré Vázquez alcanzó el tercer gobierno para el Frente Amplio con mayoría parlamentaria absoluta, no es menos cierto que existen diferencias internas significativas, en particular en lo que refiere a la inserción económica internacional, lo cual se demostró en el proceso de discusiones sobre el TiSA.

Actualmente el gobierno uruguayo impulsa en el Mercosur, por un lado, el acuerdo con la Unión Europea, y por otro, que se eliminen las restricciones para que cada uno de los miembros pueda firmar en forma independiente acuerdos con terceros países.

La situación descripta muestra que existe un cambio significativo en la correlación de fuerzas en el Mercosur. En el marco de un fuerte retroceso político en los países con gobiernos progresistas –con todos sus matices– y en un contexto económico internacional muy negativo, no existirían condiciones para avanzar hacia procesos de integración regional, con complementariedad productiva, reconocimiento de asimetrías, eliminación de trabas comerciales arbitrarias y un marco institucional que garantice el cumplimiento de los acuerdos y la resolución de conflictos.

De todas formas, más allá de las dificultades y debilidades del Mercosur y el Alba, ninguno de ellos tiene la gravedad de los acuerdos plurilaterales con las grandes potencias.

En efecto, los tratados plurilaterales son parte de una nueva estructura institucional mundial cuyo objetivo es garantizar el control total de nuestras economías, haciendo que la estructura democrática republicana sea solamente un mecanismo para elegir administradores, con espacios muy limitados de acción. Constituyen instrumentos del imperialismo para acceder a los territorios económicos ocupados actualmente por los Estados, y restringirlos al libre albedrío del mercado. Lo que se pretende es privatizar todo lo comercializable, despojando a las sociedades del libre acceso y control de estos bienes esenciales. La finalidad primera y última es abrir camino a una mayor acumulación de ganancias para los conglomerados económicos que operan en el mundo entero.

Las sucesivas crisis han restringido las ganancias netas de estas entidades, por lo que buscan expandir sus operaciones en otros espacios económicos sin respetar límites ni aceptar restricciones. Para eso buscan avanzar con instrumentos de guerra económica contra las naciones que resisten la ofensiva del capital, a la vez que someten a los países que participan de sus proyectos estratégicos a una normativa supranacional –tratados, acuerdos o cualquiera sea su nombre o sigla– que no podrá ser modificada por la sola voluntad de ninguno de los gobiernos subordinados.

Los Estados, por tanto, pierden su capacidad natural de regular y gestionar las actividades económicas y los servicios sociales, renunciando así a potestades hasta ahora inalienables en consonancia con las normas establecidas por las constituciones nacionales. Y para intentar evitar las naturales resistencias que estas negociaciones generan en las sociedades, se establecen restricciones a la información: no se divulga lo que se está negociando y solamente se dan a conocer los términos del acuerdo cuando está concluido. Porque, entre otras cosas, dicha información pone en cuestión la solvencia y legitimidad de los gobiernos que se integran a este nuevo/viejo modo de inserción internacional subordinado a los intereses del capital.

BIBLIOGRAFÍA

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BORON, ATILIO (2012). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Editorial Luxemburg.

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ELÍAS, ANTONIO (2006). Los gobiernos progresistas en debate (Compilador). Montevideo: CLACSO.

(2010). “Crisis mundial: origen, impactos y alternativa” en La crisis capitalista y sus 

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(2012). “Frente Amplio: veinte años sin proyecto histórico” en La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética. México DF: Ocean Sur.

(2015). Las trampas del libre comercio. Cómo ha funcionado la ofensiva del capital en América del Sur. San Pablo: Fundación Rosa Luxemburgo, Punto de Debate Nº 2, noviembre.

(2015). “Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa”. 

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GAMBINA, JULIO (2013). Crisis del capital (2007/2013). La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas. Buenos Aires: FISYP, p. 17.

ISP / SINCLAIR, SCOTT Y MERTINS-KIRKWOOD, HADRIAN (2014). El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa (http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos).

STOLOWICZ, BEATRIZ (2012). A contracorriente de la hegemonía conservadora. Bogotá: Espacio Crítico Ediciones, p. 398.

WILLIAMSON, JOHN (1991). El cambio en las políticas económicas de América Latina. México, DF: Ediciones Gernika.

* Master en Economía, docente universitario, integrante de la Junta Directiva de la SEPLA, miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Crisis de la Economía Mundial Capitalista. Determinantes, desafíos y salidas desde una versión crítica y alternativa en América Latina y el Caribe”, de REDEM y de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR).

En este texto se reelaboran, integran y actualizan los siguientes artículos: “Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa”, revista Casa de las Américas, Nº 281, octubre–diciembre 2015, pp. 4-23; y “Las trampas del libre comercio. Cómo ha funcionado la ofensiva del capital en América del Sur”, Fundación Rosa Luxemburgo, Punto de Debate N° 2, noviembre 2015.

1. “Observatorio de la crisis”, 25/8/2009, http://www.nodo50.org/pceepknavarra/?p=1173.

2. http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec3200s.asp.

3. Elías, Antonio. “¿Por qué Uruguay solicitó integrarse al TiSA?”. Montevideo, 

Voces, 10 y 24 de julio de 2014.

4. www.vertiente.org.uy/webnew/documentos/Bases_FA_2015-2020.pdf.

5. Elías, Antonio. “¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?”. Montevideo, Voces, 26 de marzo de 2015.

La democracia intercultural en América Latina: procesos y desafíos

Fernando Mayorga*

Existen escasas reflexiones sobre la democracia intercultural en el debate académico y político en Bolivia y en la región. Menos aún definiciones. En todo caso se consignan esbozos normativos y, en las aproximaciones teóricas más interesantes, es un término que pretende dar cuenta de configuraciones institucionales que expresan nuevas prácticas políticas. Prácticas que exceden y renuevan la democracia representativa porque provienen del repertorio de nuevos actores sociales portadores de demandas de variada índole (movimiento indígena, mujeres, ecologistas, jóvenes, entre otros), que cuestionan el catálogo convencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad de la representación política y del desempeño gubernamental en la gestión pública.

En algunos países de la región andina se produjeron profundas reformas estatales en la década pasada a través de asambleas constituyentes, que tuvieron consecuencias importantes para el tejido institucional de la democracia en sus dos facetas: representación y participación. En los años noventa, la mayoría de los países andinos incorporaron instituciones de democracia participativa en sus constituciones políticas y reconocieron el carácter multicultural y pluriétnico de sus sociedades. En la década posterior, en los albores del siglo XXI, la reforma del Estado fue integral en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esa reforma puso en debate el carácter plurinacional de la sociedad con el reconocimiento de derechos colectivos indígenas y el establecimiento de vínculos entre democracia, diversidad social e interculturalidad. En torno a estos procesos de transición estatal se discutió la noción de democracia intercultural o el vínculo entre democracia e interculturalidad.

Un autor que acuñó un concepto plausible para dar cuenta de los cambios en la democracia representativa de cuño liberal es Boaventura de Sousa Santos con el término “demodiversidad”.1 Esta noción alerta sobre la necesidad de reconocer la diversidad en la sociedad y ajustar las instituciones a la heterogeneidad de sujetos, proyectos, prácticas y formas de vida, que caracteriza lo social y que nunca será contenida o representada íntegramente por el Estado. Con anterioridad, y de manera específica, intelectuales bolivianos, como Silvia Rivera, teorizaron sobre las disyunciones entre formas liberales y modalidades sindicales o indígenas.2 Precisamente, la noción de democracia intercultural es una respuesta al desafío de combinar distintas concepciones y modalidades de democracia prestando atención a las instituciones indígenas y campesinas, y se combina con las reflexiones sobre el Estado Plurinacional.

A partir de la noción de “demodiversidad”, De Sousa plantea algunas características de la democracia intercultural: “En primer lugar, debe tener diferentes formas de deliberación democrática. En segundo lugar exige una doble forma o un doble criterio de representación. Un criterio cuantitativo que es el voto, el de la democracia liberal... [y] otro criterio de representación que puede ser cualitativo. Por otro lado, hay muchas formas de participación... en la democracia de tradición occidental como referéndum, consulta, iniciativa popular, presupuesto participativo, etc. [y] formas indígenas de participación, formas propias que hay que reconocer como formas de democracia participativa”.3 Otras miradas amplían la idea de democracia intercultural, incluyendo las relaciones de género por la condición de subalternidad de las mujeres, análoga a la de otros grupos sociales excluidos y discriminados. En ese sentido plantean una “democracia intercultural paritaria” como respuesta “a las demandas de inclusión de los sectores que hasta hoy son los subordinados de los sistemas políticos, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género”.4

En suma, la democracia intercultural conlleva una propuesta de ampliación y combinación de diversas formas institucionales de representación y participación que se gestaron en el transcurso de la historia y en determinados espacios socio-culturales para cumplir un objetivo elemental: mejorar la capacidad y calidad del desempeño del Estado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad. Esos criterios adquirieron carácter institucional en la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) aunque cabe advertir que la democracia intercultural carece de una definición precisa y sus rasgos institucionales están en proceso de confección.

Bases conceptuales y jurídicas de la noción de democracia intercultural

La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer, organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana post Asamblea Constituyente. Está en vigencia desde mediados de 2010, cuando se promulgaron las leyes orgánicas del nuevo orden institucional, entre ellas la Ley de Régimen Electoral que consigna por primera vez ese término compuesto: democracia intercultural.

El énfasis en lo formal expresa la importancia de la racionalización jurídica de las prácticas políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde la aprobación de la nueva CPE (2009), constituye uno de los rasgos peculiares del Estado Plurinacional –y por ende, de la democracia intercultural–. Así, por ejemplo, la democracia comunitaria, que reconoce modalidades de elección de representantes y de autoridades políticas que son diferentes a las pautas de la democracia representativa e implica el reconocimiento de derechos colectivos de un nuevo sujeto definido por criterios histórico-culturales: naciones y pueblos indígena originario campesinos. Este sujeto es definido en el Art. 2 de la CPE: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Esta definición es un elemento relevante para el tema de la democracia intercultural, puesto que el proceso incremental de ampliación de la democracia ingresó a una fase de formalización constitucional con la interpelación de un sujeto plurinacional que otorga peculiaridad al texto constitucional boliviano.

La noción de dispositivo permite explicar los alcances del vocablo democracia intercultural si se asume una perspectiva que resalta la naturaleza estratégica de un dispositivo y su relación con el poder como un rasgo central de las relaciones entre Estado y sociedad. Así, como señala Michel Foucault, “el dispositivo [es] de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc. [...] El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bornes del saber, que nacen de él pero, asimismo lo condicionan […] es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho”.5

Para abordar este tema no es necesario hacer hincapié en el uso instrumental del dispositivo como mecanismo de dominación estatal. Al contrario, se trata de recuperar las posibilidades que proporciona la construcción institucional de un nuevo dispositivo para orientar su utilización hacia la libertad y emancipación humana puesto que las instituciones no solamente establecen restricciones, también proveen incentivos positivos a las personas. En este caso, las reglas de la democracia intercultural deben estar dirigidas a mejorar el desempeño de las organizaciones políticas y fortalecer su vínculo con la sociedad. Asimismo, en torno a este dispositivo se está configurando un nuevo saber puesto que va tomando cuerpo un conjunto de ideas y creencias capaces de proporcionar pautas interpretativas del proceso político en una lógica constructiva y propositiva. En otras palabras, la democracia boliviana es, en la actualidad, una democracia intercultural. Lo que no se sabe con precisión es a qué nos referimos con este término. En esa búsqueda interpretativa, este texto proporciona algunas pistas de intelección. La democracia intercultural es afín al Estado Plurinacional porque surge en un conjunto de leyes y reglamentos derivados de la CPE y tiende a convertirse en un sistema de creencias, un discurso que empieza a ordenar el campo político aunque su sentido es –todavía– impreciso porque forma parte de la mutación institucional en el Estado. Se adopta la idea de mutación porque se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones estatales y la renovación/ampliación de las instituciones existentes en el anterior modelo estatal. Así ocurre con el sistema de derechos, que ahora contiene a los derechos colectivos y ratifica/amplía los derechos individuales. Así acontece con la combinación de jurisdicción ordinaria e indígena en el sistema judicial; también con el reconocimiento de autonomías departamentales e indígenas y el mantenimiento de las autonomías municipales. O con el reconocimiento de la entidad electoral como órgano del Estado en rango similar que los tres poderes convencionales; asimismo con la incorporación de la iniciativa popular, la revocatoria de mandato y el referendo.

No obstante, la transformación del sistema de gobierno fue menos profunda puesto que no se modificó el régimen presidencialista y se mantuvo el esquema bicameral en el ámbito legislativo. En el sistema de representación política se produjeron leves cambios: se incrementó el número de senadores y se adoptó el método proporcional para la asignación de escaños; en la Cámara de Diputados se repitió el sistema electoral mixto y el número de representantes, aunque se establecieron circunscripciones especiales uninominales para la elección de un porcentaje de diputados indígenas. Ese fue el primer dato de la ampliación de la democracia representativa con signos de democracia intercultural. Un hecho que tiene como antecedente la incorporación de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas como organizaciones habilitadas para la disputa electoral junto a los partidos políticos. Esa diversificación de las instituciones de representación política fue aprobada en una reforma parcial constitucional en 2004 y se mantiene intacta en la actual CPE, excepto por la –necesaria e importante– aclaración de que se trata de “organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, y no de los pueblos indígenas sin mediación institucional. Por eso se afirma que, así como se construyen nuevas instituciones, se reinventaron otras, algunas se conservan y otras se han renovado.

Acudimos a la noción de “mutación” para caracterizar la transición estatal boliviana a la usanza de Isidoro Cheresky cuando evalúa la democracia contemporánea: “La mutación democrática va, entonces, en dirección de una democracia continua, el acto electoral persiste como decisivo para la consagración de gobernantes legítimos, pero se opaca en vistas a la emergencia o fortalecimiento de otras representaciones y legitimidades que alimentan una vida política ininterrumpida en que los ciudadanos evalúan permanentemente a los gobernantes yvetan aquellas decisiones no argumentadas convincentemente o no satisfactorias”.6 En el caso boliviano, el Estado Plurinacional no solamente fue una respuesta a demandas de restitución de la legitimidad de la elección de los gobernantes y representantes, mejorando la eficacia del voto ciudadano y la calidad sociológica de la representación política, también pretende ser una respuesta a demandas de mayor participación social en el proceso decisional y en la gestión pública. En esa medida, las nuevas instituciones democráticas tienen que ver con la búsqueda de incremento de la representatividad de las instituciones políticas y con la promoción de mayor participación ciudadana en los asuntos públicos.

La CPE reconoce tres modalidades: “La democracia se ejerce de las siguientes formas: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Art. 11).

En la democracia directa y participativa es necesario distinguir entre las instituciones vinculadas a la toma de decisiones y a la deliberación (referendo y consulta previa, por un lado; asamblea y cabildo, por otro) y las instituciones ligadas a la representación política (revocatoria de mandato). Es decir, existe un nexo –el sufragio universal como medio y la representación como fin– entre la democracia directa y la representativa que derivan de la elección directa del presidente mediante el voto mayoritario, así sea en segunda vuelta, eliminando la mediación congresal existente en la anterior norma constitucional. Asimismo existe un nexo entre la democracia comunitaria y la democracia directa porque se reconoce a la consulta previa como derecho colectivo (Art. 30, II, inciso 15, que establece que la consulta previa debe ser garantizada por el Estado) y también como mecanismo de democracia directa (el Art. 39 de la Ley de Régimen Electoral establece que las conclusiones, acuerdos o decisiones de una consulta previa no tienen carácter vinculante para los gobernantes). En el primer caso, no se trata de un nexo problemático puesto que la revocatoria de mandato es resultado de una iniciativa popular (democracia participativa) que resuelve un tema de representación política mediante sufragio universal (democracia representativa). En el segundo caso, el nexo es problemático porque puede darse una contradicción entre la exigibilidad del cumplimiento de un derecho colectivo (democracia comunitaria) y la adscripción gubernamental a la ley que establece los límites de la consulta previa (democracia directa y participativa).

Por otra parte, existe un nexo entre democracia representativa y democracia comunitaria, puesto que el objeto exclusivo de la democracia representativa es la elección de representantes y autoridades mediante voto universal y la democracia comunitaria se refiere específicamente a la “elección, designación o nominación de autoridades y representantes” mediante –y este es el dato relevante– “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 5). Es decir, la democracia comunitaria y la representativa se refieren a la representación política; la diferencia radica en la incorporación formal de diversas modalidades de elección en las comunidades indígenas que no se ajustan al voto universal, individual de corte liberal. Otra diferencia es que la democracia comunitaria se ejerce en espacios territoriales específicos –las autonomías indígenas– donde regirá el autogobierno; no obstante, en los diseños de estatutos autonómicos indígenas se incluyen algunas instituciones liberales como la división entre poder ejecutivo y legislativo –aunque con otras denominaciones– o la figura de revocatoria de mandato mediante referendo.

Se trata de un doble proceso: diversificación de lo uniforme y homogeneización de lo diverso, que exige establecer múltiples nexos y puntos de equilibrio para responder al desafío central de la democracia intercultural, que es evitar el dualismo en la representación política y la ineficacia/ilegitimidad en el proceso decisional.

Este conjunto de apreciaciones apunta a destacar la existencia de múltiples relaciones entre las tres formas de democracia a pesar de que la democracia intercultural no es mencionada en la CPE ni es definida con claridad en las leyes relativas al tópico electoral. La CPE Política no incluye la noción de democracia intercultural, no obstante se puede deducir del Modelo de Estado que es definido –en el Art. 1– como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario e incluye otros rasgos, entre ellos su carácter “democrático, intercultural” que –como se sabe– junto con “descentralizado y con autonomías” constituyen la novedad del Estado boliviano en el Siglo XXI.

El lazo entre lo democrático y lo intercultural se traduce en el vocablo democracia intercultural que es incorporado en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y, más específicamente, en la Ley de Régimen Electoral. El objeto de esta norma es “regula[r] el régimen electoral para el ejercicio de la democracia intercultural” (Art 1. Ley de Régimen Electoral), que es delineada así: “La democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política y las Leyes en materia electoral” (Art.7. Ley de Régimen Electoral). Es decir, ese adjetivo define el carácter específico de la democracia boliviana, no obstante se trata de una caracterización, no de una definición. No indica qué es sino de qué elementos está compuesta, así como el tipo ideal de relaciones entre sus elementos: un ejercicio complementario en igualdad de condiciones.

Antes de abordar este tópico es necesario analizar la configuración de este dispositivo en las normas. En la definición del sistema de gobierno, la CPE no menciona a la democracia directa porque señala que se “adopta... la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Más adelante, se definen las modalidades institucionales de ejercicio de las tres formas de democracia y se incluye la noción de democracia directa. “La democracia se ejerce de las siguientes formas: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 11).

Los alcances de estas formas de democracia, en particular de la democracia comunitaria, son esbozados en el Capítulo III de la Ley de Régimen Electoral. En ese acápite, titulado “Formas de democracia”, se percibe una confusión porque la democracia intercultural es presentada como una “forma de democracia” cuando en realidad es concebida como la coexistencia de varias “formas de democracia”. Así se establece en el Art. 7: “La democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones, de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes en materia electoral”.

Respecto a la democracia directa y participativa, se incluye la iniciativa popular como mecanismo de acción ciudadana para solicitar revocatoria de mandato que, como se señaló, es un tema ligado a la representación política. El Art. 8 define que “la democracia directa y participativa se ejerce mediante la participación ciudadana en la formulación y decisión de políticas públicas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de consulta popular”. Algunas instituciones, como el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana, estaban consignadas en la anterior CPE, no obstante su actual vigencia es más amplia –y también sus efectos institucionales– si vinculamos su ejercicio al funcionamiento general del sistema político. Con todo, la Ley de Régimen Electoral establece varias restricciones que desincentivan su utilización –por ejemplo, los elevados porcentajes de firmas de ciudadanos para presentar solicitudes de revocatoria– que menoscaban la eficacia de la participación ciudadana, esto es, de la democracia participativa.

La democracia comunitaria es enriquecida por la Ley de Régimen Electoral puesto que la norma constitucional la circunscribía a la elección, designación o nominación de autoridades y representantes. El Art. 10 establece que “se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

La inclusión del autogobierno se refiere a las autonomías indígenas, la representación cualitativa tiene que ver con los escaños en asambleas legislativas y el ejercicio de derechos colectivos hace relación con la consulta previa; la única institución de democracia directa y participativa que es mencionada de manera expresa como derecho colectivo. Es decir, la Ley de Régimen Electoral amplía la democracia comunitaria y sus efectos institucionales; en ese sentido, reproduce el nexo entre dos formas de democracia, no obstante se puede decir que la consulta previa es un mecanismo de democracia directa de la democracia comunitaria.

Otro aspecto que pone en evidencia las dificultades para definir la democracia intercultural es el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural como “base esencial” del Estado Plurinacional cuando la ciudadanía es reducida a la participación en elecciones, en clave de democracia representativa. Así, el Art. 98 de la CPE señala: “La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones”. Y el Art. 144 señala que “la ciudadanía consiste: 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley”.

Esa aparente disyunción se resuelve en la Ley de Régimen Electoral cuando se define: “Todas las personas tienen el derecho a participar libremente, de manera individual o colectiva, en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus representantes” (Art. 3). Y se refuerza con el Principio de Interculturalidad: “La democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos” (Art. 2). Es decir, en las leyes orgánicas se definieron con mayor precisión las características de la democracia intercultural y las relaciones entre las instituciones de las tres formas de democracia.

Por ahora se deja en suspenso el análisis de la búsqueda y consecución de un ejercicio complementario en igualdad de condiciones, planteado como el rasgo constitutivo de la democracia intercultural, aunque en la parte relativa a los Principios de la Democracia Intercultural se utiliza un criterio más exigente porque se plantea una articulación transformadora de las diversas instituciones de las tres formas de democracia (Art. 2. Ley de Régimen Electoral).

Hasta este punto, hemos enfatizado en la faceta indígena originaria campesina de la democracia intercultural, que resalta la diversidad social y cultural. Sin embargo, el reconocimiento de la equidad de género en el sistema de representación política introduce una regla uniforme (paridad y alternancia) para la diversidad cultural e institucional, puesto que es válida para la democracia representativa y la comunitaria; asimismo es de cumplimiento obligatorio para las organizaciones políticas, es decir, partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Se trata del Principio de Equivalencia, que establece: “La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 2).

Es otra muestra de la homogeneización de la diversidad social y cultural mediante instituciones que tienden a equilibrar el vínculo entre normas y valores, entre reglas e intereses. A continuación, se evalúan algunas lecciones de la aplicación de la norma constitucional en el ámbito de la representación política y en el diseño institucional desde la aprobación de la CPE en enero de 2009.

Ejercicio de la democracia intercultural

La implementación de la democracia intercultural se inició en los comicios generales de 2009 y en las elecciones subnacionales (departamentales y municipales) de 2010. Se definió la presencia de diputados indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante siete escaños (5% de la Cámara baja) asignados a pueblos indígenas que eligieron a sus representantes en circunscripciones especiales; sin embargo, fueron elegidos de manera similar a los diputados uninominales, esto es mediante voto universal, libre y directo, siendo postulados tanto por las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como por organizaciones políticas (partidos y agrupaciones ciudadanas). Es decir, las circunscripciones especiales se definen por criterios identitarios; no obstante, el procedimiento de elección es uniforme y asentado en el voto universal como mecanismo convencional de la democracia representativa.

La elección de asambleístas departamentales muestra otra modalidad puesto que se eligieron representantes de pueblos indígenas “minoritarios” (una distinción que no se consigna en el capítulo constitucional de derechos colectivos) en ocho de nueve departamentos (provincias), en una proporción que osciló entre 5% y 15% de los asambleístas. En Potosí, la elección de asambleístas no contempló representación indígena porque no existen grupos “minoritarios”. En suma, en el ámbito subnacional se dieron ejemplos más nítidos de democracia intercultural porque se combinaron procedimientos de democracia representativa –voto universal– y democracia comunitaria –normas y procedimientos propios– para elegir asambleístas.

La convocatoria a las elecciones departamentales de 2010 definió la elección por usos y costumbres como una elección “comunitaria” (no se utilizaron los términos constitucionales de “normas y procedimientos propios”). Para su concreción se formalizaron dos reglas: las autoridades naturales debían presentar de manera oficial y por escrito, quince días antes de la votación, “los procedimientos de elección y la forma en que se acreditarán las autoridades elegidas que integrarán la asamblea departamental” y debían consignar una sola modalidad de elección y de acreditación, debiendo las autoridades naturales adoptar un “criterio uniforme”. Es decir, una regla electoral destinada a la representación política incentivó la racionalización formal/jurídica de las pautas internas de comportamiento en las organizaciones o comunidades indígenas.

Las elecciones generales de 2009 y los comicios subnacionales de 2010 marcaron el inicio de la instauración de la democracia intercultural por la combinación de reglas de democracia comunitaria y representativa, y por la elección directa de diputados y asambleístas indígenas. Ahora bien, el número de diputados y su modalidad de elección se mantuvieron en los comicios generales de 2014 pese a los reclamos de las organizaciones indígenas, que demandaron un incremento de su bancada. Algo similar ocurrió en los comicios subnacionales de 2015 porque la “Ley Transitoria Electoral Elecciones Subnacionales” definió la elección de 272 asambleístas departamentales, y solamente 25 correspondieron a escaños para indígenas. Así, se mantuvo el número de representantes indígenas en las asambleas legislativas departamentales, excepto en el caso de un departamento (Pando) que aprobó su Estatuto Autonómico e incrementó de 16 a 21 el número de asambleístas departamentales y, en el caso de los escaños indígenas, amplió de 1 a 3 los escaños en representación de los pueblos Yaminagua, Esse Ejja, Machineri y Tacana.

Ahora bien, en septiembre de 2015 se realizaron referendos en cinco departamentos para aprobar estatutos autonómicos y todos fueron rechazados. La mayoría de los proyectos de estatuto no incluía modificaciones sustantivas en la representación indígena, más aún, se cuestionó la ausencia de un acápite de reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en cada departamento y también, en un caso, del pueblo afroboliviano. Por ese motivo, la composición de las asambleas departamentales, excepto en el caso de Pando, se mantiene como en el período 2010-2014, es decir, el avance en representación indígena fue irrelevante y forma parte de una “construcción minimalista del Estado Plurinacional”.7

A manera de colofón

Bajo estas consideraciones conceptuales y empíricas se plantea que la democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional “real” y tampoco tiene un sujeto específico (la ciudadanía, el pueblo). La democracia intercultural debe entenderse como una relación y un proceso. La democracia intercultural es una relación, un conjunto de relaciones que varían en el tiempo y en el espacio. Las relaciones entre las tres formas de democracia son asincrónicas porque se combinan de manera distinta y variable dependiendo del evento o ámbito político en cuestión. Esa combinación de reglas e instituciones debe propiciar la articulación de la diversidad social, empero buscando la complementariedad y evitando que se produzca una situación de dualismo en la representación política o en la toma de decisiones. Al respecto, la elección de diputados indígenas uninominales es un ejemplo positivo; igualmente la elección de asambleístas departamentales, pese a que las reglas de la democracia representativa y de la democracia comunitaria se combinan de distinta manera. También la confección de estatutos autonómicos presenta estos rasgos de combinación y mezcla. En general, se trata de plantear distintas formas de “articulación transformadora” a partir de un “ejercicio complementario” y “en igualdad de condiciones” (como señala la ley electoral), evitando que sus resultados provoquen dualismo en el sistema de representación política e ineficacia en el proceso decisional.

Ahora bien, el ejercicio de la democracia intercultural es complementario pero parcial, porque se da entre algunas instituciones de las tres formas de democracia dependiendo del tópico o acontecimiento. Asimismo, la “igualdad de condiciones” de las tres formas de democracia es un punto de partida pero su nexo puede implicar el predominio de una institución democrática sobre otra –en temas de representación y decisión– en función del equilibrio del sistema político. Es decir, se trata de una igualdad relativa porque el punto de equilibrio entre diversidad y homogeneización puede implicar la subordinación parcial de una regla de una forma de democracia a una norma de otra forma de democracia.

La democracia intercultural es un proceso porque las relaciones entre las tres formas de democracia irán ampliándose y diseminándose en los distintos ámbitos, a medida que se consoliden las nuevas entidades estatales como, por ejemplo, las autonomías subnacionales. También serán motivo de revisión cuando la aplicación de las reglas basadas en los principios de la democracia intercultural produzca resultados negativos para la eficacia y la legitimidad de las decisiones gubernamentales y para la calidad de la representación política.

En ese sentido, la democracia intercultural es un proceso incremental de ajuste e innovación institucional que se renueva de manera constante, puesto que la diversidad social también se transmuta de manera permanente porque es parte inherente a su naturaleza.

* Sociólogo boliviano, doctorado en Ciencia Política (FLACSO/México). Coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO Ciudadanía, organizaciones populares y representación política. Artículo publicado en “Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano”, CLACSO, Nº 33, abril de 2016.

1. De Sousa Santos, Boaventura. Reinventar la democracia, reinventar el Estado. España: Sequitur, 2008.

2. Rivera Cusicanqui, Silvia. “Democracia del ayllu y democracia liberal”, en Mario Miranda Pacheco, coord., Bolivia en la hora de su modernización. México: UNAM, 1993.

3. De Sousa Santos, Boaventura. “La reinvención del Estado y el Estado Plurinacional”. Cochabamba: CEDIB, 2007, p. 17.

4. Campbell, Epsy. “La democracia intercultural paritaria. El verdadero desafío democrático del siglo XXI”, p. 8, en http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/3/27753/ PonenciaEpsyCampbell.pdf.

5. Foucault, Michel. Saber y verdad. Madrid: Endymion, 1991, p. 291.

6. Cheresky, Isidoro. “Mutación democrática: otra ciudadanía, otras representaciones”. En ¿Qué democracia en América Latina?, Isidoro Cheresky, comp. Buenos Aires: CLACSO/Prometeo, 2012, p. 32.

7. Mayorga, Fernando. Incertidumbres estratégicas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía. La Paz: Plural /PIEB, Ciudadanía, 2014.

Trump y América Latina

El triunfo de Donald Trump: paradojas y peligros para América Latina

Cecilia Nahón*

Ganó Trump. El establishment norteamericano sigue en estado de shock e intenta domar al impensado presidente electo a través de la vieja guardia republicana. Mientras, miles de manifestantes ocupan las calles de sus ciudades para expresar su miedo y rechazo al resurgimiento de la violencia racial, la xenofobia y las nostalgias supremacistas. Bernie Sanders despunta nuevamente y exige a Trump que cumpla con sus promesas de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estadounidenses, a la vez que advierte que va a enfrentarlo si avanza con políticas de corte racista. Estados Unidos es un hervidero, y si bien rige una tregua entre los partidos para garantizar la “transición pacífica del poder”, las tensiones internas y la polarización que atraviesan al país no parecen calmarse sino profundizarse. Las grietas de la superpotencia quedaron al desnudo.

Donald Trump

El mismo sistema que hace ocho años eligió a Barack Obama en búsqueda de cambios hoy encumbró a otro outsider: Donald J. Trump. Un billonario excéntrico con domicilio en la Quinta Avenida se alzó con la Presidencia de la primera potencia mundial como vocero de los empobrecidos, los olvidados y los indignados. Es una paradoja perversa que esta rebelión contra las elites, esta estruendosa denuncia del “orden establecido” haya sido encarnada por un miembro excelso de dichas elites. No se trató de un líder popular, de un dirigente sindical o de un miembro de una minoría relegada, sino de un empresario irreverente bañado de dorado que no pagó impuestos en su vida. 

Con su desfachatez y culto deliberado a lo “políticamente incorrecto”, Donald Trump supo interpelar al pueblo norteamericano y capitalizar el malestar y la frustración de grandes segmentos de la población estadounidense que vieron sus ingresos y oportunidades escurrirse de manera lenta pero inexorable en las últimas décadas. También apeló a pulsiones segregacionistas fáciles de invocar en tiempos de crisis. El avance de la tríada neoliberal de liberalización comercial, desregulación financiera y globalización productiva desde la década del ochenta tuvo graves consecuencias en términos de destrucción de empleos y aumento de la desigualdad en Estados Unidos. Mientras los ganadores de esta tríada promocionaban su recetario por el mundo, los perdedores fueron invisibilizados y acallados. El tsunami que estalló en Wall Street en 2008 agudizó aún más la desigualdad: el sistema premió al 1% superior de la pirámide a la vez que despojó de viviendas, de empleos y del “sueño americano” a millones de familias. El crecimiento económico regresó (a tasas más bajas) en 2010, pero la injusta distribución del ingreso y la riqueza permaneció.

Hillary Clinton y Barack Obama

La elección del 8 de noviembre no significó solamente la victoria de Trump sino también una resonante doble derrota personificada en Hillary Clinton: la derrota del establishment político y económico y la derrota del Partido Demócrata, representados paradójicamente en la misma boleta. El establishment apostó a una candidata previsible, maleable y largamente conocida. El aparato del partido respaldó a Clinton como la “heredera natural” de Obama. Pese a enarbolar una plataforma marcadamente progresista para la política doméstica que, a instancias de Sanders y las bases de izquierda del partido, proponía enfrentar la desigualdad y redistribuir el ingreso en el país, evidentemente a Hillary Clinton no le alcanzó (aunque, otra paradoja, cosechó más de un millón de votos por encima de Trump).

Las políticas realmente existentes se impusieron a las promesas de campaña de un partido que, bajo su primer presidente afroamericano, terminó convalidando en los hechos la hegemonía neoliberal. La muestra más paradójica es, quizás, la obsesión del presidente Obama por intentar ratificar en el año electoral el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) como parte de su “legado”, a contramano incluso de las asociaciones sindicales de su propio partido.

De hecho, el factor desestabilizador de la elección fue el vuelco en el voto de los trabajadores blancos de baja instrucción en la región denominada “cinturón del óxido” de Estados Unidos, particularmente en los estados de Iowa, Ohio, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin que habían votado por Obama en 2008 y 2012. Una mayoría de trabajadores de “cuello azul” pauperizados fueron cautivados allí por las críticas a los acuerdos de libre comercio y por la promesa de empleos que articuló Donald Trump y le dieron la espalda al partido que antes los abandonó. Por la combinación de la deslocalización industrial y la robotización productiva, la economía estadounidense perdió 29% de sus empleos industriales desde el año 2000. La mayoría de los planes productivos diseñados para estos trabajadores por la Administración Obama murieron antes de nacer.

Marea roja ultra-conservadora

La contracara de la debacle demócrata fue la consolidación de un liderazgo ultra-conservador en ambas cámaras del Congreso. La trilogía roja pronto incluirá al noveno miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos (cargo que el Senado impidió ocupar al nominado por Obama), consagrando una mayoría conservadora “pro-vida”, “pro-armas” y opuesta a limitar el financiamiento privado de la política.

En otra paradoja inesperada, los sectores republicanos radicalizados que obstruyeron de manera sistemática en el Congreso las reformas impulsadas por el presidente Obama resultaron beneficiarios del hartazgo de la población frente a la parálisis y desconexión de Washington. No se descartan futuros retrocesos en derechos para las mujeres, en el acuerdo nuclear del P5+1 con Irán, en los compromisos asumidos para enfrentar el cambio climático, en el sistema de salud (Obamacare), en las leyes migratorias y en otros derechos civiles de las minorías.

El Partido Demócrata está ingresando en un proceso de discusión interna del que necesita salir fortalecido para defender sin titubeos los intereses de sus bases trabajadoras y progresistas.

Trump y América Latina

Ahora bien, ¿qué implica para nosotros, los latinoamericanos, este movimiento tectónico en el núcleo del sistema? Es evidente que estamos frente a un punto de inflexión geopolítico cuya dimensión completa aún no podemos descifrar. La victoria de Trump conjuga elementos aislacionistas de los nacionalismos de derecha europeos (bajo el mantra de “America first”) con algunos condimentos neoliberales de la restauración conservadora que aqueja a nuestra región (bajo el influjo de la denominada “teoría del derrame”).

Es cierto también que Estados Unidos cuenta con un “gobierno permanente” que trasciende a quien sea que ocupe la Casa Blanca, y Trump tendrá que negociar su agenda con el Congreso y con los poderes fácticos de Washington. En particular, dentro de la política exterior norteamericana, la referida específicamente hacia América Latina ha sido relativamente estable en las últimas administraciones, a excepción del valorado giro en la relación con Cuba y las complejidades específicas de la relación con México.

Siempre lo que prima es la defensa del interés nacional estadounidense, especialmente de sus grandes corporaciones, bajo su “estrategia de seguridad nacional”. Pero atención: Trump ha roto hasta ahora con todos los moldes, y así como fue un candidato atípico es esperable que sea también un presidente atípico, lo que despierta interrogantes e incertidumbres.

En este marco de reconfiguración geopolítica aún abierto, un peligro, un riesgo y una oportunidad aparecen en el horizonte de nuestra región.

El peligro: que las pulsiones reaccionarias que también anidan en nuestras tierras se sientan habilitadas para desplegar su xenofobia y racismo, descargando en los más débiles (inmigrantes, mujeres, minorías) la supuesta responsabilidad y la furia por las promesas incumplidas de la nueva ola neoliberal vigente hoy en la región.

El riesgo: que la conjunción de los crecientes niveles de endeudamiento y apertura regionales actuales, por una parte, y la mayor ta sa de interés y tendencias proteccionistas que podría significar Trump, por otra, eleven aún más la vulnerabilidad externa de nuestras vapuleadas economías. Una aclaración: si bien es esperable que Trump avance con ciertas políticas proteccionistas comprometidas en la campaña (el TPP fue la primera víctima) es inevitable que enfrente límites productivos, tecnológicos y corporativos en su promesa de devolver millones de empleos al “cinturón del óxido” a través de la relocalización de parte de las 60.000 fábricas que cerraron en los últimos 15 años. Menos complejo luce su mega-plan de infraestructura a lo largo del país, con que pretende dinamizar la economía, crear empleos y aumentar la competitividad.

Finalmente, la oportunidad: que los latinoamericanos extraigamos de este nuevo desengaño neoliberal en los Estados Unidos argumentos renovados y más lucidez y potencia para la reflexión crítica y la práctica política en pos del fortalecimiento de proyectos nacionales, populares y democráticos profundamente respetuosos de los derechos humanos y con eje en la integración y solidaridad regional.

* Profesora de American University (Washington, DC) y ex embajadora de Argentina en Estados Unidos (2013-2015). Este artículo fue publicado originalmente en el primer número (noviembre de 2016) de AMANDA, Revista Binacional (Argentino-Uruguaya) de Política y Economía.

El plan Trump y sus impactos en México

Casandra Castorena Sánchez*

El enfoque y la agenda de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por la “promoción de la seguridad, la democracia, la prosperidad y el desarrollo”, y los dieciséis años transcurridos en este siglo conservan dichas prioridades estadounidenses en la región. Incluso la administración de Barack Obama se mostró “juiciosa” al respecto, al impulsar iniciativas comerciales como el Tratado de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), la continuación de acuerdos de cooperación regional como la Iniciativa Mérida con México (cuyo antecedente cercano es el Plan Colombia) o bien la Iniciativa de Cooperación y Seguridad en Centroamérica (CARSI). Ante el evidente –aunque discutible– triunfo electoral de Donald J. Trump, el futuro no será muy distinto; no obstante, observaremos algunos cambios en las estrategias y tácticas geopolíticas, diplomáticas, legislativas de este país, e incluso en las empresariales.

Para comprobar lo anterior, e iniciar la identificación de impactos que dicha administración tendrá en algunos países del Hemisferio Occidental, basta observar algunas de las medidas esbozadas en el Plan Trump para “recuperar la grandeza de Estados Unidos” (“make America great again”), un plan que sirve como hoja de ruta del cuadragésimo quinto presidente de los EE.UU. y de quienes se especula serán los miembros de su gabinete e integrantes más cercanos en la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2017.

Por ejemplo, de las 28 medidas y acciones ejecutivas y legislativas enunciadas en dicho plan, 16 tendrían un impacto directo en la relación bilateral entre Estados Unidos y/o México, Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso Cuba. En términos migratorios y de seguridad nacional, el Plan Trump enuncia 9 acciones concretas, entre ellas, aumentar el número de servidores públicos en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidad gubernamental encargada de aplicar y monitorear las leyes federales en materia de control migratorio, vigilancia de las fronteras y contención de ciberataques.

Vale la pena dar seguimiento a los nombramientos, cambios administrativos y presupuestales que se darán en esta oficina perteneciente al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y no sólo a las acciones que realizará el Departamento de Estado (DOS); pues aunque la misión del DHS posee vínculos más claros con la agenda interna estadounidense, será a través de esta oficina que se llevarán a cabo las posibles acciones de deportación de inmigrantes ilegales, órdenes de retiro y/o sanción de visas, aumento en los patrullajes fronterizos, investigaciones criminales y hasta detenciones; concentrando los esfuerzos institucionales en la deportación de “aproximadamente tres millones de inmigrantes –legales o ilegales– que hayan cometido crímenes en EE.UU.”, refiriéndose específicamente a “pandilleros y traficantes de drogas”, según declaró Trump en una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS el pasado 13 de noviembre.

Otra medida “de alerta” refiere a la “cancelación de toda orden ejecutiva (Executive Order), decreto presidencial o memorándum de entendimiento emitido por el actual presidente Barack Obama”; al respecto, aumentan las probabilidades de anular las acciones realizadas en el marco del Programa de acción diferida para llegadas infantiles (DACA), una política migratoria impulsada por Obama para atender la crisis migratoria de miles de niñas y niños o de personas (centroamericanos en su mayoría) de entre 15 y 30 años que ingresaron ilegalmente a territorio estadounidense siendo aún niños y que estaban en espera de cambiar sus estatus migratorios después de vivir y trabajar más de una década en dicho país. Con este programa se buscó detener las deportaciones inmediatas y violentas.1 Si bien hasta el momento el DACA solo ha impactado en la vida de 1,3 millones de personas con estatus migratorio irregular, de los aproximadamente 35 millones que radican actualmente en dicho país, esta medida ejecutiva permitió establecer acciones afirmativas para ofrecer soluciones alternas a la deportación, criminalización y abandono de personas en las fronteras de México o Guatemala. La medida, aunque útil y progresista, es débil en su naturaleza al haber sido activada por orden ejecutiva y, por ende, solo tendrá vigencia mientras no exista alguna otra orden o instrumento jurídico que la derogue o la cancele; y esto es precisamente lo que el Plan Trump pretende, ya que insiste en la deportación inmediata a los países de origen de las personas que sean identificadas como “migrantes ilegales”, y además sugiere el retiro o cancelación de visas para aquellos países que se nieguen a aceptar a sus connacionales.

Además de las múltiples consecuencias negativas que estas medidas implican, preocupa la falta de respuesta y planes de acción de gobiernos como el mexicano o centroamericanos, ante un problema cuya complejidad estructural e histórica no puede seguir siendo resuelta con “más órdenes ejecutivas” provenientes del Ejecutivo estadounidense sino que requiere la reformulación de una estrategia integral y pronta por parte de varios de los “países expulsores de migrantes”. Para México, desde luego, significará un impacto no solo social y demográfico sino directo a la economía, pues las remesas enviadas por nuestras(os) compatriotas mexicanas(os) representan hoy el primer ingreso del país, frente a los ingresos obtenidos por concepto de venta de petróleo y sus derivados o bien del sector turismo.

Es de resaltar también la propuesta de “cancelación de los fondos federales destinados a las ‘Ciudades Santuario’ (Sanctuary Cities)”, pues actualmente dichas ciudades son beneficiarias de un subsidio federal que apoya ciertas leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones, políticas u otras prácticas que obstruyen la aplicación de la ley de inmigración federal y protegen a las personas “indocumentadas” que habitan en estas ciudades de las acciones antiinmigratorias de ICE, ya sea negando o prohibiendo que las agencias cumplan con las detenciones, entre otras medidas, a fin de que no sean deportados de manera inmediata.

Una propuesta más refiere a la “construcción del muro en la frontera sur con México para detener el flujo de migrantes ilegales ‘y criminales’, como para contener el tráfico ilegal de drogas, armas y ‘otras amenazas’”. Pese a la falta de fundamentos de esta acción como solución viable a un problema de orden estructural de la agenda de seguridad entre ambas naciones, es necesario recordar que dicha “propuesta no es producto de las ‘ocurrencias’ de Trump”: la construcción del muro se inició en 1994 durante la administración de William Clinton y, hasta el momento, se ha levantado una malla que abarca una tercera parte de los 3,142 kilómetros de longitud de la frontera entre ambos países.

Desde luego, es discutible la utilidad de un “muro” para reparar daños, solucionar problemas o contener amenazas en un espacio cuya interacción trasciende realidades económico-sociales o de seguridad; se trata de una línea fronteriza cuya dinámica da cuenta de relaciones políticas y sociodemográficas más complejas, que une a más de diez estados (cuatro estadounidenses y seis mexicanos) y representa el hogar de más de 83 millones de personas. No solo es una de las fronteras más transitadas del mundo, sino que a su vez representa uno de los esfuerzos de convivencia y cooperación más eficientes, efectivos y visibles entre ambos países, pese a los problemas que enfrenta diariamente. En este sentido, “el dichoso muro” lo único que conlleva es mayor división, incremento de tensiones y de conflicto y un detrimento en la relación bilateral. El problema no es determinar quién o cómo se pagará ese muro, sino que olvidemos que habrá millones de personas que serán impactadas por este.

Sin embargo, frente a la incertidumbre que genera, el Plan Trump no está completamente escrito pues aún deberá enfrentarse a las negociaciones con la rama del Legislativo estadounidense, y a pesar de la mayoría republicana en ambas cámaras, está sujeto a otros “pesos y contrapesos” e “intereses especiales” que podrían i) acelerar, o bien ii) ralentizar el cronograma de Trump para concretar su agenda en los primeros cien días.

Finalmente, y como reflexión crítica desde mi inmediatez mexicana, resulta grave la lentitud o “temor” del gobierno mexicano al no presentar una respuesta concreta, pues evidencia “una política bilateral desarticulada”, ya que ni la Cancillería mexicana ni la Secretaría de Gobernación (departamento de seguridad interna) han anunciado una estrategia frente a los temas que directamente impactarán en el país: las remesas, la deportación de inmigrantes indocumentados, la imposición de aranceles a importaciones y la supuesta construcción del muro fronterizo. Es evidente que nos encontramos frente a un “retorno a la securitización de la agenda de política exterior”, en el cual las prioridades de la agenda bilateral y regional serán la seguridad fronteriza de Estados Unidos y la contención de “amenazas” que provienen de los países vecinos.

* Egresada de la Maestría de Estudios en Relaciones Internacionales de la UNAM, profesora asociada al Centro de Relaciones Internacionales y colaboradora en el Proyecto de Investigación “El establishment estadounidense y su política exterior en el Siglo XXI” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Actualmente es una de las coordinadoras del GT de CLACSO “Estudios sobre EE.UU.”. Este artículo fue publicado originalmente en Megafón CLACSO Nº 10, noviembre de 2016.

1. Según estadísticas del Pew Research Center, tan solo en el año 2012 el DACA permitió que el 86% (643.000) de los solicitantes fueran favorecidos con este programa, 77% (428.000) de los permisos de empleos temporales han sido otorgados a mexicanas(os) y 4% para salvadoreñas(os); otro gran número de aplicaciones provienen de los estados de California (162.000), Texas (88.000) y Arizona, con la tasa de solicitudes más alta (Pew Research Center, 2012).

Trump entre el proteccionismo y la liberalización

Julio C. Gambina*

Donald Trump le ganó las elecciones presidenciales a Hillary Clinton y desnudó la crisis de la política tradicional en un marco de crisis capitalista, que es mundial por su epicentro en EE.UU.

El triunfo electoral es del político de la anti-política ante el descontento social con la política tradicional, demócrata y republicana. Trump es también el poder económico, como Hillary. Ambos disputaron la gestión de la potencia imperialista hegemónica del sistema mundial.

Las diferencias entre ellos expresan matices y contradicciones entre núcleos del poder mundial y de EE.UU. Ahora veremos, desde la asunción de la presidencia en enero próximo, el margen de maniobras del electo presidente ante lo concreto de la gestión de EE.UU. La novedad es la movilización popular convocando a no reconocer la presidencia Trump. Sus alcances no se pueden anticipar, pero no es menor la protesta callejera en varias ciudades estadounidenses.

Hillary Clinton sumó 59.727.805 votos, algo así como el 47,67%; Donald Trump, el ganador de las elecciones, tiene 59.505.613 votos, un 47,49 por ciento. La candidata demócrata tuvo el apoyo de 222.192 estadounidenses más que el candidato republicano. Sin embargo, Trump sumó 279 electores y Hillary solo 228. Cosas del sistema electoral, que reitera lo acontecido entre George Bush y Al Gore en 2001.

Unos 60 millones de votos para cada uno pone de manifiesto la crisis de alternativa política, también en EE.UU. Ya observamos lo mismo en varios procesos electorales mundiales, con la ratificación de opciones conservadoras, nacionalistas y de derecha, y una crisis de alternativa política anticapitalista, de izquierda.

Vale considerar que los descontentos por bajos salarios, o afectados por el desempleo o la deslocalización fabril en EE.UU., sustentaron mayoritariamente a Trump y no visibilizan alternativa política popular propia, orientada hacia la izquierda y el anticapitalismo.

Eso constituye un desafío para pensar y discutir las razones por las cuales el descontento con la globalización capitalista emerge por derecha. El desafío por la alternativa antiglobalización capitalista está en EE.UU. y se expresó también en el Brexit, en junio pasado, y en otras elecciones en todo el mundo.

Para enfrentar esta situación, no alcanza con la crítica al neoliberalismo, se requiere al mismo tiempo confrontar al capitalismo.

Proteccionismo y liberalización

Con la elección presidencial en EE.UU. se confirma que la crítica a la globalización capitalista ya no es solo de izquierda, tal como se expresaba en los cónclaves mundiales en la Selva Lacandona a mediados de los 90, en la batalla de Seattle en 1999, o en la saga de los Foros Sociales Mundiales desde 2001, y más precisamente con la esperanza del cambio político en Nuestramérica a comienzos del Siglo XXI y el nuevo rostro de la integración alternativa pregonada.

La política de la globalización capitalista es la liberalización de la economía, la apertura y la promoción de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Con ello, la tendencia a los tratados bilaterales en defensa de las inversiones o los tratados de libre comercio y la juridicidad supranacional, que se discute e impulsa desde la OMC y otros organismos internacionales.

Si bien la liberalización aparece a contramano del proteccionismo, lo real es que las grandes potencias del capitalismo mundial siempre alentaron la liberalización hacia afuera, y ejercieron el proteccionismo local, con subsidios a las exportaciones en Europa, o a la producción en EE.UU. Igual, lo predominante en la política hegemónica desde los 60/70 es la liberalización, asumida como política de época por los organismos internacionales, y sustentada desde múltiples lobbies financiados por las corporaciones transnacionales, verdaderos beneficiarios del orden mundial contemporáneo.

La liberalización constituye el programa de fondo sustentado por las clases dominantes a la salida de la crisis de los 60/70 y su paradigma fue el neoliberalismo, ensayado en Sudamérica con el Terrorismo de Estado, y entronizado como policía principal mundial con Thatcher y Reagan desde los 80 del siglo pasado, arrastrando incluso a la socialdemocracia europea y sus variantes en el mundo. No sorprende su instalación como paradigma con la generalización del terrorismo estatal con la militarización dispuesta por la política exterior de EE.UU.

Ahora, la novedad es el proteccionismo que anima las elecciones británicas de junio pasado y en EE.UU. el 8 de noviembre. ¿Quiere decir que se abandona la liberalización? No, simplemente vale constatar que ante la continuidad de existencia de las naciones, la política sigue privilegiando lo local, el territorio del consenso y el voto, para desde ahí sustentar determinada política exterior. No ocurre al revés, aun cuando la economía es global.

La crisis del 2007/08 trajo como novedad la fortísima participación estatal en el salvataje del capital más concentrado en cada país, lo que explica el crecimiento de la desigualdad y la enorme brecha entre el 1% enriquecido y el 99% empobrecido, que en EE.UU. empuja opciones nacionalistas, conservadoras, de derecha, como Trump. Además del Estado Nacional como sostén del orden capitalista y la desigualdad, se suma ahora la promesa proteccionista.

En campaña electoral, Trump se despachó contra los tratados de libre comercio empujados por demócratas y republicanos desde tiempos de Bush padre. La crítica es al ALCA, al NAFTA, a la Alianza del Pacífico, a los acuerdos de libre comercio con Europa, lo que supone un discurso que apuntó a patear el tablero de la política de Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, Obama, y que expresaba Hillary en la contienda electoral.

La liberalización era la carta de triunfo estadounidense desde la ruptura de la bipolaridad, aun antes, con la restauración conservadora de Reagan. Todo eso había llegado a su límite con la crisis mundial en curso que, insistamos, es mundial porque tiene epicentro en EE.UU.

¿Fue la liberalización la respuesta capitalista a la crisis de los 60/70 y el proteccionismo será la política del capitalismo hegemónico a la crisis contemporánea? Es lo que aparece como novedad, aun cuando, insistamos, los países hegemónicos siempre pregonaron el libre cambio y practicaron el proteccionismo. Son dos caras de la dominación que sufren los países en situación de dependencia.

El impacto en la región

Con el proteccionismo se pone en discusión el discurso y la práctica del aperturismo aplicado por países como México, Chile, Colombia o Perú, y sus instrumentos, como la Alianza del Pacífico o el Tratado Trans Pacífico (TTP), pero también aquellos que venían acercando su discurso pro acuerdos comerciales con EE.UU., especialmente los gobiernos de Argentina y Brasil luego del impeachment. El gobierno Macri había hecho opción por la candidata demócrata y había recibido en la Argentina a Obama y a varios miembros del gabinete actual, denostando a Trump y colocando todas las fichas en el aperturismo y la alianza con la lógica tradicional de la globalización capitalista.

México puede ser uno de los más afectados, especialmente por la corriente de relocalización industrial y la maquila para ensamblar y exportar al mercado de EE.UU., que puede ver construido un muro a la circulación de capitales y mercancías tal y como se viene dando hasta ahora. Es mucho más que las restricciones a las migraciones desde México y las múltiples discriminaciones del discurso de Trump. Son cuestiones económicas que hacen a la división del trabajo y a la explotación de la fuerza de trabajo mexicana. Es algo que puede hacerse extensivo a Centroamérica y al Caribe, agudizado en el caso cubano ante las novedades de restablecimiento de relaciones recientemente iniciado.

No es menor el dato de la convergencia de derecha del gobierno de EE.UU. con los regímenes amigos de la liberalización en la región. Así como se sostiene una determinada política, también se puede sustentar otra, afín al nuevo poder de la potencia imperialista. La respuesta a muchos de estos interrogantes se resolverá en función de los reacomodamientos que ya está generando el resultado electoral estadounidense.

De todos modos, en los primeros días ya se observan devaluaciones de las monedas en la región que auguran una potenciación en la valorización de los activos estadounidenses, especialmente su moneda. Con ello es previsible el encarecimiento del costo del dinero a corto o mediano plazo y así el mayor costo de la cancelación de intereses y capitales del endeudamiento público, gravoso para el caso argentino en la coyuntura. Entre 85.000 y 90.000 millones de dólares entre 2016 y lo presupuestado para 2017. Cifras record para el país.

Nuestros pueblos son presa de la política nacional y externa de EE.UU., con liberalización o proteccionismo, por efecto de la dependencia. Las políticas que aplicará Trump tendrán en cuenta, en primer lugar, satisfacer la demanda interna del electorado que lo llevó a su cargo en Washington. El objetivo será transformar consenso electoral –ya logrado– en consenso político, para habilitar un nuevo tiempo de la política en EE.UU. con pretensión de marcar caminos de salida a la crisis capitalista. El New Deal supuso la salida “defensiva” de la crisis en los 30 del Siglo XX; el neoliberalismo lo fue en “ofensiva” para la del 60/70, y hasta ahora no se visibiliza salida a la crisis inaugurada en 2007/08, aunque la situación del capital es a la ofensiva contra los trabajadores, los bienes comunes y la mayoría empobrecida de la sociedad.

Convengamos también que los pueblos tenían su acumulación hacia los 30, que derivó en el orden bipolar y la perspectiva de un imaginario socialista, con una importante acumulación política lograda hacia mediados de los 70, triunfo vietnamita mediante, lo que desató la brutal respuesta del terrorismo de Estado para imponer el neoliberalismo. El gran interrogante es si la fuerza acumulada por el movimiento popular mundial contemporáneo es condición de posibilidad suficiente como para pensar en una salida a la crisis en curso más allá y en contra del capitalismo.

* Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento, el 12 de noviembre de 2016.

Los desafíos de América Latina tras el terremoto Trump

Leandro Morgenfeld*

El inesperado triunfo de Trump provocó un terremoto al interior de Estados Unidos y también en el mundo entero. En Nuestra América crece la incertidumbre. Mientras la mayoría de los analistas elucubran sobre cómo será su política hacia la región, en este artículo nos enfocaremos en cuáles son los desafíos, para los pueblos y gobiernos latinoamericanos, a partir del arribo a la Casa Blanca del magnate misógino y racista.

Con Trump la región se verá afectada fuertemente por una serie de iniciativas: endurecimiento de la política migratoria, límites al envío de remesas, deportaciones masivas (el presidente electo prometió expulsar inmediatamente hasta 3 millones de indocumentados con antecedentes penales), revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), freno a la política de distensión con Cuba. Al mismo tiempo, se estima que, si aplica un aumento de las tarifas aduaneras, se dificultará el acceso al mercado estadounidense, central para algunos países de la región (el 19% de las importaciones estadounidenses son latinoamericanas, mayormente de México). Hay incertidumbre sobre qué pasará con el incipiente diálogo político en Venezuela y cómo se posicionará la Casa Blanca frente al nuevo acuerdo de paz entre Santos y las FARC. Los cambios ya empezaron: Obama no insistirá con la ratificación parlamentaria del Acuerdo Transpacífico (TPP). Ese mega tratado de libre comercio, una suerte de reedición del ALCA para contener el avance chino, había sido firmado por tres países de la región –México, Perú y Chile– y se preveía que podían sumarse Colombia y Argentina. La mayoría lo da por muerto, dado que fue uno de los permanentes blancos de ataque de Trump durante toda la campaña.

Más allá de las especulaciones sobre si cumplirá o no lo que prometió, lo que está claro es que el nuevo presidente no abandonará las dos estrategias estadounidenses desde la enunciación de la Doctrina Monroe (1823): alejar a las potencias extra hemisféricas de lo que consideran su exclusiva área de influencia (el despectivamente llamado patio trasero) y fomentar la fragmentación latinoamericana para evitar que proliferen organismos en los que no interviene Estados Unidos, como la UNASUR, la CELAC o el ALBA. O sea, podrán cambiar las tácticas, pero Trump va a intentar mantener la hegemonía estadounidense en el continente americano.

Ahora bien, su triunfo plantea cambios geopolíticos, económicos, militares e ideológicos a escala global. Ante este novedoso (y profundamente inestable) escenario internacional, se presentan diversos desafíos para los pueblos y gobiernos de Nuestra América.

En primer lugar, con un líder como Trump, crecerán las protestas y grietas internas (movimientos como Black Lives Matter, Not My President o las iniciativas de universidades y ciudades que invocan el Sanctuary status, para resistir las deportaciones de indocumentados) y se dificultará la proyección de Estados Unidos como “faro” o guía de las democracias de Occidente. Esta crisis de legitimidad del sistema político estadounidense es una oportunidad excepcional para China, Rusia y la India para avanzar en la construcción de un mundo más multipolar. América Latina debería abandonar la orientación subordinada a Washington, que vienen desplegando presidentes derechistas como Peña Nieto, Temer o Macri, y diversificar los vínculos externos, en función del resurgimiento de otros polos de poder mundial.

La única forma de hacerlo en forma no dependiente es recuperando la coordinación y cooperación política en torno a organismos latinoamericanos y avanzando hacia una integración alternativa. Las guerras de monedas y comerciales que se avizoran, a partir del repliegue neoproteccionista que prometió Trump en la campaña, obligan a pensar estrategias económicas que potencien los mercados internos y regionales, a contramano de las lógicas de libre mercado que impulsa la Alianza del Pacífico. O sea, el “modelo” aperturista de Perú y Chile, que tanto alabaron gobiernos neoliberales como el de Macri, deberá ser abandonado.

El encarecimiento del crédito externo, a partir de una esperable suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, obliga a los países latinoamericanos a abandonar las políticas de endeudamiento externo y desplegar estrategias que reviertan la desigualdad y dependencia que se profundizaron con la aplicación acrítica de la globalización neoliberal que impusieron desde los centros del capital trasnacional. Como ya no vendrán las inversiones extranjeras que añoran los gobiernos neoliberales, es contraproducente otorgar concesiones para “seducir” a los mercados.

Es esperable que el racismo de Trump y su menosprecio por los hispanos incremente el rechazo al gobierno de Estados Unidos. Las derechas vernáculas, que históricamente atacaron a los procesos populares de la región, denigrándolos frente a la democracia modelo estadounidense, hoy están desorientadas: el arcaico sistema electoral permitió que ganara un candidato que sacó 600.000 votos menos que su rival. Apenas votó el 56% del padrón. A Trump, en consecuencia, lo eligió solo el 25% de los 231 millones de estadounidenses que podían sufragar (y un porcentaje menor, si sumamos a los indocumentados que carecen de derechos electorales). La legitimidad del nuevo gobierno está desafiada por miles de manifestantes que se lanzaron a las calles apenas horas después de conocerse el resultado de los comicios. En la vereda de enfrente, los supremacistas blancos están eufóricos: el Ku Klux Klan marcha el 3 de diciembre en Carolina del Norte para celebrar el triunfo de Trump. Se avizoran fuertes conflictos sociales, en un contexto de agudización de las tensiones raciales.

Ante el descrédito que genera el showman neoyorquino, Nuestra América debe avanzar con una agenda propia: oponerse a los Tratados de Libre Comercio contrarios a los intereses de las mayorías populares, evitar la injerencia de las potencias en los asuntos internos de los países de la región, luego de varios procesos destituyentes y golpes de nuevo tipo (Honduras, Paraguay, Brasil), rechazar la militarización y exigir el retiro de las bases estadounidenses, avanzar con el proceso de paz en Colombia, reclamar el fin del bloqueo a Cuba, evitar un golpe en Venezuela, bregar por un sistema internacional más multipolar y democrático, construir instituciones financieras regionales (como el malogrado Banco del Sur) y retomar la senda de la integración alternativa con un horizonte poscapitalista. En definitiva, descartar las estrategias aperturistas y subordinadas a Estados Unidos que impulsan los gobiernos neoliberales.

El fracaso de las socialdemocracias europeas y del Partido Demócrata en Estados Unidos (con un discurso ligeramente más progresista, asumieron las políticas de ajuste neoliberal, permitiéndoles a movimientos xenófobos y racistas canalizar a su favor el descontento y hartazgo social) tiene que ser una lección para las fuerzas progresistas, populares y de izquierda de Nuestra América. O se avanza con una crítica radical y se construyen alternativas, o la impugnación a la globalización neoliberal será aprovechada por los líderes neofascistas.

El mundo está en un momento de inflexión. Nuestra América aparece como desplazada en la agenda de la política exterior de Trump. Qué mejor que aprovechar esta circunstancia para potenciar una vía alternativa, que cuestione la creciente desigualdad y dependencia que produce el capitalismo y avance hacia una integración fuera de la órbita y el control de Estados Unidos.

* Profesor UBA, investigador adjunto del CONICET, co-coordinador del Grupo CLACSO “Estudios sobre EEUU”. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas; Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos; y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com.

Este artículo fue publicado originalmente en Megafon CLACSO Nº 10, noviembre de 2016.

América Latina y el Caribe ante el próximo gobierno estadounidense

Darío Salinas*

En un crispado contexto de polarización, de visibles grietas en la conducta de la propia clase dominante, el triunfo electoral del candidato más derechista de la derecha en las recientes elecciones constituye en sí mismo un gran desafío para la región latinoamericana. Frente a quien hizo sin ningún disimulo de las posiciones xenófobas, racistas, misóginas y antiinmigrantes parte de su ruidosa campaña, se abren grandes interrogantes sobre lo que pueda efectivamente realizar en cuanto a su política regional. El triunfador, al igual que su contrincante demócrata, sabe que la ciudadanía del país del Norte no solo se encuentra manifiestamente dividida, sino que la atmósfera postelectoral se encuentra secretando por doquier un aire social de inconformidad, malestar y de cautela mundial.

A contrapelo de la sociología electoral y las encuestas de opinión, ha triunfado una figura política de apariencia muy singular y de actitudes casi increíbles. De no ser por ese sistema político y electoral, tan alejado del sentir ciudadano, seguramente tendríamos en el escrutinio un resultado muy diferente. Dentro de esa institucionalidad estadounidense sigue determinando el arcaico colegio electoral, el antidemocrático principio ajeno a toda forma de proporcionalidad, el desprecio por el concepto de mayoría y voto popular.

Al observar cómo pudo llegar tan lejos un personaje de semejante estatura política, no hay que desmerecer lo que esa institucionalidad y sus valores fundacionales pueden admitir e impulsar. El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte se erige otra vez en su clásica vitalidad propositiva para pensar, de nueva cuenta, que no importa tanto el personaje político como la valoración de todo aquello que hace posible su avance y su gravitación para modificar potencialmente el cuadro político. No obstante las señales de decadencia que ha mostrado al mundo la contienda electoral, la portentosa institucionalidad y sus valores fundacionales garantizaron la elección de su “mejor opción”. Nuevamente ha quedado en claro que para América Latina ese sistema no es precisamente un paradigma de democracia, por el restringido juego político que produce y los principios doctrinarios en que descansa.

Es cierto que las señales de crisis en la derecha norteamericana han sido demasiado visibles, tanto en la tienda de los demócratas como en la de los republicanos, en un contexto de in-omitibles muestras de malestar social antes, durante y después de las elecciones. Pero esto no significa el fin de la hegemonía estadounidense. Electoralmente inclinaron la balanza los blancos empobrecidos por el vigente modelo económico coadyuvado el enraizado racismo, los creyentes conservadores y, aunque parezca increíble, un alto porcentaje de la población femenina. A esto se añade que la población negra y latina tuvo un comportamiento distinto a lo esperado. Los empobrecidos y maltratados por el sistema no han logrado traducir su indignación a favor de una mejor opción. En el poderoso país del Norte, el sistema político ha hecho que triunfara la posición que se pudo domiciliar exitosamente a la derecha de las derechas.

Al triunfador de la contienda muchas veces lo escuchamos afirmar su afán de hacer nuevamente de Estados Unidos un gran país. ¿Cuáles serán los contenidos de esa afirmación a partir del 20 de enero? Es muy temprano para saber, ya fuera de campaña, lo que eso pueda implicar si miramos el peso gravitacional de Wall Street, los poderes financieros beneficiados con la crisis, las políticas de la OTAN y el complejo militar industrial, así como las estrategias comerciales globales en desarrollo. El triunfador seguramente no podrá hacer todo lo que ha dicho, como crear millones de empleos, subir los salarios, afectar la ganancia del gran capital especulativo, modificar el diseño geoestratégico de las transnacionales con sus instrumentos de libre mercado, etcétera. Pero podemos saber que, más allá de sus detractores, para la política de clase realmente dominante se encuentra lista la renovada clase política para enrumbar los intereses estratégicos del imperio.

Históricamente ningún mandatario estadounidense se ha apartado de las premisas estratégicas que direccionan las relaciones hemisféricas. El concepto de “patio trasero” no ha perdido vigencia. Nunca esperamos nada bueno ni mejor de las recientes elecciones. Junto con el desarrollo de la campaña de la candidatura demócrata siempre tuvimos presente el expediente de las guerras en Afganistán e Irak, la intervención en Libia, las conductas actuales frente a Siria y los golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Ucrania y Brasil, así como la contraofensiva desestabilizadora y golpista contra aquellos procesos y gobiernos que han dirigido sus proyectos sin el consentimiento de la política norteamericana.

Con el triunfo de Donald Trump se abre un abanico de sendos interrogantes sobre estos importantes referentes. ¿Qué más podemos esperar del futuro ocupante de la Casa Blanca frente al proceso venezolano? ¿Derogará el decreto presidencial según el cual esa nación bolivariana es considerada una amenaza para la seguridad estadounidense, o favorecerá aún más la estrategia golpista en curso? ¿Cuál será su política hacia Cuba en el marco de la nueva relación diplomática? ¿Flexibilizará o endurecerá el bloqueo económico, financiero y comercial? ¿Con qué gobiernos o fuerzas políticas de la región privilegiará su interlocución para asuntos hemisféricos? ¿Se modificará esa inhumana práctica de deportar migrantes, implacablemente realizada por su predecesor? ¿Las señales emitidas hacia una mayor centralidad de sus problemas internos implicarán un rediseño en el inveterado injerencismo hacia nuestra región o se redoblarán las agresiones a la soberanía de América Latina y el Caribe?

Estos y muchos otros interrogantes permean hoy el pensamiento de la agenda regional. No perdemos de vista que el recientemente triunfador de las elecciones dispondrá de un mandato y la posibilidad que ofrece el control institucional de todos los poderes. Pero lo más importante es que este “gobierno temporal”, por sí mismo, no puede imponer decisiones que no respondan al entramado de fuerzas del “gobierno permanente”, es decir, a los grandes intereses estratégicos estadounidenses. ¿Se re-articularán esos poderosos intereses bajo su mandato? Es posible, y si las señales previas resultan plausibles, habrá entonces que pensar y prepararse para todo, incluso para lo peor.

* Profesor-investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, miembro del Grupo de Trabajo “Estudios sobre Estados Unidos” de CLACSO.

Este artículo fue publicado originalmente en Megafon CLACSO Nº 10, noviembre de 2016.

Desafíos mundiales

Las 10 claves que explican el Nuevo Sistema Mundo

Ignacio Ramonet*

¿Cómo es el Nuevo Sistema Mundo? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué dinámicas están determinando el funcionamiento real de nuestro planeta? ¿Qué características dominarán en los próximos quince años, de aquí a 2030?

Para tratar de describir este Nuevo Sistema Mundo y prever su futuro inmediato, vamos a utilizar la brújula de la geopolítica, una disciplina que nos permite comprender el juego general de las potencias y evaluar los principales riesgos y peligros. Para anticipar, como en un tablero de ajedrez, los movimientos de cada potencial adversario.

¿Qué nos dice esa brújula?

El declive de Occidente

La principal constatación es: el declive de Occidente. Por vez primera desde el Siglo XV, los países occidentales están perdiendo poderío frente a la subida de las nuevas potencias emergentes. Empieza la fase final de un ciclo de cinco siglos de dominación occidental del mundo. El liderazgo internacional de Estados Unidos se ve amenazado hoy por el surgimiento de nuevos polos de poderío (China, Rusia, India, Brasil) a escala internacional. El “desclasamiento estratégico” de Estados Unidos ha empezado. El “siglo americano” parece llegar a su final, a la vez que va desvaneciéndose el “sueño europeo”...

Aunque Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias planetarias, está perdiendo su hegemonía económica en favor de China. Y ya no ejercerá su “hegemonía militar solitaria” como lo hizo desde el fin de la Guerra Fría (1989). Vamos hacia un mundo multipolar en el que los nuevos actores (China, Rusia, India) tienen vocación de constituir sólidos polos regionales y disputarle la supremacía internacional a Washington y sus aliados históricos (Reino Unido, Francia, Alemania, Japón).

En tercera línea aparecen ahora una serie de potencias intermediarias, con demografías en alza y fuertes tasas de crecimiento económico, llamadas a convertirse también en polos hegemónicos regionales y con tendencia a transformarse, de aquí a 15 años, en un grupo de influencia planetaria (Indonesia, Brasil, Vietnam, Turquía, Nigeria, Etiopía).

Para tener una idea de la importancia y de la rapidez del desclasamiento occidental que se avecina, baste con señalar estas dos cifras: la parte de los países occidentales en la economía mundial va a pasar del 56% hoy, a un 25% en 2030... O sea que, en menos de quince años, Occidente perderá más de la mitad de su preponderancia económica... Una de las principales consecuencias de esto es que EE.UU. y sus aliados ya no tendrán los recursos financieros para asumir el rol de gendarmes del mundo... De tal modo que este cambio estructural podría lograr debilitar durablemente a Occidente.

Imparable emerger de China

El mundo, pues, se “desoccidentaliza” y es cada vez más multipolar. Destaca, una vez más, el rol de China que emerge, en principio, como la gran potencia en ciernes del Siglo XXI. Aunque China se halla lejos aún de representar un auténtico rival para Washington. Por una parte, la estabilidad del Imperio del Medio no está garantizada porque coexisten en su seno el capitalismo más salvaje y el comunismo más autoritario. La tensión entre esas dos dinámicas causará, tarde o temprano, un quiebre que podría debilitar su potencia.

De todos modos, hoy por hoy, en 2016, los Estados Unidos siguen ejerciendo una indiscutible dominación hegemónica sobre el planeta. Tanto en el dominio militar (fundamental) como en varios otros sectores cada vez más determinantes: en particular, el tecnológico (Internet) y el soft power (cultura de masas, grandes medios de comunicación). Lo cual no significa que China no haya realizado prodigiosos avances en los últimos treinta años. Nunca en la historia, ningún país creció tanto en tan poco tiempo.

Por el momento, mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China es imparable. Ya es la segunda potencia económica del mundo (delante de Japón y Alemania).

Para Washington, Asia es ahora la zona prioritaria desde que el presidente Barack Obama decidió, a partir de 2009, la reorientación estratégica de su política exterior. Estados Unidos trata de frenar allí la expansion de China cercándola con bases militares y apoyándose en sus socios locales tradicionales: Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. Es significativo que el primer viaje de Barack Obama, después de su reelección en 2012, haya sido a Birmania, Cambodia y Tailandia, tres Estados de la Asociación de Naciones de Asia del Sureste (ASEAN), una organización que reúne a los aliados de Washington en la región, la mayoría de cuyos miembros tienen problemas de límites marítimos con Pekín.

Los mares de China se han convertido en las zonas de mayor potencial de conflicto armado del área Asia-Pacífico. Las tensiones de Pekín con Tokio, a propósito de la soberanía de las islas Senkaku (Diaoyú para los chinos). Y también la disputa con Vietnam, Malasia y Filipinas sobre la propiedad de las islas Spratly está subiendo peligrosamente de tono. China está modernizando a toda marcha su Armada. En 2012, lanzó su primer portaaviones, el Liaoning, y está construyendo un segundo, con la intención de intimidar a Washington. Pekín soporta cada vez menos la presencia militar de Estados Unidos en Asia oriental. Entre estos dos gigantes, se está instalando una peligrosa “desconfianza estratégica” que, sin lugar a dudas, podría marcar la política internacional en esta región de aquí a 2030.

El terrorismo yihadista

Otra de las amenazas globales que nos indica nuestra brújula es el terrorismo yihadista, practicado ayer por Al Qaeda y hoy por la Organización Estado Islámico o Daesh (ISIS, en inglés). Las principales causas de ese terrorismo yihadista actual hay que buscarlas en los desastrosos errores y los crímenes cometidos por las potencias que invadieron Irak en 2003. Además de los disparates de las intervenciones en Libia (2011) y en Siria (2014).

En Oriente Próximo se sigue situando el actual foco perturbador del mundo. En particular en torno a la inextricable guerra civil en Siria. Lo que está claro es que, en ese país, las grandes potencias occidentales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia), aliadas a los Estados sunníes que más difunden por el mundo una concepción arcaica y retrógrada del Islam (Arabia Saudita, Qatar y Turquía), decidieron apoyar (con dinero, armas e instructores) a la insurgencia islamista sunní. Estados Unidos constituyó en esa región un amplio “eje sunní” con el objetivo de derrocar a Bachar El Asad y despojar así a Teherán de un gran aliado regional. Pero el gobierno de Bachar El Asad, con el apoyo de Rusia e Irán, y de milicias chiíes libanesas e iraquíes, ha resistido y sigue consolidándose (sobre todo después de la reciente reconquista de Alepo). El resultado de tantos errores es el terrorismo yihadista que multiplica los atentados odiosos contra civiles inocentes en Europa y Estados Unidos.

Algunas capitales occidentales siguen pensando que la potencia militar masiva es suficiente para acabar con el terrorismo. Pero en la historia militar abundan los ejemplos de grandes potencias incapaces de derrotar a adversarios más débiles. Basta recordar los fracasos norteamericanos en Vietnam en 1975, o en Somalía en 1994. En un combate asimétrico, aquel que puede más no necesariamente gana. El historiador Eric Hobsbawm nos recuerda que “en Irlanda del Norte, durante cerca de treinta años, el poder británico se mostró incapaz de derrotar a un ejército tan minúsculo como el del IRA; ciertamente el IRA no tuvo la ventaja, pero tampoco fue vencido”.

Los conflictos de nuevo tipo, cuando el fuerte enfrenta al débil o al loco, son más fáciles de comenzar que de terminar. Y el empleo masivo de medios militares pesados no garantiza necesariamente alcanzar los objetivos buscados.

La lucha contra el terrorismo también está autorizando, en materia de gobierno y de política interior, todas las medidas autoritarias y todos los excesos, incluso una versión moderna del “autoritarismo democrático” que toma como blanco, más allá de las organizaciones terroristas en sí mismas, a todos los insumisos y protestatarios que se oponen a las políticas globalizadoras y neoliberales.

Hay crisis para largo...

Otra constatación importante: los países ricos siguen padeciendo las consecuencias del terremoto económico-financiero que fue la crisis del 2008. Por primera vez, la Unión Europea (y el Brexit lo confirma) ve amenazada su cohesión y hasta su existencia. En Europa, la crisis económica durará al menos un decenio más, es decir hasta por lo menos 2025... Decimos que hay crisis, en cualquier sector, cuando algún mecanismo deja de pronto de actuar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo en la economía mundial desde que estalló la crisis de las subprimes en 2007-2008.

La globalización económica y el libre mercado sin barreras alcanzaron sus límites. Si en algunos países emergentes (China, Vietnam, India...), la globalización y el libre mercado permitieron la reducción de la pobreza y el surgimiento de nuevas clases medias, en cambio en Europa y Estados Unidos –como en un movimiento de vasos comunicantes– esas mismas dinámicas produjeron un derrumbe colosal de las clases medias y la multiplicación del número de pobres.

Las repercusiones sociales de semejante cataclismo económico han sido de una brutalidad inédita: 23 millones de desempleados en la Unión Europea y más de 80 millones de pobres... Los jóvenes en particular son las víctimas principales; generaciones sin futuro. Y las clases medias también están particularmente asustadas porque el modelo neoliberal de crecimiento las abandona al borde del precipicio del desclasamiento.

La velocidad de la economía financiera es hoy la del relámpago, mientras que la velocidad de la política, por comparación, es la del caracol. Resulta cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político. Y también crisis globales y gobiernos nacionales. Todo esto provoca, en los ciudadanos, frustración y angustia.

La crisis global produce perdedores y ganadores. Los ganadores se encuentran, esencialmente, en Asia y en los países emergentes, que no tienen una visión tan pesimista de la situación como la de los europeos. También hay muchos “ganadores” en el interior mismo de los países occidentales, cuyas sociedades se hallan fracturadas por las desigualdades entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres.

En realidad, no estamos soportando una crisis, sino un haz de crisis, una suma de crisis mezcladas tan íntimamente unas con otras que no conseguimos distinguir entre causas y efectos. Porque los efectos de unas son las causas de otras, y así hasta formar un verdadero sistema. O sea, enfrentamos una auténtica crisis sistémica del mundo occidental que afecta a la tecnología, la economía, el comercio, la política, la democracia, la identidad, la guerra, el clima, el medio ambiente, la cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etcétera.

Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo por un aumento del miedo y el resentimiento. La gente vive en estado de ansiedad e incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas como pueden ser la pérdida del empleo, los electroshocks tecnológicos, las biotecnologías, las catástrofes naturales, la inseguridad generalizada... Todo ello constituye un desafio para las democracias. Porque ese terror se transforma a veces en odio y en repudio. En varios países europeos, y también en Estados Unidos, ese odio se dirige hoy contra el extranjero, el inmigrante, el refugiado, el diferente. Está subiendo el rechazo hacia todos los “otros” (musulmanes, latinos, gitanos, subsaharianos, “sin papeles”, etcétera) y crecen los populismos y los partidos xenófobos o de extrema derecha.

Decepción y desencanto

Hay que entender que, desde la crisis financiera de 2008 (de la que aún no hemos salido), ya nada es igual en ninguna parte. Los ciudadanos están profundamente desencantados. La propia democracia, como modelo, ha perdido credibilidad. Los sistemas políticos han sido sacudidos hasta las raíces. En Europa, por ejemplo, los grandes partidos tradicionales están en crisis. Y en todas partes percibimos ascensos de formaciones de extrema derecha (en Francia, en Austria, en el Reino Unido, en Alemania y en los países nórdicos) o de partidos antisistema y anticorrupción (Italia, España). El paisaje político aparece radicalmente transformado.

Ese fenómeno ha llegado a Estados Unidos, un país que ya conoció, en 2010, una ola populista devastadora, encarnada entonces por el Tea Party. La victoria del multimillonario Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca prolonga aquello y constituye una revolución electoral que ningún analista supo prever. Aunque pervive, en apariencias, la vieja bicefalia entre demócratas y republicanos, el éxito de un candidato tan heterodoxo como Trump constituye un verdadero sismo. Su estilo directo, populachero, y su mensaje maniqueo y reduccionista, apelando a los bajos instintos de ciertos sectores de la sociedad, le han conferido un carácter de autenticidad a ojos del sector más decepcionado del electorado de la derecha.

A ese respecto, el candidato republicano ha sabido interpretar lo que podríamos llamar la “rebelión de las bases”. Mejor que nadie, percibió la fractura cada vez más amplia entre las elites políticas, económicas, intelectuales y mediáticas, por una parte, y la base del electorado conservador, por la otra. Su discurso violentamente anti-burocracia de Washington, anti-medios y anti-Wall Street sedujo, en particular, a los electores blancos, poco cultos y empobrecidos por los efectos de la globalización económica.

Sismos y más sismos

A este respecto podríamos decir que otra gran característica del Nuevo Sistema Mundo son los sismos. Sismos financieros, monetarios, bursátiles, sismos climáticos, sismos energéticos, sismos tecnológicos, sismos sociales, sismos geopolíticos como el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos o, en otro sentido, el reciente golpe de Estado institucional en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, o la renuncia, en Francia, del presidente socialista François Hollande a presentarse a las elecciones de mayo de 2017 para su propia sucesión... Sismos electorales como la mencionada victoria de Donald Trump en Estados Unidos, o el éxito del “no” en Colombia a los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC; o el Brexit en el Reino Unido, o el éxito de la extrema derecha en Austria, o la derrota de Angela Merkel en varias elecciones parciales en Alemania.

Acontecimientos imprevistos irrumpen con fuerza sin que nadie, o casi nadie, los haya visto venir. Hay una falta de visibilidad general. Si gobernar es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza general. En muchos países, el Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado de existir. Hay una crisis de la democracia representativa: “¡No nos representan!”, decían en España los “indignados”. La gente reclama que la autoridad política vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad. Se insiste en la necesidad de reinventar la política y de que el poder político le ponga coto al poder económico y financiero de los mercados.

Internet, el ciber-espionaje y la ciber-defensa

El Nuevo Sistema Mundo también se caracteriza por la multiplicidad de rupturas estratégicas cuyo significado a veces no comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios. Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con la desmaterialización y la digitalización generalizadas, y con la explosión inaudita de las redes sociales. Más que una tecnología, Internet es pues un actor fundamental de las crisis. Basta con recordar el rol de WikiLeaks, Facebook, Twitter y las demás redes sociales en la aceleración de la información y de la conectividad social a través del mundo.

De aquí a 2030, en el Nuevo Sistema Mundo, algunas de las mayores colectividades del planeta ya no serán países sino comunidades congregadas y vinculadas entre sí por Internet y las redes sociales. Por ejemplo, Facebooklandia: más de mil millones de usuarios... O Twitterlandia, más de 800 millones... Su influencia en el juego de tronos de la geopolítica mundial podría revelarse decisivo. Hoy, las estructuras de poder se difuminan gracias al acceso universal a la Red y el uso de nuevas herramientas digitales.

Por otra parte, por las estrechas complicidades que algunas grandes potencias han entablado con las grandes empresas privadas que dominan las industrias de la informática y de las telecomunicaciones, la capacidad en materia de espionaje de masas ha crecido también de forma exponencial. Las mega empresas como Google, Apple, Microsoft, Amazon y más recientemente Facebook han establecido estrechos lazos con el aparato del Estado en Washington, especialmente con los responsables de la política exterior. Esta relación se ha convertido en una evidencia. Comparten las mismas ideas políticas y tienen idéntica visión del mundo. En última instancia, los estrechos vínculos y la visión común del mundo, por ejemplo, de Google y la Administración estadounidense están al servicio de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos.

Esta alianza sin precedentes –Estado + aparato militar de seguridad + industrias gigantes de la Web– ha creado un verdadero imperio de la vigilancia cuyo objetivo claro y concreto es poner Internet bajo escucha, todo Internet y a todos los internautas, como lo denunciaron Julian Assange y Edward Snowden.

El ciberespacio se ha convertido en una especie de “quinto elemento”. El filósofo griego Empédocles sostenía que nuestro mundo estaba formado por una combinación de cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Pero el surgimiento de Internet, con su misterioso “interespacio” superpuesto al nuestro, formado por miles de millones de intercambios digitales de todo tipo, por su roaming, su streaming y su clouding, ha engendrado un nuevo universo, en cierto modo cuántico, que viene a completar la realidad de nuestro mundo contemporáneo como si fuera un auténtico “quinto elemento”.

En este sentido, hay que señalar que cada uno de los cuatro elementos tradicionales constituye, históricamente, un campo de batalla, un lugar de confrontación. Y que los Estados han tenido que desarrollar componentes específicos de las fuerzas armadas para cada uno de estos elementos. Para la tierra, el Ejército de Tierra; para el aire, el Ejército del Aire; para el agua, la Armada; y, con carácter más singular, para el fuego: los bomberos o “guerreros del fuego”. De manera natural, desde el desarrollo de la aviación militar en 1914-1918, todas las grandes potencias están añadiendo hoy, a los tres ejércitos tradicionales y a los combatientes del fuego, un nuevo ejército cuyo ecosistema es el “quinto elemento”: el ciberejército, encargado de la ciberdefensa, que tiene sus propias estructuras orgánicas, su Estado Mayor, sus cibersoldados (ciberhackeadores) y sus propias armas: superordenadores preparados para defender las ciberfronteras y llevar a cabo la ciberguerra digital en el ámbito de Internet.

Una mutación del capitalismo: la economía colaborativa

Treinta años después de la expansión masiva de la Web, los hábitos de consumo también están cambiando. Se impone poco a poco la idea de que la opción más inteligente hoy es usar algo en común, y no forzosamente comprarlo. Eso significa ir abandonando poco a poco una economía basada en la sumisión de los consumidores y en el antagonismo o la competición entre los productores, y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio. Todo esto plantea una verdadera revolución en el seno del capitalismo, que está operando, ante nuestros ojos, una nueva mutación.

Es un movimiento irresistible. Miles de plataformas digitales de intercambio de productos y servicios se están expandiendo a toda velocidad. La cantidad de bienes y servicios que pueden alquilarse o intercambiarse mediante plataformas online, ya sean de pago o gratuitas (como Wikipedia), es ya literalmente infinita.

A nivel planetario, esta economía colaborativa crece actualmente entre el 15% y el 17% al año. Con algunos ejemplos de crecimiento absolutamente espectaculares. Por ejemplo, Uber, la aplicación digital que conecta a pasajeros con conductores, en solo cinco años de existencia ya vale 68.000 millones de dólares y opera en 132 países. Por su parte, Airbnb, la plataforma online de alojamientos para particulares surgida en 2008 y que ya ha encontrado cama a más de 40 millones de viajeros, vale hoy en Bolsa (sin ser propietaria de ni una sola habitación) más de 30.000 millones de dólares, o sea más que los grandes grupos Hilton, Marriott o Hyatt.

A este respecto, otro rasgo fundamental que está cambiando –y que fue nada menos que la base de la sociedad de consumo–, es el sentido de la propiedad, el deseo de posesión. Adquirir, comprar, tener, poseer eran los verbos que mejor traducían la ambición esencial de una época en la que el tener definía al ser. Acumular “cosas” (viviendas, coches, neveras, televisores, muebles, ropa, relojes, libros, cuadros, teléfonos, etcétera) constituía para muchas personas la principal razón de la existencia. Parecía que, desde el alba de los tiempos, el sentido materialista de posesión era inherente al ser humano.

La economía colaborativa constituye pues un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira de las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la camaradería, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es: “lo mío es tuyo”, o sea compartir en vez de poseer. Y el concepto básico es el trueque. Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca “algo” con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son: Uber, Airbnb, Netflix, Blabacar, etcétera.

Muchos indicios nos conducen a pensar que estamos asistiendo al ocaso de la Segunda revolución industrial, basada en el uso masivo de energías fósiles y en unas telecomunicaciones centralizadas. Y vemos la emergencia de una economía colaborativa que obliga, como ya dijimos, al sistema capitalista a mutar.

Por otra parte, en un contexto en el que el cambio climático se ha convertido en la amenaza principal para la sobrevivencia de la humanidad, los ciudadanos no desconocen los peligros ecológicos inherentes al modelo de hiperproducción y de hiperconsumo globalizado. Ahí también, la economía colaborativa ofrece soluciones menos agresivas para el planeta.

En un momento como el actual, de fuerte desconfianza hacia el modelo neoliberal y hacia las elites políticas, financieras, mediáticas y bancarias, la economía colaborativa parece aportar respuestas a muchos ciudadanos en busca de sentido y de ética responsable. Exalta valores de ayuda mutua y ganas de compartir. Criterios todos que, en otros momentos, fueron argamasa de teorías comunitarias y ambiciones socialistas. Pero que son hoy –que nadie se equivoque– el nuevo rostro de un capitalismo mutante deseoso de alejarse del salvajismo despiadado de su reciente periodo ultraliberal.

Nuestra brújula nos señala también la aparición de tensiones entre los ciudadanos y algunos gobiernos en unas dinámicas que varios sociólogos califican de “post-políticas” o “post-democráticas”... Por un lado, la generalización del acceso a Internet y la universalización del uso de las nuevas tecnologías están permitiendo a la ciudadanía alcanzar altas cuotas de libertad y desafiar a sus representantes políticos (como durante la crisis de los “indignados”). Pero, a la vez, estas mismas herramientas electrónicas proporcionan a los gobiernos, como ya vimos, una capacidad sin precedentes para vigilar a sus ciudadanos.

Amenazas no militares

“La tecnología –señala un reciente informe de la CIA– continuará siendo el gran nivelador, y los futuros magnates de Internet, como podría ser el caso de los de Google y Facebook, poseen montañas enteras de bases de datos, y manejan en tiempo real mucha más información que cualquier gobierno”. Por eso, la CIA recomienda a la administración de EE.UU. que haga frente a esa amenaza eventual de las grandes corporaciones de Internet activando el Special Collection Service, un servicio de inteligencia ultrasecreto –administrado conjuntamente por la NSA (National Security Service) y el SCE (Service Cryptologic Elements) de las Fuerzas Armadas– especializado en la captación clandestina de informaciones de origen electromagnético. El peligro de que un grupo de empresas privadas controle toda esa masa de datos reside, principalmente, en que podría condicionar el comportamiento a gran escala de la población mundial e incluso de las entidades gubernamentales. También se teme que el terrorismo yihadista sea sustituido por un ciberterrorismo aún más sobrecogedor.

La CIA toma tanto más en serio este nuevo tipo de amenazas que, finalmente, el declive de Estados Unidos no ha sido provocado por una causa exterior sino por una crisis interior: la quiebra económica acaecida a partir de 2007-2008. El informe insiste en que la geopolítica de hoy debe interesarse por nuevos fenómenos que no poseen forzosamente un carácter militar. Pues, aunque las amenazas militares no han desaparecido, algunos de los peligros principales que corren hoy nuestras sociedades son de orden no-militar: cambio climático, mutación tecnológica, conflictos económicos, crimen organizado, guerras electrónicas, agotamiento de los recursos naturales...

Sobre este último aspecto, es importante saber que uno de los recursos que más aceleradamente se está agotando es el agua dulce. En 2030, el 60% de la población mundial tendrá problemas de abastecimiento de agua, dando lugar a la aparición de “conflictos hídricos”... En cuanto al fin de los hidrocarburos, en cambio, gracias a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica, la explotación del petróleo y del gas de esquisto está alcanzado niveles excepcionales. Ya Estados Unidos es casi autosuficiente en gas, y en 2030 podría serlo en petróleo, lo cual tiende a abaratar sus costes de producción manufacturera y exhorta a la relocalización de sus industrias. Pero si EE.UU. –principal importador actual de hidrocarburos– deja de importar petróleo, es de preveer que los precios del barril se reducirán. ¿Cuáles serán entonces las consecuencias para los grandes países exportadores?

Hacia el triunfo de las ciudades y de las clases medias

En el mundo hacia el que vamos, el 60% de las personas vivirán, por primera vez en la historia de la humanidad, en las ciudades. Y, como consecuencia de la reducción acelerada de la pobreza, las clases medias serán dominantes y se triplicarán, pasando de los 1.000 a los 3.000 millones de personas. Esto, que en sí es una revolución colosal, acarreará como secuela, entre otros efectos, un cambio general en los hábitos culinarios y, en particular, un aumento del consumo de carne a escala planetaria. Lo cual agravará la crisis medioambiental.

En 2030, los habitantes del planeta seremos 8.500 millones pero el aumento demográfico cesará en todos los continentes menos en África, con el consiguiente envejecimiento general de la población mundial. En cambio, el vínculo entre el ser humano y las tecnologías protésicas acelerará la puesta a punto de nuevas generaciones de robots y la aparición de “superhombres” capaces de proezas físicas e intelectuales inéditas.

El futuro es muy pocas veces predecible. No por ello hay que dejar de imaginarlo en términos de prospectiva. Preparándonos para actuar ante diversas circunstancias posibles, de las cuales una sola se producirá. A este respecto, la geopolítica es una herramienta extremadamente útil. Nos ayuda a tomar conciencia de las rápidas evoluciones en curso y a reflexionar sobre la posibilidad, para cada uno de nosotros, de intervenir y fijar el rumbo. Para tratar de construir un futuro más justo, más ecológico, menos desigual y más solidario.

* Doctor en Semiología. Profesor emérito de la Universidad de París. Director de Le Monde diplomatique en español. Autor de El Imperio de la vigilancia (Clave Intelectual, Madrid, 2016).

Conferencia dictada en Caracas el 27 de septiembre de 2016, en ocasión del 11° aniversario de la creación del Comando Estratégico Operacional. Una versión del mismo también está disponible en el portal Rebelión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217558.

Por una polarización democrática: cómo segar la hierba bajo el populismo de derechas

Entrevista a Jürgen Habermas*

Después de 1989, solo se hablaba del “fin de la historia” gracias a la democracia y la economía de mercado, y en la actualidad estamos experimentando la aparición de un fenómeno nuevo en la forma de un liderazgo autoritario/populista, de Putin a Donald Trump, pasando por Erdogan. Claramente, una nueva “internacional autoritaria” está logrando cada vez más definir los discursos políticos. ¿Acertó su contemporáneo Ralf Dahrendorf cuando previó un Siglo XXI autoritario? ¿Se puede, de hecho se debe, hablar de un cambio de época?

Después de la transformación de 1989-90, cuando Fukuyama aprovechó la consigna de la “post-historia”, acuñada originalmente por una especie de conservadurismo feroz, su reinterpretación expresó el triunfalismo miope de las elites occidentales, que se adhirieron a la creencia liberal de la pre-armonía establecida de la economía de mercado y la democracia. Ambos elementos informan la dinámica de la modernización social, pero están vinculados a imperativos funcionales que chocan repetidamente. El equilibrio entre el crecimiento capitalista y la participación de la población –solamente a medias aceptada como socialmente justa– en el crecimiento de las economías altamente productivas solo puede tener lugar en un estado democrático digno de este nombre. Tal equilibrio, que justifica el nombre de “democracia capitalista”, era, sin embargo, dentro de una perspectiva histórica, una excepción y no la regla. Eso ya hacía, de la idea de una consolidación global del “sueño americano”, una ilusión.

El nuevo desorden mundial, la impotencia de los EE.UU. y Europa con respecto al crecimiento de los conflictos internacionales, es profundamente inquietante y las catástrofes humanitarias en Siria o Sudán del Sur nos conmocionan, así como los actos de terrorismo islamista. Sin embargo, no puedo reconocer en la constelación que usted indica una tendencia uniforme hacia un nuevo autoritarismo, sino, más bien, una variedad de causas estructurales y muchas coincidencias. Lo que les une es el teclado del nacionalismo, que ha comenzado también a ser utilizado en Occidente. Incluso antes de Putin y Erdogan, Rusia y Turquía no eran “democracias impolutas”. Si Occidente hubiera aplicado una política un poco más inteligente, se habría podido fijar el curso de las relaciones con ambos países de manera diferente, y las fuerzas liberales en sus poblaciones podrían haber sido reforzadas.

¿No estamos sobreestimando las capacidades de Occidente de manera retrospectiva?

Por supuesto, dada la gran variedad de sus intereses divergentes, no habría sido fácil para “Occidente” elegir el momento adecuado para tratar racionalmente con las aspiraciones geopolíticas de una superpotencia rusa relegada o con las expectativas europeas de un descontento gobierno turco. El caso del ególatra Trump, altamente significativo para todos en Occidente, es de un orden diferente. Con su desastrosa campaña electoral, está llevando a un punto crítico un proceso de polarización que los republicanos han estado alimentando con cálculo frío desde la década de 1990 y que están incrementado sin escrúpulos, hasta el punto de que el Grand Old Party, el partido de Abraham Lincoln, no lo olvidemos, ha perdido por completo el control de este proceso. Esta movilización de resentimiento está dando rienda suelta a las dislocaciones sociales de una superpotencia en declive político y económico.

Lo que sí veo, por lo tanto, como algo problemático, no es el modelo de una Internacional autoritaria que se plantea como hipótesis, sino la ruptura de la estabilidad política en nuestros países occidentales en su conjunto. Cualquier valoración de la retirada de los EE.UU. de su papel como potencia mundial siempre dispuesta a intervenir para restablecer el orden, tiene que tener en cuenta el fondo estructural, que afecta a Europa de una manera similar.

La globalización económica que Washington introdujo en la década de 1970 con su agenda neoliberal ha traído consigo, medido a nivel mundial en relación con China y los demás países emergentes BRIC, una disminución relativa de Occidente. Nuestras sociedades deben trabajar en cada país la conciencia de esta decadencia global junto con el crecimiento explosivo, inducido por la tecnología, de la complejidad de la vida cotidiana. Las reacciones nacionalistas están ganando terreno en los ambientes sociales que nunca o inadecuadamente se han beneficiado de las ganancias de la prosperidad de las grandes economías, porque el siempre prometido “efecto goteo” no se materializó durante décadas.

Incluso si no hay una tendencia inequívoca hacia un nuevo autoritarismo, obviamente estamos pasando por un enorme giro a la derecha, de hecho, una revuelta de la derecha. Y la campaña pro-Brexit fue solo el ejemplo más destacado de esta tendencia en Europa. Usted mismo, como se ha dicho recientemente, “no contó con una victoria del populismo sobre el capitalismo en su país de origen”. Todo observador sensato no ha podido sino sorprenderse de la naturaleza obvia irracional del resultado de esta votación y de la propia campaña. Una cosa es evidente: Europa también es cada vez más presa de un populismo seductor, de Orban y Kaczynski a Le Pen y la AfD. ¿Quiere esto decir que estamos atravesando un período en el que la norma en Occidente son las políticas irracionales? Algunos sectores de la izquierda ya están defendiendo reaccionar frente al populismo de derechas con una versión de izquierdas.

Antes de reaccionar de forma puramente táctica, hay que resolver el rompecabezas de cómo el populismo de derechas se apropió de los temas de la izquierda. La última cumbre del G-20 fue una pieza de teatro instructiva en este sentido. Una lectura de las preocupaciones de los jefes de gobierno sobre el “peligro de derechas” es que podría llevar a los Estados nación a cerrar sus puertas, a levantar el puente levadizo y a acabar con los mercados globalizados. Este estado de ánimo abraza el asombroso cambio de política social y económica que una de las participantes,Theresa May, anunció en la última conferencia del Partido Conservador y que causó olas de ira, como era de esperar, en los medios de comunicación pro-empresariales. Obviamente, la primera ministra británica había estudiado a fondo las razones sociales del Brexit; en cualquier caso, está tratando de robarle el viento a las velas del populismo de derecha cambiando la anterior línea del partido y vendiendo un “Estado fuerte” intervencionista con el fin de combatir la marginación de los sectores “abandonados” de la población y el aumento de las divisiones en la sociedad. Teniendo en cuenta este irónico cambio de la agenda política, la izquierda en Europa tiene que preguntarse por qué el populismo de derechas está teniendo éxito a la hora de ganarse a los oprimidos y desfavorecidos para el falso camino del aislamiento nacional.

¿Cuál debe ser la respuesta de la izquierda al desafío de la derecha?

La cuestión es por qué los partidos de izquierda no se lanzan a la ofensiva contra la desigualdad social domesticando de manera coordinada y transfronteriza los mercados no regulados. Como una alternativa razonable –tanto frente al status quo del capitalismo financiero salvaje como a la agenda de un “völkisch” o retroceso nacionalista de izquierda a la supuesta soberanía de las que se ha desprovisto hace mucho a las naciones– yo sugeriría que solo hay una forma supranacional de cooperación que persigue el objetivo de dar forma a una reconfiguración política socialmente aceptable de la globalización económica. Los regímenes internacionales de tratados son insuficientes para ello; porque, dejando a un lado por completo su dudosa legitimidad democrática, las decisiones políticas en torno a cuestiones de redistribución solo pueden llevarse a cabo dentro de un estricto marco institucional. Eso deja solo el camino pedregoso de una profundización institucional y la incrustación de una cooperación democráticamente legitimada a través de las fronteras nacionales. La Unión Europea fue una vez un proyecto de este tipo, y la unión política de la zona euro aún podría serlo. Pero los obstáculos en el proceso de toma de decisiones interno son muchos para eso.

Desde Clinton, Blair y Schröder, los socialdemócratas han derivado hacia la línea neoliberal imperante en las políticas económicas, ya que era o parecía ser prometedora en un sentido político: en la “batalla por el centro”, estos partidos políticos pensaban que solo podían ganar mayorías adoptando un curso neoliberal de acción. Esto significaba aceptar una vieja tolerancia de las crecientes desigualdades sociales. Mientras tanto, este precio –la “sangría” económica y socio-cultural de sectores cada vez mayores de la población– claramente ha aumentado tanto, que la reacción contra ello se ha ido a la derecha. ¿Y a dónde podía ir? Si no hay una perspectiva creíble y proactiva, la protesta simplemente se refugia en formas gestuales e irracionales.

Incluso peor que la derecha populista parecen ser los “riesgos de contagio” en los partidos establecidos –y, de hecho, en toda Europa–. Bajo la presión de la derecha, la nueva primera ministra de Gran Bretaña ha aplicado una política de línea dura para disuadir o incluso expulsar a los trabajadores extranjeros y migrantes; en Austria, el jefe socialdemócrata del gobierno quiere restringir el derecho de asilo por decreto de emergencia; y en Francia, François Hollande ha estado gobernando durante ya casi un año en un estado de emergencia, para gran satisfacción del Frente Nacional. ¿Está Europa alerta en esta revuelta de derechas o los logros republicanos están siendo erosionados de forma irreversible?

Mi balance es que los políticos han manejado mal el populismo de derechas desde el principio. El error de los partidos establecidos ha sido aceptar el terreno de enfrentamiento definido por el populismo de derechas: “Nosotros” contra el sistema. Aquí casi no importa un ápice si este error toma la forma de una asimilación o de una confrontación con la “derecha”. Basta mirar al estridente aspirante a presidente francés, Nicolas Sarkozy, que está superando la oferta de Marine Le Pen con sus propuestas, o el ejemplo del sobrio ministro de Justicia alemán Heiko Maas, que ataca con fuerza a Alexander Gauland en el debate: ambos refuerzan a su oponente. Ambos los toman en serio y elevan su perfil. Hace un año que aquí, en Alemania, todos conocemos la estudiada sonrisa irónica de Frauke Petry (líder de AfD) y el comportamiento del resto de la dirección de su fantasmal banda. Solo haciendo caso omiso de sus intervenciones se puede segar la hierba bajo los pies de los populistas de derechas.

Pero esto requiere estar dispuesto a abrir un frente completamente diferente en la política interna y, al hacerlo, convertir el problema antes mencionado en la cuestión clave: ¿cómo podemos recuperar la iniciativa política vis-à-vis con las fuerzas destructivas de la desenfrenada globalización capitalista? En cambio, la escena política es predominantemente gris sobre gris. Por ejemplo, la agenda pro-globalización de izquierda de dar forma política a una sociedad global, que crece junta económica y digitalmente, ya no puede distinguirse de la agenda neoliberal de abdicación política al chantaje de los bancos y de los mercados no regulados.

Por lo tanto, habría que hacer que fueran reconocibles nuevamente los programas políticos enfrentados, incluyendo el contraste entre la mentalidad abierta “liberal” –en un sentido político y cultural– de la izquierda, y el aire viciado localista de las críticas de la derecha a una globalización económica sin restricciones. En una palabra: la polarización política debe re-cristalizar entre los partidos establecidos en los conflictos sustantivos. Los partidos que prestan atención a los populistas de derechas en lugar de despreciarlos no deben esperar para hacerlo a que la sociedad civil desdeñe su discurso y su violencia. Por lo tanto, considero que el mayor peligro es una polarización muy diferente hacia la que se dirige la oposición dura dentro de la CDU cuando mira recelosa al período post-Merkel. En Alexander Gauland reconoce de nuevo la figura central del ala Dregger de la antigua CDU de Hesse, carne de su propia carne, y juega con la idea de recuperar votantes perdidos por medio de una coalición con el AfD.

Incluso verbalmente, muchas cosas están al revés: los políticos cada vez más son denunciados como “enemigos del pueblo” y abiertamente insultados. Alexander Gauland llama a Angela Merkel una “canciller dictatorial”. En la misma línea se inscribe la rehabilitación gradual de la “Wörterbuch des Unmenschen” (diccionario de la jerga nazi)”: Frauke Petry quiere llevar el concepto de “völkisch” de nuevo al lenguaje cotidiano, Björn Höcke habla de “entartete Politik” (“política degenerada”) y, acto seguido, una diputada de la CDU sajona cae en el clásico discurso nazi de la “Umvolkung” (desgermanización) –y todo esto sin mayores consecuencias.

La única lección que los partidos democráticos deben sacar sobre el tratamiento de estas personas interesadas en tales términos es que deben dejar de bailar alrededor de estos “ciudadanos preocupados” y denunciarlos tajantemente por lo que son: el caldo de cultivo de un nuevo fascismo. En lugar de eso, somos testigos una y otra vez del ritual cómico, bien practicado en la antigua República Federal, de los equilibrios obligatorios: cada vez que se habla de “extremismo de derechas”, los políticos se sienten obligados inevitablemente a señalar a toda prisa el correspondiente peligro de “la extrema izquierda”, como si tuvieran que justificarse.

¿Cómo se explica la susceptibilidad ante el populismo de derecha de la AfD en Alemania del Este y la magnitud de los delitos de la extrema derecha allí?

No se debe, por supuesto, tener ninguna ilusión en relación al fuerte éxito electoral de la AfD en los estados occidentales de Alemania, como demuestran los resultados de las últimas elecciones de BadenWürttemberg, incluso cuando las agresivas declaraciones del señor Meuthen (de la AfD) contra el legado liberal-izquierdista de la generación del 68 hacen suponer no tanto una mentalidad de un extremista de derechas, como una tendencia de larga data en esa vieja República Federal. En el oeste, los prejuicios de extrema derecha de los votantes de la AfD parecen florecer en un medio social conservador que no tuvo la oportunidad de desarrollarse en la antigua RDA. En el oeste también se encuentran aquellos activistas de derecha que, inmediatamente después de la reunificación de 1990, se desplazaron en masa desde la vieja República Federal hacia el este, llevando con ellos las capacidades organizativas necesarias. Sin embargo, a juzgar por los datos estadísticos conocidos, la vulnerabilidad “sin filtro” a los viejos prejuicios autoritarios y a las “viejas” continuidades es definitivamente mayor en el este de Alemania. En la medida en que este potencial aparece en antiguos no votantes, se pudo mantener de forma más o menos discreta hasta que apareció el catalizador de nuestra reciente política de refugiados: hasta ahora, estos votantes habían sido atraídos por la sesgada percepción política y la buena voluntad nacional de la CDU del Este o por el partido de la “Izquierda”. Hasta cierto punto no hay mal que por bien no venga. Pero es mejor para un cuerpo democrático cuando esos modos de pensar políticos cuestionables no son barridos bajo la alfombra a largo plazo.

Por otro lado, el oeste, es decir, el anterior gobierno de Alemania Occidental, que definió el modo de la reunificación y la reconstrucción, y que ahora tiene la responsabilidad política de las consecuencias, bien podría acabar quedándose con el bebé en vista de cómo la historia juzga estos hechos. Mientras que la población de la antigua Alemania Occidental ha tenido la oportunidad, en buenas condiciones económicas, de liberarse gradualmente de la herencia de la época nazi debatiendo públicamente durante décadas, librándose de los prejuicios y de unas elites continuistas, la población de la antigua RDA no ha tenido la oportunidad desde 1990 de poder cometer sus propios errores y de aprender con respecto a ese pasado nazi.

Cuando se trata de la política federal, la AfD ha empujado a la Unión (CDU/CSU) al caos estratégico. Recientemente, los políticos de la CDU y la CSU redactaron un “Aufruf “ (mandato) para un “Leitkultur”, una consigna política para preservar el marco cultural heredado, con la intención de evitar “que el patriotismo sea abandonado a las personas equivocadas”. Se puede leer en él: “Alemania tiene derecho a estipular lo que debería ser evidente por sí mismo”. “El arraigo en una patria amada y la experiencia diaria del patriotismo” deben ser promovidos. En la (antigua) República Federal, como consecuencia de una creciente aceptación de la democracia, la Ley Fundamental actuaba como la cultura de la base y su reconocimiento se convirtió en la medida de una integración con éxito. Hoy en día, ¿estamos experimentando la transición de esta cultura de base constitucionalpatriótica en una nueva cultura alemana formada por el hábito y la costumbre, como el deber de dar la mano cuando se saluda a alguien?

Obviamente supusimos demasiado rápido que la CDU de Merkel había dejado atrás los remotos debates que dominaron la década de 1990. La política de refugiados ha hecho emerger una oposición interna que combina los descendientes de la derecha nacional-conservadora de la vieja CDU/CSU con los conversos de la CDU del este. Su “Aufruf “ marca el punto a partir del cual la CDU se vendría abajo como partido si se la obliga a decidir entre dos opciones sobre cómo organizar la integración de los refugiados: de acuerdo a las normas constitucionales o de acuerdo con las ideas de la cultura nacional mayoritaria. La constitución democrática de una sociedad plural otorga derechos culturales a las minorías para que estas tengan la posibilidad de continuar su propia forma de vida cultural dentro de los límites de la constitución. Por lo tanto, una política de integración constitucional es incompatible con la obligación legal de que los inmigrantes de un origen diferente sometan su estilo de vida a la cultura de la mayoría. Por el contrario, exige la diferenciación entre una cultura mayoritaria arraigada en el país y una cultura política que abarca a todos los ciudadanos por igual.

Esta cultura política está, sin embargo, determinada todavía por la manera en que los ciudadanos interpretan los principios constitucionales a partir del contexto histórico del país. La sociedad civil debe esperar de los ciudadanos inmigrantes –sin poder imponerlo legalmente– que crezcan en esta cultura política. El informe que Navid Kermani, un ciudadano alemán de origen iraní, publicó en Der Spiegel sobre su visita al antiguo campo de concentración de Auschwitz es conmovedor e ilustrativo: en el babel de los visitantes de muchos países optó por unirse a un grupo silencioso de alemanes, los descendientes de la generación responsable de lo que ocurrió allí. Pero no fue en todo caso la lengua alemana del grupo lo que le movió a hacerlo.

Teniendo en cuenta que la cultura política no dejará de evolucionar dentro de una cultura democrática que vive del debate, los ciudadanos recién llegados tienen tanto derecho como los más antiguos a su propia voz en el proceso de desarrollo y cambio de esa cultura política común. El poder definitorio de estas voces esta ejemplarizado por los escritores de éxito, cineastas, actores, periodistas y científicos de las familias de antiguos “trabajadores invitados” turcos. Los intentos de conservar legalmente una cultura nacional no solo son inconstitucionales, sino poco realistas.

En su última entrevista, en Die Zeit, el 7 de julio, usted criticaba como “viejo lector de periódicos” una “cierta complicidad de la prensa” sin la cual la “política de embotamiento general de Merkel” no se habría extendido por todo el país. Es evidente que con la política de refugiados de Merkel estamos experimentando una nueva polarización. ¿Ve alguna posibilidad de pensar en alternativas políticas?

Dada la fijación de la AfD, me temo más bien una desaparición de las diferencias entre los demás partidos. Al referirme a una política de embotamiento general estaba hablando de Europa. En cuanto al futuro de la Unión Europea, por su parte, nada ha cambiado desde el Brexit. Por ejemplo, no se lee prácticamente nada sobre la nueva escalada del conflicto entre el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el FMI tras el abandono de este último del programa de ayuda a Grecia. Sin una iniciativa para cambiar la política de recortes, la falta de disposición interior en Europa para la cooperación se desarrollará en otros ámbitos políticos.

En una entrevista con Die Welt, tras el Brexit, Schäuble se retractó públicamente de su propuesta de futuro de un núcleo proactivo europeo que él y Karl Lamers habían diseñado en la década de 1990. Angela Merkel, que es una política racional que favorece un pragmatismo tecnocrático, pero que puede ser también una tacticista movida por la ambición de poder, me sorprendió con su política de refugiados constructiva. Su último viaje a África muestra que tiene la capacidad y la disposición de actuar de una manera estratégica y de largo alcance. Pero, ¿qué significa cuando, por otro lado, ya desde el año 2010 lleva a cabo una política hacia Europa desde la perspectiva estrecha del egoísmo económico nacional? De hecho, parece pensar solo en términos de los intereses nacionales en esa área política donde es responsabilidad de nuestro gobierno proporcionar el impulso necesario para la creación y posterior desarrollo de la UE. La política de austeridad miope de Merkel, que rígidamente mantiene el status quo, ha impedido dar los pasos necesarios y ha profundizado las divisiones dentro de Europa.

Ha exigido durante mucho tiempo una transnacionalización de la democracia, el fortalecimiento de la UE, para compensar la pérdida de control dentro de los Estados-nación en una sociedad global altamente interdependiente. Sin embargo, el anhelo de un repliegue en el Estado-nación está creciendo. Dado el estado actual de la UE y sus instituciones, ¿cree que hay alguna remota posibilidad realista de luchar contra esta renacionalización?

Las negociaciones sobre el Brexit traerán este tema nuevamente a la agenda. De hecho, todavía apoyo la diferenciación interna entre una Unión política más estrecha (lema: Core Europe) y una periferia de Estados miembros que pueda unirse al núcleo en cualquier momento.

Tantas razones políticas y económicas hablan a favor de este diseño que entiendo que los políticos harían mejor en creer en la capacidad de la gente de aprender, que en justificar su abandono de una alternativa política para el futuro alegando su impotencia ante fuerzas sistémicas fatalmente inalterables. La carrera de Angela Merkel ofrece, con la retirada de la energía nuclear y su política de refugiados pionera, dos notables ejemplos contrarios a la tesis de que no existe margen de maniobra política.

* Filósofo y sociólogo alemán, miembro fundamental de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la Teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Entre sus principales obras se destacan Conocimiento e interés, Teoría de la acción comunicativa y Facticidad y validez.

Entrevista publicada en Social Europe, traducida al español por Enrique García para Sin Permiso, 20 de noviembre de 2016.

Tiro de gracia a la globalización

Alejandro Grimson*

La globalización llegó a su fin, al menos como la conocimos en los últimos 25 años. La promesa de fabricar la Muralla es apoyada por las masas en países centrales. Al triunfar en los Estados Unidos, ya nada será igual. El mundo que conocimos dejará paso a una nueva etapa histórica. ¿Alguien quería cambiar el mundo? Ahora cambió, para peor. No será peor porque hubiera algo maravilloso en la globalización realmente existente. Aunque parezca increíble, ahora vamos a constatar –como si hiciera falta– que todo siempre puede ser peor.

A partir de la caída del Muro de Berlín surgió un gran relato. Uno que venía con la trampa de que se habían acabado los grandes relatos. Se anunció el Fin de la Historia, nada menos. Y también de otros “detalles” que habían expirado: las ideologías, las naciones, los Estados, las fronteras. El listado era extenso y la afirmación, abrumadora: 1989 no abría una nueva etapa de la historia, sino que dividía el tiempo en simplemente dos. Era una etapa histórica que se negaba a sí misma como tal, como una etapa más, con su inicio y su fin. Pero con el triunfo de Donald Trump sonó su fin. Terminó de una vez y para siempre el “fin de la historia”, el “fin de las naciones” y de las “fronteras”.

Recordemos que la caída del Muro de Berlín no fue el primer síntoma de que podía derrumbarse la Unión Soviética. Hubo muchos hechos relevantes, antes y después. Del mismo modo, hay un amplio listado de casos que muestran, con distinto nivel de efectividad, que las naciones y los nacionalismos regresaron a la escena internacional. Muy cierto es que los primeros años del Siglo XXI mostraron un resurgimiento de nacionalismo y de intervención del Estado en América del Sur. Pero cuando ese ciclo –conceptualizado por Perry Anderson como una “excepción global”, a veces llamado “populismo” o “nacionalismo de izquierda”– está llegando a su fin, los nacionalismos pasan a dominar la escena política mundial. Había experiencias por izquierda que no lograban concretarse, como el caso griego o el de Podemos en España. Más potente, en cambio, era el crecimiento de la xenofobia, el nacionalismo y la derecha política en países tan cruciales como Francia y Alemania. Pero el Brexit y Trump son disparos mortales a la globalización. Fin.

El gran relato de que íbamos rumbo a un mundo cada vez más integrado, con bloques regionales sólidos, donde los Estados nacionales irían desapareciendo y serían reemplazados por ciudadanías regionales, fue el discurso dominante a fines de los noventa y persistente a inicios del siglo. Se fue apagando en lo últimos años. Desde ahora, es un discurso directamente absurdo, sin sentido, desconectado por completo de los sucesos políticos. El mundo en el cual ese gran relato era audible ha dejado de existir.

Las sociedades centrales están eligiendo para que las gobiernen a dirigentes que prometen sacarlas de una excesiva integración, de un libre comercio que suponen perjudicial y de una creciente desigualdad acompañada de discursos llamados “políticamente correctos”. Una inequidad inédita, acompañada de una supuesta tolerancia donde todos deberíamos ser iguales. Si vibraba un cosmopolismo con muros, bombardeos, terrorismo y racismo, ¿por qué no probar sin el cosmopolitismo?

¿Y a qué viene tanta bronca? Las promesas no se han cumplido. Los beneficiarios de la globalización son unos sectores minoritarios a costa de sectores mayoritarios en muchos países. La desigualdad, en especial con la ínfima plutocracia, llegó a niveles exasperantes en estos 25 años del “fin de la historia”. Una desigualdad que genera sensaciones múltiples. Y que resulta cautivante para amplios sectores. Los desencantados de la teoría del derrame también pueden querer ser gobernados por el dueño de la botella.

El test del smartphone

Todas las promesas fueron puestas a prueba en los 25 años de la revolución tecnológica que más ha transformado la vida cotidiana. Las redes, la televisión con las noticias del mundo, el turismo y las migraciones han multiplicado la conciencia de contemporaneidad, la conciencia de que convivimos, nos guste o no, con muchos otros en este planeta y en nuestra zona de residencia.

Es que la globalización realmente existente puede ser verificada en cualquier smartphone: con mil millones de usuarios de Facebook de decenas de lenguas diferentes, ¿cuántos de los “amigos” reales son del mismo país y hablan nuestra misma lengua? Las redes permiten una interconexión infinita. Pero no existen las condiciones sociales y culturales para que esa comunicación se lleve a cabo. Solo estamos conectados “entre nosotros”, quizás con algún cosmopolitismo muy parcial. La globalización ha multiplicado los contactos entre los seres humanos de culturas diferentes. Pero ese puro contacto no permitió que aumente en nada el conocimiento acerca de esos “otros”. Y cuanto mayor desconocimiento hay sobre personas con las que interactuamos, mayor es el temor que sentimos ante sus acciones y potenciales reacciones. Todo musulmán puede ser visto como terrorista, todo colombiano o mexicano como narcotraficante, todo “otro” como peligro. Receta explosiva: coloque varias alteridades, estigmatice, aumente la interacción, impida el conocimiento de esos otros y producirá temor.

Así, junto al contacto, el miedo se expandió por el planeta. En más de un caso se convirtió en pánico. Pánico al otro, a esas alteridades presentes e incomprensibles. La globalización no permitió ni permitirá ninguna comprensión. El mercado garantiza el contacto y más contactos. Pero no sabemos la lengua del otro, ni sus creencias ni sus ilusiones ni sus sufrimientos.

El otro está omnipresente y la ignorancia del otro es absoluta. Solo políticas deliberadas, por parte del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, podrían promover la comprensión. Ante la ausencia de esas políticas, o su fragilidad, ahora ha triunfado la incomprensión. Y por goleada.

El fin

Quienes regaron ríos de tinta sobre el fin del Estado deben ir ahora a preguntarle a Trump de qué se trata. El retiro del Estado en el mundo neoliberal fue retiro de protección social, de políticas de bienestar. Nunca redujo los ejércitos, los aparatos represivos, los controles de frontera. El fin de los Estados era parte de un gran relato que alimentaba un neoliberalismo global.

La globalización realmente existente dio creciente libertad a los flujos del capital financiero y al comercio internacional. Colocó barreras crecientes a los desplazamientos de personas. Nunca se globalizaban los derechos. Cuando unas fronteras se debilitaban (como las internas de Europa), otras se fortalecían (como las de Europa con el resto del mundo). Los desperdicios humanos de la fiesta de la globalización son condenados de la tierra, con condena a muerte en el Mar Mediterráneo. Lo políticamente correcto y la supuesta universalidad de los derechos humanos tambaleaban ante su evidente falta de concreción. La contradicción se resolvió en una dirección.

Por ahora, momentáneamente. Nada es para siempre. La globalización, tal como la conocimos, ya no volverá a existir. Viviremos en otro mundo, se vienen otras oscuridades. Habrá otras disputas. Las utopías de igualdad deberán tener la potencia de reinventarse, sin falsas promesas, sin tantas inconsistencias, sin esa inmensidad de desigualdades.

Necesitamos interpretar el mundo para transformarlo. Precisamos entender y debatir la etapa histórica. Para comprender, claro, para ponerse manos a la obra.

* Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, hizo estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Actualmente es investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM.

Artículo publicado originalmente en la revista Anfibia, 10 de noviembre de 2016.

La incertidumbre: entre el miedo y la esperanza

Boaventura de Sousa Santos*

Dijo Spinoza que las dos emociones básicas de los seres humanos son el miedo y la esperanza. La incertidumbre es la vivencia de las posibilidades que emergen de las múltiples relaciones que pueden existir entre el miedo y la esperanza. Siendo diferentes esas relaciones, diferentes son los tipos de incertidumbre. El miedo y la esperanza no están igualmente distribuidos entre todos los grupos sociales o épocas históricas. Existen grupos sociales en los que el miedo desplaza de tal modo a la esperanza que el mundo les sucede sin que ellos puedan hacer suceder al mundo. Viven en espera, pero sin esperanza. Están vivos hoy, pero viven en condiciones tales que pueden estar muertos mañana. Alimentan a sus hijos hoy pero no saben si los podrán alimentar mañana. La incertidumbre en la que viven es una incertidumbre descendente, porque el mundo les sucede de modo tal que poco depende de ellos. Cuando el miedo es tan grande que la esperanza desaparece del todo, la incertidumbre descendente se torna abismal y se convierte en su opuesto: en la certeza del destino, por más injusto que este sea. Existen, por otro lado, grupos sociales en los que la esperanza desplaza de tal forma al miedo que el mundo se les ofrece como un campo de posibilidades que pueden administrar a su antojo. La incertidumbre en la que viven es una incertidumbre ascendente, en la medida en que tiene lugar entre opciones portadoras de resultados, en general, deseados, aunque no siempre totalmente positivos. Cuando la esperanza es tan excesiva que se pierde la noción de miedo, la incertidumbre ascendente se torna nuevamente abismal y se transforma en su opuesto: en la certeza de la misión de apropiarse del mundo, por más arbitraria que sea.

La mayoría de los grupos sociales viven entre esos dos extremos, con más o menos miedo, con más o menos esperanza, pasando por períodos en los que dominan las incertidumbres descendentes y otros en los que dominan las incertidumbres ascendentes. Las épocas se distinguen por la preponderancia relativa del miedo y de la esperanza, y de las incertidumbres a las que las relaciones entre una y otra dan lugar.

¿Qué tipo de época es la nuestra?

Vivimos en una época en que la relación mutua entre miedo y esperanza parece colapsar frente a la creciente polarización entre el mundo del miedo sin esperanza y el mundo de la esperanza sin miedo, o sea, un mundo en que las incertidumbres, descendentes o ascendentes, se transforman cada vez más en incertidumbres abismales, esto es, en destinos injustos para los pobres y sin poder, y misiones de apropiación del mundo para los ricos y poderosos. Un porcentaje cada vez mayor de la población mundial vive corriendo riesgos inminentes contra los cuales no existen seguros, o si los hay, son financieramente inaccesibles, como el riesgo de muerte en conflictos armados donde no se participa activamente; el riesgo de enfermedades causadas por sustancias peligrosas usadas de modo masivo, legal o ilegalmente; el riesgo de violencia causada por preconceptos raciales, sexistas, religiosos u otros; el riesgo de saqueo de sus magros recursos, sean salarios o pensiones, en nombre de políticas de austeridad sobre las cuales no se tiene control; el riesgo de expulsión de sus tierras o de sus casas por imperativo de políticas de desarrollo de las cuales nunca se beneficiarán; el riesgo de precariedad en el trabajo y de colapso de expectativas suficientemente estables como para planear la vida personal o familiar, ante la propaganda de autonomía y emprendedurismo.

En contrapartida, grupos sociales cada vez más minoritarios en términos demográficos acumulan un poder económico, social y político cada vez mayor, un poder casi siempre basado en el dominio del capital financiero. Esa polarización viene de lejos, pero hoy es más transparente y tal vez más violenta. Consideremos la siguiente cita:

“Si una persona no supiese nada acerca de la vida del pueblo de este, nuestro mundo cristiano, y se le preguntase: ‘Existe un cierto pueblo que organiza el modo de vida de tal forma que la abrumadora mayoría de las personas, 99% de ellas, vive del trabajo físico sin descanso y sujetas a necesidades opresivas, mientras el 1% de la población vive en la ociosidad y en la opulencia. Si ese 1% de la población profesara una religión, una ciencia y un arte, ¿qué religión, arte y ciencia serían esas?’. La respuesta no podría dejar de ser: ‘Una religión, una ciencia y un arte perversos’”.

Se diría que se trata de un extracto del movimiento Occupy o de los movimientos de los indignados de inicios de la presente década. Nada de eso. Se trata de una entrada del diario de Lev Tolstoi del día 17 de marzo de 1910, poco tiempo antes de morir.

¿Cuáles son las incertidumbres?

Como acabo de mencionar, las incertidumbres no están igualmente distribuidas, ni en lo que hace al tipo ni en lo que hace a la intensidad, entre los diferentes grupos y clases sociales que componen nuestras sociedades. Tenemos, pues, que identificar los diferentes campos en los que tales desigualdades tienen mayor impacto en las vidas de las personas y las comunidades.

La incertidumbre del conocimiento. Todas las personas son sujetos de conocimientos y la abrumadora mayoría define y ejercita sus prácticas con referencia a conocimientos que no son científicos. Vivimos, mientras tanto, una época –la época de la modernidad eurocéntrica– que atribuye total prioridad al conocimiento científico y a las prácticas directamente derivadas de este: las tecnologías. Eso significa que la distribución epistemológica y vivencial del miedo y de la esperanza está definida por parámetros que tienden a beneficiar a los grupos sociales que tienen mayor acceso al conocimiento científico y a la tecnología. Para estos grupos, la incertidumbre es siempre ascendente en la medida en que la creencia en el progreso científico es una esperanza suficientemente fuerte para neutralizar cualquier miedo sobre las limitaciones del conocimiento actual. Para esos grupos, el principio de precaución es siempre algo negativo porque traba el progreso infinito de la ciencia.

La injusticia cognitiva que eso crea es vivida por los grupos sociales con menor acceso al conocimiento científico como una inferioridad generadora de incertidumbre en lo que hace al lugar de ellos en un mundo definido y legislado en base a conocimientos simultáneamente poderosos y extraños, que los afectan de modos sobre los que tienen poco o ningún control. Se trata de conocimientos producidos sobre ellos, eventualmente contra ellos y, en todo caso, nunca producidos con ellos. La incertidumbre tiene otra dimensión: la incertidumbre sobre la validez de los conocimientos propios, a veces ancestrales, por los cuales se tiene pautada la vida. ¿Tendrán estos que ser abandonados y sustituidos por otros? Esos nuevos conocimientos, ¿les son dados, vendidos, impuestos y, en ese caso, a qué precio y a qué costo? ¿Los beneficios traídos por los nuevos conocimientos serán superiores a los perjuicios? ¿Quién recogerá los beneficios, y quién los perjuicios? ¿El abandono de los conocimientos propios involucrará un desperdicio de experiencia? ¿Con qué consecuencias? ¿Quedarán con más o menos capacidad para representar al mundo como propio y transformarlo de acuerdo a sus aspiraciones?

La incertidumbre de la democracia. La democracia liberal fue concebida como un sistema de gobierno basado en la incertidumbre de los resultados y en la certeza de los procesos. La certeza de los procesos garantiza que la incerteza de los resultados sea igualmente distribuida para todos los ciudadanos. Los procesos correctos permitían que los diferentes intereses vigentes en la sociedad se confrontaran en pie de igualdad y se aceptaran como justos los resultados de esa confrontación. Ese era el principio básico de la convivencia democrática. Esa era la teoría, pero en la práctica las cosas siempre fueron muy diferentes, y hoy la discrepancia entre teoría y práctica alcanza proporciones abrumadoras. En primer lugar, durante mucho tiempo solo una pequeña parte de la población podía votar, y por eso, por más ciertos y correctos que fueran los procesos, estos nunca podían ser movilizados de modo de tener en cuenta los intereses de las mayorías. Solo en casos excepcionales la incertidumbre de los resultados podía beneficiar a las mayorías: en los casos en los que los resultados fuesen el efecto colateral entre las elites políticas y los diferentes intereses de las clases dominantes que ellas representaban. No sorprende, pues, que durante mucho tiempo las mayorías hayan visto las democracias “patas para arriba”: un sistema de procesos inciertos cuyos resultados eran ciertos, siempre al servicio de las clases e intereses dominantes. Por eso, durante mucho tiempo, las mayorías estuvieron divididas entre los grupos que querían hacer valer sus intereses por otros medios que no fueran la democracia liberal (por ejemplo, la revolución) y los grupos que luchaban por ser incluidos formalmente en el sistema democrático, para así esperar que la incertidumbre de los resultados llegara en el futuro a defender sus intereses.

A partir de entonces, las clases y los grupos dominantes (esto es, con poder social y económico no sufragado democráticamente) comenzaron a utilizar otra estrategia para hacer funcionar la democracia a su favor. Por un lado, lucharon para que fuera eliminada cualquier alternativa al sistema democrático liberal, lo que consiguieron –simbólicamente– en 1989, el día en que cayó el Muro de Berlín. Por otro lado, comenzaron a utilizar la certeza de los procesos para manipularlos de modo que los resultados los favorecieran sistemáticamente. Sin embargo, al eliminar la incertidumbre de los resultados, acabaron de destruir las certezas de los procesos. Al poder ser manipulados por quienes tuviesen poder social y económico para ello, los procesos democráticos, supuestamente seguros, se tornaron inciertos. Peor aún, quedaron sujetos a una única certeza: a la posibilidad de ser libremente manipulados por quien tuviese poder para ello.

Por esas razones, la incertidumbre de las grandes mayorías es descendente, y corre el riesgo de tornarse abismal. Habiendo perdido la capacidad e incluso la memoria de una alternativa a la democracia liberal, ¿qué esperanza pueden tener en el sistema democrático liberal? ¿Será que el miedo es tan intenso que solo les resta la resignación frente a su destino? ¿O, por el contrario, existe en la democracia un embrión de algo genuino, que pueda todavía ser utilizado contra aquellos que la transformaron en una farsa cruel?

La incertidumbre de la naturaleza. Fundamentalmente desde la expansión europea, a partir de finales del Siglo XV, la naturaleza pasó a ser considerada por los europeos como un recurso natural desprovisto de valor intrínseco, y por eso disponible sin condiciones ni límites para ser explorada por los humanos. Esta concepción, que era nueva en Europa y no tenía vigencia en ninguna otra cultura del mundo, se tornó gradualmente dominante en la medida en que el capitalismo, o colonialismo, y el patriarcado (este último reconfigurado por los anteriores) se fueron imponiendo en todo el mundo considerado moderno. Ese dominio fue de tal modo profundo que se convirtió en la base de todas las certezas de la época moderna y contemporánea: el progreso. Siempre que la naturaleza pareció ofrecer resistencia a la exploración, esto fue visto, cuanto mucho, como una incertidumbre ascendente en la que la esperanza sobrepasaba al miedo. Fue así que el Adamastor de Luis de Camões fue valerosamente vencido y la victoria sobre él se llamó Cabo de Buena Esperanza.

Existieron pueblos que nunca aceptaron esta idea de naturaleza, porque aceptarla equivalía al suicidio. Los pueblos indígenas, por ejemplo, vivían en tan íntima relación con la naturaleza que esta ni siquiera les era exterior; era, por el contrario, la Madre Tierra, un ser viviente que los englobaba a ellos y a todos los seres vivos, presentes, pasados y futuros. Por eso, la tierra no les pertenecía; ellos pertenecían a la tierra. Esa concepción era tanto más verosímil que la eurocéntrica y tan peligrosamente hostil a los intereses colonialistas de los europeos que el modo más eficaz de combatirla era eliminar a los pueblos que la combatían, transformándolos en un obstáculo natural, entre otros, a la exploración de la naturaleza. La seguridad de esta misión era tal que las tierras de los pueblos indígenas eran consideradas tierras de nadie, libres y desocupadas, aunque en ellas viviera gente de carne y hueso desde tiempos inmemorables. Esa concepción de la naturaleza fue de tal modo inscripta en el proyecto capitalista, colonialista y patriarcal moderno que naturalizarla se tornó el modo más eficaz de atribuirle un carácter incontrovertible a la certeza. Si algo es natural, es así porque no puede ser de otro modo, sea eso consecuencia de la holgazanería y lascivia de las poblaciones que viven entre los trópicos, de la incapacidad de las mujeres para ciertas funciones, o de la existencia de razas y la “natural” inferioridad de las poblaciones de color más oscuro.

Esas certezas consideradas naturales nunca fueron absolutas, pero siempre encontraron medios eficaces para hacer creer que lo eran. Sin embargo, en los últimos cien años, estas comenzaron a revelar zonas de incertidumbre y, en tiempos más recientes, las incertidumbres pasaron a ser más verosímiles que las certezas, cuando no conducían a nuevas certezas de sentido opuesto. Muchos factores contribuyeron a esto. Selecciono dos de los más importantes.

Por un lado, los grupos sociales declarados naturalmente inferiores nunca se dejaron vencer enteramente y, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, consiguieron hacer oír su plena humanidad de un modo suficientemente alto y eficaz, al punto de transformarla en un conjunto de reivindicaciones que entraron en la agenda social, política y cultural. Todo lo que era natural se desvaneció en el aire, lo que creó incertidumbres nuevas y sorprendentes a los grupos sociales considerados naturalmente superiores, y por sobre todo la incertidumbre de no saber cómo mantener sus privilegios sin ser cuestionados por sus víctimas. De aquí nace una de las incertidumbres más tenaces de nuestro tiempo: ¿será posible reconocer simultáneamente el derecho a la igualdad y el derecho al reconocimiento de la diferencia? ¿Por qué continúa siendo tan difícil de aceptar el metaderecho que parece fundar todos los otros y que puede formularse así: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos disminuye, tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza?

El segundo factor es la creciente revuelta de la naturaleza frente a tan intensa y prolongada agresión, bajo la forma de alteraciones climáticas que ponen en riesgo la existencia de diversas formas de vida en la Tierra, entre ellas la de los humanos. Algunos grupos humanos ya están definitivamente afectados, sea por ver sus hábitats sumergidos por la elevación de las aguas del mar, o por ser obligados a dejar sus tierras desertificadas de modo irreversible. La Madre Tierra parece elevar la voz sobre las ruinas de la casa que era de ella para que pudiera ser de todos y que los humanos modernos destruyeron movidos por la codicia, la voracidad, la irresponsabilidad y, al final, por la ingratitud sin límites.

¿Podrán los humanos aprender a compartir lo que resta de la casa que juzgaban que era solo suya y en donde en definitiva habitaban por concesión generosa de la Madre Tierra? ¿O preferirán el exilio dorado de las fortalezas neofeudales, mientras las mayorías rondan los muros y les quitan el sueño por más legiones de perros, cámaras de videos, kilómetros de cercas de alambres de púas y vidrios a prueba de balas que los protegen de la realidad pero nunca de los fantasmas de la realidad? Estas son las incertidumbres cada vez más abismales de nuestro tiempo.

La incertidumbre de la dignidad. Todo ser humano (y, quizás, todo ser vivo) aspira a ser tratado con dignidad, entendiendo por tal el reconocimiento de su valor intrínseco, independientemente del valor que otros le atribuyan en función de fines instrumentales que le son ajenos. La aspiración a la dignidad existe en todas las culturas y se expresa según idiomas y narrativas muy distintas, tan distintas que a veces son incomprensibles para quien no comulgue con la cultura de la que emergen. En las últimas décadas, los derechos humanos se transformaron en un lenguaje y una narrativa hegemónicos para denominar la dignidad de los seres humanos. Todos los Estados y organizaciones internacionales proclaman la exigencia de los derechos humanos y se proponen defenderlos.

Mientras tanto, como Alicia en A través del espejo –de Lewis Carroll–, atravesando el espejo que esta narrativa consensual propone, o mirando el mundo con los ojos de Blimulda –de la novela de José Saramago, Memorial del convento–, que veían en la oscuridad, nos encontramos con inquietantes constataciones: la gran mayoría de los seres humanos no son sujetos de derechos humanos, son antes objetos de los discursos estatales y no estatales de derechos humanos; existe mucho sufrimiento humano injusto que no es considerado violación de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos ha sido muchas veces invocada para invadir países, robar sus riquezas, esparcir la muerte entre víctimas inocentes. En el pasado, muchas luchas de liberación contra la opresión y el colonialismo fueron conducidas en nombre de otros lenguajes y narrativas emancipatorias y sin nunca hacer referencia a los derechos humanos.

Esas inquietantes verificaciones, una vez puestas frente al espejo de las incertidumbres que he venido a mencionar, conducen a una nueva incertidumbre, también ella fundadora de nuestro tiempo. ¿La primacía del lenguaje de los derechos humanos es fruto de una victoria histórica o de una derrota histórica? ¿La invocación de los derechos humanos es un instrumento eficaz en la lucha contra la indignidad a la que tantos grupos sociales están sujetos, o es antes un obstáculo que desradicaliza y trivializa la opresión en que se traduce la indignidad, y adopta la mala conciencia de los opresores?

Son tantas las incertidumbres de nuestro tiempo, y asumen un carácter descendente para tanta gente, que el miedo parece triunfar sobre la esperanza. ¿Debe esta situación llevarnos al pesimismo de Albert Camus, quien en 1951 escribió amargamente: “Al final de veinte siglos la suma del mal no disminuyó en el mundo. No hubo ninguna parusía, ni divina ni revolucionaria”? Pienso que no. Debe apenas llevarnos a pensar que, en las condiciones actuales, la revuelta y la lucha contra la injusticia que produce, difunde y profundiza la incertidumbre descendente, y sobre todo, la incertidumbre abismal, tiene que ser desarrollada con una mezcla compleja de mucho miedo y mucha esperanza, contra el destino autoinflingido de los oprimidos y la misión arbitraria de los opresores. La lucha tendrá más éxito, y la revuelta más adeptos, en la medida en que más y más gente se vaya dando cuenta de que el destino sin esperanza de las mayorías sin poder es causado por las esperanzas sin miedo de las minorías con poder.

* Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale. Profesor y director del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Economía de Coimbra, y profesor visitante de la Universidad de la Wisconsin-Madison, San Pablo, Los Andes y de la London School of Economics.

Este texto fue publicado en el periódico Jornal de Letras de Brasil, en su edición del 14 al 27 de septiembre de 2016. La traducción es de Santiago Basso.

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