Paz en Colombia : perspectivas, desafíos, opciones / Martha Nussbaum ... [et al.] ; editado por Sara Victoria Alvarado ; Eduardo A. Rueda Barrera ; Pablo Gentili. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-209-8

1. Política Interior. 2. Negociaciones De Paz. 3. Movimiento Social. I. Nussbaum, Martha II. Alvarado, Sara Victoria, ed. III. Rueda Barrera, Eduardo A. , ed. IV. Gentili, Pablo, ed.

CDD 303.6

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Proceso de Paz / Violencia / Guerra / Conflicto Armado / Guerrillas / Movimientos Revolucionarios / Narcotráfico / Paramilitares / Estado / Colombia

Eduardo A. Rueda | Sara Victoria Alvarado
Pablo Gentili

(Editores)

Pablo Gentili | Martha Nussbaum | Francisco de Roux | Sara Victoria Alvarado | Francisco Cortés Rodas | Eduardo A. Rueda Barrera | Diego Herrera Duque | Manuel Humberto Restrepo Domínguez | Susana

Villavicencio | María Luisa Rodríguez Peñaranda | Medófilo Medina | Javier Darío Restrepo | María Paula Saffon | Jairo Estrada Álvarez | Carlos Caballero Argáez | Alfredo Molano Bravo | Alejo Vargas Velásquez | Alejandro Castillejo-Cuéllar | Alvaro Oviedo Hernández | Carolina Botero Cabrera | José Fernando Flórez | Miguel Galvis | Jaime Alberto Pineda Muñoz | Brigitte Baptiste | Olga María Bermúdez Guerrero | Ana Patricia Noguera de Echeverri | Catalina Toro Pérez | Raúl Zibechi | Cristian Camilo Barrera Silva | Antonio Caballero | Víctor Manuel Moncayo C. | Óscar Almario García | Héctor León Hernández | Yeison Camilo García | Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero | José María Vera

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Secretario Ejecutivo de CLACSO Pablo Gentili

Directora Académica Fernanda Saforcada

Área de Acceso Abierto al Conocimiento y Difusión Coordinador Editorial Lucas Sablich

Coordinador de Arte Marcelo Giardino

Producción Fluxus Estudio

Primera edición en español

Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opciones (Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2016)

ISBN 978-987-722-209-8

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (Latin American Council of Social Sciences)

Estados Unidos 1168 | C1101AAX Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacsoinst@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>

© Universidad de Guadalajara | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | Coordinación Editorial |

Juan Manuel 130 | Zona Centro | Guadalajara, Jalisco, México

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Presentación: un aporte a la lucha por la paz en Colombia

Eduardo Rueda, Sara Victoria Alvarado y Pablo Gentili

LA PAZ EN COLOMBIA: VISIONES

Una carta para el pueblo colombiano

Martha Nussbaum

Primero la paz que la política

Francisco de Roux

A cada vuelta de siglo... Este deseo de Paz

Sara Victoria Alvarado

La guerra y la paz

Francisco Cortés Rodas

Paz en Colombia: decolonización y cultura política

Eduardo A. Rueda Barrera

La paz subjetiva y plural

Diego Herrera Duque

Paz que humaniza, fusiles que destruyen

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Civilidad e incivilidad: reflexiones sobre violencia y política

Susana Villavicencio

EL TRÁNSITO HACIA EL ACUERDO FINAL

Colombia: 25 años de la Constitución en su tránsito a la paz

María Luisa Rodríguez Peñaranda

El proceso de paz de la Habana en la historia y en la actualidad

Medófilo Medina

Colombia: Nota sobre los borradores de La Habana hasta ahora

Javier Darío Restrepo

Colombia: La sofisticación del acuerdo sobre víctimas en el proceso de paz

María Paula Saffon

Elementos para una problematización básica del Punto 3 “Fin del conflicto” y del Punto 6 “Implementación, Verificación y Refrendación” de la Agenda de diálogos de La Habana

Jairo Estrada álvarez

El fin del conflicto armado y el Estado

Carlos Caballero Argáez 

¿Victoria?

Alfredo Molano Bravo

EL PLEBISCITO POR LA PAZ: PERSPECTIVAS

Terminación del conflicto armado: se moviliza la sociedad colombiana

Alejo Vargas Velásquez

El plebiscito como problema moral

Alejandro Castillejo-Cuéllar

Sí: una oportunidad para construir la paz duradera y la democracia

Alvaro Oviedo Hernández

Sí a la paz

Carolina Botero Cabrera

Manual para convencer a indecisos

José Fernando Flórez

Votar Sí en el Plebiscito es la única opción que queda para decirle no a la impunidad

Miguel Galvis

Antes del fin de esta guerra

Jaime Alberto Pineda Muñoz

LA PAZ PARA EL AMBIENTE Y LA VIDA

Ambiente para la paz y paz para el ambiente

Brigitte Baptiste

Con el “sí” a la paz también gana el ambiente

Olga María Bermúdez Guerrero

Sí a la Vida. Una propuesta emergente del pensamiento ambiental Sur

Ana Patricia Noguera de Echeverri

y Catalina Yoro Pérez

La minería puede ser la coca del posconflicto

Raúl Zibechi

La paz en las ciudades, y las ciudades de la paz en Colombia

Cristian Camilo Barrera Silva

LAS TAREAS DE LA PAZ

Las Farc sin la “a”

Antonio Caballero

Más allá del Sí al Acuerdo Final

Víctor Manuel Moncayo C.

Más allá del Sí en el plebiscito: por la construcción de otra cultura y ciudadanía políticas

Óscar Almario García

Riesgos y oportunidades para el movimiento social colombiano

Héctor León Hernández

“Sí a la paz” por la búsqueda y el hallazgo de los desaparecidos

Yeison Camilo García

La construcción de paz en las universidades públicas colombianas en el post-acuerdo: aportes desde el exilio

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero

Colombia: esperanza, prudencia y riesgos

José María Vera

PRESENTACIÓN

UN APORTE A LA LUCHA
POR LA PAZ EN COLOMBIA

Eduardo Rueda*, Sara Victoria Alvarado** y Pablo Gentili***

EL ACUERDO DE PAZ entre el gobierno colombiano y las FARC constituye un hecho de inmensa relevancia en la historia democrática de América Latina. Marca el fin del conflicto armado y el inicio de un complejo desafío que significa el proceso de construcción colectiva de las condiciones que harán posible edificar un futuro mejor, más justo, democrático y libre para millones de colombianos y colombianas que han sufrido más de medio siglo de violencia, muerte y dolor.

Este libro pretende ser un aporte para analizar las diversas dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, educativas y éticas de los retos que precedieron al acuerdo de paz y que se desplegarán a partir de ahora. Se publica a pocos días del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que la sociedad colombiana tendrá en sus manos la posibilidad de refrendar este importantísimo acuerdo, abriendo y multiplicando los desafíos y oportunidades que nos permitieron llegar hasta aquí. La lectura de cada una de las contribuciones de este volumen permite no sólo entender que es urgente y necesario votar por el SÍ a los acuerdos de paz, sino también asumir la inmensa complejidad de una coyuntura que necesitará de muchísima imaginación, compromiso y participación democrática. La paz es siempre una construcción colectiva que nace de un consenso, de un acuerdo fundacional, pero que se reafirma día a día en acciones y responsabilidades compartidas que deben tornarla una realidad impostergable, concreta y real. La paz no puede ser sólo una promesa, sino la plataforma desde la cual construir un futuro de justicia, libertad y dignidad para todos. Por eso, este libro aspira a convertirse en una herramienta de trabajo, en una contribución analítica y en un aporte más a las luchas y a los desafíos que enfrentaremos los defensores, activistas y militantes de la paz en Colombia.

CLACSO nació en Bogotá casi al mismo tiempo en que la guerra comenzaba a arrasar el país. Fue en 1967, en una histórica asamblea que reunió algunos de los mejores y más comprometidos intelectuales latinoamericanos y caribeños, en la Universidad Nacional de un país que, por aquel entonces, siquiera podía imaginar que se transformaría en el escenario de un horror que produjo más de 5 millones de víctimas, 220 mil muertos y decenas de miles de desplazados, desaparecidos y secuestrados.

Desde aquel momento, y durante toda la guerra, CLACSO contribuyó activamente a la construcción de la paz en Colombia. Lo hicimos a través de nuestros grupos de trabajo, de centenas de investigaciones, de debates, libros, revistas y producciones académicas. Además, sumándonos a los procesos de movilización ciudadana que permitieron finalmente la firma de este importantísimo acuerdo de paz. En noviembre de 2015, CLACSO promovió en Medellín su gran conferencia internacional y su XXV Asamblea General, quizás el acto político académico más multitudinario a favor de la paz que se haya realizado en el país. Más de 30 mil inscriptos, 70% de ellos con menos de 30 años, pusieron en evidencia la enorme vitalidad y compromiso de una juventud colombiana que nunca se conformó con un presente de violencia e injusticia, con un futuro de barbarie y vergüenza. La Conferencia de Medellín, como será recordada, marcó un momento histórico no sólo mostrando la inmensa capacidad analítica y reflexiva sobre el presente, el pasado y el futuro de Colombia, sino también la convicción de que las ciencias sociales y las humanidades quizás no cambien por si solas la realidad, pero que la realidad, sin ellas, jamás cambiará de forma democrática; que las luchas por la emancipación humana, sin ellas, jamás podrán vencer y volverse una oportunidad efectiva y concreta para los millones de seres humanos que, dentro y fuera de Colombia, no pretenden otra cosa que vivir con dignidad y tener sus derechos fundamentales respetados, afirmados y garantizados.

Paz en Colombia se organiza en cinco secciones. En la primera, “La paz en Colombia: visiones”, se integran contribuciones diversas sobre el sentido de la paz, sus vínculos con el desarrollo, la justicia, la memoria, la cultura política y la civilidad, haciendo muchas de ellas hincapié en el significado que el proceso de paz y los acuerdos logrados tienen para el presente y el futuro del país.

En la segunda parte, “El tránsito hacia el acuerdo final”, se recogen artículos que elaboran retrospectivas críticas, en diversas escalas temporales, sobre el proceso de paz mismo, considerado globalmente, y sobre puntos específicos de la agenda de La Habana. El examen histórico-crítico revela reconfiguraciones de expectativas, discursos y estrategias en las que palpitan transiciones imaginarias, políticas y sociales del país en su conjunto.

La tercera sección, “El plebiscito por la paz: perspectivas”, reúne contribuciones que sistematizan y proponen diversos conjuntos de argumentos para que los colombianos refrenden el Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC en La Habana. Los análisis develan el sentido de las movilizaciones ciudadanas, exploran el carácter moral del plebiscito, exponen los argumentos que despejan los temores de quienes se le oponen y las dudas de los aún indecisos, y muestran el valor que el proceso mismo que precede al plebiscito tiene para el aprendizaje democrático.

En la cuarta sección, “La paz para el ambiente y la vida”, se integran puntos de vista diversos sobre las importantes y positivas consecuencias que tendría la paz para el medio ambiente, y explora el sentido y alcance que se descubre en la paz cuando se muestra su conexión interna con el mandato ético-político de cuidar el ambiente y la vida. Es desde este mandato que urgen respuestas frente a la minería intensiva y su efecto devastador sobre el ambiente. En este mismo marco de compromiso con la paz, se revela la importancia de nuevas lógicas, incluyentes y dignificantes, para habitar la ciudad.

En la quinta sección, “Las tareas de la paz”, se recogen puntos de vista sobre las cuestiones cruciales que se siguen luego del Sí en el plebiscito por la paz: la inclusión política real de las FARC; la construcción de una cultura política y ciudadana más incluyente, tolerante, democrática e igualitaria; la búsqueda e identificación de desaparecidos; el fortalecimiento, y blindaje debido, de los movimientos sociales; el robustecimiento de la función crítica y social de la Universidad, entre otros asuntos clave.

Este libro es uno de los tantos aportes que desde CLACSO haremos a la construcción de la paz en Colombia. Sabemos que los gigantescos y complejos desafíos que enfrentaremos interpelarán nuestra imaginación y nuestro compromiso democrático.

CLACSO tiene tantos años como la guerra que comienza a concluir en Colombia. Y CLACSO tendrá tantos años como la paz que finalmente triunfará. Seguiremos trabajando activamente para hacer de las ciencias sociales y de las humanidades un aporte fundamental y necesario a las luchas que harán de esta gran nación, una tierra de libertad, de justicia, de igualdad y de felicidad. ¡Viva la Paz! ¡Viva Colombia!

* Directora del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-CINDE y miembro del Comité Directivo de CLACSO.

** Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, donde dirige el Instituto de Bioética.

*** Secretario Ejecutivo de CLACSO y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

LA PAZ EN COLOMBIA

VISIONES

UNA CARTA PARA EL
PUEBLO COLOMBIANO*

Martha Nussbaum**

24 de agosto de 2016

Apreciados amigos,

Su país ha llegado a un momento histórico. Después de muchos años de conflicto, el proceso de paz ha dado un enorme paso adelante. Con el acuerdo definitivo anunciado este 24 de agosto, la gente puede esperar el desenlace final con alguna confianza. Sin embargo, en un momento así, es muy posible que haya bastante incertidumbre, puesto que muchas posturas diferentes compiten por la aceptación de la gente. Con toda humildad me permito ofrecer unas pocas sugerencias acerca de cómo enfrentar este futuro.

No me siento cómoda sugiriendo a las personas de otra nación acerca de asuntos que les son propios y no míos. Lo hago así, con una reticencia considerable, por tres razones. Primero, como filósofa he escrito acerca de asuntos de la justicia social y también sobre los sentimientos políticos, sobre el perdón y la reconciliación y creo que la filosofía de hecho tiene algo meritorio que ofrecer en este momento crítico. Segundo, siento una gran amistad hacia la gente de Colombia, donde como visitante he sido recibida calurosamente y también retada con preguntas provocadoras e inquisidoras, y donde me ha impresionado enormemente la calidad del debate público. Tercero, provengo de una nación que finalizó una guerra civil prolongada y amarga, y que todavía forcejea con el legado de aquella guerra distante. Por tanto, espero que los pensamientos provenientes de dicha perspectiva puedan ser de utilidad.

Lo primero que deseo decir, desde lo profundo de mi corazón, es que el espíritu de la revancha y la retribución es el veneno de cualquier relación humana, sea personal o política. La retaliación no corrige males que ya han sucedido, y generalmente solo acumula más amargura para el futuro. Lo que es crucial es girar hacia el futuro, no vivir en el pasado y asumir una postura política basada en la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás.

Ningún mal fue más atroz que la esclavitud, y sin embargo nuestro gran líder afroestadounidense Martin Luther King Jr. repudió totalmente el espíritu de venganza, instando a los negros y a los blancos a unir las manos por la conquista de un mundo mejor. Ese mundo mejor es todavía, muchos años después, trabajo en progreso, pero cuando un asesino racista mató a los integrantes de un grupo de una iglesia en Carolina del Sur, los integrantes de la iglesia dijeron que estaban tratando de trascender sus muy entendibles deseos de venganza personal y de lograr una mentalidad de perdón, compasión y amor a la condición humana.

Una política de la reconciliación debe también ser una política de la verdad y la justicia. No se puede alcanzar ninguna reconciliación genuina si los argumentos no se basan en la evidencia, los hechos y la lógica. Y no se creará ningún nuevo futuro genuino a menos que todos nos unamos en el compromiso de mantener las normas requeridas para que la justicia avance. El compromiso hacia el futuro es lo principal, y en la búsqueda de dicho pacto social se podría sabiamente tomar la decisión de no procurar retribución por el pasado. La nueva Sudáfrica fue creada por la disposición de Nelson Mandela para trabajar constructivamente con los anteriores opresores, reconocer sus preocupaciones y desplegar confianza en ellos como conciudadanos. En cada contexto, bien sea el deporte o la formación del servicio civil, demostró respeto por sus anteriores enemigos, formando una nueva colaboración.

Al mismo tiempo, una política de la reconciliación debe ser una política del desarrollo humano. Me han impresionado profundamente los valientes experimentos económicos observados en mi reciente visita a Medellín, donde descubrí que lo que escribo —sobre la búsqueda de las “capacidades humanas”— se estaba convirtiendo en una esperanza material auténtica para muchas personas afligidas por la pobreza. Estos esfuerzos para la creación de oportunidades e inclusión deben continuar, puesto que ningún compacto social puede permanecer mientras las personas sean conscientes de las grandes desigualdades de riqueza y oportunidad.

Y una política de la reconciliación también debe preocuparse profundamente por la forma de la educación. A todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la educación superior, un compromiso con el fortalecimiento de los valores humanos necesita abarcar tanto el currículo y la pedagogía, dando a los jóvenes la capacidad del pensamiento crítico y la argumentación respetuosa, impartiendo entendimiento de un amplio rango de perspectivas sociales e históricas y también de cultivar la capacidad de imaginar estas perspectivas desde dentro, a través del compromiso con las obras de arte, la literatura y la música. El estudio de la filosofía, la literatura y las artes no es inútil: es de importancia urgente, puesto que todas las personas, cualquiera que sea su trabajo futuro, serán ciudadanos, responsables por el futuro del pacto social.

En todas las democracias las personas disienten, y algo que me impresionó grandemente de los colombianos es el amplio interés en el debate público y en el intercambio respetuoso de las ideas. Deseo que mi propio país pueda alcanzar eso. Espero que ustedes se aferren a estos compromisos admirables en este momento difícil y no buscarán el camino más fácil pero vacío de la retórica narcisista.

Estoy emocionada por su futuro. Admiro su fortaleza nacional, su compromiso con el desarrollo humano, sus instituciones y su cultura política. De modo que contemplaré, con afecto y esperanza, a medida que avanza su proceso de reconciliación.

Su amiga,

Martha C. Nussbaum

* Este trabajo fue publicado en la Revista Arcadia, el 25 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.revistaarcadia.com/noticias/ articulo/martha-nussbaum-colombia-proceso-de-paz-posconflicto-historia-debate-dialogo/53617>.

** Filósofa estadounidense, con una reconocida trayectoria en el campo de la ética, la filosofía antigua y la filosofía del derecho. Profesora en las universidades de Harvard, New York y Chicago, entre otras. Colaboradora de Amartya Sen en temas vinculados a la ética y el desarrollo, recibió el premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales 2012.

PRIMERO LA PAZ QUE LA POLÍTICA*

Francisco de Roux**

CON EL SÍ Y EL NO, anteponen la lucha por el poder a la responsabilidad fundamental de la reconciliación del país.

Inglaterra decidió en plebiscito salir de la Unión Europea y dio un golpe durísimo a los jóvenes al quitarles el acceso igualitario a las universidades y a la participación en los núcleos productivos del continente donde sus amigos de Alemania, Francia, Holanda, Escandinavia, Bélgica, España e Italia crean el futuro.

Todo porque en el Reino Unido la campaña se convirtió en una batalla por el poder en la que los mensajes de miedo y las mentiras eclipsaron en la opinión pública el valor de Europa. Pues lo importante para la oposición era tumbar el gobierno de David Cameron, quien buscaba, con un plebiscito innecesario, consolidar su gobernabilidad, afectada por el desempleo, la falta de oportunidad en algunas regiones y las migraciones. Ganaron finalmente los enemigos de Cameron y lo sacaron del gobierno, al costo de romper para Europa y para el mundo el ideal laboral, económico, social y académico que creó la Unión para la paz, y contra las expectativas de los londinenses, los escoceses, los irlandeses del norte y, por supuesto, los jóvenes.

El inmenso avance del proceso de paz en Colombia hacia la superación de la crisis espiritual nacional que nos ha roto como seres humanos, y que depende ahora del plebiscito, puede correr una suerte análoga a la del Brexit de Inglaterra si los protagonistas de lado y lado de la campaña por la presidencia, que ha empezado prematuramente con el Sí y el No, anteponen la lucha por el poder a la responsabilidad fundamental de la reconciliación del país.

Subordinar el valor fundamental de la paz a estas campañas, en las que juegan la sagacidad, las emociones y las confusiones, puede destruir entre los colombianos un proceso que ha conmovido al mundo, involucrado al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas, y recibido el apoyo del Papa. Proceso que llevó a Juan Manuel Santos en su momento a arriesgar todo su capital político por una causa mayor que todas las coaliciones de poder, y llevó a las FARC a mirar primero a las víctimas y a la dejación de las armas en manos de la comunidad internacional. En esta exacerbación de la lucha por los votos, la pregunta es: ¿cómo subordinar la importancia institucional de la democracia representativa a la causa soberana de la paz, que es más importante que presidentes, partidos, Congreso y cortes? Porque si bien existe una autonomía de lo político, hay momentos en la historia de los pueblos en los que lo ético se vuelve determinante para que pueda darse comunidad nacional y consolidarse suficientemente la democracia.

Pienso que se avanzaría hacia allá si las dirigencias políticas, que tienen un papel inevitable, dan participación protagónica a los procesos sociales en los que prevalece la paz como valor moral: los movimientos de jóvenes, mujeres, ecologistas, organizaciones populares, indígenas, campesinas, afros y sindicales; universidades y centros de pensamiento; empresarios, artistas y comunicadores.

Si, por otra parte, se llama a responsabilidades centrales en la causa de la paz a personas independientes que en Colombia hoy tienen el talante de mujeres y hombres que en la historia reciente nos dejaron ejemplos de generosidad desinteresada e incansable por los intereses comunes.

Si además se ponen los recursos de la paz en instituciones regionales predominantemente de sociedad civil, con participación de políticos destacados por sus opciones morales, y donde claramente los recursos de la reconciliación no puedan servir a procesos electorales.

Y, finalmente, si la Iglesia católica y las iglesias y confesiones, en ecumenismo, toman el liderazgo espiritual aportador de confianza y garantía de la verdad, la aceptación de responsabilidades, la no impunidad, la reparación de todas las víctimas, la no repetición y la conducción hacia la reconciliación y el perdón.

* Este artículo fue publicado en Periódico El Tiempo, el 10 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/primero-la-paz-que-la-politica-francisco-de-roux-columna-el-tiempo/16670542>.

** Sacerdote jesuita, fundador y director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Estudió filosofía y letras y teología en la Universidad Javeriana. Magíster en economía en la Universidad de los Andes. Es una de las personas más respetadas en temas campesinos y construcción de paz en Colombia.

A CADA VUELTA DE SIGLO...
ESTE DESEO DE PAZ

Sara Victoria Alvarado*

“A cada vuelta de siglo, se hacen más claras en el clamor de sus criaturas palabras, quejas, gemidos, gritos, alaridos de hambre y súplicas de justicia y de paz.”

Jorge zalamea, fragmento del Sueño de las Escalinatas

INTRODUCCIÓN

En tiempos en los que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno del presidente Santos se convierte en el horizonte político que nos orienta hacia otra Colombia posible, es inevitable no pensar en lo que este momento histórico significa para una generación de niños, niñas y jóvenes que además de haber nacido en medio de una larga guerra, han visto vulnerados sus derechos, lastimadas sus existencias y alojadas en sus rostros las huellas imborrables de tanta atrocidad.

En las palabras y en las miradas de esta generación quizá resuene el verso del poeta zalamea, y un clamor que exige Paz nos obligue a emprender las transformaciones que sólo después de la refrendación de los Acuerdos puede agenciar el Movimiento Social alzado en aladas palabras.

Esta larga guerra nos ha dejado heridos y de tantas escenas de guerra sucia y terrorismo de Estado nos han quedado miradas que nos interpelan y nos obligan a hacernos responsables de la no repetición. No sólo los ojos atemorizados de los combatientes y las miradas enlutadas de los sobrevivientes nos han interpelado, también hay otros gestos que esta guerra ha dibujado con dolor, las miradas de niños, niñas y jóvenes que en tiempos de guerra padecieron la exclusión, la marginación y vivieron a la intemperie, en el frío asfalto de los olvidados, como alguna vez lo imaginara un film de Luis Buñuel. En una realidad interpelada por la mirada de niños y niñas abandonados, arrojados a la esfera pública; en una realidad impugnada políticamente por aquellos a los que se les han suspendido sus derechos y se les ha condenado a una existencia proscrita, las preguntas por la construcción de Paz parecen obligadas a transformar la calle y la marginalidad como espacios radicales de socialización.

Sin más posibilidad que ser a la intemperie, las tácticas de supervivencia de varias generaciones de niños, niñas y jóvenes a los que el Conflicto Armado les negó sus vidas, demandan del Post-Acuerdo el fin de esta otra violencia, la que calcula la producción del hambre, la miseria y la desigualdad social.

Cada vez que me encuentro ante estas miradas, siento la necesidad de volver a pensar en el desafío político y el deseo de Paz que tenemos quienes nos atrevemos a potenciar el lugar de los niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos con capacidad de acción y con un papel protagónico en la transformación de estas realidades.

I. MIRADAS LEJANAS QUE ALGUNA VEZ EXIGIERON PAZ

Jorge Silva - Gamín - Bogotá - 1967 [Colección de Arte del Banco de la República].

En esta fotografía de Jorge Silva (fotógrafo colombiano), el pasado se resiste a pasar. Hace más de cuatro décadas la mirada de estos niños se imprimió en nuestra memoria colectiva, y por esas condiciones estructurales de la época, lo escrito en sus ojos se resiste a abandonarnos. Todos los días en Colombia esta imagen es revivida por otros niños que parecen tomar su lugar. Y aunque las circunstancias históricas que los vieron nacer (y de seguro los vieron morir) no son las mismas, lo que subyace, lo que en el fondo revela esta injusticia, habla de las consecuencias del conflicto armado. Las condiciones que hicieron posible estas miradas están vigentes, son actuales, hacen parte del contexto en el que aún estamos y que deseamos cambiar con la refrendación de los Acuerdos de La Habana.

La desigualdad y la penuria social en la que vivimos cambian de rostro, habitan otros cuerpos, ocupan otros espacios, pero siguen siendo signos inconfundibles de nuestro presente. Hay generaciones que se reconocerían en esta imagen desde la década del setenta hasta hoy. Estas miradas no nos abandonan, y al no abandonarnos no hacen más que interpelarnos, obligarnos a pensar de otro modo y desear la tan anhelada Paz.

Jorge Silva - Gamines - Bogotá - 1970 [Colección de Arte del Banco de la República].

Reunidos alrededor de las necesidades materiales de existencia, estos niños parecen dispuestos a vivir pese a las condiciones en las que transcurren sus días y sus noches. Jorge Silva los toma por sorpresa, sus miradas atienden desprevenidas la presencia de la cámara y al disparar el obturador no se interrumpe su conversación.

El miedo, el juego, el hambre, el frío, así como el descanso de uno de ellos sobre el perro, el dolor del que permanece sentado en la acera y el gesto del que llega con algo nuevo, develan una dramática escena de lo que se torna cotidiano, de lo que es habitual entre nosotros.

Las sombras de sus cuerpos sobre el pavimento son las únicas indicaciones del tiempo. La noche traerá sus peligros, y aunque aún cuesta mucho decirlo, de seguro ellos, o los que vendrán a ocupar sus lugares, no sobrevivirán a la infancia, nunca dejarán de ser niños porque nunca llegarán a ser jóvenes.

Incluso estos niños, estas sombras abandonadas y abatidas, están más allá de la condición de niño yuntero que el poeta Miguel Hernández abrigó en sus versos:

[...] Nace, como la herramienta, a los golpes destinado,

de una tierra descontenta y un insatisfecho arado.

[...] Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida

un alma color de olivo vieja ya y encallecida.

Los niños y niñas en situación de calle no nacen como la herramienta, tal vez conservan el destino de los golpes y la tierra descontenta; tal vez han nacido con el alma vieja ya y encallecida, pero el insatisfecho arado es una ficción en medio del pavimento que los arroja a la intemperie, que los deja en esta orfandad política, en esta desolación histórica, que los expone a la nuda vida y, sin quererlo, los dispone como evidencia de un país ocupado tanto de la guerra que sometió a estos niños al olvido. Al momento de pensar en lo que significará la Construcción de

Paz para estas miradas lejanas, no queda más alternativa que imaginar otro futuro posible para la generación que hoy ocupa su lugar. Sólo en tiempos de Paz podrá esta sociedad hacerse cargo del rastro de humanidad que nunca les podrán arrebatar.

La mirada de los niños y niñas que fueron abandonados en tiempos de guerra se mueve entre la excepción que procura la segregación, la exclusión y la marginalidad; excepción que ha sido normalizada y se tornó habitual, demasiado cotidiana para generar extrañeza, inquietud radical o interpelación ética de lo que nos pasaba cuando tanta guerra eclipsaba lo social.

Tal vez la mirada y la sombra de estos niños nos permitan devolverle a nuestras palabras un poco de lo que han perdido, un rostro, un nombre, un lugar, una sensación, un deseo radical de alcanzar la Paz; tal vez lo que con ellos adviene sea un modo distinto de nombrar lo que pensamos, de donar de sentido el ámbito de la reflexión que en ocasiones parece abstraerse de las realidades de las que la guerra fue una de sus principales causas.

II. MIRADAS DISTANTES QUE ALGUNA VEZ SÓLO VIERON LA GUERRA

James Nachtwey - Ruinas de Grozny - 1996

El niño de la fotografía de James Nachtwey camina en medio de la nada. Del fondo en ruinas brota solitario, también a la intemperie, con la mirada intentando escarbar otro horizonte posible distinto a la guerra. Su vida, interrumpida por la barbarie, arrastra las heridas de otras orfandades. Su excepción ha sido producida por las lógicas de la confrontación armada, es un sobreviviente del horror de las violencias que agitan el paisaje existencial de este tiempo.

Su condición es la de una rostridad que anida lo imposible. Sin embargo, no dejo de pensar que se trata de poder comprender no sólo la relación entre las violencias y las miradas desoladoras de los niños, sino más bien de darles un lugar en la trama de sentidos, saber que desde este confinamiento emergen voces nutridas de experiencias, vivencias, sentidos que fisuran, que reclaman ser escuchadas, que tocan y dejan huellas, que finalmente nos alientan a la construcción de la Paz.

Es como si otro verso del poeta Miguel Hernández me permitiera entender por qué me duele tanto esta intemperie:

[...] Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina,

y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. [...] Lo veo arar los rastrojos, y devorar un mendrugo,

y declarar con los ojos

que por qué es carne de yugo. [...] Me da su arado en el pecho, y su vida en la garganta,

y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta.

¿Existe una posibilidad de mundo en estas miradas? Me da su intemperie en el pecho, y también su vida en la garganta... Y desde ahí, al menos puedo reconocer que mientras las estructuras y las lógicas de la guerra parecen anularlos, sus gestos se transforman en razones para detener la barbarie, deshacer los hilos de la guerra, imaginar que la Paz les devolverá el sentido de sus vidas.

James Nachtwey - Ruinas de Grozny - 1996.

El cambio de perspectiva amplía el telón de fondo. La imagen adquiere un poco más de profundidad, y el contexto sigue dándonos señales de una honda devastación. La mirada sigue inquietándome, obligándome a pensar en torno a lo que significa insistir en la construcción de una Paz mundial, no sólo como un sueño ni como una utopía, sino como experiencia de lo posible.

Yo me pregunto, ante estos cuadros de realidad, ante estos testimonios que se resisten a pasar, que han sido arrojados al abismo de la guerra, ¿cómo podríamos enfrentar la Paz como condición de posibilidad para sus vidas restituidas, reconocidas y transformadas?

¿Cómo imaginar que el deseo de Paz puede poner fin a esta mirada a la intemperie?

III. MIRADAS CERCANAS QUE PRONTO DEJARÁN DE VER LA GUERRA

Henry Agudelo - Comuna 13 - 2002.

En medio de lo que se conoció como la Operación Orión (año 2002) en la ciudad de Medellín, Henry Agudelo —reportero gráfico del diario El Colombiano— publicó una serie de fotografías en las que se revelaba la situación de niños, niñas y jóvenes expuestos a las lógicas de violencia, los poderes armados, las formas de precarización y los despliegues represivos del Estado.

Una generación que había soportado la dinámica de los Carteles del Narcotráfico que arrastraba a los jóvenes hacia la figura del sicario, se veía enfrentada a los controles territoriales de las estructuras Milicianas de la Insurgencia y posteriormente de la presencia Paramilitar. La composición y la tensión de estas miradas, la del niño que observa pensativo lo que sucede y la del francotirador, nos permiten imaginar el espacio de socialización e interacción atravesado por la guerra, por las formas de la movilización armada.

Las comunas de Medellín, como las calles de Bogotá, son densas tramas de violencia, segregación y exclusión. Desde la mirada de los niños, desde su rostro, desde la disposición de sus cuerpos, los significados disponibles para agenciar su subjetividad, parecen enmarcados en un campo de batalla que no tiene tregua. Con el deseo de Paz que hoy moviliza a Colombia, estas miradas tendrán otra posibilidad de Ser.

Henry Agudelo - Comuna 13 – 2002.

Estos territorios son el resultado de migraciones, destierros, desplazamientos forzados, deseos de supervivencia, búsqueda de alternativas económicas... En estos lugares la vida se viene desnudando desde el momento de la partida. Por sus empinadas calzadas acontecen las vivencias de los que Bauman llamaría “residuos sociales”. Allí una niña se cruza con la mirada de un soldado. Un hombre uniformado y armado que antes que proporcionarle una sensación de seguridad, le genera miedo. Esos uniformes también se llevaron a los jóvenes del barrio, los desaparecieron o los presentaron como Falsos Positivos.

Federico Ríos - 13 x 3 - 2012.

En 2012, Federico Ríos publica una serie fotográfica sobre la vida de los jóvenes en la Comuna 13 de Medellín. El trabajo lo tituló 13 x 3: Yo aprendí a sumar, restar, multiplicar y matar. En una de sus imágenes un joven exhibe lo único que le permite sobrevivir a este mundo de la muerte.

Su mirada está atravesada por la imposibilidad de ser por fuera de la guerra. La totalidad de sus espacios de socialización política se estructuran entre la presencia de regímenes armados que cambian de identidad pero que buscan lo mismo: movilizaciones guerreras, para lo cual se necesita despojar de atributos su vida, reducirlo a la condición de ser el que sabe matar.

En medio de esta complejidad social, la acción colectiva es acción armada, las lógicas de pertenencia a un grupo son la expresión de los hombres de tropa, de los que están dispuestos a demostrar el heroísmo, la valentía, a ganarse un nombre y una posición por la capacidad de fuerza que puedan desplegar.

Ante estas realidades que nos van arrebatando las palabras, la alternativa pasa por ser capaces de imaginar otras razones para persistir en la Construcción de Paz.

¿Es posible crear las condiciones para que estas subjetividades guerreras transformen sus experiencias destinadas en estos contextos a la nuda vida, en potenciales humanos, dotados de otros significados? ¿Es posible recuperar la función simbólica de la Paz y elegir la vida en medio de la herencia de la guerra y de la muerte?

IV. PESE A TODO, MIRADAS Y GESTOS DE PAZ

Henry Agudelo - Ceremonia - 1994.

En medio de una ceremonia militar, Henry Agudelo toma esta fotografía de un niño cuyo gesto espontáneo parece desairar el orden guerrero, quitarle peso, deshacer su densidad, darle la espalda. Yo imagino que la Construcción de Paz pasa por estas maneras de ser en los contextos de realidad que nos arrojan a la nuda vida. Insistir que todavía queda todo por imaginar, por soñar, por restituir a una generación otra trama de significados, otras subjetividades políticas sin antagonismos, sin delirios genocidas, sin deseos de exterminio.

Esta fotografía fue tomada en 1994 cuando Colombia sólo tenía disponibles relatos y narraciones de guerra; cuando cualquiera podría ser declarado como un enemigo; cuando los niños, niñas y jóvenes se reducían a objetos abstractos de políticas públicas, a cálculos de racionalidades de gobierno, a simple estadística, a potenciales guerreros, a nuda vida.

Henry Agudelo - Observando el entierro de su padre - 1999.

Finalmente, y en medio del entierro de su padre en 1999, esta niña nos interpela de otra manera. Su mirada irrumpe sobre la disciplina de la formación militar, nos devuelve un asombro, nos regresa una esperanza, nos permite imaginar que es más que un deseo, es una exigencia, comprender cómo enfrentará lo que la guerra le ha quitado. Con esta mirada a cuestas imaginamos que la Paz, además de necesaria es posible...

* Psicóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en Ciencias del Comportamiento y Ph.D en Educación de Nova University -CINDE. Realizó un Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo/Universidad de Manizales/CLACSO. Es Directora del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-CINDE y miembro del Comité Directivo de CLACSO.

LA GUERRA Y LA PAZ*

Francisco Cortés Rodas**

“LA MEJOR FORMA DE GANARLE a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz”, dijo el jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, e Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, aseveró: “Hemos ganado las más hermosa de todas las batallas. Hemos cerrado el acuerdo de paz más anhelado de Colombia”. La terminación de la confrontación armada y el inició de una fase de transición hacia una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social y un fortalecimiento de la democracia, fueron los anuncios más importantes hechos el pasado 24 de agosto en la ceremonia en la que se comunicó que las partes alcanzaron un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC, después de cuatro años de negociaciones en La Habana y más de medio siglo de guerra.

¿Pero qué es la paz en una perspectiva histórica y filosófica? ¿Y qué puede significar para el futuro de Colombia? Eirene, escribe Jean-Christophe Merle, era la palabra griega que designaba la paz y Eirene era también el nombre de la diosa que personificaba este concepto. En la mitología romana su equivalente es la diosa Paz, que representa una vida agraria, basada en valores fundamentales como el Derecho, la fidelidad, la justicia, la piedad y la equidad, en suma, un orden estatal y jurídico justo, que estructuró más adelante, precisamente, el fundamento de la Pax Romana.

La paz como armonía interior tiene el mismo significado que la Concordia de los romanos. En la comprensión de sí mismos que ellos tenían, la armonía interior les aseguraba la Felicitas (felicidad). Con esto quedaba por fuera la perspectiva de la paz exterior, o entre las comunidades políticas. Cicerón, siguiendo a Aristóteles, propuso la doctrina de la guerra justa en el caso de la venganza por una acción injusta contra el Estado, la invasión o la defensa propia. Bajo el dominio del César Augusto (63 a.C.) la Pax adquirió un segundo sentido: se concibió como el fin duradero de la guerra, que produce la Concordia en el interior de la comunidad política, entendida como pacificación de la sociedad, y en la relación con otros pueblos representa el fin de una época de conquistas militares.

Bajo Augusto, el Imperio Romano simbolizó la paz como la Diosa Pax, que pone bajo el fuego una cantidad de armas. Frente a esta concepción se desarrolló la idea de paz de Salustio y de Valerio Máximo, según la cual la paz solamente se da bajo la protección de las armas.

En la Edad Media se planteó una tercera concepción: “La verdadera paz corresponde a un orden cósmico, según el cual todos los seres humanos están reconciliados y hermanados en Dios” (Merle, 2010: 36). Tomás de Aquino dice: “La verdadera paz puede alcanzarse solamente en el Bien y sólo en referencia a los verdaderos Bienes” (Aquino, 2001). Como un orden divino la paz debe liberarse del tiempo, es decir, debe ser una Pax aeterna (paz eterna), y debe referirse no solamente a las acciones, sino también al alma de los hombres, la cual debe conocer los verdaderos bienes y valores. La consecuencia más importante que derivó de esta concepción es que frente a la paz eterna, la paz terrena no tenía ningún valor relevante. San Agustín habló de la paz terrena como una paz mala, una paz falsa. Nicolás de Cusa la denominó una paz sucia. Esta concepción de la paz, que se centraba en el conocimiento de los verdaderos bienes, definía en la Edad Media el alcance que tenía una comunidad de derecho para los miembros de la religión cristiana, que no permitía abarcar a los que no fueran cristianos, y con esto justificaba la legitimidad de la guerra contra los no-creyentes.

Pero Erasmo cuestiona la guerra contra el Imperio Turco y reclama la conformación de un orden de derecho entre los Estados. Grocio, el autor de Sobre el derecho de guerra y de paz, argumentó que la paz se consigue después de una guerra, con mayor probabilidad, si la guerra y sus secuelas son moderadas con un sentido de humanidad, es decir, donde se evite cualquier cosa que pueda generar indignación, odio o resentimiento.

El filósofo y jurista suizo Emerich de Vattel escribe que la “paz es el reverso de la guerra; es aquel estado deseado en el cual cada hombre vive en el disfrute pacífico de sus derechos” (Vattel, 1916). Vattel considera que la guerra es un hecho ineluctable entre los Estados y un instrumento de la vida política, pero insiste en la necesidad de actuar con moderación en la guerra y en las negociaciones de paz para poder alcanzar la paz civil.

Grocio no limita el derecho natural a la paz entre los cristianos, sino que lo extiende a toda la humanidad. Con esto diferencia una paz cristiana, basada en la conciencia de la salvación, de una paz terrenal. La paz se empieza a pensar como seguridad en el siglo XVI, y para garantizarla Hobbes desarrolló su teoría de la autoridad estatal en su Leviatán.

El planteamiento de Hobbes comienza diciendo que antes de la condición estatal existía un mundo sin ley, la anarquía, la guerra de todos contra todos. Los más débiles sucumbían y debían someterse a la voluntad de los más fuertes. La salida de esta situación insoportable consistió en el establecimiento de un sistema de leyes coactivas, que debía ocuparse de una coordinación de las acciones libre de violencia, y que garantizara una coexistencia pacífica de los hombres. En estas circunstancias, una paz sostenible necesita de la autoridad del Estado como un punto de partida para superar los problemas de seguridad.

A partir de Hobbes se estructura en la Europa moderna una perspectiva jurídica que va a ser determinante en la conformación de los Estados a lo largo de la modernidad, la cual se conoce como “paz por medio del derecho”. Esta es una corriente jurídica que considera que la guerra es el efecto de un Estado sin derecho. Pero es probablemente Kant quien estructuró de manera más sistemática los contornos de este paradigma jurídico. Para Kant la cuestión política, que comprende el problema del derecho político al interior de las fronteras, del derecho de gentes y del derecho de ciudadanía mundial, tiene que ver con la superación mediante el derecho de todas las relaciones potencialmente conflictivas en el mundo exterior.

He citado a Cicerón, Erasmo, Grocio, Hobbes y a Kant, pero podría citar a un centenar de autores más. Aquí es importante hacer referencia a Norberto Bobbio, que afirma que la paz es el fin mínimo de todo ordenamiento jurídico. “En el ámbito de un ordenamiento jurídico pueden perseguirse otros fines: paz con libertad, paz con justicia, paz con bienestar, pero la paz es la condición necesaria para alcanzar todos los demás fines, y por tanto es la razón misma de la existencia del derecho.” (Bobbio, 2009: 97)

De esta historia sobre el concepto de la paz voy a pasar al proceso de paz en Colombia que, desde mi punto de vista, puede interpretarse en el marco del modelo normativo de “la paz por medio del derecho”. Es decir, las ideas básicas de este paradigma jurídico y político se concretan hoy en los acuerdos firmados por las dos partes de esta negociación. Y estos acuerdos son el fundamento prejurídico para la constitución de un nuevo orden político orientado hacia un futuro de paz, justicia y seguridad.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos depositó el acuerdo en el Congreso dijo que cumplía con su promesa de poner a consideración del pueblo lo pactado entre el Gobierno y las FARC, y de entregarle a los colombianos el poder de la última palabra. Así, afirmó que “no era necesario someterlo a refrendación. Lo hice porque soy un demócrata”.

¿Qué quiere decir esto? Este gesto político significa que en este momento trascendental de nuestra historia política, el representante del Poder Ejecutivo reconoce el sentido más profundo de la Constitución de 1991 y el significado constituyente del pueblo como legislador primario. Un político demócrata debe defender y hacer valer la tesis del liberalismo planteada por John Locke que afirma que “el pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república, es el único que puede darse una Constitución y es el único que puede cambiarla” (Locke, 1991: 132). Es decir, en el caso de la refrendación de lo pactado en La Habana, sólo el pueblo puede, como constituyente primario, determinar si con su voto en el plebiscito aprueba o no estos acuerdos.

En este sentido, el acto de someter a refrendación el acuerdo entre el Gobierno y las FARC expresa un momento fundamental y definitivo en la historia de la formación de la democracia en Colombia. Al ser reconocida la autoridad de los poderes del Estado y del poder constituyente del pueblo, por el Poder Ejecutivo, se está afirmando uno de los principios básicos de la democracia constitucional en un Estado de Derecho. Este principio dice: el ejercicio de la autonomía política, de la democracia como gobierno para “el pueblo y por el pueblo”, tiene límites absolutos en los principios fundamentales establecidos por el constituyente en la Constitución, que son los derechos fundamentales, el sistema representativo igualitario y el principio de la separación de poderes. Estos límites absolutos establecen lo que puede ser denominado “el coto vedado”, “el ámbito de acción del individuo”, el cual no puede ser restringido por la voluntad de cualquier mayoría, plebiscitaria o legislativa o la autoridad ejecutiva.

El límite que establece “el coto vedado” a lo pactado en La Habana se puede apreciar en cada uno de los acuerdos. En el Acuerdo sobre Víctimas, éste límite se traduce en que no habrá impunidad ni perdones incondicionales ni amnistías por delitos graves. La justicia transicional supone que el alcance de la paz exige un sacrificio parcial de la justicia, pero habrá justicia. En el Acuerdo sobre Tierras se establecen las condiciones que pueden hacer posible que el campo empiece a salir del abandono en que ha estado si se cumplen los programas de mejoramiento de las condiciones de vida y de producción campesina. El Fondo de Tierras entregará tres millones de hectáreas a los campesinos sin tierra en los próximos diez años y se formalizarán otros siete millones. No habrá ninguna afectación directa a la gran propiedad privada. Esta se hará, pero mediante una reforma tributaria. El límite que traza el derecho fundamental a la propiedad es respetado. En el Acuerdo sobre Drogas se traza una clara estrategia para eliminar y sustituir los cultivos ilícitos y se propone reforzar la protección del medio ambiente. En el Acuerdo de Participación política se pactó crear una circunscripción transitoria especial de paz con 16 cupos en la Cámara de Representantes con un umbral menor al de los partidos, por dos períodos electorales en las zonas más afectadas por el conflicto. La idea es que en estas zonas se abra la democracia a partidos pequeños y movimientos ciudadanos. Y en el Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas se definen las condiciones para que las FARC entreguen las armas de manera permanente y definitiva y desaparezcan como grupo armado.

En suma, en estos acuerdos se definen las condiciones mínimas de una paz por medio del derecho. A este proyecto se han opuesto de manera radical aquellos sectores interesados en hacer fracasar el proceso de paz y en continuar la guerra, mediante una campaña basada en afirmaciones falsas, en argumentos falaces para confundir a la opinión pública y en mentiras. Sus tesis más repetidas son que el Acuerdo de justicia transicional es un pacto de impunidad, que el Acuerdo sobre Tierras no es más que demagogia agrarista para colectivizar el campo y destruir el agro productivo, que el Acuerdo de Participación política está construido en función de allanar el camino al Castro-Chavismo mediante la injustificada elección de los jefes de las FARC al Senado, las gobernaciones y alcaldías. Toda esta oposición a los acuerdos en la forma del No al plebiscito debe conducir, según el expresidente Uribe, a la renegociación de los acuerdos.

Pero esta es una falacia y una trampa política. El No a la refrendación conduce a Colombia de nuevo a la guerra. Las FARC no resistirían un nuevo proceso de negociación en el que los temas más difíciles ya fueron superados. Las divisiones internas se profundizarían. ¿Qué buscan entonces los sectores interesados en hacer fracasar el proceso de paz? Simplemente, la continuación de la guerra. “El Sí es la paz, el No es la guerra. Esa es la disyuntiva frente a lo que estamos”, escribe con razón Francisco Gutiérrez (El Espectador, 1º.09.16).

En este sentido, el argumento que fundamenta el paradigma jurídico y político de la “paz por medio del derecho”, propone pensar la disyuntiva “El Sí es la paz, el No es la guerra”, en función de crear las condiciones económicas, sociales y políticas para que el mundo de la experiencia de los hombres dominado por la guerra se pueda convertir en un mundo de la humanidad ordenado por el Derecho. Del contrato entre los ciudadanos que surge de abandonar la situación de guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza emerge el Estado, la libertad, la justicia, un horizonte de paz.

La paz que puede resultar del acuerdo final pactado entre las dos partes es Paz negativa porque pone el énfasis en la ausencia de guerra, de violencia directa y busca poner fin al conflicto armado. Pero el acuerdo plantea un horizonte con mayores perspectivas. Contiene la idea de la Paz positiva, la cual supone un nivel mayor de justicia social. “La paz por medio del derecho” no es una paz utópica, quiere decir: busca poner fin a una guerra entendida como empleo no regulado de la fuerza, pero no al fin del uso de la fuerza. “El derecho no puede prescindir del empleo de la fuerza” (Bobbio, 2009: 186). Una consecuencia fundamental: las FARC como grupo armado se convertirá en actor político desarmado.

No es suficiente, sin embargo, con la paz negativa, es decir, con la firma del acuerdo final. Si no se realiza un programa orientado a la solución de los problemas económicos y sociales de los grupos más desfavorecidos, en términos de aseguramiento de medios para la subsistencia, salud, educación, trabajo, la anhelada paz terminará convirtiéndose en un programa vacío.

“Si aceptamos la definición común de guerra como violencia organizada y de grupo, la antítesis con el derecho aparece con toda claridad: en efecto, el derecho en su acepción más amplia puede definirse como la paz organizada de un grupo.” (Bobbio, 2009: 97)

BIBLIOGRAFÍA

Bobbio, Norberto 2009 El problema de la guerra y las vías de la paz (Madrid: Gedisa).

De Aquino, Tomás 2001 Comentarios a la Política de Aristóteles (Pamplona: EUNSA).

Locke, J. 1991 Dos ensayos sobre el gobierno civil (Madrid: Espasa Calpe).

Merle, Jean-Christophe 2010 Zur Geschichte des Friedensbegriffs vor Kant. Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden Ed. by Höffe, Otfried (Series: Klassiker Auslegen 1).

Vattel, E. 1916 The Law of Nations o the Principles of Natural Law (Washington: Carnegie Institution).

* Este artículo hace parte del proyecto de investigación “Repensar la Democracia: Reflexiones en torno a los criterios de legitimación del poder político en el contexto de un mundo globalizado”, aprobado por el Centro de Investigación de la Universidad de Antioquia CODI. Versión original: Periódico El Colombiano, “Derecho, guerra y paz”, 30 de agosto de 2016, en <http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/derechoguerra-y-paz-DA4882533>.

** Doctor en Filosofía en la Universidad de Konstanz, Alemania y profesor de Filosofía Política del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Colombia.

PAZ EN COLOMBIA:
DESCOLONIZACIÓN Y CULTURA POLÍTICA

Eduardo A. Rueda Barrera*

EN SU TRABAJO La postergación de la experiencia de la modernidad en Colombia, Rubén Jaramillo Vélez expone las causas por las cuales Colombia nunca ha sido un Estado moderno. Si la modernidad se caracteriza por la idea de autonomía privada y pública (o política) y por la de igualdad e inclusión, lo que un vistazo general, pero cuidadoso, revela de nuestra historia es una dilatación ininterrumpida de la entrada del país a la experiencia que ella trae consigo. Al menos, podría aceptarse que la experiencia histórica de la modernidad en Colombia ha sido débil. Débil la modernidad cultural, pues la educación pública, frecuentemente en manos de la Iglesia, no llegó a potenciar la apertura al naturalismo, a la expresividad artística o al laicismo; débil la modernización, pues el espíritu industrial tuvo, frente a la hegemonía del extractivismo con destino a los mercados internacionales, pocos caminos abiertos para su despliegue y su estabilización por vía del robustecimiento del mercado interno; débil la modernidad normativa, pues con frecuencia las numerosas cartas constitucionales que precedieron a la de 1991 fracasaron en la provisión de garantías mínimas de autonomía, igualdad e inclusión.

Fueron los intereses de las élites los que impidieron, desde los tiempos de la independencia, la entrada del país en la modernidad. Sidurante el siglo XIX la regeneración frenó todo espíritu emprendedor y, al estigmatizar como “errores” los postulados utilitaristas que promovían la búsqueda de la felicidad, confinó al país al sueño dogmático de un catolicismo tradicionalista y retardatario, durante el siglo XX fueron los períodos llamados de la “hegemonía conservadora” y “la república liberal” —y especialmente el Frente Nacional— los que cerraron puertas a la inclusión social y política. A lo largo de esta historia fueron escasos los logros sociales de estas dirigencias, y más bien recurrentes las prácticas de aplacamiento y distorsión de las agendas sindicales, campesinas e indígenas, y el cierre a cualquier fuerza de cambio social que no pudiera ubicarse en los espacios de poder por ellas delimitados. La negación de espacios sociales y políticos trajo consigo monstruos numerosos: desigualdad creciente, exclusión cultural y religiosa, persecución política, pobreza crónica, mentalidades atadas a rígidas convenciones coloniales, confinamiento territorial, déficit industrial y pobre infraestructura de bienes públicos. Y trajo la guerra. Guerra entre partidos tradicionales y élites, primero; luego entre guerrillas y Estado, entre guerrillas y paramilitares, entre mafias, y entre mafias y Estado.

El espectro de la guerra que se posó sobre el país, y que no se desvaneció por más de medio siglo, tuvo siempre el signo de la exclusión. Bien entre quienes luchaban por superarla, aunque quedaran en su camino víctimas innumerables, bien entre los que luchaban por mantenerla, usando para ello el horror, la exclusión constituyó la clave hermenéutica de la guerra. El Estado, débil en legitimidad y capacidad de acción, no pudo desactivar, a través de medidas redistributivas, los motivos de los primeros, ni a través de la educación pública y la moderación activa de un pacto social respetuoso de la autonomía y la igualdad, atemperar la codicia de los segundos. A veces, incluso, más bien fue el servidor de estos últimos. Los motivos nobles de los primeros se transformaron, en el camino de la guerra, en justificaciones para la infamia. La codicia de los segundos mostró su rostro más oscuro cuando quiso justificarse en el orden y la seguridad. Ni orden, seguridad o justicia social justificarían jamás las millones de víctimas que ha dejado la guerra.

En la raíz de esta violencia parece encontrarse, pues, la debilidad del Estado —que nunca pudo encaminar productivamente, por vía del Derecho y la política pública, los reclamos de numerosos sectores sociales, ni domesticar la incivilidad de los poderosos— y la débil apropiación de identidades ciudadanas entre los colombianos. La debilidad del Estado viene desde los tiempos de la Independencia. Desafortunadamene, la estructura de relación colonial permaneció viva en el país aún cuando fueran vencidos los ejércitos realistas. Dicha estructura se perpetuó intacta en las regiones del país, en la relación entre élites y trabajadores, entre élites y gobernantes, entre clero y Estado. Bajo este esquema, con frecuencia los sectores dirigentes asumieron el papel de delegatarios de las élites, de custodios del dogma católico, de salvaguardas de “hidalguías” territoriales, de representantes señoriales ante los trabajadores, los indígenas o los negros. Pocas veces, y enfrentando terrible oposición, los dirigentes pudieron representar, apropiar y hacer valer los anhelos de enormes sectores de ciudadanos marginados. Cuando así sucedió fueron eliminados por los poderosos. Más bien, la clase dirigente, sin vocación popular, pluralista, igualitaria y modernizante, y sostenida por el poder económico regional, a menudo resultó incapaz de diseñar e implementar las reformas necesarias para acoger progresivamente los reclamos de los excluidos y, mucho menos, para incluirlos como agentes activos en la deliberación del contenido de tales reformas. Como consecuencia de todo ello, crecieron y se sedimentaron formas numerosas de abuso de poder, de uso privado de recursos públicos, de privilegios normativos, de exclusión democrática, acoso y amenaza a quienes se empeñaran en alterar este orden.

Bajo esta bóveda fue también débil el proceso de constitución de identidades ciudadanas. Esto sucedió no solo porque, desde los inicios de la república, fuera en torno a la figura de la hacienda hispanocristiana que los nuevos ciudadanos configuraran sus afectos telúricos y sus vínculos de pertenencia religiosa y social, sino porque, bajo dicho techo, fueron excluidos, como sucedió también con un sector muy amplio de la clase dirigente, de la educación secular, de la posibilidad de realizar emprendimientos productivos con destino al mercado interno y del contacto con el laicismo y otras formas de religiosidad cristiana y no cristiana. Solo muy entrado el siglo XX Colombia se hizo predominantemente urbana. Hasta los años cincuenta fue fundamentalmente un país rural, fragmentado en regiones diversas atrapadas todas ellas por la confluencia entre el orden religioso, la ley y el poder político local, en el mundo político-simbólico de la Colonia. En dicho mundo, los colombianos internalizaron los códigos morales de la obediencia y sumisión al orden establecido, se hicieron reactivos contra las formas igualitarias de relación social y despectivos hacia las formas culturales no hispanocristianas (indígenas, afro, raizales), aprendieron a valorarse por la casta de su ascendencia familiar, se ataron líricamente a la tierra de su infancia. Ni el espíritu de autonomía personal, ni el de igualdad de estatus, ni el de la productividad industriosa, ni el de la modernización institucional, ni el de la participación política, ni el de la tolerancia pluralista, pudieron cultivarse y madurar en este espacio simbólico y político colonial.

Ciertamente, un paso fundamental para el cultivo de este espíritu entre los colombianos se dio en el proceso constituyente, y la promulgación de la Carta constitucional de 1991. La nueva Constitución ha permitido la apropiación progresiva del lenguaje de los derechos, el fortalecimiento de la educación secular, la conciencia pública de la diversidad cultural y étnica del país, el desarrollo jurisprudencial garantista de la autonomía personal, la apertura a opciones políticas distintas a los partidos tradicionales y, en ciertos casos, la defensa de causas populares. No obstante, del país colonial queda aún bastante. En mentalidades, prácticas y agendas, que infiltran subjetividades y estructuras políticas. La persistencia del espectro colonial explica que el programa constitucional del Estado Social de Derecho no haya podido encontrar cauces de realización plena. Amplios grupos de ciudadanos, en la dirigencia del país o en la calle, siguen siendo profundamente patriarcales y paternalistas, despectivos con los pueblos originarios y los afros, religiosamente intolerantes, de lealtades acérrimas hacia los poderosos, obedientes y, a la vez, afectos al autoritarismo.

Sin embargo, el reciente proceso de paz, que ha culminado en la firma del Acuerdo que deberán ratificar los colombianos el próximo 2 de octubre, ha abierto de una forma más fuerte que el movimiento de la Constituyente de 1991 el camino de una transformación de las subjetividades políticas y, por esta vía, el de un fortalecimiento profundo del Estado de Derecho. Estos efectos se siguen de las siguientes circunstancias:

1– El proceso de paz ha permitido renovar el debate nacional, aunque para efectos de la negociación se hubiese confinado en La Habana, sobre los grandes problemas y desafíos del país. La economía y equidad territorial, la participación política, la justicia hacia las víctimas, las tareas de la paz, encontraron como nunca antes espacios de debate público en las universidades, colegios, medios de comunicación, sindicatos, movimientos sociales, comunidades indígenas y campesinas, y ciudadanos del común. En este tránsito se han fortalecido los valores políticos de la deliberación argumentada, la simetría del adversario cognitivo-político y la sensibilidad hacia la complejidad de expectativas y valores que se citan en la arena del acuerdo público. Un paso significativo sin duda en la formación de ciudadanía.

2– El proceso de paz tácitamente ha desafiado, como hubiera querido Walter Benjamin, la idea de “progreso”, en particular la idea de “progreso político”. En su crítica a la idea de progreso Benjamin afirmaba que todo documento de cultura constituye un documento de barbarie. Esto sucede porque la cultura, signo del progreso, parece justificar cualquier barbarie, cualquier victimización que hubiese conducido a su triunfo final. El proceso de paz ha enseñado a los colombianos que el progreso, en sus versiones guerrillera, estatal o de extrema derecha, no justifica causar la muerte, la tortura, la desaparición o el destierro de otros. Esta no es una lección menor. Su importancia estriba en que quiebra la legitimidad de aquella lógica que justifica la victoria de cualquier conjunto de ideales a costa de la muerte de inocentes. Si la muerte infligida y la violencia se desacreditan se fortalece, para resolver cualquier conflicto social, la autoridad única del pacto dialogado.

3– El proceso de paz ha contribuido a pensar la justicia social y los deberes del Estado en clave territorial. Si durante la historia del país han sido las regiones el topos en el que con mayor fuerza se ha reproducido el modelo colonial de relación social y política, resulta crucial para su transformación que se emprendan reformas profundas en la tenencia de la tierra y las dinámicas de poder político y económico local. La apertura y garantía a la construcción participativa de la paz territorial es una conquista mayor que al país ha dejado el proceso de paz al reforzar el sentido de la soberanía, la autonomía política de los ciudadanos y la inclusión de quienes hasta ahora habían permanecido desoídos o invisibles.

4– El proceso de paz ha permitido recuperar la memoria de la guerra. Gracias a esa memoria hoy sabemos mejor el modo en que la guerra humilla y degrada a las personas que victimiza y a las que ejercen la victimización. Los testimonios de las víctimas han revelado las mil caras del sufrimiento humano pero, sobre todo, han expuesto el tenebroso suceso de la deshumanización. Ante la deshumanización se radicaliza sin duda la cuestión de la responsabilidad política. Las víctimas han mostrado que la barbarie no hubiera ocurrido si el Estado hubiera estado presente. Y, más allá, han mostrado que la desfiguración de la humanidad es el modo más terrible de la injusticia. Por ello, la memoria de la guerra, aunque sobre todo por efecto tácito, establece un imperativo moral: que no haya víctimas de nuevo, que no las haya, es lo único que puede conferir, a partir de ahora, legitimidad a cualquier pacto o acción social o política.

Como colombiano veo con ilusión lo que el proceso de paz trae consigo. Sin duda, la implementación del Acuerdo final resultará tremendamente exigente. Tendremos que hacer viva la política de paz territorial, lograr, al menos hasta un umbral razonable, la confesión de la verdad por parte de los guerrilleros que cometieron atrocidades, conseguir la inserción civil y política de los desmovilizados de las FARC, hacer justicia a las víctimas por vía de la confesión y la solicitud pública de perdón, y avanzar a partir suyo en el camino de la reconciliación, sustituir los aparatos de producción y comercialización de drogas por economías campesinas sostenidas en un fuerte mercado interno, forjar la educación necesaria para hacer sostenible la paz y la justicia. El camino que tendremos que recorrer será el mejor modo de destrabar las identidades personales y colectivas de su anclaje tan profundo en estructuras coloniales y de cultivar el espíritu de ciudadanía, deliberación pública, pluralismo e inclusión. Será el sendero para asumir por fin esa asignatura pendiente sobre la que insistía una y otra vez el filósofo colombiano Guillermo Hoyos Vásquez: la Cultura política.

* Profesor Titular y Director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordinador del Grupo de trabajo en Filosofía política de CLACSO.

LA PAZ SUBJETIVA Y PLURAL

Diego Herrera Duque*

“Este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa”

Eduardo Galeano

LA SOCIEDAD COLOMBIANA ASISTE a un acontecimiento fundamental: la convocatoria a votar un Plebiscito que apruebe o desapruebe el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fruto de la negociación política entre el Gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC - EP). El Plebiscito fue el mecanismo aceptado por las partes para la legitimación y refrendación de la ciudadanía, buscando que participe de la decisión política, aceptando o rechazando lo acordado en la mesa de La Habana (Cuba) desde el voto plural. Sin embargo, esta decisión ha estado marcada por un proceso de polarización, que ha mostrado una sociedad escindida ante la promesa de transitar a un escenario de posconflicto y construcción de paz, luego de la culminación de la etapa de negociación formal y el inicio de la fase de implementación.

El telón de fondo de tal polarización podría explicarse por la existencia de diversos factores asociados a nuestra cultura política, de los cuales quisiera destacar algunos. De un lado, la práctica sostenida de una estrategia contrainsurgente y su lógica de construcción del enemigo interno en Colombia agenciada desde sectores del Estado, muchas veces asociada a sectores criminales, y que ha operado durante muchos años para negar, estigmatizar y perseguir las posturas críticas y disidentes en la sociedad frente a proyectos de poder hegemónicos. De otro lado, “vuelve a cobrar vigencia la diferencia que Jorge Eliecer Gaitán planteara a mediados del siglo pasado donde afirmaba que en Colombia habían dos países; uno, el país político que piensa en su poder y sus intereses y, otro, el país nacional que piensa en sus necesidades, aspiraciones y dramas cotidianos”¹, lo que pone de presente una larga historia de exclusión política de amplios sectores de la sociedad frente a los destinos del país. Por último, la degradación de la guerra, ligada al fenómeno del narcotráfico en Colombia, que ha atravesado nuestro cuerpo de valores, creencias y prácticas sobre lógicas del atajo, pérdida del valor de la vida y legitimación de la ilegalidad como forma de movilidad social.

En medio de la confrontación armada y la polarización política, estamos en una sociedad en la que se ha naturalizado la muerte por encima de la vida, se ha habituado a la guerra y le cuesta creer en un país sin violencia, ha hecho del odio y el miedo la base de la relación social con el Otro diferente, ha estigmatizado y perseguido la crítica en vez de reconocerle su valor para robustecer el debate amplio y constructivo, ha mirado para otro lado ante los hechos de muerte y se niega a imaginar otro futuro atado al respeto por la vida, y ha edificado un pensamiento moral que busca el bien en unos y el mal en otros.

Pero la experiencia interna no puede negar o comprender el proceso de negociación política vista a la luz de otros procesos en el mundo. En su último libro Diplomacias de Paz. Negociar con grupos armados, publicado a finales del año 2015, el profesor catalán Vicenc Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos muestra que el conflicto armado en Colombia, por regiones, es el conflicto de más duración en el mundo con 50 años, según la media de los conflictos existentes a principios de 2015. Asimismo, nos plantea que la finalización de los conflictos armados en el mundo, en su mayoría (alrededor del 74,6% en los últimos 30 años) logra su finalización bajo modelos de negociación para alcanzar acuerdos de paz. El aprendizaje fundamental de otras experiencias es que es mejor para una sociedad la negociación política del conflicto armado, para alcanzar acuerdos de paz, que continuar la confrontación armada y la degradación de la guerra. Esta conclusión, vista a la luz de otros procesos, es el llamado fundamental a la sociedad colombiana a que las diferencias y la incompatibilidad de objetivos en la sociedad es mejor resolverlos por la vía política y civilista, y que a partir de allí es posible emprender un profundo cambio.

El momento histórico nos pone frente al sentido de la afirmación de la vida ante la opción de la negación que trae la muerte, que es la expresión a la cual hemos asistido por más de 52 años de conflicto armado interno. Se tiene el reto de una profunda transformación política y cultural, con la posibilidad de cambiar la gramática de la guerra por una gramática de la paz, ante la contingencia de expresar afirmativa o negativamente un futuro deseado como opción personal que se vuelve proyecto colectivo de sociedad.

El Sí o el No tienen un ámbito subjetivo, del fuero íntimo, donde cada ciudadano puede orientar su elección. Estamos ante la posibilidad de que cada uno y cada una de los colombianos busque en sí mismo, y en la valoración de su relación con el Otro distinto el significado de esa promesa, que pasa por elegir un destino colectivo donde prevalezca el valor y el derecho a la vida digna y a la paz.

Dicha perspectiva de elección pone en el centro que la paz prometida requiere una subjetividad plural. Su profundo significado está en construir una relación de cada uno con el Otro, quien por ser distinto no necesariamente debe ser eliminado, agraviado o excluido. Somos iguales y distintos a la vez, hacer consciente y respetar esta condición es fundamental para la convivencia democrática en el presente y el futuro de Colombia. La paz es una construcción subjetiva y social de la gente que la vive y la experimenta cotidianamente. Esa dimensión experiencial, afectiva y emocional no es menor a la hora de convocar una expresión plural social y política que imagine un horizonte de paz y reconciliación, que supere los odios, la polarización y abra la ventana a una mayor democracia.

Si algo ha mostrado la Campaña a favor o en contra de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC - EP, es el carácter plural de quienes se movilizan por el Sí “frente al ‘No’ monolítico que representa el Centro Democrático”² en el país, como bien lo señaló la ministra del Trabajo, Clara López, en una reunión de comités de campaña por el Sí en Antioquia, en la última semana. La pluralidad afirma, la homogeneización niega, y es precisamente la discusión pública sobre el tema de la paz la que nos rescata como seres políticos y conversacionales, que van transitando del singular al plural sobre la esperanza de cambio.

El tema de la paz ha politizado la discusión pública en Colombia, pero también ha movilizado diversas subjetividades. No es un tema de partidos, de un gobierno, o de la insurgencia. Es un tema de la sociedad, de la ciudadanía, y precisamente a ella es a quien se llama a votar. La decisión final tendrá el desafío de garantizar las condiciones y reglas de juego para materializar la promesa de atreverse a soñar y construir un país que camina en la vía de la paz y la reconciliación, respetando la divergencia y la crítica.

Este desafío no es menor a la hora de superar la escisión histórica entre el país nacional y el país político, asumir la diferencia y la alteridad en la construcción de un Nosotros y transformar nuestras prácticas y valores de odio, miedo e indiferencia al tránsito de una sociedad más solidaria y comprometida con el Otro. Ello sería suficiente razón, buscando cristalizar la promesa, para atreverse a elegir un voto afirmativo en el Plebiscito, que nos permita andar otros caminos que aún no conocemos.

* Presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Trabajador Social y Magister en Educación y Desarrollo Humano. Las reflexiones y puntos de vista expuestos recogen una serie de reflexiones y artículos elaborados por el autor para la discusión pública.

1 “Desafíos hacia la apertura democrática para la paz en los territorios”. Boletín por la Democracia y la Paz. Observatorio Derechos Humanos y Paz, IPC, en <http://www.ipc. org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/06/09/por-la-democracia-y-la-paz-boletin-observatorio-derechos-humanos-y-paz/> acceso 13 de septiembre de 2016.

2 <http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/14/comites-por-el-si-acordaron-articular-sus-esfuerzos/> acceso 14 de septiembre de 2016.

PAZ QUE HUMANIZA,
FUSILES QUE DESTRUYEN*

Manuel Humberto Restrepo Domínguez**

PERIÓDICOS TRADICIONALES, canales de televisión y radio como RCN, NTN, CARACOL, y sus redes sociales asociadas, han venido prestando un flaco favor a la pretensión de un país por empezar a vivir el derecho negado a la paz, abandonando la guerra y los aplausos a la muerte. El país tiene que empezar a olvidarse de los héroes y a reconocer a los humanos como humanos a secas, que merecen vivir en condiciones de dignidad, alejados del temor, de la persecución, del odio, de las humillaciones y las carencias. Los titulares de esta prensa, basados en encuestas de mínimo rigor, con preguntas tendenciosas e ideologizadas y respuestas incoherentes, anuncian mensajes confusos, oscuros y tramposos, como que la gente quiere la paz pero no a los que se desarman; que a la gente no le molestan los habitantes de calle, pero no los acepta en sus calles; que no le afectan los desplazados pero no frente a sus negocios; y que si hay muertos no sean de su familia; y que haya guerra pero lejos de sus casas. ¿Quién es la gente, esa gente que quiere esas cosas y qué atributos los hacen mejores humanos?, y ¿cuál es la gente a la que no quieren y cuáles sus atributos para que sean negados?

Esta presentación sistemática de imágenes y comentarios indolentes no es casual, como tampoco lo es que junten anuncios de paz y derechos y crucen debates morales con asuntos laicos, como decir por ejemplo que la gente acepta que cada persona sea como quiera, pero menos homosexual o comunista; que acepta que otros opinen pero menos en contra del poderoso. Lo evidente es que en esta coyuntura política y social del país, hay una estrategia claramente definida ideológicamente por los primeros perdedores de esta guerra: la extrema derecha, sus estrategas políticos y agenciadores: terratenientes, ganaderos, paramilitares autónomos o dependientes y sus asociados dueños de poderes territoriales que empiezan a ser puestos en cuestión y reveladas sus grises actuaciones. Para ellos el fin último de toda predica, lamento, escándalo y eco repetitivo contra la paz es para continuar la guerra bajo el lema de que “el fin justifica los medios” y del “todo vale”. El propósito de medios de comunicación y guerreristas, los dos asociados a la lógica de acumulación del capital por despojo, es desvirtuar la certeza de la paz como derecho real, porque que ya se ha producido la terminación de la guerra entre el Estado y la má significativa y determinante insurgencia en la historia colombiana.

Los mensajes equívocos de paz, o más bien mensajes malintencionados para desvirtuar la paz, son reforzados por mentiras que son repetidas en coro y uno a uno por los encargados de crear la percepción de que hay una hecatombe, al mejor estilo nazi con la lógica de repetir una mentira hasta volverla verdad, manipular las percepciones, infundir temor y rabia, sumar debilidades y empujarlas a la muerte, aprovecharse del otro sometido para despertar sus pulsiones de muerte, sembrar dudas donde hay claridad, oscurecer donde hay luz y dimensionar los odios y la venganza, para que cada quien quiera ejercer por su mano una venganza y desterrar el ánimo de reconciliación y justicia.

Los medios pasan imágenes rebuscadas de emboscadas, filas de muertos cubiertos con plásticos, hombres sangrantes, casas destruidas, niños con ojos de terror. Son imágenes de guerra con las que llaman justamente a seguir la guerra, no a evitarla. Que paradoja e insensatez. No convocan a abandonar la guerra que mata, sino a seguir matando. Las imágenes son acompañadas por las voces desencajadas de los convocantes a seguir la guerra, gritan, manotean, intimidan, anuncian muerte para lograr otra victoria. Esta comunicación ideologizada en nada contribuye a perdonar, cesar odios, desarmar mentes, abolir lenguajes de ofensa. No llaman a tolerar y entender que a pesar de lo que sea, de las contradicciones o enfrentamientos que a veces parecen irreconciliables siempre será mejor lograr acuerdos en paz que estar dispuestos a morir por la guerra. Solo los guerreros de oficio, los mercenarios y los enfermos de otras guerras pueden tener cinismo para justificar que podemos ser mejores humanos en la guerra que en la paz. La paz humaniza, la guerra deshumaniza, la paz nos hace mejores seres humanos, más solidarios, más hermanos, adversarios, opositores, demócratas, mientras que la guerra impide, mata, lesiona, destruye, enriquece a pocos y envilece a muchos.

LA PAZ YA ESTÁ CONQUISTADA, SE FUERON LOS FUSILES

Los resultados del proceso de negociación política del conflicto armado están dados, la guerra ha terminado. Las FARC-EP han dejado de existir. Las estructuras militares, la organización de bloques, comandos, secretariado y cuadernos de campaña son historia y tendrán su buen morir cuando todas las armas hablen como una sola voz de fuego disparándole al cielo como señal de cierre de su última conferencia político-militar. A partir de ahí quedarán declarados hermanos de lucha política, ya no camaradas combatientes. La firma del acuerdo final proclamó el desarme total del ejército insurgente y anunció su entrada a la vida política donde tendrá que reinventar su proyecto sin armas y movilizar su discurso de poder de otra manera, con otros modos de acción que impidan un salto al vacío.

El problema no es de Paz o Guerra, de Sí o No. De alentar la polarización de la que se benefician las clientelas, corruptelas y empresas electorales, el problema está en entender que si el acuerdo de paz ya está concluido no hay que dar tiempo a debates sin sentido por un NO enfermizo y guerrerista. El No carece de argumentos, de premisas y conclusiones, no hay una sola posibilidad real para convencer ética, política o académicamente a otro de que la guerra es la salida y que la muerte es mejor que la vida. El NO tiene un actor social y político, pero no un interlocutor válido para un pueblo que ha soportado medio siglo de barbarie. El NO carece de legitimidad, de respeto, sus voceros oficiales proceden del tanque de pensamiento de la derecha extrema del régimen Uribe, cuyo gobierno ha resultado ser el más corrupto, oscuro y proclive a defender la muerte de la que se lucraron pocos.

A pesar de las empresas de comunicación, de las redes de odios y falsificaciones y de los sectores políticos que a última hora acomodan sus discursos o de gremios o grupos que juegan al chantaje, es evidente que en medio de la realidad, la sórdida realidad de conflictos y miserias, de carencias y opulencias, no será fácil convencer con engaño a las mayorías de que la guerra es mejor que la paz. No hay una sola razón humana que justifique que la guerra es mejor que la paz. La paz es un derecho humano que ya está conquistado, lo crearon los pueblos con sus luchas, pero además constitucionalmente está consagrado como un deber de obligatorio cumplimiento y aunque Colombia llegue tarde a cumplir la obligación, aun es tiempo para reconstruir la idea de ser humanos, respetuosos de los otros, de sus derechos, libertades, autonomías y deseos, gentes que comparten un territorio, unas lenguas, unas costumbres y un espíritu de grandeza, solidarios y honestos, incorruptibles e insobornables, esa es la Colombia de la paz, del SÍ, no la de los medios y las elites.

Por eso no será fácil que los millones de hombres y mujeres que votaron la reelección del presidente Santos poniéndole el mandato de firmar la paz ahora cambien de opinión o piensen lo contrario y tampoco será fácil convencer a alguien (convencerlo, no comprarlo) que es mejor la guerra que la paz. La paz es aspiración, anhelo, proyecto colectivo de un país que no sale en los medios. Son los dos millones de indígenas que han enterrado a los suyos durante quinientos años de abandono, despojo, persecución y encierro; los dos millones de afros humillados y aislados por el racismo y la indolencia; los ocho millones de campesinos que han entregado sus hijos a una guerra ajena de la que otros se lucraron, recibieron medallas, ascensos y gratificaciones o fueron descuartizados y tirados a los ríos por el supuesto delito de un marxismo o comunismo que jamás leyeron, ni pudieron conocer; de miles de mujeres negadas y ultrajadas como botín de sedientos vengadores. Las sumas agregan a ocho millones de víctimas registradas ante el mismo Estado responsable junto a los victimarios; cinco millones de asilados, exiliados, expulsados por el hambre y la tragedia o refugiados dispersos por el mundo como parias; cuatro millones de desempleados, jóvenes en su mayoría que no están dispuestos a cargar un fusil ni a matar otra vez a sus hermanos; dos millones de jóvenes sin acceso a las universidades y cientos de miles más sin señales de que sean reconocidos como humanos.

Esas son las cuentas de la paz, millones de personas, humildes, excluidas, negadas, silenciadas, olvidadas, desechadas, y muchos más con otras comodidades, con energía eléctrica permanente, agua potable del grifo, alimentos y ropa del shopping, un salario, un cupo universitario, un puesto de rebusque, redes sociales sin obstáculo, vías con asfalto, vehículos personales, tiquetes para pasear. Son partes de Colombias distintas que la guerra ha separado y que la paz podrá poner en evidencia y propiciar sus encuentros. Esas y otras partes de Colombia, como aquella que ve morir de hambre a sus niños o entierra a sus muertos por pedazos, coinciden en que la paz es mejor que la guerra, a pesar de lo incompleta que pueda venir. No importa incluso soportar a las viejas estructuras del poder político acicalándose, reciclándose, anunciando paraísos que tampoco vendrán, expuestos sin recato ni pudor ante las luces y las cámaras ávidas de encontrar un lunar, una falla, una sombra, cualquier cosa, una pequeñez que oscurezca el ánimo de paz y de esperanza para convertirla en No.

El movimiento social sabe que no puede caer en la trampa de una lógica binaria del sí y el no propuesto por las elites, ni hacer el juego de clientelización propuesto por oportunistas e insensatos que tratan de vender o chantajear su decisión. ¿Y si el ELN no viene? Correrá el riesgo junto al gobierno de perder una partida por una paz completa, le quedará el encargo de vigilar que los acuerdos firmados se cumplan y el gobierno quedará con la obligación de cumplir lo acordado para poder derrotarlo y derrotar también y definitivamente la idea misma de pensar que la guerra es una salida.

La paz no es un concepto que se acomoda con un decreto, o la firma del acuerdo, ni se resuelve con votar el sí. La paz no es la victoria militar de nadie, es simplemente la recuperación del reconocimiento del derecho humano ya conquistado y que le pertenece en este país a cincuenta millones de colombianos y colombianas, que merecen un respiro, un largo respiro, para vivir con tranquilidad, ser respetados como humanos y poder construir la vida digna que merecen y tienen otros humanos del planeta. La sociedad en colectivo y uno a uno de sus hombres y mujeres, diversos y plurales, iguales y diferenciados, no está tan enferma para seguir a ciegas el grito fanático del No, ni para aplaudir los desvaríos de los hiperactivos de la guerra a los que la paz les hace daño, por que la tranquilidad y la quietud que ofrece la paz los destruye como guerreros que beben de la sangre ajena.

P. D.: Recordando a Kid Pámbele, humilde y gran deportista del Palenque olvidado, siempre para los humanos será mejor vivir en paz que permanecer bajo la persecución y el asedio de la guerra.

* Este trabajo fue publicado en el Portal Rebelión, el 29 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216012&titular=paz-que-humaniza-fusiles que-destruyen->.

** Escritor y Periodista,Doctor en derechos humanos y en Filosofía, profesor titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y profesor titular en la Facultad de Derecho en la misma universidad.

CIVILIDAD E INCIVILIDAD:
REFLEXIONES SOBRE VIOLENCIA Y POLÍTICA

Susana Villavicencio*

LOS ACUERDOS DE PAZ recientemente suscriptos en La Habana entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo abren un horizonte de esperanza sobre la posibilidad de poner fin a 50 años de violencia con su secuela de víctimas, muertos, desplazados, comunidades enteras vulneradas, vidas desechadas, para las que, como expresara Judith Buttler, “no hay duelo”. Dejar atrás la violencia y abrir una nueva etapa de convivencia en el respeto de los derechos de todos es lo que distingue los compromisos que han tomado las partes. Resuenan en el acuerdo los términos de reconciliación (tal vez el perdón), dimensión incalculable de la justicia como reconocimiento del otro que la ética brinda a la política, como herramienta poderosa de un “no a la guerra”.

¿Cómo contribuir desde la filosofía política a fortalecer la democracia y con ello la cultura de la paz? El trabajo crítico sobre las condiciones de vida y de la política en las sociedades latinoamericanas ha orientado desde el inicio las reflexiones de nuestro Grupo de Trabajo de Filosofía Política de CLACSO, superando las visiones empíricas de la ciencia política y analizando las tensiones que recorren las sociedades marcadas por profundas diferencias, por la fragmentación agravada en un sistema-mundo donde la injusticia hace sistema, en la búsqueda de ampliar las fronteras de la democracia. Guillermo Hoyos Vázquez, nuestro querido maestro, fue ejemplo en esa insistente tarea de vincular el pensamiento a un compromiso con la cultura política democrática, compromiso que lo llevó a participar activamente en la búsqueda de consensos de paz que hoy parecen más firmes en el horizonte político.

Es desde ese lugar que haré mi aporte refiriéndome a la ciudadanía y a su articulación con la civilidad.¹ La ciudadanía ha sido definida modernamente como un status que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades, ocupando un lugar central en la política democrática. Pero son precisamente las situaciones de exclusión, las desigualdades crecientes y una violencia mutante y de escala transnacional las que restan fuerza a la preocupación política por un mundo común. Confrontada a los beneficios de la explotación económica del planeta las definiciones vigentes de ciudadanía ponen de manifiesto sus debilidades y la subsistencia de un vacío conceptual. Vincular la idea de ciudadanía con la apertura de esferas de reconocimiento contenidas en la noción civilidad, nos lleva a interrogar las paradojas de la democracia liberal, aún en el nivel de los derechos y del Estado de derecho, a cuestionar la distancia existente entre el derecho ideal y su realización, abismo que nos da también la medida de la tarea de una política democrática.

Mencionaremos primeramente lo que no es la civilidad. No se trata en efecto de reivindicar las virtudes cívicas, que la tradición republicana pone a la base de la construcción y de la práctica de la ciudadanía, pero que remiten a una determinada idea trascendental de la moral y la política. Tampoco se trata de un retorno acrítico a la idea de civilización, ya que este término no puede eludir su componente asimétrico que divide a la humanidad en bárbaros y civilizados, responsable de todo tipo de violencia y exclusiones en la historia colonial. Las palabras se justifican por su uso, y por la constelación conceptual que las relaciona. Civilidad tiene la misma raíz latina de civis, que significa ciudadano, miembro del Estado, compatriota; y de civitas: ciudad, reunión de ciudadanos, cuerpo político (Cf. Diccionario de uso del español, María Moliner, 1994). Por civilidad entendemos una política que, en el doble sentido de amabilidad y de acuerdo que encierra el término, supone acciones y palabras que forman un freno a la violencia y a las diversas formas de incivilidad que se expanden al interior y al exterior de los Estados. La idea de civilidad contiene en sí la voluntad de extensión de las condiciones apertura, permanencia y recreación de un espacio público, por lo tanto, una expectativa de reconocimiento mutuo de los actores y de regulación de sus conflictos. Como antecedente, un poco anecdótico, Theodor Adorno se refiere a la civilidad en un análisis dedicado al tacto. Allí dice que la civilidad tiene un momento histórico único, aquel en el que la burguesía se libera de las trabas del Ancien régime y en la cual las convenciones que pesaban sobre el individuo estarían debilitadas, pero aún no habían desaparecido. Se trata de un momento de pasaje y de emergencia de un nuevo escenario de contactos sociales de jerarquías que sucumben y de convenciones cuya coherencia es puesta a prueba por las nuevas relaciones sociales. La civilidad se expresaba así en la sociabilidad cotidiana, en la capacidad de relacionarse con el otro precisamente con “tacto” —modelando su conducta, reteniéndose, auto-limitándose—, conducta que daba cuenta de una individualidad que, sin dejar de ser autónoma, reconocía los límites hasta donde se puede llegar en el vínculo con los otros. Esta dialéctica original de la civilidad se va desgastando a medida que sus modalidades específicas pierden las referencias concretas y se vuelven abstractas, remotas, para dar paso al individualismo más absoluto (Adorno, 1980: 32).

A partir de estas reflexiones de Adorno, el filósofo brasileño Gabriel Cohn (2003) vinculaba la civilidad a la política entendida como proceso continuo y marcado siempre por el conflicto de construcción de un espacio público, en el que la civilidad es un recurso frente a un individualismo exacerbado y dominante. El uso de este concepto en el contexto de fragmentación social tiene la función crítica de mostrar la pérdida del reconocimiento del otro en las relaciones sociales, y de denunciar la indiferencia como una nueva barbarie contemporánea.

Retengamos entonces estos sentidos del término que lo oponen a la violencia sobre el otro en todas sus formas, a la vez que vinculan la civilidad positivamente a la práctica ciudadana. Etiènne Balibar remite a tres conceptos para pensar de modo crítico la política democrática. Primeramente la emancipación o la conquista colectiva de los derechos fundamentales; en segundo lugar, la transformación social de las estructuras de dominación y de las relaciones de poder; finalmente la civilidad o “la producción de las condiciones de posibilidad de la acción política por la reducción de formas de violencia extrema que impiden el reconocimiento, la comunicación y la regulación de los conflictos entre los actores” (Balibar, 2001: 184). Sus argumentos muestran la articulación necesaria entre ciudadanía y civilidad, dado que bajo el dominio de la violencia resulta impensable el ejercicio de la ciudadanía, sin un desarrollo de formas de civilidad en las relaciones sociales y, a la inversa, no es posible extender la civilidad sin cierta institucionalización de la acción ciudadana. Aborda de este modo una definición de la política cuyo objeto es la violencia sistémica. Esta forma de la violencia contemporánea que cruza transversalmente los Estados irrumpiendo a través de la corrupción, el tráfico de armas y de vidas humanas, las migraciones forzadas, en la no-intervención humanitaria en catástrofes naturales, así como generando situaciones de exclusión al interior de los Estados: deslocalización de la producción, desocupación, pérdida de derechos civiles y sociales o falta de garantías para su ejercicio. Estas situaciones llevan lo humano a su límite bloqueando las condiciones de subjetivación. Con sentido premonitorio señalaba Hannah Arendt, refiriéndose a las figuras de los “sin derechos”, que el peligro estribaba en que “una civilización global e interrelacionada universalmente pueda producir bárbaros en su propio medio, obligando a millones de personas a llegar a condiciones que, a pesar de todas las apariencias, son las condiciones de los salvajes” (Arendt, 1994: 328). Tanto desde la ética como desde la lógica, estas formas de la violencia exigen una política de reconocimiento que se implique en las realidades de estos seres “sin derechos” subsistiendo al límite de su condición (Balibar, 1997: 30). Es entonces en el seno de las paradojas de la política democrática que cobra un nuevo sentido el uso de la civilidad, ya que es en esta conjunción que se pone en juego la posibilidad o imposibilidad de la política.

Finalmente, quisiera hacer una distinción entre la noción de civilidad y el civismo, que supone la expansión de la esfera de los derechos de la que se hacen eco varias filosofías contemporáneas. Una visión liberal de la política que coloca la autonomía como principio de la acción democrática. Con larga tradición en el liberalismo moderno, esta posición ha asumido formulaciones recientes sosteniendo, por ejemplo, que los derechos —en tanto condiciones de ejercicio de la libertad— requieren asimismo límites o marcos legales representados por las instituciones del Estado al ejercicio arbitrario del poder popular.² En este modelo la civilidad coincidiría con un principio de sociabilidad, base de la situación de un diálogo racional que permite alcanzar un consenso sobre la idea de autonomía y las condiciones de su realización. Hay una diferencia importante en estas interpretaciones contemporáneas de los derechos humanos, que consideran la transformación de la sociedad como el avance de la esfera normativa, puesto que difunde un discurso del derecho que convive con el incremento de las zonas fuera del derecho (paraísos fiscales, por ejemplo), con las figuras de los “sin derechos” (excluidos, ciudadanos pobres, marginales), cuando éstas deberían ser su misma negación. Cabría preguntarse si la política se reduce a la búsqueda de procedimientos de armonización social, o si esta perspectiva no comporta una visión inadecuada de las formas de vida colectiva.

Las manifestaciones de violencia privadas (la pérdida de confianza, falta de referentes colectivos, la tribalización de la sociedad) son muestras de la incivilidad correlativa a la fragmentación social producto de las tendencias económicas mundiales. No deberíamos confundirlas con las luchas sociales y políticas que son expresión de resistencia y, por lo tanto, de una experiencia colectiva y de una exigencia compartida de inclusión. En tanto la política designa el ordenamiento de lo social, está confrontada a su división originaria. Como lo ha señalado reiteradamente Jacques Rancière, lejos de ser una unidad completa y armónica, lo social está atravesado por las luchas incesantes por la inclusión de los “sin parte”. En esta perspectiva, la política es una tarea infinita, siempre a recomenzar.

En este sentido la experiencia latinoamericana es distintiva en formas de lucha frente a la exclusión emprendida por comunidades indígenas, por mujeres, por desempleados, por comunidades que han visto cerrarse sus mundos de vida a causa de las crisis económicas, o por la violencia. Muy significativamente las luchas de los organismos de derechos humanos en la Argentina, han sido paradigmáticas en ese efecto de iniciar una dinámica de los derechos y de apertura del espacio de la política democrática. Una consecuencia de estas afirmaciones para nuestro tema, es que no podemos considerar la civilidad como una intervención “desde arriba” (se trataría más bien de civilización), ni puede ser producto de una actividad pedagógica, es la acción misma del pueblo en la lucha por sus derechos que da lugar a una invención de formas de convivencia y de igualdad.

Como sostiene Balibar, reinscribir la civilidad en este contexto nos hace pensar, no tanto en la imagen de una sociedad reconciliada o en comportamientos individuales de un sujeto sobre sí mismo, imágenes que se corresponden con la naciente sociedad civil burguesa, sino en acciones colectivas, “en invenciones colectivas a través de las cuales el pueblo se ‘hace’ a sí mismo, proceso de subjetivación en el cual los individuos que lo constituyen se confieren mutuamente los derechos fundamentales” (Balibar, 1997: 22).

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor 1980 Minima Moralia (Payot: Paris).

Arendt, Hannah 1994 Les origins of the totalitarism (Planeta-Agostini: Buenos Aires).

Balibar, Etiènne 2001 “Violence et mondialisation: une politique de la civilité, est-elle possible?” en Nous, citoyens d´Europe? Les frontières, l’État, le peuple (La Découverte: Paris).

Balibar, Etiènne 1997 La crainte des masses (Galilée: Paris).

Balibar, Etiènne 1992 “Droits de l’Homme et droits du citoyen. La dialectique moderne de l’égalité et de la liberté” en Les frontières de la démocratie (La Découverte: Paris).

Cohn, Gabriel 2003 “Civilización, ciudadanía y civismo: la teoría política ante los nuevos desafíos”, en Borón A. (comp.) La filosofía política contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía (CLACSO: Buenos Aires).

Held, David 1997 “Ciudadanía y autonomía”, en Revista Ágora, Nº 7, Buenos Aires.

Villavicencio, Susana 2007 “Ciudadanía y civilidad: acerca del derecho a tener derechos”, en Colombia Internacional 66, jul.-dic. 2007, Bogotá.

* Doctora en Filosofía de la Universidad Paris 8. Codirectora con Eduardo Rueda Barreda del Grupo de Trabajo de Filosofía Política de CLACSO.

1 He tratado anteriormente esta relación en Villavicencio (2007).

2 Por ejemplo en Held (1997).

EL TRÁNSITO HACIA

EL ACUERDO FINAL

COLOMBIA: 25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
EN SU TRÁNSITO A LA PAZ*

María Luisa Rodríguez Peñaranda**

EL PRÓXIMO 4 DE JULIO, Colombia conmemorará el primer cuarto de siglo de la expedición de la Constitución de 1991 en uno de los momentos más importantes de la historia nacional, como es una eventual solución negociada del conflicto armado con las FARC.

Este doble acontecimiento supondrá nada menos que la verdadera finalización del largo siglo XX colombiano, en el sentido de dar por cerrada una era marcada por la lógica de confrontación armada por orientaciones partidistas en la disputa por el poder, inicialmente entre liberales y conservadores y más tarde entre extremas izquierdas y derechas, para pasar a una disputa racional, limitada y con resultado incierto, como la que se gesta bajo las reglas de la democracia.

Sin duda han sido muchas las conquistas de la Constitución que conmemoramos: el Estado social de derecho con su énfasis en la dignidad humana, los controles y límites a los estados de excepción que nos permitió superar la perversa normalización del estado de sitio que llegó a mantenerse por 30 años consecutivos, la pérdida de investidura para congresistas, el reconocimiento de la diversidad cultural, la consulta previa sumada al acceso de las minorías étnicas y afros mediante la circunscripciones especiales al Congreso, la Corte Constitucional como el principal órgano encargado de la guarda de la Constitución y la tutela como herramienta de defensa de los derechos fundamentales en sentido amplio, son ahora parte de nuestras más valoradas instituciones, cuyo poder de transformación de la sociedad colombiana en sus relaciones con el Estado y entre los mismos particulares ha sido enorme.

A la par, en el nuevo contexto, una vez salvaguardados los acuerdos, surgen al menos tres aspectos que quisiera destacar como los tres grandes desafíos constitucionales.

El primero será lograr que ese nuevo pacto para la paz brinde las garantías que permitan la libre competencia por el acceso al poder dentro de las reglas de la democracia, en igualdad para todos los partidos y movimientos que integran el amplio espectro ideológico existente y que ello se logre sin el recurso de la violencia. En este sentido es urgente aprobar el estatuto de la oposición, consagrado en la Constitución de 1991 pero aún sin desarrollo legal, y que es considerada como la principal herramienta a disposición de los partidos por fuera del gobierno para ejercer la crítica, gozar de presencia mediática y constituirse en alternativa real de poder en el marco de una democracia que proporcione igual seguridad a todos los actores políticos.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que la vocación de la Constitución ha sido la de promover los derechos y el litigio incluyente. De los derechos porque ha sido ésta la primera en la historia del país que pretendió empoderar a las personas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, raciales, étnicas, etarias, de género, entre muchas más, para darles voz y situarlos en la posición de reclamar la exigibilidad de sus derechos fundamentales plasmados en la norma suprema.

Respecto al litigio incluyente, porque para lograr la eficacia de tales derechos y ante la ausencia de un Estado de bienestar que administrativamente los aplique, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela, acciones populares, recursos de petición, de grupo, entre muchas más que conforman un entramado de, al menos, una decena de instrumentos por los cuales las personas y ciudadanos pueden reclamar ante los jueces que esa promesa de salud, educación, vida digna, seguridad social y ambiente sano, se cumpla.

Sin duda hay un largo trecho entre la Constitución que entregó la Asamblea Nacional Constituyente y la que tras casi una cuarentena de reformas se tiene en la actualidad, pero más que la modificación explícita de su contenido ha sido la grandísima labor impulsada por la Corte Constitucional y luego por la rama judicial, el espacio en donde la Carta Magna creció y mostró su maleabilidad para dar respuesta a los reclamos ciudadanos en aras de mejorar sus condiciones de vida, en hacerla más vivible o lo que es lo mismo: digna.

Empero, el hecho de que los ciudadanos deban impulsar un proceso judicial para obtener lo que ya les pertenece pero que el modelo económico les niega, derechos reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia constitucional, hace que el efecto redistributivo de las decisiones sea moderado, no llegue a los que más lo necesitan, ni con la prontitud necesaria, pero además si una de las intenciones del establecimiento de un Estado Social de Derecho, como lo pretendió el constituyente de 1991, era dignificar a los ciudadanos, que estos pasen a ser petentes, quejosos, actores, demandantes, no contribuye a la consecución de dicho objetivo. Por el contrario arrodilla a los ciudadanos ante toda la cadena judicial, a los despachos, a la burocracia, a la leguleyada. La tercera gran promesa de la Constitución fue dejar atrás el Estado monocultural con sus ideales homogeneizadores en torno a la raza, lengua y creencias —población blanca o mestiza, castellana y católica— que había propiciado la discriminación y exterminio contra los que pretendieron conservar sus culturas ancestrales.

El pacto de 1991 pretendió saldar una deuda histórica dando un paso sin precedentes en el constitucionalismo regional y global al plasmar un reconocimiento explícito de la riqueza de la nación desde la diversidad cultural que habita el territorio, lo que llevó a identificar 87 pueblos indígenas y 67 lenguas ancestrales, determinar la propiedad colectiva de sus tierras, comprender que el derecho propio de cada uno de estos pueblos es parte del derecho nacional y por tanto debía también ser aplicado y respetado para la supervivencia cultural de los mismos. De igual modo se comprendió que en los principales cuerpos de representación política como lo es el Congreso Nacional, también debía contarse con la participación y deliberación de los indígenas y afros mediante una circunscripción especial. Pese a los grandes progresos jurídicos, la realidad política del conflicto armado y que sus actores usaran los territorios indígenas como tablero de juego de sus estrategias militares y de financiación, expulsando a los pueblos de sus territorios y apropiándose de sus recursos mediante la minería legal e ilegal con la consecuente contaminación de las aguas, ha llevado al traste a una buena parte de los grandes logros jurídicos.

A esto se suma que hasta la fecha no se haya tramitado la ley estatutaria de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena. Paradójicamente, en el marco de la Constitución que inspiró el Estado multicultural y multinacional en la región, el riesgo de exterminio de los pueblos wayuu y nukak maku es mayor hoy día que un cuarto de siglo atrás.

¿PAZ SIN EQUIDAD? ASUNTOS PENDIENTES

Tras 25 años de intentar hacer efectivo el Estado Social mediante el litigio, lo que queda claro es que mientras el mercado, el Estado y la sociedad no establezcan un nuevo pacto económico armónico con la pretensión de igualdad real que exhala dicho presupuesto, los derechos sociales seguirán siendo posibles solo para unos: los que hayan podido insertarse en el mercado laboral (que expulsa o no logra absorber al 60% de la población), tengan los medios económicos y el tiempo para litigar. El mercado debe entender que la paz no se construye sin equidad y que la lealtad al nuevo pacto económico supone un compromiso en serio con los derechos, y el Estado debe asumir que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (Desca), como la salud y la educación, no pueden quedar en manos del mercado y que por el contrario deben ser asumidos por lo público y marginalmente por el mercado, quien podrá satisfacer gustos específicos y más refinados de los usuarios.

Por último, el fin del conflicto armado debe significar el inmediato retorno de los pueblos indígenas y afros a sus tierras y el control real de sus recursos. Pero quizá el mayor desafío de todas y todos será dejar atrás la cultura del pensamiento único: unanimista y homogeneizador del siglo XX, que cree que sólo existe una única manera de vivir y por tanto las demás formas de vida deben ser perseguidas y anuladas. Lo que debe construirse es una nueva cultura política que suponga la aceptación real de la otra mitad del país, la rural, campesina, humilde; que le abra la puerta a los proyectos vitales diferenciados, la que entienda que la paz no es una opción sino el único destino posible para la realización de los derechos y una mayor equidad, la Colombia ignorada y desconocida que estamos aún por descubrir desde 1991.

* Este artículo fue publicado en Sin Permiso. Revista electrónica, el 11 de junio de 2016. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-25-anos-de-la-constitucion-en-su-transito-a-la-paz>.

** Doctora de Derecho Constitucionalde la universidad Pompeu Fabra y profesora de la Universidad Nacional de Colombia.

EL PROCESO DE LAZ DE LA HABANA
EN LA HISTORIA Y EN LA ACTUALIDAD*

Medófilo Medina**

INTRODUCCIÓN

En el presente texto me referiré a dos dimensiones del proceso de paz de La Habana. La primera, su significación en el contexto histórico de largo plazo. La segunda, los problemas y retos planteados por el proceso de paz en el corto plazo, es decir de cara al plebiscito que tendrá lugar el 2 de octubre de 2016.

1. LA FIRMA DE LA PAZ Y LA HISTORIA DE COLOMBIA

La paz es hoy el centro de la agenda nacional. El interés en ella subirá de punto a medida que se acerque el plebiscito. Y está bien que así sea. Pero en el curso de los últimos decenios, Colombia ha estado ante unas ocurrencias verdaderamente históricas sin que al parecer la opinión se hubiera percatado de ellas o los intelectuales las hubieran convertido en objeto de debate.

Desde mediados del decenio de 1980 el café dejó de ser la vértebra del sector externo y el factor central de la economía y la sociedad. Esto había sido cierto durante más de cien años. ¿Qué consecuencias trajo el cierre de ese ciclo prolongado? ¿Fue reemplazado el café por el petróleo, o por el azúcar, las flores, el banano y la palma? Ciertamente que no. ¿Fue reemplazado por las economías subterráneas? Y en este caso, ¿a qué costo ético, cultural y político?

Con el bipartidismo liberal-conservador sucedió algo parecido. Solo que en este campo las cuentas no son de cien años sino de doscientos. A mi juicio los dos partidos dieron sus primeros pasos en la Convención de Ocaña de 1828, se fraguaron en la Guerra de Los Supremos (1839-1841) y se formalizaron en 1849. Protagonizaron las guerras civiles del siglo XIX y la Violencia de 1945 a 1964. El bipartidismo dejó de existir como sistema con independencia de que sigan existiendo un partido liberal y un partido conservador, agrupaciones políticas que viven del reparto de las tajadas burocráticas. Estas, y evocaciones banderizas, les ayudan a mantener unas clientelas decrecientes.

Y aunque no quepa la nostalgia por la desaparición del bipartidismo, resulta inevitable constatar que aún no se ha conformado un sistema moderno y democrático de partidos, y que tras siglas nuevas asoman las orejas del viejo clientelismo y se advierten las manifestaciones de la parapolítica y la prolongación de las patologías electorales que desde mucho antes escoltaban el ejercicio de la política.

En contraste con los fenómenos anteriores, el proceso de paz no corre el riesgo de pasar desapercibido pues, en primer lugar, se trata de un movimiento planificado u originado en decisiones políticas explícitas. Pero existe la posibilidad indeseable de que no se pondere con suficiente profundidad el significado de la firma del acuerdo, o de que las crispaciones del momento impidan asimilar la densidad histórica que implica la cesación convenida de la guerra entre el Gobierno y una parte decisiva de la insurgencia.

Con frecuencia se repite sin pensarlo mucho que lo que ahora se denomina el conflicto interno cumple más de cincuenta años. En verdad cumple bastantes años más, porque ya en 1949 en Sumapaz, Sur del Tolima y Norte del Cauca estaban con las armas en la mano algunos de los protagonistas de las guerrillas actuales: las autodefensas de entonces habían surgido para defender ante todo la vida de los campesinos y no apenas sus tierras.

Si el núcleo del conflicto interno ha sido el enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas militares insurgentes orientadas por un programa político y social, en su transcurso se fue configurando una red de vasos comunicantes con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Dentro de este espacio de entrelazamiento surgieron otras ramas nefastas de la violencia, como el paramilitarismo.

Nacido como fórmula contrainsurgente, el paramilitarismo recibió el apoyo de sectores terratenientes y ganaderos así como el estímulo de brigadas del Ejército Nacional. Cuando pareció decaer, la asociación con los capos del narcotráfico le permitió un nuevo aire y asumir una escala mayor de organización y acción. A esas alturas los paras encontraron la manera de hacer compatibles sus fines contrainsurgentes con su reconfiguración como grupos autónomos dedicados a la acumulación económica.

En el río revuelto de la violencia avanzó la historia muy conocida de monopolización de tierras, ensanchamiento de ganaderías, fomento de la silvicultura y la agricultura industriales y con ellos se precipitaron las consecuencias inevitables, en primer lugar el desplazamiento masivo de la población en diversas regiones. En esa pesca también participaron empresarios que encontraron maneras de evadir el cumplimiento de demandas laborales de los trabajadores o de impedir la creación de sus sindicatos, o de destruirlos en algunos casos.

En el ejercicio desbocado de una guerra sin reglas las guerrillas se fueron distanciando de las exigencias que les planteaba su propia plataforma ideológica y política. Las contravenciones se asumían como inevitables efectos secundarios de una medicina que debía seguirse administrando. A su turno las Fuerzas Armadas cohonestaron el debilitamiento de su misión de representar y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y el sustento de la pacificación normativa sobre la cual se ha afianzado el Estado moderno en diversos países.

El gamonalismo de estirpe decimonónica alimentó las alianzas nefastas que condujeron a la parapolítica y con ellas a nuevas élites regionales que jugaron un papel importante en la escogencia del primer mandatario. Operación que invariablemente se justificaba en nombre de la lucha contra la insurgencia.

Las emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y la expansión de la violencia difusa fueron invadiendo la cultura colombiana. Ellas inundaban el lenguaje político y circulaban como moneda sana en los medios de comunicación —tanto en los noticieros como en ciertas telenovelas y dramatizados.

Aquella frase de escolar impulsivo: “Te rompo la cara, marica” pudo presentarse como una muestra de elocuencia espontánea y no como una amenaza o un insulto. Esas ocurrencias no deben verse como piedrecillas de un anecdotario costumbrista que acabaría cubriéndolas bajo velos de simpatía. Forman parte de un fenómeno orgánico que he propuesto estudiar bajo la categoría de una contrarrevolución cultural. Entiendo el concepto no como restauración regresiva sino como anticipación preventiva. Antes que presentar una definición menciono algunos de los componentes de esta “contrarrevolución”, que examiné con algún detalle en mi libro El rompecabezas de la paz¹:

Pautas de pensamiento y acción que se orientan y buscan legitimarse bajo la conocida divisa de que el fin justifica los medios.

El sintagma del pragmatismo amoral.

La aceptación social del uso de la violencia en las relaciones entre las personas.

El culto al militarismo, bien sea el estatal, el insurgente o el paramilitar.

El recrudecimiento del autoritarismo y de las diversas formas de la intolerancia.

La exasperación de los sentimientos de revancha y castigo en el discurso público.

La expansión en ciertos medios sociales de la estética del kitsch 

traqueto.

En virtud de la hegemonía cultural de un tipo de catolicismo funge como epítome de los anteriores componentes lo que K. W. Deutsch presenta como la compatibilización inextricable entre valores de muerte y valores legítimos.²

En la cultura de cualquier país pueden encontrarse algunos de los elementos anteriores, pero en el caso colombiano lo que inquieta es su presencia simultánea.

La existencia de esa cultura que ha echado raíces en sectores sociales numerosos explicaría la facilidad con la cual se despliega un sistema de afinidades electivas entre eventos que, en principio, son diferentes. Es el caso de las manifestaciones recientes que fueron promovidas a propósito de Cartillas de convivencia propuestas por el Ministerio de Educación para consulta de los maestros. En esas manifestaciones homofóbicas coincidieron los “cruzados” de la “moral” con gente que se muestra dispuesta a votar por el No en el plebiscito por la paz. En el entrecruce de consignas y estigmatizaciones no se debe dejar sin estudio la ordalía a la que fue sometida la ministra Gina Parody y que contó con el infortunado pero sintomático concurso de sectores de la iglesia católica. Tales fenómenos son parte de las grietas que atraviesan al mundo espiritual de los colombianos.

He recordado el contexto y factores importantes del la guerra en Colombia y he esbozado elementos de orden cultural para llamar la atención sobre la necesidad de ver el conflicto interno como un sistema con historia.

También la búsqueda de la paz ha trazado su propia historia como algo que ha hecho camino al andar mediante la acción frecuentemente contradictoria de gobiernos y guerrillas. Hay mucha distancia de por medio entre la Mesa de La Habana y los torpes movimientos iniciales de la paz como fueron la Ley 37 de “amnistía condicional” o la configuración de la primera y efímera comisión de paz, presidida por el expresidente Lleras Restrepo en 1981 bajo la administración de Turbay Ayala.

He presentado consideraciones sobre la cultura o culturas de los colombianos y colombianas sólo para presentar el orden de magnitud histórica en el que hoy se presenta el proceso de paz. Estamos ante un proyecto nacional con un potencial mega-incluyente que va más allá de los seis puntos de la agenda. Esto es cierto aún sin aludir a los pertinentes elementos del proceso que están llamados a incidir en la superación del gran tema, mal resuelto unas veces, aplazado otras, de la articulación nacional del país mediante la incorporación democrática y equitativa de las regiones tan castigadas y a la vez promovidas por el conflicto interno.

Hoy los colombianos y colombianas estamos frente a la paz como una oportunidad de iniciar la construcción de un país distinto del que hemos conformado tanto nosotros como quienes nos antecedieron. Esa posibilidad nace de la centralidad creada por intereses o permitida por inercia, del conflicto interno a lo largo de decenios. ¡El desafío es entonces de época! Es en ese plano de coordenadas en el que sitúo el proceso de paz de La Habana.

2. ENTRE EL SÍ Y EL NO: UNA VISIÓN DE LAS DOS CAMPAÑAS

Más temprano de lo esperado los ciudadanos estamos frente a la convocatoria al plebiscito para refrendar el Acuerdo de La Habana. El tiempo apremia y esto hace que aumente la ansiedad y que se multipliquen las preguntas.

¿Podrá crecer finalmente la economía sin que en algunas de sus ramas se siga usando la violencia como una forma de acumulación “originaria” de capital? ¿Podrán los partidos dominantes mirarse a sí mismos serenamente y sin sentir que les deben votos a las mafias? ¿Podrán las corrientes de izquierda ganar el apoyo de las masas sin creer que tienen ventajas debido a las viejas guerrillas provistas de programas radicales de reforma social? ¿Conquistarán los sindicatos, los movimientos sociales y las minorías étnicas su personería social y política sin que sus dirigentes o activistas sean acusados de ser estafetas de la subversión? ¿Funcionará normalmente el sistema político sin tener que acudir a la muleta de la centralidad de la guerra? Hay razones para esperar que la paz cree las condiciones necesarias para responder estas preguntas.

Los dirigentes de la campaña por el “No” tienen varios elementos a su favor, pues operan con dispositivos de propaganda altamente emotivos que estimulan sentimientos y pulsiones que han sido fomentados por el fenómeno de la “contrarrevolución cultural”, que ha calado entre grandes sectores de la sociedad colombiana en los últimos decenios.

Entre las estrategias de la campaña del “No” se destacan la exasperación del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia del castigo y la divisa según la cual “el fin justifica los medios”, que les permite poner en circulación fórmulas breves y efectivas contra el Acuerdo, cargadas de mentiras, tergiversaciones e invenciones.

Por ejemplo, hace poco se decía en redes sociales que los guerrilleros de las FARC recibirían mensualmente 1.800.000 pesos; lo que el acuerdo señala en la página 67 es: “A partir de la terminación de las zVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos”. Es decir, una vez que el guerrillero acceda a un empleo regular dejará de recibir tal estipendio. En los mensajes las sumas se han seguido incrementando maliciosamente. Habrá que ver los montos que ellas alcancen a las alturas del 1º de octubre de 2016.

El proselitismo a favor del “Sí” es altamente democratizador y civilizatorio y se plantea como una tarea ardua pero al mismo tiempo estimulante. La campaña del “Sí” también incorpora elementos emocionales pero es cognitivamente más exigente, pues tiene como referencia un conjunto de documentos complejos sobre cada uno de los seis puntos acordados.

No se puede esperar que todos los votantes conozcan las 297 páginas del Acuerdo. Afortunadamente, hay personas y medios competentes que han asumido la tarea de hacer síntesis objetivas y sencillas. Un ejemplo es el de la historiadora y periodista Diana Uribe³, quien ha elaborado una serie de videos, ágiles y sintéticos, sobre el proceso de paz y sobre cada uno de los puntos del Acuerdo General.

Por otro lado, los defensores del “No” tienen problemas por el desgaste de sus consignas. Es cierto que en las redes sociales todavía circulan las acusaciones de “castro-chavismo” u otros epítetos similares, pero en el discurso formal estos se han debilitado.

Al final, el partido del “No” se ha decantado por dos motivos para justificar su posición: la supuesta impunidad que propiciaría el Acuerdo (por no ver en la cárcel a quienes reconozcan la verdad y estén dispuestos a resarcir a las víctimas) y la posibilidad de que los responsables de graves delitos puedan ser elegidos para cargos públicos.

En un comienzo, el procurador, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, Francisco Santos y otros de sus copartidarios se presentaron como representantes de las víctimas. Pero cuando el 6 de julio de 2014 en La Habana se aprobó la Declaración de Principios para la discusión del punto 5 de la agenda (“víctimas”) y en los días siguientes comenzaron a llegar a la isla los primeros grupos de víctimas, estos voceros espurios se vieron forzados a cambiar al respecto el enfoque de su campaña.

También las vociferaciones del senador Uribe sobre el supuesto empeño del presidente Santos por arrodillar a las Fuerzas Armadas ante las FARC se convirtieron en pólvora mojada después de que el presidente dijo el 17 de agosto de 2014 que “oficiales activos del más alto nivel serán quienes comiencen a dialogar con las FARC sobre el cese bilateral del fuego”.

Cinco días después la subcomisión militar se hizo presente en La Habana, presidida por el general Javier Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y se inició la participación técnica de las Fuerzas Armadas en las conversaciones. Es cierto que las funciones de esta subcomisión fueron sobre todo técnicas, pero han tenido un enorme impacto político.

Los partidarios del “Sí” pueden sentirse respaldados por la verdad cuando se refieren al proceso de La Habana. Además, pueden mostrar los resultados de la paz que ya se ven en el descenso del número de víctimas de la guerra a lo largo de las conversaciones. Como lo ha dicho el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), el último año ha tenido los niveles más bajos de violencia en los 52 años que lleva el conflicto, e incluso ha reportado un descenso en todos los homicidios del país.

Entre las campañas que han impulsado los partidarios del “No”, varias se han quemado. Esto fue lo que ocurrió con la campaña emprendida por el procurador Alejandro Ordóñez y el presidente de Fedegán contra la restitución de tierras, que invocaba los derechos de compradores de “buena fe” de tierras despojadas por los paramilitares y que de acuerdo a la ley fueron restituidas a sus poseedores originarios. La primera reunión de este grupo tuvo lugar en las sabanas de San Ángel en Magdalena el 5 de abril de 2016, pero la campaña se frenó en seco cuando se denunció que las movilizaciones recibían financiación de los antiguos despojadores. Al mismo tiempo, Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, le propuso a Lafaurie su participación en los recorridos programados en el país.

Otra dificultad para el “Sí” radica en que entre sus votantes potenciales hay muchos que, más allá de la paz, no encuentran motivo alguno para identificarse con las políticas de un gobierno neoliberal que no ha mostrado logros en los campos de la salud, la educación o la lucha contra la desigualdad. Además, no hay que olvidar que ya se anuncia una reforma tributaria regresiva.

Sin embargo, hay razones para pensar que los votantes tienen la madurez política necesaria para hacer distinciones entre ambas cosas. Esto quedó demostrado cuando muchos no santistas votaron por Santos en la segunda vuelta de los pasados comicios presidenciales con tal de asegurar la derrota del candidato del Centro Democrático.

El proceso de paz y ahora el plebiscito también han servido para poner a prueba algunas instituciones. La opción por la neutralidad de la Conferencia Episcopal Colombiana es un buen ejemplo de ello. Esta decisión fue vista por muchos como una reacción de la mayoría de los mitrados a las declaraciones del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, quien dijo que “todo ciudadano honesto dará su voto por el Sí a los acuerdos y no solo a los que hagan con las FARC, también a los que hagan con el ELN”.

Pero la decisión de la Conferencia resulta sorprendente viniendo de una institución que predica permanentemente la necesidad del perdón, la caridad, y que cierra cada eucaristía con el buen deseo a los feligreses de “Podéis ir en paz”.

Quizá la decisión refleje las preocupaciones por no afectar el sistema de afinidades electivas que históricamente ha suscrito la mayoría de la Iglesia Jerárquica colombiana y que la ha llevado en diversas ocasiones a coincidir con las corrientes políticas más regresivas. Seguramente en la actualidad no pocos prelados observan con aprensión las búsquedas electorales del senador Uribe en otras iglesias. Recuérdese, por ejemplo, que el jefe del Centro Democrático lanzó su “batalla por el No” el pasado 3 de agosto en la sede principal de la Misión Carismática Internacional (G 12).⁴

Por otro lado, a nadie se le oculta que la posición neutral de la Conferencia Episcopal contrasta con el reiterado compromiso del Papa con el proceso de paz en Colombia. Es inevitable evocar aquella estrofa de una canción protesta: “Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma…”

Pero, después de ver las posiciones del “Sí” y del “No” al Acuerdo de paz, ¿a la luz de qué sentido de la realidad podría resultar razonable la invitación del Centro Democrático a desconocer lo pactado y a reabrir las negociaciones? ¿Puede un país renunciar a cinco años de esfuerzos laboriosos de construcción de un acuerdo solo para satisfacer a aquellos sectores que temen perder sus beneficios económicos, políticos o corporativos tras el fin de la guerra? ¿Se puede dar un portazo al consenso mundial sobre la paz en Colombia sin que el país se convierta en un paria internacional?

* Las reflexiones y observaciones que en este artículo se presentan fueron, en parte, publicadas en dos columnas de la Revista Virtual Razón Pública.

** Posdoctor y Doctor Universidad M. V. Lomonozov en Historia Moderna y Contemporánea. Es Historiador y Profesor en la universidad Nacional de Colombia

1 Medófilo Medina, El rompecabezas de la Paz (Bogotá: La Carreta Editores), 2014.>

2 K. W. Deutsch, Los nervios del Gobierno: modelos de comunicación y control político (México: Paidós), 1985, p. 24.

3<http://dejemos de matarnos.com/>.

4 Periódico El Tiempo.

COLOMBIA: NOTA SOBRE LOS BORRADORES
DE LA HABANA HASTA AHORA*

Javier Darío Restrepo**

SIN DUDA LAS FARC tendrán otros escenarios para incrementar la agenda programática y la representación social, política y territorial. Una Asamblea Nacional Constituyente es y será su gran bandera para ampliar las alianzas, fundirse con otros sectores y aprovechar otros procesos y movilizaciones en curso.

Las FARC llegan a La Habana bajo la presión de cuatro derrotas simultáneas. Primera, la militar. De los grandes triunfos de los años noventa no queda nada. Del ejército revolucionario que realizó las tomas de bases militares —cercadas, bombardeadas y vencidas—, se ha pasado a las cuadrillas que emboscan policías, dinamitan torres y puentes y trashuman temiendo los bombardeos y la persecución simultánea por tierra, agua y aire.

Segunda, la organizacional. Sus dos líderes históricos, Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, murieron. Posterior al fracaso del Caguán el jefe diplomático (Raúl Reyes), la leyenda militar (el Mono Jojoy) y el heredero político de Marulanda (Alfonso Cano) fueron dados de baja como resultado de bombardeos sorpresa los primeros y asalto sorpresa el segundo. Además, los mandos medios han recibido duros golpes que amenazan la estabilidad de la organización que ha perdido más de 50 jefes político-militares en dos años.

La tercera derrota es política. La mayoría de colombianos adjudican el fracaso de las aspiraciones de paz mediante los diálogos del Caguán a las FARC. Éstas se encargan de acrecentar la desconfianza, la antipatía y el sectarismo político de diversas maneras: con cada voladura de torres de energía que priva de electricidad a pueblos repletos de gente humilde como Buenaventura; con cada oleoducto que derrama petróleo; con cada policía campesino muerto en emboscada a nombre de la revolución y el pueblo; con cada civil asesinado, secuestrado o declarado objetivo militar. En la década del noventa las hazañas militares de las FARC generaron de facto un reconocimiento de fuerza militar estable, legítima y desafiante, además de hacerles ganar prestigio como alternativa política. Esto explica la romería de todas las vertientes sociales y políticas a las audiencias del Caguán que presidían al lado del gobierno nacional. Por el contrario y desde entonces, cada acción militar cava la tumba de la marginalidad y el desprestigio de la organización.

La cuarta derrota es internacional. Los países potencialmente “amigos” de las FARC tienen mayor interés en que ésta abandone la vía de las armas que en financiar la insurgencia y escalar las confrontaciones internas. A Correa en Ecuador la guerra colombiana le obliga a mantener un inmenso pie de fuerza en la larga frontera que no alcanza a detener el aumento de secuestros, extorsiones, el narcotráfico y la corrupción de las fuerzas de seguridad. Evo en Bolivia encabeza un proyecto indigenista que no se fía de los que han asesinado y secuestrado líderes indígenas en Colombia, culpables de defender la autonomía étnica del sometimiento a las directrices de las FARC. Cuba quiere hacer méritos para levantar el bloqueo de los EUA y aparecer ante la comunidad internacional como un país que contribuye a la paz y la prosperidad regional. Y a Venezuela, más allá de la retórica nacionalista, no le interesa en lo más mínimo una confrontación militar con los gringos por la vía de la internacionalización de la guerra colombiana dentro de sus fronteras. Incluso los EUA están más interesados en una negociación que comprometa a las FARC en la reducción del 30 a 40% de los cultivos de uso ilícito, en vez de vencerlos en el terreno militar con el resultado de ser reemplazados rápidamente por otras fuerzas irregulares en el negocio de las drogas.

DEL DOBLE PODER A LA OPOSICIÓN DE UNA MINORÍA

Antonio Navarro, a nombre del M19, solicitaba a sus constituyentes y asesores en 1991 no excederse en las exigencias de descentralización, autonomía comunitaria y debilitamiento de las fuerzas militares regulares. La razón: estaba convencido que el proceso de paz los llevaría rápido al Poder Ejecutivo y a copar porciones grandes del sistema político representativo. En cambio, el tono general de los borradores de La Habana es la ausencia total de vocación de poder de las FARC. Las exigencias insurgentes son de aquellos que saben que engrosarán la oposición por lo que solicitan seguridad, que no los maten, acceso a medios de comunicación, derecho a la réplica y a las movilizaciones dentro de un estatuto de oposición. No existe ninguna propuesta en los borradores que modifique la Constitución, el sistema político, el orden jurídico, el modelo de desarrollo, la economía extractiva, el régimen de propiedad, la política tributaria, monetaria, externa o comercial, las relaciones de poder entre niveles de gobierno o las alianzas internacionales.

A mi parecer las FARC se vieron forzadas a pasar la hoja de la confrontación armada y continuar su trasegar a través de la lucha social y política legal. Por lo tanto, los diálogos no son propiamente una negociación de paz entre contrincantes equivalentes de una contienda sin vencedores. En La Habana hay vencidos y hay vencedores. Las FARC deciden entrar en el ropaje del vencedor demandando seguridad para ejercer la oposición dentro del marco general del poder establecido. Los comisionados del gobierno están encargados de negociar las condiciones de tal inserción dentro del sistema al menor costo para el establecimiento, mientras que las FARC tratan de asegurar unas condiciones suficientes de seguridad y unas demandas mínimas de dignidad.

Los borradores no mencionan a los trabajadores asalariados, tampoco a la inmensa mayoría de trabajadores del sector informal de las ciudades, ni a los sindicatos o a los movimientos urbanos o rurales. Las clases medias de la ciudad y del campo tampoco son un referente a partir del cual se justifican las promesas de programas y políticas acordadas. En consecuencia, ninguna de las demandas y reivindicaciones que animan las movilizaciones sociales de estos sectores son contempladas. El único sector social a nombre del cual hablan las FARC es una retaguardia campesina colona, pobre, cocalera y marginal.

LOS TONOS BORROSOS DE LOS ACUERDOS

La totalidad de los acuerdos compromete al Estado con comunidades selectas, aquellas que resulten de la combinación de cuatro criterios de focalización: pobreza, algidez del conflicto armado, precariedad institucional local y presencia de cultivos de uso ilícito. Muy poco —por no decir casi nada de lo firmado— se apoya, invoca o resuelve emprender un importante fortalecimiento de las capacidades de implementación de políticas por los gobiernos territoriales, municipios y departamentos, así como por asociaciones entre estos. El “enfoque territorial y diferencial” de los diagnósticos y la implementación de los acuerdos se reitera de manera sistemática. No menos sistemática es la ausencia de invocación de la institucionalidad que estará encargada de implementar los acuerdos desde el nivel nacional, así como desde el territorial y las instancias de coordinación entre niveles de gobierno. La ventaja de esta ausencia para el gobierno nacional es el manejo general de la implementación de lo que sigue desde prácticas controladas por la presidencia. Se abre la puerta así a la ampliación territorial, social y temática de programas tales como los manejados por Familias en Acción que ya atiende 2.900.000 familias. Algunos sueñan con resolver “el problema de las FARC” aumentando en unos cuantos miles los “beneficiarios” de los subsidios del Estado.

Muchas promesas y nada de plata, es una segunda característica sobresaliente. Se acuerda emprender más de una decena de programas para la población y los territorios selectos: adjudicación de tierras, carreteras, conectividad informática, subsidios, crédito, asistencia técnica, semillas, investigación en ciencia y tecnología, capacitación, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de alimentación y cuidado de adultos mayores, salud, educación, prevención de la violencia. Sin embargo, se omite cualquier compromiso sobre las fuentes de recursos para financiar tal extensión de la presencia del Estado y del mercado en los territorios a seleccionar.

¿Será que la firma de los acuerdos vendrá primero y la búsqueda de la plata después? Advertimos que la coyuntura fiscal interna para los próximos años será de importantes restricciones debido a la baja de los precios de los hidrocarburos y la minería que jalonan el PIB y los impuestos. Los organismos internacionales presagian un freno de la economía mundial, en especial de sus centros importantes como Europa, la locomotora alemana incluida, Japón y los BRICS. Es dudable que los “amigos de afuera” financien con suficiencia lo que uno de los países más inequitativos del mundo no pague por salir de su guerra prolongada. Así las cosas, nos acercamos a unos acuerdos sin reformas estructurales, sin instituciones territoriales reforzadas y sin plata cierta.

Las FARC demandan poco para ellas en las conversaciones de La Habana (estatuto de oposición) y mucho para sus bases sociales agrarias empobrecidas. El reconocimiento de las poblaciones y sus organizaciones sociales permea todos los acuerdos. Las comunidades deben ser partícipes de las decisiones e implementación de los múltiples programas prometidos. Los borradores de La Habana parecen presagiar una conversión de las FARC en un movimiento político y social rural, no propiamente en un partido político tradicional. Estructura y dinámica que no parece apostarle mucho al fortalecimiento de las entidades territoriales y al sistema político existente. En cambio, reclaman más democracia social, comunitaria, popular, participativa e incidente en las políticas territoriales desde los bastiones sociales a los cuales la han reducido la combinación de múltiples derrotas.

Sin duda las FARC tendrán otros escenarios para incrementar la agenda programática y la representación social, política y territorial. Una Asamblea Nacional Constituyente es y será su gran bandera para ampliar las alianzas, fundirse con otros sectores y aprovechar otros procesos y movilizaciones en curso. En este sentido los borradores de La Habana son una ganancia inmediata de poca monta, a no ser por la puerta que abren a un trabajo en otros escenarios que ellos esperan más promisorios. Veremos.

* Este artículo fue publicado en la revista digital Sin Permiso, el 9 de noviembre de 2014. Disponible en <http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-nota-sobre-los-borradores-de-la-habana-hasta-ahora>. Tomado del Portal Palabras al margen. http://palabrasalmargen.com/.

** Periodista de amplia trayectoria en prensa escrita (50 años) y televisión (26 años). Experto en ética periodística, catedrático de las universidades colombianas Javeriana y de tos Andes, y conferencista en temas de comunicación social. Es miembro fundador de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá y del Instituto de Estudios sobre Comunicación y Cultura -IECO-. Integra la corporación de periodistas colombianos Medios para la Paz y fundador del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.

COLOMBIA: LA SOFISTICACIÓN
DEL ACUERDO SOBRE VÍCTIMAS
EN EL PROCESO DE PAZ*

María Paula Saffon**

EL GOBIERNO y las FARC pactaron la creación de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

Los detalles del acuerdo sobre víctimas demuestran, una vez más, que Colombia es líder en materia de diseño institucional. El acuerdo logra, como ningún otro en el mundo, encontrarle la cuadratura al círculo en cuanto a la tensión entre justicia y paz.

En contra del tabú de que la justicia penal impide la desmovilización de los actores armados, el acuerdo garantiza que los crímenes graves serán juzgados y castigados. Contrasta así con los modelos de perdones recíprocos que prevalecieron en América Latina en los años noventa. El listado de crímenes incluye varios que involucran directamente a las FARC, como el reclutamiento de menores y la toma de rehenes u otras formas graves de privación de la libertad.

En contra del maximalismo penal defendido con convicción por algunos círculos y por hipocresía reciente por otros, el acuerdo combina justicia para los crímenes graves con amplia amnistía para los delitos políticos y conexos y despenalización de la protesta social. Además, establece incentivos fuertes para el reconocimiento de responsabilidad por crímenes graves. Las sanciones incluyen cárcel para quienes no acepten su responsabilidad y restricción efectiva de libertad para quienes lo hagan tardíamente. Estos beneficios pueden ser aplicados tanto a las FARC como a las fuerzas militares, a sus cómplices y colaboradores.

Así pues, superando los modelos de justicia de vencedores que han prevalecido en tribunales transicionales como Núremberg, Yugoslavia y Ruanda, el acuerdo garantiza que todos los actores del conflicto recibirán un tratamiento similar, aunque ajustado a sus particularidades. El acuerdo, además, establece garantías de debido proceso, posibilidades reales de redención de la pena con reparación, trabajo y estudio, y un sistema de defensa pública gratuita.

Al combinar en un solo sistema amnistías con mecanismos de justicia, verdad, reparación y no repetición, el acuerdo recoge enseñanzas recientes de estudios empíricos como los de Payne y Sikkink, que indican que la integración de mecanismos conduce a una mayor protección de los derechos humanos y al afianzamiento del Estado de derecho en el posconflicto.

Demostrando un ejercicio importante de economía institucional, el acuerdo incluye en el nuevo sistema las instituciones ya existentes de reparación y restitución de tierras, perfeccionándolas en lugar de remplazarlas o duplicar sus funciones.

Igualmente, innova al combinar las medidas de justicia transicional con aquellas de desarrollo territorial, necesarias para superar la pobreza y desigualdad. Los proyectos locales de infraestructura y servicios sociales se articularán con las medidas de justicia y reparación. Los condenados por crímenes graves podrán contribuir con su trabajo al desarrollo de los proyectos. A su vez, estos tendrán no solo objetivos económicos y sociales, sino también de reparación del tejido social y establecimiento de condiciones adecuadas para la restitución de tierras y el retorno.

Los retos de implementación son enormes. Pero el acuerdo los reconoce, al establecer mecanismos de ejecución y monitoreo. La paz se acerca, y las instituciones se preparan para ella.

* Este artículo fue publicado en Sin Permiso. Revista electrónica, el 20 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-la-sofisticacion-del-acuerdo-sobre-victimas-en-el-proceso-de-paz>.

** Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton. Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia.

ELEMENTOS PARA UNA PROBLEMATIZACIÓN BÁSICA DEL PUNTO 3 "FIN DEL CONFLICTO" Y DEL PUNTO 6 "IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN" DE LA AGENDA DE DIÁLOGOS DE LA HABANA*

Jairo Estrada Álvarez**

ESTE FORO SE LLEVA a cabo en un momento decisivo del proceso de diálogos y de negociación entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. Tras el logro de cuatro acuerdos parciales, denominados “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, “Apertura Democrática para construir la paz”, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre derechos humanos”, con las respectivas salvedades, así como de múltiples acuerdos y medidas de desescalamiento, y la puesta en marcha de un cese bilateral de fuegos de facto, aunque no pactado, resta la negociación de dos puntos de suma complejidad y seguramente de muy difícil tratamiento en la Mesa. Me refiero al Punto 3 “Fin del conflicto”, con sus siete componentes, y al Punto 6 “Implementación, Verificación y Refrendación”, con sus tres acápites.

Tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, este Foro se realiza por la voluntad expresa de las Partes de garantizar las más amplia participación posible. Con independencia de las valoraciones que se puedan hacer acerca de los alcances que ella ha tenido, algunas señalando con razón su carácter limitado y restringido, es evidente, si se procede a una lectura juiciosa de lo acordado, que los textos convenidos son contentivos de muchas de las iniciativas planteadas en los foros hasta hoy realizados, y también son receptivos del amplio debate público que han generado los diálogos y negociaciones de La Habana a lo largo y ancho del país. Hasta adquirir una indiscutible centralidad en el proceso político, la cual se mantendrá, no sólo en los meses inmediatos; sino con muy alta probabilidad en los años futuros.

La tarea que nos espera en estos casi tres días de deliberación posee un profundo significado, si se considera, por una parte, que se trata del último foro convocado por la Mesa y, por la otra, que los temas a abordar nos permiten afirmar que estamos efectivamente frente a la posibilidad cierta de un acuerdo final, contrario a las expectativas y al accionar persistente e insidioso de quienes aspiraban al fracaso de los diálogos para retrotraer al país por el camino de la solución militar. En ese sentido, con nuestros múltiples aportes y contribuciones, en medio de la sana controversia y de los entendimientos distintos sobre los alcances del proceso de paz y los propios proyectos de sociedad, somos copartícipes con nuestras propuestas de los puntos aún pendientes de la negociación.

Hablar en este Foro del “Fin del conflicto” y de la “Implementación, Verificación y Refrendación” de un acuerdo final, nos debe producir una emoción inmensa. Ello implica, ni más ni menos, que estamos frente al hecho más importante de la historia política reciente de nuestro país, aún no suficientemente comprendido y aprehendido en el conjunto de la sociedad, debido a la normalización e integración en la cotidianidad de que ha sido objeto la guerra, especialmente en los grandes centros urbanos. Todos los aquí presentes, mujeres y hombres, hacemos parte de varias generaciones que hemos crecido en ella. Así es que la perspectiva real de su culminación nos sitúa en el cierre de un arco histórico y, al mismo tiempo, en el inicio de otro —probablemente plagado de múltiples dificultades— consistente en la tramitación de la conflictividad que es inherente al orden social a través de los recursos que brinda la posibilidad del ejercicio pleno de la política.

De la misma forma que nos debe producir satisfacción que quienes se han alzado en armas, ejerciendo su legítimo derecho a la rebelión, hayan considerado y tomado la decisión de desistir de su uso para llevar a cabo su proyecto político y darle continuidad a éste por las vías exclusivas de la política, nos debe generar también complacencia la decisión del Estado, en cabeza del Gobierno del presidente Santos, de comprometerse a desistir del uso de sus armas y de los diversos mecanismos y estructuras que se han concebido y activado, precisamente para preservar el orden imperante por la vía violenta.

Debemos dar la bienvenida a la contienda política abierta, con base en el compromiso de las partes de hacer realidad lo que han venido consignando en el conjunto de acuerdos hasta ahora convenidos y los que con seguridad serán cerrados durante los próximos meses, lo cual deberá traducirse justamente en el texto del acuerdo final. No sobra señalar que los puntos que conforman la Agenda de La Habana constituyen los mínimos acordados por las partes para darle una solución política definitiva a un conflicto de más de cinco décadas de duración, analizado recientemente desde diversas perspectivas y enfoque teóricos y políticos en el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, conformada por decisión de la Mesa¹.

APROXIMACIÓN PRELIMINAR A LA LETRA DE LO PACTADO EN LA AGENDA

Para una mejor comprensión de los puntos que abordará este Foro, corresponde regresar a la letra de lo pactado:

En primer lugar, el Punto 3 “Fin del conflicto” fue definido como un “proceso integral y simultáneo que implica:

1– Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

2– Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político— de acuerdo con sus intereses.

3– El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4– En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

5– El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

6– Garantías de seguridad.

7– En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”².

De esa definición del “Fin del conflicto” como “proceso integral y simultáneo” se infiere que los siete sub-puntos a considerar, al tiempo que deberán ser abordados por separado, tendrán que ser trabajados desde una perspectiva de totalidad, pues se trata de las partes de un todo pactado, consideradas en sus interrelaciones y mutuas determinaciones. Ello le da a las propuestas que formularemos un mayor nivel de exigencia y complejidad.

En segundo lugar, señala la Agenda que la “firma del acuerdo final, inicia este proceso —el del “Fin del conflicto”—, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes”³. De ello se colige una complejidad insuficientemente observada en el debate público, especialmente cuando se discute acerca del término para la firma de acuerdo final. Los enfoques simplistas imaginan que un acuerdo final se sella con el inicio de la desmovilización guerrillera y la entrega de armas, tal y como ocurrió con la experiencia de otras guerrillas colombianas en el pasado.

En este caso, si nos atenemos en sentido estricto a la agenda pactada, la firma del Acuerdo final inicia el proceso integral y simultáneo del “Fin del conflicto”, cuyo fundamento son los siete sub-puntos que lo conforman. Las partes definirán en su sabiduría cual será el llamado tiempo prudencial. Nos corresponde a nosotros justamente la formulación de propuestas sobre tales sub-puntos.

En tercer lugar, en cuanto se refiere al Punto 6 “Implementación, Verificación y Refrendación”, se estableció que “la firma del Acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.

1– Mecanismos de implementación y verificación.

a. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones.

b. Comisiones de seguimiento y verificación.

c. Mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso.

2– Acompañamiento internacional.

3– Cronograma.

4– Presupuesto.

5– Herramientas de difusión y comunicación.

6– Mecanismo de refrendación de los acuerdos⁴”.

En consonancia con esta definición de la Agenda, además de los subpuntos que la componen, estamos frente a una situación sui generis convenida por las partes. Con la firma del Acuerdo final se iniciará el proceso del “Fin del conflicto” y de manera simultánea se pondrá en marcha la implementación de los acuerdos, sin que necesariamente se haya producido su refrendación, la cual se hará según el mecanismo acordado mutuamente, como se señalará más adelante.

Con base en esta aproximación preliminar, quiero ofrecer una propuesta de interpretación de los puntos 3 y 6, que aspiro contribuya a una mejor elaboración de la tarea que nos espera en estos días. Para ello recurro a una lectura transversal de la Agenda, destacando los puntos más gruesos, así como a aspectos del debate público en curso.

En desarrollo de ese propósito, es preciso señalar que cuando se habla del “Fin del conflicto” no se está haciendo referencia a que tras la firma de un acuerdo final y su implementación se asistirá a una superación de la naturaleza contradictoria y conflictiva propia del orden social vigente. Sin duda ésta continuará y tendrá múltiples expresiones y manifestaciones, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia del país. El “Fin del conflicto” en los términos de la Agenda se refiere más bien a la terminación de su expresión armada en el caso de la organización rebelde de las FARC-EP, que aspiramos pueda concretarse también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una vez se puedan iniciar los diálogos y negociaciones de esa guerrilla con el actual Gobierno.

Al encontrarnos en un proceso de negociación y no de sometimiento, el “Fin del conflicto” compromete a las partes tanto en cometidos acordados en común, como en compromisos asumidos de manera explícita por cada una de ellas. A diferencia de los acuerdos sobre los puntos anteriores que en sentido estricto no sólo comprometen a las partes sino al conjunto de la sociedad, en un tiempo histórico que no necesariamente es de corto plazo, en el caso del punto del “Fin del conflicto” estamos frente a un proceso que, además del acuerdo previo, tiene como premisa la implementación expedita y diligente tanto de lo que se convenga en común como de lo que se acuerde que cada parte debe hacer. Ahí radica precisamente la complejidad del Punto 3 y de sus siete sub-puntos, lo cual nos indica que el actual no es un proceso de lo que usualmente se ha definido en otras experiencias con los sustantivos “Desmovilización, Desarme y Reinserción - DDR”. Tal reduccionismo, divulgado sobre todo en medios de comunicación y en analistas livianos del proceso de paz, lleva a presiones indebidas sobre la Mesa de La Habana y a la producción e instalación de imágenes falseadas e inciertas acerca del devenir de la negociación en el momento actual.

SOBRE EL CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL DEFINITIVO

Por informaciones de la Mesa, tenemos conocimiento de los avances significativos alcanzados en la preparación de un “cese al fuego biliteral y de hostilidades bilateral definitivo”. Estudios de centros especializados como el CERAC e informes de la veeduría del “Frente Amplio por la Paz”, que han hecho seguimiento al cese unilateral decretado por la FARC-EP y a la respuesta gubernamental de autorregulación de su actividad militar de carácter ofensivo, permiten afirmar que se ha venido consolidando un cese bilateral de facto que —a pesar de no estar pactado explícitamente— indica que más allá de las definiciones propias de la técnica y la estrategia militar, el cese bilateral definitivo no sólo es posible, sino que ha devenido en necesidad, condicionada en su diseño e implementación a las definiciones sobre los otros sub-puntos.

La aceptación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas al llamado del Gobierno y las FARC-EP a hacer parte del mecanismo tripartito para vigilar y verificar el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas, a través de una misión política, integrada por observadores internacionales desarmados y encabezada por un representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, además de reafirmar la invaluable importancia del acompañamiento de la comunidad internacional, en este caso, con la vigilancia y la verificación de aspectos puntuales pero de significado mayúsculo para el proceso en curso, despeja de manera definitiva toda duda acerca de la voluntad y el compromiso de las partes de producir el cierre definitivo de la confrontación militar. Aunque es claro que la Misión es para hacer parte del mecanismo tripartito de verificación de lo que pacten las partes y que se activará tras la firma del Acuerdo final, el sólo hecho de la observación internacional le cierra el paso a las líneas de argumentación que han propagado la tesis de un cese bilateral para sacar ventajas militares y engañar al adversario. A estas alturas de la partida, cualquier aseveración en ese sentido no sería más que un despropósito malintencionado. La sociedad colombiana en general, pero de manera muy especial las víctimas del conflicto y quienes han padecido de manera directa los impactos de las confrontación militar, claman porque la actual reducción de los hechos de guerra a una tasa casi nula, se consolide en forma definitiva mediante un acuerdo.

Seguramente en este Foro no tenemos los suficientes elementos de juicio de carácter técnico-militar para la formulación de propuestas para un cese bilateral definitivo. Pero, si consideramos la dimensión territorial del conflicto, con seguridad podremos concebir iniciativas que incorporen a la población y sobre todos a sus procesos organizativos en la observación y la veeduría social y ciudadana de lo acordado por las partes.

SOBRE LA DEJACIÓN DE ARMAS Y UNA NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD

La dejación de armas merece una especial atención. En sectores de la opinión pública se ha posicionado la idea de que la mejor manera de sellar el fin del conflicto sería con la entrega de armas por parte de la guerrilla. Y que la forma de hacerlo sería a través de la puesta en escena de un acto simbólico en el que ello ocurra. Más allá de que no es de esperar que tal acto suceda, primero porque el proceso de La Habana es de negociación y no de sometimiento, y segundo porque las partes acordaron expresamente la dejación y no la entrega de armas por una de ellas a la otra, lo que está en realidad en discusión es la superación del vínculo definitivo entre política y armas.

Y ese vínculo no es imputable solamente a la guerrilla. La investigación histórica y social ha demostrado en numerosos estudios que la apelación a las armas con propósitos políticos es anterior a la existencia de las guerrillas revolucionarias; que además del uso de las armas por parte del Estado para combatir lo que él ha considerado su enemigo subversivo, en un entendimiento amplio que ha abarcado a toda la subversión social, ha habido políticas dirigidas a organizar y armas civiles con los mismos fines, tal y como lo documentan diversas disposiciones legales en diferentes momentos de nuestra historia. A ello se agregan las iniciativas privadas de diversa procedencia, que en muchas ocasiones se han articulado y contado con el apoyo del Estado como se relata en copiosos expedientes judiciales.

La dejación de armas por parte de las FARC-EP, a lo que ya están comprometidas según la forma y el mecanismo que acuerde la Mesa, fortalecerá la perspectiva del “Fin del conflicto”, siempre y cuando ésta se acompañe de la decisión política y del diseño de políticas y acciones tendientes a producir un desarme de la sociedad en su conjunto y una redefinición de la política de seguridad que ha prevalecido durante las últimas cinco décadas. Para ello se requerirá propiciar además un cambio cultural.

No puede ser aceptado que más de un millón de armas continúen en manos de civiles; tampoco que las armas del Estado puedan ser usadas para un tratamiento militar del conflicto social o que su institucionalidad sea activada para favorecer poderes criminales y mafiosos especialmente en el orden local, cuya naturaleza es esencialmente contrainsurgente. Y ello pasa desde luego por una nueva comprensión de la política de seguridad que deje atrás las concepciones centradas en el control del orden público y en el combate al enemigo interno, para privilegiar en su lugar un enfoque integral en el que el dominio del Estado no sea reducido a la llegada o presencia de sus aparatos coercitivos, sino que además de la asunción de funciones sociales, se propicien procesos de construcción social que atiendan la historicidad concreta de la relación social territorial. Las elaboraciones de Naciones Unidas acerca de la seguridad humana resultan de particular pertinencia para el diseño de una política de seguridad para el “Fin del conflicto”. Igualmente, las experiencias de autorregulación en comunidad, que nos indican que es posible pensar en formas no armadas de la seguridad, como en el caso de las guardias indígenas y más recientemente de las guardias campesinas.

ACERCA DE LA SUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS CRIMINALES DE CARÁCTER PARAMILITAR

En este marco, la superación de los vínculos entre armas y política comprende igualmente la decisión política y la acción decidida del Estado y del conjunto de la sociedad de combatir organizaciones criminales y estructuras de soporte, particularmente responsables “de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”, tal y como lo señala la Agenda. Tales organizaciones no son de criminalidad común y no alcanzan a ser caracterizadas con la expresión de “bandas criminales”. La prolífica y juiciosa investigación social y numerosos expedientes judiciales son una evidencia de que aún estamos muy lejos de la superación del paramilitarismo.

El esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo según reza en la Agenda no es sólo una necesidad de la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto y una obligación con las víctimas, es al mismo tiempo una cuestión del presente que implica no solo el reconocimiento de su persistencia, sino ante todo la revelación de sus actuales configuraciones. En este sentido, será imperativo dilucidar su estructuración compleja, basada en un conjunto de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales que comprometen narcotráfico, minería ilegal, sectores empresariales de diverso origen, ganaderos, vínculos con instituciones y agentes del Estado, constituyendo todo ello poderes territoriales a través de los cuales, merced al nexo entre política y armas, se controlan gobiernos y órganos de representación política local, se accede a recursos fiscales y se hace presencia en diferentes instancias de la organización institucional del Estado en el nivel nacional.

Para combatir tales estructuras de criminalidad paramilitar es preciso una infranqueable voluntad política del Estado que se traduzca en una política transversal e integral de acción militar y policial, de política criminal y judicial, de política social, de depuración de las fuerzas militares y de policía y, en general, de todas las instituciones y poderes públicos, incluidos los organismos de control y el notariado y registro. Acompañado ello del compromiso explícito de partidos y movimientos políticos, así como del empresariado, de contribuir a la implementación de las medidas consensuadas y del rechazo a cualquier propósito presente o futuro de vincular armas y política.

Así como no es posible pensar el “Fin del conflicto” sin la dejación de armas por parte de las FARC-EP, tampoco lo es sin la superación definitiva de las estructuras paramilitares. El asunto no es sólo materia de una renovada política de seguridad, es también de garantías para quienes han tomado la decisión de incursionar plenamente en la política dejando las armas, y sobre todo de cualificación de la contienda política. Para la construcción de la paz no es admisible considerar siquiera una reedición de la experiencia del exterminio de la Unión Patriótica, de A Luchar y del Frente Popular. Se mejora la contienda política cuando a todas las fuerzas políticas, con independencia de su ideología y de sus proyectos políticos, a través de los cauces de una reformada institucionalidad democrática, se le brindan condiciones y garantías para disputar el poder social y del Estado.

Dada la diversidad de este Foro, y sobre todo la importante presencia de delegaciones de todo el territorio nacional, las propuestas a formular en este aspecto enriquecerán sin duda las negociaciones en la Mesa.

LA COMPLEJIDAD DE LA REINCORPORACIÓN EN LO POLÍTICO, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL

Aunque los términos de lo pactado en materia de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil indican que éste de un asunto que corresponde en primera instancia a los requerimientos que haga esa guerrilla en lo político, lo económico y lo social (incluida la solución de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP), y a lo que el Gobierno esté dispuesto a conceder, en particular porque se estableció textualmente que tal reincorporación se hará “de acuerdo con los intereses” de las FARC-EP, es conveniente señalar que debe descartarse cualquier idea de reincorporación de acuerdo con la lógica y los diseños de la política del DDR, la cual ha estado y está concebida como una extensión de la misma lucha antisubversiva.

Como ya se dijo, el proceso es, primero, de negociación y no de sometimiento; segundo, se acompaña de la decisión de las FARC-EP de convertirse en partido o movimiento político para darle continuidad a su proyecto político; tercero, tal decisión tiene como soporte una organización sólida, con mando y pertenencia unificados en función del mismo propósito político, con varias generaciones de existencia, probada capacidad de respuesta aún en circunstancias de alta dificultad, e indiscutible control y presencia territorial.

Nada pareciera indicar que la reincorporación significará el abandono de los territorios para ubicarse en los centros urbanos, a cambio de garantías pecuniarias, estipendios y subsidios de sobrevivencia de los excombatientes. Sin descartar requerimientos para dar respuesta a situaciones individuales, lo que probablemente primará será un concepto de “normalización guerrillera” en colectivo, como lo han señalado algunos especialistas, en la que las definiciones sobre la cuestión de la participación política, acompañadas de condiciones para una nueva dinámica de la producción del territorio y de la propia construcción del Estado, ocuparán un lugar central.

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL "FIN DEL CONFLICTO"

Cualquier lectura con cierto rigor acerca del Punto “Fin del conflicto” tiene que inferir que éste posee esencialmente una dimensión territorial, así no esté señalado taxativamente en la Agenda. Sin dejar de lado el alcance nacional del conflicto, e incluso su internacionalización, acentuada por la intervención extranjera, las definiciones territoriales poseen una importancia mayúscula. En los territorios se entretejen los aspectos del cese bilateral del fuego y de hostilidades y de la dejación de armas con la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en los ámbitos ya señalados, la convivencia pacífica de los excombatientes con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y poblaciones lugareñas, con empresarios del campo e inversionistas extranjeros, incluso con adversarios políticos, así como la necesaria presencia del Estado hasta ahora ausente con toda su institucionalidad, además de la funciones que le han sido otorgadas para acciones reparadoras propias de la justicia restaurativa pactada en la jurisdicción especial para la paz.

Así es que nos encontramos frente a un reto sin precedentes en la historia nacional, el cual es el de una construcción social y colectiva del territorio, que por su naturaleza demandará diseños institucionales de carácter especial y excepcional que no pueden ser comprendidos en los términos de las llamadas repúblicas independientes. Sin duda se trata de un propósito de altísima complejidad que más que enfocarse desde una lógica colonizadora por parte del Estado, deberá dar cuenta de las realidades históricas contenidas en el territorio, las cuales comprenden construcciones sociales y múltiples experiencias de vida en comunidad, con regulaciones propias de la vida social que deberán ser atendidas. No será procedente que en la concepción de territorio a diseñar, se reproduzcan dinámicas de segregación, de aislamiento o incluso de confinamiento. Ésta deberá representar más bien los esfuerzos por contribuir a avanzar en la solución de la cuestión territorial, tarea aplazada desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Uno de los pilares fundamentales del “Fin del conflicto” será la forma-Estado-territorio que acuerden las partes. Sin desconocer que la nueva relación territorial en proceso de surgimiento también estará cargada por el conflicto inherente al orden social, a lo que aspira la sociedad colombiana es a que a los conflictos socio-territoriales ya existentes no se le agreguen nuevas cargas que propulsen la edición de nuevas formas de violencia, que pongan en peligro los acuerdos de paz. En las nuevas definiciones territoriales será decisiva la participación social y ciudadana y, en especial, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. No solo por las necesarias funciones de acompañamiento y veeduría que ellas podrán desempeñar, sino sobre todo por sus invaluables experiencias en la organización de la vida, de la economía y de la cultura. Sin duda, de este Foro saldrán propuestas robustas en este aspecto.

SOBRE LAS REFORMAS Y LOS AJUSTES INSTITUCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

El sub-punto sobre las reformas y los ajustes institucionales para la construcción de la paz es probablemente uno de los de mayor densidad del Punto 3 “Fin del conflicto”. A mi juicio, son básicamente tres los aspectos a considerar.

En primer lugar, se trata de resolver cómo recoger en un solo cuerpo articulado el conjunto de todo lo acordado para hacer viable su implementación. Debe reconocerse que los textos hasta ahora convenidos se caracterizan por enunciados generales y por manifestaciones de la voluntad de las partes por llevar a cabo una serie de políticas y acciones, propósito loable que hasta ahora carece tanto de fuerza normativa como del correspondiente desarrollo normativo constitucional y legal. La sola refrendación de los acuerdos, con independencia del mecanismo que se escoja, si bien podría darle la fuerza normativa al Acuerdo final no resuelve el problema. A la Mesa le espera la inmensa tarea de diseñar normativamente todas las políticas y acciones acordadas. Sólo así será posible generar condiciones que hagan posible la implementación a través de la provisión de los recursos fiscales del caso. Ello complejiza al extremo el entendimiento del proceso del “Fin del conflicto” en los términos señalados al inicio de esta presentación. Tal requerimiento demandará máxima creatividad y voluntad política de las partes, y seguramente la activación de nuevos mecanismos para hacer más expeditivo el proceso.

En segundo lugar, en concordancia con lo anterior, será necesario que se pacte la institucionalidad requerida para posibilitar la implementación de los acuerdos. El “Fin del conflicto” sólo será viable con una institucionalidad ajustada y hecha a la medida. Una reforma institucional de Estado será imprescindible para enfrentar las tareas de la construcción de la paz. A manera de ilustración, la institucionalidad del plan de desarrollo vigente no tiene la capacidad de responder a esos requerimientos, pues es un plan diseñado con anterioridad a la firma del Acuerdo final y por ello no podía prever sus alcances.

En tercer lugar, se encuentra la cuestión de la financiación del Acuerdo final. Sin recursos, no es viable considerar el “Fin del conflicto”. Aún está pendiente la cuantificación del impacto fiscal del Acuerdo final. El contexto macroeconómico es adverso a cualquier propósito de financiación. También lo es el concepto de política fiscal centrada en la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal. La construcción de la paz demandará una política fiscal heterodoxa, con más gasto público, mayores impuestos a quienes más rentas y patrimonio tienen y una minimización de la corrupción y del desperdicio de recursos públicos. La cuestión de la financiación no se resolverá con los aportes esperados de la comunidad internacional.

Las reformas y los ajustes institucionales vistos de conjunto deben contribuir a superar la vergonzosa posición de nuestro país como uno de los más desiguales del mundo, con uno de los índices de más alta concentración del ingreso. En reciente visita a nuestro país, Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, recordaba que el 1 por

ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso generado en el país.

ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL

Del Punto 6 de la Agenda, quiero destacar que en la implementación y verificación, la Mesa le concede “especial importancia a las regiones”. Tal y como en la definición del “Fin del conflicto”, aquí también aparece el enfoque territorial. Sin perjuicio del alcance y de la implicación nacional de los acuerdos, es evidente que el mayor peso de la implementación, así como de la verificación estará en los territorios, de la misma forma que es allí donde se ha vivido con toda intensidad el conflicto de más de cinco décadas. En la conformación de los mecanismos de verificación e implementación está previsto que éstos se conformen “por representantes de las partes y de la sociedad según el caso”. Todo ello no podía ser de otra manera, pues los acuerdos si bien son pactados en la Mesa, en sentido estricto están dirigidos a una transformación de la vida en los territorios, lo cual no es viable sin la participación de quienes los habitan. Especialmente en este sub-punto este Foro podrá hacer aportes a las partes a fin de demandar y garantizar una implementación verdaderamente participativa, acompañada de la verificación a través de veedurías sociales y ciudadanas, conformadas en los propios territorios.

Por otra parte, el Punto 6 contempla aspectos como el acompañamiento internacional, el cronograma y el presupuesto, sobre los cuales seguramente nuestro ejercicio propositivo no tendrá mayores posibilidades, sin dejar de lado la necesaria reiteración en el acompañamiento internacional, tal y como ya se ha pactado para el cese bilateral del fuego y de las hostilidades.

Particular atención deberían merecer en este Foro las propuestas sobre herramientas de difusión y comunicación. Es evidente que hasta el momento se presenta una insuficiente apropiación social de los Acuerdos de La Habana, entre otros por la ausencia de una acción comunicativa. La posibilidad de hacer realidad la implementación pasa necesariamente por ello.

EL MECANISMO DE REFRENDACIÓN

Los aportes del Foro en cuanto al mecanismo de refrendación adquieren un inmenso significado, no solo por lo que éste significa para la legitimación política y el otorgamiento de fuerza normativa a los acuerdos, sino porque es sabido que se trata de uno de los asuntos que se encuentran en el centro del debate público y en el que todavía no se han presentado definiciones en la Mesa. Tal y como ha ocurrido a lo largo de la negociación, también aquí se precisará un acuerdo de las partes más allá de las iniciativas que cada una de ellas haya querido promover. En el caso del Gobierno es de amplio conocimiento que se viene impulsando el “Plebiscito por la paz”, tras su aprobación en el Congreso. Además de las discusiones jurídico-políticas y de técnica jurídica que tendrán que ser resueltas en el procedimiento propio del control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, se encuentra el hecho de que el mecanismo no fue consensuado con las FARC-EP y no es por tanto el producto de un acuerdo. Lo cual lleva a pensar que a este mecanismo no le espera el mejor futuro.

Las FARC-EP por su parte han propuesto la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, junto con otros sectores políticos y del movimiento social y popular. Más allá de los debates acerca de la pertinencia técnica de la refrendación a través de la Asamblea, y de su indiscutible valor para un cierre adecuado del proceso de paz, tampoco en este caso se está frente a una iniciativa consensuada. Así es que la definición del mecanismo de refrendación es una cuestión abierta, en la que se tendrá que hallar una solución que satisfaga política y jurídicamente a las partes y sobre todo al conjunto de la sociedad. Especialmente en este punto se requerirá máxima creatividad pues no hay solución predeterminada. Los aportes del foro en este aspecto tendrán un inmenso valor, como ya se dijo.

Quiero terminar estas reflexiones introductorias y de contextualización reconociendo la indiscutible potencia transformadora de la sociedad colombiana contenida en los acuerdos de La Habana y deseándonos los mayores éxitos en la promisoria acción colectiva por la construcción de la paz con justicia social en Colombia.

COLOFÓN: EL SIGNIFICADO DE UN (EVENTUAL) ACUERDO FINAL PARA NUESTRA AMÉRICA⁵

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra América no ha sido abordado hasta el momento. Además de la marcada tendencia a realizar análisis que se mueven en el ámbito exclusivamente nacional, es probable que éstos se encuentren a la espera de un estado más avanzado de la negociación a fin de producir las evaluaciones correspondientes. Tal vez las únicas valoraciones explícitas que se conocen provienen de los sectores extremistas de la derecha colombiana, según las cuales —apelando a un anticomunismo hirsuto— se estaría incubando una entrega del país al proyecto político del castro-chavismo.

En esta parte del texto se proponen algunas apreciaciones preliminares, que tienen además el propósito de situar el proceso en el contexto de la geopolítica y de los procesos de integración regional. La probable terminación del conflicto armado más largo y cruento del hemisferio occidental en una excelente noticia para la región, más aún cuando en ella se ha manifestado la voluntad política colectiva de hacer de Nuestra América una zona de paz⁶.

Es indiscutible que la persistencia del conflicto armado y, sobre todo, su encuadramiento dentro de la estrategia geopolítica estadounidense ha constituido un factor nada despreciable de justificación del intervencionismo imperialista no solo para combatir la rebelión armada, sino para contribuir a contener la avanzada de los procesos de cambios político-democráticos y populares que se han llevado a cabo en algunos países de la región. Con el pretexto de la llamada guerra contra las drogas, cuyo epicentro ha estado justamente en Colombia, se ha producido una creciente presencia e injerencia militar estadounidense, que alcanzó a convertir el país no solo en el segundo receptor de “ayuda militar” después de Israel, sino a todo su territorio en un “portaaviones terrestre de los Estado Unidos”⁷, merced al acuerdo de instalación de siete bases militares a lo largo y ancho del país.

Dicha presencia militar hace parte de una estrategia más compleja, de militarización integral, diseñada bajo la doctrina de la “dominación de espectro completo”⁸ que, tras la pretensión de controlar el acceso a largo plazo a recursos minerales, energéticos, de fuentes de agua y de biodiversidad, conjuga elementos del dominio político (incluidos los llamados “golpes blandos”) y tecnológico, dispositivos jurídicos, económicos y culturales, con fuerte presencia e intromisión militar. Con ella se busca por otra parte afianzar la debilitada hegemonía estadounidense en la región, en un contexto de redefinición de las alianzas internacionales y de reacomodos geopolíticos, propiciados por los países en los que se han producido cambios políticos reivindicatorios de la soberanía y la autodeterminación y se han puesto en marcha políticas de Estado hacia el multilateralismo. En ese sentido, se trata también de esfuerzos de contención de la presencia de China y de Rusia y de las pretensiones de Brasil en erigirse en potencia regional y mundial.

Un eventual acuerdo de paz en Colombia no modifica desde luego en lo esencial la estrategia geopolítica estadounidense. En las condiciones actuales podría incluso afirmarse que un acuerdo también es del interés estadounidense. Aún más, la suscripción de un acuerdo por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP no es posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Por ello, no es ninguna casualidad la presencia y el seguimiento continuo al proceso de diálogos de La Habana a través del enviado especial Bernard Aronson⁹. Así como la guerra ha sido funcional a la estrategia y ha favorecido a empresas transnacionales vinculadas con los negocios que de ella se derivan (armas, químicos, contratos mercenarios, entre otros), también lo será un escenario de pos-acuerdo, sobre todo por las mejores condiciones para la inversión transnacional. En lo demás, la presencia estadounidense se mantiene incólume. Obliga sí a un cambio en las formas de actuar y las líneas de argumentación, que ya no podrán sustentarse exclusivamente en la “guerra contra las drogas” y el combate al “terrorismo”, tal y como se viene apreciando más recientemente en el discurso (y la retórica) de la política exterior de Estados Unidos frente a la región¹⁰.

La suscripción de un Acuerdo final aleja la posibilidad de intervenciones más directas y abiertas en Nuestra América y mejora, dada esa circunstancia, no solo las condiciones internas de seguridad, sino aquellas de los países fronterizos de Colombia, especialmente de los que controvierten la política estadounidense. Así como la muy probable superación del estado de normalización de la guerra tendrá un significado profundo para el devenir del proceso político colombiano, cuyos alcances son aún difíciles de sopesar, lo mismo ocurrirá en perspectiva regional con la superación del conflicto armado. El sueño de nuestro territorio americano como zona de paz se abre paso.

Por otra parte, si el acuerdo de paz deriva, como se ha dicho, en un desencadenamiento de la potencia transformadora que él contiene, y conlleva por tanto al inicio de un proceso de democratización efectiva, se estarían generando nuevas condiciones de posibilidad para reforzar el balance del actual campo de fuerzas a favor del campo democrático-popular, en un marco en el que éste pareciera debilitarse (o agotarse) por la atenuación de los alcances reformistas de los procesos de cambio político, económico y social, las dinámicas internas de nuevas y complejas conflictividades, y los impactos de la prolongada crisis capitalista mundial.

En ese sentido, es evidente que el curso del proceso político colombiano tras la firma de un acuerdo final incidirá sobre la correlación regional de fuerzas y entrará a hacer parte de las trayectorias en disputa: la continuidad y profundización del proyecto neoliberal en su escala regional-transnacional; el reacomodo de la dominación de clase hacia las versiones de posneoliberalismo; o la (renovada) persistencia de proyectos nacional-populares. De la misma manera, deben esperarse impactos sobre los procesos de integración en curso. Aunque es mayor la retórica de la integración que la realidad material de los procesos, en esta materia el espectro de los proyectos integradores también está marcado por la tendencia de la contienda política regional y los proyectos económicos en juego.

* Presentación realizada en el Foro nacional sobre “Fin del conflicto” y “Refrendación, Implementación y Verificación”, 8, 9 y 10 de febrero de 2016, Bogotá, organizado por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, a petición de la Mesa de conversaciones de La Habana.

** Profesor del Departamento de Ciencia Política del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

1 Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Mesa de Conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, Bogotá, 2015, p. 740.

2 Ver Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, La Habana, 26 de agosto de 2012, en <https://www.google.com/search?q=agenda+para+la+terminacion+del+conflicto&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox- b&gfe_rd=cr&ei=95LVV_n1CM2w8wexnoeQBw>.

3 Ibíd.

4 Ibíd.

5 Esta parte del artículo se apoya en apartes de mi texto “Algunas consideraciones sobre el momento actual, los alcances y la potencia transformadora del proceso de paz en Colombia”, publicado en la Revista Espacio crítico, Nº 22, Bogotá, 2015.

6 “Declaración de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, La Habana, 29 de enero de 2014.

7 La expresión es de Renán Vega Cantor y Felipe Martín Novoa, Colombia y el imperialismo contemporáneo. Un eslabón geoestratégico de los Estados Unidos, Ocean sur, Bogotá, 2014.

8 Ana Esther Ceceña, “Dominación de espectro completo sobre América”, enero de 2014, en <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180149>.

9 La participación del abogado estadounidense Douglas Cassel como uno de los representantes del Gobierno en la Subcomisión jurídica que se ocupó de preparar y proyectar el acuerdo sobre “Jurisdicción especial para la paz” es una clara muestra de ello. Cassel, según sus propias declaraciones a la prensa colombiana, fue propuesto al Gobierno por el señor Aronson.

10 En ese marco está por definirse cuál será el papel que desempeñarán las Fuerzas Militares y de Policía colombianas dentro de la estrategia global de imperialismo en escenarios de pos-acuerdo. Cuando menos debería generar honda preocupación el anuncio presidencial sobre la participación de tropas colombianas en “misiones de paz” en el exterior, atendiendo el llamado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (véase El Tiempo, 26.09.2015). Asimismo, la adscripción del Estado colombiano a las políticas de la OTAN.

EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO Y EL ESTADO*

Carlos Caballero Argáez**

EL FINAL DEL CONFLICTO ARMADO debería analizarse como una etapa más de la formación del Estado en el país. Lo que quiere decir que habrá necesidad de repensar y rediseñar muchos de los instrumentos de acción estatal.

La campaña por el plebiscito ha exacerbado los ánimos de la oposición. Hemos entrado en un terreno lleno de riesgos. Los acuerdos de paz no son el objeto de la discusión electoral. El debate apunta hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.

Claro que el resultado del plebiscito tendrá consecuencias políticas, por ser un acto político. Pero lo importante es ir al fondo de lo que está en juego para tomar una decisión en la dirección correcta. Y el fondo tiene que ver con la formación del Estado en este territorio que llamamos Colombia; un proceso muy difícil y lleno de tropiezos. Comenzó desde el mismo grito de independencia en 1810, no ha terminado y va a demorarse en concluir. Es un proceso de “larga duración”.

Esa es la explicación del jesuita Fernán González y su equipo de colaboradores, contenida en el libro Poder y violencia en Colombia, publicado hace un par de años por el Cinep y el observatorio Odecofi, que debería ser de obligatoria lectura en las universidades.

Para González, en Colombia no puede hablarse de un “Estado fallido” que colapsó por haber perdido el monopolio de las armas, sino de un Estado que no ha terminado de estructurarse, que gradualmente ha ido incorporando nuevos territorios en donde su presencia ha sido tremendamente desigual, y en donde, por la forma en que se poblaron y se organizaron —en general por la vía de la colonización—, “se producen diferentes estilos de violencia y diversos modos de inserción de los actores armados ilegales”.

El Estado en Colombia no ha ostentado el monopolio de las armas en la totalidad del territorio nacional. Lo hace, sí, en las aglomeraciones urbanas, en la mayoría de las ciudades, pero no en todos los municipios, y mucho menos en sus veredas. La geografía es en buena parte culpable de que ello sea así. Lo mismo que la desgracia del narcotráfico en los últimos cuarenta años. Y también la incapacidad del Estado, en sus diferentes niveles administrativos, para conectar las regiones y sus poblaciones, internamente y entre sí. Ciertamente, el Estado ha sido débil y en muchas regiones cooptado por actores ilegales y violentos.

El final del conflicto armado con las FARC debería analizarse, en mi opinión, como una etapa más de la formación del Estado en el país. Lo que quiere decir que habrá necesidad de repensar y rediseñar muchos de los instrumentos de acción estatal. Valga decir que en Bogotá, en el “centro”, tendemos a considerar que todas las regiones son iguales, que tienen los mismos problemas, y departamentos, municipios e inspecciones de policía, las mismas capacidades. Que la “periferia” es homogénea. Nada más equivocado. Yo sostengo en las clases que dicto en la universidad que en Bogotá no sabemos cómo funcionan las alcaldías de los municipios circunvecinos, aquellos al occidente del río Bogotá o detrás de los cerros. Mucho menos vamos a saber qué pasa en el Vichada o en Arauca o en la costa Pacífica o Caribe.

Al terminar el conflicto y producirse la entrega de las armas por parte de las FARC, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán la oportunidad de ampliar su radio de acción, de tener el monopolio de las armas en el territorio nacional y de reforzar su lucha contra el ELN y contra las bandas criminales. Pequeña tarea la que les espera en el futuro cercano.

Naturalmente, hay otras condiciones para considerar que hay un Estado formado. Entre ellas, la más importante es la capacidad de financiarse y de administrarse. Ambas requieren un revolcón para tener éxito en la etapa que deberíamos comenzar una vez se firmen los acuerdos y se vote afirmativamente el plebiscito.

* Este artículo fue publicado en el periódico El Tiempo de Bogotá, el 19 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-fin-del-conflicto-armado-y-el-estado-carlos-caballero-argaez-columna-el-tiempo/16677731>.

** Ingeniero civil y Magíster en Ciencias de la Universidad de California; Magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton y Magíster en Historia de la Universidad de Los Andes. Es el Primer Director de la Escuela de Gobierno “Alberto Lleras Camargo” de la Universidad de Los Andes.

¿VICTORIA?*

Alfredo Molano Bravo**

EN ALGUNOS SECTORES minoritarios, tanto políticos como militares, ha nacido la peregrina idea de que el acuerdo final firmado entre las partes el pasado miércoles es producto de una victoria militar, a pesar de que el General Mejía, comandante del Ejército, ha dicho en repetidas ocasiones que la Doctrina de la Seguridad Nacional está siendo transformada para ponerla a tono con el posconflicto.

Es triste que se entienda, aun por una minoría, que un acuerdo de tan profundo significado histórico haya sido producto de la derrota de una de las partes. Será difícil, largo y paciente abandonar el lenguaje de la Guerra Fría. Detrás del honor militar y del espíritu de cuerpo parece haber algo muy arraigado, que no es necesariamente un mero ideal patriótico. Entender la historia como una lucha entre el bien y el mal, herencia de una mirada maniquea, conduce a ver el acuerdo entre opuestos como una victoria del uno sobre el otro. Y eso fue lo que en realidad no pasó. De la Calle con mucha razón presentó el acuerdo como el “mejor posible”, lo que implica que las dos fuerzas opuestas cedieron para ponerse de acuerdo en la causa, el desarrollo y el fin del conflicto armado. ¿De qué victoria militar se trata entonces? ¿Es que en el Ejército se sigue pensando que el acuerdo es una rendición escondida? Uno puede aceptar que por su naturaleza los militares no piensen como los civiles, pero tal como los medios han presentado la información, la posición de algunos sectores está lejos de ser la del Gobierno.

El “mejor acuerdo posible de paz” significa que la verdadera derrotada es la guerra. Y esa derrota tiene precio. Hablar de derrota de las guerrillas es no reconocer el carácter democrático del acuerdo. Es muy difícil también para el uribismo militante aceptar que el intento de ganar la guerra fue vencido. Y no hay de otra: la guerrilla dejará las armas en manos de Naciones Unidas. El Ejército constitucional conservará en sus manos las armas de la República, como corresponde a un acuerdo real de paz. Pero hay que reconocer también que en ese acto, la guerrilla gana políticamente lo que la vieja doctrina de la Seguridad Nacional pierde. Se cae por su propio peso que a la larga, al cesar la guerra, el poder de los militares se debilitará frente al poder civil, que recuperará al mismo tiempo la soberanía perdida en la confrontación. Más aún, al ritmo en que se afiance la paz será menos necesario el poder represivo, menos activa su importancia política, y tarde o temprano, como ha pasado en todas las guerras, su acción se verá recortada por la mera fuerza de los hechos. Y con ello, los reconocimientos a los soldados se adelgazarán hasta convertirse en los mismos méritos que tienen un maestro de escuela, un médico, un deportista. Entonces sí, las Fuerzas Militares serán uno de los pilares de la tan anhelada democracia.

PUNTO APARTE. Si la Corte Constitucional echa para atrás la sentencia que hoy impide usar la fuerza contra los habitantes de calle, como llaman ahora a los indigentes, para llevarlos a las casas de paso, o como se llamen los albergues donde les dan sopa y cobija, cabrá preguntarse cómo se guardará el orden y la higiene en esos lugares, cómo serán los tratamientos desintoxicantes a que serán sometidos o en qué sitio los esconderán. Porque tal como van las cosas, esos centros terminarán convirtiéndose en verdaderos gulags criollos.

* Este texto pareció en el periódico El Espectador de Colombia el 27 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.elespectador.com/opinion/victoria>.

** Reconocido periodista, escritor y sociólogo colombiano, con una larga trayectoria vin- culada a los estudios culturales.

EL PLEBISCITO POR LA PAZ

PERSPECTIVAS

TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO:
SE MOVILIZA LA SOCIEDAD COLOMBIANA*

Alejo Vargas Velásquez**

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS perversas de la persistencia del conflicto armado en nuestro país fue justamente el debilitamiento de la movilización social, entre otras razones porque hubo una estigmatización sistemática de la movilización y protesta social al ser señaladas por los gobiernos de las últimas décadas —también por sectores de opinión— como la expresión de movimientos subversivos, o para ser más precisos, manifestaciones o manipulaciones de la guerrilla, con lo cual el conflicto armado se volvía funcional al mantenimiento de un orden anacrónico, autoritario y pre-moderno. El orden social era el orden señorial que detestaba y le parecían supremamente molestas las expresiones de los sectores populares, considerados analfabetos o ignorantes y en todo caso incómodos y demasiado exigente de demandas inaceptables.

Por eso, debemos celebrar que en este contexto de terminación del conflicto armado interno y de cese del fuego bilateral definitivo y de las hostilidades, se reconozca por parte del Estado la protesta social y la expresión de legitimidad que conlleva la movilidad social. Por eso han sido interesantes las expresiones ciudadanas que se han adelantado con diversos tipos de motivaciones, porque significa que los ciudadanos recuperan un espacio natural de la democracia como lo es la calle, para expresar diferentes y a veces contradictorias opiniones. La democracia no se puede agotar en el ejercicio de las elecciones, con todo lo importante que es el mismo; debe complementarse con la posibilidad de expresión directa de los ciudadanos que caracteriza una democracia participativa.

El plebiscito, como mecanismo constitucional de participación, expresión de la participación ciudadana, permite a los ciudadanos, tanto a los ilustrados como a los del común, expresarse a través del voto, sabiendo que allí todos los votos tienen el mismo valor, no se trata de votos de mayor o menor importancia. Un ciudadano un voto es la regla de oro de la democracia procedimental y eso define mayorías y minorías y a la decisión de la mayoría todos debemos comprometernos de antemano a aceptarla, sabiendo que siempre se debe respetar el derecho de la minoría a expresarse.

Alrededor de esta importante decisión que debemos tomar los colombianos, ya empiezan a darse debates en recintos cerrados, en medios de comunicación —algunos vistos como más sesgados que otros, independiente de la opinión de quién formula el juicio de valor— y movilizaciones ciudadanas, de estudiantes universitarios, de sindicalistas, de mujeres, de miembros de los partidos políticos, en fin de la sociedad en su diversidad y es de esperar que cada vez se incrementen más estas expresiones ciudadanas, no sólo para hacer divulgación y pedagogía de los Acuerdos, su significado e implicaciones para el futuro del país, sobre los cuales debemos pronunciarnos, sino para argumentar y contraargumentar porque lo debemos hacer en uno u otro sentido.

Uno de los grupos sociales especialmente dinámico son los jóvenes universitarios, los estudiantes, que han jugado un papel relevante en la historia del país. Como lo decía la famosa canción de Violeta Parra de los años sesenta y popularizada por Mercedes Sosa, “que vivan los estudiantes...” y seguía la tonada más adelante “me gustan los estudiantes, porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura”, los estudiantes universitarios han jugado un papel relevante en la historia política de nuestro país.

Para referirnos a los últimos seis decenios, que coinciden con el periodo del conflicto armado interno, los estudiantes universitarios se movilizaron activamente contra el gobierno dictatorial del General Gustavo Rojas Pinilla; el 8 y 9 de junio de 1954 se dio una movilización de estudiantes universitarios, especialmente de la Universidad Nacional, conmemorativa de la muerte violenta de estudiantes universitarios, entre ellos Gonzalo Bravo Páez, en los años veinte del siglo anterior contra la dictadora conservadora; esta manifestación fue reprimida violentamente y se produjeron trece muertes. A raíz de eso, durante varios años el 8 y 9 de junio fueron considerados la fiesta de los estudiantes. Estos hechos de violencia contra los estudiantes universitarios y sus movilizaciones llevaron a que ellos jugaran un rol activo en la caída del gobierno militar el 10 de mayo de 1957 y posteriormente en el plebiscito de 1957, que dio origen al Frente Nacional, como pacto de paz entre liberales y conservadores y así terminar la violencia bipartidista.

A comienzos de los años noventa, luego del asesinato de Luis Carlos Galán por los paramilitares al servicio del cártel del narcotráfico conocido como el “cartel de Medellín”, los estudiantes universitarios, especialmente de Bogotá, generaron un movimiento de movilización reclamando una asamblea nacional constituyente, que luego conocimos en la historia como “la séptima papeleta” y que tuvo un impacto desencadenante del proceso constituyente de 1991, en el cual por primera vez una diversidad de fuerzas políticas, más allá del bipartidismo liberal-conservador, y en un proceso de concertación social, generaron su gran producto, la nueva Constitución para la Colombia moderna.

Hoy estamos viendo, en los estudiantes de las universidades de Bogotá y crecientemente en las de todo el país, gestarse un movimiento estudiantil que yo quisiera llamar de “las banderas blancas”, que tiene como objetivo promover el “Sí” en el plebiscito del próximo dos de octubre que refrende los Acuerdos de La Habana, para terminar el conflicto armado, no para derrotar a nadie, sino para abrir las amplias avenidas que posibiliten la construcción de paz, entendida esta no como un paraíso terrenal, sino como la posibilidad de disminuir las inequidades sociales, la posibilidad de que regiones golpeadas por el conflicto armado tengan una discriminación positiva en el gasto público, de tal manera que sus pobladores puedan contar con mejores vías de comunicación —ni siquiera las 4G de que tanto se habla por estos tiempos—, mejores servicios de educación, salud, vivienda rural y la presencia de un Estado que garantice sus derechos.

Sospecho que los estudiantes universitarios, con su alegría, creatividad y entusiasmo y con la colaboración de algunos profesores y directivos, van a generar unas sensibilidades ciudadanas y una movilización que va a incidir en el resultado final de la refrendación plebiscitaria. “Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con la bandera en alto va toda la estudiantina”.

Esta participación electoral plebiscitaria es de naturaleza distinta a las elecciones tradicionales realizadas en el país, aunque los efectos sobre las posteriores elecciones de gobernantes de 2018 sean indudables —difícilmente un candidato presidencial que no haya apoyado el plebiscito tendrá alguna posibilidad de éxito en las presidenciales. Primero, porque no se va a escoger una persona o un partido político, sino opinar sobre un Acuerdo que tendrá incidencia en el futuro de nuestra sociedad. Segundo, allí no se trata de escoger entre los odios de este dirigente contra aquel otro, ni tampoco decidir sobre las frustraciones de este o aquel gobernante. No. Se trata de que los colombianos pensemos y decidamos qué es lo que mejor conviene para la sociedad colombiana y su futuro inmediato. Por eso es tan importante la opinión de los jóvenes, que son quienes van a tener la responsabilidad de construir y disfrutar ese futuro que allí se decide. Tercero, tampoco va a pesar mucho el tradicional voto clientelista que intercambia el voto con favores y lealtades con un caudillo; no hay mucho para repartir en esta elección. Por lo tanto lo que va a pesar mucho más es el voto de opinión, de un lado, y el voto de afectos, del otro.

Debemos ser capaces de hacer unas campañas alegres, enriquecedoras de la visión colectiva, conscientes, informadas y que justamente aceptemos el valor de la política como el mecanismo sustituto de la guerra y que son los ciudadanos del común con el poder del voto los que deciden y no el poder ni de las armas, ni del dinero, ni de la capacidad de vender odios.

De eso se trata la terminación del conflicto armado, de cambiar balas por votos, para tomar las grandes decisiones sociales. Y los colombianos lo vamos a lograr.

* Este artículo fue publicado en el periódico El Colombiano, el 4 de septiembre de 2016. Disponible en :<http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/terminacion-del-conflicto-se-moviliza-la-sociedad-XJ4913321>.

** Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia y Director Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.

EL PLEBISCITO COMO PROBLEMA MORAL

Alejandro Castillejo-Cuéllar*

A RIESGO DE PARECER REPETITIVO, quisiera volver a una serie de ideas expresadas en columnas anteriores, publicadas en el portal de la Silla Vacía, donde me había planteado el reto de dar testimonio del momento histórico por el que estaba pasando el país. Pequeñas microhistorias o micro-relatos que como una metonimia de la realidad más amplia y compleja eran expresión de los nuevos encuentros entre personas que el proceso de paz en La Habana estaba gestando. La fortuna de trasegar por el país y entablar diálogos con personas y organizaciones de muy diversas y contradictorias procedencias me lo ha permitido. Este momento hay que vivirlo en la calle, en los caminos verdales, en las montañas, lejos de la comodidad teórica.

Había esbozado, vistos en su conjunto, un par de argumentos basados en mi propio trabajo de campo etnográfico en Sudáfrica, en Colombia, y más recientemente (con dudas y dificultades), en México, donde la monumentalidad del terror como forma de gobernabilidad aún me apabulla.¹ El primero giraba alrededor de la naturaleza de las transiciones (prefiero llamarlas el “discurso y las prácticas que configuran la transición”) en tanto formas de sociabilidad y tecnologías de gobierno. El segundo, sobre nuestro papel en tanto intelectuales, escritores o ciudadanos en determinados momentos históricos. El argumento es sencillo: más allá de la aplicación de mecanismos y leyes transicionales, de sus sutilezas y alcances (debatidos en el seno del proceso en Cuba), el debate por la paz negociada y el potencial de su implementación a través del acuerdo final, nos permite más bien percibir las angustias de una sociedad (con todas sus diversidades) ante el prospecto de la transformación de las formas como nos hemos visto a nosotros mismos.

La discusión sobre el plebiscito es, en cierta forma, la expresión de estos temores, un punto de no retorno, en torno a la idea de “identidad nacional” y su relación con una herida, a la que genéricamente llamamos conflicto armado. Así pues, las sociedades pasan de lo inimaginable a concebir lo posible y trabajar sobre lo realizable.

En procesos de transición, incluso como cualquier ritual de paso, el tránsito de un estado de cosas a otro implica poner en tela de juicio las verdades recibidas y los lenguajes que han estructurado nuestra vida cotidiana, aquellos que plantean una dicotomía ente los mundos amorfos de los enemigos. En este momento hay una gran cantidad de inimaginables para la sociedad en general. Creo que eso es lo que pasó a lo largo de los años de negociación. No hay nada más complejo (y si me preguntan, este es el gran reto del periodo del postacuerdo) que de-construir estas dicotomías para hacer posibles otras formas de sociabilidad.

Sin embargo, en la medida en que el tiempo pasa, que el proceso instaure un verdadero momento liminal —un estado intermedio que no es ni uno ni el otro, un tiempo flotante entre el pasado y el futuro por hacer— emerge el prospecto de lo posible, cuando las dicotomías y las fronteras que las definen parecen adquirir otra fisonomía. En este contexto emergen términos que juegan como horizontes y que vienen acompañados de actos concretos, asociados al eslogan del cambio y a las promesas de mejores futuros haciendo una mezcla compleja entre la expectativa de la sociedad y la política (en el sentido más trivial y tradicional de la palabra): la Nación Arcoíris, Todos por una Nueva Nación, incluso la idea misma de reconciliación, aunque no exista una definición operativa de ella. A este entramado de prácticas y discursos le he llamado el evangelio global del perdón y la reconciliación. Creo que estamos pasando por ese momento: lo anunciado el 24 de agosto en La Habana constituye una medida de lo posible, un índice de lo factible en cuanto a que instaura caminos y procesos al igual que oportunidades fraguadas de complejidades.

Sobre lo realizable no es mucho lo que se puede decir ahora. Será en realidad lo que hagamos, o lo que seamos capaces de hacer: la contextura de la comisión de la verdad, la clarificación de los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, la concreción de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la constitución de renovados escenarios políticos, la promesa de transformación relativa del campo y, por supuesto, lo que no hagamos o dejemos de hacer.

Con el plebiscito estamos, precisamente, ante el prospecto de lo realizable. Rara vez, en el mundo de esa ingeniería electoral que llamamos democracia, estamos ante la posibilidad de una decisión trascendente, con las potencialidades y limitaciones de cualquier momento histórico. Y son estos momentos los que nos muestran de lo que estamos hechos los seres humanos, de cómo nos situamos ante la historia, ante nuestra vida y ante la vida de otros.

Segundo punto. En mi trabajo en Sudáfrica durante el “periodo” posterior a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés) en ese momento a punto de cerrarse con la publicación de los últimos dos volúmenes del Informe Final, aún recuerdo los debates que sosteníamos con el grupo de excombatientes del ala militar del Congreso Nacional Africano y un grupo de viudas con quienes trabajaba. Había una sensación de insatisfacción relativa desde el movimiento de liberación contra el Apartheid, una sensación patente en la que veían a Mandela vendiéndole el país a los mismos proyectos neocoloniales con los cuales el régimen racista, a la hora de la verdad, estaba asociado. No se puede negar sin embargo la atmosfera de futuro, el aire de cambio que por aquellos días se respiraba en el país. Provocaba quedarse y tener hijos allá.

Para las localidades segregadas en Sudáfrica (los townships) este sentimiento no era un problema menor por cuanto fueron ellos quienes habían puesto los muertos, los torturados y los exiliados. Lo cierto es que el pragmatismo de Mandela (entendiendo su momento histórico) negocia el mejor mundo posible (con el Banco Mundial y otros) dentro de las condiciones que le tocó afrontar. Ese mismo año se había derrumbado el Muro de Berlín. Indistintamente del destino que el país tomaría durante la década siguiente (plagado de desigualdad democratizada), una conclusión sí me queda clara: hay algunos líderes que son capaces de cargarse su país en los hombros para moverlo hacia atrás, seguramente impulsados por el miedo, los privilegios adquiridos y por los fantasmas que los persiguen. Hablo del innombrable, obviamente. Hay otros, como Mandela (sin el prospecto ni el show del Premio Nobel) que se lo echan al hombro para moverlo hacia un derrotero diferente, hacia delante, hacia lo realizable.

Es obvio, y lo digo con respeto: en Colombia no hay un líder de ese calibre, uno que unifique, que tenga la estatura del mismo Mandela (ya que nos comparamos tanto con el “caso” sudafricano), ni dentro de la política tradicional ni dentro de la Guerrilla. No hay un solo pedagogo que tenga ascendencia en la sociedad en general. Es por esa carencia de liderazgo (sin dejar de reconocer la importancia de los delegados ante la mesa de La Habana ni el ajedrez político que ha implicado sacarlo adelante con el presidente como jugador central) que hemos terminado en este pseudo-debate sobre el plebiscito, por someter un proceso tan importante a la maquinaria electoral y al devaneo mediático de la llamada “opinión pública” que ni siquiera ha leído, en su enorme complejidad, el Acuerdo Final. Y de la pedagogía del proceso ni qué decir: llegó a destiempo, tarde, a las bancas de un Estado más bien ambivalente. Lo digo con conocimiento de causa: entre el Pacífico Colombiano, el Urabá, el Caquetá Amazónico y el Arauca semi-desértico, el Sur de Bolívar y el Atlántico a pie, y el centro administrativo de Bogotá y sus periferias (entre públicos de universidades, de cadetes en las Fuerzas Militares y colegios públicos), he estado acompañando este proceso como observador participante, pensando en lo que llamo la Paz en Plural.

Lo digo con toda honestidad, con la conciencia de lo que implica hacerlo en público en la Colombia de la Unidad Nacional (no la “alianza” sino el “espíritu” de los tiempos): disiento profundamente de la política oficial en una variedad de temas, comenzando por el proyecto de desarrollo, por la reducción de la educación a la producción, por la expoliación certificada de la “naturaleza” que llamamos el tren minero-energético y sobre la que asentamos económicamente el porvenir. Eventos recientes, manifestaciones regionales en el Putumayo y el Cauca, muestran la tensión inherente de estos proyectos.

En este sentido, la mal llamada “oposición”, aquellos que votan NO en el plebiscito, no son más que diferencia de opiniones y variaciones sobre el tema de los tres huevitos. Es casi grotesco, con la historia de este país, que desde sus trincheras en Walt Disney se auto-denominen exiliados y perseguidos, luego de devanear hasta el fondo (literalmente) con el poder, hasta el extremo de los mal llamados Falsos Positivos. Me sorprende que haya gente en este país que aún le de credibilidad a esa ficción.

El plebiscito es un momento de legitimidad a la vez que un momento ritual, y como todo momento ritual gira en torno a los límites de lo posible, de lo existencial, moral y socialmente posible. Un momento donde todos estamos invitados a pensar en nuestro porvenir. Ya no tendremos la excusa de la guerra perpetua para achacarle nuestras desgracias nacionales, ni haremos de ella el centro de nuestros debates electorales.

* Director del Programa de Estudios Sociales de las Transiciones. Profesor Asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia.

1 Véase mi trilogía sobre la violencia, la subjetividad y la cultura: Poética de lo Otro: Una Antropología de la Soledad, la Guerra y el Exilio Interno en Colombia (1ª Edición, 2000), Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Técnica (COLCIENCIAS), Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), Ministerio de la Cultura, 2ª Edición (2016), Bogotá: Universidad de los Andes; Los Archivos del Dolor: Ensayos sobre la Violencia y el Recuerdo en la Suráfrica Contemporánea. Bogotá: Universidad de los Andes (original 2009, 1ª Reimpresión 2013); y Tras los Rastros del Cuerpo: Estéticas y Políticas de la Desaparición Forzada en Colombia y México, 2002-2010 (en preparación).

SÍ: UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR
LA PAZ DURADERA Y LA DEMOCRACIA

Alvaro Oviedo Hernández*

LA APROBACIÓN DEL PLEBISCITO que refrenda los acuerdos de La Habana significa el fin del conflicto armado con las FARC-EP, y el cumplimiento de los mismos supone una serie de cambios en las costumbres políticas de los colombianos que implican una apertura hacia la democracia, política social y económica. En ese nuevo escenario a crear, de democracia integral con justicia social, es posible hablar de construir una paz duradera.

La desmovilización de este movimiento insurgente es un paso fundamental en ese camino. Sin embargo hace falta aún descongelar el proceso de negociación con el ELN, e ineludiblemente erradicar el paramilitarismo, con el nombre que se le quiera dar, para garantizar a las fuerzas de oposición su actividad política, a los movimientos sociales su organización y movilización, por las reivindicaciones, el respeto y realización plena de los derechos humanos.

En esas nuevas condiciones será posible gestionar las múltiples expresiones del conflicto social y político sin tener que matarnos entre los colombianos. Cuestión un tanto inédita para un país, que después de la independencia de España ganada en una guerra, se sumerge en nueve guerras civiles nacionales, sin contar los pronunciamientos armados en diversas regiones. Con la última del siglo XIX, la llamada Guerra de los mil días, entramos al siglo XX y tenemos breves eclosiones en los años treinta localizadas en Boyacá y Santander al finalizar la hegemonía conservadora, para entrar a partir de 1946 en la llamada violencia, que se prolongó formalmente hasta 1958, seguida de un interregno conocido como el bandolerismo, que va hasta mediados de los años sesenta.

EL CONFLICTO ARMADO PERSISTENTE

El conflicto a superar por los acuerdos logrados en La Habana hunde sus raíces en la llamada violencia, periodo en el cual, sin aceptar el termino de guerra civil, se enfrenta a la violencia oficial conservadora, la resistencia de las guerrillas campesinas liberales, y en las regiones con tradiciones de luchas agrarias del Tolima y Cundinamarca también guerrillas comunistas. Con la amnistía decretada por el General Rojas Pinilla al dar el golpe de Estado, se logra la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas, que se acogen a la amnistía o cesan en la lucha. La guerrillas comunistas de Sumapaz desmovilizadas se dedican a la organización de los campesinos de Villarrica, Tolima, en sindicatos, juntas veredales, organizaciones de mujeres, etc.; pero Rojas Pinilla —a tono con el desarrollo de la Guerra Fría, con el apoyo de personalidades de los partidos conservador y liberal— declara fuera de la ley al comunismo, emprende una ofensiva militar contra la población de Villarrica donde luego de una tenaz resistencia armada se forman columnas de marcha a las regiones de Marquetalia, Pato, Riochiquito y Guayabero. Con La caída de Rojas Pinilla y el comienzo del frente nacional cesan sus acciones armadas, y reclaman inclusión en los programas de rehabilitación para las víctimas de la violencia al gobierno nacional. Son denominadas estas poblaciones “repúblicas independientes”, y dentro de la lógica de guerra preventiva contra insurgente se prioriza el operativo militar, que tiene como resultado la apertura del nuevo ciclo de insurgencia inicialmente agrupada en el denominado bloque sur y luego Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en una conferencia posterior sumarían a su denominación la de Ejército del Pueblo.

Desde mediados de los años sesenta hasta los ochenta siguiendo sus propias dinámicas y concepciones surgen nuevas organizaciones insurgentes, como el ELN, el EPL y el M19, que logran en diferentes proporciones presencia política militar en distintas regiones y en el ámbito nacional. Llama la atención la reticencia a la unidad de las distintas expresiones de insurgencia. Pese a esfuerzos esporádicos de acercamiento se prioriza una dinámica de negociación por separado. La primera en apostar a la salida política negociada del conflicto armado son las FARC, en las negociaciones de la etapa Uribe se pacta un cese al fuego a cambio de garantías políticas para la acción pública. Con el apoyo de organizaciones políticas legales, movimientos sociales y personalidades democráticas se da nacimiento a la Unión Patriótica, enarbolando la bandera de apertura democrática. Después de los primeros resultados electorales comienza una política de exterminio de la Unión Patriótica.

La mayoría de estas organizaciones insurgentes se desmovilizan después de negociaciones, en la coyuntura de la Constitución de 1991, que reemplazaría a la Constitución de 1886. Se cierra la primera etapa de negociación con las FARC con los operativos militares contra “casa verde” el mismo día que se votaba para la Constituyente, a la vez que continúa la campaña de exterminio que se adelantaba contra la Unión Patriótica.

A las negociaciones de la Uribe, se van a sumar las de Caracas, Tlaxcala, donde participan conjuntamente varias organizaciones guerrilleras, y luego se dan las negociaciones del Cagúan, que —independientemente de los resultados— muestran la persistencia en la negociación de una salida negociada desde los años ochenta, pero también la fortaleza de los enemigos de la paz.

Desde los años ochenta el narcotráfico permea toda la política nacional, las elecciones, las actividades económicas, se fortalece el paramilitarismo que se había iniciado desde finales de los sesenta y entra el conflicto en una etapa de degradación creciente que coloca en la mira a la población civil.

Prácticamente no hay una generación de colombianos que no haya tenido que ver con el desarrollo de conflictos armados. La institucionalidad política, el desarrollo económico-social del país, está cruzado por el conflicto armado, la práctica de la exclusión política, al lado de la exclusión económica y social, de tratar a quien no comparte las posiciones oficiales como enemigo interno, aún antes de que se empalmara con las modernas teorizaciones de la doctrina de seguridad nacional, y sus nuevos adjetivos para presentarla en sociedad.

Si a la llamada violencia se le atribuyen 200.000 muertos, al conflicto actual se le señalan 300.000 muertos, 6.9 millones de desplazados, 7 millones de hectáreas despojadas, el record mundial de sindicalistas asesinados, así un número significativo de miles de dirigentes sociales y activistas en derechos humanos muertos o desaparecidos. Sobre las cifras se puede discutir, y habrá que hacer una labor más sistemática para precisar sus dimensiones pormenorizadas, en las diferentes bases de datos. Pero nadie duda del ensañamiento del conflicto y la dimensión de tragedia que ha tomado. De parar la producción de estas cifras macabras se trata cuando se apuesta a desactivar el conflicto armado, y el “Sí” que sanciona, para utilizar el término jurídico, los acuerdos, es un paso decisivo en esa dirección.

LA DEMOCRACIA ESQUIVA

Pero transitar hacia una paz duradera supone superar la cultura autoritaria y de exclusión política que tiene profundas raíces en nuestra historia. Para reseñar los hitos más importantes que formatean nuestras prácticas baste con señalar los siguientes:

La constitución de 1886, surgida de una victoria militar, fue definida por su gestor Rafael Núñez como una Constitución autoritaria, sin ningún disimulo. Cuando la mayor parte de los países de América Latina optaban por constituciones liberales que separaban la Iglesia del Estado, y declaraban el derecho a las creencias como parte de la libertad de conciencia, en Colombia la mencionada Constitución de estirpe teocrática, es complementada por el Concordato con El Vaticano, mediante el cual se declara el catolicismo la religión oficial de la nación, y se entrega la educación, la seguridad social y funciones del registro civil a la tutela de la Iglesia. La iglesia pre Vaticano II era una iglesia integralista que se consideraba guardiana de la verdad revelada, y en cruzada contra errores, como el racionalismo, el volterismo, el liberalismo, al lado de otros innumerables ismos como el anarquismo, el socialismo y el comunismo, incluidos por Pío IX en su memorable Sillabus, o lista, como errores a combatir.

Este es el marco institucional que dura hasta 1991, con las reformas de la República liberal (1930-1946) y la reforma al concordato en los años setenta, en el que se forma nuestra cultura política. Y su primera vigencia va de la formulación de la Constitución hasta la hegemonía conservadora que culmina en 1930. El regreso de los conservadores al poder por la división de las candidaturas del partido liberal abre la etapa de la violencia oficial y las dictaduras conservadoras civiles y militares. En la historiografía oficial se habla de “la dictadura” de Rojas Pinilla, y se evita señalar que el gobierno de Ospina Perez clausuró el Congreso (órgano legislativo nacional), las asambleas departamentales y concejos municipales, se gobernó con estado de sitio (supresión de las garantías individuales) y se garantizó su reemplazo como presidente en unas elecciones con candidato único como expresión de la democracia… Ese gobierno que no se pudo posesionar ante el Congreso como señalaba la Constitución, porque estaba cerrado, es depuesto en medio de la crisis política por el General Rojas Pinilla mediante golpe militar.

Y al continuar profundizándose las desavenencias entre el gobierno militar y los partidos, liberales y conservadores deciden “el retorno a la democracia” mediante el llamado frente nacional que suprime el libre juego de los partidos, una de las bases fundamentales de la democracia, al pactar que la mitad de los cargos serán para liberales y la otra mitad para conservadores, y que la Presidencia de la República se alternará entre el partido liberal y el partido conservador, un periodo uno, el siguiente otro. Quedan así excluidos de la posibilidad de hacer política otros partidos existentes o que pudieran surgir. Se complementa esta práctica denominada de “retorno a la democracia”, con la supresión de las libertades individuales mediante el estado de sitio, empleado como forma básica de gobierno en las dictaduras y utilizado por todos los gobiernos del Frente Nacional, que además permitía romper el equilibrio recomendado entre las tres ramas del poder público para evitar desbordes autoritarios, al asumir funciones del legislativo el presidente al gobernar por decreto, y ceder funciones judiciales a las FF.AA. al permitirles juzgar civiles en relación con el manejo del orden público, mediante los consejos verbales de guerra. En estas condiciones se da el surgimiento de las insurgencias a mediados de los años sesenta.

Parte de la legislación de emergencia fue recogida en la Constitución de 1991 mediante el llamado “Congresito”. Sin embargo la Constitución incluye aspectos que constituyen un avance en relación a la Constitución de 1886, como la inclusión de los derechos humanos, los derechos de las minorías étnicas, entre otros, y la tutela.

En perspectiva a una apertura democrática real, en lo político, económico y social se requiere un balance de esta institucionalidad. Así como hace falta un desarrollo jurídico sobre las leyes estatutarias, en ámbitos como el laboral, el de medios de comunicación, minería energética, etc. La normatividad de contenido democrático que habría que establecer y el debate mismo sobre la necesidad de una nueva Constitución, y del fortalecimiento de la democracia participativa con poder de decisión.

La acción del conjunto de la ciudadanía resulta fundamental para el cumplimiento de los acuerdos sobre la problemática agrícola y su desarrollo integral; la solución al problema de las drogas; la participación política y la apertura democrática. Hay que subrayar la importancia que tienen las comisiones para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, y en particular la de verdad, fundamental tanto para la reparación de las víctimas como para la garantía de no repetición.

Es fundamental esclarecer el papel de la institucionalidad, de las costumbres en la persistencia del conflicto. La responsabilidad del Estado y de los otros actores armados en el mismo, la de los agentes económicos nacionales e internacionales. Sin pretender una verdad oficial que vulnere la pluralidad, la participación en el establecimiento de la misma. Crear mecanismos y prácticas que permitan superar el silencio, la desconfianza y el rencor. Debatir el papel de los medios y su compromiso para superar la situación actual, el de las instituciones educativas, el papel de la academia, de los centros de pensamiento, de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, en la construcción de una paz duradera y de una democracia robusta como el escenario ideal para resolver los conflictos sociales, económicos y políticos sin matarnos.

* Magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos y Especialista en Historia de América Latina. Es Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias sociales de la Pontifica Universidad Javeriana.

SÍ A LA PAZ*

Carolina Botero Cabrera**

“El gobierno de Colombia y las FARC hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera.”

FRASES COMO ESTA resumían en redes sociales lo que llegaba desde La Habana el 24 de agosto de 2016. Millones de personas seguíamos expectantes la noticia: finalmente había un texto de acuerdo entre gobierno y FARC. Comenzaba a materializarse la idea de poner fin a décadas de una guerra civil que conocemos con el eufemismo de “conflicto armado”.

Como nací durante la guerra, durante décadas vi tanto de lejos (en las noticias cotidianas de lo que sucedía a mi alrededor) como de cerca (con las bombas de Pablo Escobar en Bogotá) el pánico y la incertidumbre de quienes sabemos que una bomba, un secuestro, una mina, una amenaza están tan solo a la vuelta de la esquina y no discriminan. Sin embargo, vivir en Bogotá, en mi caso, me protegió de no ser una víctima directa y me enseñó a leer que el dolor se mide en cifras. Cifras astronómicas como las que muestra el Registro Único de Víctimas: más de 8 millones de víctimas, casi una cuarta parte de personas desaparecidas o fallecidas. Cifras que, en medio de la desescalada del conflicto, no paran. Durante lo que va de 2016, han asesinado a más de 50 defensores de derechos humanos. Como cualquier persona en Colombia, tengo mi versión de esta guerra. Sin embargo, es detrás de esas cifras que se esconden historias desgarradoras sin color ni ideología. Al final son simplemente relatos de una guerra despiadada y demasiado larga. La frase que inicia este escrito refleja mi apuesta de esperanza, una que contrasta con mi yo racional que me recuerda que todavía tenemos que ganar esa paz. Porque mientras veo símbolos y avances de la paz, identifico también retos para afrontar como sociedad. En este escrito les presento un par:

1– La foto con la que se presentó el texto del acuerdo final el 24 de agosto prueba que aunque pensemos muy diferente podemos sentarnos a negociar, es decir, podemos ceder, aprender y acordar. Pero también muestra el reto que tenemos para hacerlo reconociendo nuestra diversidad. En el grupo de 18 personas en La Habana tan solo hay una mujer. Con un par de excepciones es un grupo de hombres blancos y maduros. Sabemos que los acuerdos se construyeron entre muchas personas, pero no soy la primera en decir que faltó diversidad. Esta crítica en todo caso no debe ocultar, incluso debería resaltar, que es uno de los pocos —sino el único— acuerdo de paz que incluye como eje transversal el tema de género y que esto sucedió esencialmente por presión de la sociedad civil.

El reto: apostar por construir la paz, las políticas públicas, la democracia con toda la sociedad. Este “tema pendiente” es importante para evitar que volvamos a la guerra. Contar con más mujeres, homosexuales, jóvenes, poblaciones afro, indígena, campesina, todos los gremios, etcétera, es necesario. Debemos identificar los temas que importan y hacer un ejercicio de participación ciudadana donde hagamos oir nuestras voces. Las posiciones de poder también deben reflejar esa diversidad. Se requiere un compromiso activo para visibilizarla.

2– No hace mucho el gobierno presentó la nueva política nacional de seguridad digital (Conpes de Seguridad Digital 3854/2016) desde la óptica del posconflicto. No sin cierta justificación —por las más de cinco décadas en guerra— el tema ha sido tradicionalmente discutido desde un discurso militar de “ciberseguridad” que traslada todas las lógicas de la guerra al “ciberespacio”. He venido siguiendo este tema y me alegra que a la hora de concretar estos acuerdos el gobierno pueda presentar una visión civilista del tema. Pero debemos recordar que lo pudo hacer porque consiguió superar en los últimos meses la visión hegemónica militarista inicial (no hay sino que ver el Conpes de Ciberseguridad de 2011, que es el antecedente directo del nuevo de Seguridad Digital). La nueva política tiene como eje el desarrollo económico y como principio el respeto a los derechos humanos. No es un Conpes ideal, ni siquiera recoge directamente un análisis y acciones para el posconflicto, pero siendo tan solo una hoja de ruta puede adaptarse. De los muchos retos que se pueden derivar de este tema, uno quedó claro cuando alguien de la audiencia del evento cuestionó que no se hablara de la seguridad digital de las víctimas del conflicto, la respuesta fue: “Es un tema pendiente”. Es positivo que el sitio del evento registre en palabras de la Viceministra que “Existen muchos sistemas que deben permitir el intercambio de información entre entidades de manera segura, y específicamente, se requiere optimizar los que tienen que ver con la atención y reparación de víctimas, los de restitución de tierras y, en general, los que manejan información de beneficiarios de las políticas sociales. Lo que necesitamos es garantizar la interoperabilidad con seguridad”. Sin embargo, para lograr la “no repetición” se requiere, en primer lugar, implementar el principio de respeto a los derechos humanos. Más allá de la interoperabilidad con seguridad, frente a esta población tan vulnerable, la intimidad es necesaria para garantizar su vida, derecho de asociación, de protesta, etcétera. Este es el gran pendiente.

Sí, hay muchos pendientes para Colombia y para sus habitantes. Como ciudadanía activa debemos pensar cómo aportamos desde nuestros propios lugares. Me siento como cuando vi caer el Muro de Berlín. Hay momentos para verlos con calma y disfrutarlos reflexivamente.

* Una versión preliminar de este artículo fue publicado en el perdiódico El Espectador, el 25 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.elespectador.com/opinion/si-paz-0>.

** Abogada, Magíster en Derecho Internacional y de la Cooperación por la VUB de Bélgica y Magíster en Derecho del Comercio y la Contratación por la UAB de España. Es especialista relacionados al análisis de los derechos de autor en entornos digitales.

MANUAL PARA CONVENCER A INDECISOS*

José Fernando Flórez**

EL PRINCIPAL RETO en esta campaña es rescatar el plebiscito de la falsa dicotomía “Santos vs. Uribe”, para restablecer el dilema verdadero de “reconciliación vs. violencia”.

Aunque los resultados de la última encuesta Invamer-Gallup (la más fiable de las hasta ahora conocidas porque tiene la muestra más robusta y representativa) dibujan un panorama optimista para el plebiscito (67% por el “Sí” y 35% por el “No”), la cifra más importante es que apenas el 35% del electorado está seguro de que saldrá a votar. Esto nos deja con un saldo enorme de votantes que aún pueden sumar para ambas opciones.

Es de esperarse que a medida que avance la campaña, más personas decidan ir a las urnas como resultado del aumento de los gastos de campaña y el creciente cubrimiento mediático, dos predictores clásicos de una mayor participación electoral. La pregunta clave para quienes promovemos el ‘Sí’ es cómo convencer a los votantes indecisos e incluso hacer cambiar de opinión a quienes por ahora piensan votar negativamente. A continuación, cinco directrices:

1– Se ha repetido hasta la saciedad, pero urge desligar el plebiscito de Santos y su baja popularidad. Votar en contra del plebiscito por la insatisfacción con el gobierno del actual presidente es un tiro en el pie para cualquier ciudadano. A Santos le quedan menos de dos años de gobierno pero, de reactivarse la guerra, siendo optimistas al país le tomaría por lo menos otra década volver a estar tan cerca de acabar el conflicto. En otras palabras: con el “No” al fin de las FARC perdemos todos los colombianos, santistas y uribistas incluidos. El principal reto de comunicación en esta campaña es, entonces, rescatar el plebiscito de la falsa dicotomía “Santos vs. Uribe”, para restablecer el dilema verdadero de “reconciliación vs. violencia”.

2– Usar estratégicamente las emociones en política. El grueso de la literatura sobre el tema indica que los mensajes centrados en emociones positivas, como la esperanza y el optimismo, solo sirven para afianzar la posición de votantes que ya están a favor de la causa. Por el contrario, emociones negativas como el miedo y la preocupación tienen el efecto de aumentar los niveles de atención y, por ende, abren canales para la transmisión más efectiva de la información entre votantes indecisos y desatentos. Por ejemplo, a una persona que aún no ha dimensionado la importancia de votar positivamente el plebiscito cabe recordarle que no hacerlo conduciría a una reactivación del conflicto y, por tanto, al aumento automático del número de muertos: hoy en día tenemos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja de los últimos 20 años. Algo de cifras sobre los costos tanto humanos (220.000 muertos, 7 millones de desplazados) como económicos (5% del PIB y 20% del presupuesto nacional gastado en defensa, en lugar de salud y educación) de la guerra ayudan a resaltar la trascendencia histórica del plebiscito. Lo que planteo no es terrorismo electoral, sino una buena dosis de realismo frente al irresponsable belicismo que subyace a actitudes perfeccionistas o de indiferencia.

3– Es falso que se pueda “renegociar el acuerdo”. Es mentiroso el planteamiento de quienes pretenden, en caso de que ganara el “No”, forzar a las FARC a aceptar lo que en realidad sería un sometimiento con penas estrambóticas de privación de la libertad y muerte política de los guerrilleros (que se alzaron en armas justamente porque no tenían viabilidad política). Una negociación implica concesiones mutuas o de lo contrario no existe. Lo que desean los detractores del acuerdo es en realidad una rendición que no fue posible en medio siglo de hostilidades.

4– No todos los uribistas votarán negativamente en el plebiscito. Hace algunas semanas, un campesino en Valencia (Córdoba) dijo: “Soy uribista pero voy a votar por el ‘Sí’ porque he sufrido mucho con esta guerra”. Sentir simpatía por Álvaro Uribe no implica tirarse al abismo de más violencia que supone su odio contra Santos. Entre los elegidos del Centro Democrático no hay militantes sino súbditos que están pagando un cargo regalado y no pueden contradecir públicamente al caudillo sin caer en desgracia dentro del partido (aunque no es de descartar que, como el voto es secreto, varios terminen votando positivamente). Pero entre los demás simpatizantes, hay personas que no tragan entero. No todos son votantes domesticados que siguen ciegamente los disparates del mesías. A muchos se les puede hacer caer en la cuenta de que, respecto del plebiscito, los quieren convertir en instrumentos de una venganza personal: está bien documentado que Uribe siempre quiso negociar con las FARC mientras fue presidente y hacerles todavía más concesiones de las consignadas en el Acuerdo Final. Su móvil, entonces, no es el contenido del acuerdo sino el resentimiento contra el presidente.

5– El peor consejo que se le puede dar a un indeciso es que se lea las casi 300 páginas del acuerdo. En primer lugar, porque lo más probable es que no lo haga. El colombiano promedio lee apenas 1,9 libros al año, pero además es racional que no gaste su escaso tiempo de lectura (que no se debe, como la gente piensa, a la pereza sino a la falta de tiempo en medio de las obligaciones laborales) en un mamotreto lleno de tecnicismos que al final puede dejarlo más confundido. El Acuerdo Final es un documento que no fue diseñado para enseñárselo al gran público sino para lograr consensos sobre puntos extremadamente complejos de política pública con miras a reconstruir un país azotado por la violencia. La pedagogía del acuerdo consiste justamente en presentar en forma sintética lo que su tenor literal no logra comunicar eficazmente y puntualizar sus beneficios: que Colombia será un país sustancialmente mejor para vivir gracias a la desmovilización de las FARC así ello implique hacer algunos sacrificios, razonables en términos de costo-beneficio, frente a unas aspiraciones de justicia retributiva que no pasan de ser fantasías porque el estado de guerra normaliza la plena impunidad.

* Este artículo fue publicado en el periódico El Tiempo de Colombia, el 1º de septiembre de 2016. Disponible en <http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/manual-para-convencer-a-indecisos-jose-fernando-florez-columna-el-tiempo/16689459>.

** Abogado y Politólogo egresado de la Universidad Externado de Colombia . Es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II) y Magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II). Es columnista habitual del periódico El Tiempo de Colombia.

VOTAR SÍ EN EL PLEBISCITO
ES LA ÚNICA OPCIÓN QUE QUEDA
PARA DECIRLE NO A LA IMPUNIDAD*

Miguel Galvis**

LOS PARTIDARIOS DEL “NO” están en contra de los Acuerdos de La Habana porque no es un proceso de paz hecho a su medida. El “Sí” asegura, a diferencia de los acuerdos con los paramilitares, la verdad y la justicia para todos.

Parodiando al senador Uribe, cuando expresó que “solamente nos queda la opción de decir sí a la paz, votando no al Plebiscito”, creo entender uno de los grandes temores que albergan los actores de la ultraderecha, quienes combinaron todas las formas de lucha y se pasaron por la faja la legalidad, creyendo que gozarían de la impunidad que les ofrecía su caudillo, quien les vendió la tesis que “las reglas de justicia las imponen los vencedores” y que ellos modificarían la Constitución y la ley en su propio beneficio, como efectivamente lo hizo su líder con la reelección presidencial o el transfuguismo.

Hoy, cuando los colombianos conocemos el acuerdo sobre la forma de escoger los 40 magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, se cumple uno de los grandes temores que tenían el Centro Democrático y el Procurador: no podrán descalificar la justicia de paz por ser parcializada, pues queda claro que será independiente, y ellos saben que tarde o temprano deberán responder por todos los delitos que cometieron en su santa cruzada contra el comunismo “castro-chavismos” en su matrimonio con los paramilitares.

Está claro no les gusta un proceso de paz que reivindique a las víctimas, y que privilegie la verdad y la justicia, como centro del proceso. Ellos preferían un proceso de paz donde no tuvieran que contar qué ilegalidades, qué violaciones a los derechos humanos de campesinos, niños y mujeres auspiciaron y propiciaron.

Prefieren un proceso de paz como el de Santafé de Ralito, donde no hubo verdad, ni justicia, ni reparación a las víctimas y ni siquiera garantía de no repetición, porque los mandos medios se quedaron a defender a los nuevos dueños de las tierras despojadas, ellos en las noches son los tan mentados ejércitos anti-restitución, los otros migraron a las Bacrim que siguieron con toda clase de negocios ilegales.

Por ello, invertirán todos los recursos necesarios para derrotar el Plebiscito, jugándosela por el “No”, todos los altos funcionarios que están investigados y huyendo de la justicia, todos los investigados y condenados por violaciones a los derechos humanos desde las Fuerzas Armadas (algunas pocas manzanas podridas), todos los que pagaron por la seguridad de los paras y resultaron beneficiándose del más grande despojo de tierras a los pequeños propietarios, todos los que persiguieron y amenazaron a la oposición política, a las altas cortes y a la prensa; los que desmovilizaron falsos frentes guerrilleros, los que se han lucrado del conflicto desde el abuso del poder y al margen de la ley.

Se la jugarán con todo los que no quieren que las FARC, luego de contar la verdad, pedirle perdón y reparar a las víctimas, de cumplir con las sanciones que defina la justicia de paz, y asumir el compromiso histórico de nunca más empuñar un arma para hacer política, lleguen al Congreso de la República; pero que estuvieron orgullosos cuando los paras tenían infiltrado el Congreso en un 35% de sus miembros, se sintieron representados y orgullosos cuando iban a refundar la patria con la llegada de Salvatore Macuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza al Congreso, y los pusieron a hablar en transmisión en directo por Señal Colombia.

Claro, esa justicia de paz también va a juzgar a los altos mandos de las FARC por los delitos contra la humanidad, por las violaciones a los derechos humanos, por el desplazamiento forzado, por el secuestro, por la desaparición forzada de personas, por los hechos de terror, y ellos se están sometiendo a la justicia. Paradójicamente, algunos de quienes representaron al Estado de Derecho, hoy se sienten amenazados, con tanta verdad y con tanta justicia.

Con este análisis no pretendo descalificar a personas de buena fe, que crean que el mejor camino para Colombia es continuar el conflicto armado porque tengan argumentos propios que les den justificación.

De todas maneras, emplearé una frase desafortunada que puso de moda el líder de la ultraderecha colombiana durante sus 8 años de gobierno, cuando a los periodistas, a la oposición democrática, a los independientes, a los indígenas, a los jueces imparciales, les decía que eran “idiotas útiles del Terrorismo”, hoy creo que los colombianos no podemos resultar siendo “idiotas útiles de la impunidad y de la continuidad de la guerra”.

Invito a todos los colombianos a que voten contra la impunidad, apoyando el “Sí” al Plebiscito.

* Este artículo fue publicado en el portal La Silla Vacía, el 17 de agosto de 2016. Disponible en: <http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/historia/votar-si-en-el-plebiscito-es-la-unica-opcion-que-queda-para>.

** Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Colombia. Es Consultor en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH y se desempeña como veedor nacional del Partido Alianza Social Independiente (ASI).

ANTES DEL FIN DE ESTA GUERRA

Jaime Alberto Pineda Muñoz*

El fin de esta guerra es también en alguna medida el nuestro o, por lo menos, es el fin de nuestra juventud. Hemos creído sin pruebas que la paz era el estado natural y la sustancia del Uni- verso, que la guerra no era sino una agitación temporaria de su superficie. Hoy reconocemos nuestro error: el fin de la guerra significa nada más que el fin de esta guerra. El futuro no está definido y ya no creemos en la terminación de las guerras. Y hasta estamos acostumbrados al ruido de las armas, estamos tan embotados por nuestras heridas y por el hambre que ni si- quiera llegamos a desearla. Si mañana nos dijeran que acaba de estallar un nuevo conflicto, pensaríamos: es normal, con un encogimiento resignado de hombros. Entre los mejores descu- bro además una sorda aceptación de la guerra que es como una adhesión a todo lo trágico de la condición humana.

Jean Paul Sartre

I. LO QUE YO QUIERO ES COMPRENDER…

...La paz... extraño deseo, insólita búsqueda...

Lo que yo quiero es comprender lo que somos cuando los paisajes desolados de la guerra parecen llegar a su final y la condición humana se revela en el deseo colectivo de construir paz... comprender este instante que esperamos dure más de cien años, cuando parece inminente el ocaso de la confrontación bélica y asoma sin reservas la aurora de una nueva época...

...Lo que yo quiero es comprender por qué la guerra, aunque llegue a su final, ha logrado enrarecer tanto el deseo de paz y al mismo tiempo ha develado una posibilidad única para reinventar lo político a partir del final del conflicto armado y la articulación de miles de ex-combatientes en el movimiento social...

Lo que yo quiero es comprender un temor que adviene con la historia, como huella imborrable, como marca indestructible, como pulsión humana... comprender si es posible escapar del escepticismo de Jean Paul Sartre frente al final de la guerra que le tocó vivir, porque sus palabras parecen dirigidas a nosotros, los que nos hemos sentido embotados por las heridas y nos adherimos al signo trágico de la condición humana...

Comprender, tan sólo eso... comprender que una vez refrendado el Acuerdo de La Habana y terminado este conflicto armado, se harán visibles otras guerras, las que permanecen ocultas, las que no parecen culminar en una mesa de negociación porque sus protagonistas no hacen parte de la insurgencia y sus actores no portan uniforme militar... comprender esas guerras silenciadas que ahora ocuparán el espacio vital, las que han declarado enemigos internos a los movimiento sociales, a los defensores de derechos humanos, a los intelectuales contra-hegemónicos, a los jóvenes en las comunas, a los trabajadores sindicalizados, a los indígenas y campesinos en las Mingas, a los que han sido llamados como residuos humanos, a los que todos los días caen en las violencias mal nombradas, a los caídos en las “limpiezas sociales”, en los suburbios del hambre calculados por el Capital...

Las guerras silenciadas matan lentamente... Muerte “gota a gota” producida por corporaciones, transnacionales e imperios de Sociedad Anónima; muerte “mal contada” por las empresas mediáticas y muertos “invisibilizados” por las cumbres donde se discuten los Objetivos del Milenio... Lo que yo quiero, ante mi necesidad de decir “Sí” y refrendar los Acuerdos de La Habana, es comprender por qué, pese a que la insurgencia ha decidido reinventar su posición frente a la combinación de todas las formas de lucha, y ha llevado al Estado a comprometerse con una Reforma Rural Integral, conservamos esta sensación de miedo, de sabor amargo en las palabras, de sospecha, de temor ante un Estado que se declaró vencedor, que nunca se desmovilizó, y que por extrañas razones pretende que confiemos en que podrá profundizar la democracia y no conspirará otro Baile Rojo¹.

Acostumbrados a tanta guerra sucia, nosotros, los espectadores sorprendidos de antiguas fuerzas que se identificaron bajo la nominación de Liberales y Conservadores, tal vez no podamos comprender por qué los Partidos del Frente Nacional nunca pidieron perdón a las víctimas y por qué nunca fueron juzgados por los tribunales pese a desatar, en los años cincuenta del siglo pasado, un escalofriante espectáculo de terror y hoy gobiernan bajo el eufemismo político de las alianzas, de la unidad nacional, del cambio radical, del centro democrático, enmascarando sus intereses, escondiendo la violencia con la que accedieron al poder...

Lo que yo quiero es comprender cómo se construye paz cuando el máximo jefe del paramilitarismo es un Senador y en tiempos de su reinado, el imperio de la impunidad se apoderó de las palabras Justicia y Paz... Porque lo que ya pude comprender, en nombre de la justicia histórica, es la razón por la cual las FARC-EP decidieron dar el paso hacia la lucha social sin el uso de las armas...

Ante este paisaje de legítimas desconfianzas, las dudas no buscan cuestionar el plebiscito que refrenda los Acuerdos, ni el contenido de los mismos, pues insisto, yo decidí decir “Sí”... La duda aparece ante el porvenir, porque después de lo acordado asaltan presurosas las preguntas, ¿podremos imaginar una nueva ruralidad que no esté marcada por el despojo de tierras o el desplazamiento forzado que orquesta la locomotora minera del gobierno? ¿Podremos, desde los movimientos sociales, garantizar el cumplimiento de lo acordado en torno al agro? ¿Podremos seguir construyendo la paz cuando las lógicas del Capital siguen ejerciendo la violencia estructural? ¿Podremos garantizar una vida en paz cuando parece que sólo una “inmensa minoría” está dispuesta a escuchar los relatos de País provenientes del rumor de la cordillera, el frío de la cárcel y el dolor del exilio; cuándo aún nos queda por disputar una justicia narrativa que recoja los acumulados históricos de la lucha armada en Colombia?

Antes del fin de esta guerra, lo que yo quiero es comprender lo que he dejado de ser cuando el ser se revela como guerra y lo que empezaré a ser cuando el ser se revele como testimonio de la paz, como efecto de lo acordado... Comprender lo que cambiará en mi propia historia, en ese otro devenir que instaura una nueva promesa en el Post-Acuerdo... Pero antes de emprender el camino hacia la promesa de la paz,deseo comprender el eco sibilino del relato de Sartre, el encogimiento de hombros, la resignación que arrastramos, la normalización de la violencia, la naturalización de la fuerza, esta sorda aceptación de la que también hice parte y de la que quisiera deshacerme, como si por un instante pudiera contemplar la guerra y verla con extrañeza, desenfocando la mirada, desgarrando el telón de fondo que abrigó a mi abuelo liberal, a mi padre militar y a mí en la resistencia...

Tal vez sea este momento histórico la posibilidad para imaginar un tiempo y un lugar olvidados por Ares (la personificación mítica de la guerra) y distantes del principio del Pólemos, esa idea que hizo a Heráclito pensar:

Pólemos (la guerra) es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela como dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libres, a los otros esclavos. (Heráclito, Fragmento B53) Antes del fin de esta guerra será preciso impugnar la idea que estructuró el pensamiento en torno al Pólemos: La guerra es la manifestación histórica del presente². ¿Podemos empezar a trazar las líneas de fuga de los marcos de guerra que han instalado el oscuro horizonte del Pólemos en la historia de Colombia? Primero habrá que comprender de otro modo la manifestación histórica del presente, comprender otra manera del tiempo, uno inédito, que no se manifieste en el modelo heroico del combatiente, que no dependa de las hazañas en el campo de batalla y no encuentre gloria en los baños de sangre... Antes del fin, habrá que olvidarse de los héroes y perder para siempre la fe en la causa³...

¿Es posible pensar la paz sin interpelar esta propaganda guerrera que bajo el monopolio de la fuerza reclama su derecho a presentarse como único vencedor? ¿No han sido estas Fuerzas, perpetradores de crímenes de lesa humanidad que están más allá del conflicto interno armado? ¿Podremos imaginar la paz cuando los responsables de los “falsos positivos” justifican su acción criminal bajo la idea de un “comportamiento ético superior”?

Lo que queda por comprender de esta historia que intenta llegar a su final no se agota en la Comisión de la Verdad... Lo que queda por comprender todavía está entre nosotros, hace parte de nuestra herencia política; y para comprender no basta con tener información sobre lo sucedido, ni elaborar refinadas teorías sobre los hechos desnudos de la guerra. Para comprender lo que queda es preciso hallar un sentido que no viene de afuera, que permanece oculto en los archivos del dolor, que se encubre en los relatos de los sobrevivientes...

El sentido que adviene con la comprensión pasa por la capacidad de reconciliarse con la realidad para tratar de estar en casa en el mundo, más aun cuando éste ha sido tocado por la guerra... ¿En casa? ¿Cuando todos los caminos parecían minados y todos los rostros se mostraban hostiles?

Comprender, a diferencia del tener información correcta y del conocimiento científico, es un proceso complicado que nunca produce resultados inequívocos. Es una actividad sin fin, en constante cambio y variación, a través de la cual aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella, es decir, tratamos de estar en casa en el mundo […] El resultado del comprender es el sentido, que vamos engendrando a lo largo de la vida, en la medida en que intentamos reconciliarnos con aquello que hacemos o sufrimos⁴.

Antes del fin de esta guerra lo que queda por comprender es la mirada de la Medusa, ese horror que hasta ahora nunca ha dejado de observarnos...

II. LA MIRADA DE MEDUSA...

Cabeza de Medusa - Caravaggio - 1597 [Galería Uffizi, Florencia, Italia].

En cada rincón del mundo hay una Medusa, una Gorgona que nos recuerda que somos hijos de un lugar terrible, de un espacio de horror al que nos acostumbramos. La Medusa nos mira y nos petrifica, nos convierte en piedras opacas, nos aquieta, nos inmoviliza, nos deja estupefactos.

En la mirada de la Medusa habita una cantidad de horror producto de esta época, y si no aprendemos a comparecer ante su gesto desnudo, de seguro terminaremos inmóviles, seremos incapaces de comprender y de construir la paz.

La Medusa es enemiga de hombres, suspensión de la Condición Humana, evidencia de esta guerra, y su poder reside en habernos convertido en seres atemorizados, incapaces de existir al margen del miedo que lentamente fue ocupando todos los ámbitos de la existencia.

Medusa - Rubens - 1518 [Museo Kunsthistorisches, Viena, Austria].

La Medusa se revela de múltiples maneras y por caminos oblicuos nos encontramos con ella. El horror adviene por múltiples lugares, acontece en formas diversas, se presenta ante nosotros de manera intempestiva. Y aunque sabemos del horror de esta época, nunca lograremos predecir cómo y bajo qué medios se hundirá en nuestros ojos y nos habrá convertido en cadáveres, nos habrá transformado en víctimas de su mirada.

Estatua de Güte en el ayuntamiento de Dresde después del bombardeo de 1945 - Richard Peter.

La mirada de la Medusa quedó del otro lado de la ciudad de Dresde, la mirada de la Medusa apareció después de los bombardeos; la Medusa nos miraba como ruinas, y nosotros quedamos como la estatua de Güte (la alegoría de la bondad) en la torre del ayuntamiento de esta ruina alemana de la Segunda Guerra Mundial.

Güte parece contemplar los estragos de la ciudad en ruinas. Su mirada pétrea y el gesto escultórico de sus brazos extendidos se compadecen ante el desolador paisaje que deja tras de sí el último bombardeo de los Aliados. Como si se tratara de una nostalgia monumentalizada, Güte interpela el mundo deshabitado. Entre los escombros se esculpe con dramatismo el furor de los signos de la guerra. El murmullo cotidiano de los habitantes de Dresde se suspende por el aterrador silbido de las bombas cayendo del cielo y el ensordecedor estruendo al momento de estallar. Güte guarda en silencio lo sucedido. Metafóricamente parece alguien tocado por la Medusa. Pero del otro lado, no es difícil imaginar a alguien buscando en la mirada de la estatua el pasado de lo que alguna vez fue su ciudad en ruinas.

Tugendstatuen Weisheit und Güte - Dresde - 2011.

Güte permanece en el mismo lugar. Seguirá siendo testigo excepcional de los signos dejados por la guerra y abrigará, en su pétrea mirada, los restos de la Medusa. Es imposible no ver en ella un gesto suspendido en el tiempo. Güte es el cuerpo solitario y silencioso que guarda celosamente el testimonio de la tierra de la Medusa. En ella también se encuentran dos escrituras, dos paisajes, dos geografías: los signos de la devastación y los signos de la memoria.

Las inscripciones de la guerra, los paisajes deshabitados, las estancias en ruinas, los seres-petrificados que va dejando el acontecer guerrero, componen una trama de espacios que sólo es posible leer si la mirada huye de los hechos desnudos de la guerra para orientarse hacia las imágenes mediadoras de toda comprensión.

Para imaginar la Paz en Colombia, habría que aprender a mirar de otro modo el horror de la guerra para no quedar petrificados por la mirada de la Medusa, habría que aprender a leer los paisajes de las ausencias, las muchas Güte que están a nuestro alrededor, los objetos perdidos, las marcas abandonadas a mitad de camino, esas indicaciones que no nos dejan perdernos en la travesía por esta terra ignota.

Tal vez allí reside lo extraordinario de la comprensión, en mirar de otra manera lo que nos va arrebatando el sentido sin perder para siempre las palabras, el asombroso deseo de vivir y luchar en paz.

Lo desgarrador no es el modo como la guerra se escribe a sí misma; lo atroz no reside en comprender el bellum se ipsum alet, ni la asombrosa coligación entre los lugares devastados y la mirada de la Medusa; lo extraordinario no es la evidencia del mundo deshabitado, la doble tentativa de lo indecible y de lo inimaginable que entre ellos se teje; lo sorprendente es más bien cómo el hombre habita estas ruinas, cómo reinscribe la vida en medio de la desolación, cómo transforma un montón de escombros en hábitat; lo extraordinario es que después de medio siglo en guerra, Colombia sea un lugar en el que se pueda desplegar el agonismo de la lucha social en paz; lo extraordinario reside en esa extraña vocación humana de ser, de habitar, de resistir, pese a todo, pese al horror, pese a la Medusa; lo extraordinario es que después de la masacre del Salado, en los Montes de María, la gente haya regresado y se haya puesto a tejer. La paz será en Colombia, será como el descubrimiento de un nuevo modo de ser-en-el-mundo.

En esto tenía razón Iván Illich cuando situaba el arte de habitar en el arte de vivir:

Habitar es lo propio de la especie humana […] Sólo los hombres pueden habitar. Habitar es un arte […] El humano es el único animal que es un artista, y el arte de habitar forma parte del arte de vivir. La mayoría de las lenguas usan el término vivir en el sentido de habitar. Hacer la pregunta ¿dónde vives? es preguntar en qué lugar tu existencia moldea el mundo. Dime cómo habitas y te diré quién eres. Esta ecuación entren habitar y vivir se remonta a los tiempos en que el mundo era todavía habitable, y los humanos lo habitaban. Habitar era permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escribiera las redes y las articulaciones de su biografía en el paisaje.⁵

Lo extraordinario es entonces el arte de habitar y desear la paz allí donde las huellas fueron inscritas por el bellum se ipsum alet, y donde la vida cotidiana entreteje la desolación común en un paisaje arruinado para todos. La imagen paradójica, la que da que pensar, no es la forma como se deshacen los lugares al contacto con la guerra, ni la manera como quedamos petrificados ante el horror de la Medusa.

Perseo con la cabeza de la Medusa - Benvenuto Cellini - 1554 [Piazza della Signoria, Florencia, Italia]

La imagen que inquieta al pensar es el modo como se retorna lentamente al paisaje abatido alguna vez por la guerra, cómo se le corta la cabeza a la Medusa, el modo como nos convertimos en Perseos, en poder ver a la Medusa con artificios poéticos, acompañados por Hermes y sin correr el riesgo de ser petrificados. Lo inquietante es cómo alguien vuelve Casa un montón de ruinas, Vida un montón de horrores y Resistencia un montón de dolores.

Sin embargo nuestras miradas no fueron las únicas expresiones impugnadas, interpeladas, interrogadas por las imágenes de la Medusa, también lo que escuchamos ha sido tocado por el poder devastador del decir de los guerreros, por una Medusa que habla, por el estruendoso grito de los sobrevivientes, por el inefable silencio del amanecer que sigue al horror. Nuestros oídos también parecen petrificados y construir la paz será también un desafío para nuestros oídos.

Esta mujer ha visto el horror; escapa de los Balcanes y es sobreviviente porque huye, es cadáver ambulante porque en su mirada han quedado las inscripciones de la guerra. Ella ha visto a la Medusa y también ha escuchado sus palabras. Su Casa es esa caja que carga sobre su espalda. Ligera de equipaje, como tantas mujeres que llevan su vida a cuestas.

Cada objeto conserva el dolor del destierro, la sequedad existencial de la que hablaba María zambrano; ella queda detenida a la vera del camino, sin vecindad distinta a la evocación guerrera, a la presencia de la muerte violenta.

Quien arrastra el mundo como esta mujer Sísifo, condenada a la errancia sin destino, nos invita a mirar de otro modo, mirar en el reflejo de sus ojos, la brutal comparecencia ante lo perdido.

Esta mujer convertida en Sísifo, me hizo pensar que ya no nos enfrentamos al dispositivo Biopolítico que administraba la vida, que bajo la tecnología de la regulación hacían vivir y cómo algunas poblaciones en regiones de poder terminaban ocupando los fenómenos masivos y de larga duración bajo técnicas de previsión, estimación estadística y medidas globales...

Ante su mirada, poco a poco fui sintiendo que ya no era el objeto de una red de prácticas que buscaban mantener el equilibrio de los seres vivos atravesados, mandados, regidos por procesos y leyes biológicas gestionadas por el Estado...

Poco a poco fui comprendiendo que las franjas etarias, las tasas de natalidad y mortalidad, los nacimientos y los decesos, la vejez en los pueblos, la explosión demográfica, las palabras de Foucault, la higiene pública, los seguros individuales, las políticas de jubilación, en síntesis la seguridad y el bienestar, ya no constituían el efecto que sobre mi cuerpo inscribía la Biopolítica, porque me descubrí ante otra manera de saber lo que somos, eso que hizo a un intelectual camerunés, Achille Mbembe, nombrar como Necropolítica.

La guerra en Colombia ha sido una manifestación del Necropoder, del sometimiento de la vida al poder de la muerte; la Paz tendrá que ser por tanto algo más que un dispositivo Biopolítico, tendrá que implicar otra cosa porque no basta con que nos hagan vivir en paz.

Ante ella descubrí que se trataba de cambiar la pregunta, de comprender cómo se inscribe esta muerte en el orden del poder, en qué condiciones se ejerce ese poder de matar, desterrar, petrificar, callar, de exponer a la muerte y no de regular la vida.

Su exilio, como el de muchas mujeres en Colombia, me enseñó que la palabra Biopoder ya no daba cuenta del acontecer en el tiempo, de habitar el lugar, de ser en el mundo; porque las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte, de exposición del rostro ante la mirada de la Medusa, de abatimiento de la escucha ante el horror de sus palabras, no cabía en la comprensión del Biopoder; que la política de la muerte y el poder de la muerte han terminado por transformar nuestros paisajes en mundos de la muerte, esas formas únicas y nuevas de existencia social en las que todos parecemos sometidos a la figura de los cadáveres ambulantes, tan sólo visibles y tan sólo audibles en estas geografías de la crueldad.

Comparecer ante los mecanismos del Necropoder exige un desplazamiento de la mirada y otra disposición en la escucha. El problema no pasa por prescribir la mirada de los hombres imponiendo una imagen para que la Medusa no nos petrifique, pues a lo largo de nuestra época esta imagología se ha desentendido de las realidades del hombre concreto y ha adoptado un humanismo sin rostro, perdido en la abstracción de las ideas, sometido a la cada vez más desafortunada histeria del hombre en sentido universal.

El problema es describir la mirada y la escucha de los hombres concretos en situaciones límites como la guerra, para hallar en sus configuraciones de mundo y en sus pretensiones de acción, las marcas, las trazas, los signos que ha dejado una época capaz de renovar sus lenguajes para desarraigar al hombre de su esfera pública y arrojarlo a la intemperie de los campos de batalla.

El problema es comprender las afecciones que nos desfiguran cuando los sentidos se ven desgarrados por las palabras y las imágenes de la guerra, rasgo del que nuestra sociedad ha demostrado ser una potencia siempre en acto.

En el mundo sensible, lo sentido antecede lo pensado. Pensar a través de sensaciones es hallar ese punto de inflexión, ese desplazamiento donde se puede narrar el cuadro de realidad que nos permita comprender el horror.

Jan Patocka pensaba que la guerra es la prueba ad oculos de que el mundo ya está maduro para su final. Allí donde este final, del que también hablaba Sartre, aparece, también emerge una posibilidad de mirar y escuchar de otra manera.

En el equipaje narrativo de esta mujer habitan finales y hablan horrores. Quizá arrastre, en otras lenguas, bajo otros signos, las mismas palabras que el decir y el mirar guerrero han impuesto sobre nosotros.

III. Y LAS PALABRAS DE UN TAL GUERRERO...

Las palabras de un guerrero, de un tal Alberto Guerrero, un paramilitar exjefe del Bloque Cacique Pipintá que operó en el Eje Cafetero entre 1998 y 2007, son el equipaje de muchas vidas arrebatadas, son el testimonio de un Necropoder, son la expresión de la Medusa.

En una entrevista concedida a Telesur el 29 de agosto de 2013, el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, evidenció el sentido de la guerra en Colombia. Sus palabras, respaldadas trágicamente por sus acciones, develan el horror al que es necesario poner fin.

“[…] Le he guardado lealtad a la Fuerza Pública. Yo no he tocado ningún militar y hay muchos que hoy son Generales y puedo dar testimonio de Falsos Positivos que se hizo con ellos. Porque es que los Falsos Positivos en Colombia existen desde que iniciaron los grupos ilegales, donde nosotros éramos los que dábamos de baja y llamábamos a los militares a que se dieran el vitrinazo, se dieranelchampúmostrando... Porque en Colombiase ha medido la guerra es por los litros de sangre. Por eso el problema ahorita de los falsos positivos […] Resulta que se venía dando unas estadísticas de bajas en el país antes de nosotros desmovilizarnos. Resulta que nosotros éramos los que contribuíamos a eso. Pero resulta que cuando nosotros entregábamos positivos a la fuerza pública, nosotros sí buscábamos las personas que realmente sí tuvieran los vínculos con la guerrilla, que realmente sí ameritaran darles de baja […] Entonces suena muy gracioso hombre pero no se explica uno como un Coronel decirle a uno, hombre Alberto colaborame que estoy descuadrado en tres muertos pa’ este mes, entonces necesito hacer un curso a Estados Unidos, o necesito ir al Sinaí, o necesito que una condecoración o lo necesito pa’ el ascenso, todo, porque entre ellos había competencias del número de bajas... Entonces uno... hombre, cómo lo querés, de FARC, de ELN o cómo; entonces uno ya buscaba el sitio, un sitio donde realmente sí saliera la guerrilla, uno buscaba pues las cosas, les ponía el fusil, les ponía el brazalete, los maquillaba como se dice bien organizados, y se daba el operativo. Ahorita qué es lo que ocurrió y por qué les está fracasando y el escándalo con los Falsos Positivos, resulta que después de las desmovilizaciones, el Ejército ha querido, o algunos nombres, no quiero generalizar, han querido seguir manteniendo esas estadísticas de número de bajas, entonces resulta que ellos se quedaron sin quien les entregue esos positivos. Empezaron a hacerlos ellos por sus propios mecanismos, por sus propios medios y como decimos nosotros en el argot carcelero, la vuelta se les cayó, porque no lo supieron hacer; consiguieron gente así como los de Soacha y los trasladan a otro Departamento de un día hacia otro, y entonces cómo; o muchos que quedaban las botas al revés; y cosas pues que no se explica uno cómo siendo unos militares y cómo hacen unas cosas, porque como digo yo, lo mal hecho es lo que más bien hecho hay que hacer” [Fragmento de la entrevista: Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo: Sierra. Cortesía Telesur.]

La Medusa guarda lealtad al poder Soberano, es testimonio de los “falsos positivos”, es palabra que hiere, es metáfora que anuncia que toda guerra se mide por litros de sangre, es justificación del horror, es risa en medio de la desgracia.

¿De qué habla el guerrero? ¿Cuerpos maquillados? ¿Piezas de un rompecabezas para ascensos? Y, ¿qué es lo que dice la Medusa cuando instala un nuevo imperativo categórico? Lo mal hecho es lo que más bien hecho hay que hacer...

Nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos encargamos de estas palabras? ¿Cómo comparecemos ante el horror que brota del decir? ¿Construir la paz no es acaso interpelar el efecto de estas palabras?

Ante la Medusa no queda más que un Silencio en el Paraíso, ese film de 2011 en el que Colbert García encontró una manera de mirar a través del lente de la cámara el horror descrito por el decir de los guerreros. La historia nace de una marca de la que aún no nos hemos hecho responsables, esos jóvenes que empezaron a desaparecer y al poco tiempo aparecieron maquillados...

¿Quedaremos como la estatua de Güte en Dresde? ¿Ante este horror, ante los jóvenes maquillados, acaso hemos quedado petrificados?

La Medusa insiste en mirarnos, es ella quien nos busca, y justo en el umbral del Acuerdo Final de La Habana, el diario local La Patria revela que los perpetradores “pagarán por cuatro hombres”, por cuatro maquillados, por cuatro falsos positivos. Sus fotografías revelan las miradas antes de ser estadística necropolítica.

“Resulta que todo combatiente de un grupo al margen de la Ley, llevamos dos fusiles, llevamos el fusil físico y el fusil mental. Donde el que lleva el fusil físico ni siquiera sabe por qué está matando. Aquí usted le pregunta a un muchacho con todo el respeto, un patrullero raso, un comandante medio, y no sabe por qué luchó, ni sabe por qué mató; entonces el peligroso es el que piensa, el que lleva el fusil en la mente” [Fragmento de la entrevista: Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo: Sierra. Cortesía Telesur.]

En el tejido de la Necropolítica el Guerrero construye la teoría de los dos fusiles. ¿Quién se torna peligroso? La mirada de la Medusa petrifica porque también dispara, sin embargo hay balas mentales. Existe un Necropoder en las palabras, esas que el Guerrero dice son más graves, las que no se desmovilizan fácilmente. Inquieta pensar que en un paisaje como éste, tocado hace tantas décadas por Ares. La entrega de armas, de fusiles físicos, no es garantía para desinstalar los mundos de la muerte.

“Yo en el momento he venido contribuyendo y colaborando con la Justicia Ordinaria y en el momento tengo 14 condenas. Todas estas condenas son por delitos que yo he confesado y he aceptado. En este momento yo mismo soy el que llamo a los Fiscales, vea tengo estos hechos, mire esto […] pa’ decirle que es algo pues como gracioso, va más de un año que pasé una lista de más de 115 muertos a un Fiscal de Manizales y va casi un año y no me han condenado, entonces estoy que lo entutelo para que me condenen por esos 115 muertos por línea de mando” [Fragmento de la entrevista: Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo: Sierra. Cortesía Telesur.]

La Medusa exige la condena, habla desde la confesión, pasa listas de muertos... 115 muertos, 115 cuerpos petrificados, cadáveres que se pagarán con condenas, con indemnizaciones, con otras maneras del Necropoder.

Exposición Procesión - Magdalenas por el Cauca - Obra de Gabriel Posada y Yorlady Ruiz - Fotografía de Rodrigo Grajales

Y cabe una respuesta al sollozo, al dolor de esta madre cuyo equipaje son retratos, fotografías en retablos, un lienzo en una balsa de guadua...

En las palabras del Guerrero sus hijos no valen nada, porque sus hijos son parte de una lista, estadística necropolítica.

“Es que aquí en Colombia, el que haya pertenecido a un grupo de Autodefensas y diga que no tuvo relaciones con las Fuerzas Militares, entonces no fue Autodefensa, ese no fue Autodefensa. En Colombia todos los grupos, todos, tuvimos relación con las Fuerzas Militares, de Policía, de CTI, del DAS, SIJÍN, todos, con los GAULA, con todos. Los grupos de Autodefensa, todos manejamos relación con las Fuerzas Militares. Porque es que estábamos luchando contra el mismo enemigo. Lo que pasa es que esto inició muy bueno hace muchos años […] Porque cuando las Autodefensas arrancaron, arrancaron muy autóctonas, muy campesinas, y se unían dos, tres ganaderos pa’ comprar un fusil. Ya después no. A hoy ese mismo ganadero que tenga una finca con mil cabezas de ganado ya no tiene la capacidad pa’ comprar un fusil, porque ya hoy un fusil vale 12, 15, 16 millones de pesos. Ya hoy poner un hombre en armas, ya listo, entrenado con su equipo, con todo, listo pa’ salir a combatir, tiene un costo más o menos de unos 25 millones de pesos. Y ese ganadero ya no tiene esa capacidad. Entonces el conflicto se fue narcotizando. Otra cosa, para ese entonces la Fuerza Pública le entregaba a usted todo, los listados, vea a los que hay que matar, vea, ábrales zona, pase por aquí no hay que pagar. Nos regalaba material de intendencia. Ellos, las Fuerzas Militares, son los promotores y fueron los que propiciaron las desapariciones en este país. Porque ellos mismos nos decían, hay que matar a fulano, pero resulta que nos están jalando las orejas del J1, de la Capital o de Bogotá, bueno, que no aparezcan. Y hace unos años atrás, la desaparición no estaba tipificada como delito, ¿entonces qué hacíamos? Desaparecer, yo era uno que el cómplice mío era quién, el Cauca.” [Fragmento de la entrevista: Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo: Sierra. Cortesía Telesur.]

Los horrores advienen con la idea del enemigo común, el enemigo interno, el que hay que matar para hacer vivir a otros, el que garantiza la aceptabilidad de la Matanza... Y el cómplice era el Cauca... Los cadáveres arrojados al río, la estadística perdida, los que no se necesitaban como Falsos Positivos...

“Yo no fui muy amigo de desapariciones. De hecho no tengo muchas fosas para entregar porque no me gustaba la desaparición de un ser querido, porque uno también es persona, uno también es familia, y uno no quisiera una cosa de esas, cierto. Entonces fue lo que yo hice en Caldas […] Entonces uno de los grandes generadores y que propiciaron las desapariciones fueron las mismas Fuerzas Militares” [Fragmento de la entrevista: Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo: Sierra. Cortesía Telesur.]

El Guerrero no tiene muchas fosas que entregar... Porque uno también es persona, uno también tiene familia... Al encargarnos de estas palabras habría que preguntarle al Guerrero, ¿quién merece convertirse en un falso positivo y quién en un desaparecido?

¿Por qué no hablar de los cuerpos desaparecidos, por qué no insistir en la búsqueda de los rastros que nos aproximen a una palabra íntima, y no sólo aspirar a los rostros que nos arrojan a un silencio intimidado? ¿Cuántas voces irrumpen en el espacio político para reclamar un cuerpo, incluso en sus restos, en lo que quedó de ellos, en lo que aún pervive? Pero qué difícil es acostumbrarse al acontecer del cuerpo cuando éste habla a través de sus restos; algún día el “susurro de los desaparecidos” se convertirá en un sonido incesante, implacable, imposible de evadir… Será la tonada triste en la construcción de la paz...

Nos llevará a la desesperación, nos cercará en la angustia, nos acechará por todas partes, y desde el fondo de una fosa común, y aunque no a todos corresponde confesar el crimen, sí estaremos seguros que cualquier cosa es preferible a esta lenta agonía…

¿Dónde están los desaparecidos? ¿Qué esperan encontrar? Aunque sean los restos… Que le digan dónde está latiendo el corazón de su hijo… Por qué no mantener viva la comparecencia de nuestros relatos ante la inmanencia desolada de una fuerza atroz que fue arrancando las miradas a los cuerpos, las palabras a las bocas, los sonidos al paisaje... Y entre tantas piedras opacas, dejó restos de dignidad a los cuales nos hemos aferrado para insistir en que necesitamos seguir buscando a los ausentes en paz y no en medio de la guerra...

Para enfrentar a la Medusa hay que reconocer que, como cantaba Daniel Viglietti, por detrás de mi voz otra voz canta, que viene de lejos, de sepultadas voces y canta...

Porque el canto también hace justicia...

Porque la mujer que Canta, vence al Necropoder y a la Medusa... Y la paz adviene con otra pregunta, ¿qué voces cantan detrás de nuestras voces?

[…] Para matar al hombre de la paz

para golpear su frente limpia de pesadillas

tuvieron que convertirse en pesadilla

para vencer al hombre de la paz

tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte

matar y matar más para seguir matando

y condenarse a la blindada soledad

para matar al hombre que era un pueblo

tuvieron que quedarse sin el pueblo […]

Mario Benedetti - Fragmento de Vientos del exilio

* Docente Investigador del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (Alianza CINDE - Universidad de Manizales) y Docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas.

1 Nombre de la operación a través de la cual las Fuerzas Militares exterminaron al movimiento político Unión Patriótica a finales del siglo pasado.

2 Implicado en este rasgo inexorable, Badiou expone tres razones y una motivación para coligar la guerra con el tiempo: “El orden del tiempo (porque el presente guerrero fija las formas temporales del antes y el después); la decisión (porque el presente guerrero es aquello que decide y determina el presente de la política); y la excepción (porque el presente guerrero localiza a la comunidad por fuera de lo usual)” (Badiou, Alain. Filosofía del presente, Libros del zorzal, Buenos Aires, 2005).

3 La campaña “Los héroes en Colombia sí existen”, creada por la agencia de publicidad multinacional McCann Erickson, buscó transformar a los jóvenes guerreros en héroes. Hombres dispuestos a dar la vida por ciudadanos anónimos y la idea de un comportamiento ético superior, recreaban los viejos ideales plasmados en el mundo griego y en ocasiones cantados por los rapsodas y los aedos de aquellos tiempos.

4 Arendt, Hannah. Lo que quiero es comprender, Editorial Trotta, Madrid, 2010.

5 Ilich, Iván. Obras reunidas II, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.

LA PAZ PARA EL AMBIENTE Y LA VIDA

AMBIENTE PARA LA PAZ
Y PAZ PARA EL AMBIENTE*

Brigitte Baptiste**

LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS y el calentamiento global constituyen amenazas colectivas que ya empañan el horizonte de todas las partes comprometidas en el conflicto colombiano.

Si reconocemos que buena parte del conflicto armado en Colombia tiene raíces históricas en los modos de apropiación o producción de riqueza, entendemos que las maneras de ver e intervenir el territorio, con todo y sus condiciones ecológicas constituyen un elemento fundamental de la construcción de convivencia. Lamentablemente el mito de “El Dorado” nos dañó la cabeza hace siglos y muchos colombianos consideran que la única manera de disfrutar bien la vida es “enguacarse”, es decir, “ganársela fácil”.

La ausencia de valores de respeto hacia los bosques, los ríos, las ciénagas, las playas o las montañas, la fauna y la flora es solo comparable con la expectativa especulativa de la mina de oro o de esmeraldas, de arena o piedra, o inclusive la petrolera, que solo pueden manejarse con una institucionalidad tremendamente robusta o derivan en mafia. Indudablemente el país va en ese camino, pero aún se sienten los efectos de una historia extractivista que marcó la diferencia fundamental en el valor del trabajo como generador de riqueza. Por ese mismo motivo, la cultura del narco y todas las ilegalidades cuentan y descuentan, pues no hay justicia que valga cuando la mayoría prefiere “cortar camino” y buscar su comodidad al menor plazo, así el riesgo sea muy alto. Porque considerar el mundo y sus sistemas de soporte vital como premios de un gigantesco casino es la estrategia más estúpida que pueda concebir una cultura.

Pero la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global constituyen amenazas colectivas que ya empañan el horizonte de todas las partes comprometidas en el conflicto colombiano: es obvio que el plazo del colapso ambiental no permite justificar ya la “justicia económica y social” por las armas, pues la guerra acelera el deterioro y no queda nada por redistribuir. Recordemos además que el sistema solar más cercano, así sea tenga planetas más amigables con la vida, aún queda a varios años luz de distancia…

La paz, entendida como la capacidad de convivir en un territorio, implica acuerdos éticos acerca de la manera de construir riqueza o bienestar (no siempre son lo mismo) y los plazos lícitos para ello: la sostenibilidad parte de esta premisa de justicia ambiental, no cargar el deterioro causado por nuestras ambiciones en los hombros de nuestros hijos o nietos; mucho menos en los de los demás. Los ODS reconocen que sin integridad ecológica es imposible ofrecer a la sociedad alimento, agua, salud, mucho menos sentido de dignidad: por ello luchamos por construir una Tierra con unos mínimos vitales para todos y unos umbrales de transformación que nos permitan operar, a largo plazo, en un espacio de seguridad compartida. Y esta seguridad solo la pueden garantizar más y mejor gobierno, más y mejor institucionalidad; más y mejor justicia social.

Para Colombia la firma del fin del conflicto armado significa el principio del conflicto hablado, la búsqueda de nuevos acuerdos para habitar y compartir uno de los territorios más biodiversos y ricos en aguas e historias del planeta, un vividero inigualable si aceptamos aplicar nuestro ingenio al disfrute colectivo y generoso que aún nos ofrece la naturaleza pese a lo mal que la hemos tratado hasta el momento.

¡Apoyemos la firma de esta paz!

* Este artículo fue publicado en el periódico El Espectador de Colombia, el 29 de junio de 2016. Disponible en: <http://www.semana.com/opinion/articulo/brigitte-baptiste-paz-en-colombia-necesita-politicas-con-medio-ambiente/479806>.

** Bióloga por la universidad Javeriana de Colombia, experta en temas ambientales y biodiversidad. Actualmente es directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

CON EL SÍ A LA PAZ
TAMBIÉN GANA EL AMBIENTE

Olga María Bermúdez Guerrero*

INTRODUCCIÓN

La firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y el voto por el Sí en el Plebiscito, constituyen una ganancia para el ambiente, porque además de dejar atrás un conflicto de más de 50 años de guerra, abre nuevas oportunidades para la sustentabilidad en nuestro país.

La sustentabilidad se refiere a la utilización que hacemos los seres humanos de los bienes y servicios que nos ofrecen los ecosistemas, manteniendo sus funciones y logrando el bienestar de la sociedad. Tiene que ver con tres ámbitos: económico, ambiental y social. Implica armonía y balance de estos tres ámbitos y que se mantengan o permanezcan en el tiempo (Bermúdez, 2016: 33).

En la medida que estos tres ámbitos se armonizan para la satisfacción de las necesidades de las comunidades, mediante un manejo adecuado de los recursos naturales y una eficiente gestión, siendo respetuosos con el entorno, nos orientamos hacia la sustentabilidad.

LA PAZ Y EL AMBIENTE

La paz proporciona una oportunidad maravillosa para el adecuado manejo del ambiente en Colombia, porque con la paz se podrán hacer visibles las ventajas comparativas de las diferentes regiones del país, con su diversidad natural y cultural, muchas de las cuales han estado invisibles y ocultas por la guerra.

En este contexto, la Educación Ambiental con su papel fundamental de estrategia de cambio cultural, se constituye en una pieza importante para lograr las transformaciones que requiere una sociedad sustentable, porque puede aportar elementos conceptuales y metodológicos para implementar proyectos de educación y gestión que involucren a las comunidades campesinas, indígenas, afro-colombianas y a los reinsertados a la vida civil, en un valioso diálogo de saberes, para recuperar el campo, mediante la adecuada utilización de la tierra, la protección y el cuidado de las fuentes de agua, la gestión ambiental concertada en los territorios, entre muchos otros proyectos que se abren como opciones para orientarnos hacia la sustentabilidad en nuestro país, sobre temas que ya están considerados en los acuerdos de paz y que presentan un abanico de posibilidades, como opciones que contribuyen a construir una Colombia mejor.

Otro punto importante incluido en los Acuerdos de paz es la promoción y conservación de las semillas nativas para impulsar la agricultura orgánica, semillas de productos tradicionales celosamente conservadas por las comunidades indígenas y campesinas, que contribuyen sin lugar a dudas a tener alimentos que aportan a la seguridad alimentaria de las comunidades en tiempos difíciles como los actuales, tan amenazados por el cambio climático.

Existen en el país muchos de esos productos agrícolas y tradicionales con gran valor nutricional como la quinua, que por sus condiciones favorables de cultivo, pueden sobrevivir a los cambios extremos del clima y aportar a la buena alimentación de muchas comunidades, en las diferentes regiones y territorios ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional, cultivos que pueden ser más fácilmente promovidos y apoyados en un contexto de paz.

Renglones económicos poco desarrollados como el ecoturismo, si tenemos un país en paz, pueden promoverse y proporcionar alternativas novedosas de trabajo, involucrando a las comunidades de las regiones, departamentos y municipios que tienen ese potencial por la diversidad de sus ecosistemas, de la flora, de la fauna y de la belleza de sus paisajes naturales, dando opciones de nuevos trabajos a sus habitantes.

Colombia es un país mega diverso que ocupa el segundo lugar en el mundo en biodiversidad después de Brasil, en una extensión siete veces menor. Somos el primer país en el mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en cuanto a plantas, anfibios, peces de agua dulce y mariposas, el tercero en diversidad de reptiles y palmas y el cuarto en diversidad de mamíferos, además de tener muchas especies que son exclusivas de nuestra nación. En promedio, una de cada diez especies de fauna y flora del mundo habita en Colombia (SIB, Von Humboldt, 2014).

Con esta gran riqueza natural, renglones como el avistamiento de aves o el cultivo y la exportación de orquídeas se perfilan como proyectos económicamente rentables. Si a la diversidad natural sumamos la diversidad cultural en la cual también somos un país muy rico con más de 80 grupos indígenas, con más de 60 lenguas diferentes y un número mayor de dialectos que los hacen verdaderos políglotas interculturales (Bermúdez, 2003: 26), podemos destacar el gran potencial que tiene Colombia y que será mucho más fácil hacer que sea visibilizado, valorado, apreciado y reconocido en un contexto de paz.

Países como Costa Rica tienen como prioridad de su economía el ecoturismo y reciben cada año personas de todo el mundo que van a conocer su zona cafetera, sus volcanes, sus termales, sus reservas naturales, generando gran número de empleos vinculados a esta actividad. Ese país centroamericano cuenta con una población de 4,8 millones de habitantes y desde el año 1948 no tiene Ejército, lo que le ha permitido orientar esos recursos hacia la financiación de infraestructuras de energías alternativas y a su principal renglón económico que es el ecoturismo. A partir del año 2015 el país funciona únicamente con energía renovable, su electricidad es generada por cuatro plantas hidroeléctricas, ayudadas con proyectos de geotérmica, solares y eólicos, según el informe del Instituto estatal Costarricense de Electricidad (ICE), lo cual de acuerdo a las previsiones, conlleva a que Costa Rica será carbono neutral para el año 2021 y no explorará sus depósitos de petróleo ubicados a lo largo de su costa.

Con el Sí a la paz, muchos de los recursos que se han destinado por tantos años a la compra de armamentos y a todo el equipamiento que implica la guerra, se pueden destinar a otros sectores, como son la educación y la salud, tan necesitados de apoyo para ampliar su cobertura de servicios y llegar a un gran número de la población que se encuentra privada de ellos.

Teniendo Colombia el gran potencial de la biodiversidad, reconocido en el concierto internacional, ejemplos como el de Costa Rica vale la pena tenerlos en cuenta y promoverlos una vez que se haya logrado la paz.

LO QUE NOS HACE HUMANOS

Como lo afirma Maturana (1993), lo que nos hace realmente humanos es la posibilidad de comunicarnos a través del diálogo, de la palabra oral y escrita, porque el lenguaje es una de las características más importantes de los seres humanos, que nos diferencia de los otros seres de la naturaleza.

Los seres humanos haremos de lo humano lo que de hecho hacemos al vivir. Lo que necesitamos es vivir en la dignidad que se constituye en el respeto por nosotros mismos y por el otro, como la base de nuestro modo natural de ser cotidiano. Es importante tener en cuenta que fracasaríamos en la comprensión de los otros si los miramos según nuestra propia imagen y no según la suya (Bermúdez, 2005: 28).

Lo humano no se alcanza desde la guerra, la lucha, la competencia, el abuso o la agresión, sino por el contrario, desde la convivencia en el respeto, la cooperación, la colaboración y el compartir. Es por eso que hoy en Colombia se nos presenta la oportunidad maravillosa de decir Sí a la paz, de establecer ese diálogo fraterno entre hermanos, para construir un nuevo país, con un manejo adecuado del ambiente y orientarnos hacia la sustentabilidad, para dejar mejores horizontes a las futuras generaciones.

Finalmente, mi invitación es a votar Sí en el plebiscito, lo que también favorece al ambiente y con las palabras de Nelson Mandela, un gran hombre que luchó toda la vida hasta alcanzar la paz para su país, les propongo: “Que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos”.

BIBLIOGRAFÍA

Angel, Augusto 2002 El retorno de Ícaro (Bogotá: IDEA-ASOCARS-PNUMA).

Bauman, zigmunt 2013 Sobre la educación en un mundo líquido (Barcelona: Paidós).

Bermúdez, Olga María 2016 Educación Ambiental, Valores y Prácticas Sustentables (Bogotá: IDEA-Universidad Nacional de Colombia).

_______ et al., 2005 El Diálogo de Saberes y la Educación Ambiental (Bogotá: IDEA-Universidad Nacional de Colombia).

_______, 2003 Cultura y Ambiente - La Educación Ambiental, contexto y perspectivas (Bogotá: IDEA-Universidad Nacional de Colombia).

Gudynas, Eduardo 2011 En Más allá del desarrollo (Quito: Ediciones Abya Yala).

Instituto Alexander Von Humboldt 2014 SIB, en <http://www.sibcolombia. net/web/sib/cifras>.

Maturana, Humberto 1993 El sentido de lo humano (Santiago de Chile: Dolmen Editores) [Anteriormente en Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas Chilenas, 1991].

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 2016 Firmado el 24 de agosto, por Humberto de la Calle e Iván Márquez (La Habana, Cuba).

* Profesora Especial IDEA-Universidad Nacional de Colombia y Coordinadora Red de Educación Ambiental-RCE Bogotá.

SÍ A LA VIDA. UNA PROPUESTA EMERGENTE
DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL SUR

Ana Patricia Noguera de Echeverri* y Catalina Toro Pérez**

“La vida, si no florece en poesía, no vale la pena.”

Augusto Ángel Maya (2009)

ANTE LA PÉRDIDA DE LA TIERRA, COMO LO QUE PERMANECE, EL POEMA DE HÖRDERLIN "PERO LO QUE QUEDA LO INSTAURAN LOS POETAS"¹

En la Colombia de hoy nos encontramos frente a un reto histórico en el escenario del Acuerdo Final del proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. La posibilidad de refrendar los acuerdos en un contexto de grandes contradicciones: un modelo de crisis ecológica, económica, política y de sentidos, nunca antes visto, con enormes intereses en juego.

“Lunes, 12 de septiembre de 2016…”

“…ASESINADO OTRO DIRIGENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA SIERRA, EL CRUCE Y LA ESTACIóN DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ”… “NESTOR IVAN era un dirigente afro; su labor se encaminó a luchar por la titulación colectiva de las sabanas comunales que históricamente pertenecen a las comunidades negras del centro del Cesar; además era el Presidente saliente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de La Sierra...”²

Junto con Nestor Ivan, entre 2010 y 2016 (la era Santos) 381 Líderes de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia, cifras que se agregan a la cruenta realidad de desplazamientos forzados, desapariciones, ambientes devastados, acaparamiento de tierras y reproducción de narrativas de la negación: sistemas de violencia interpersonal, doméstica y sexual asociada a la lucha por la tierra, en una guerra de exclusiones de más de 52 años.

UN SIGNO DE INTERROGACIÓN ANTE LA ÉPOCA DEL "DESARROLLO", NOS HACE ESTREMECER

¿Cómo podemos siquiera pensar que la tierra permanezca como fundamento poético de toda permanencia, si el signo inconfundible del presente es precisamente el cálculo de una tierra expuesta a la avidez del capital? Cómo ha podido ser posible que pensemos en la permanencia de la tierra… no del hombre sobre la tierra, sino de la tierra misma y en ella, hecho de ella, amado por ella, creado por ella, humus de ella, el humano… la cultura?

Sin duda estamos habitando una tierra desolada. El abismo se agiganta y nos atrae sin pausa.

Gritos silenciosos de la tierra, bocas inmensas que se abren para que sus entrañas sean arrancadas sin dejar rastro. La devastación es abismal y enigmática. Emerge la noche, no la sagrada, la que llama a los hombres al placer, la dionisíaca, la femenina, la lunática; emerge la noche del abismo insondable, donde el llanto de la vida, el dolor de la vida, la tristeza de la vida, no cesan. Los hombres como la tierra de la que estamos hechos, no cesan de trabajar eficientemente, para devastar y devastarse. ¿Qué nos queda luego de haber perdido la tierra que nos vio nacer?

... PERO LO QUE QUEDA LO INSTAURAN LOS POETAS..."³

“Lo que le hagamos a la tierra, se lo hacemos a los hijos de la tierra”⁴, decía alguna vez el jefe Seatle al presidente de los Estados Unidos, ante la devastación y la desolación de la tierra arrasada. ¿Qué pasa con los hombres que des-terrados y en el suelo sin fundamento, son devastados en el devastar, sin saber que devastan la tierra de sus afectos?

Desde la llegada de los españoles, en el llamado Descubrimiento de América, comienza en nuestras tierras una historia interminable de colonización del pensamiento, la vida, el lenguaje, las maneras de sentir, de habitar y de morir. La crueldad, la atrocidad y la infamia han configurado estos procesos de colonización y guerra. La manipulación de las estructuras elementales, esenciales de la vida (no solo humana, sino de todos los seres que habitan la tierra, y de la tierra misma), ha sido estructurante y estructuradora de la colonización y la neocolonialidad. La Colonización implicó devastación de la vida; la neocolonialidad ha sido posible hasta hoy, y durante más de quinientos años, gracias al Desarrollo como realización profunda de la Razón Absoluta; de él y por él, nace el tiempo de la miseria, la penuria; el tiempo menesteroso. El desarrollo implica guerra voraz por poseer la tierra, acumulación, productivismo, consumismo, enriquecimiento cuasi infinito de unos pocos humanos, explotación, destrucción, mercantilización de las tramas de la vida, desolación de la tierra, miseria, desnutrición de lo vivo y de la vida, esclavización del suelo, atrocidad.

Dos lenguajes entran en conflicto: el lenguaje del hombre dominador y devastador de la tierra, y el lenguaje de la tierra, que en el hombre expresa su pertenencia a la tierra. La colonización vivida en nuestras tierras implicó la imposición del lenguaje de dominio sobre la lengua de la tierra en el hombre hecho de tierra, perteneciente a la tierra, llevándolo a creer que debía devastar la tierra para poder ser. Así, el lenguaje colonizador en Colombia implicó un arrasamiento del ser de la tierra. El modelo desarrollista extractivista que profundiza la crisis ecológica, energética y climática ha profundizado no solo en Colombia sino en America Latina la militarización, la violencia, el conflicto y la guerra.

Colombia, como una complejidad ambiental singular por su geomorfología y riqueza ecosistémica, consigna más de 72 conflictos socio-ambientales en el país, la cifra más alta en América Latina. Una historia que ha vivido un conflicto armado interno asociado a la ordenación y apropiación del territorio y a las consecuencias sobre la degradación ambiental. En una guerra prolongada, como la colombiana, los principales conflictos se relacionan hoy con la megaminería, la explotación petrolera a gran escala, el uso de nuevas tecnologías como la fracturación hidraúlica y ahora la explotación petrolera en zonas marinas. Sin embargo, el principal conflicto socio-ambiental que existe en Colombia es la guerra, la máxima depredadora socio-ambiental de que se tenga noticia.

Por eso le decimos, en esta coyuntura de refrendación de los procesos de paz:

SÍ A LA VIDA, EN CLAVE DE PENSAMIENTO AMBIENTAL

Desde el tiempo del “Descubrimiento”, que el filósofo Aníbal Quijano llama “Encubrimiento”, dejamos de ser nosotros, gente de tierra y de la tierra… Mapuche, Abya Yala, Summak kawsay… para estar en contra de la tierra.

“Pero ¿qué debe mostrar el hombre? Su pertenencia a la tierra. Esta pertenencia consiste en que el hombre es el heredero y aprendiz en todas las cosas. Pero éstas están en conflicto.”⁵

Y este conflicto implica la miseria. Por ello, otra manera de preguntar sobre el ser del poeta en tiempos de penuria y escasez, es “¿para qué poetas en tiempos de miseria?”. La Devastación de la tierra es la miseria de la miseria, porque el devastar deja una estela de devastación. Sobre la tierra devastada, el humano ya no habita en cabañas, sino a la intemperie, sin tierra natal, sin un suelo que le de fundamento a su existencia. En la tierra devastada, habitamos mendigando tierra nutricia. La tierra madre muere y así, todo cuanto existe en el nutrirse de la tierra, en el nutrir la vida, desaparece. Las cepas fundamentales de la vida ya no podrán generar, de nuevo, el nutrir, que es la relación filial, afectiva y creadora con la tierra.

“Crece el desierto. ¡Ay de quien alberga desiertos!”⁶ ¿Y en el desierto creado por la mano del colonizador qué puede florecer? La Miseria se extiende. El enriquecimiento por la explotación de tierra, por parte de la Anglogold Ashanti, el Cerrejón unas de las múltiples multinacionales de la minería, más poderosas del mundo de los devastadores.

Pero la miseria de la tierra, del hombre-tierra, de los cuerpostierra se ha profundizado. El Ab de Ab-ismo tiene una doble manera de ser: como suelo que se aleja, como fundamento de toda existencia, que se sustrae y hace de la existencia un borde mortal, y como advenimiento de la noche, “sagrada” en tanto ella, la noche carece de sujeto. Ella es “entusiasta”.

La Devastación y la Miseria son hermanas, y ellas, de la Injusticia. La miseria no consiste en índices de PIB, ni en medidas del PNUD… la miseria consiste en la pérdida de la tierra Natal. Por ello la pregunta ¿para qué Poetas en tiempos de Devastación? entra en consonancia con la pregunta, ¿para qué poetas en tiempo menesteroso? ¿Y qué son los tiempos menesterosos?

“La época de la noche del mundo es el tiempo menesteroso porque, efectivamente, cada vez se torna más indigente. De hecho es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de dios como una falta”⁷ La miseria de la tierra y de todo lo vivo se produce en el despilfarro de la tierra y todo cuanto existe en ella. Al mismo tiempo, la otra cara de la miseria es el despilfarro, así como la otra cara del Desarrollo es la injusticia y Devastación con y de la Tierra.

SÍ AL PENSAMIENTO AMBIENTAL SUR: HIMNO AL FLORECIMIENTO DE LA VIDA

Mientras la devastación y el despilfarro de la tierra-naturaleza-vida no cesa, principalmente por la ambición de las multinacionales energéticas, de alimentos, de cepas biológicas, de aparatos electrónicos, de miles de mercancías que producen sin parar, y la bulimia consumista de una pequeña parte de la población humana, voces como las de los pensadores ambientales Augusto Angel y Enrique Leff, los ecólogos profundos Michel Serres y Edgar Morin; las comunidades Uwa, Cogui, Kuna, Aymara, Tupí-Guaraní, Quechua, Mapuche, Lakota, Hopi, de pueblos originarios desde Colombia, y desde mundos-otros, se levantan cada vez más fuertes, más sabias, para cantarle a la tierra, a la vida. El Sur, no como punto cardinal, sino como geografía poética, como maneras de ser y habitar-otras, el sur que imaginó el pintor uruguayo Joaquín Torres García en 1943, en su pintura América Invertida, se propone como lugar del cual emerge un geopensamiento diverso, singular metamórfico. Ante la globalización que implica la homogenización de la vida, la hermosa afirmación de Augusto Angel: “La vida, si no florece en poesía, no vale la pena”, nos recuerda a Maurice Maeterlinck, ese maravilloso escritor romántico, que habló de la inteligencia de las flores. En esta preciosa obra, el abogado que deviene poeta de la naturaleza, se propone implícita y explícitamente la urgencia de asumir una posición ética, un compromiso ético frente al fenómeno de la vida, del cual los seres humanos somos un hilo en su denso tejido.

SÍ AL BUEN VIVIR: ABYA YALA. TIERRA EN FLORECIMIENTO

Los pueblos Kunas llaman esta tierra Abya Yala. Dos connotaciones tiene este vocablo: una que nombra la tierra en su permanente transformación metamórfica: Tierra en Florecimiento. Otra que nombra la manera de habitarla: Buen Vivir. Las dos significaciones, los dos acontecimientos configuran el nombre de la tierra que somos. Sólo es posible habitar la tierra si ella florece. “La vida, si no florece en poesía, no vale la pena” (A. Angel). La filosofía, la ciencia, la tecnología, el pensamiento moderno con sus ontologías claras y distintas, universales y categoriales, está llegando a su fin. La Emergernecia de lo inestable, lo fugaz, lo cambiante; “…pero lo que permanece, lo fundan los poetas” (Hölderlin), se acompaña de lo que permanece: la voz de los poetas. La tensión entre lo poético y lo político, cada vez adquiere mayor potencia. El florecimiento de la vida sólo es posible si tenemos una relación poética con la tierra y esto implica una reforma política profunda. A su vez, esta reforma política o, mejor, de lo político, adquiere una fuerza inusitada gracias a las prácticas de re-existencia de las comunidades de vida. Entonces emergencia de lo poético. “Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza” (Hölderlin) en tanto póiesis, en tanto florecimiento… en tanto Abya Yala (Noguera, 2014).

Nuestro pensamiento ambiental, se pregunta qué ha pensado el mundo de Abya Yala para que la tierra permanezca en florecimiento?

Ante la crisis ambiental emergen dos propuestas que han ido asumiendo una posición políticamente correcta en consonancia con el sistema-mundo capitalista-global, que el pensamiento ambiental considera insuficientes y reduccionistas desde el punto de vista epistémico-político: 1. La de continuar el vuelo civilizatorio, bella y críticamente desplegado por Augusto Angel en su libro sobre Filosofía Ambiental El retorno de Ícaro (2002), pero más cerca de la tierra, mesurado, un poco más lento, sin transformar la raíz misma del problema, que sería nuestra red de símbolos y manteniendo la ligazón profunda, ontológicamente inseparable, entre desarrollo, economía y guerra en el contexto de la globalización, para pensar lo mismo, unificarse políticamente, pensar la tierra como un globo geométrico, precisado y aplanado en clave de una simplificación de la diversidad en la homogenización de los cuerpos, en la voz del imperio de la Humanidad, la voz del sujeto y sus variedades; y 2. La de hacer cada vez más potente la voz de la subjetividad y la intersubjetividad, tarea que se han propuesto las ciencias sociales, para mantener la escisión hombre/naturaleza; hacer cada vez más poderosa la voz universal del sujeto trascendental… de una lógica universal, de datos universales, conceptos, leyes y teorías universales, que acompañan la pretensión de la Humanidad (europea) de poblar la totalidad de la tierra, tomarse la tierra en clave de desarrollo, éste como incorporación de la libertad kantiana: el desarrollo como finalidad sin fin.

Ante estas dos propuestas, el pensamiento ambiental sur propone el giro ambiental de la cultura, de lo humano, de la red de símbolos que creó la escisión hombre/naturaleza, el sueño de Frankenstein, la devastación de la tierra, la industrialización de la vida, la guerra de todos contra todos y contra todo (Serres, 1991); esta transformación profunda de los símbolos de esta cultura absolutamente contranatura, contra la vida, ya se ha venido construyendo desde comunidades otras, de vida que habitan esta Abyayala, esta tierra en florecimiento, en clave del buen vivir; su propuesta que ya es la nuestra, consiste en la recuperación de maneras-otras de relacionarnos con aquella madre, la tierra, de la que emergió el humano, como humus, como aquel que la cuidaría.

Para ello, urge un Sí rotundo a la Paz con la tierra que somos, a la necesidad de de-colonizar el Pensamiento sobre la Vida, la Ética, lo Ambiental, en Colombia, América Latina y el mundo, presente aún en los discursos oficiales sobre políticas ambientales mundiales, nacionales y locales; esto implica tensionar lo poético ambiental con lo político ambiental, conversar, discutir, acordar y des-acordar; implica horadar en las palabras, en los nombres de las cosas, en el ethos presente en cada manera de nombrar-habitar esta tierra; implica una transformación de las redes lenguájicas que habitamos y nos habitan, que van desde lo técnico hasta la poesía, desde lo científico hasta los saberes ancestrales, desde los cuerpos-piel hasta los cuerpos-pensamiento que somos.

Des-occidentalizar los estudios sobre la Vida, el mismo Pensamiento Ambiental impuesto desde el Universal Atlántico; develar sus emergencias Sur; pensar planetariamente: desde la singularidad de los lugares y la diversidad que somos; retirar de nuestra palabra vocablos como “recurso”, “riqueza”, “manejo”, “explotación”; descender de los cielos de la metafísica para comprendernos en, de, y hechos de tierra, cuerpos-tierra, asumir una posición de amor y respeto por la tierra naturaleza-vida, pensar con el poeta Hölderlin que ser humano hoy, es hacernos “uno con todo lo viviente en un feliz olvido de sí mismo”, es la tarea del Pensamiento Ambiental Sur en Colombia, de un Sí a la Paz integral, y es la tarea de una de-colonización de los estudios sobre la vida, el ethos y el pensamiento ambiental.

Decolonizar-desoccidentalizar son dos palabras acontecimentales que implican lanzarnos a un vacío enorme, desencantarnos del sistema-mundo en el que estamos; des-aprender aquellas lógicas, aquellas formas, aquellas tecnologías, aquellos valores, aquellos lenguajes, aquellos conocimientos que objetivan, cosifican y mercantilizan la vida.

Augusto Angel Maya en su Aventura de los Símbolos (2000) y en su Retorno de Ícaro (2002) propone ir al origen constitutivo de nuestra civilización occidental y de nuestra cultura moderna, para encontrar allí cuáles han sido aquellos símbolos e imaginarios que configuraron nuestra actitud ante la tierra, la naturaleza, la vida. Encuentra que la escisión hombre/naturaleza, sociedad/naturaleza, cultura/naturaleza, se ha mantenido, por medio de la política, la economía, la religión y la teoría del conocimiento moderno.

El Pensamiento Ambiental, en sus diversas configuraciones: como estético complejo, como poético y político, como latinoamericano, como colombiano, como alternativo, como Sur, incluye a la tierra, en este proceso de repensar un país distinto, como lugar de ser del estar, como natal, como madre tierra, como generosa y en florecimiento, como de lo que está hecha la gente; como casa a la que pertenecemos, la que no se vende ni se calcula ni se mercantiliza; la tierra como lugar de todos los lugares, como hábitat, como el habitar mismo; si la tierra que somos no se incluye como lugar de enunciación, como plétora de sentidos, en un pensamiento de-colonial sobre la Paz, seguiremos volando como Ícaro en los cielos de la metafísica, y soñando con una Paz des-terrada, des-territorializada. La Paz querida de la que habla bellamente el pensador ambiental Julio Carrizoza, tendrá que ser una paz que rompa con las ansias de dominación-explotación-extracción de las entrañas de la madre-tierra.

* Coordinadora Grupo de Pensamiento Ambiental, Profesora Titular y Emérita. Sede Manizales, Universidad Nacional de Colombia.

** Coordinadora Grupo de Derecho y Política Ambiental, Profesora asociada. Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

1 Heidegger, Martin. Arte y Poesía. Hölderlin y la esencia de la Poesía, México, Breviarios F.C.E., 2006, p. 106.

2 <https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/09/asesinado-otro-dirigente-del-con-sejo.html>.

3 Heidegger, Martin. Arte y Poesía. Hölderlin y la esencia de la Poesía, México, Breviarios F.C.E., 2006, p. 106.

4 Capra, Frotjoff. La Trama de la Vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, Anagrama, 1998, p. 5

5 Heidegger, Martin. Arte y Poesía. Hölderlin y la esencia de la Poesía, México, Breviarios F.C.E., 2006, p. 115.

6 Nietzsche, Friederich. Así hablaba Zaratustra, Obras Completas, tomo 2, 2000, p. 731.

7 Heidegger, Martin. Sendas Perdidas, Buenos Aires, Editorial Losada, 1960, p. 226.

LA MINERÍA PUEDE SER
LA COCA DEL POSCONFLICTO*

Raúl Zibechi**

TRAS CINCO DÉCADAS DE GUERRA, Colombia está comenzando a transitar una nueva realidad luego de cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en La Habana. El motor de la guerra fue la lucha por la tierra.

Para los campesinos, la defensa de sus parcelas de autoconsumo era cuestión de sobrevivencia. Para los terratenientes, la ampliación de la frontera agropecuaria estaba atada a la acumulación de capital, por ser una economía rentista de escasa inversión.

Desde la década de 1980, los cultivos de coca y los laboratorios para la elaboración de cocaína le dieron nuevos significados a la guerra.

La alianza entre narcotraficantes y militares llevó a la formación de grupos paramilitares que asesinaron entre 3.000 y 5.000 miembros de la Unión Patriótica (ligada a las FARC), entre ellos dos candidatos presidenciales, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.

El fenómeno paramilitar provocó hondas mutaciones en la sociedad colombiana.

En las dos últimas décadas los campesinos perdieron más de seis millones de hectáreas (el 15 por ciento de la superficie agropecuaria) a manos de narcotraficantes y paramilitares que se han convertido en grandes terratenientes, ahora legalizados a través de la “desmovilización” pergeñada durante la presidencia de Álvaro Uribe.

LA CUESTIÓN MINERA. UN TEMA AUSENTE EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

La paz necesita un nuevo modelo de desarrollo. Los seis temas de la agenda de La Habana incluyen “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Política de desarrollo agrario integral”, que pasa por la restitución de tierras a los campesinos.

Sin embargo, la llamada “locomotora minera”, la principal propuesta del gobierno para el período que se abre, es la gran ausente en las negociaciones de paz.

En la X Feria Internacional Minera celebrada en setiembre de 2014 en Medellín, el viceministro de Minas y expresidente de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz Guerrero, declaró que “el sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto se llama minería”.

El sector representa el 2,5 por ciento del PIB y permitiría resolver los problemas sociales: “No hay un municipio de Colombia donde no tengamos minería, eso nos permitiría desarrollar actividades mineras en todo el territorio para incorporar seguramente algunos reinsertados” (El Espectador, 18 de setiembre de 2014).

Para el sociólogo Alfredo Molano, uno de los más lúcidos analistas de las causas de la guerra, “hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social; y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno” (El País, 2 de mayo de 2015).

En Colombia la minería a cielo abierto es una forma de guerra que está siendo impulsada y protegida por los paramilitares. La coca ya no es el gran problema colombiano, sino la minería.

De las tres millones de hectáreas que integran el departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.

Un tercio de la superficie del país sufre el mismo destino, siendo la minería aurífera la más problemática.

DE LA COCA AL ORO. MÁS PROBLEMAS Y DRAMAS PARA EL CAMPO

La minería tiene, en el caso colombiano, cuatro grandes problemas. El primero es ambiental y debería estar fuera de discusión. El desarrollo de la minería amenaza al Macizo Colombiano (donde nacen los grandes ríos: el Magdalena, el Cauca, el Putumayo y el Caquetá) y surte el 70 por ciento de los acueductos del país.

Molano sostiene, en base a datos de la CEPAL, que el 48 por ciento del territorio se está desertificando, siendo uno de los tres más ricos del mundo en recursos hídricos.

El segundo es la nueva militarización de país, más profunda y sobre todo capilar, de la mano de los paramilitares.

De las 14.000 unidades de producción minera, el 63 por ciento son ilegales. Muchas son unidades artesanales tradicionales y de mediano porte.

Las bandas criminales “desmovilizadas”, como Los Rastrojos, Los Urabeños y Águilas Verdes cobran “vacunas” en las minas —al dueño de la zona en excavación o al propietario de una retroexcavadora—, recaudando millones con la excusa de la “protección” que ofrecen a las explotaciones.

La tercera es la más compleja. Se trata del proceso de legalización y formalización de las explotaciones mineras, que perjudica a los artesanales y tradicionales y favorece a las transnacionales.

Un trabajo de Censat-Amigos de la Tierra sostiene que el gobierno implementa “la política de ordenar la casa para ordenar la repartición”, con la entrega de 320 títulos mineros en un año por la Agencia Nacional Minera.

Los procesos de formalización son caros y muchos mineros no tienen acceso a ellos, por lo que el Estado “se orienta a garantizar las mejores condiciones de rentabilidad y competitividad que según el gobierno residen en la gran minería”1.

La caída de los precios de las commodities en el mercado mundial, y de los minerales en particular, empuja a economías rentistas como la colombiana a “incentivar la exploración y explotación con la intención de compensar con cantidad la tasa de ganancia que han dejado de percibir por precios”.

Esta profundización de la minería conlleva la ampliación de la frontera extractiva, la flexibilización de la legislación ambiental y la eliminación de las acciones defensivas de las comunidades, como los procesos de consulta ciudadana.

UNA LOCOMOTORA QUE ARRASA CON TODO. HACIA UNA NUEVA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD

Desde diciembre de 2014, por decreto presidencial, los concejos municipales y alcaldes quedan desautorizados para tomar decisiones de ordenamiento territorial como parte de una reingeniería institucional destinada a despejar el tránsito a la locomotora minera.

La cuarta, y decisiva, es el despojo y la violencia que la minería lleva a las poblaciones indígenas, negras y campesinas, las más afectadas por las décadas de guerra y ahora por la minería transnacional. La experiencia en la región indica que esta minería a gran escala afecta el ambiente, contamina las aguas necesarias para la agricultura familiar y desgarra el tejido de las comunidades.

La minería es una guerra de baja intensidad contra los pueblos y un gigantesco negocio para estados y empresas.

Según el Banco Mundial, entre 2009 y 2012 los ingresos públicos generados por la minería en Colombia pasaron de 12 al 25 por ciento.

En los territorios, la megaminería dispara la prostitución, la deserción escolar, la emigración y los conflictos intracomunitarios.

Desde todo punto de vista, el tránsito de la coca al oro es un desafío para los pueblos y un palo en la rueda del proceso de paz.

* Este artículo fue publicado en el Portal Rebelión, el 22 de agosto de 2016. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215777&titular=la-miner%EDa-puede-ser-la-coca-del-posconflicto->.

** Escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, con una larga trayectoria como periodista.

LA PAZ EN LAS CIUDADES,
Y LAS CIUDADES DE LA PAZ EN COLOMBIA*

Cristian Camilo Barrera Silva**

DADA LA EFERVESCENCIA y dinamismo que han tomado los recientes acontecimientos en Colombia en relación al debate del plebiscito, la inminente firma de un acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP, y seguramente el proceso de implementación que se adelante luego de la aprobación mayoritaria con el “Sí”, quise indagar un poco en el documento final de los acuerdos, cuáles eran los lugares, las perspectivas y la importancia que las ciudades y el tema urbano tenían en el desarrollo y en las propuestas allí esbozadas. Para ordenar algunas de las ideas que se me ocurrieron con respecto a lo que encontré, voy a plantear tres preguntas orientadoras en lo que sigue del documento.

¿POR QUÉ INDAGAR SOBRE EL TEMA URBANO EN EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS?

Me parece importante ubicar la importancia que tienen las ciudades en la Colombia actual y su relación con los acuerdos de La Habana, al menos por tres razones. En primer lugar, porque actualmente Colombia es un país mayoritariamente urbano, y ello implica que la mayoría de su población vive en centros urbanos. Sólo por dar una cifra estimada que nos permite dimensionar la importancia de las ciudades, se puede afirmar que la población de las tres principales ciudades del país representa aproximadamente el 25% del total de la población en Colombia; es decir, en menos del 3% del territorio nacional vive la cuarta parte del total de habitantes del país. Se estima que el 75% de la población viven en ciudades o entornos urbanos, y sólo el 25% habita zonas rurales. Ello implica que, para un proceso exitoso de aprobación de los acuerdos, se debe tener un índice de favorabilidad relativamente bueno en las grandes ciudades, ya que allí se encuentra un alto volumen de votantes.

En segundo lugar, resulta evidente que las dinámicas de poblamiento y urbanización de las ciudades se han acelerado en los últimos 25 años de una manera muy fuerte, y en parte el fenómeno del conflicto armado ha dinamizado e intensificado esta problemática, ya que miles de habitantes de zonas rurales donde hubo enfrentamientos, combates u operativos militares, se desplazaron hacia las ciudades para busca establecer nuevos espacios de vida en entornos donde no se vivieran situaciones de confrontación militar intensa; desafortunadamente la mayoría de estas poblaciones entraron a robustecer y ampliar las denominadas zonas periféricas y de marginalidad de las ciudades, y por ello muchas de estas personas vivieron, e incluso todavía viven en predios de infraestructura limitada, sin títulos de propiedad de sus lotes o chozas, y sin el suministro adecuado de servicios públicos. Entonces, uno supondría que parte de los acuerdos deberían abordar esta problemática de las poblaciones vulnerables afectadas en el marco del desarrollo del conflicto social y armado interno de Colombia.

En tercer lugar, mirar el tema de las ciudades y su lugar en los acuerdos de La Habana es importante porque nos permite dimensionar los escenarios de posibilidad para que eventualmente las FARC o el movimiento político que vayan a constituir, tengan niveles de incidencia óptimos con respecto al segmento mayoritario de la población colombiana; es decir, mirar los acuerdos en clave de lo urbano, en parte nos permite identificar la existencia o ausencia de algunos de los derroteros o apuestas transversales que el movimiento político emergente se pudo pensar o podría proyectar de cara a ganar favorabilidad en el corto y mediano plazo.

¿CÓMO APARECE LO URBANO EN LOS ACUERDOS DE LA HABANA?

Luego de revisar el documento recientemente publicado del acuerdo final para la terminación del conflicto, encuentro que el tema de ciudad y el tema urbano puntualmente no aparecen en el contenido de los acuerdos, si bien se hace mención nominal a estos términos en algunos apartados del documento, lo cierto es que no hay esbozadas propuestas y elementos de fondo que permitan identificar estos temas en el documento. Es cierto, el desarrollo del conflicto armado interno colombiano tuvo una evolución espacial predominante en los entornos rurales, pero ello para nada implica que las ciudades no se hayan visto afectadas por esta problemática, y el hecho de que no se contengan en los acuerdos así sea algunos principios que si bien no sean políticas públicas materiales por implementar, sí podrían ser algunos principios rectores para armonizar lo que se implemente en los entornos rurales con las políticas y planes de gobierno diseñados desde las urbes.

La única mención que se hace reiteradamente en los acuerdos, es sobre la necesidad de consolidar y afianzar la relación entre campo y ciudad, ello en parte como escenario de posibilidad para favorecer los intercambios productivos, el abastecimiento de alimentos, y la garantía de la circulación y demanda de los productos del campo; sin embargo, insisto en que se debe dar una vuelta al tema de ciudad, y al revisar problemáticas de vivienda, de garantía de servicios básicos, de mejora de condiciones y entornos de habitabilidad para miles de habitantes que conviven en zonas marginales y periféricas, y que de alguna manera también están en estos espacios como resultado de las complejas dinámicas de movilización demográfica en parte promovida por el conflicto armado.

¿LAS CIUDADES DE LA PAZ, Y LA PAZ EN LAS CIUDADES? UN DEBATE PENDIENTE

Mucho se ha hablado de las ciudades del post-conflicto, pero desafortunadamente quienes han pensado con mayor seriedad y profundidad el tema, han sido los sectores económicos dedicados a la actividad de la construcción, los sectores con grandes capitales, y los políticos que están fuertemente convencidos de las ventajas del mercado, de la competitividad, la inversión privada y la consecución de utilidades económicas, es decir, el sector más convencido y promotor del neoliberalismo y del modelo privatizador es quien se ha abanderado mayoritariamente la idea de pensar e ir proyectando el modelo ciudad para el post-acuerdo en Colombia.

Por ejemplo, el fin de semana anterior no dejaba de resultarme problemático y paradójico ver a alguien como el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, apoyando el Sí a la paz, cuando por un lado sus acciones y decisiones en la ciudad han mostrado un trato totalmente inhumano y despótico al momento de atender problemas sociales; entonces me resultaba sospechoso ver a alguien como el alcalde de Bogotá afirmando que apoya la paz hasta el momento que explicó por qué apoyaba la paz. Según él, la paz en Bogotá se traducirá en mayor infraestructura, inversión y oferta turística para la ciudad. En ese punto todo quedó más claro, el fin del conflicto para estos señores se resume en la siguiente formula: paz = inversión, pero lo paradójico es que será una inversión, una infraestructura y unos ingresos que seguramente van a seguir robusteciendo los bolsillos, embelleciendo las calles, y funcionalizando espacios para sus negocios, y entonces me pregunto: ¿acaso la paz no debería buscar en últimas disminuir brechas de desigualdad, mejorar condiciones de vida de población vulnerable, y dar garantías de inclusión social y de todo tipo para la gente? Pues con un alcalde como Enrique Peñalosa, y su modelo de administración y visión de ciudad, espero se me permita poner esto en cuestión.

Entonces veo que a la luz de los acuerdos recientemente publicados, y de la inminencia de un proceso de implementación en el corto plazo, se hace necesario y urgente debatir con diversos sectores sociales y políticos sobre las visiones, apuestas y propuestas que se pueden ir ubicando sobre el deber ser de las ciudades en un contexto que está cambiando. Si bien el eje central de los acuerdos de La Habana está en el tema agrario, no se debe dejar a un lado la urgencia y la oportunidad de abrir el debate de la ciudad en Colombia hoy. El tema de la paz en las ciudades debe ir más allá del debate o el asunto de la seguridad, sino que se deben revisar las condiciones materiales de existencia de millones de personas que viven en barrios informales, que no cuentan con viviendas dignas, o simplemente no tienen acceso a una vivienda; se debe mirar el tema de las condiciones laborales, dado que en las ciudades la tasa de informalidad en el empleo supera la mitad del número de empleados, debemos mirar en detalle muchos temas que podrían y deberían ser tocados en este momento histórico, ya que la única salida a la resignación y la desesperanza a la que cotidianamente se enfrentan miles de colombianos que no saben cómo votar el 2 de octubre y que viven en las ciudades, es abriendo un escenario de esperanza y oportunidad para que esa fecha sea el punto de partida de un debate político nacional sobre el curso que debe tomar Colombia para realmente construir la paz en las ciudades, en el campo y en cualquier parte de la geografía nacional. La ciudad, como espacio físico que concentra los centros de poder político, económico, financiero, cultural y religioso; también concentra y en ella se expresan unas profundas desigualdades y desequilibrios de todo tipo. Habitar dignamente las ciudades también debería ser un derecho, y este derecho debe estar necesariamente en relación con la perspectiva de construir la paz.

* Este artículo fue publicado en el Portal Rebelión, el 3 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216258&titular=la-paz-en-las-ciudades-y-las-ciudades-de-la-paz-en-colombia->.

** Columnista del Portal Rebelión.

LAS TAREAS DE LA PAZ

LAS FARC SIN LA "A"*

Antonio Caballero**

DE ESO SE TRATABA, desde el principio. De que los guerrilleros pudieran volverse senadores para no seguir siendo guerrilleros. De que los excluidos del ’57 pudieran ser incluidos.

Suscribo el sensato consejo que da Héctor Riveros en La Silla Vacía: no lean el acuerdo, por favor. Los va a enredar. No es necesario leer una por una (yo he leído unas cuantas) esas fatigosas 297 páginas de una verborreica prosa jurídico-político-técnico-incluyente (“todos y todas” a cada frase). ¿Quién necesita, y para qué, leerse entero y línea a línea el Código de lo Contencioso Administrativo? Porque el fondo del acuerdo es muy sencillo: que se acaban las Farc como organización armada a cambio de que las dejen hacer política sin armas. Es decir, que se elimina la a de su nombre, la a de la palabra “armadas”, y su guerrilla se convierte en una organización política civil como cualquier otra: Fuerzas Revolucionarias de Colombia, por ejemplo.

Pero es justamente eso lo que los partidarios del No en el plebiscito no quieren que suceda. No quieren que las Farc dejen de existir en tanto que organización armada: quieren que dejen de existir.

Porque no son las armas de las Farc lo que rechazan ellos, los partidarios del No; sino la posibilidad de que lo que la guerrilla representa o pretende representar socialmente pueda participar en política. Por eso exterminaron hace 30 años a los integrantes de la Unión Patriótica, desde sus candidatos presidenciales hasta sus últimos votantes desarmados: 5.000 asesinados. Porque los doctrinarios del No en el plebiscito, que son los mismos “enemigos agazapados de la paz” de quienes se ha venido hablando desde hace tres décadas, quieren que aquí no exista nada distinto del Frente Nacional de toda la vida: quieren que se mantenga la exclusión del demonio del comunismo (hoy llamado por ellos castrochavismo), la misma exclusión que después de la hecatombe de la Violencia se pactó hace 60 años entre las elites conservadoras y liberales, y se votó en aquel otro plebiscito. Cuando empezó esta guerra, que empezó por eso.

Ese viejo y cómodo pacto de exclusión es el que defienden cuando se niegan escandalizados a aceptar que un antiguo guerrillero pueda ser senador, o que un exjefe de guerrillas aspire a la presidencia. Como si nuestra historia entera (nuestra Historia Patria) no estuviera repleta de exguerrilleros senadores (el caso más reciente es el de Everth Bustamante, que ocupa una curul por el uribismo), y de exjefes de guerrillas que han llegado a sentarse en el mismísimo solio de Bolívar (empezando por el mismo Bolívar).

Pero es que de eso se trataba, desde el principio. De que los guerrilleros pudieran volverse senadores para no seguir siendo guerrilleros. De que los excluidos del plebiscito del ’57 pudieran ser incluidos. De eso se trataba desde que empezaron las primeras y repetitivas conversaciones, las mismas de los últimos 30, 20, 10 años. Las del ahora satisfecho, y con razón, Belisario Betancur, y también las de los ahora indignados Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes con esa indignación muestran retrospectivamente su mala fe de entonces. Si cuando negociaban no era para llegar a un acuerdo, ¿para qué era? Se trataba de eso, de que los alzados en armas dejaran las armas para participar pacíficamente en política. De eso se ha tratado siempre, desde el principio. Y si desde el principio no se los hubiera excluido por consideraciones mundiales (de comunistas y capitalistas) y locales (de ricos y pobres), no habría empezado esa guerra que unos todavía niegan y otros tratan de terminar con un acuerdo de paz. El mejor posible, como dice el negociador Humberto de la Calle: porque es el único posible.

Y deseable. Significa que los guerrilleros de las Farc renuncian a la guerra. Significa que no van a volver a matar soldados ni civiles. Que no van a volver a extorsionar. Que no van a volver a reclutar. Que no van a volver a secuestrar. Que se van a apartar del negocio de las drogas ilícitas. ¿Y a cambio de qué? De que los dejen, ya dije, hacer política en paz, y sin asesinarlos. Ese es el primer punto. Y de que empiecen a implementarse cambios en el agro que hubieran debido darse hace medio siglo, para reparar lo que dejó la Violencia, pero que han venido postergándose con la excusa de la nueva violencia. Las Farc dejan el chantaje de las armas, o el recurso final a las armas, a cambio de transformaciones que el país de todos modos necesita, con Farc o sin Farc. Que necesita para que no vuelva a empezar una guerra por las mismas razones y motivos por los cuales empezó la de las Farc.

El punto de la droga me parece el más flojo. El más iluso. Que las Farc se retiren del negocio no elimina el negocio: otros lo recogerán. Y el negocio existirá mientras la prohibición exista. Pero ese, que ha sido tema de centenares de columnas mías, será tema de otra columna.

Porque con que se acaben las Farc no se acaban los temas. Salvo, claro está, para los eternos enemigos de la paz, que por eso no quieren que se acaben las Farc.

* Este artículo fue publicado en la Revista Semana de Colombia, el 3 de septiembre de 2016. disponible en <http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-las-farc-sin-la-a/492241>.

** Periodista y escritor colombiano con amplia. Cursó estudios de cinecias Políticas en Pârís yes habitula colaborador de diversos medios escritos.

MÁS ALLÁ DEL SÍ AL ACUERDO FINAL

Víctor Manuel Moncayo C.*

LAS CONVERSACIONES DE LA HABANA han salido finalmente del laberinto conducente al Acuerdo Final con las FARC-EP, pero éste enfrenta ahora un sendero que tiene como punto de partida el acto de refrendación que, desde el inicio, planteó el Gobierno colombiano, y que cristalizó en la convocatoria de un plebiscito especial, ya validado por la Corte Constitucional, cuya significación es exclusivamente de naturaleza política, y cuyo resultado positivo sólo vincula al propio Gobierno a iniciar y adelantar lo que se ha denominado el proceso de implementación de lo acordado, con todas sus implicaciones en cuanto a reformas esenciales en el orden constitucional y legal.

EL FORZOSO TINGLADO PLEBISCITARIO

La necesidad de ese paso por la refrendación plebiscitaria, de la cual depende, además, la viabilidad del procedimiento constitucional especial para el desarrollo normativo de los acuerdos (Acto Legislativo Nº 1 de 2016), ha determinado un abigarrado y complejo debate sobre el contenido del Acuerdo Final, que ha permitido oscurecer la verdadera significación de la terminación de la expresión armada del conflicto social y político asumida por las FARC-EP.

En efecto, la controversia se ha trenzado alrededor de temas tales como la definición de lo pactado como un Acuerdo Especial derivado de los Convenios de Ginebra, que supone su incorporación como parte del bloque de constitucionalidad (cuestión técnico-jurídica que admite principios y normas constitucionales más allá de los textos formales tradicionales); la desestructuración, por lo tanto, de los elementos que se consideran centrales o esenciales del orden constituido (la llamada sustitución constitucional que utiliza la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana para impedir ciertas transformaciones); la desarticulación de la rama judicial en razón de la creación de la jurisdicción especial para la paz (la denominada justicia transicional); la supuesta consagración de la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra; el rechazo a las conexidades en materia penal con el delito político; la ausencia de sanciones penales que supongan encarcelamiento; la eliminación de los efectos de inhabilidad política para los insurgentes; la vinculación al sistema transicional de justicia de los agentes del Estado y del sector privado; la consagración de medidas e instrumentos para promover la transformación de la organización armada en movimiento o partido político; la organización del proceso de reincorporación de los insurgentes a la vida económica y social mediante novedosos mecanismos; el reordenamiento de los esquemas de participación política y del sistema electoral; las soluciones al problema agrario enfrentadas a la protección de los proyectos agroindustriales del capital; la puesta en marcha de planes y programas económico-sociales para los sectores excluidos y su debida financiación; las características del proceso de dejación de armas y, en general, aspectos generales o muy específicos que sería casi interminable enumerar y más aún describir con precisión.

Estas son las materias alrededor de las cuales se teje el proceso que debe concluir con una respuesta positiva o negativa en el acto plebiscitario; constituyen el entramado de la discusión que se vuelve casi interminable y a la cual concurren, con variados énfasis y con no pocas inexactitudes y falsedades, un espectro muy amplio de actores con múltiples, contradictorios y confusos intereses. Cubre de manera invasiva todos los espacios y todos los tiempos, sin que sean posibles soluciones de claridad, como se puede apreciar en la totalidad de los medios de comunicación y en las manifestaciones cotidianas de la población invitada a votar. En este sentido, es un escenario casi que construido para que germine la confusión y se deje de lado la real significación del proceso que se viene produciendo en estos últimos años de desarrollo de los diálogos de La Habana. Pareciera que es imposible sustraerse a ese tinglado y que estuviéramos forzados a ser parte activa de él, a sumergirnos en ese piélago en que se ha convertido.

LA NECESIDAD DE RECUPERAR UN ENTENDIMIENTO DIFERENTE DEL FIN DEL CONFLICTO ARMADO

Encontrándonos ante esa circunstancia y en esta antesala de la refrendación, es preciso hacer, una vez más, un esfuerzo para desatarnos de ese intrincado territorio construido por el que siempre se califica, para valorarlo, como debate democrático.

En esa dirección, tenemos que regresar a entendimientos más comprensivos de la realidad en la cual vivimos. Empecemos por decir que lo que ha conducido hasta ahora a la suscripción del Acuerdo Final, no es el resultado de unas conversaciones entre una agrupación de personas, casi siempre calificadas como delincuentes o criminales, y los representantes de un Gobierno que, por razones múltiples y cuasidesconocidas, decidió concurrir a ese diálogo. La cuestión es más compleja y, por lo mismo, de difícil explicación y aprehensión. Somos todos integrantes de un colectivo social, en el cual nuestras relaciones están definidas por un orden establecido que está más allá de las definiciones y opciones individuales o de los llamados consensos. Muchos definen ese orden con una expresión que tanto quienes no lo comparten como quienes lo sustentan y defienden admiten: es el orden social capitalista. Y también coinciden en aceptar que ese orden no responde a los valores de equidad, justicia e igualdad. Basta al respecto remitirnos a los estudios y análisis, de distinto origen, que así lo describen.

Pues bien, por la naturaleza de ese orden social, nuestra sociedad, como todas las demás del planeta, está signada por el conflicto. Ese conflicto ha tenido y tiene en Colombia muchas expresiones. Una de ellas es la insurgencia armada de las FARC-EP, al igual que otras de similar carácter que han existido y aún subsisten. Lo central del Acuerdo Final es terminar esa expresión armada del conflicto, lo cual no significa que el conflicto termine y que las expresiones de todo tipo que él genera cesen de expresarse.

En tal sentido, el orden social capitalista vigente continúa y sus manifestaciones conflictivas también. La organización armada insurgente así parece comprenderlo y reconocerlo y, por esta razón, buena parte del contenido del Acuerdo Final se orienta a permitir la creación de otras condiciones para que esa insurgencia no armada permanezca y pueda efectivamente manifestarse y producir efectos socialmente. Esas nuevas condiciones no alteran las bases esenciales del orden social vigente, que justamente representan las llamadas líneas rojas que el Gobierno nacional estableció para llegar al Acuerdo, y que la organización insurgente conocía como insuperables mediante lo que se conviniera.

La continuidad de la insurgencia sin armas no está asegurada pero puede ser posible. No se trata sólo de cambiar las armas por los votos como alegremente se proclama, sino de persistir en la actitud de controversia radical del sistema existente por nuevas vías que están por construir, entre las cuales una de ellas, pero no la única ni la fundamental, es la participación en el llamado sistema democrático representativo. Del lado del sistema político la pretensión es precisamente lograr que la terminación de la expresión armada del conflicto sea sucedida por una sujeción plena a los aparatos y mecanismos del orden estatal, pues identifican claramente que en ese escenario las perspectivas de continuidad de la insurgencia y, sobre todo, de aspirar a la superación del orden existente no tendrán viabilidad, como lo ha demostrado la historia.

Por lo dicho, mirar más allá del Sí al Acuerdo Final impone a la organización armada que ha pactado difíciles retos que superan los aspectos institucionales convenidos para que exista una organización armada sucesora en los propósitos, de los que como norte de su acción guiaron a la guerrilla que ha pactado durante más de medio siglo.

A. RECONOCIMIENTO Y RECHAZO DEL CAPITALISMO

El primer y cardinal reto es cómo perseverar en el reconocimiento del carácter capitalista de la sociedad, como punto de partida para aspirar a superarlo y sustituirlo.

Esta tarea exige tener en cuenta las profundas transformaciones que ha experimentado el capitalismo en los últimos decenios, para desentrañar las novedosas formas de explotación y acumulación, en un contexto global que ha provocado el descaecimiento de las soberanías nacionales en muchos órdenes, bajo formas de producción diferentes a las de la actividad industrial tradicional, con un papel diferente del capital financiero, a partir de formas distintas de la actividad laboral y de las modalidades de ingreso.

En síntesis, se impone que ese reconocimiento del capitalismo, con las particularidades de sociedades como la colombiana, comprenda debidamente las múltiples implicaciones de su transformación, que comprometen cambios en el papel del Estado, de los lugares de trabajo, de las formas de valorización, de la nueva función del capital financiero y de la renovación del orden global. Sólo de esa manera tendrá pertinencia y virtualidad su rechazo, en la perspectiva de construir una sociedad alternativa, caracterizada por una democracia real y una estructura social justa y equitativa.

B. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO COMO DIMENSIÓN ESENCIAL DEL SISTEMA CAPITALISTA

El segundo desafío, pero no por ello menos importante que el primero, es definir, como clave de la acción, que el Estado no es una dimensión neutral que pueda ser tomada y apropiada para finalidades distintas, según la voluntad de quienes accedan a sus instituciones y aparatos. En esta dirección no se trata de repetir la equivocada estrategia de las dos etapas, conforme a la cual la primera es la toma del poder, para luego desde allí transformar la sociedad.¹ Las experiencias históricas evidencian que ese ha sido un camino erróneo, pues olvidan el vínculo indisoluble de la dimensión estatal con el orden social capitalista.

No basta con negar el Estado pues su existencia se impone, sino que es preciso que la acción política tenga como horizonte final superarlo. No mediante reformas y cambios que finalmente lo conservan y reproducen, sino intentando salir de él para construir una nueva institucionalidad. Este es un proceso histórico complejo, muy ligado al concepto de un proceso constituyente abierto, que no significa reformas constitucionales ni mucho menos asambleas constituyentes como punto de llegada. Estas reformas y asambleas quizás pueden ser medios para develar contradicciones y abrir nuevos escenarios de ruptura radical.

Por la misma razón, la crítica orientada hacia la superación de la dimensión estatal no puede limitarse a atacar sus vicios e imperfecciones (burocratismo, clientelismo, corrupción, ineficiencia e ineficacia, desconocimiento de derechos, ausencia de presencia, etc.). En el mejor de los casos ese “mejoramiento” del Estado contribuye a su permanencia y, por ende, a fortalecer el sistema capitalista al cual pertenece. De allí se deriva una actitud siempre alerta y vigilante.

C. CRÍTICA Y RECHAZO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO

Una tercera dimensión hace referencia al sistema democrático-representativo como elemento sustancial del Estado. Está edificado a partir de la categoría pueblo que obra como una construcción social unificadora y alienante, que se expresa a través de sujetos llamados “representantes”, de quienes se predica la virtud de expresar la voluntad general o colectiva, y que legitima la existencia de una clase política.

Es este sistema el que engendra la distinción falaz entre el interés privado y el interés público, pues sólo sus agentes están habilitados para expresar y concretar el interés público gracias a la voluntad nominadora electoral que tiene la virtud de borrar a los individuos y al colectivo social al cual pertenecen.

La superación del sistema democrático-representativo no reside en corregir sus vicios e imperfecciones, para que la voluntad de los miembros del pueblo se exprese de manera más diáfana. Cualesquiera que sean los mecanismos de expresión, lo fundamental permanece: los agentes representantes obrarán como voluntad general, arrogándose la capacidad de los miembros del colectivo.

Sin embargo, no se trata de plantear una ruptura absoluta del esquema democrático-representativo, sino de avanzar, quizás en una fase de transición, en medio de sus imperfecciones, en la adquisición de algunas condiciones que permitan mantener viva la dinámica del proceso y del poder constituyentes, tales como la libertad plena para intervenir en política por parte de los movimientos, organizaciones y partidos; la igualdad real en el acceso a los medios de comunicación; la deconstrucción del principio del mandato y la ampliación del mecanismo revocatorio; el establecimiento de limitaciones progresivas de la regla de reelección que conduzca a la eliminación de la clase política; la utilización ampliada y real de los mecanismos de consulta y participación; la intervención decisoria en las formulaciones de planeación y presupuesto; y la definición inmediata de soluciones de satisfacción de las necesidades básicas de la población en materia de salud, educación, vivienda, seguridad social e ingresos básicos.

En otras palabras, en el terreno táctico, se trata de no desdeñar el espacio democrático-representativo, para intentar abrir avenidas que contribuyan a un proceso constituyente abierto conducente a un nuevo orden social no capitalista. Como lo advierte Wallerstein, las intervenciones electorales no transforman el mundo, pero no pueden ser despreciadas, siempre con la precaución de que si se obtienen victorias, no lo son tanto, de tal manera que “¡No bailemos en las calles cuando ganemos!”².

D. LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE UN PROCESO CONSTITUYENTE ABIERTO

Finalmente, no sin advertir que son múltiples los retos, con las limitaciones derivadas de la vigencia del orden capitalista, de su dimensión estatal y del sistema democrático-representativo, la nueva organización política sucesora de la insurgencia armada ha de contribuir a construir escenarios y condiciones que sirvan como elementos catalizadores de otro orden social que supere el existente.

No se trata de una reorganización de aspectos centrales de la estructura política definida por la Constitución, por representantes o delegatarios de la sociedad colombiana elegidos popularmente, previa decisión legal. Esto supondría compartir una ideología constitucionalista liberal, conforme a la cual se pasaría de lo vigente al establecimiento de otro orden dominante, sobre la base de la teoría de la representación, que en el fondo supone negar la potencia de quienes asumen la necesidad de la subversión.

Por el contrario, hay que entender el poder constituyente como un fenómeno político siempre abierto, que no admite la sujeción por ningún poder constituido, que se afirma como práctica permanente de liberación, sin clausuras ni sometimientos, que no se diluye en categorías diferentes o renovadas de integración/cooptación. Esta distinción es fundamental para no caer en las ilusiones democrático-burguesas, presentes en la apelación al llamado constituyente primario, cuyo soporte es la forma social dominante de la abstracción pueblo nacional, supuestamente representado por agentes que devienen clase política.

De alguna manera la negociación de paz que ha concluido con el Acuerdo Final, ha sido un momento de ese proceso constituyente, que seguramente tendrá que pasar en una de sus etapas por los mecanismos del poder constituido (reformas constitucionales o legales), pero que no tiene como punto de llegada y de conclusión esas reformas.

La etapa posterior al acuerdo que pone fin a la expresión armada del conflicto, no conduce a la eliminación plena del conflicto social y, por tanto, a la paz verdadera. Si la existencia del conflicto está asociada a la naturaleza de las relaciones sociales imperantes, mientras éstas subsistan el conflicto se mantendrá bajo otras formas, sin que pueda excluirse la reaparición de la violencia. En tal sentido la paz negociada es necesariamente precaria, pues los intereses de las partes que se oponen en el conflicto nunca serán coincidentes: del lado de los beneficiarios del orden existente, la paz es un instrumento para afianzarlo y profundizarlo, nunca para eliminarlo. Del lado de quienes se oponen a él, podría ser la aceptación de la cooptación o la integración como ha ocurrido en otros momentos históricos o, como quizás pudiera darse ahora, la posibilidad para encontrar otros escenarios y otros medios para la resistencia.

En tales términos, el poder constituyente debe desprenderse de la noción que lo vincula exclusivamente con la posibilidad de construcción de un nuevo ordenamiento constitucional, para entenderse más bien como una potencia que se expresa como un proceso, que se despliega en tiempos de distinta duración, en forma continua, y como producto de una vasta pluralidad de iniciativas políticas y de reconocimiento de subjetividades plurales, como “germinación difusa y multitudinaria del deseo de libertad e igualdad”.³

* Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina. Profesor emérito y exrector de la Universidad Nacional de Colombia.

1 wallerstein. Immanuel. “Una política de izquierdas para una época de transición”, conferencia en la Socialist Scholars Conference, New York, 13 de abril de 2001.

2 Wallerstein, Immanuel, op. cit.

3 Recogemos así algunas de las expresiones conceptuales avanzadas por Antonio Negri en el Prefacio a la nueva edición en español de su obra Poder Constituyente, Madrid, Traficantes de Sueños, abril de 2015.

MÁS ALLÁ DEL SÍ EN EL PLEBISCITO:
POR LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA CULTURA
Y CIUDADANÍA POLÍTICAS

Óscar Almario García*

POCOS EXPRESARON TAN BIEN el deseo colectivo y el sentimiento de impotencia ante el conflicto en Colombia como el escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago cuando dijo que ya era hora de que “¡se acabe de una puta vez!”. No le alcanzó la vida para verlo porque entre sus palabras y la firma de los acuerdos en La Habana por el Gobierno colombiano y las Farc transcurrieron unos años más de violencia. Con todo, lo cierto es que en medio de desconfianzas, incredulidades y creciente expectativa por los alcances de lo que se negociaba, aconteció lo imposible, un acuerdo político para terminar definitivamente el conflicto. Ahora bien, no obstante los llamados de urgencia, del querer de la mayoría de los colombianos y del mundo progresista, el posconflicto que se avecina, complejo y difícil en sí mismo, con seguridad nos va a tomar una década, o más, y eso si las partes son leales con lo acordado y colectivamente somos asertivos desde ahora en aclimatar la convivencia política como condición imprescindible para las transformaciones sociales e institucionales. En este panorama, plagado de incertidumbre, inquieta la posición beligerante sostenida hasta ahora por el ELN sobre los acuerdos y un eventual diálogo con el Gobierno. Por todo esto, no debe caber duda que con el acuerdo y su refrendación no terminará el conflicto “de… una vez”, pero es posible que sea el comienzo de su fin. Como académico y ciudadano me aferro a esa esperanza razonada y razonable. La misma que me hace compartir esta reflexión, que más allá de defender el Sí en el plebiscito, gira en torno a las potencialidades que se abren para intentar cambiar la cultura política del país, redefinir su desarrollo social y económico, rediseñar sus instituciones, profundizar la democracia y promover una nueva ciudadanía, que seguramente será más plural que singular. Como se puede ver, toda una agenda abierta que solo esa ciudadanía debe definir e implementar.

Analistas, expertos, formadores de opinión y hasta ciudadanos comunes y corrientes están reflexionando y aportando con seriedad, incluso desde la orilla opuesta de los partidarios del No, a la comprensión de este momento trascendental para la historia del país. Lo hacen con argumentos de la teoría política y constitucional, del pensamiento económico y social, de la historia comparada, de las relaciones internacionales, de los derechos humanos y el DIH. Las reflexiones van desde el análisis detallado del contenido de los acuerdos hasta la cuestión del ordenamiento constitucional del país, pasan por la cuestión de qué hacer con el modelo de desarrollo a futuro y el reconocimiento de los criterios de verdad, justicia, reparación y no repetición como garantía de un clima de reconciliación política que apele a la memoria histórica, cuestión clave pero que no debe confundirse con el reto que tendrán por delante las actuales y nuevas generaciones de historiadores y analistas, así como la colectividad nacional en su conjunto, de construir un nuevo relato sobre la formación de la nación colombiana que tendrá que ser incluyente y representativo de sus contradicciones, complejidad y diversidad. En este singular entramado de argumentos suscitado por los antecedentes y por la firma de los acuerdos, tampoco han faltado quienes llaman la atención sobre dimensiones olvidadas o escasamente consideradas en los debates como la ecológica y ambiental, la de los escenarios urbanos y del ordenamiento territorial, de la cultura, la psicología colectiva y el bienestar en general. No tendré en cuenta aquí a quienes carecen de argumentos o que solo esgrimen los del fanatismo, la adhesión acrítica, los personalismos o los ideologismos. Por mi parte y sin mayores pretensiones, sostendré en estas notas que el sorpresivo acuerdo logrado, que se puede explicar por muy variadas razones, en último término se explica por algo fundamental, no tan evidente y apenas tangencialmente presente en La Habana, la gente.

Predomina la tendencia a analizar los acuerdos como un éxito del Gobierno Santos, como la consecuencia de un viraje pragmático y afortunado de las Farc, o como la confluencia de ambos, y no faltan argumentos en favor de esas variables. Lo cierto es que el Gobierno fue persistente en su política negociadora no obstante las dificultades y oposiciones, conformó un equipo experto y hábil para la tarea, y logró el respaldo casi unánime de la institucionalidad nacional e internacional a pesar de su impopularidad interna, aunque es preocupante que en la práctica hoy no existan contrapesos institucionales al Ejecutivo. Por su parte, el viraje de las Farc hasta ahora parece sincero a pesar de la ausencia de algunas señales deseables como la petición de perdón que reclaman sobre todo las víctimas o la falta de claridad sobre temas candentes como la desmovilización de estructuras militares y milicianas, la dejación efectiva de las armas, la conexión conflicto y narcotráfico, y el funcionamiento de los tribunales especiales de justicia, entre otros. En este contexto, el Gobierno y las Farc se presentan como ganadores netos, con mayor razón cuando todo parece indicar que crece el respaldo nacional al Sí en el plebiscito y que la opinión es capaz de distinguir entre sus simpatías por el presidente y la conveniencia de refrendar los acuerdos con el plebiscito. Mientras que el entorno Uribe aparece cada vez más aislado, debilitado y como el perdedor neto en este juego de estrategias y reacomodos políticos y discursivos.

Sin embargo, en mi opinión, el acuerdo es sobre todo, aunque resulte paradójico decirlo, no un éxito del Gobierno y las Farc, sino un triunfo de la gente y de su firme decisión, sostenida durante el curso del tiempo, de no sumarse al conflicto. En efecto, la gente colombiana, de las más diversas condiciones sociales, étnicas y culturales, fue durante el conflicto y lo sigue siendo hasta ahora, el sujeto colectivo en cuyo nombre se libraba la “guerra” pero que al tiempo era el sujeto negado por todos. Bien fuera invocada como pueblo o nación, todos los “guerreros” apelaron a la gente y se abrogaron su representación, unos para ejercer la violencia legítima del Estado y otros para justificar el haberse levantado en armas contra éste, pero siempre en su nombre, aunque en realidad sin tenerla en cuenta. Cuando la “guerra” se degradó y deslegitimó hasta el horror, la victimización de la población alcanzó proporciones devastadoras y la presencia del desplazamiento forzado se convirtió en parte de la vida cotidiana de los colombianos. Sin embargo, la gente nunca estuvo en guerra, ni contra el Estado ni contra los alzados, ni contra los demonios del paramilitarismo y el crimen organizado, que en buena parte aquellos contribuyeron a engendrar y empoderar.

A lo largo y ancho de la geografía nacional, comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes, regiones y pueblos campesinos, ciudades, cascos urbanos y veredas, trabajadores, empleados, profesionales, académicos y estudiantes, organizaciones populares, movimientos y redes sociales de todo tipo, le hicieron saber de incontables maneras, con sus acciones y posiciones, a los “guerreros”, que no habían optado por su “guerra”. Es más, la gente ha tenido la sabiduría y la paciencia para aprovechar los espacios de una democracia e institucionalidad recortadas para resistir desde ellas y con sus propias fuerzas a los embates de la combinación inaudita y hostil del entorno global, del conflicto interno, del narcotráfico y de la violencia criminal. En el marco de esa experiencia ejemplar, que por cierto es fragmentada, molecular y escasamente reconocida, la gente es consciente de que incluso ha tenido que posponer o aplazar su propia agenda, que por definición es diversa (indígena, afrodescendiente, agraria, laboral, urbana, servicios públicos, salud, educación, y un largo etcétera), por cuenta de la prioridad, distorsión e interferencia que representa el llamado conflicto interno.

Desde el conocimiento social es difícil sostener que el conflicto colombiano fue o ha sido una guerra. ¿Se trató acaso de una guerra civil, de una guerra nacional contra el enemigo externo, de una guerra revolucionaria, de una guerra popular? Cuando nos preguntamos por el lugar que supuestamente ocupaba la gente en ese fenómeno social, esas categorías de análisis se deshacen y no se sostienen ante la evidencia. Si es que de definir la guerra se trata, pues ésta ha sido sobre todo una guerra contra la gente. Por esa razón me aparto de la instrumentalización simplista del plebiscito como un sí o un no a la guerra o la paz y prefiero imaginar un horizonte que vaya más allá del apoyo al Sí, que entiendo como la imperiosa necesidad de construir una cultura política distinta a la que ha presidido nuestro discurrir como nación y su correspondiente institucionalidad. La primera prueba en la perspectiva de una cultura política renovada consiste en promover el Sí en el plebiscito y la segunda tiene que ver con una actitud vigilante para que lo pactado se cumpla, se logre el tránsito a la vida política de los desarmados y desmovilizados, y se vele por desterrar el uso de la violencia como método para dirimir las diferencias políticas.

En desarrollo de la propuesta de promover la formación de una cultura política distinta, basada en otro concepto de ciudadanía, me atrevo a indicar algunos de los elementos que en principio debieran caracterizarla: la afirmación de tradiciones institucionales como la democracia y el republicanismo pero redefinidas y ajustadas a las circunstancias y desafíos actuales; para un país que hace parte del mundo y de sus relaciones pero sin desmedro de su identidad, del compromiso con su diversidad cultural y ambiental, y que priorice la inclusión, la equidad y el bienestar social; ante la crisis institucional, de los partidos y los liderazgos de viejo tipo, de derecha, centro e izquierda, debe irrumpir la ciudadanía, diferenciada y plural, pero con vocación de consensos estratégicos; lo que se debe traducir en una agenda nacional que se soporte en los saberes académicos, ancestrales y comunitarios, pero con atención a los mínimos y máximos morales, sociales y políticos indispensables.

Tal vez así podamos transitar de la esperanza individual a la acción colectiva.

Medellín, 14 de septiembre de 2016

* Doctor y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL
MOVIMIENTO SOCIAL COLOMBIANO*

Héctor León Hernández**

LA FIRMA DE LOS ACUERDOS de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP abrió un nuevo capítulo en la historia colombiana. Sin embargo, numerosos problemas quedan pendientes: el modelo económico neoliberal, el saqueo de los recursos naturales, las desigualdades, las injusticias sociales… Como lo dijo la líder indígena Rigoberta Menchú: “La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos llegar a la paz”.

La oportunidad de dar por terminada una parte de la guerra es también una forma de reparación histórica con las víctimas del conflicto armado. En el Congreso se aprobó el Acto Legislativo para la Paz, que busca blindar jurídicamente los acuerdos que se aprueben en La Habana con uno de los actores del conflicto (FARC-EP), en concordancia con el derecho ginebrino y de La Haya sobre los conflictos armados a través de un acuerdo especial contemplado en el derecho internacional. Sin embargo, desde la firma de la agenda para el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se excluyó de manera radical la discusión sobre el modelo económico del país. Por parte del Gobierno, el negociador y vocero Humberto de la Calle ha repetido no pocas veces en medios de comunicación que el modelo económico en Colombia es innegociable. Por otra parte, no ha funcionado la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que a través de un grupo de académicos presentaron informe a solicitud de la Mesa de Conversaciones. Este consistía en presentar las causas estructurales y la responsabilidad de actores en el conflicto armado colombiano. Dicho informe ni siquiera se ha socializado ante la opinión pública, por lo tanto, no produce ningún efecto sensibilizador ni aporta a la reconciliación. No esclarece las responsabilidades a empresarios que se han aprovechado de la guerra de la mano del paramilitarismo, la fuerza pública y las élites políticas. Por lo tanto, en el imaginario colectivo sigue en auge la idea de las guerrillas como el gran problema nacional histórico en el país. La memoria colectiva debe ser historiográfica, mediática, social e institucional.

Mientras en Colombia se debate el proceso de paz por todos los medios de comunicación masivos, las organizaciones sociales víctimas del desarrollo y el ecocidio vienen avanzando hace más de nueve años en la denuncia de los impactos socioeconómicos, culturales y ambientales del modelo de desarrollo que continúa, tanto en medio del conflicto armado como en un eventual posacuerdo.

PAZ TERRITORIAL: LA RURALIDAD SURCOLOMBIANA

Los megaproyectos como El Quimbo, en el departamento del Huila, adelantados por los últimos gobiernos junto con multinacionales, victimizan a las comunidades rurales. Tejidos sociales rotos, que se evidencian en los hogares, escuelas, puestos de trabajo y en su organización y vida social, en general. Sociedades militarizadas donde no hay autoridades civiles ni jueces, únicamente “Batallones Energéticos Viales” del Ejército nacional que protegen las operaciones de las hidroeléctricas, mineras y petroleras.

Ante el desconocimiento e ignorancia general por el complejo mundo campesino, indígena y afro, el Estado colombiano ordena despojos a través de las “declaratorias de utilidad pública”, políticas que Uribe y Santos han encabezado. Documentos ilegales e inconstitucionales que consisten en expropiar territorios a comunidades. Esto con el fin de imponer megaproyectos de inversión extranjera y nacional sin la participación de las comunidades sobre el uso del territorio.

De paso arrasan con ríos, montañas y subsuelo afectando las economías locales y poniendo comunidades en contra; hoy el sueño de más de un campesino es trabajar para una multinacional. Hasta el momento, han surgido políticas de paz que son solo requisitos que cumplen gobernadores y alcaldes como modelos de publicidad. La paz no puede ser un apellido que lleven los programas estatales: bibliotecas para la paz, escuelas de paz, vías e infraestructura por la paz, etc. Hoy el humanitarian business en los territorios trabaja bajo la figura de la paz: fundación Natura, fundación Socia, fundación Davivienda, etc., organizaciones emanadas de las propias multinacionales.

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VS. VÍCTIMAS DEL DESARROLLO

Entretanto, el gobierno actual apuesta, por un lado, a las reparaciones de víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, y por el otro otorga licencias ambientales a través de una vergüenza llamada “Agencia Nacional de Licencias Ambientales” (ANLA). Las Corporaciones Autónomas Regionales incumplen su mandato constitucional, las personerías, procuradurías y fiscalías no ordenan investigaciones concretas y los movimientos sociales han sido acallados por jueces regionales y la fuerza pública.

Estas víctimas de los impactos del desarrollo se han organizado para llevar a cabo acciones legales contra los megaproyectos mineroenergéticos a lo largo y ancho del país, impuestos por el gobierno nacional de la mano de su amiga la inversión extranjera.

Hoy las víctimas del desarrollo no han logrado siquiera su reconocimiento de Estado, de la academia, gran parte de la Iglesia católica, la opinión pública, la sociedad civil y mucho menos por parte de este gobierno que tiene como cortina de humo el proceso de paz y las precarias reparaciones a víctimas del conflicto armado.

RÍO MAGDALENA

El río fue siempre el símbolo nacional, inspiración de sus habitantes y recurso hídrico principal. En medio de la transición política colombiana, por orden de Bogotá, en los últimos ocho años ha sido desviado en su cauce en la región del sur colombiano por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila, dañando totalmente su ecosistema. Esto con la complicidad de los gobernadores, alcaldes, la academia y algunas facciones de la Iglesia católica.

TRANSNACIONALES: JUEZ Y PARTE, SUPLANTACIÓN DEL ESTADO

En Colombia aún no hay una política de reparación a víctimas de los impactos del desarrollo y el extractivismo. Su acceso a la justicia es nulo puesto que los jueces regionales que deciden las peticiones legítimas de las comunidades, han sido instruidos y capacitados por las transnacionales —instrucción jurídica corporativa— y avalados por supuestos investigadores sociales que cuentan ya con una línea jurisprudencial que respalda los intereses de las grandes corporaciones.

Las llamadas “compensaciones” individuales que reciben las comunidades despojadas de su territorio para el desarrollo de megaproyectos, no tienen ninguna finalidad restaurativa. Las empresas tienen a cargo la reparación de los daños que ellas mismas han producido, algo extraño en un Estado Social de Derecho. Los censos de víctimas son realizados por las mismas empresas, por lo tanto, son ellas mismas quienes deciden el reconocimiento de quién es “afectado” y quién no.

La violencia política en Colombia ha sido alimentada por la violencia estructural con su sistema económico y político, la desigualdad, exclusión política, el conflicto histórico por la tierra, el narcotráfico, la corrupción y el abandono estatal. La paz oficial hasta el momento es más bogotana que colombiana. Mientras muchos debaten desde su sillón sobre la paz de acuerdo a lo que indican las noticias por televisión, a otros los depojan de sus tierras y recursos naturales en nombre del desarrollo y la paz.

Ahora, los movimientos sociales que luchan por la defensa del territorio y la vida sienten una oportunidad para empezar un proceso de transformaciones político-sociales que han sido profundamente estigmatizados por la opinión pública y reprimidos por la fuerza pública. En procesos de paz se empiezan a vislumbrar oportunidades para la sociedad civil que, con el desarme de las FARC, ya no habrá excusa para desconocer y estigmatizar las luchas sociales.

* Este artículo fue publicado en el Portal Rebelión, el 11 de agosto de 2016. Disponible en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215410&titular=riesgos-y-oportunidades-para-el-movimiento-social-colombiano->.

** Periodista y redactor del Portal digital Rebelión. http://www.rebelion.org.

"SÍ A LA PAZ" POR LA BÚSQUEDA

Y EL HALLAZGO DE LOS DESAPARECIDOS*

Yeison Camilo García**

ESA ES LA EXPECTATIVA que tienen los familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes ven en los acuerdos de paz una posibilidad para hallarlos.

Cuando timbró el celular, Rosa Elena Herrera abandonó los quehaceres de su casa, ubicada en el barrio Manrique Oriental de Medellín, y se apresuró a contestar. “Mami, estoy herido pero no de gravedad. No se preocupe”, le dijo Diego Alexander con tono entre reconfortado y tierno. Ese reporte de su hijo alcanzó a calmarle la preocupación que la consumía desde hacía un par de horas.

Eran poco más de las 4 de la tarde del viernes 17 de octubre de 2003. Para ese momento, Rosa Elena estaba enterada a medias de lo ocurrido con el penúltimo de sus seis hijos, de 18 años. Una enfermera la había llamado a las 2 de la tarde para contarle que el joven había ingresado a la Fundación Hospital San José de Buga a las 10 de la mañana con una herida de bala, y que a las tres lo trasladarían al Hospital Divino Niño, también de Buga.

Diego Alexander, que era taxista en las calles de Medellín, se había ido para Buga (Valle del Cauca) con la excusa de pagarle una promesa al Señor de Los Milagros. Su intención era aprovechar para conocer también algunos municipios vecinos, como Cali. Pero cuando iba en el bus que de Tuluá se dirigía a Buga, se presentó una balacera. Rosa Elena dice que nunca le contaron bien los detalles, ni su hijo, ni la enfermera, ni las autoridades.

De pronto, en medio de la conversación, Diego Alexander entró en pánico y empezó a llorar. “Mami, mami, ¿yo qué hago? Me van a llevar… me van a llevar”. Entonces se cortó la llamada y ella se quedó con la angustia al filo de las palabras. Esa fue la última vez que escuchó la voz de su hijo, según recordó el pasado 30 de agosto en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, donde quedan las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Este día, Rosa Elena estaba participando junto con otras madres, esposas e hijas —había pocos hombres— en el plantón que realizó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad a modo de conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

El objetivo del evento era rememorarlos a través de una exhibición en el escenario público de los rostros de algunos y las siluetas de otros, debidamente nombrados; así como manifestar que si el Gobierno nacional y las FARC-EP se pusieron de acuerdo para buscarlos —a través del comunicado conjunto N° 62, emitido el 17 de octubre de 2015—, los familiares de las víctimas los apoyarán, explicó Marta Soto, secretaria técnica del Movice en Antioquia.

Durante el plantón, Luz Elena Galeano, representante de Mujeres Caminando por la Verdad, leyó el comunicado de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MTDF) de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), en el que las organizaciones de víctimas celebraron el cierre del acuerdo de paz en La Habana (Cuba), para terminar el conflicto armado que han sostenido las partes por más de cinco décadas.

De ahí que las organizaciones de la MTDF se hayan expresado con el eslogan: “Sí a la paz, sin desaparecidos”, su decisión de impulsar la refrendación favorable del acuerdo, para potenciar la posibilidad de que se cree una unidad especializada que contribuya a que finalmente se conozca el paradero de las personas desaparecidas y la verdad sobre las motivaciones que tuvieron los victimarios: insurgentes, paramilitares y fuerzas estatales.

En ese sentido, aseguraron que “dicho acuerdo representa una ventana de oportunidad para los familiares de personas desaparecidas y para sus organizaciones, puesto que se plantea la creación de una nueva Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), así como una serie de medidas inmediatas para la búsqueda, identificación y entrega digna de restos”.

ES LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRARLOS

En el comunicado, las organizaciones plasmaron su esperanza de que “este acuerdo se vea acompañado de una voluntad real de todos los actores del conflicto armado —incluyendo a los actores estatales— orientada a encontrar a todos los desaparecidos y conocer la verdad de lo sucedido. Voluntad que debe materializarse en medidas como planes articulados de búsqueda […] y disposición de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de su misión”.

Aunque también esperan que, para esos fines, el Gobierno y las FARC-EP tengan en cuenta las cerca de 140 recomendaciones que la MTDF le presentó el pasado 17 de marzo a los negociadores de paz en La Habana. Así lo indicó Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurídica Libertad, para quien es necesario que las partes negociadoras generen un espacio para sentarse con las organizaciones a discutir las sugerencias y, posiblemente, empezar a implementarlas como parte de las medidas inmediatas para la búsqueda.

Entre esas recomendaciones de las organizaciones de víctimas y derechos humanos, precisó Arboleda, se hallan la creación de una política de Estado para la búsqueda de “personas dadas por desaparecidas”, según las denomina el acuerdo, concepto que incluye todo tipo de desapariciones, no solo las forzadas. Y, en parte para facilitar ese objetivo, la UBPD debería tener un carácter territorial que permita avanzar en el reconocimiento de todos los casos denunciados por las familias.

Igualmente, agregó, sugirieron construir una base de datos única de desaparecidos para superar los subregistros, pues este delito suele confundirse con otras formas de victimización, como el secuestro y el homicidio. Según cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal (Sirdec), en Colombia habría 126.000 desaparecidos, mientras que el Registro Único de Víctimas (RUV) reseña 45.500 (10.956 de Antioquia), de los cuales se estarían investigando 30.000 casos.

Otra de las recomendaciones presentadas en La Habana es la puesta en funcionamiento de mecanismos de participación efectiva de las familias de las víctimas en la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos. Sobre esto, Marta Soto puntualizó que los familiares tienen mucho por aportar a los procesos de búsqueda: fotografías, fechas, lugares, historias, a partir de lo que han investigado con el apoyo de las organizaciones.

Ejemplo de esto es la experiencia de Rosa Elena, quien no ha parado de buscar a su hijo desde que se cortó la llamada. Inicialmente, viajó hasta Buga para averiguar por él en los dos hospitales donde estuvo: “el primero quedaba en todo el centro de la ciudad y el otro, de donde se lo llevaron, en las afueras, por allá en unas mangas”. También estuvo en anfiteatros y cementerios de ese municipio y otros del Valle del Cauca.

En sus conversaciones con la enfermera se enteró de que ella estaba temerosa porque sospechaba que algo le ocurriría a Diego Alexánder luego de su traslado y, si decía algo, también a ella. Luego, a través del vigilante del hospital, conoció que quienes lo habían egresado de allí fueron miembros de las fuerzas del Estado: “dos intendentes, dos coroneles, dos policías y un patrullero”.

Cuando Rosa Elena intentó denunciar, no consiguió que la escucharan en los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), ni en inspecciones de Policía; por eso, tuvo que rendir declaración en la Procuraduría, apenas 15 días después de la detención y desaparición de su hijo. Tres meses más tarde, funcionarios de la Fiscalía le dijeron que tal vez en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) podían ayudarle con su caso, y así fue: ha recibido todo el apoyo y la orientación que ha necesitado, según contó. El próximo 17 de octubre se cumplirán 13 años desde que desapareció Diego Alexánder y ella, al igual que otras miles de madres en el país, afronta las sensaciones de ausencia e incertidumbre, mezcladas con la esperanza de hallarlo. Por eso, aprovecha cada movilización en el espacio público para recordarles a las autoridades estatales que tienen una deuda con la verdad y la justicia; y a la sociedad, que él “nos falta a todos” y, para hallarlo, el acuerdo de paz será una gran oportunidad.

* Este texto fue publicado en el portal de la Agencia de Prensa IPC (Instituto Popular de Capacitación),, el 6 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.ipc.org. co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/06/si-a-la-paz-por-la-busqueda-y-el-hallazgo-de-los-desaparecidos/>.

** Periodista, trabaja en la agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación y en el Colectivo Comunicación Popular de Colombia.

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS EN EL POST-ACUERDO: APORTES DESDE EL EXILIO*

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero**

1. CONFLICTO ARMADO, VÍCTIMAS Y PEDAGOGÍAS DE LA PAZ

El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeado en todos los sectores sociales. Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados hasta 2012).

La situación del conflicto permanente ha significado un desgaste de todas las instituciones y las administraciones del Estado, de la cual la educación superior es parte. Sin embargo, las conversaciones de paz iniciadas en 2012 en La Habana (Cuba), entre las FARC-EP y el Gobierno; y la fase exploratoria de conversaciones públicas del gobierno con el ELN iniciada en abril de 2016, dibujan un contexto de posibilidad y una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera al conflicto social y armado. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas.>

En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ’80 ha surgido un campo de estudios sobre la violencia política, desarrollado por quienes han sido denominados los “Violentólogos”. Estos estudios responden a un ejercicio teórico colectivo, cuyo objetivo es entender y explicar, en última instancia, la larga historia de violencia en el país.

De esta manera, el desarrollo y estímulo de “Pedagogías para la Paz”, se enmarca en un contexto de avances significativos de la negociación para la solución política. Este escenario, dentro de las universidades públicas colombianas, debe significar un salto cualitativo que contribuya al fortalecimiento de los acuerdos que las partes en conversación han firmado. Las universidades públicas deben erigirse como verdaderos agentes que implementen, garanticen y desarrollen el “Acuerdo General para Terminación del Conflicto Colombiano y una Paz Estable y Duradera”. Dentro de ese marco existe un punto específico sobre las víctimas del conflicto y su reconocimiento, que contempla dos apartados: los Derechos Humanos de las Víctimas y la Verdad. Este es uno de los puntos más relevantes para abordar la problemática sobre la violencia histórica que se ha manifestado en el seno de las universidades públicas colombianas.

El diagnóstico que subyace a la evaluación del daño causado por el conflicto armado a las instituciones universitarias, implica considerar que las amenazas a miembros de la comunidad académica representan actos criminales de enorme trascendencia social y política. Así, exigir silencio bajo amenaza de muerte genera profundas implicaciones personales, y agrede y violenta la esencia de la universidad como institución sociocultural y académica. El uso de la violencia política contra miembros de la comunidad universitaria ha generado profundas rupturas, y ha lesionado el espíritu universitario basado en la libertad de cátedra, la defensa de la vida, la libertad de expresión y la autonomía universitaria. El cuestionamiento del pensamiento crítico a través del uso de la violencia política (evitando el legítimo debate académico), es un fenómeno que continúa desarrollándose en la actualidad, y debe ser desterrado de una vez por todas de las universidades públicas colombianas.

En Colombia se han desarrollado Bancos de Datos de violaciones de Derechos Humanos con más cobertura y precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y testimonios han hecho posible el informe reciente de la “Comisión Histórica del Conflicto y Sus Víctimas”, así como los trabajos del Centro de Memoria Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico, Basta ya, del año 2013.

La tarea fundamental que se presenta con el Proceso de Cons-

trucción de la Paz ante la comunidad universitaria, las instituciones del Estado y ante el conjunto de la sociedad colombiana, es vincular estos esfuerzos de recuperación de la memoria histórica con la academia, las víctimas y la sociedad civil.

2. UNIVERSIDADES PÚBLICAS, PARAMILITARISMO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Las universidades públicas colombianas deben contribuir a la Construcción de la Paz, en un contexto complejo y contradictorio; sin embargo, también nos encontramos ante un escenario de fondo potencialmente fértil para la defensa de los derechos humanos y las Pedagogías para la Paz en las universidades públicas colombianas (un escenario político y social que se abre paulatinamente, nunca visto en los últimos 70 años en Colombia).

Con la Ley 975 de 2005, conocida como “Justicia y Paz”, más de 30.000 paramilitares fueron incorporados a la vida civil. En este proceso existieron acreditados elementos de impunidad. De hecho, ya quedó demostrado por la sentencia del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional, que la desmovilización de las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC), no se planteó por el legislador en unos términos transparentes de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En las universidades públicas colombianas, esta Ley 975 normalizó la presencia de ex-paramilitares mediante beneficios para su ingreso en “Programas de capacitación y educación”. Durante los últimos 10 años, miles de paramilitares se han infiltrado en la vida universitaria interviniendo en los espacios democráticos y oponiéndose sistemáticamente al desarrollo del pensamiento crítico, en un país donde la violencia política de baja intensidad es estructural. Las universidades, hasta la fecha, no disponen de herramientas efectivas mediante las cuales desarrollar Pedagogías para la Paz, procesos de acompañamiento a víctimas del paramilitarismo, o reparación de las violaciones de Derechos Humanos realizadas en sedes universitarias. Miles de víctimas del paramilitarismo, afectadas por la re-victimización que supuso la aprobación de la “Ley de Justicia y Paz”, están viendo cómo los beneficios de la Ley 975 de 2005 en las universidades, son únicamente para el victimario, y no para sus víctimas.

En este contexto, el paramilitarismo ha llevado a cabo una campaña de intervención de baja intensidad en las universidades públicas a nivel nacional durante los últimos 10 años. Este fenómeno se ha experimentado con mayor énfasis en universidades públicas como en la Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Córdoba, Universidad de la Guajira, Universidad del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre o la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte, y más recientemente, el Gobierno impulsó las “Cátedras para la Paz” amparadas por la Ley 1732 de 2015. Por medio de ésta ley, se establece la obligatoriedad en todas las instituciones educativas del país de desarrollar programas con el objetivo de “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica”. Por lo tanto, es un buen momento para incidir en la filosofía y en el contenido de esta ley; con los objetivos de impulsar la educación para la paz, defender los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos, se debe comenzar a desplegar una hoja de ruta que permita la “Reconstrucción de democracia y Paz” en espacios universitarios.

Por lo tanto, la problemática de la Construcción de la Paz en las universidades públicas debe ser abordada desde una perspectiva que abarque amplios sectores de la sociedad colombiana. Así, uno de los objetivos a medio plazo deberá ser el fortalecimiento de la participación de las víctimas directas y de la comunidad universitaria a través de un diálogo social fluido, que permita la creación de redes para estrechar los vínculos entre víctimas-universidad-sociedad civil.

Es fundamental evitar los procesos de re-victimización en las universidades públicas colombianas. Para ello se deben implementar medidas efectivas que permitan profundizar en la resolución del conflicto: 1) hacer un seguimiento de las múltiples violencias de baja intensidad, que se han desarrollado en las universidades durante los últimos decenios, en clave de recuperación de la Memoria Histórica; 2) implementar mecanismos de reparación y no repetición para las víctimas de las violencias de motivación política que el conflicto social y armado ha producido en la comunidad universitaria; y 3) facilitar un acompañamiento internacional que verifique el proceso de paz en las universidades.

3. APORTES DESDE EL EXILIO

Desde los y las exiliados/as colombianas en Europa —y creemos que esto es también extensible a las comunidades colombianas que residen acá por motivaciones económico-sociales— consideramos que debemos contribuir a la Construcción de la Paz, haciendo parte activa del momento histórico e ilusionante que atraviesa toda Colombia. Queremos participar defendiendo los derechos humanos y fortaleciendo la educación pública de nuestro país. Para ello es fundamental priorizar la recuperación de la memoria histórica, implementar mecanismos que favorezcan las garantías de no-repetición y apoyar la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia desde el exterior.

El acompañamiento internacional que desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero estamos desarrollando, tiene como objetivo aportar a la Construcción de Paz en las universidades desde múltiples ámbitos. Así, consideramos fundamental colaborar para desarrollar, fortalecer y acompañar las iniciativas que tengan como objetivo implementar propuestas concretas en defensa de los derechos humanos, como por ejemplo:

- Cátedras de Paz en las universidades públicas colombianas.

- Tribunales de la Verdad dentro de los campus universitarios.

- Comisiones de Verificación Internacional de los derechos humanos.

- Foros de participación directa de las víctimas del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado con sus familiares.

- Homenajes que dignifiquen el buen nombre de mujeres y hombres que dejaron su vida en defensa de la educación pública, el pensamiento crítico y la lucha contra la corrupción dentro de las universidades públicas colombianas.

- Actividades públicas que reconozcan todas las víctimas y todos los sufrimientos que el conflicto colombiano ha provocado en las universidades.

- Documentación de los casos para ser puestos de manera jurídica y política en la futura Comisión de la Verdad y Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno paramilitar en Colombia.

- Centros de la Memoria. Establecer en cada universidad pública donde el paramilitarismo ejecutó a profesores/as, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, trabajadores/as de estas universidades un Centro de la Memoria donde reposen fotografías, audios, libros, biografías de todos/as las personas que fueron asesinadas.

- La creación de cupos obligatorios y directos para los hijos/as y nietos/as de los profesores/as y trabajadores/as asesinados, como parte de la reparación y de la garantía de no repetición de estos hechos.

En este 2016, tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil debemos redoblar esfuerzos para fortalecer el papel que han de desempeñar las universidades públicas en la configuración de escenarios de paz. Tanto en Colombia como en el exterior, debemos caminar hacia la regeneración del tejido social dañado por el conflicto armado colombiano. Las universidades públicas son un elemento estratégico para la consolidación de escenarios estables de paz en Colombia: la academia debería ser un enclave privilegiado desde donde facilitar espacios en los cuales las víctimas, la sociedad civil y el pueblo colombiano participen de forma directa en los múltiples procesos que buscan una solución estable y duradera a siete décadas de conflicto social y armado.

Por lo tanto, las problemáticas a las que la AJAFR pretende aportar sus esfuerzos implican:

- Impulsar desde el exterior el fortalecimiento de las universidades públicas colombianas a través de actividades, programas y ejes de intervención por la paz en el ámbito social y académico. Impulsar la Cultura de la Paz y a la defensa de los derechos humanos para Colombia en un marco de reciprocidad social y cultural.

- Desarrollar un trabajo en red que permita tender puentes entre las Universidades Públicas Colombianas, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD), Mondragón Unibertsitatea (MU), resto de universidades del Estado español; así como entre las instituciones vascas, españolas y colombianas. Todo ello para contribuir, desde el acompañamiento internacional, a la resolución del conflicto colombiano.

- Señalar, visibilizar y difundir procesos concretos en defensa de los derechos humanos y las “Pedagogías para la Paz”. Es decir, colaborar en la reconstrucción social en clave de reparación, verdad y garantías de no repetición, haciendo partícipes a las sociedades colombiana, vasca y española.

Dichas aportaciones son mencionadas en el Informe del Viaje a la ciudad de Barranquilla por la Asociación, elaborado al respecto en 2016.

Queremos construir una Colombia en Paz, con derechos de la ciudadanía, con justicia social y con reconocimiento y reparación para todas las víctimas del conflicto. Vamos a reconstruir esa Nueva Colombia también desde el exilio, porque muchos/as de nosotros/as queremos tener el derecho a retornar, y para ello necesitamos garantías de no volver a sufrir la violencia política nunca más.

* Este artículo fue publicadoen el sitio de la Asociación/Elkartean “Jorge Adolfo Freytter Romero”. Estudios sobre violencia política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas, el 28 de agosto de 2016. Disponible en: <http://www.ascjafr.org/ la-construccion-de-paz-en-las-universidades-publicas-colombianas-en-el-post-acuerdo-aportes-desde-el-exilio/>.

** La asociación surge “(…) como expresión de la Memoria Histórica de la figura del profesor, abogado y sindicalista de la Universidad del Atlántico: Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado en el 2001 por grupos paramilitares en convivencia con agentes de las Fuerzas Militares Colombianas. Exigimos la Verdad, Dignidad y Justicia, y la No Repetición de estos asesinatos al Pensamiento Critico en Colombia”.

COLOMBIA: ESPERANZA,
PRUDENCIA Y RIESGOS*

José María Vera**

COLOMBIA BULLE HOY en pleno proceso de paz. Es emocionante compartir estos días con personas y organizaciones de diverso tipo. Uno siente la profunda esperanza anhelada tras décadas de conflicto. Y al minuto aparece la tensión, el miedo a que la violencia se reproduzca, a que nada cambie, a que la impunidad siga campando por este herido país que desea vivir en paz, de una vez. Lo reflejo a través de tres encuentros.

Con Lucero Carmona, cuyo hijo Omar fue asesinado por el Ejército. Uno de los llamados “falsos positivos”. Los soldados eran premiados con días de vacaciones y paga extra por cada guerrillero que traían muerto. Para ganar unos pesos más secuestraban a jóvenes en barrios populares de Bogotá, los trasladaban a zonas de conflicto a miles de kilómetros, los vestían de guerrilleros y los mataban. Nadie volvía a saber de ellos. Hay más de mil casos, hijo a hijo, madre a madre. Una parte de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que asolaron el país. La historia de Lucero y de otras Madres de Soacha se debe seguir contando, hasta que como ella decía, logren verdad y justicia.

Las víctimas han estado presentes en el proceso de paz de La Habana. Algunas, como las mujeres que sufrieron violencia sexual en el conflicto, tuvieron que pelear duro por su espacio en la mesa. Lo consiguieron y ahora los acuerdos reconocen su situación. La justicia transicional que se plantea ahora no está guiada por la impunidad sino por la verdad, hasta llegar a los instigadores de hechos que no fueron ocasionales, tampoco las violaciones, sino planificados como estrategia de guerra.

LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Con Esteban, líder indígena del pueblo embera en el departamento del Chocó, uno de los abandonados por el Estado y la Colombia urbana. Que no por los violentos. Su comunidad, de unas 700 personas, está a 15 horas en lancha de Quibdó, la capital del departamento. Las comunidades indígenas, como las afro, han sufrido todas las violencias. De las FARC, de los paramilitares, de los narcos. Las explotaciones mineras han minado su agua. La paz para ellos queda distante y dudosa. Podría haber un campamento de desmovilización de las FARC en su territorio o cerca. Nadie les ha explicado de qué vivirán, ni el impacto que tendrá en sus comunidades. Los paramilitares reaparecen mezclados con los narcos. El otro grupo guerrillero, el ELN, no ha negociado y cabe la posibilidad de que este grupo o los grupos paramilitares ocupen el territorio dejado por las FARC. Y luego están las injusticias de siempre, nos dice Esteban.

Hay acuerdo entre los defensores de la paz con justicia: la paz será en los territorios o no será. Es en el campo donde se han producido los conflictos, las violaciones de derechos humanos, el desplazamiento masivo, la confiscación de tierras. Ahí es donde hay que trabajar la paz y crear las condiciones para una convivencia basada en derechos y oportunidades de desarrollo para todos. Mientras, las organizaciones denuncian el incremento de las vulneraciones y de los asesinatos de defensores de derechos humanos: 63 en 2015, cifra que coloca a Colombia entre los primeros a nivel mundial. La protección de líderes y lideresas comunitarias, de campesinos y campesinas que exigen recuperar sus tierras, de víctimas que han puesto denuncia, será una parte esencial de la implementación de los acuerdos. El Estado, garante de estos derechos, debe hacerse presente en los territorios en conflicto. Con la policía pero también con justicia, agua, salud, educación e instituciones públicas.

LA ESPERANZA DE UN RESULTADO ABRUMADOR

Con Ivan Cepeda y Alirio Uribe, congresistas del Polo Democrático. Firmes en la defensa de los acuerdos. Como a muchos, les brillan los ojos al hablar de la paz. Y sin embargo las encuestas arrojan un magro sesenta y pico por ciento a favor de los acuerdos. Y habrá un referéndum, que los carga el diablo últimamente. Solo Alvaro Uribe y sus seguidores lideran una campaña en contra; Uribe, manipulador de hechos y de voluntades para hacer creer que se trata de una rendición del gobierno de Santos, un liberal, por la que se colará el “castrochavismo” a gobernar. Su defensa solo de unas víctimas, las de las FARC, frente a otras, las del Ejército y los paramilitares que él alumbró, resulta indignante. Así que todos están decididos a que ésta no sea la campaña por el “Sí” solo del gobierno, sino de la gente, de los partidos, de las organizaciones sociales. Cada quien la hará a su manera, con la esperanza firme de que el respaldo será abrumador.

Eso sí, queda uno de los países más desiguales del mundo. Como los senadores nos afirmaron, con un índice Gini de 55 es difícil armar una sociedad cohesionada. Es tiempo de poner los grandes temas de Colombia sobre la mesa. Los de siempre. La distribución de la tierra y su uso, la extracción depredadora de recursos y el modelo productivo, el derecho a la salud y la educación de todos, el derecho a la justicia. También la reforma fiscal que se viene, para financiar la paz. Así que… ¿a subir el IVA como en todos lados o a gravar a las grandes empresas?

Ya era hora de que en Colombia también se puedan dar estos debates. En paz.

* Este texto fue publicado en El Periódico de Catalunya, el 15 de septiembre de 2016. Disponible en <http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/colombia-proceso-paz-farc-santos-uribe-guerrilla-armada-5381360#>.

** Director de Oxfam Intermón.